Los primeros resultados le dan una leve ventaja a la candidata de derecha, que busca la presidencia en su cuarto intento
El estrecho margen de menos de un punto que dio el conteo rápido que brindó la encuestadora Datum indicó que Roberto Sánchez, con el 50,14% se habría impuesto por sobre Keiko Fujimori, con el 48,86%. El empate técnico dejaba a Perú ante una definición incierta y cargada de tensión.
A medida que avanzaba el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), quien ofrece los datos oficiales, publicó que con el con el 43,3% de las mesas escrutadas, la derechista Fujimori se imponía con el 52,8%, unos 3.016.947 de votos, frente al izquierdista Sánchez que había conquistado al 47,2% del electorado, con unos 2.721.668 votos.
Más temprano, El flash electoral de Ipsos ubicó a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, con el 50,7% de los votos, frente al 49,3% de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. La encuestadora Datum difundió cifras prácticamente idénticas: 50,53% para Fujimori y 49,47% para su rival.
El escenario remite de inmediato al antecedente de 2021, cuando la propia Fujimori encabezó el boca de urna y terminó perdiendo en el conteo oficial frente al izquierdista Pedro Castillo por unos 40.200 votos. Todo indica que el resultado final podría demorarse varios días y que el escrutinio voto a voto será determinante en un país donde cada elección reciente estuvo marcada por la disputa milimétrica.
Fue el propio Sánchez el que recordó en una entrevista televisiva que “el boca de urna históricamente puso por debajo a quienes terminaron ganando”. Es por eso que luego de que se publicara el boca de urna, llamó a esperar al recuento oficial de votos y aseguró que existe un “empate estadístico”, en referencia al estrecho margen que lo separa de su contrincante y cabe dentro de los márgenes de error. “Nadie puede decir ya gane o ya perdí”, sentenció.
Por su parte, la postulante de Fuerza Popular eligió el silencio. Fujimori canceló la conferencia de prensa que tenía estipulada para las 18 (20 en Argentina), luego de que se publicara el flash electoral.
Para Fujimori, esta jornada representa su cuarto intento de alcanzar la presidencia, en una contienda que la enfrenta al izquierdista Roberto Sánchez, exministro y candidato de Juntos por el Perú. Keiko, que compite por Fuerza Popular, el partido que lidera y que encarna la continuidad del fujimorismo, mientras que su rival canaliza el apoyo de sectores rurales y populares con una agenda de reformas.
Ambos llegaron a esta instancia tras una campaña marcada por la polarización y con niveles de apoyo relativamente bajos desde la primera vuelta.
Los últimos sondeos de Ipsos realizados la semana previa a las elecciones mostraban que la candidata de Fuerza popular obtuvo el 51,4% de las preferencias, frente al 48,6% del postulante de Juntos por el Perú. Tanto este como otros estudios le daban una ventaja leve a la candidata de derecha y confirmaban un escenario abierto, con un importante porcentaje de indecisos. Al incorporar el voto blanco y nulo, ese apoyo efectivo se reducía de manera significativa y dejaba a cerca de un tercio del electorado sin una preferencia definida, reflejo del malestar y la desafección política.
La elección también expone una marcada fractura territorial. Mientras Lima y los principales centros urbanos tienden a inclinarse hacia opciones de derecha, las zonas rurales muestran un respaldo mucho más contundente a candidaturas de izquierda, reflejando dos experiencias distintas de país.
La trayectoria de “la china”, como suelen llamarla sus fanáticos, está inexorablemente ligada al legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, cuya figura sigue generando adhesiones intensas y rechazos profundos. A lo largo de sus campañas, la líder de Fuerza Popular buscó administrar esa herencia. Por un lado reivindicar los logros económicos y la derrota del terrorismo en los años noventa, sin quedar completamente asociada a los casos de corrupción y las violaciones a los derechos humanos que marcaron ese período. Sin embargo, esa tensión nunca se resuelve del todo y reaparece en cada balotaje, donde su candidatura logra consolidar un núcleo duro muy fiel pero enfrenta dificultades para ampliar su base más allá de ese electorado.
El contexto en el que se desarrolló esta elección estuvo atravesado por una inestabilidad política que ya se volvió estructural. En los últimos diez años, Perú tuvo múltiples presidentes (8 en 10 años) y ninguno logró completar su mandato en condiciones de estabilidad, en una secuencia de crisis que incluyó destituciones, renuncias y enfrentamientos constantes entre el Poder Ejecutivo y un Congreso con amplias facultades (a cargo de las mociones de censura, por ejemplo).
Ese equilibrio inestable derivó en un sistema político fragmentado, con partidos débiles y liderazgos de corta duración, donde la gobernabilidad aparece como un desafío incluso mayor que el de ganar una elección. En ese marco, el Parlamento se consolidó como un actor central, con capacidad de bloquear o condicionar cualquier iniciativa del Ejecutivo, lo que anticipa un escenario complejo para quien resulte finalmente electo.
A esto se suma la fragilidad de las propias bancadas, que suelen fracturarse rápidamente y operar bajo lógicas de supervivencia política más que de construcción de mayorías estables. Todo eso resulta en un sistema de partidos prácticamente colapsado.
Fragilidad institucional e inseguridad
A pesar de ese trasfondo de fragilidad institucional, la jornada electoral transcurrió sin incidentes de magnitud, en un contraste marcado con la caótica primera vuelta. Aquella instancia inicial, celebrada en medio de una oferta electoral hiper fragmentada (con más de 30 candidatos) y con múltiples candidaturas competitivas, estuvo atravesada por desorden logístico, denuncias de fraude y una alta dosis de incertidumbre.
Esta vez, en cambio, el proceso se desarrolló con relativa normalidad, lo que fue interpretado por distintos observadores como un signo de cierta estabilidad operativa, aunque no necesariamente política. La calma en las urnas no disipa, sin embargo, las tensiones de fondo que atraviesan al país, entre las cuales cabe resaltar la desconfianza en el sistema político y electoral.
Uno de los ejes centrales de la campaña fue la creciente crisis de seguridad que afecta a Perú. El aumento de delitos como la extorsión, los robos y la violencia vinculada a economías ilegales instaló un clima de temor en amplios sectores de la población. Transportistas, comerciantes y pequeños empresarios se convirtieron en blancos frecuentes de organizaciones criminales, lo que alimentó una sensación de desprotección y urgencia. Allí, el reclamo por medidas más severas ganó terreno y configuró el clima propicio para propuestas de “mano dura”, que se volvieron un componente clave del discurso político.
Fujimori capitalizó ese escenario con una agenda centrada en el orden y la seguridad ciudadana. Durante su campaña, prometió intensificar la lucha contra el crimen mediante el uso de tecnología para rastrear redes de extorsión, el refuerzo de la presencia policial y militar en zonas críticas y el control más estricto de las fronteras. También planteó que los presos deberían trabajar y “retribuir a la sociedad”, en una señal dirigida a un electorado que reclama respuestas concretas frente al deterioro de la seguridad. Su mensaje conectó con una demanda extendida y contribuyó a consolidar su competitividad en la recta final de la campaña.
Por su parte, Roberto Sánchez planteó una estrategia de seguridad claramente distinta a la de “mano dura” de su rival. Su enfoque estuvo centrado en reformas estructurales más que en el endurecimiento punitivo. En concreto, sostuvo que el problema de la inseguridad no se resuelve solo con más militares o penas más duras, sino con mejor capacidad del Estado para investigar y prevenir el delito. Por eso, propuso fortalecer la inteligencia criminal, atacar las redes del crimen organizado —especialmente en su financiamiento— y modernizar los sistemas de investigación. Uno de los ejes principales de su discurso fue la reforma profunda de la Policía Nacional. Sánchez insistió en “limpiar” la institución de corrupción y recuperar la confianza ciudadana. Además, planteó un enfoque más preventivo y comunitario de la seguridad, con participación de actores locales.
En el plano económico, la candidata de Fuerza Popular buscó enviar señales de previsibilidad a los mercados y al sector empresarial. Reafirmó su compromiso con la apertura a las inversiones extranjeras y con la continuidad de un modelo económico basado en la estabilidad macroeconómica. En un país que, pese a mantener ciertos equilibrios fiscales y monetarios, arrastra altos niveles de informalidad y desigualdad, ese enfoque apunta a sostener el crecimiento como vía para mejorar las condiciones sociales.
Del otro lado, Sánchez intentó moderar las percepciones de riesgo en torno a su candidatura, asegurando que no avanzará en nacionalizaciones de empresas vinculadas a la explotación de recursos naturales, aunque mantuvo un discurso más orientado a la reforma del Estado y la lucha contra la corrupción.
De confirmarse la tendencia que sugieren los primeros resultados, una eventual victoria de Fujimori se inscribiría en una dinámica regional más amplia, marcada por el avance de liderazgos de derecha en distintos países de América Latina. Este giro responde, en parte, a la preocupación creciente por la seguridad, el estancamiento económico y el desgaste de proyectos políticos previos (lo que justifica el auge de los outsiders). Sin embargo, el caso peruano presenta particularidades.
La debilidad institucional, la fragmentación partidaria y la persistente conflictividad social configuran un escenario donde los márgenes de acción de cualquier gobierno son estrechos. En ese sentido, el principal desafío no será únicamente imponerse en las urnas, sino construir condiciones mínimas de gobernabilidad en un contexto adverso. La relación con el Congreso, la capacidad de articular acuerdos y la respuesta a las demandas sociales serán factores decisivos para la estabilidad del próximo gobierno.
