Toyota congeló el precio de los 0 km por cuarto mes consecutivo

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Cuánto valen los autos de la marca japonesa en junio.

Toyota publicó la lista de precios de sus modelos 0 km para junio de 2026 y confirmó lo que se esperaba: mantiene el congelamiento en toda la gama.

La marca japonesa fue la más vendida de mayo en la Argentina y se ubica en el segundo lugar del acumulado anual, detrás de Volkswagen.

Además, acaba de perder su liderazgo histórico en el segmento de los autos híbridos.

El listado oficial de cada modelo con sus precios en junio 2026

Toyota Yaris Hatchback (5 puertas)

  • Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $34.284.000.
  • Toyota Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $38.084.000.
  • Toyota Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $40.956.000.

Toyota Yaris Cross

  • Toyota Yaris Cross XLI 1.5 CVT: $41.464.000.
  • Toyota Yaris Cross XEI 1.5 CVT: $45.260.000.
  • Toyota Yaris Cross XEI HEV 1.5 eCVT: $48.457.000.
  • Toyota Yaris Cross SEG 1.5 CVT: $50.224.000.
  • Toyota Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT: $54.020.000.

Toyota Corolla

  • Toyota Corolla 2.0 XLI CVT: $44.082.000.
  • Toyota Corolla 2.0 XEI CVT: $48.410.000.
  • Toyota Corolla HEV 1.8 XEI eCVT: $50.764.000.
  • Toyota Corolla 2.0 SEG CVT: $54.392.000.
  • Toyota Corolla HEV 1.8 SEG eCVT: $56.180.000.
  • Toyota Corolla GR-SPORT 2.0 CVT: $55.439.000.

Toyota Corolla Cross

  • Toyota Corolla 2.0 XLI CVT: $51.918.000.
  • Toyota Corolla 2.0 XEI CVT: $55.944.000.
  • Toyota Corolla HEV 1.8 XEI eCVT: $57.355.000.
  • Toyota Corolla SEG 2.0 CVT: $61.732.000.
  • Toyota Corolla SEG HEV 1.8 eCVT: $63.684.000.
  • Toyota Corolla GR-SPORT 2.0 CVT: $64.083.000.

El Yaris Cross será el primer modelo de su segmento y producido en el Mercosur que ofrecerá una versión híbrida. Foto: Toyota.

Toyota Hiace

  • Toyota Hiace Furgón L1H1 2.8 TDI 6AT 3A: USD43.100 (T/C BNA: $1.370) – $59.047.000.
  • Toyota Hiace Wagon 2.8 TDI 6AT 10A: USD73.240 (T/C BNA: $1.370) – $100.338.800.

Toyota Crown

  • Toyota Crown HEV 2.4T AWD 6AT: USD80.500 (T/C BNA: $1.370) – $110.285.000.

Toyota GR86

  • Toyota GR86: USD60.900 (T/C BNA: $1.370) – $83.433.000.

Toyota RAV4

  • Toyota RAV4 HEV 2.5 AWD Limited CVT: USD70.200 (T/C BNA: $1.370) – $96.174.000.

Toyota Land Cruiser 300

  • Toyota Land Cruiser 300 VX A/T: USD164.000 (T/C BNA: $1.370) – $224.680.000.

Toyota GR Yaris

  • Toyota GR Yaris MT: USD70.000 (T/C BNA: $1.370) – $95.900.000.
  • Toyota GR Yaris AT: USD71.800 (T/C BNA: $1.370) – $98.366.000.

Toyota Hilux 4×2

  • Toyota Hilux 4×2 CC DX 2.4 TDI 6 MT: $40.589.000.
  • Toyota Hilux 4×2 CS DX 2.4 TDI 6 MT: $43.771.000.
  • Toyota Hilux 4×2 DC DX 2.4 TDI 6 MT: $49.325.000.
  • Toyota Hilux 4×2 DC DX 2.4 TDI 6 AT: $50.704.000.
  • Toyota Hilux 4×2 DC SR 2.4 TDI 6 MT: $56.562.000.
  • Toyota Hilux 4×2 DC SR 2.4 TDI 6 AT: $59.125.000.
  • Toyota Hilux 4×2 DC SRV 2.8 TDI 6 AT: $67.506.000.
  • Toyota Hilux 4×2 DC SRX 2.8 TDI 6 AT: $77.921.000.

Toyota Hilux 4X4

  • Toyota Hilux 4×4 CC DX 2.4 TDI 6 MT: $49.927.000.
  • Toyota Hilux 4×4 CS DX 2.4 TDI 6 MT: $52.618.000.
  • Toyota Hilux 4×4 DC DX 2.4 TDI 6 MT: $57.769.000.
  • Toyota Hilux 4×4 DC DX 2.4 TDI 6 AT: $59.383.000.
  • Toyota Hilux 4×4 DC SR 2.8 TDI 6 MT: $66.457.000.
  • Toyota Hilux 4×4 DC SR 2.8 TDI 6 AT: $69.326.000.
  • Toyota Hilux 4×4 DC SRV 2.8 TDI 6 AT: $76.381.000.
  • Toyota Hilux 4×4 DC SRV+ 2.8 TDI 6 AT: $79.838.000.
  • Toyota Hilux 4×4 DC SRX 2.8 TDI 6 AT: $84.349.000.
  • Toyota Hilux 4×4 DC GR-Sport IV 2.8 TDI 6 AT: $89.327.000.

Toyota SW4

  • Toyota SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 AT 7A: $91.585.000.
  • Toyota SW4 4X4 DIAMOND II 2.8 TDI 6AT 7A: $92.508.000.
  • Toyota SW4 4X4 GR-SPORT 2.8 TDI 6AT 7A: $97.092.000.

Toyota Hiace

  • Toyota Hiace Furgón L2H2 2.8 6AT 3A DCM: $67.920.000.
  • Toyota Hiace Commuter 2.8 6AT 14A DCM: $81.993.000.

Adiós al gas y a la electricidad: el invento argentino para calefaccionar hogares

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Padre e hijo diseñaron una estufa ecológica que no requiere instalación ni tiene gastos de mantenimiento.

La inminente llegada del invierno ya hace que todos estemos sacando ropa de abrigo, frazadas y guantes de lana que teníamos guardados y olvidados. Pero también es tiempo de probar las estufas o comprobar que el aire acondicionado funcione bien en modo calefactor. Sin embargo, para hogares donde no se dispone de gas ni electricidad un invento argentino puede ser la gran solución.

Este nuevo desarrollo para decirle adiós al gas y a la electricidad también es útil para reducir los consumos de energía en tiempos donde todos hacemos ajustes en los gastos. Es que el invento argentino para calentar hogares usa alcohol etílico, un combustible accesible y que –además- es renovable.

Esta estufa revolucionaria, que es económica y ecológica, fue creada por un padre y su hijo: Gabriel y Matías Di Tomaso. Cuentan que en 2017, tras afrontar varias crisis en sus distintos emprendimientos, a Gabriel el psicólogo le recomendó que hiciera “algo que le gustara mucho”.

Entonces se refugió en el garaje de la casa de su mamá, donde tenía montado un taller. Ahí empezó a fabricar calentadores de diseño, como decoración para las mesas. Hasta que su hijo los vio y se le ocurrió que podían ser una alternativa para calefaccionar hogares.

Los productos de Di Tomaso Design incluyen cocinas ecológicas, quemadores de adorno para mesas y calentadores, entre otros (Fotos: Gentileza Di Tomaso Design)
Los productos de Di Tomaso Design incluyen cocinas ecológicas, quemadores de adorno para mesas y calentadores, entre otros (Fotos: Gentileza Di Tomaso Design)

Utilizando alcohol etílico al 96 por ciento crearon estas estufas que no requieren instalación ni conexión a ninguna red. Además, son una opción segura y sustentable, porque no requieren combustibles fósiles.

Hay dos modelos a la venta, uno genera 3.000 kilocalorías por hora y el otro llega a 4.000. La primera calefacciona 30 metros cuadrados y consume un litro de alcohol etílico cada cuatro horas continuas usándola en el máximo, pero el quemador trae una tapa que permite regular cuánto calor usar.

Así funciona la estufa que no usa gas ni electricidad

Las estufas no emiten gases tóxicos y tienen una vida útil que supera los 10 años, por lo cual son una gran alternativa para calefaccionar el hogar gastando menos. Además, no requieren gastos de mantenimiento, como las estufas tradicionales.

El invento argentino que revolucionó el modo de calefaccionar las cosas: las estufas con alcohol etílico. Los leños que se ven abajo son descorativos. (Foto: instagram @ditomasodesign)
El invento argentino que revolucionó el modo de calefaccionar las cosas: las estufas con alcohol etílico. Los leños que se ven abajo son descorativos. (Foto: instagram @ditomasodesign)

Lo novedoso de las estufas Di Tomaso es que sus quemadores son desmontables, lo que significa que en invierno sirven para calefaccionar y en verano como un adorno del jardín al que se le puede poner aceite de citronela, por ejemplo, para alejar a los insectos.

Además, las estufas tienen un sistema de seguridad. El alcohol no está líquido sino absorbido en un paño de piedra que evita derrames en caso de que la estructura se caiga.

Para hacerla aún más versátil, los Di Tomaso le pusieron ruedas a algunos de los modelos que diseñaron. Esto facilita su traslado de un ambiente a otro y evita que deban comprarse varias unidades para tener una en cada lugar de la casa que se quiera calefaccionar.

Matías, que dejó su actividad como profesor de tenis para dedicarse al negocio de las estufas, asegura que los clientes que llegan a la empresa provienen de todo el país y son de distintos estratos sociales.

Hay personas que llegan desde zonas sin acceso a la red de gas y con malas conexiones eléctricas, por lo que este invento les resulta indispensable para calefaccionar sus casas. Y también lo compran dueños de lujosas casas en country o barrios cerrados.

También hay quienes adquieren sólo el quemador para colocarlo dentro de salamandras y hogares, y de esa manera evitar el trabajo que requiere cortar o comprar la leña.

Se postergó el juicio contra el exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con US$200.000 sin declarar

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La Justicia aplazó al 9 de junio el inicio del proceso. Kueider y su novia fueron arrestados en diciembre de 2024 luego de un intento de entrada al país vecino con una mochila llena de dinero desde Brasil.

Luego de más de un año y tres meses con prisión domiciliaria en Asunción, el exsenador nacionalEdgardo Kueider debía empezar a ser sometido a juicio hoy en Paraguay junto a su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel, por los delitos de contrabando en grado de tentativa. Sin embargo, la audiencia se postergó.

El Tribunal de Sentencia Especializado en delitos económicos a cargo de los jueces Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planás, aplazó el inicio del proceso al próximo martes 9 de junio.

El exsenador entrerriano y su pareja enfrentan acusaciones de contrabando en grado de tentativa por haber intentado cruzar el Puente Internacional de la Amistad -que une Brasil con Paraguay- con poco más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de 4 millones de pesos argentinos sin declarar en una mochila. Los hechos sucedieron en la madrugada del 4 de diciembre de 2024.

Desde entonces, Kueider y Guinsel cumplieron arresto domiciliario, primero en un lujoso complejo en el centro de Asunción, luego en un dúplex y finalmente en un departamento en un edificio periférico de alta gama.

Tras su detención, el exsenador peronista ratificó en varias oportunidades su inocencia con el argumento de que los fondos no le pertenecían. “No son míos, ni siquiera son de mi acompañante. Son de operaciones que ella estaba haciendo en Paraguay, de intermediación. Entramos y salimos de Paraguay esa noche. Eso está declarado”, sostuvo el año pasado en declaraciones radiales.

En caso de ser declarado culpable, Kueider enfrenta una pena de dos años y medio de prisión. Sin embargo, para el cómputo de la condena se considerará el año y medio que ya cumplió con prisión domiciliaria.

Originalmente, el juicio iba a celebrarse el 24 de noviembre pasado, pero la fecha se reprogramó para el 20 de abril de este año. La cita volvió a postergarse a pedido de la Fiscalía, debido a la extensión de otro juicio que se llevaba a cabo en paralelo. Ahora tuvo una nueva postergación, hasta el próximo martes.

Las causas que enfrenta en la Argentina y el pedido de extradición

Mientras la Justicia de Paraguay avanzaba en la causa contra Kueider, el exsenador protagoniza otros dos procesos judiciales en la Argentina por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Uno tramita en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos, y otro en los Tribunales Federales de San Isidro, por lo que la Corte Suprema debe definir cuál se quedará con la investigación.

En ese contexto, la titular del Juzgado Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y elevó a juicio la causa contra los presuntos miembros de una asociación ilícita encabezada por el exsenador.

El exlegislador está imputado en ese proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos.

De acuerdo a la investigación de Arroyo Salgado, el exlegislador utilizó estructuras societarias para adquirir bienes de lujo que no coincidirían con sus ingresos declarados. En ese contexto, la magistrada solicitó al Senado el desafuero de Kueider, una medida que fue aprobada con 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención.

En Paraguay, la Fiscalía dio el visto bueno para que el exsenador sea extraditado, pero puso como condición que antes se complete el proceso por contrabando en su país.

CONTRATOS, CAJA POLÍTICA Y SILENCIO JUDICIAL: EL SISTEMA QUE SAQUEÓ ENTRE RÍOS DESDE EL PODER

La causa que amenaza con desnudar el mecanismo de recaudación política más grande de la historia entrerriana

La causa de contratos truchos en Entre Ríos se transformó en uno de los mayores escándalos de corrupción política de la historia provincial. La investigación judicial expone un presunto sistema de recaudación ilegal dentro de la Legislatura entrerriana mediante contratos, doble sueldo y desvío de fondos públicos.

Lo que durante años se intentó presentar como una maniobra aislada de empleados infieles hoy aparece, cada vez con más claridad, como un sistema estructural de extracción de fondos públicos diseñado desde las más altas esferas del poder legislativo provincial.

La causa conocida mediáticamente como “Contratos Truchos” —rebautizada ahora simplemente como “Contratos”, en un evidente intento por descomprimir la presión pública y el desgaste político— investiga el presunto desfalco de alrededor de 53 millones de dólares de las arcas públicas entrerrianas entre 2008 y 2018.

Pero el verdadero dato político y judicial es otro: los contratos existían, tenían firmas, expedientes, documentación respaldatoria y autorización institucional. La maniobra ilícita no consistía en inventar empleados fantasmas, sino en quedarse con gran parte del dinero que cobraban los contratados.

El mecanismo: porcentajes para la cúpula y reparto territorial del dinero

El modus operandi era brutalmente simple y, a la vez, sofisticado en su cobertura política.

Un alto porcentaje del presupuesto destinado a contratos terminaba en manos de las presidencias de ambas Cámaras legislativas. El resto se distribuía entre presidentes de bloque y operadores políticos, quienes luego asignaban recursos según el peso territorial, electoral o político de cada legislador.

No eran contratos “truchos”. Eran contratos utilizados como sistema de financiamiento político paralelo.

El dinero público circulaba bajo apariencia legal, pero terminaba regresando a manos de quienes controlaban el poder.

Lo que nadie puede creer: ¿las máximas autoridades no sabían?

Resulta prácticamente imposible sostener ante la sociedad que dirigentes del peso político de José Ángel Allende, Sergio Urribarri, Adán Bahl, Aldo Ballestena, José Lauritto o Laura Stratta desconocieran durante años semejante estructura de extracción sistemática de fondos públicos.

La hipótesis de que empleados menores “mexicanearon” a toda la dirigencia legislativa durante una década no resiste el menor análisis político ni administrativo.

Las firmas de las autoridades avalaban cada tramo del circuito.

Y mientras millones desaparecían, nadie veía nada.

Lauritto, Diez y el control absoluto del Senado

Uno de los puntos más sensibles del expediente gira alrededor del rol de Néstor Diez.

Cuando José Lauritto presidía el Senado provincial como vicegobernador, trasladó desde Concepción del Uruguay a Diez para ubicarlo como subdirector administrativo. Su función real habría sido mucho más profunda: controlar internamente el funcionamiento administrativo y monitorear incluso al propio director del área, Juan Domingo Orabona.

La lectura política es contundente: nada de lo que ocurriera en el Senado podía escapar al conocimiento de Lauritto. Mucho menos la desaparición de enormes porcentajes del presupuesto legislativo.

El caso Otegui: de administrar contratos a auditarlos

Si el caso Diez genera sospechas, el recorrido de José María Otegui directamente enciende todas las alarmas institucionales.

Durante la gestión de María Laura Stratta en el Senado, Otegui fue designado director administrativo, es decir, uno de los responsables centrales del manejo de contrataciones y gastos.

Pero al finalizar el mandato de Stratta, Otegui fue trasladado estratégicamente a la Fiscalía Nº 6 del Tribunal de Cuentas, precisamente el organismo encargado de auditar esas mismas contrataciones legislativas.

El hombre que administró los contratos pasó a controlar la auditoría de sus propios actos administrativos.

Una jugada política y burocrática casi perfecta.

También una señal extremadamente grave sobre el nivel de blindaje interno que existía alrededor del sistema.

Denuncias previas, causas dormidas y una Justicia que miró hacia otro lado

El escándalo no nació en 2018.

Ya entre 2015 y 2017 existían denuncias de contratados a quienes les retenían hasta el 80 % de sus haberes.

Sin embargo, aquellas investigaciones jamás avanzaron.

Las causas se diluyeron. Los tiempos judiciales prescribieron. Y la sensación que recorría los pasillos judiciales era siempre la misma: “si esto avanza, caen todos”.

Enriquecimiento ilícito: la pregunta que nadie quiere responder

Mientras la Fiscalía avanza sobre el desvío de fondos públicos, permanece prácticamente desconectada otra pregunta inevitable: ¿de dónde salió el dinero que permitió el crecimiento patrimonial de varios exfuncionarios legislativos?

Las causas por enriquecimiento ilícito que involucran a figuras como José Allende, Sergio Urribarri, Aldo Ballestena o Hernán Vitullo aparecen como expedientes paralelos que, misteriosamente, no terminan de cruzarse con la investigación principal.

La contradicción es enorme: los mismos fiscales que investigan el saqueo legislativo parecen evitar unir ambas historias.

El antecedente que anticipó el escándalo

En septiembre de 2018, el exempleado legislativo Carlos Cozzi denunció que le retenían el 70 % de su sueldo mientras trabajaba en la oficina del entonces diputado Ricardo Troncoso.

Días después, la Policía detectó movimientos sospechosos en cajeros automáticos del Nuevo Banco de Entre Ríos, sobre Avenida Ramírez y Don Bosco, en Paraná.

Allí fueron sorprendidos Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y otras personas utilizando múltiples tarjetas de débito ajenas para retirar dinero de cuentas vinculadas a contrataciones legislativas.

Ese episodio terminó convirtiéndose en el disparador público de la causa.

Los 770 contratos bajo sospecha y las 256 personas con doble contrato

La investigación actual ya expuso más de 770 contratos observados por la Justicia y posteriormente anulados en el ámbito legislativo durante la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.

Pero existe un dato todavía más explosivo: al menos 256 personas cobraban simultáneamente en el Senado y en Diputados.

Doble contrato. Doble sueldo. Doble circuito administrativo.

La lista completa de nombres revela una impresionante red de apellidos vinculados históricamente al poder político entrerriano.

El juicio que podría sacudir a toda la dirigencia entrerriana

Actualmente el proceso avanza con 18 imputados, luego de acuerdos de probation otorgados a otros doce acusados.

La Fiscalía ya presentó una extensa lista de testigos para el futuro juicio oral y público.

Entre los nombres convocados aparecen exvicegobernadores, exsenadores nacionales, autoridades contables, exsecretarios legislativos, directivos bancarios y funcionarios de organismos provinciales y nacionales.

Todo indica que el juicio podría convertirse en una radiografía completa del sistema político entrerriano de los últimos veinte años.

La nómina que compromete a la estructura política

Listado de las personas que aparecen repetidas en ambas Cámaras (HSER y HCDER). Doble contrato. Doble sueldo.

Son 256 personas en total las que aparecen repetidas en el listado.

Listado HSER: 552 nombres.
Listado HCDER: 452 nombres.
Total: 1004.
Repetidos: 256.

  • ABASTO, Georgina Maria José – D.N.I. Nº 34.004.835
  • ABASTO, Raúl Oscar – D.N.I. Nº 14.195.422
  • ALARCON, Marina Carina – D.N.I. Nº 26.657.447
  • ALBORNOZ, Graciela Beatriz – D.N.I. Nº 12.875.059
  • ALBORNOZ, María Julia – D.N.I. Nº 23.327.917
  • ALCEIBA, Fernando Martín – D.N.I. Nº 26.974.755
  • ALEM, Fernanda Andrea – D.N.I. Nº 22.093.003
  • ALVAREZ, María Emilia – D.N.I. Nº 34.208.528
  • ALVAREZ, María Macarena – D.N.I. Nº 39.851.688
  • ALVAREZ, María Victoria – D.N.I. Nº 28.718.349
  • ANGELINI, José Fabián – D.N.I. Nº 18.232.842
  • ANTIVERO, Ricardo Antonio – D.N.I. Nº 23.518.297
  • ANTONIO SCHMIDT, Priscila E. – D.N.I. Nº 42.102.392
  • ARIAS, Lucrecia Elin – D.N.I. Nº 25.109.919
  • ARIAS, Paola Valeria – D.N.I. Nº 27.604.425
  • ARIZONO, Miguel Alejandro – D.N.I. Nº 17.519.243
  • BACH, Mauricio Javier – D.N.I. Nº 23.702.731
  • BAIA, Ana Cintia – D.N.I. Nº 25.437.373
  • BAIA, María Lorena – D.N.I. Nº 24.301.996
  • BALCAZA, Martha Graciela – D.N.I. Nº 11.733.911
  • BALCAZA, Mirna Dalila – D.N.I. Nº 26.657.370
  • BALLADARES, Jorge Pablo – D.N.I. Nº 29.853.864
  • BALMACEDA, David Carlos Agustín – D.N.I. Nº 33.774.241
  • BALMACEDA, Luis David – D.N.I. Nº 16.488.599
  • BARBERO, Mario Alberto – D.N.I. Nº 14.195.143
  • BARBERO, Omar Atilio – D.N.I. Nº 14.195.405
  • BARCOS, María Virginia – D.N.I. Nº 25.565.340
  • BARON MARTINEZ, Eduardo Jesús – D.N.I. Nº 38.487.352
  • BARON, Delia Mercedes Leticia – D.N.I. Nº 14.945.367
  • BARRETO, Martín Hernán – D.N.I. Nº 27.235.346
  • BARRIOS, Ramón Alejandro – D.N.I. Nº 24.542.441
  • BEBER, María Laura – D.N.I. Nº 25.565.414
  • BEBER, Nicolás – D.N.I. Nº 31.782.164
  • BECKMAN, Flavia Marcela – D.N.I. Nº 25.109.529
  • BECKMAN, Juan Salvador – D.N.I. Nº 21.411.332
  • BELMONTE, Ivana Azucena – D.N.I. Nº 30.224.237
  • BELMONTE, José Luis – D.N.I. Nº 17.519.467
  • BELMONTE, Patricia Paola – D.N.I. Nº 25.961.854
  • BELTRAMELLI, Gisela Vanina – D.N.I. Nº 29.432.228
  • BENITEZ, Leonor Estela Verónica – D.N.I. Nº 25.437.382
  • BENITEZ, Rocío Marianela – D.N.I. Nº 36.524.305
  • BERDUM, Fátima Pamela – D.N.I. Nº 33.774.250
  • BERDUN, Silvina Antonella – D.N.I. Nº 34.004.935
  • BILBAO, Alfredo – D.N.I. Nº 16.031.579
  • BORINI, Jennifer Guadalupe – D.N.I. Nº 37.576.435
  • BRESSAN, Georgina María Grisel – D.N.I. Nº 32.289.432
  • BURGARDT, Rogelio Matías – D.N.I. Nº 32.709.914
  • BUSTAMANTE, Héctor Ramón – D.N.I. Nº 24.301.696
  • CABROL, Gustavo Andrés – D.N.I. Nº 24.161.761
  • CACERES, Alexandra Joana Leonela – D.N.I. Nº 38.487.354
  • CACERES, Dulce Antonella – D.N.I. Nº 39.851.684
  • CACERES GOMEZ, Jésica Daniela – D.N.I. Nº 34.331.391
  • CAINO, Verónica – D.N.I. Nº 24.743.513
  • CAMPOS, Hernán David – D.N.I. Nº 29.853.649
  • CANO, Abel Eduardo – D.N.I. Nº 16.711.161
  • CARIOLICHI, Leticia Sara – D.N.I. Nº 24.743.766
  • CASERES, Liliana Guadalupe – D.N.I. Nº 22.923.639
  • CASTILLO, José Nicolás – D.N.I. Nº 32.428.232
  • CELIO, Eduardo Nicolás – D.N.I. Nº 32.709.939
  • CENTURION, Eugenia Carolina – D.N.I. Nº 35.207.243
  • CEPARO, Alexis Ramón – D.N.I. Nº 33.568.614
  • CERRUDO, Claudia María – D.N.I. Nº 20.301.554
  • CERRUDO, Patricia Raquel – D.N.I. Nº 22.093.076
  • CERSOFIOS, María Cecilia – D.N.I. Nº 30.224.283
  • CHAIRES, Sebastián Exequiel – D.N.I. Nº 34.819.516
  • CHIAVON, Adrián Ismael – D.N.I. Nº 31.603.587
  • CIBAU, Olga Rogelia – D.N.I. Nº 13.918.411
  • CLAVERIA, Claudio Javier – D.N.I. Nº 24.301.782
  • CLAVERIA, Roberto Cristian – D.N.I. Nº 26.657.406
  • CLAVERIA, Roberto Fernando – D.N.I. Nº 16.141.743
  • CLEMENT, Juan Marcos – D.N.I. Nº 36.216.709
  • CLEMENT, Victoria Estefanía – D.N.I. Nº 34.819.504
  • CONTRERAS, Magalí Marcela – D.N.I. Nº 32.051.815
  • CORONA, Teresa Beatriz – D.N.I. Nº 14.654.425
  • CUATRIN, Andrés Guillermo – D.N.I. Nº 29.432.222
  • CUATRIN, Ivana Lorena – D.N.I. Nº 26.657.481
  • CUATRIN, Nicolás Fernando – D.N.I. Nº 32.709.843
  • CUESTA, Viviana Raquel – D.N.I. Nº 18.156.401
  • CUSCUETA, Raúl Enrique – D.N.I. Nº 13.125.127
  • DALMASSO, Lucía Clarisa – D.N.I. Nº 34.004.816
  • DE ASIS, Blanca Ester – D.N.I. Nº 14.195.109
  • DE LAUDO, Ulises Diego Germán – D.N.I. Nº 24.301.884
  • DE LOS SANTOS, Gustavo Fabián – D.N.I. Nº 24.743.684
  • DE MAURICIO, María Belén – D.N.I. Nº 28.718.337
  • DEABATO, José Ubaldo – D.N.I. Nº 17.159.430
  • DEABATO, María Ivana – D.N.I. Nº 28.025.213
  • DEABATO, Maximiliano José – D.N.I. Nº 33.201.378
  • DEABATO, Noelia Elizabeth – D.N.I. Nº 30.730.822
  • DEHAN, Emiliano – D.N.I. Nº 36.216.591
  • DEHAN, Leonardo Fabián – D.N.I. Nº 28.718.143
  • DEILOFF, Mario Martín – D.N.I. Nº 32.051.812
  • DEMARIA, Mariela Edith – D.N.I. Nº 23.327.915
  • DEMARTIN, Alejandro Bautista – D.N.I. Nº 16.711.233
  • DEMARTIN, Andrea Noemí Beatriz – D.N.I. Nº 24.301.554
  • DEMARTIN, Aníbal Marcos – D.N.I. Nº 16.031.547
  • DEMARTIN, Marcos Juan Aníbal – D.N.I. Nº 37.576.516
  • DEMARTIN ZANDOMENI, Camila Noemí – D.N.I. Nº 42.102.327
  • DI LUDOVICO, Fiorella Natalí – D.N.I. Nº 35.495.694
  • DIAZ, Jésica María Del Luján – D.N.I. Nº 33.568.520
  • DIAZ, Liliana Silvia – D.N.I. Nº 16.488.665
  • DIAZ, Sandra Mariela Guadalupe – D.N.I. Nº 22.253.945
  • DIAZ, Sergio Maximiliano – D.N.I. Nº 27.235.347
  • DIAZ, Verónica Jaqueline – D.N.I. Nº 31.144.385
  • DIECI, Alicia Graciela – D.N.I. Nº 16.924.970
  • DOMINGUEZ, María Carolina – D.N.I. Nº 34.208.649
  • DUFOUR, Adrián Mariano – D.N.I. Nº 28.917.433
  • EMERI, Alejandra Cecilia – D.N.I. Nº 26.657.348
  • ESCALADA, Camila María Florencia – D.N.I. Nº 39.191.731
  • ESCALADA, Carolina Elizabeth – D.N.I. Nº 29.853.763
  • ESCALADA, Emilce Eliana – D.N.I. Nº 32.428.169
  • ESCALADA, Gabriela Vanina – D.N.I. Nº 25.109.957
  • ESCALADA, Nancy Rocío – D.N.I. Nº 26.046.242
  • ESCALADA, Rubén Fabián – D.N.I. Nº 18.156.407
  • ESCALADA, Sofía Pierina – D.N.I. Nº 42.102.341
  • ESPELETA, Lidia Francisca – D.N.I. Nº 11.411.394
  • ESPÍNDOLA, Carina Noemí – D.N.I. Nº 25.961.802
  • ETCHEVERRY, Liliana Griselda – D.N.I. Nº 18.067.828
  • FAGGIONATTO, Carlos Alberto – D.N.I. Nº 13.567.839
  • FALICO, Mirta Beatriz – D.N.I. Nº 13.918.423
  • FÁLICO, Osvaldo Aníbal – D.N.I. Nº 13.125.138
  • FARIAS VOLPE, Gisela Viviana – D.N.I. Nº 27.235.437
  • FAURE, Roberto Ariel – D.N.I. Nº 24.301.621
  • FERNANDEZ, Carlos Ariel – D.N.I. Nº 23.327.914
  • FERNANDEZ, Rodrigo Ramón – D.N.I. Nº 34.004.819
  • FERRARI MUÑOZ, Geraldina Leonela – D.N.I. Nº 37.576.447
  • FERREYRA, Alejandro Rubén – D.N.I. Nº 23.702.730
  • FERREYRA, Silvia Patricia – D.N.I. Nº 23.518.252
  • FESER, María Liliana – D.N.I. Nº 23.327.940
  • FLORES, Nélida Eva – D.N.I. Nº 16.924.975
  • FONTANA, Mirta Lucrecia – D.N.I. Nº 14.195.407
  • FRANCISCONI, Facundo Nicolás – D.N.I. Nº 36.524.385
  • FREZZIA, Ivana Marianela – D.N.I. Nº 30.224.238
  • GALLI, Irene Marcela – D.N.I. Nº 20.301.551
  • GARBARINO, Emanuel Ignacio – D.N.I. Nº 30.730.825
  • GARCÍA, Carlos Ramón – D.N.I. Nº 17.781.939
  • GARCÍA, Estela Beatriz – D.N.I. Nº 14.654.439
  • GAUNA, María Emilia – D.N.I. Nº 33.774.208
  • GETTIG, Ofelia – D.N.I. Nº 14.195.409
  • GILES RETAMAR, Luciano Emmanuel – D.N.I. Nº 34.208.534
  • GIMENEZ, Ángela Beatriz – D.N.I. Nº 23.518.243
  • GIMENEZ, Cristian Eduardo – D.N.I. Nº 25.109.914
  • GIMENEZ, Malvina Guadalupe – D.N.I. Nº 27.604.422
  • GIRAUDI, Fernando Luis Miguel – D.N.I. Nº 32.709.917
  • GIUSTI DIAZ, Víctor Hugo – D.N.I. Nº 17.519.435
  • GODI, Silvia Analía – D.N.I. Nº 20.612.396
  • GOMEZ, Cristian Ariel – D.N.I. Nº 28.025.247
  • GOMEZ, Fabiana Alejandra Ramona – D.N.I. Nº 24.301.734
  • GOMEZ, Héctor Ramón – D.N.I. Nº 16.711.238
  • GOMEZ, Lisandro Emanuel – D.N.I. Nº 32.709.847
  • GOMEZ, Mara Elizabeth – D.N.I. Nº 27.235.402
  • GOMEZ, Mariana Ayelén – D.N.I. Nº 36.216.702
  • GOMEZ, Roberto Eduardo – D.N.I. Nº 17.159.447
  • GOMEZ, Sandra Elizabeth – D.N.I. Nº 23.126.314
  • GONZALEZ, Armando Cristian – D.N.I. Nº 25.109.522
  • GONZALEZ, Emiliano Hernán – D.N.I. Nº 33.201.312
  • GONZALEZ, Víctor Abel – D.N.I. Nº 17.781.916
  • GRANDOLI, Alicia Ramona – D.N.I. Nº 16.488.583
  • GRANDOLIO, Gisela María del Valle – D.N.I. Nº 29.853.640
  • GRANDOLIO, Lorena María del Luján – D.N.I. Nº 27.235.342
  • GRASSELLI, Omar Reinaldo – D.N.I. Nº 13.918.422
  • HASENAUER, Gustavo David – D.N.I. Nº 28.025.216
  • HERNANDEZ, Germán Exequiel – D.N.I. Nº 34.004.939
  • HERRLEIN, Leonidas Emanuel – D.N.I. Nº 35.207.247
  • HIRSCHFELD, Cristhian Emmanuel – D.N.I. Nº 34.819.514
  • ILARDO, Gustavo José – D.N.I. Nº 20.301.550
  • ITHURRALDE, Juan Cruz – D.N.I. Nº 33.568.616
  • JUAREZ RONCONI, María Belén – D.N.I. Nº 30.730.835
  • KAP, Orlando Fabián – D.N.I. Nº 22.093.004
  • KIHN, Anabella Rocío – D.N.I. Nº 38.487.350
  • KRAPP, Guido Daniel – D.N.I. Nº 30.224.232
  • KRAWEZUC, Daniela Judit – D.N.I. Nº 31.603.522
  • LARRONDO, Carmen Beatriz – D.N.I. Nº 14.945.334
  • LARRONDO, María Fernanda – D.N.I. Nº 23.702.735
  • LARRONDO, María Virginia – D.N.I. Nº 25.109.916
  • LARRONDO TABO, Juan Manuel – D.N.I. Nº 36.216.711
  • LARRONDO TABO, Marcos Valentín – D.N.I. Nº 40.548.337
  • LEDESMA, Adrián Rubén Jesús – D.N.I. Nº 28.718.342
  • LEDESMA, César Emanuel – D.N.I. Nº 31.782.162
  • LEDESMA, Eliana Laura del Luján – D.N.I. Nº 31.603.585
  • LEDESMA, Stella Maris – D.N.I. Nº 18.067.842
  • LEDESMA, Viviana Beatriz – D.N.I. Nº 22.253.916
  • LEITES, María Andrea – D.N.I. Nº 25.437.370
  • LEIVA, Flavia Guadalupe – D.N.I. Nº 35.207.240
  • LEIVA, Gloria Rosana – D.N.I. Nº 22.253.942
  • LEIVA, María Carolina – D.N.I. Nº 28.917.422
  • LESCANO, Rolando Fabricio – D.N.I. Nº 29.432.235
  • LINARES, Pedro Gerardo – D.N.I. Nº 14.654.407
  • LIVONI, Angélica Adriana – D.N.I. Nº 20.612.394
  • LOPEZ, Romina Fernanda – D.N.I. Nº 33.774.240
  • LORENZATO, Carmelo Argentino – D.N.I. Nº 11.411.391
  • LUCHINI, María Sol – D.N.I. Nº 33.201.373
  • LUI, María Angélica – D.N.I. Nº 13.567.847
  • LUNA, Beltrán Mariano – D.N.I. Nº 33.568.514
  • LUNA, Daniela Agustina – D.N.I. Nº 41.341.396
  • LUNA, Germán Alfredo – D.N.I. Nº 26.046.239
  • LUNA, Hugo Américo – D.N.I. Nº 14.945.342
  • LUNA, Urbano Darío – D.N.I. Nº 24.542.443
  • LUQUE, Hugo Antonio – D.N.I. Nº 16.141.734
  • LUQUEZ, Ricardo José Fabián – D.N.I. Nº 21.411.334
  • LUTTE, Juan Ramón – D.N.I. Nº 16.141.742
  • MACHADO, Lorena Verónica – D.N.I. Nº 26.046.241
  • MACHELLO, Lucy Nora – D.N.I. Nº 11.733.913
  • MAMONDES, Iara – D.N.I. Nº 42.614.394
  • MANAVELLA, Otilia Matilde – D.N.I. Nº 12.875.051
  • MANAVELLA, Susana Mercedes – D.N.I. Nº 13.125.131
  • MANDIROLA, María Evangelina – D.N.I. Nº 26.974.752
  • MANGONA, Analía Roxana – D.N.I. Nº 25.961.851
  • MANGONA, Brian Nahuel – D.N.I. Nº 39.191.734
  • MANGONA, Javier Hernando – D.N.I. Nº 27.604.414
  • MANGONA, Vicente Oscar – D.N.I. Nº 16.031.571
  • MANSILLA, María José – D.N.I. Nº 34.331.396
  • MANSILLA, Renato Jesús – D.N.I. Nº 36.524.302
  • MANSILLA, Silvia Liliana – D.N.I. Nº 22.923.635
  • MARECHAL, Luis Alberto – D.N.I. Nº 17.519.241
  • MAROTE, Juan Domingo – D.N.I. Nº 12.316.591
  • MARTINEZ, Asunción – D.N.I. Nº 11.411.396
  • MARTINEZ, Cintia Romina – D.N.I. Nº 30.224.235
  • MARTINEZ, Cristian Andrés – D.N.I. Nº 26.974.761
  • MARTINEZ, Daniel Rubén – D.N.I. Nº 17.781.935
  • MARTINEZ, Elsa Argentina – D.N.I. Nº 12.316.571
  • MARTINEZ, Federico Ángel Gabriel – D.N.I. Nº 35.495.641
  • MARTINEZ, Gustavo – D.N.I. Nº 24.542.447
  • MARTINEZ, Gustavo Andrés – D.N.I. Nº 29.432.225
  • MARTINEZ, Irene Raquel – D.N.I. Nº 14.654.437
  • MARTINEZ, Lorena María Del Luján – D.N.I. Nº 28.025.241
  • MARTINEZ, Luciana Cecilia – D.N.I. Nº 32.289.447
  • MARTINEZ, Norberto Armando – D.N.I. Nº 16.711.162
  • MARTINEZ, Pablo Martín – D.N.I. Nº 31.603.516
  • MARTINEZ, Pedro Aniceto – D.N.I. Nº 13.567.842
  • MARTINEZ, Rocío Belén – D.N.I. Nº 37.121.394
  • MARTINEZ, Rocío Stella Maris – D.N.I. Nº 34.819.522
  • MARTINEZ ZARATE, Dennis Iván – D.N.I. Nº 35.207.242
  • MARUZKA, Sonia Mabel – D.N.I. Nº 20.612.391
  • MASTRACHIO, Dante Gonzalo Ramón – D.N.I. Nº 34.004.914
  • MASTRACHIO, Yolanda Raquel – D.N.I. Nº 12.316.576
  • MENA, Hugo Rubén – D.N.I. Nº 17.519.462
  • MENA GIOVENI, María Jazmín – D.N.I. Nº 41.341.391
  • MENA GIOVENI, Viviana Giselle – D.N.I. Nº 33.201.314
  • MENDOZA, Nidia Guadalupe – D.N.I. Nº 23.126.316
  • MENDOZA, Otilia Viviana – D.N.I. Nº 24.161.763
  • MINETTI, Isabel Noemí – D.N.I. Nº 16.141.747
  • MIRAGLIO, Marianela Soledad – D.N.I. Nº 33.568.612
  • MOLINA, Vanina María Sol – D.N.I. Nº 32.428.242
  • MONGIARDO, Valeria Luján – D.N.I. Nº 31.782.169
  • MONTAÑANA, Héctor Eduardo – D.N.I. Nº 16.488.649
  • MONZON, Fabiana Teresa – D.N.I. Nº 24.743.763
  • MONZON, María Vanesa – D.N.I. Nº 28.718.147
  • MOREIRA, Sandra Mariela – D.N.I. Nº 22.093.071
  • MOREL, María Florencia – D.N.I. Nº 36.216.596
  • MUTEVERRÍA, Gabriel Gastón – D.N.I. Nº 31.144.373
  • MUTEVERRÍA, Gabriela Alejandra – D.N.I. Nº 29.853.862
  • NARVAEZ, Carina Noemí – D.N.I. Nº 27.604.416
  • NEBEL, Melissa Elizabeth – D.N.I. Nº 36.524.391
  • NEVES, María Estefanía – D.N.I. Nº 32.428.164
  • NEVES, Matías Miguel – D.N.I. Nº 33.774.247
  • ORBEGOZO, Leonel – D.N.I. Nº 38.487.356
  • ORBEGOZO, Ramón Edgardo – D.N.I. Nº 16.924.976
  • ORTIZ, Mirta Ester – D.N.I. Nº 16.031.543
  • OTERO, Alejandra Isabel – D.N.I. Nº 23.327.916
  • OVIN, Nadia Rocío – D.N.I. Nº 35.495.696
  • PACHECO, Nancy Anabel – D.N.I. Nº 32.051.814
  • PACHECO, Roxana Emilce – D.N.I. Nº 30.730.832
  • PAGNONE, Daniel Marcelo – D.N.I. Nº 24.301.991
  • PAGNONE, María Elena – D.N.I. Nº 22.253.940
  • PAGNONE, Patricia Griselda – D.N.I. Nº 25.109.913
  • PALACIOS, Liliana Noemí – D.N.I. Nº 22.923.634
  • PASGAL, Adelina Ester – D.N.I. Nº 14.195.147
  • PAULIN, Viviana Rosario – D.N.I. Nº 18.232.847
  • PELTZER, Rosa Mercedes – D.N.I. Nº 16.711.163
  • PERALTA, Hernán Pablo – D.N.I. Nº 28.025.214
  • PEREYRA, Claudia Beatriz – D.N.I. Nº 22.923.640
  • PEREYRA, Daniela Yudith – D.N.I. Nº 33.201.316
  • PEREYRA, María Laura – D.N.I. Nº 33.568.516
  • PEREZ, Armando Alberto – D.N.I. Nº 14.654.435
  • PÉREZ, Diego Andrés – D.N.I. Nº 29.432.229
  • PIACENZA, Hilda Inés – D.N.I. Nº 13.918.425
  • POIDOMANI, Marisol Andrea – D.N.I. Nº 32.709.916
  • POIDOMANI, Rodrigo Víctor Manuel – D.N.I. Nº 35.495.640
  • PRETTIS, Yamil Josué – D.N.I. Nº 35.495.647
  • PUCHETA, Leandro Andrés – D.N.I. Nº 30.730.829
  • PUNTÍN, Josué Alberto – D.N.I. Nº 36.216.594
  • QUIDI, Miguel Aníbal – D.N.I. Nº 17.519.463
  • QUIROGA, María José – D.N.I. Nº 34.004.832
  • RAFFO, Ileana Inés – D.N.I. Nº 24.301.622
  • RAMIREZ, Andrea Celeste – D.N.I. Nº 35.207.241
  • RAMIREZ, Zaira Milagros – D.N.I. Nº 42.614.391
  • RAMOS, Mirna Elizabeth – D.N.I. Nº 26.974.754
  • RETAMAR, Matías Exequiel – D.N.I. Nº 36.216.706
  • REYNOSO, María de los Ángeles – D.N.I. Nº 24.301.761
  • RIOS, Domingo Hugo – D.N.I. Nº 17.781.934
  • RIVAS, Marisa Guadalupe – D.N.I. Nº 23.702.734
  • RIVERO, Griselda Fabiana – D.N.I. Nº 26.657.485
  • RIVERO, Ivana Lorena Araceli – D.N.I. Nº 31.603.584
  • RIVERO, Lidia Inés – D.N.I. Nº 16.488.663
  • ROCHA, Carina Alejandra – D.N.I. Nº 26.974.750
  • ROCHA, Leonardo Carlos Alberto – D.N.I. Nº 31.144.384
  • RODRIGUEZ, Agustina – D.N.I. Nº 40.548.334
  • RODRIGUEZ, Emiliano Oscar – D.N.I. Nº 32.289.435
  • RODRIGUEZ, Héctor – D.N.I. Nº 18.156.405
  • RODRIGUEZ, José Carlos – D.N.I. Nº 16.924.971
  • RODRIGUEZ, María Eugenia – D.N.I. Nº 28.718.334
  • RODRIGUEZ, Pablo Oscar – D.N.I. Nº 34.004.814
  • RODRIGUEZ, Vanina Inés Bernadette – D.N.I. Nº 28.025.234
  • ROLDAN, Graciela Yolanda – D.N.I. Nº 13.567.843
  • ROLON, Sebastián Hugo René – D.N.I. Nº 30.224.285
  • ROMERO, María Angélica – D.N.I. Nº 23.327.935
  • ROMERO, Ricardo Luis – D.N.I. Nº 18.067.843
  • RONCOLATE, Gustavo Daniel – D.N.I. Nº 23.702.732
  • ROSKOFF, Johanna Mariel – D.N.I. Nº 37.121.391
  • RUGE, Ariel Enrique – D.N.I. Nº 25.109.917
  • RUGE, Nahir Lourdes Virginia – D.N.I. Nº 39.851.685
  • RUGE, Oscar Raúl – D.N.I. Nº 16.031.542
  • RUIZ DIAZ, Analía Lorena – D.N.I. Nº 28.917.425
  • RUIZ DIAZ, Fernando Adolfo – D.N.I. Nº 24.301.885
  • RUIZ MORENO, Mariela Patricia – D.N.I. Nº 22.253.935
  • RUSSO, Carlos Eduardo – D.N.I. Nº 17.159.435
  • RUSSO, Guillermo Maximiliano – D.N.I. Nº 34.819.505
  • SACK, Elva Inés – D.N.I. Nº 16.711.235
  • SADABA, Cristian Hernán Miguel – D.N.I. Nº 32.428.234
  • SALINAS, Nora Raquel – D.N.I. Nº 20.301.556
  • SALINAS, Raúl Juan Edgardo – D.N.I. Nº 14.195.142
  • SALVARINI, Franco Leonel – D.N.I. Nº 39.191.735
  • SALVARINI, Nicolás Alfredo – D.N.I. Nº 33.201.376
  • SANTA CRUZ, Nerina Micaela – D.N.I. Nº 41.341.394
  • SANTINI, Carlos Adalberto – D.N.I. Nº 13.918.416
  • SARAVIA, Ruberto Miguel – D.N.I. Nº 17.519.434
  • SARNAGLIA, Agustín – D.N.I. Nº 34.331.394
  • SARNAGLIA, Fernando Gastón – D.N.I. Nº 31.144.376
  • SARNAGLIA, Leonardo – D.N.I. Nº 33.568.522
  • SARNAGLIA, Sergio Alejandro – D.N.I. Nº 25.437.385
  • SATLER, Evaristo – D.N.I. Nº 11.733.916
  • SATLER, Luis Alberto – D.N.I. Nº 17.159.442
  • SATLER, Maximiliano Emanuel – D.N.I. Nº 31.782.163
  • SCHMIDT, Mabel María – D.N.I. Nº 20.612.395
  • SCHONHALS, Fernando Romeo – D.N.I. Nº 26.657.342
  • SCIALOCOMO, Esteban Ángel Alberto – D.N.I. Nº 28.025.242
  • SCIALOCOMO, Giuliana María – D.N.I. Nº 38.487.355
  • SCIALOCOMO, Luis Oscar – D.N.I. Nº 16.488.591
  • SCIALOCOMO, Rocío Marianela – D.N.I. Nº 36.524.341
  • SENTELLAS, Liliana Beatriz – D.N.I. Nº 20.301.552
  • SERBIN, Lorena María Magdalena – D.N.I. Nº 32.051.816
  • SIONE, Claudia Ester – D.N.I. Nº 24.301.763
  • STEWART, Luciano Emanuel – D.N.I. Nº 35.495.691
  • SUAREZ, Jésica Ivana – D.N.I. Nº 34.004.916
  • SUAREZ, Paola Viviana – D.N.I. Nº 26.657.442
  • SZCZECH, Diana María – D.N.I. Nº 28.917.435
  • SZCZECH, Martín Sebastián – D.N.I. Nº 31.603.525
  • TOSO, Aldana Micaela – D.N.I. Nº 39.191.732
  • TOSO, Rosana Mabel – D.N.I. Nº 22.093.073
  • ULMAN, Ángela Ramona – D.N.I. Nº 14.945.364
  • VALLE, Emanuel Ramón – D.N.I. Nº 32.428.163
  • VEGA, Darío Oscar – D.N.I. Nº 24.161.762
  • VELAZQUEZ, Carlos Alfredo – D.N.I. Nº 16.141.735
  • VELEZ, Carlos Alberto – D.N.I. Nº 13.125.135
  • VERGARA, Florentina Concepción – D.N.I. Nº 11.411.395
  • VIDAL, Aníbal Daniel – D.N.I. Nº 25.961.805
  • VILLAGRA, Julio César – D.N.I. Nº 18.232.843
  • VILLALBA, Emiliano Javier – D.N.I. Nº 33.201.371
  • VILLALBA, Gisela Alejandra – D.N.I. Nº 30.730.824
  • VILLARRUEL, Graciela Liliana – D.N.I. Nº 18.156.406
  • WALPERT, Alejandro Maximiliano – D.N.I. Nº 29.853.761
  • WALPERT, Luciana Julieta – D.N.I. Nº 32.709.842
  • YACOPETTI, Carmelo Nicanor – D.N.I. Nº 11.733.914
  • YACOPETTI, María Cristina – D.N.I. Nº 14.654.434
  • YARULL, Analía Ester – D.N.I. Nº 24.743.685
  • YARULL, Stela Maris – D.N.I. Nº 16.924.972
  • YARULL, Susana Beatriz – D.N.I. Nº 23.518.247
  • YRALA, Esteban Augusto – D.N.I. Nº 27.235.405
  • ZALAZAR, Guadalupe Andrea Carolina – D.N.I. Nº 36.216.705
  • ZANUTTINI, Darío Silvio – D.N.I. Nº 23.327.942
  • ZAPATA, Camila Fiorella – D.N.I. Nº 40.548.335
  • ZAPATA, Claudio Gonzalo – D.N.I. Nº 28.718.347
  • ZAPATA, Jésica Marlene – D.N.I. Nº 34.208.647
  • ZARAGOZA, Luis Alberto – D.N.I. Nº 16.031.576
  • ZOFF, Edgardo Aníbal – D.N.I. Nº 16.711.234
  • ZOFF, Hernán Francisco – D.N.I. Nº 32.051.813
  • ZOFF, Juliana Inés – D.N.I. Nº 30.730.834
  • ZOFF, Micaela Josefina – D.N.I. Nº 36.524.347

Abelardo de la Espriella,admirador de Milei, Bukele y Trump sorprendió y ganó la primera vuelta presidencial en Colombia

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El líder del movimiento Defensores de la Patria cuenta con una historia que mezcla identidad costeña, redes de fe y negocios familiares en una propuesta que sacude a la clase política tradicional

Este domingo 31 de mayo se desarrollaron las elecciones presidenciales de Colombia 2026, donde el abogado derechista Abelardo de la Espriella sorprendió con una imponente votación en la primera vuelta y se enfrentará al senador de izquierda Iván Cepeda, quien durante toda su campaña aseguró que “ganaría” la Presidencia “en primera vuelta”.

El Artículo 190 de la Constitución Política de Colombia establece que para elegir presidente se requiere la mitad más uno de los votos, algo que no sucedió este 31 de mayo de 2026.

Por ende, el aspirante por el movimiento político Defensores de la Patria y el aspirante del Pacto Histórico (oficialismo) se medirán en la urnas electorales el próximo domingo 21 de junio.

Según expertos consultados, el mensaje simplista y con autoridad de De la Espriella conectó contundentemente con los electores.

La jornada electoral comenzó a las 8:00 a. m. y culminó a las 4:00 p.m. (hora Colombia), y transcurrió sin mayores alteraciones en gran parte del territorio nacional.

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De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 41.421.973 colombianos fueron convocados para votar en 13.746 puestos de votación. Del total, cerca de 1,25 millones fueron habilitados en el exterior.

Una vez definida la segunda vuelta, el sucesor de Gustavo Petro tomará posesión de la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026, fecha en la que iniciará el nuevo período gubernamental (2026-2030).

El sector turístico entrerriano participó del Congreso Nacional sobre hospitalidad y bienestar

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Santa Hospitalidad convocó a más de 700 profesionales, emprendedores y trabajadores vinculados al turismo en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.

Entre Ríos participó este viernes del Congreso Nacional Santa Hospitalidad, realizado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, a través del equipo técnico del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) y representantes de municipios turísticos de la provincia.

La iniciativa reunió a más de 700 asistentes provenientes de distintos puntos del país y se consolidó como un espacio de formación, intercambio y reflexión sobre las nuevas tendencias vinculadas a la experiencia del visitante, el bienestar y la hospitalidad como factores estratégicos para el desarrollo turístico y de servicios. La convocatoria integró a referentes de los sectores del turismo, la salud, la gastronomía, la educación, el deporte y el ámbito empresarial, con una mirada transversal centrada en las personas.

En ese marco, el Emturer acompañó la propuesta como parte de una política orientada a fortalecer la capacitación del sector y promover herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de la atención y la construcción de experiencias significativas en los destinos entrerrianos.

Además, en articulación con la organización del congreso, el organismo otorgó becas de asistencia a integrantes de la Comisión Provincial de Turismo con el objetivo de ampliar la participación de referentes locales y facilitar el acceso a contenidos vinculados con la innovación, la hospitalidad, el liderazgo y el bienestar aplicados a la actividad turística.

De este modo, la representación entrerriana estuvo integrada por miembros del equipo técnico del Emturer, encabezados por el director de Promoción, Rodrigo Castro, junto a autoridades y agentes vinculados al desarrollo turístico de distintas localidades de la provincia.

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Durante la jornada se desarrollaron conferencias y espacios de intercambio sobre diseño de experiencias, bienestar integral, liderazgo humano, cultura organizacional y nuevas tendencias en turismo y servicios. Entre los disertantes participaron especialistas de diversas disciplinas, quienes compartieron herramientas y perspectivas vinculadas con la relación entre hospitalidad, emociones y calidad de la experiencia.

La participación de Entre Ríos en este tipo de encuentros también se vincula con el posicionamiento de la provincia en segmentos asociados al turismo de bienestar, las experiencias auténticas y la calidad en la atención, ejes que forman parte de las estrategias de promoción y desarrollo impulsadas por el sector turístico entrerriano.

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Empezó con 400 colmenas en el garage de su casa y su miel fue el primer envío argentino a Europa con arancel 0

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Daniel D’Ambros comenzó en los años ’90 con una producción familiar en Concordia. Ahora, su empresa protagonizó un hito para las exportaciones argentinas.

En los años 90 Daniel D´Ambros empezó a producir miel en el garage de su casa, en Concordia, Entre Ríos. Tenía 400 colmenas y en ese entonces no imaginó que, décadas después, iba a convertirse en el protagonista de un hecho histórico para la Argentina.

Luego de confirmarse que desde el 1 de mayo de 2026 entraba en vigencia el acuerdo de Asociación y Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, la producción de Daniel fue la que “completó el primer embarque que el país envió a Alemania con arancel cero”.

Luego de confirmarse que desde el 1 de mayo de 2026 entraba en vigencia el acuerdo de Asociación y Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, la producción de Daniel fue la que “completó el primer embarque que el país envió a Alemania con arancel cero”.

“Mi hija me avisó que logramos meter la miel con arancel cero”

Si bien reconoció que “la exportación da muchos logros, y la mayoría son con sabor a dulce”, sobre este hito en particular en diálogo con TN, dijo: “Me puse contento, era un sueño. Llegar con arancel cero a Estados Unidos y arancel cero a Europa, era impensado”.

En 1991 Daniel tenía “400 colmenas, casi como una producción secundaria”. Junto a su familia apostó a seguir creciendo, y ahora tiene unas 15.000.

“Producimos entre 600 y 800 toneladas de miel, y exportamos 2300, 2500″, detalló en TN el entrerriano, y se emocionó al relatar cómo fue el momento en que se enteraron que desde Concordia, estaban haciendo historia.

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Así anunció el Canciller Pablo Quirno la vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la UE (Foto: x/pabloquirno).
En los años 90 Daniel D´Ambros empezó a producir miel en el garage de su casa (Foto: X/marcasarg_).
En los años 90 Daniel D´Ambros empezó a producir miel en el garage de su casa (Foto: X/marcasarg_).

“Mi hija, María de los Ángeles, que es la que está a cargo de la empresa, estaba muy expectante. No podía dormir y ella me avisó que logramos meter la miel con arancel cero. Estaba con una alegría enorme”, recordó.

“El arancel nos dolía hasta en el alma, parecía unb castigo”

Puntualmente, los tambores que enviaron a Europa llegaron a Alemania, y la miel fue la de eucaliptus, que es el tipo característico que consumen allí. “Tiene mucho cuerpo. La miel clara o ámbar se la lleva Estados Unidos, es de pradera, de alfalfa, y bastante más cara que esta”, indicó.

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A pesar de que el productor apícola desde hace mucho tiempo exporta, ante el hito nacional contó que decidió guardar “un tambor de ese contenedor” que mandaron a Europa.

La ruta del dinero en Concordia: allanamientos, empresarios y una trama que amenaza con salpicar a más nombres del poder entrerriano

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La ruta del dinero en Concordia comenzó a exponer una trama de relaciones políticas, contrataciones, obras públicas y movimientos económicos que hoy están bajo la lupa judicial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exgobernador Gustavo Bordet.

La causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, sumó este jueves un nuevo capítulo cargado de tensión política, sospechas empresariales y preguntas que empiezan a incomodar a sectores históricamente ligados al poder provincial.

Efectivos de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia realizaron cuatro allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia de Garantías y solicitados por el fiscal de la causa, el Dr. José Arias. Los procedimientos alcanzaron dos sucursales de la pinturería “Colorshop”, el local “Súper Color” y una vivienda del barrio privado Altos del Zorraquín, propiedad del empresario Salvador Carubia.

Pero detrás de los operativos no aparece solamente la búsqueda de documentación comercial o dispositivos electrónicos. Lo que empieza a emerger es algo mucho más profundo: una posible red de relaciones económicas, favores cruzados y movimientos patrimoniales que Fiscalía intenta reconstruir pieza por pieza.

Los muebles, las facturas y la pregunta que nadie logra responder

El dato que detonó los allanamientos surgió durante los procedimientos realizados semanas atrás en propiedades vinculadas a Bordet, tanto en calle Urquiza como en el Village Termal. Allí, los investigadores detectaron mobiliario de alta gama fabricado por Johnson, empresa especializada en cocinas, vestidores y amoblamientos premium.

Cuando Fiscalía rastreó la compra de esos productos, apareció un elemento inesperado: las facturas no estaban emitidas a nombre de Bordet, sino del empresario Salvador Carubia y de la firma GRUPPA 3 SRL. Sin embargo, las entregas fueron realizadas directamente en los domicilios del exgobernador.

La situación abrió una batería de interrogantes que hoy atraviesan toda la investigación:

  • ¿Por qué un empresario pagaría mobiliario millonario para las viviendas particulares de un gobernador en funciones?
  • ¿Existieron contraprestaciones estatales?
  • ¿Se trató de una dádiva encubierta?
  • ¿Hubo triangulación patrimonial?
  • ¿Puede sostenerse la teoría de simples “favores entre amigos” cuando aparecen contratos estatales y relaciones comerciales de por medio?

Las sospechas no son menores. Mucho menos en una provincia donde la obra pública, los vínculos empresariales y determinados círculos políticos han convivido históricamente bajo un sistema de relaciones cerradas.

El teléfono que podría contener más de lo que se conoce

Fuentes extraoficiales indicaron que, durante el allanamiento en Altos del Zorraquín, Carubia se encontraba presente cuando irrumpió la policía. Los investigadores secuestraron un Iphone y una notebook que ahora podrían transformarse en piezas clave de la causa.

En ámbitos judiciales existe expectativa sobre el contenido de esos dispositivos: transferencias, conversaciones, archivos contables, presupuestos, vínculos comerciales o posibles intermediaciones que podrían ayudar a reconstruir el flujo económico detrás de determinadas operaciones.

Y es justamente ahí donde la investigación podría comenzar a escalar hacia otros nombres.

La sombra de nuevos “actores” en la película de corrupción entrerriana

Aunque oficialmente no existe información confirmada, en ámbitos políticos y judiciales de Concordia comenzaron a circular versiones sobre nuevas líneas investigativas que el fiscal tendría bajo análisis.

Una de ellas apuntaría a movimientos patrimoniales e inversiones que desde hace años llaman la atención entre empresarios, profesionales y dirigentes locales. En particular, algunas miradas empiezan a dirigirse hacia un conocido contador concordiense, vinculado políticamente a etapas de la gestión provincial, cuyo crecimiento económico y expansión empresarial habría despertado sospechas dentro del expediente.

Según trascendió, Fiscalía tendría interés en analizar operaciones realizadas mediante terceros, posibles estructuras societarias, inversiones inmobiliarias y movimientos comerciales que serían “visibles para cualquier concordiense”, según describen voces cercanas a la causa.

La hipótesis que comenzaría a explorarse es si existieron presuntos mecanismos de cobertura patrimonial mediante allegados, empresarios amigos o figuras utilizadas como eventuales testaferros para disimular activos, inversiones o incrementos patrimoniales difíciles de justificar.

Por ahora, todo se mueve en el terreno de las sospechas y líneas de análisis preliminares. Pero el clima en ciertos sectores políticos y empresariales de Concordia ya no es el mismo.

Porque en esta historia, los investigadores parecen convencidos de que todavía faltan aparecer varios nombres en escena.

El antecedente que vuelve a quedar bajo la lupa

Dentro de la causa volvió a tomar relevancia otra operación que en su momento generó cuestionamientos: la compra del terreno ubicado en avenida Chajarí y San Lorenzo, conocido como el loteo Mena/Beckman.

Los compradores fueron Salvador Carubia y su esposa.

El dato adquiere peso adicional porque Hugo Mena y Flavia Beckman aparecen imputados en la denominada Causa Contratos, una de las investigaciones más resonantes sobre presuntos desvíos de dinero en la provincia.

La conexión entre empresarios, operadores, contrataciones y funcionarios vuelve así a formar un entramado que la Justicia intenta descifrar.

La cifra que no cierra

Hay además un detalle que dentro de la investigación generó especial atención.

Según trascendió, el valor de los muebles pagados por Carubia y sus empresas para las viviendas de Bordet equivaldría a más del 20% del costo total de construcción declarado por el exgobernador para ambas propiedades.

El dato refuerza las sospechas sobre una posible subvaluación patrimonial.

Porque si solamente el mobiliario premium representa semejante porcentaje, entonces la pregunta empieza a ser inevitable:

¿Cuánto costaron realmente las propiedades?

Y sobre todo:

¿Quién terminó pagando verdaderamente la cuenta?

En Concordia, muchos observan esta causa como una película de corrupción entrerriana protagonizada por actores demasiado conocidos. La diferencia es que esta vez, detrás del telón político, parece haber fiscales dispuestos a seguir tirando del hilo hasta descubrir quiénes participaron realmente de la trama.

Los nombres que empiezan a sonar en voz baja en los pasillos del poder

Mientras la investigación judicial avanza sobre empresarios, facturación cruzada y posibles testaferros, en Concordia y Paraná hace tiempo que comenzaron a circular nombres que, hasta ahora, parecían intocables dentro de la estructura política y administrativa entrerriana.

Porque la pregunta que muchos empiezan a hacerse es si esta causa terminará únicamente en muebles, facturas y propiedades, o si detrás de todo esto existe una matriz mucho más profunda de negocios, retornos, contratos y enriquecimientos inexplicables sostenidos durante años.

En los pasillos judiciales y políticos algunos recuerdan que determinadas empresas no solamente aparecían vinculadas a obras y “obritas” del Estado, sino también a tareas tercerizadas en organismos estratégicos como Salto Grande o San Carlos, en épocas donde todavía resonaban nombres pesados del viejo esquema de poder concordiense. Y allí vuelve a aparecer una incógnita incómoda: ¿hubo internas, ajustes de cuentas o viejos socios que hoy decidieron soltar información para salvarse?

“Que destruyan pruebas”, ironizan algunos por lo bajo en ámbitos políticos, mientras otros se preguntan si parte de los movimientos financieros no habrían terminado fuera del país, particularmente en Uruguay, una plaza históricamente utilizada por empresarios y dirigentes argentinos para resguardar activos o triangular operaciones.

En paralelo, empiezan a crecer rumores —que por ahora permanecen en el terreno de las versiones políticas y comentarios de pasillo— sobre propiedades, inversiones y niveles de vida difíciles de explicar para algunos exfuncionarios, familiares y empresarios vinculados a distintos sectores del poder provincial.

Las conversaciones incluyen desde presuntas operaciones inmobiliarias realizadas a través de terceros hasta viviendas de altísimo valor ocupadas por familiares de exdirigentes que, en teoría, jamás podrían justificar semejante patrimonio con ingresos formales conocidos.

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También reaparecen viejos nombres ligados al IAPV, al manejo de áreas sensibles del Estado y a hospitales públicos, mientras algunos memoriosos vuelven a preguntar qué ocurrió realmente con determinadas auditorías que jamás avanzaron, como las vinculadas al Hospital Masvernat y antiguas administraciones bajo sospecha.

En ese contexto, la sensación que empieza a instalarse en sectores políticos y judiciales es que el expediente podría transformarse en algo mucho más grande que una investigación patrimonial contra un exgobernador.

Porque si los investigadores logran reconstruir la ruta completa del dinero, las sociedades, las facturas y los vínculos empresariales, la causa podría terminar exponiendo una red política, administrativa y comercial mucho más amplia de lo que inicialmente se imaginaba.

Y allí aparecen nombres que todavía conservan lugares clave dentro del Estado provincial, organismos de control y estructuras administrativas que, paradójicamente, debían controlar justamente aquello que hoy la Justicia intenta desentrañar.

Por eso, más allá del impacto judicial, en Entre Ríos empieza a crecer otra discusión: cómo fue posible que durante años nadie viera —o nadie quisiera ver— patrimonios que crecían, inversiones llamativas, propiedades millonarias y empresarios que pasaban de un día para otro a manejar niveles económicos imposibles de explicar para la realidad promedio de la provincia.

La película recién empieza. Y en Concordia muchos creen que todavía faltan aparecer varios actores en escena.

Las explicaciones de Bordet: el vínculo Arias-Azcué, el lote “Beckman-Mena”, los viajes, Village Termal y la omisión en una DDJJ

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Las explicaciones de Bordet : El diputado nacional y exgobernador Gustavo Bordet ejerció este martes su derecho a réplica en el programa Despertá Con Nosotros, por Oíd Mortales Radio (fm de Concordia), luego de que un informe especial en El Entre Ríos revelara detalles de los avances en la investigación del Ministerio Público Fiscal en la causa judicial que tramita en los tribunales de Concordia por presunto enriquecimiento ilícito.

Bordet, en línea con declaraciones previas, calificó la causa como un relato mediático y político carente de pruebas sustanciales, defendiendo la licitud de su patrimonio y el de su familia.

El exmandatario detalló que sus bienes y viajes han sido debidamente declarados ante la AFIP y que muchas de las inconsistencias señaladas son simples errores administrativos o interpretaciones malintencionadas.

Sostuvo que la investigación es una persecución sistemática motivada por su posible relevancia electoral en Concordia.

Aunque negó que vaya a presentarse para disputar la intendencia, Bordet interpretó que la versión de que podía llegar a ser candidato disparó una operación para afectarlo, a la que atribuyó al vínculo de amistad entre el actual intendente Francisco Azcué y el Fiscal que lo investiga, José Emiliano Arias.

Según Bordet, el objetivo de Arias sería favorecer a Azcué al intentar remover a un competidor político de peso mediante el “desprestigio” y el “escarnio público”.

En otro tramo del diálogo por Oíd Mortales Radio, el exgobernador consideró que la postura crítica de Arias no es nueva, ya que el fiscal se habría opuesto sistemáticamente a su gestión cuando era gobernador, supuestamente porque no pudo concursar para la Fiscalía Anticorrupción.

En resumen, Bordet interpretó que el accionar del fiscal no es estrictamente judicial, sino que forma parte de una maniobra política para proteger y beneficiar a su excolega y amigo, el actual intendente Azcué.

No obstante, al ser consultado si está en sus planes recusar al fiscal, no ofreció una respuesta categórica. Dijo confiar en la Justicia y no descartó –aunque tampoco lo dio por hecho- recusar al fiscal por su falta de objetividad y animosidad personal.

¿Cómo explica la subvaluación de sus propiedades en Concordia?

El diputado nacional Gustavo Bordet ofreció varias explicaciones para defenderse de las acusaciones de subvaluación de sus inmuebles en Concordia, argumentando que las cifras del fiscal son especulaciones que no reflejan la realidad del mercado ni el contexto de las operaciones.

Sostuvo que sus propiedades están declaradas según los valores que establece la AFIP y no por montos que él decide arbitrariamente.

Qué dijo sobre los terrenos de Mena y Beckman

Bordet fue consultado expresamente por el terreno en Boulevard San Lorenzo, atribuido en principio a Mena y Beckman, ambos imputados en la Causa Contratos.

Contó que compró el terreno en 2011 por 6000 dólares cuando el barrio aún no estaba desarrollado y fue uno de primeros adquirentes. Y agregó que lo vendió cuatro años después (en 2015) por 9000 dólares, lo cual demuestra, según él, una relación lógica entre el precio de compra y de venta, sin haber obtenido un enriquecimiento ilícito.

Bordet rechazó las comparaciones con vecinos que pagaron valores mucho más altos (entre 48 y 65 dólares por metro cuadrado), argumentando que esos precios corresponden a épocas posteriores, cuando el barrio ya estaba consolidado.

Fue visible su preocupación por tomar distancia de los dos imputados en la Causa Contratos, Flavia Beckman y Hugo Mena.

Dijo que no sabía quién era el titular de la propiedad al momento de realizar la compra. Según su explicación, la operación se concretó a través de la escribana Mulia, quien firmó la escritura junto a él porque ella contaba con un poder general para vender.

Además, el exgobernador se preocupó por puntualizar que ya existió una investigación judicial relacionada con el tema de la operación de compra del lote de Mena y Beckman, pero la causa fue archivada por el propio fiscal Arias al no encontrarse ningún elemento incriminatorio.
En resumen, aseguró que no tuvo trato directo con los vendedores que están imputados en la Causa Contratos, sino que toda la gestión fue realizada a través de la escribana autorizada para tal fin.

Según Bordet, el Village Termal no es un barrio cerrado

Sobre la compra de lotes y la construcción de una casa en el Village Termal de Villa Zorraquín, Bordet comenzó por aclarar que, según él, no es un barrio cerrado.

Procuró visiblemente bajarle “el precio” al lugar, al asegurar que después de muchos años solo hay cuatro construcciones en un loteo de más de 60 lotes, debido a que el terreno es arenoso y presenta dificultades de construcción, describió.

Bordet precisó que el 90% de los otros propietarios del Village Termal declararon los mismos montos de compra que él, dato que, según el exgobernador, el fiscal omite en su investigación.

Cuestión con severidad que el fiscal se base –dijo- en la opinión de una inmobiliaria que nunca vendió terrenos en ese barrio para tasar el metro cuadrado en 60 dólares, calificándolo como un “disparate”.

Estimó que el valor total actual de la propiedad, incluyendo las mejoras terminadas en 2024 (como la piscina e instalaciones interiores), ronda los 180,000 dólares, lo cual considera acorde a la zona.

Finalmente, en relación a las subvaluaciones de propiedades, Bordet insistió en que las diferencias de valores son “opinables” y por ello ha solicitado una pericia técnica para comparar las tasaciones de la fiscalía con las de parte y así aclarar la situación patrimonial.

Los viajes, según Bordet

Gustavo Bordet dedicó varios minutos a explicar sus viajes al exterior. Comenzó por desacreditar el informe del fiscal José Arias, a quien le atribuyó haber considerado viajes familiares o personales a los que fueron en realidad oficiales.

Por caso, puntualizó que a México y Sudáfrica fue en misiones oficiales debidamente documentadas, y no de manera particular con asegura la investigación fiscal.

En el caso de Sudáfrica, lo definió como una misión técnica, de la –dijo- participaron otras figuras públicas y representantes institucionales que pueden dar fe, incluyendo al entonces intendente de Chajarí, el senador por el departamento de Concordia, personal del INTA y miembros de la Cámara de Exportadores de Citrus.

Respecto del viaje a México, explicó que ocurrió en 2013, durante su gestión como intendente, para participar de un encuentro interamericano de ciudades. Como prueba del carácter oficial dijo poseer fotografías y una distinción como “huésped distinguido” otorgada por el alcalde de la Ciudad de México.

Más allá de esos dos viajes puntuales, Bordet argumentó que la gran mayoría de los periplos por el exterior cuestionados por el fiscal fueron de carácter oficial y que los gastos se cubrían con viáticos en dólares regulados por instituciones como el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el gobierno provincial o la municipalidad de Concordia, lo que justifica que no hubiera registros de gastos con tarjetas de crédito personales.

Además, explicó que cuando realiza viajes particulares, prefiere utilizar dinero en efectivo para evitar el recargo del 35% de los impuestos argentinos, una práctica que consideró común entre los viajeros.

Cómo justificó el uso de dinero en efectivo en viajes

Gustavo Bordet dijo que el uso de dinero en efectivo en sus viajes personales obedeció principalmente a una estrategia de ahorro para evitar cargos impositivos adicionales.

Detalló que de esa manera evitó el recargo del 35%. O sea, no acostumbra usar tarjetas de crédito en el exterior porque estas conllevan un recargo del 35% por impuestos argentinos y al pagar en efectivo, evita este costo adicional.

En cuanto al origen de las divisas que usa para pagar en efectivo fuera del país, dijo que las obtuvo realizando operaciones de cambio de moneda que consideró completamente normales y habituales, similares a las que realiza cualquier persona que sale de vacaciones al extranjero, sin detallar si fueron operaciones en el mercado oficial o en el informal.

No obstante, más adelante aludió al “uso de ahorros declarados” para otros gastos vinculados a viajes, apelando a dólares billete que dijo tener ahorrados y debidamente declarados.
Por último, Bordet calificó como un “disparate” la conjetura del fiscal de que la falta de uso de tarjetas de crédito en sus estadías fuera del país implique la existencia de cuentas o sociedades no declaradas en el exterior, argumentando que simplemente prefiere el efectivo por una cuestión de costos.

Los viáticos de su esposa

Gustavo Bordet definió como falsa la acusación de que su esposa, Mariel Ávila, percibió viáticos indebidos, fundamentando su defensa en que ella desempeñaba un rol oficial dentro del gobierno provincial.

Explicó que su cónyuge fue funcionaria del gobierno de Entre Ríos desde el 15 de diciembre de 2015. Para ocupar ese rol, solicitó una adscripción desde el Consejo General de Educación hacia la secretaría privada de la Gobernación, donde trabajó en carácter de secretaria privada.

Señaló que ella lo acompañaba frecuentemente en los viajes debido a su función oficial y aseguró que los viáticos que ella percibía eran pagados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Al haber –según Bordet- un marco legal para la función de su esposa y los pagos, sostuvo que no existe ninguna hipótesis de peculado ni cobro de viáticos indebidos, argumentando que el fiscal utiliza este tema solo para confundir y desprestigiar su imagen.

El viaje a Estados Unidos cuando Entre Ríos emitió el bono en dólares

Otra aclaración de Gustavo Bordet se centró en los pasajes a Estados Unidos a los que hace referencia la fiscalía como abonados desde una no identificada corporación.

El exgobernador dijo que aquella visita al país del norte fue abonada por los bancos emisores encargados de la colocación del bono de deuda de la provincia.

Identificó a las entidades financieras como el Banco Francés, el Banco City y el Santander Río. Puntualizó que los viajes se realizaron entre finales de 2016 y principios de 2017 con el fin de realizar los llamados road shows en ciudades como norteamericanas para convencer a los inversores de prestar dinero a la provincia.

Según Bordet, el contrato firmado con dichos bancos especificaba que todos los gastos de traslado y alojamiento corrían por cuenta de las entidades emisoras, una práctica que calificó como habitual en este tipo de operaciones financieras.

Dicho esto, rechazó de plano la acusación del fiscal de que tenga sociedades ocultas (basada en el uso de la agencia Amex GBT), calificándola de “disparate” y asegurando que cuenta con el contrato y la documentación para demostrar el origen de los pagos.

Bordet enfatizó que este proceso de colocación de deuda es información pública y que incluso otros funcionarios participaron en reuniones en otras ciudades como Londres, Boston y Los Ángeles bajo las mismas condiciones.

Cómo justificó las transferencias de Franco Ferrari a su hija

Gustavo Bordet sostuvo que las transferencias de Franco Ferrari (quien fuera Secretario General de la Gobernación) hacia su hija no constituyen ningún delito, sino que fueron favores personales para cubrir gastos cotidianos ante su imposibilidad de hacerlo personalmente por su agenda de trabajo.

Desmintió que se tratase de algo “sistemático”, precisando que fueron 15 transferencias en un período de cuatro años y consideró que los montos fueron “irrisorios” para una causa de enriquecimiento ilícito, estimando que hoy representarían un promedio de 100,000 pesos cada una, sumando un total aproximado de 1.300.000 pesos.

Explicó que su hija necesitaba dinero para cubrir gastos comunes (como la cuenta del teléfono) porque a veces no le alcanzaba el sueldo. Y debido a que él se encontraba recorriendo la provincia o realizando gestiones en Buenos Aires, le pedía a Ferrari que le adelantara el dinero a su hija.

Respecto a un pasaje para su hija en 2023, aclaró que Ferrari lo compró con su tarjeta de crédito personal porque quedaba un solo lugar disponible en clase turista y Bordet no estaba en su despacho. El exgobernador dijo haberle devuelto el dinero en dólares billete que tenía ahorrados y declarados, lo cual dejó asentado en su declaración jurada de ese año.

Bordet defendió que este tipo de transferencias son normales entre conocidos —comparándolo con amigos que se reparten el costo de una cena— y que no existe nada que ocultar, ya que se realizaron a través del sistema bancario.

En resumen, considera que la fiscalía utiliza estos datos de manera malintencionada para “ensuciar” su imagen, ya que los movimientos no guardan relación con un incremento patrimonial injustificado.

Los bienes que fueron omitidos en una declaración jurada

Gustavo Bordet no especificó los nombres o direcciones exactas de los bienes que faltaron en su declaración jurada de 2012, pero aclaró que se trató de “algunas propiedades” que ya habían sido incluidas en su presentación de 2007.

Explicó que esa falta de información u omisión no fue intencional, sino que se debió a que faltaban dos hojas en el sobre de la declaración de ese año por un error de quien armó el legajo.

Argumentó que no hubo intención de ocultar patrimonio, ya que esos mismos bienes figuraron en su declaración de 2007 y volvieron a aparecer en las de 2015, 2019 y 2023, además de estar informados anualmente ante la AFIP.

Por último, una vez más Bordet acusó al fiscal de actuar de manera parcial al enfocarse únicamente en esa declaración incompleta de 2012 para construir un relato de “omisiones”, ignorando que los bienes siempre estuvieron registrados en los periodos anteriores y posteriores.

Fuente:  El Entre Ríos

Salvador Carubia recibió otros dos pagos por tareas en el Perilago

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Uno fue en mayo de 2016 pero no hay detalles del monto. El otro, por 544.000 pesos, se registró en octubre. Esos importes se suman al millón de pesos de agosto último.

La limpieza del predio que administra la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), sigue siendo noticia. Y la novedad está dada por otros dos nuevos decretos que le permitieron a la Gobernación reconocer el pago de servicios al empresario concordiense Salvador Carubia.

El contratista ya había percibido 1.088.000 pesos a fines del año anterior por la limpieza de 400 hectáreas y el mantenimiento de su infraestructura de servicios. El libramiento fue dispuesto a través del decreto 2.448/16 GOB, fechado el 23 de octubre de 2016 y publicado el 21 de febrero pasado en el Boletín Oficial.

La norma, con las firmas del gobernador Gustavo Bordet y del ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, sirvió para reconocer la tarea encomendada por la Codesal. Y también convalidó las facturas tipo “B” 003-00000013 y 003-00000014 extendidas por Carubia.

Sin embargo, el 26 de mayo de 2016, el Poder Ejecutivo autorizó otro pago al prestador. Fue a través del decreto 1.347/16 GOB, que firmado también por Bordet y Urribarri, recién fue publicado el 23 de septiembre pasado en el Boletín Oficial.

Pero lo curioso del caso fue que se omitió mencionar el monto abonado a Carubia. La norma no está disponible en el buscador de decretos que posee la web oficial de la provincia y el importe tampoco figura en el ejemplar 26.021 del Boletín Oficial.

La publicación, en su página inicial, indicó que se reconocía “el gasto efectuado por la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande bajo modalidad de contratación directa, conforme se detalla en el anexo que forma parte integrante de este (decreto)” y que se autorizaba “el pago a la firma Carubia Salvador de la factura por igual concepto correspondiente al mes de mayo de 2016”

Otro dato llamativo fue que el anexo aludido tampoco se publicó en el Boletín Oficial. Sin embargo el gobierno volvió a aludir a ese texto complementario en el siguiente párrafo del decreto 1.347/16 GOB, mediante el cual autorizó a la Codesal a emitir “la orden de pago correspondiente a fin de que la Tesorería General de la provincia haga efectiva a la firma Carubia Salvador las sumas pertinentes, según el detalle del anexo mencionado, conforme las facturas obrantes en autos, como así la pertinente al mes de mayo del presente año”.

En tanto, en octubre último, el gobierno provincial autorizó la liquidación de otros 544.000 pesos a Carubia. Lo hizo a través del decreto 3.047/16 GOB, que con las rúbricas de Bordet y Urribarri, recién se difundió a través del Boletín Oficial el 23 de marzo de este año.

El importe se corresponde con el señalado por la factura tipo “B” 003-00000020 confeccionada por Carubia. De acuerdo a lo señalado en el decreto, el monto fue asignado “en concepto de mantenimiento, desmalezado y limpieza de toda la zona del perilago, (400 Ha.) incluyendo playas y banquinas de calles, pintado de rotondas y parquización de las mismas, mantenimiento de 3 cantinas, pintura e instalación eléctrica exterior, arreglo de juegos existentes para niños, pintado de mesas y bancos existentes, retiro de ramas, escombros y sedimentos por creciente, reparación y mantenimiento de luminarias de las calles en zonas de playas”.

FUENTE: EL ENTRE RIOS

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