𝗖𝗢𝗠𝗘𝗡𝗭𝗢́ 𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗥𝗔𝗚𝗨𝗔𝗬 𝗘𝗟 𝗝𝗨𝗜𝗖𝗜𝗢 𝗔𝗟 𝗘𝗫 𝗦𝗘𝗡𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗞𝗜𝗥𝗖𝗛𝗡𝗘𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗘𝗗𝗚𝗔𝗥𝗗𝗢 𝗞𝗨𝗘𝗜𝗗𝗘𝗥 𝘆 𝗦𝗨 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗔𝗥𝗜𝗔

10 junio, 2026 por Redacción

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Ambos acusados son oriundos de Concordia, desde donde Kueider comenzó a amasar un meteórico patrimonio dentro de la política kirchnerista de la mano del exGobernador Bordet, de quien era su Jefe de Gabinete provincial.

𝗔𝗠𝗕𝗢𝗦 𝗔𝗖𝗨𝗦𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗦𝗢𝗡 𝗢𝗥𝗜𝗨𝗡𝗗𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗢𝗥𝗗𝗜𝗔

El proceso judicial se desarrolla ante un tribunal de la ciudad de Asunción y también tiene como imputada a Iara Guinsel Costa, secretaria y acompañante del ex legislador al momento del procedimiento realizado por autoridades aduaneras paraguayas.

Kueider y Guinsel Costa fueron detenidos en diciembre de 2025 en el Puente de la Amistad, cuando agentes de control detectaron que transportaban más de 200.000 dólares estadounidenses, además de pesos argentinos y guaraníes, sin la correspondiente declaración ante los organismos competentes.

Según la acusación de la Fiscalía paraguaya, el dinero era trasladado incumpliendo las normativas vigentes sobre ingreso y egreso de divisas, situación que derivó en la apertura de una investigación penal por presunto contrabando.

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Durante la primera jornada del juicio se avanzó con cuestiones preliminares y la presentación de las pruebas que serán analizadas por el tribunal.

Se espera que en las próximas audiencias declaren testigos y personal de los organismos que participaron del procedimiento realizado en la frontera. La causa tuvo una fuerte repercusión política debido a que Kueider ocupaba una banca en el Senado de la Nación al momento de su detención.

El episodio derivó posteriormente en decisiones institucionales y en un intenso debate sobre la situación del entonces legislador.

De acuerdo a la legislación paraguaya, en caso de ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión y otras sanciones previstas para este tipo de delitos económicos.

El juicio continuará en los próximos días con la incorporación de nuevas pruebas y testimonios, tras lo cual el Tribunal deberá determinar la responsabilidad de los imputados en los hechos investigados.

𝗟𝗔𝗦 𝗖𝗔𝗨𝗦𝗔𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗜𝗠𝗣𝗨𝗧𝗔𝗡 𝗔 𝗞𝗨𝗘𝗜𝗗𝗘𝗥 𝗘𝗡 𝗔𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧𝗜𝗡𝗔

Los principales cargos que pesan sobre Kueider en Argentina por hecho cometidos entre los años 2017 al 2023 gestados mientras era Jefe de Gabinete provincial del exGobernador kirchnerista Gustavo Bordet son:

Enriquecimiento ilícito.

Lavado de activos.

Cohecho y tráfico de influencias.

Negociaciones incompatibles con la función pública.

Incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Concordia: reabren causa por abuso sexual contra una inspectora municipal

6 junio, 2026 por Redacción

La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el sobreseimiento de un hombre acusado de abusar sexualmente de una inspectora municipal en Concordia.

La Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir una investigación contra un hombre acusado de haber abusado sexualmente de una inspectora municipal durante un procedimiento realizado en Concordia en noviembre de 2020, en plena vigencia de las restricciones sanitarias por la pandemia.

La Corte Suprema dejó sin efecto el sobreseimiento de un hombre imputado por un presunto abuso sexual ocurrido en Concordia y habilitó la continuidad de la investigación.

Según el expediente, durante la madrugada del 2 de noviembre de 2020 agentes municipales y policías acudieron a una vivienda de la calle Güemes tras denuncias por una presunta fiesta clandestina. Tras una primera visita sin respuesta, el personal volvió cuando se abrió la puerta para el ingreso de un repartidor de bebidas y las inspectoras notificaron a los ocupantes sobre las sanciones por violar las restricciones vigentes.

Mientras una de las agentes explicaba la situación a una mujer, un hombre la tomó por detrás, le introdujo la mano por debajo de la remera y le tocó los pechos, al tiempo que le dirigía insultos y groserías. Tras la intervención, el hombre y su acompañante ingresaron nuevamente a la vivienda y se negaron a salir sin orden judicial.

La inspectora denunció el hecho por abuso sexual simple contra Juan Katich. El imputado fue llamado a indagatoria y su defensa pidió el sobreseimiento; el planteo fue rechazado en primera instancia y confirmado por tribunales provinciales.

En marzo de 2025, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos declaró la nulidad de las actuaciones y consideró extinguida la potestad investigadora de la fiscalía por el vencimiento de los plazos procesales, lo que motivó el sobreseimiento del acusado.

La fiscalía interpuso un recurso extraordinario que admitió la Corte Suprema. El máximo tribunal recordó su doctrina previa y sostuvo que las provincias no pueden fijar plazos máximos de investigación ni crear causales de extinción de la acción penal ajenas al Código Penal de la Nación.

Con esa decisión la Corte dejó sin efecto el fallo provincial y habilitó la continuidad de la investigación por el presunto abuso denunciado por la inspectora municipal.

Contratos: ofrecieron evidencia sobre negocios inmobiliarios en Concordia y propusieron citar a Gustavo Bordet

6 junio, 2026 por Redacción

Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro ofrecieron la incorporación de un legajo investigado en Concordia, que contiene información sobre numerosos negocios inmobiliarios en esa localidad y propusieron citar, entre otros testigos, al exgobernador Gustavo Bordet. Este viernes pidieron la incorporación de esa documental y testimonios, como prueba de las “relaciones” entre imputados de la causa “contratos trucos” de la Legislatura. Citaron casi una treintena de escrituras realizadas ante dos escribanas que probarían la compraventa de inmuebles por parte de Hugo Mena y Flavia Beckman, ambos imputados en el legajo actual. Entre los compradores figura Bordet.

“La Fiscalía ofrece un expediente iniciado el 2 de julio de 2024, en Concordia. El legajo cuenta de dos cuerpos. Se inició a partir de una denuncia de Luis Ángel Sanabria, que aportó un correo electrónico entre el imputado Gustavo Hernán Pérez y la escribana Luján Orabona”, adelantó Aramberry. “El inicio del legajo lo dice todo. Nos parece sustancial en cuanto vuelve a acreditar relaciones entre los imputados, y da cuenta de operaciones inmobiliarias a través de personas que no son los verdaderos titulares de los inmuebles. El dinero sustraído era invertido en operaciones inmobiliarias. Operaciones de venta de un loteo, situado entre las calles Chajarí, San Lorenzo, Victorino Simón y Espejo. Cobra importancia a partir de una prueba agregada a la causa, y muestra un plan de cobertura. Este correo electrónico fue enviado el 5 de agosto de 2009”, agregó Yedro y leyó:

“Asunto: Datos del otro firmante por el tema lotes.-

Luján, buenos días:

Palito me pidió que te pase los datos de otra persona para que también aparezca como firmante en la operación por la compra del loteo, él me dijo que ya te llama para avisarte:

Nombre y apellido: Beckman, Flavia Marcela

Domicilio: Almeida N°— Paraná

DNI: ———

CUIT: —————–

Fecha de nacimiento: 07/12/1968

Estado civil. Divorciada.-

Saludos.

Gustavo Pérez”

Palito es Juan Domingo Orbona, jefe del Servicio Administrativo Contable del Senado y amigo del exgobernador Gustavo Bordet.

Los fiscales señalaron que la compraventa de loteos en Concordia, ocurre desde 2009 a 2015. “La gestión de documentación de esos lotes y terrenos se realizaba en la Escribanía de Luján Orabona. Son negociaciones que se llevaron en la Escribanía, los lotes se registraron con precios de 15 mil a 20 mil dólares. Las inversiones se realizaron en efectivo, en su mayoría, figuran como vendedores Hugo Mena y Flavia Beckman. Esto está cotejado con información de AFIP de Mena y Beckman, donde aparecen en su totalidad las compras. Aparecen también los nombres de las escribanas Lujan Orabona y María Dolores Mouliá”.

Los representantes del MPF aseguraron que la escribana Mouliá actuó en representación de Mena y Beckman, y que le entregaban dinero a la escribana Orabona. “Estas personas que ofrecemos como testigos vendrán a contar como eran las operaciones. Claramente, para la hipótesis de Fiscalía esto es importante, atento a lo que manifiesta Pérez sobre ‘Palito’. Es un legajo que inició con esa denuncia y, desde entonces, el fiscal recopiló información con testimonios y registros notariales, de la Propiedad Inmueble e información fiscal”, aseguraron.

Y posteriormente nombraron a los compradores de terrenos que comparecieron a la Fiscalía de Concordia. “Circunscribimos el número de ellos, a aquellos que surgen de la información oficial y acreditan lo reflejado en el legajo oficial”, acotaron y enumeraron:

“Pascucchielo, Marcelo Fernando

Benchoa Pablo Adrián

Matés Guillermo Alejandro

Barrios Enrique Horacio

Andrea Francolini

Silvio Palmerola

José Alberto Fornasari

María Ana Galli

María Josefina Paredes

Pedro Arturo Berbauwede

Carlos Raponi

Gustavo Bordet

Cristina Alfredo Lasco

Del Río Guillermo

Andrich Joaquín

Lafourcade María Paz

Lafourcade Celia Olga

Juan Bautista Pedroni

Luis Gini”.

Yedro y Aramberry dijeron también que pretenden incorporar planos, escrituras y otros documentos que constituyen el legajo realizado en Concordia por el fiscal José Arias. Y enumeraron 29 escrituras de compraventa:

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (2010). Transacción entre Mena y Benchoa.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (2010). Transacción entre Mena y Pasccuhielo.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (2010). Transacción entre Mena y Benchoa.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-6-2010). Transacción entre Mena y Matés.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-6-2010). Compraventa entre Mena y Ferreyra.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-6-2010). Transacción entre Mena a María Delfina

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (17-6-2010). Transacción entre Mena y Roque Ramos.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (17-6-2010). Transacción entre Mena y Guillermo Liberatori.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (17-6-2010). Transacción entre Mena y Silvio Palmerola.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (18-6-2010). Transacción entre Mena y Rogero.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (23-6-2010). Compraventa entre Mena y Fornasari.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (12-7-2010). Compraventa entre Mena y Ana Galli.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-7-2010). Compraventa entre Mena y Josefina Paredes.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (3-8-2010). Transacción entre Mena y Ramos María Laura.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (4-8-2010). Transacción entre Mena y Pedro Suare.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (13-8-2010). Transacción entre Mena y Bervaweder.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (23-8-2010). Transacción entre Mena y Paredes.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-9-2010). Transacción entre Mena y Raúl Horacio Devoto.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (28-10-2010). Transacción entre Mena a Gustavo Leonardeli.

Escritura de compraventa entre Mena y Mouliá (8-6-2011)

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (25-10-2010). Transacción entre Mena y Bordet.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (3-5-2013). Transacción entre Mena y Zulma Patricia Torres.

Escritura de compraventa entre Beckman y Guillermo del Río (12-8-2010).

Escritura de compraventa entre Beckman y Raponi (23-8-10).

Escritura de compraventa entre Beckman y Andrich (15-10-10).

Escritura de compraventa entre Beckman y Paz Laforucade (6-1-12).

Escritura de compraventa entre Beckman y Laforucade (6-1-12).

Escritura de compraventa entre Beckman y Lafourcade (4-1-15).

Escritura de compraventa entre Beckman y Franton (12-6-17).

Los fiscales sugirieron también que se incorporen recibos de dinero ante escribanas, y las testimoniales de Evelin Dalinger de Catastro de Municipalidad de Concordia; Ignacio del Valle, subsecretario Legal y Técnico de Municipalidad para que informe sobre obras de pavimentación, cordón-cuneta y otras mejoras en loteo de calles Espejo, Chajarí, Av. San Lorenzo y Victorino Simón. Se ofrecieron, además, folios reales del Registro de la Propiedad.

Oposición

A la incorporación de la prueba se opuso el defensor Leopoldo Lambruschini con tres argumentos: la prueba (legajo de Concordia) no guarda relación con el objeto procesal de la causa contratos que está en etapa de remisión a juicio; lo que pretende probar el MPF es “irrelevante” porque el delito de peculado no requiere la acreditación de uso del dinero sustraído; y por último dijo que hay un problema procesal de non bis in ídem porque “esta causa inicia con el doctor Arias. Pero la Justicia competente es la Federal bajo la calificación de lavado de activos. Si incorporamos esta prueba a este proceso, estamos asignando esa relevancia jurídica a estos hechos en este proceso. Eso implica avanzar sobre una materia sometida en otra jurisdicción, e impide en cuanto recepta doble condena y doble persecución”.

A su oposición adhirió el abogado José Velázquez y agregó que “la causa que se investigó en Concordia fue archivada”. Y adhirió Miguel Cullen.
Fiscalía de Estado desistió de un ofrecimiento.

Por último, el actor civil Tulio Kamlofsky ofreció realizar una pericia por parte del Tribunal de Cuentas (TdC). La idea era aportar un nuevo análisis que “determine los montos individuales de los contratos, el monto global, el origen y proveniencia de los montos para atender las contrataciones, que actualice sumas, que conecte información y establezca si existió perjuicio derivado de las contrataciones. Y de ser posible identifique a los responsables”.

Todos los defensores rechazaron el ofrecimiento, incluso la Fiscalía. Finalmente, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes que se presentó en la audiencia, desistió del ofrecimiento.

El ofrecimiento de prueba de la acusación pública se agotó este viernes. La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, tomará una decisión al final de la etapa sobre la propuesta de los fiscales, las oposiciones y las reservas de los defensores.

Desde el martes que viene, según lo previsto, será el momento de los abogados para pedir la incorporación de evidencia que sirve al ejercicio de las defensas.

Causa

En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.

La instancia de elevación a juicio comenzó en abril de 2025 y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Hugo González Elías, ambos representan a Jorge De Breuil. Miguel Cullen, por su parte, defiende a los imputados Gustavo Hernán Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.

De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.

A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.Fuente: Análisis Digital

ENTRE RÍOS Y EL PELIGROSO MENSAJE DE LOS JUICIOS ABREVIADOS EN CAUSAS DE CORRUPCIÓN

4 junio, 2026 por Redacción

En Entre Ríos, la llamada “Causa Contratos” dejó de ser solamente un expediente judicial. Hace tiempo se transformó en un símbolo. Un símbolo de cómo durante años el Estado pudo haber sido utilizado como una estructura de extracción de dinero público mientras la política miraba hacia otro lado, la Justicia avanzaba lentamente y gran parte de la sociedad asistía resignada a un espectáculo repetido: el de la impunidad administrada.

Lo más preocupante ya no es únicamente la magnitud del presunto desfalco. Lo verdaderamente alarmante es el mensaje institucional que podría quedar instalado si la mayor causa de corrupción de la provincia termina resolviéndose, en gran parte, mediante juicios abreviados y acuerdos que dejan afuera a actores clave del entramado político y económico.

El juicio abreviado, técnicamente, es una herramienta legal válida. Existe en el sistema penal argentino para acelerar procesos y evitar juicios extensos. Pero cuando se aplica de manera masiva en delitos de corrupción estructural, aparece inevitablemente una pregunta incómoda: ¿la Justicia busca llegar a la verdad completa o simplemente cerrar expedientes?

Porque el sentido común indica algo elemental: quien acepta un juicio abreviado reconoce responsabilidad penal. Entonces, si hubo reconocimiento del delito, ¿por qué la sensación social es que muchos “la sacan barata”?

En delitos comunes, el peso de la ley suele caer con rapidez sobre el ciudadano común. Pero cuando se trata de corrupción política, aparecen negociaciones, reducciones de pena, demoras interminables y estrategias defensivas destinadas no tanto a esclarecer los hechos sino a limitar daños patrimoniales y políticos.

Y allí emerge otro punto sensible de la causa: el intento de excluir del proceso a esposas o cónyuges de varios imputados. Una discusión que, más allá de los tecnicismos jurídicos, genera un enorme ruido social. Resulta difícil para gran parte de la ciudadanía creer que durante años circularan sumas millonarias, propiedades, movimientos económicos y estructuras de enriquecimiento sin que los entornos familiares conocieran absolutamente nada.

La sociedad entrerriana observa cómo se discute quién queda adentro y quién queda afuera del juicio mientras todavía persiste una pregunta central: ¿quiénes fueron realmente los beneficiarios finales del sistema?

Porque si la “Causa Contratos” fue —como sostienen investigadores y fiscales— una de las maniobras más grandes contra el erario público provincial, cuesta creer que semejante estructura pudiera funcionar sin cobertura política, administrativa y legislativa de alto nivel.

Y allí aparecen inevitablemente nombres pesados de la política entrerriana. Durante años gobernaron la provincia dirigentes con enorme concentración de poder político y control del aparato estatal. Resulta, cuanto menos, difícil imaginar que figuras de enorme centralidad institucional desconocieran completamente lo que ocurría en distintas áreas del Estado.

La discusión pública no pasa únicamente por determinar responsabilidades penales individuales. También gira alrededor de las responsabilidades políticas y morales de quienes condujeron la provincia mientras se desarrollaban estas maniobras.

El problema de fondo es que Entre Ríos parece atrapada en un modelo donde las causas de corrupción nunca terminan de llegar al corazón del poder. Siempre aparecen “fusibles”, intermediarios, operadores administrativos o figuras secundarias. Pero rara vez se avanza con la misma intensidad sobre quienes diseñaron, permitieron o protegieron los mecanismos estructurales de saqueo.

Y mientras tanto, el tiempo judicial corre a favor de los acusados.

La lentitud de la Justicia termina funcionando como otra forma de desgaste social. Los años pasan, los expedientes envejecen, la indignación pública se diluye y la sensación de impunidad crece. El ciudadano común termina convencido de que existen dos sistemas: uno duro y veloz para el vecino común y otro lento, negociable y flexible para la dirigencia política.

El caso del ex diputado provincial José Allende también dejó interrogantes abiertos. Primero aceptó un juicio abreviado y luego esa posibilidad retrocedió en medio de versiones, especulaciones y sospechas políticas jamás aclaradas del todo. Como suele ocurrir en Entre Ríos, abundan las versiones, los rumores y los comentarios de pasillo, pero escasean las explicaciones contundentes que devuelvan credibilidad institucional.

Lo más peligroso de todo esto no es solamente el daño económico provocado al Estado. Lo verdaderamente grave es el precedente cultural que queda instalado.

Si un funcionario observa que, después de años de investigación, demoras judiciales y negociaciones, las consecuencias reales terminan siendo relativamente leves, el mensaje implícito es devastador: la corrupción puede valer la pena.

Ese es el verdadero riesgo institucional que enfrenta Entre Ríos.

Porque cuando la sociedad deja de creer en la Justicia, cuando percibe que el poder político siempre encuentra mecanismos para protegerse, aparece el descreimiento democrático, la apatía social y el enojo ciudadano que luego termina canalizándose en extremos políticos o discursos antisistema.

La “Causa Contratos” todavía puede transformarse en un punto de inflexión histórico para la provincia. Pero para eso no alcanza con condenas parciales ni acuerdos procesales rápidos. La sociedad necesita saber quiénes fueron los responsables reales, cómo operó el sistema, quiénes se beneficiaron y hasta dónde llegaba la red de protección política.

De lo contrario, Entre Ríos corre el riesgo de confirmar una vez más la peor de las sospechas populares: que en la Argentina el poder nunca cae completo, apenas sacrifica algunas piezas para garantizar la supervivencia del sistema.

“No actuó solo”: la fuerte denuncia del padre de Agostina Vega que apunta a cómplices

3 junio, 2026 por Redacción

Gabriel Vega, el padre de la joven asesinada, rompió el silencio tras el hallazgo del cuerpo.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega dio un giro tras las recientes declaraciones de su padre, Gabriel Vega. En una rueda de prensa cargada de dolor, el hombre aseguró que el principal sospechoso, Claudio Barrelier, no habría perpetrado el crimen en soledad.

“Esta persona no actuó solo. Yo los voy a encontrar. Mi corazón me dice que tengo formas de encontrarlos“, sentenció el padre, quien también señaló como responsables a quienes habitaban la vivienda donde ocurrió el hecho.

Según adelantó la defensa de la familia, existen indicios de que más personas estarían implicadas, aunque los detalles se mantienen bajo sumario para no entorpecer las diligencias en curso.

El “amigo” que se convirtió en sospechoso

Uno de los puntos más impactantes del relato de Gabriel Vega es la relación previa que mantenían con el detenido. Barrelier era considerado un “amigo de la familia” de Melisa, la madre de la adolescente, y fue quien supuestamente facilitó un encuentro con un joven llamado Franco.

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega. *(La Voz)*

Debido a este vínculo de confianza, la familia no sospechó de él en los primeros momentos de la desaparición. “No sospechaba de Barrelier porque no sabía quién era realmente“, confesó Vega

El padre relató que, durante los días de búsqueda, Barrelier y una mujer de su entorno mantuvieron una coartada que buscaba desviar la atención. Según la querella, esta mujer “facilitaba y guiaba la conversación” para encubrir la situación mientras el padre intentaba obtener respuestas. Actualmente, se busca imputar a Soledad Andreani por encubrimiento.

Cronología de una búsqueda contrarreloj

La reconstrucción de los hechos revela cómo la investigación se centró inicialmente en una pista falsa. El domingo de la desaparición, alrededor de las 8 de la mañana, se tomó la denuncia y para las 10.20 la ayudante fiscal ya había activado el protocolo de búsqueda, redes sociales y paradero.

En esa primera instancia, la mira estaba puesta en Franco, un joven que la madre de Agostina había mencionado en la denuncia. Se realizaron entrevistas a amigas de la menor y se constató el domicilio de este sospechoso

Sin embargo, Franco había estado detenido y recuperó su libertad recién la madrugada del domingo, lo que complicaba la hipótesis inicial.

El lunes, la investigación dio un vuelco tras la declaración de un remisero que aseguró haber llevado a Agostina al barrio Cofico. Finalmente, el martes, el foco se puso directamente sobre Barrelier. Fue entonces cuando la fiscalía ordenó 14 allanamientos simultáneos en los domicilios de sus allegados.

El pedido de cese a la revictimización por parte del padre de Agostina

Gabriel Vega fue tajante al pedir respeto por la memoria de su hija. “Basta de juzgar. Basta de revictimizar. No hablemos más de la intimidad de Agostina“, expresó, criticando a ciertos sectores por difundir fotos o rumores sobre un supuesto embarazo

Según la abogada de la familia, las decisiones personales de la joven no la definen y nada justifica el horror vivido. Asimismo, la familia pidió que el caso no sea utilizado políticamente. “Ningún político se arremangó los pantalones para ir a buscarla“, denunció la abogada, aclarando que no pertenecen a ninguna facción partidaria.

El rol de la justicia y el estado de la causa

A pesar del trágico desenlace, la familia Vega destacó el trabajo del fiscal Raúl Garzón, quien asumió el compromiso de encontrar a la joven . No obstante, Gabriel Vega lanzó duros reproches contra el fiscal anterior, Iván Rodríguez, a quien acusó de no haber actuado correctamente ante una imputación previa por privación ilegítima de la libertad.

El cierre de esta etapa deja una advertencia clara del padre de la víctima: “No voy a descansar hasta que todos terminen presos“. La investigación continúa bajo estricto sumario, con la expectativa de que en los próximos días se produzcan nuevas detenciones vinculadas al entorno del principal acusado.

Intentan dejar fuera de la causa los datos patrimoniales de las esposas

5 junio, 20263 junio, 2026 por Redacción

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El debate en torno a la “Causa Contratos” sumó un nuevo e intenso capítulo. Durante la continuidad de la audiencia de remisión a juicio, el Ministerio Público Fiscal y los abogados defensores expusieron marcadas divergencias ante la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, respecto a la incorporación de pruebas clave que involucran los movimientos financieros y patrimoniales de personas no imputadas, específicamente las esposas de varios de los principales acusados.

Mientras los fiscales buscan consolidar la hipótesis de una organización delictiva que sustrajo sumas millonarias de las arcas del Estado entrerriano, las defensas argumentan que se trata de información “impertinente” y “sobreabundante”.

Los representantes de la Fiscalía fundamentaron la necesidad de admitir como evidencia los informes remitidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), registros de inmuebles y automotores de la provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), además de documentación de diversas entidades bancarias (Banco Nación, HSBC, Hipotecario, Santander, Banco Provincia y Credicoop).

De acuerdo al planteo acusatorio, esta masa documental resulta indispensable para:

Determinar con precisión el estado patrimonial de los imputados.

Trazar operaciones de compraventa de bienes muebles e inmuebles, transacciones en moneda extranjera y movimientos bancarios.

Detectar la participación de los acusados —y sus entornos íntimos— en fideicomisos inmobiliarios comerciales.

Los fiscales rechazaron las impugnaciones defensivas al sostener que estas pruebas permiten visibilizar vínculos que van más allá de las relaciones de pareja vigentes al momento de los hechos. En esa línea, argumentaron que se detectaron estructuras de fideicomisos donde confluyen no solo múltiples imputados, sino también sus respectivas cónyuges.

Por su parte, los abogados defensores articularon un rechazo general y particular a la inclusión de estas pruebas. Sostuvieron que gran parte de los datos se centran en mujeres que actualmente no están imputadas, algunas que fueron desvinculadas formalmente en los inicios de la investigación, personas sin relación directa con la maniobra o que resultaron beneficiadas con la Suspensión del Juicio a Prueba (Probation).

𝗘𝗟 𝗗𝗘𝗕𝗔𝗧𝗘 𝗧𝗘́𝗖𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗦𝗨𝗠𝗢́ 𝗥𝗜𝗕𝗘𝗧𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗔𝗦 𝗨́𝗟𝗧𝗜𝗠𝗔𝗦 𝗛𝗢𝗥𝗔𝗦:

Planteo por Violencia de Género: El letrado que asumió recientemente la defensa de Jorge De Breuil argumentó que la exposición y el escrutinio de los datos financieros de la esposa de su cliente —quien fue investigada al inicio del proceso y luego apartada— configuraría un supuesto de violencia de género.

Cuentas Sueldo y Movimientos Cotidianos: Las defensas cuestionaron severamente el análisis fiscal sobre cuentas sueldo y cuentas compartidas de los matrimonios. Señalaron que los movimientos de fondos son habituales e instaron a la Fiscalía a precisar cuáles transacciones específicas revisten carácter “irregular” para sustentar la acusación.

Otro de los puntos de fricción durante la jornada fue la solicitud del Ministerio Público de incorporar documentación extraída de la investigación por presunto Enriquecimiento Ilícito que se le sigue al exgobernador Sergio Urribarri. El objetivo de Fiscalía es demostrar que uno de los imputados en la causa de los contratos legislativos figura allí como presunto testaferro de una propiedad de alto valor económico.

En cuanto a la situación procesal de los imputados, se mencionó al concordiense Juan Domingo Orabona. Su abogado defensor, Leopoldo Lambruschini, solicitó formalmente ausentarse de los tramos restantes de la audiencia de remisión tras manifestar que no formulará oposiciones a la evidencia presentada por los fiscales. No obstante, la magistrada Barbagelata notificó que el letrado será convocado de manera obligatoria cuando se traten elementos probatorios que aludan directamente a su defendido.

La resolución definitiva sobre la admisibilidad de todo este caudal probatorio quedó diferida. La jueza de Garantías dictaminará de manera integral sobre las impugnaciones al concluir formalmente la audiencia de remisión a juicio.

Fuente: APF Digital

Juampi Aguilera: condenado por corrupción, cuñado de Urribarri, exSecretario de la Legislatura ER gozando en un Jacuzzi junto a su esposa –

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Mauro Urribarri -exSecretario de la legislatura, al igual que su tío Aguilera, gozando las bondades de la vida de multimillonario inexplicable, en “Resort Altos de Arapey” -R.O.U.- junto a su esposa.

EN MEDIOS NACIONALES: El lujoso imperio oculto en Entre Ríos que acorrala a Gustavo Bordet en la Justicia

3 junio, 20262 junio, 2026 por Redacción

Casas en countries termales declaradas a precio de ganga, sospechosos fideicomisos “de pozo”, misteriosas sociedades offshore y una frenética agenda de vuelos chárter privados al exterior configuran la investigación por enriquecimiento ilícito que desarma el relato del dos veces gobernador de Entre Ríos.

El patrimonio del actual diputado nacional por Entre Ríos y dos veces gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, se encuentra bajo una severa y detallada lupa judicial.

Lo que comenzó como una denuncia impulsada por un particular en el inicio de 2024, tras la publicación de sus bienes al asumir su banca legislativa en diciembre de 2023, ha escalado hasta convertirse en una investigación penal formal por presunto enriquecimiento ilícito.

El proceso, capitaneado por el fiscal de Concordia, José Arias, desnuda una profunda brecha entre los valores fiscales que el exmandatario consignó en sus declaraciones juradas y los costos reales de mercado del sector inmobiliario, de la construcción y de un nivel de vida de alta gama que no condice con sus ingresos declarados.

La tensión institucional alcanzó su punto más álgido recientemente, a inicios de mayo de 2026, cuando la Justicia y la Policía de Entre Ríos ejecutaron una serie de procedimientos de constatación en las propiedades del exgobernador en la ciudad de Concordia (incluyendo su residencia habitual de la calle Urquiza y una lujosa casa de campo en un country termal), sumado a un operativo previo en el domicilio de su hija en Paraná.

Aunque Bordet y su esposa, la diputada provincial Mariel Ávila, optaron por no refugiarse en sus fueros legislativos y entregaron sus teléfonos celulares de forma voluntaria, los datos que sustentan las sospechas de la fiscalía exigen un minucioso análisis crítico sobre la transparencia de la máxima autoridad entrerriana durante la última década.

Las inconsistencias en el valor de la tierra

El corazón de la acusación judicial radica en la presunta subvaluación sistemática de bienes raíces. La fiscalía ha contrastado los documentos presentados ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción con testimonios de corredores inmobiliarios y compradores de la zona, detectando desfasajes económicos difíciles de justificar mediante la simple devaluación monetaria.

Uno de los puntos más cuestionados se remonta a julio de 2011, cuando Bordet, desempeñándose como intendente de Concordia, adquirió un terreno de 500 metros cuadrados en el Loteo Mena y Beckman.

En su presentación formal, el exgobernador declaró haber abonado un valor equivalente a 12,40 dólares por metro cuadrado (unos 25 mil pesos de la época por un total de 483 metros cuadrados).

Sin embargo, la investigación judicial corroboró que el precio mínimo de base en dicho loteo promediaba los 48 dólares por metro cuadrado, llegando a superar los 65 dólares en parcelas idénticas.

Para la fiscalía, la declaración de Bordet colisiona de frente con la realidad del mercado: un testigo civil que adquirió un lote lindero de las mismas características declaró ante la justicia haber pagado 32 mil dólares, exponiendo una maniobra para ocultar el verdadero flujo de divisas.

Esta metodología de tasación sospechosamente baja se habría repetido años más tarde en complejos de alta gama. En el exclusivo barrio cerrado Village Termal, un loteo residencial con acceso directo a aguas termales en Concordia, los terrenos de entre 850 y 1300 metros cuadrados se comercializaban a un valor de mercado de entre 60 y 80 dólares el metro cuadrado.

Bordet declaró que por el Lote 2 de ese predio, adquirido en el año 2021 y con una extensión de 1.183 metros cuadrados, pagó la suma de 7500 dólares (un promedio de 6,35 dólares por metro cuadrado).

El Ministerio Público Fiscal calificó esta cifra en sus dictámenes de mayo de 2026 como “francamente irreal”, señalando que el valor real de mercado de los dos lotes acumulados por el legislador en ese country termal se aproxima en la actualidad a los 200 mil dólares.

El costo oculto del metro cuadrado construido

La sospecha de enriquecimiento ilícito no se detiene en la adquisición del suelo, sino que se agrava de forma exponencial al auditar las mejoras y las construcciones edilicias.

El caso paradigmático dentro del expediente judicial es la edificación de la finca de campo o “quinta” de la familia Bordet en el Village Termal, una estructura que cuenta con una superficie cubierta de 409,18 metros cuadrados.

Al sumar el valor de los terrenos y las obras efectuadas en el lugar, el diputado nacional declaró una inversión total consolidada de poco más de 4 millones de pesos.

Sin embargo, los peritajes y las consultas técnicas arrojaron un escenario completamente distinto. De acuerdo con los índices oficiales provistos por el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, el costo mínimo de construcción para una vivienda de categoría tipo “country” a enero de 2019 se ubicaba en 38.844 pesos por metro cuadrado.

Al multiplicar este parámetro básico por las dimensiones reales de la propiedad, la fiscalía determinó una brecha del 330 por ciento entre el monto blanqueado ante el fisco y el costo oculto de la edificación, configurando lo que el fiscal Arias define como una maniobra patente de subvaluación para encubrir la inyección de fondos de origen desconocido.

El mismo patrón de desvíos porcentuales se observa en las inversiones inmobiliarias denominadas “de pozo” en la localidad de Concordia. Respecto al Edificio San Juan, Bordet declaró un desembolso inicial de 22.688 dólares; no obstante, la justicia citó a declarar al arquitecto responsable de la obra, quien ratificó que el costo real final por las dimensiones adquiridas fue de 29.511 dólares (lo que representa un 30 por ciento de valor no declarado).

En tanto, en el Edificio Catamarca, el exgobernador notificó ante la AFIP una inversión de 83.051 pesos (equivalentes a 26.373 dólares de ese momento), pero el cruzamiento de datos bancarios permitió el secuestro de los recibos reales de sus aportes al fideicomiso, los cuales sumaban 105.624 pesos (33.542 dólares), dejando al descubierto otra diferencia neta del 35 por ciento que omitió informar a los organismos de control.

Destinos VIP: vuelos chárter, destinos de lujo y gastos millonarios

Más allá de los ladrillos y la tierra, la justicia entrerriana avanza con paso firme sobre un flanco que expone de forma brutal las contradicciones de la retórica oficial: la frenética agenda de viajes al exterior realizados por Gustavo Bordet y su entorno íntimo.

La fiscalía ha logrado consolidar un pormenorizado registro migratorio que expone decenas de salidas del país orientadas hacia destinos paradisíacos de Europa, el Caribe, Estados Unidos y cruces recurrentes a la República Oriental del Uruguay, acumulando estadías que superan de forma holgada los seis meses fuera de la Argentina.

Lo que verdaderamente encendió las alarmas de los investigadores es la modalidad de contratación de estos traslados y el origen de los fondos para costearlos. El expediente penal bajo la lupa del fiscal José Arias detalla la utilización sistemática de vuelos privados y servicios de chárter VIP para los traslados de la familia del exmandatario.

Estos vuelos especiales, cuyos costos operativos se tasan en miles de dólares por hora de vuelo y exigen pagos al contado o transferencias desde cuentas de alta gama, contrastan de forma flagrante con los ingresos consolidados que un funcionario público percibe en la administración del Estado.

Para la justicia, el flujo de dinero invertido en estas travesías aéreas exclusivas delinea la existencia de un patrimonio en las sombras que nunca pasó por los registros de los organismos de control.

La opulencia de estos periplos internacionales no solo se limitó al transporte, sino al astronómico nivel de vida desplegado en destino. Hospedajes en cadenas hoteleras de cinco estrellas, consumos suntuosos y compras de bienes de lujo configuran un cuadro de gastos millonarios en moneda extranjera.

Al intentar justificar estos movimientos bajo el amparo de servicios financieros, la defensa técnica del exgobernador sufrió un duro revés.

La firma American Express remitió un informe oficial a la causa penal negando de forma tajante la existencia de tarjetas de crédito emitidas a nivel local a nombre de Gustavo Bordet.

El dictamen fiscal de mayo de 2026 infiere textualmente que semejante nivel de gasto solo pudo sostenerse mediante el uso de cuentas y plásticos emitidos por personas jurídicas en el extranjero, robusteciendo la hipótesis penal de que el diputado opera como beneficiario final de sociedades comerciales “offshore” radicadas fuera del país para canalizar fondos de origen ilícito.

La defensa oficial y el contraataque político

Frente al avance de las pericias de la fiscalía y el impacto público de los operativos policiales en sus propiedades de Concordia, Gustavo Bordet ha ensayado una estrategia defensiva bifronte, combinando argumentos técnicos de ajuste contable con denuncias de persecución política.

El ex gobernador insiste en que no posee bienes en el exterior, que carece de vinculación con sociedades irregulares y que toda la evolución de su patrimonio fue debidamente reportada a través de las declaraciones juradas resguardadas en la Contaduría General de la Provincia, cuya apertura solicitó de manera espontánea.

La narrativa de Bordet y su entorno técnico argumenta que las diferencias detectadas por el fiscal José Arias obedecen a distorsiones propias de los procesos inflacionarios del país y a los criterios técnicos de valuación fiscal versus valores de mercado.

Asimismo, como justificación de parte de sus ingresos, el legislador presentó documentación referida a una operación comercial efectuada por su hija, Florencia Bordet, quien el 31 de octubre de 2019 vendió un departamento de 33 metros cuadrados ubicado en la calle España al 1700, en la ciudad de Rosario, por un monto de 65 mil dólares; fondos que, según la defensa, sirvieron para apalancar inversiones familiares.

En el plano institucional, la estrategia de Bordet se ha centrado en desacreditar la imparcialidad del fiscal de la causa. El ex mandatario apuntó con duras críticas hacia Arias, señalando que el funcionario judicial arrastra antecedentes de apartamiento por falta de objetividad en causas de corrupción que involucran a otros dirigentes de la provincia de Entre Ríos.

Según el descargo público del diputado, la causa penal (que ya lleva más de dos años de tramitación) carece de elementos probatorios reales y busca estirar los tiempos procesales con el único fin de infligir un castigo mediático y erosionar su capital político en el armado opositor nacional.

Frigerio destacó el accionar policial en el operativo de secuestro de casi 261 kilos de cocaína en Feliciano

2 junio, 20262 junio, 2026 por Redacción

En uno de los procedimientos más importantes contra el narcotráfico en Entre Ríos, la Policía provincial secuestró 260,87 kilos de cocaína de máxima pureza tras un operativo realizado en el departamento Feliciano. El gobernador Rogelio Frigerio destacó el accionar policial, el fortalecimiento de los controles en la frontera norte y la inversión en equipamiento y tecnología para la fuerza, así como el trabajo conjunto con la Justicia.

El mandatario encabezó una rueda de prensa y destacó que se trata de uno de los procedimientos de incautación terrestre de drogas más importantes en la historia de la provincia, señalando que los 250 paquetes de cocaína secuestrados representan un valor de mercado superior a los 10 millones de euros.

Junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, la jueza federal Analía Graciela Ramponi, y el jefe de Policía, Claudio González; el mandatario resaltó el “valor, el coraje y el profesionalismo” de la Policía de Entre Ríos, a la cual calificó como la mejor del país, y subrayó el impacto social de la tarea al afirmar que estos estupefacientes “ya no van a llegar a ningún hogar” entrerriano. Envió también un mensaje contundente a las organizaciones criminales, asegurando que en la provincia no tendrán cabida. “Los vamos a atrapar y los vamos a meter en la cárcel”, subrayó.

Atribuyó este logro a una estrategia de control fronterizo impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, que permitió identificar y vigilar 10 puntos críticos del territorio, incluyendo la ruta 28, logrando una presencia territorial sin precedentes. Asimismo, enfatizó que el éxito del procedimiento es el resultado del “trabajo permanente en equipo” con la Justicia Federal. Finalmente remarcó que, para sostener esta lucha contra el crimen organizado, su gestión viene realizando una fuerte inversión en equipamiento, dotando a la fuerza de “armas, chalecos antibalas, movilidad, conectividad y capacitación técnica constante”.

Fronteras controladas

El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, destacó la premisa de “tener las fronteras de Entre Ríos controladas” y la labor de los policías que intervinieron en el procedimiento, a quienes les otorgaron un reconocimiento. Sostuvo que es importante reconocer “el gran trabajo que hicieron estos dos policías en favor de nuestra sociedad”. Informó que desde 2023 se realizaron más de 2.700 procedimientos por narcomenudeo y 29 por narcotráfico, con más de 5.300 personas detenidas y el secuestro de importantes volúmenes de droga, dinero y logística vinculada al delito.

Por su parte, la jueza federal de Concordia, Analía Graciela Ramponi, prefirió mantener reserva sobre los pormenores de la causa debido a que “todo es materia de investigación”. Confirmó que ya se ordenaron numerosas medidas probatorias, incluyendo allanamientos en Corrientes y Rosario, vinculados al domicilio del detenido Fiordelino. De esta forma, se incautaron armas, balanzas de precisión, más estupefacientes, documentación de interés, cerca de 1,5 millones de pesos y se concretó una nueva detención.

De la rueda de prensa también participaron la senadora del departamento Feliciano, Gladys Domínguez, y la diputada María Elena Romero.

Después de 11 años, el Club Atlético Puerto Yeruá recuperó su Personería Jurídica y vuelve a soñar en grande

2 junio, 2026 por Redacción

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En tiempos donde muchas instituciones luchan por sobrevivir, el Club Atlético Puerto Yeruá acaba de concretar una noticia que emociona a toda la comunidad: después de 11 años de espera, la institución volvió a contar oficialmente con su Personería Jurídica.

Detrás de este importante logro hubo meses de trabajo silencioso, gestiones administrativas, reuniones, trámites y una enorme dosis de perseverancia. La recuperación de esta herramienta legal no solo representa un avance institucional, sino también una nueva esperanza para el crecimiento deportivo y social del club.

El proceso fue impulsado íntegramente por un grupo de personas comprometidas con el presente y el futuro de la institución. Desde la redacción del estatuto social hasta cada una de las gestiones necesarias ante organismos provinciales, el camino fue largo, pero finalmente dio sus frutos.

Quien encabezó este trabajo destacó especialmente el acompañamiento de Valeria Wehren y de Leonardo Girard, definido como “un compañero incansable durante cada etapa de este camino”.

Además, hubo un reconocimiento especial para el Director General de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de Entre Ríos, Dr. Rodrigo José Luti Guerrero, y para el Secretario de Justicia de la provincia, Julián Maneiro, por la predisposición, el asesoramiento y el acompañamiento brindado para que el trámite pudiera concretarse.

También se agradeció el aporte profesional del Dr. Ignacio Cabrera y el apoyo político e institucional del diputado provincial y presidente de LLAER, Roque Fleitas, quienes colaboraron para que el proyecto avanzara.

Pero más allá de los nombres propios, el verdadero valor de esta noticia está en lo que representa para Puerto Yeruá. La Personería Jurídica permitirá al club acceder a programas, gestionar recursos, firmar convenios y proyectar nuevas obras y actividades para niños, jóvenes y familias de la localidad.

“Este logro no pertenece a una sola persona, sino a todos quienes creyeron en este sueño y trabajaron para hacerlo realidad”, señalaron desde la institución.

En una comunidad donde los clubes siguen siendo espacios de contención, identidad y encuentro, la recuperación institucional del Club Atlético Puerto Yeruá se vive como mucho más que un trámite administrativo: es la recuperación de una herramienta fundamental para seguir construyendo futuro.

Porque cuando hay compromiso, trabajo en equipo y amor por las instituciones, los sueños dejan de ser promesas y empiezan a convertirse en realidad.

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Se postergó el juicio contra el exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con US$200.000 sin declarar

1 junio, 2026 por Redacción

La Justicia aplazó al 9 de junio el inicio del proceso. Kueider y su novia fueron arrestados en diciembre de 2024 luego de un intento de entrada al país vecino con una mochila llena de dinero desde Brasil.

Luego de más de un año y tres meses con prisión domiciliaria en Asunción, el exsenador nacionalEdgardo Kueider debía empezar a ser sometido a juicio hoy en Paraguay junto a su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel, por los delitos de contrabando en grado de tentativa. Sin embargo, la audiencia se postergó.

El Tribunal de Sentencia Especializado en delitos económicos a cargo de los jueces Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planás, aplazó el inicio del proceso al próximo martes 9 de junio.

El exsenador entrerriano y su pareja enfrentan acusaciones de contrabando en grado de tentativa por haber intentado cruzar el Puente Internacional de la Amistad -que une Brasil con Paraguay- con poco más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de 4 millones de pesos argentinos sin declarar en una mochila. Los hechos sucedieron en la madrugada del 4 de diciembre de 2024.

Desde entonces, Kueider y Guinsel cumplieron arresto domiciliario, primero en un lujoso complejo en el centro de Asunción, luego en un dúplex y finalmente en un departamento en un edificio periférico de alta gama.

Tras su detención, el exsenador peronista ratificó en varias oportunidades su inocencia con el argumento de que los fondos no le pertenecían. “No son míos, ni siquiera son de mi acompañante. Son de operaciones que ella estaba haciendo en Paraguay, de intermediación. Entramos y salimos de Paraguay esa noche. Eso está declarado”, sostuvo el año pasado en declaraciones radiales.

En caso de ser declarado culpable, Kueider enfrenta una pena de dos años y medio de prisión. Sin embargo, para el cómputo de la condena se considerará el año y medio que ya cumplió con prisión domiciliaria.

Originalmente, el juicio iba a celebrarse el 24 de noviembre pasado, pero la fecha se reprogramó para el 20 de abril de este año. La cita volvió a postergarse a pedido de la Fiscalía, debido a la extensión de otro juicio que se llevaba a cabo en paralelo. Ahora tuvo una nueva postergación, hasta el próximo martes.

Las causas que enfrenta en la Argentina y el pedido de extradición

Mientras la Justicia de Paraguay avanzaba en la causa contra Kueider, el exsenador protagoniza otros dos procesos judiciales en la Argentina por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Uno tramita en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos, y otro en los Tribunales Federales de San Isidro, por lo que la Corte Suprema debe definir cuál se quedará con la investigación.

En ese contexto, la titular del Juzgado Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y elevó a juicio la causa contra los presuntos miembros de una asociación ilícita encabezada por el exsenador.

El exlegislador está imputado en ese proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos.

De acuerdo a la investigación de Arroyo Salgado, el exlegislador utilizó estructuras societarias para adquirir bienes de lujo que no coincidirían con sus ingresos declarados. En ese contexto, la magistrada solicitó al Senado el desafuero de Kueider, una medida que fue aprobada con 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención.

En Paraguay, la Fiscalía dio el visto bueno para que el exsenador sea extraditado, pero puso como condición que antes se complete el proceso por contrabando en su país.