El auto de apertura a juicio de la mega causa de los contratos truchos deja al descubierto la responsabilidad directa de la dirigencia política al frente de la Legislatura provincial, con figuras centrales como Adán Bahl, José Eduardo Lauritto, Aldo Ballestena, Sergio Urribarri y José Allende en el centro de las críticas.
El auto de apertura a juicio de la mega causa de los contratos truchos deja al descubierto la responsabilidad directa de la dirigencia política al frente de la Legislatura provincial, con figuras centrales como Adán Bahl, José Eduardo Lauritto, Aldo Ballestena, Sergio Urribarri y José Allende en el centro de las críticas. Resulta jurídicamente e institucionalmente insostenible argumentar que bajo sus gestiones se hayan sustraído millones de dólares sin su aval, máxime considerando que el propio José Eduardo Lauritto firmó el decreto Nº 123 H.C.S. (Honorable Cámara de Senadores) , normativa que fija de manera explícita las responsabilidades en este tipo de contrataciones políticas. Los testimonios clave expuestos en el expediente revelan que este mecanismo de sustracción estuvo lejos de ser obra de «perejiles», consolidándose en cambio como una verdadera política de estado legislativa diseñada y ejecutada por las máximas jerarquías políticas de Entre Ríos durante casi dos décadas.
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El reciente auto de apertura a juicio en la mega causa de los Contratos Truchos de la Legislatura provincial, firmado por la jueza de Garantías número uno de Paraná, Marina Barbagelata, ha puesto en marcha un proceso de escala inédita, con dieciocho acusados en el banquillo, cuatrocientos cuarenta y uno testigos citados por la fiscalía y un reclamo por una sustracción que supera los 53 millones de dólares . Sin embargo, detrás del anuncio institucional, se esconde una paradoja jurídica e institucional que amenaza con empantanar el proceso y genera una encrucijada sin salida para los tribunales.
Doble rol
El tribunal de alzada que deba llevar adelante el juicio oral se enfrentará a un obstáculo estructural de proporciones. Las defensas de la causa han ofrecido, y se ha admitido, una nómina de testigos que convierte la lista en un desfile sin precedentes de la plana mayor de la política entrerriana de los últimos veinte años.
En la lista de citados a declarar como testigos figuran nombres de altísimo peso, como los exvicegobernadores Adán Bahl, José Eduardo Lauritto, Pedro Guastavino, Jose Cáceres, Aldo Ballestena y Laura Stratta, los expresidentes de la Cámara de Diputados y bloques Sergio Urribarri, José Allende, ex presidentes de los bloques legislativos y los ex legisladores Juan Carlos Navarro, Hugo Darrichon, Leticia Angerosa, Daniel Ruberto, entre otros.
El nudo crítico reside en cómo puede la justicia aceptar a estos dirigentes como testigos con obligación de decir verdad en la causa Contratos I, cuando en el desprendimiento conocido como Contratos II varios de ellos se encuentran bajo la condición de imputados y citados a indagatoria.
La Constitución y el Código Procesal son tajantes al establecer que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Si un tribunal cita como testigo a quien está siendo investigado e indagado en una causa paralela por los mismos hechos, la citación roza la nulidad procesal. Para librarse de esa encerrona, se perfila un camino casi obligado, consistente en que el tribunal deba desestimarlos como testigos.
Asimismo, en el caso de quienes ejercen cargos con fueros, como el exvicegobernador y actual senador nacional Adán Bahl o la diputada provincial Laura Stratta, es de prever que elijan refugiarse en sus fueros para declarar por escrito y evitar el cara a cara en el estrado. Los demás, como José Eduardo Lauritto, José Allende, José Cáceres o Aldo Ballestena, deberán dar explicaciones en persona.
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Descuido millonario
Para el imaginario social resulta insostenible la hipótesis del desconocimiento. A lo largo de la investigación se determinó que la firma de decretos, resoluciones de asignación y autorizaciones de pago requerían la firma de las máximas autoridades de las Cámaras. Sin ir más lejos, en la causa consta la Resolución ciento veintitrés, que blindaba el control administrativo estableciendo que sin la firma del titular del cuerpo nada salía.
Al dividir la sustracción total de manera proporcional entre los distintos períodos de gestión, las cifras resultan escalofriantes para cualquier administración pública.
En el Poder Ejecutivo y Senado, durante la gestión de José Eduardo Lauritto, dividiendo proporcionalmente el desfalco, bajo su período habrían desaparecido proporcionalmente unos diez millones de dólares. José Eduardo Lauritto, abogado, exjuez federal, exministro ex diputado nacional y referente de Concepción del Uruguay, nombró en su momento a Néstor Dietz para controlar la administración. Hoy en la causa está imputado su director de administración, Juan Orabona, pero Néstor Dietz no aparece en la nómina. Resulta difícil de explicar que a un exjuez le hayan sustraído semejante fortuna de las arcas que debía administrar sin que se diera cuenta, o si acaso los directores firmaban lo que las máximas autoridades les ordenaban.
En la Cámara de Diputados, bajo la conducción de José Allende, con Sergio Cardoso a cargo del servicio administrativo, desaparecieron cifras similares estimadas en unos diez millones de dólares, argumentando que el funcionario le robaba a la Cámara sin que la presidencia lo advirtiera o también cumplía directivas de las máximas autoridades.
En el Senado, durante la gestión de Adán Bahl, contador público nacional, exministro de Gobierno y exintendente de Paraná, se plantea el interrogante de si es posible sostener ante la sociedad que a un profesional de las ciencias económicas le sustrajeron haciendo cálculos proporcionales más de diez millones de dólares de su propio presupuesto sin sospechar absolutamente nada.
La estrategia defensiva de la dirigencia ha consistido en alegar que no firmaban las nóminas finales, la pregunta es que va a pasar cuando en las audiencias les muestren los decretos que llevan su firmas, porque hasta ahora le han atribuido la responsabilidad exclusiva a los cuadros técnicos y contables, representados por Juan Domingo Orabona, Sergio Cardoso, Jorge Lázaro o los indigentes Mena y Beckman. Sin embargo, la pregunta para la sociedad sigue siendo la misma, oscilando entre negligencia supina, inoperancia o complicidad por omisión.
Por la complejidad de las citaciones, la enorme masa probatoria y el dilema constitucional de los testigos e imputados, los especialistas que siguen el expediente coinciden en que el debate oral no se realizará este año, existiendo además serias dudas de que pueda concretarse antes de que finalice el año próximo.
El caso genera máxima presión sobre el Poder Judicial. Mientras el Ministerio Público Fiscal evitó en una primera etapa apuntar a la cúpula política directiva, el avance del expediente y las citaciones cruzadas amenazan con resquebrajar la estructura política provincial. Ningún argumento legal podrá borrar de la opinión pública el verdadero interrogante sobre si a los máximos administradores de la provincia les robaron millones de dólares sin que se enteraran, o si la impunidad simplemente se quedó sin margen.
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Frente a la contundencia de las pruebas acumuladas, resulta insostenible pretender que la responsabilidad política pueda diluirse tras meras excusas administrativas. ostener que referentes con la trayectoria de José Eduardo Lauritto, José Allende y Adán Bahl desconocían el vaciamiento sistemático de las arcas legislativas constituye una burla directa a la ciudadanía. José Eduardo Lauritto, amparado en su formación jurídica y en la autoría de normativas como el Decreto número123, José Allende, con el dominio absoluto del aparato en Diputados, y Adán Bahl, valiéndose de su solvencia técnica como contador público, manejaron presupuestos multimillonarios donde los fondos públicos se evaporaban sin control.
Hoy, Adán Bahl se encuentra amparado por los fueros, más enfocado en calcular su futuro político que en rendir cuentas sobre su paso por la presidencia del Senado. Esta estrategia de especulación electoral se apoya en una dilación procesal casi eterna, donde los planteos de nulidad, las apelaciones cruzadas y la sobrecarga del tribunal amenazan con postergar el juicio de manera indefinida, haciendo jugar el tiempo a favor de la prescripción y el olvido. La justicia enfrenta ahora su encrucijada definitiva, porque si el proceso se empantana en los tiempos burocráticos y se detiene únicamente en los mandos medios e intermediarios, terminará convalidando la existencia de una matriz de impunidad blindada, donde las cúpulas políticas diseñaron, ejecutaron y se beneficiaron de un desfalco histórico sin pagar costo alguno ante la ley.
