La Justicia aplazó al 9 de junio el inicio del proceso. Kueider y su novia fueron arrestados en diciembre de 2024 luego de un intento de entrada al país vecino con una mochila llena de dinero desde Brasil.
Luego de más de un año y tres meses con prisión domiciliaria en Asunción, el exsenador nacionalEdgardo Kueider debía empezar a ser sometido a juicio hoy en Paraguay junto a su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel, por los delitos de contrabando en grado de tentativa. Sin embargo, la audiencia se postergó.
El Tribunal de Sentencia Especializado en delitos económicos a cargo de los jueces Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planás, aplazó el inicio del proceso al próximo martes 9 de junio.
El exsenador entrerriano y su pareja enfrentan acusaciones de contrabando en grado de tentativa por haber intentado cruzar el Puente Internacional de la Amistad -que une Brasil con Paraguay- con poco más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de 4 millones de pesos argentinos sin declarar en una mochila. Los hechos sucedieron en la madrugada del 4 de diciembre de 2024.
Desde entonces, Kueider y Guinsel cumplieron arresto domiciliario, primero en un lujoso complejo en el centro de Asunción, luego en un dúplex y finalmente en un departamento en un edificio periférico de alta gama.
Tras su detención, el exsenador peronista ratificó en varias oportunidades su inocencia con el argumento de que los fondos no le pertenecían. “No son míos, ni siquiera son de mi acompañante. Son de operaciones que ella estaba haciendo en Paraguay, de intermediación. Entramos y salimos de Paraguay esa noche. Eso está declarado”, sostuvo el año pasado en declaraciones radiales.
En caso de ser declarado culpable, Kueider enfrenta una pena de dos años y medio de prisión. Sin embargo, para el cómputo de la condena se considerará el año y medio que ya cumplió con prisión domiciliaria.
Originalmente, el juicio iba a celebrarse el 24 de noviembre pasado, pero la fecha se reprogramó para el 20 de abril de este año. La cita volvió a postergarse a pedido de la Fiscalía, debido a la extensión de otro juicio que se llevaba a cabo en paralelo. Ahora tuvo una nueva postergación, hasta el próximo martes.
Las causas que enfrenta en la Argentina y el pedido de extradición
Mientras la Justicia de Paraguay avanzaba en la causa contra Kueider, el exsenador protagoniza otros dos procesos judiciales en la Argentina por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Uno tramita en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos, y otro en los Tribunales Federales de San Isidro, por lo que la Corte Suprema debe definir cuál se quedará con la investigación.
En ese contexto, la titular del Juzgado Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y elevó a juicio la causa contra los presuntos miembros de una asociación ilícita encabezada por el exsenador.
El exlegislador está imputado en ese proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos.
De acuerdo a la investigación de Arroyo Salgado, el exlegislador utilizó estructuras societarias para adquirir bienes de lujo que no coincidirían con sus ingresos declarados. En ese contexto, la magistrada solicitó al Senado el desafuero de Kueider, una medida que fue aprobada con 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención.
En Paraguay, la Fiscalía dio el visto bueno para que el exsenador sea extraditado, pero puso como condición que antes se complete el proceso por contrabando en su país.
La causa que amenaza con desnudar el mecanismo de recaudación política más grande de la historia entrerriana
La causa de contratos truchos en Entre Ríos se transformó en uno de los mayores escándalos de corrupción política de la historia provincial. La investigación judicial expone un presunto sistema de recaudación ilegal dentro de la Legislatura entrerriana mediante contratos, doble sueldo y desvío de fondos públicos.
Lo que durante años se intentó presentar como una maniobra aislada de empleados infieles hoy aparece, cada vez con más claridad, como un sistema estructural de extracción de fondos públicos diseñado desde las más altas esferas del poder legislativo provincial.
La causa conocida mediáticamente como “Contratos Truchos” —rebautizada ahora simplemente como “Contratos”, en un evidente intento por descomprimir la presión pública y el desgaste político— investiga el presunto desfalco de alrededor de 53 millones de dólares de las arcas públicas entrerrianas entre 2008 y 2018.
Pero el verdadero dato político y judicial es otro: los contratos existían, tenían firmas, expedientes, documentación respaldatoria y autorización institucional. La maniobra ilícita no consistía en inventar empleados fantasmas, sino en quedarse con gran parte del dinero que cobraban los contratados.
El mecanismo: porcentajes para la cúpula y reparto territorial del dinero
El modus operandi era brutalmente simple y, a la vez, sofisticado en su cobertura política.
Un alto porcentaje del presupuesto destinado a contratos terminaba en manos de las presidencias de ambas Cámaras legislativas. El resto se distribuía entre presidentes de bloque y operadores políticos, quienes luego asignaban recursos según el peso territorial, electoral o político de cada legislador.
No eran contratos “truchos”. Eran contratos utilizados como sistema de financiamiento político paralelo.
El dinero público circulaba bajo apariencia legal, pero terminaba regresando a manos de quienes controlaban el poder.
Lo que nadie puede creer: ¿las máximas autoridades no sabían?
Resulta prácticamente imposible sostener ante la sociedad que dirigentes del peso político de José Ángel Allende, Sergio Urribarri, Adán Bahl, Aldo Ballestena, José Lauritto o Laura Stratta desconocieran durante años semejante estructura de extracción sistemática de fondos públicos.
La hipótesis de que empleados menores “mexicanearon” a toda la dirigencia legislativa durante una década no resiste el menor análisis político ni administrativo.
Las firmas de las autoridades avalaban cada tramo del circuito.
Y mientras millones desaparecían, nadie veía nada.
Lauritto, Diez y el control absoluto del Senado
Uno de los puntos más sensibles del expediente gira alrededor del rol de Néstor Diez.
Cuando José Lauritto presidía el Senado provincial como vicegobernador, trasladó desde Concepción del Uruguay a Diez para ubicarlo como subdirector administrativo. Su función real habría sido mucho más profunda: controlar internamente el funcionamiento administrativo y monitorear incluso al propio director del área, Juan Domingo Orabona.
La lectura política es contundente: nada de lo que ocurriera en el Senado podía escapar al conocimiento de Lauritto. Mucho menos la desaparición de enormes porcentajes del presupuesto legislativo.
El caso Otegui: de administrar contratos a auditarlos
Si el caso Diez genera sospechas, el recorrido de José María Otegui directamente enciende todas las alarmas institucionales.
Durante la gestión de María Laura Stratta en el Senado, Otegui fue designado director administrativo, es decir, uno de los responsables centrales del manejo de contrataciones y gastos.
Pero al finalizar el mandato de Stratta, Otegui fue trasladado estratégicamente a la Fiscalía Nº 6 del Tribunal de Cuentas, precisamente el organismo encargado de auditar esas mismas contrataciones legislativas.
El hombre que administró los contratos pasó a controlar la auditoría de sus propios actos administrativos.
Una jugada política y burocrática casi perfecta.
También una señal extremadamente grave sobre el nivel de blindaje interno que existía alrededor del sistema.
Denuncias previas, causas dormidas y una Justicia que miró hacia otro lado
El escándalo no nació en 2018.
Ya entre 2015 y 2017 existían denuncias de contratados a quienes les retenían hasta el 80 % de sus haberes.
Sin embargo, aquellas investigaciones jamás avanzaron.
Las causas se diluyeron. Los tiempos judiciales prescribieron. Y la sensación que recorría los pasillos judiciales era siempre la misma: “si esto avanza, caen todos”.
Enriquecimiento ilícito: la pregunta que nadie quiere responder
Mientras la Fiscalía avanza sobre el desvío de fondos públicos, permanece prácticamente desconectada otra pregunta inevitable: ¿de dónde salió el dinero que permitió el crecimiento patrimonial de varios exfuncionarios legislativos?
Las causas por enriquecimiento ilícito que involucran a figuras como José Allende, Sergio Urribarri, Aldo Ballestena o Hernán Vitullo aparecen como expedientes paralelos que, misteriosamente, no terminan de cruzarse con la investigación principal.
La contradicción es enorme: los mismos fiscales que investigan el saqueo legislativo parecen evitar unir ambas historias.
El antecedente que anticipó el escándalo
En septiembre de 2018, el exempleado legislativo Carlos Cozzi denunció que le retenían el 70 % de su sueldo mientras trabajaba en la oficina del entonces diputado Ricardo Troncoso.
Días después, la Policía detectó movimientos sospechosos en cajeros automáticos del Nuevo Banco de Entre Ríos, sobre Avenida Ramírez y Don Bosco, en Paraná.
Allí fueron sorprendidos Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y otras personas utilizando múltiples tarjetas de débito ajenas para retirar dinero de cuentas vinculadas a contrataciones legislativas.
Ese episodio terminó convirtiéndose en el disparador público de la causa.
Los 770 contratos bajo sospecha y las 256 personas con doble contrato
La investigación actual ya expuso más de 770 contratos observados por la Justicia y posteriormente anulados en el ámbito legislativo durante la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.
Pero existe un dato todavía más explosivo: al menos 256 personas cobraban simultáneamente en el Senado y en Diputados.
La lista completa de nombres revela una impresionante red de apellidos vinculados históricamente al poder político entrerriano.
El juicio que podría sacudir a toda la dirigencia entrerriana
Actualmente el proceso avanza con 18 imputados, luego de acuerdos de probation otorgados a otros doce acusados.
La Fiscalía ya presentó una extensa lista de testigos para el futuro juicio oral y público.
Entre los nombres convocados aparecen exvicegobernadores, exsenadores nacionales, autoridades contables, exsecretarios legislativos, directivos bancarios y funcionarios de organismos provinciales y nacionales.
Todo indica que el juicio podría convertirse en una radiografía completa del sistema político entrerriano de los últimos veinte años.
La nómina que compromete a la estructura política
Listado de las personas que aparecen repetidas en ambas Cámaras (HSER y HCDER). Doble contrato. Doble sueldo.
Son 256 personas en total las que aparecen repetidas en el listado.
El Ministro de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Manuel Troncoso, fue entrevistado este lunes , en un programa radial de Concordia. El conflicto en Granja Tres Arroyos, los alcances de la reforma previsional, las PASO y el desdoblamiento de las elecciones en 2027, el escenario político particular de Concordia junto a algunas recomendaciones para la gestión de Francisco Azcué, más un adelanto de lo que será el programa de empleo joven “Entrenados”, fueron ejes del diálogo.
Troncoso valoró la gestión de Francisco Azcué en Concordia, porque –dijo- ha realizado “transformaciones muy importantes” en la ciudad. En ese contexto, calificó como “legítimo y loable” que busque la reelección.
Pero a renglón seguido, el ministro y dirigente del MID no se privó de transmitir algunas sugerencias al intendente. Explícitamente, le recomendó “humildad” para reconstruir el frente político que lo llevó al poder en 2023.
Según el ministro, se requiere “humildad desde la municipalidad” para que todos los sectores se sientan escuchados y se sientan parte del proyecto municipal, porque “el proyecto colectivo es superior a las individualidades”, remarcó.
Troncoso consideró fundamental ir a buscar a aquellos que se hayan alejado por enojos o rencores, para que vuelvan a sentirse parte del proyecto municipal.
La Reforma previsional y la preocupación de los jueces
Ante una consulta específica respecto de futuros planteos de inconstitucionalidad de la reforma previsional en caso de ser aprobada, el Ministro Manuel Troncoso admitió que el Poder Judicial debería recurrir a conjueces, considerando que los magistrados titulares son aportantes a la Caja de Jubilaciones, por lo que tienen un interés directo en la cuestión.
Según Manuel Troncoso, el proyecto de reforma que hoy se debate en el Senado se basa en tres ejes fundamentales que garantizan su constitucionalidad: El 82% móvil, que –dijo- “se mantiene intacto como carácter fundamental del sistema”; la Soberanía de la Caja de Jubilaciones, expresada en la autonomía de la institución y la “solidaridad del sistema”, que según Troncoso está preservado.
El ministro aseguró que el proyecto es fruto de un consenso con la mayoría de los gremios, quienes coincidieron en el diagnóstico de crisis, y que se incorporaron numerosos aportes de estos sectores antes de enviar la ley al Senado.
Respecto a la opinión de los jueces, algunos de los cuales han hecho pública su preocupación sobre la constitucionalidad de la reforma, Troncoso reveló que la Asociación de Magistrados solicitó una reunión con el gobernador para tratar el tema, y también se programó un encuentro con las autoridades del Superior Tribunal de Justicia para explicarles los alcances del proyecto.
Granja Tres Arroyos
Al ser consultado sobre el cierre de la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay, el ministro expresó su preocupación, a la vez que consideró que se trata de un problema particular y no de una crisis del sector avícola regional. Según Troncoso, la empresa acarrea problemas desde hace varios años que son puntuales de la firma.
Ante el padecimiento de los trabajadores, el Ministerio de Desarrollo Humano –precisó Troncoso- está interviniendo mediante la entrega de alimentos para asistir a las familias afectadas, mientras que el gobierno provincial decidió no cortar el suministro eléctrico ni ejecutar la deuda considerable que Tres Arroyos mantiene con Enersa, con el objetivo de no profundizar el daño a la firma y proteger los puestos de trabajo existentes.
Adelantó que se ha programado una reunión entre el gobernador, el ministro de Desarrollo Económico y el propio Troncoso con los directivos de la empresa, para que estos transmitan sus planes inmediatos y respecto del futuro de la planta.
Troncoso enfatizó que, aunque es un conflicto entre privados, el Estado provincial está haciendo “todo lo posible” para encontrar un camino que permita a la empresa volver a funcionar y ponerse al día con los pagos.
Se viene “Entrenados”
El programa Entrenados es una iniciativa diseñada por el gobierno provincial para facilitar el acceso de los jóvenes a su primera experiencia laboral, basándose en estudios previos realizados junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER sobre el empleo joven y el trabajo de plataformas, explicó el Ministro Manuel Troncoso.
Según detalló, el programa buscará fomentar el empleo a través de mecanismos tales como la “capacitación in situ”, directamente en el lugar de trabajo, permitiendo que el joven adquiera herramientas reales y específicas para el desempeño laboral, y una “asignación de dinero” para abonar la capacitación por el tiempo que dure el entrenamiento.
Troncoso adelantó que una primera fase de “Entrenados” consistirá en el entrenamiento propiamente dicho para brindar facilidades de acceso. Se estima comenzar con un primer grupo de 500 jóvenes. En una segunda base, se abordará la inserción formal de estos jóvenes ya entrenados en el mercado de trabajo.
El ministro valoró que el programa ha sido diseñado a partir de una complementación público-privada, en conjunto con la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).
Troncoso definió a “Entrenados” como un paso previo y preparatorio que busca dotar a los jóvenes de las capacidades necesarias para que la transición hacia su primer empleo registrado sea más efectiva.
A dos semanas del Congreso Provincial del PJ convocado para el 13 de junio en Paraná, el peronismo entrerriano atraviesa uno de los momentos de mayor tensión desde la derrota electoral de 2023. Pedidos de expulsión, cuestionamientos a dirigentes históricos, disputas por el control partidario y los primeros movimientos de posibles candidatos exponen una interna que todavía busca ordenarse de cara a 2027.
Lo que ocurra en el Congreso no sólo definirá el futuro político de varios referentes. También marcará qué sectores tendrán mayor influencia en la reconstrucción del justicialismo provincial y quiénes quedarán mejor posicionados para disputar el liderazgo opositor frente al gobierno de Rogelio Frigerio.
El PJ define conducción, expulsiones y candidaturas.
Expulsiones y pases de factura
Uno de los puntos más sensibles será el tratamiento de los expedientes elevados por el Tribunal de Disciplina contra dirigentes que participaron de procesos electorales por fuera de la estructura formal del PJ. Entre los nombres alcanzados aparecen Daniel Rossi, Héctor Maya, Carolina Gaillard, Gustavo Guzmán y Guillermo Reggiardo.
Daniel Rossi.
El debate se volvió todavía más áspero luego de que el presidente del PJ Paraná, Jorge Vázquez, anticipara que pedirá la expulsión inmediata de los legisladores peronistas que acompañen la reforma previsional impulsada por el oficialismo. Sus declaraciones incluyeron duras críticas hacia sectores internos y reflejaron el clima de confrontación que domina la previa del encuentro partidario.
Jorge “Kinoto” Vázquez.
Rossi, uno de los principales apuntados por los expedientes disciplinarios, respondió con una ofensiva política. Acusó a la conducción partidaria de intentar excluirlo de la discusión interna, vinculó la sanción a sus denuncias por corrupción y advirtió que una eventual expulsión podría transformarlo en candidato.
Las tensiones también alcanzan a figuras históricas. Adrián Fuertes cuestionó públicamente a Sergio Urribarri y Gustavo Bordet por promesas incumplidas, especialmente en relación con la Ruta 20, y vinculó parte de la crisis del peronismo con decisiones tomadas durante anteriores gestiones provinciales.
José Allende.
La pelea por el control del partido
En medio de las definiciones más delicadas aparece la figura de José Allende. El líder de UPCN Entre Ríos llega fortalecido tras su reelección sindical y conserva capacidad de influencia sobre distintos sectores del peronismo.
Su posicionamiento podría resultar clave en votaciones vinculadas a sanciones y a la estrategia de reorganización partidaria, convirtiéndose en juez y parte, ya que, si bien él no está involucrado, contaría con 30 congresales que le responden directamente, con lo cual estaría en condiciones de inclinar la balanza para no expulsar a los apuntados por ir por fuera del espacio en los últimos comicio, considerando que respaldó la candidatura de Héctor Maya, quien encabezó la fórmula bajo el sello del Partido Socialista.
Edgardo Kueider.
Un capítulo especial en lo referido a las probables expulsiones tendrá como protagonista al exsenador nacional entrerriano Edgardo Kueider, detenido el 4 de diciembre de 2024 en el Puente de la Amistad, en la zona de Triple Frontera entre Brasil y Paraguay, debido a que las autoridades paraguayas encontraron en el vehículo en el que viajaba más de 200.000 dólares sin declarar, además de pesos argentinos y guaraníes. A raíz de eso fue imputado por tentativa de contrabando de divisas.
Junto a él estaba su secretaria, Iara Guinsel, quien también quedó involucrada en la causa. Ambos pasaron a cumplir arresto domiciliario en Asunción.
El escándalo derivó en su expulsión del Senado argentino por “inhabilidad moral”, ya que el caso generó un fuerte impacto político por la cercanía circunstancial del ex legislador al gobierno de Javier Milei, la cual se dio al votar a favor de la Ley Base, impulsada por el mandatario nacional, pese a haber sido elegido originalmente por el peronismo.
A la vez, Concordia volvió a convertirse en otro foco de conflicto. La proclamación de una nueva conducción partidaria encabezada por Agustín Cáceres abrió una fuerte controversia con sectores ligados al presidente del PJ local, Facundo Ruiz Díaz, que denunciaron irregularidades y desconocieron el procedimiento. Detrás de la discusión aparece una disputa por el control político de uno de los principales bastiones electorales del justicialismo entrerriano.
La discusión interna no se limita a las sanciones. También comenzó a trasladarse al terreno de las futuras candidaturas. Guillermo Michel insistió en que no es tiempo de hablar de nombres y reclamó concentrar los esfuerzos en la construcción de una alternativa política para Entre Ríos.
Guillermo Michel.
Sin embargo, otros dirigentes ya empezaron a moverse. Gerardo González lanzó públicamente su aspiración a la gobernación, mientras Rossi dejó abierta la posibilidad de competir si prospera su expulsión partidaria.
En paralelo, Gustavo Bordet volvió al centro de la escena al rechazar las acusaciones en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y denunciar una utilización política de la investigación judicial.
Gustavo Bordet.
Con expedientes disciplinarios sobre la mesa, disputas abiertas en territorios clave y dirigentes que comienzan a posicionarse para 2027, el Congreso del 13 de junio asoma como una instancia decisiva para un PJ que todavía busca definir liderazgos, ordenar diferencias y reconstruir una estrategia común para volver a ser competitivo en Entre Ríos.
El Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Concordia ratificó el fallo que obliga a la legisladora provincial a abonar más de $2,1 millones junto a sus garantes solidarios tras adeudar casi tres años de renta. El inmueble pertenece a un jubilado y las garantías financieras recayeron sobre dos empleados públicos de bajos ingresos.
La Justicia de Entre Ríos dejó en firme una condena contra la actual diputada provincial Gladys Liliana Salinas, tras desestimarse los recursos pendientes respecto a un conflicto contractual de larga data. La legisladora, oriunda de Concordia, fue condenada de forma definitiva al desalojo del inmueble que ocupaba y al pago solidario de una importante suma de dinero en concepto de alquileres que dejó de abonar durante casi tres años.
La resolución definitiva —que ratifica la sentencia de primera instancia dictada en diciembre de 2025— fue notificada formalmente este viernes 29 de mayo por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de Concordia, a cargo del Dr. Jorge Ignacio Ponce, bajo la secretaría del Dr. Alejandro Centurión.
Según lo observado por 7Paginas, el expediente judicial N° 11.461, caratulado “Iriarte, Francisco Ramón c/ Salinas, Gladys Liliana y otros s/ Desalojo y cobro de alquileres”, establece una condena civil que alcanza no solo a la referente política, sino también a sus garantes solidarios, quienes habían denunciado públicamente el accionar de la legisladora.
El detalle del fallo judicial
El dictamen judicial impone obligaciones perentorias y detalla de manera pormenorizada la extensión de la deuda acumulada por la legisladora:
Desalojo formal: Se condena a Gladys Liliana Salinas a desalojar la propiedad ubicada en calle Laprida N° 1747 de Concordia, orden que se hace extensiva de forma general a cualquier otro ocupante del lugar, debiendo restituirse la posesión al demandante, Francisco Ramón Iriarte. El fallo toma en consideración las actas de recupero del inmueble labradas mediante mandamiento con fecha del 29 de mayo de 2024.
Monto de la condena: La diputada Salinas, en conjunto con sus fiadores solidarios, Sebastián Aníbal Iglesias y Elbio Aníbal Rodríguez, deberán abonar al demandante de forma solidaria y en un plazo improrrogable de diez días, la suma base de Dos Millones Ciento Ochenta y Dos Mil Quinientos Pesos ($2.182.500).
Períodos adeudados: El monto nominal corresponde a la falta de pago de más de 35 meses de alquileres que incluyen: la totalidad de los meses de mayo a diciembre de 2022; el año completo de 2023 (de enero a diciembre); y los meses de enero y febrero de 2024. A esto se le deben adicionar de forma obligatoria los meses proporcionales transcurridos hasta la toma de posesión judicial del inmueble, junto con los intereses devengados hasta el día del efectivo pago.
Costas del juicio: El tribunal rechazó el reclamo por servicios y tasas accesorias, pero impuso la totalidad de las costas judiciales a los demandados, bajo el principio objetivo de la derrota procesal previsto en el Código de Procedimientos.
Trasfondo social
Más allá del impacto político que representa una condena judicial firme para una legisladora provincial en funciones, el caso despertó una fuerte indignación debido a las características de los damnificados por la maniobra de la diputada del bloque libertario.
Por un lado, el propietario del inmueble de calle Laprida es un jubilado de la ciudad, quien había invertido los ahorros de toda su vida en la compra de esa propiedad con el único objetivo de obtener una renta mensual que funcionara como un complemento básico ante los magros haberes de la jubilación mínima que percibe.
Por el otro, la situación de los garantes solidarios que Salinas presentó para la firma del contrato original agrava el cuestionamiento ético. Sebastián Aníbal Iglesias y Elbio Aníbal Rodríguez son dos empleados públicos de bajos ingresos, cuyos salarios mensuales apenas cubren la canasta básica familiar. Al haber quedado la sentencia en estado firme, las cuentas sueldo y los patrimonios de estos trabajadores quedaron directamente expuestos a embargos judiciales para cancelar la deuda que generó y no pagó la diputada provincial.
El poder político, a través de fuertes operadores políticos y judiciales, estaría ejerciendo una marcada presión para que la causa conocida como «Contratos I» avance y se cierre responsabilizando de forma exclusiva a la línea administrativa y de empleados menores. Sin embargo, los antecedentes y la constante rotación de funcionarios designados a dedo por los propios vicegobernadores echan por tierra la absurda coartada de la «negligencia». El desvío sistemático del 40% del presupuesto legislativo se mantuvo inalterable durante quince años bajo una matriz instalada en las cúpulas. En los pasillos tribunalicios ya trasciende la inminencia de nuevas denuncias por enriquecimiento ilícito contra los máximos responsables de las cámaras debido a un crecimiento patrimonial que resulta imposible de justificar.
En Tribunales y en los despachos políticos de Entre Ríos se libra actualmente una de las batallas más decisivas de la historia judicial de la provincia. El eje de la disputa es el futuro de la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura, un expediente que investiga el desvío multimillonario de fondos públicos a través de contrataciones ficticias. Hoy, el objetivo primordial de quienes ocuparon las máximas autoridades legislativas es que la Justicia avance rápidamente con el tramo denominado «Contratos I» para que «el hilo se corte por lo más delgado«: los empleados administrativos.
La estrategia defensiva de las exautoridades es unificada. Buscan instalar la narrativa de que todo se trató de una severa «negligencia» o «imprudencia» administrativa. Es decir, pretenden convencer a la Justicia de que, durante más de una década, no se dieron cuenta de que una estructura paralela les estaba robando aproximadamente el 40% del presupuesto de la Legislatura. Sin embargo, la lógica temporal y administrativa de la propia Cámara echa por tierra esta insólita coartada y demuestra que la metodología de saqueo estaba profundamente instalada en la cúpula del poder político.
El argumento de la distracción pierde toda sustancialidad al observar minuciosamente la rotación y el perfil de los funcionarios que comandaron las cajas de la Legislatura entrerriana. En el período 2007-2011, cuando José Lauritto asumió la presidencia del Senado tras haber sido diputado nacional, juez federal e intendente de Concepción del Uruguay, designó como Director General de Administración a Juan Domingo Orabona. Para garantizar un control absoluto, Lauritto colocó como subdirector de administración a Néstor Dietz , un hombre de su riñón político en la histórica ciudad uruguayense. Resulta inverosímil que un dirigente de semejante trayectoria judicial y política, secundado en el manejo diario por un funcionario de su extrema confianza personal, pretenda argumentar que no se percató de que en sus narices se esfumaba el 40% del presupuesto de la Cámara Alta a través de un decreto que él mismo firmó en 2008.
Esta aceitada maquinaria de desvío de fondos públicos no se detuvo cuando cambiaron los nombres de la gestión. Entre 2011 y 2015, bajo la vicegobernación de José Cáceres, Orabona y Dietz dejaron sus puestos para dar lugar al contador Jorge Fabián Lázaro en la Dirección de Administración del Senado, mientras que en Diputados operaban Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada. En el recambio siguiente, de 2015 a 2019, durante la presidencia del Senado a cargo de Adán Humberto Bahl, la dirección general de la administración legislativa quedó bajo la responsabilidad del contador Gustavo Pérez. Como subdirector se desempeñó Maximiliano Argento y en el rol de tesorero se ubicó Emanuel Redondo, todos bajo la estricta coordinación de Andrea Zoff, quien oficiaba como secretaria coordinadora antes de convertirse en viceintendenta de Paraná y actual diputada provincial. La hipótesis del «engaño de los empleados» se desmorona por completo: ¿cómo es posible que a Bahl, siendo contador público, exministro de Gobierno y con un equipo de profesionales de su máxima intimidad controlando la tesorería y la subdirección, también se le haya evaporado idéntico porcentaje presupuestario? La metodología ya estaba institucionalizada por el poder político y continuó inalterable bajo la posterior gestión de Laura Stratta al designar como Director Administrativo a Jorge Raúl María Otegui, oriundo de Victoria, y luego, al final su mandato como Vicegobernadora, lo hace designar a Otegui en la Fiscalía N° 6 del Tribunal de Cuentas la Provincia, que tiene la responsabilidad de auditar las contrataciones y gastos del Senado, o sea que de un día para el otro Otegui pasó de ser el responsable de las contrataciones y gastos realizados por Stratta a ser el auditor de esos trámites administrativos, una verdadera burla a la sociedad y que los fiscales teniendo estas pruebas apunten hacia otro lado.
Hoy, la enorme preocupación que recorre los despachos del poder tradicional de la provincia de sentirse rehenes del Ministerio Público Fiscal ha desencadenado una fuerte embestida operativa y judicial. Exmandatarios y legisladores de diversas gestiones presionan para limitar el daño legal al primer tramo de la causa, pretendiendo que la culpabilidad recaiga en los empleados de planta, los ordenanzas que sirven el café o «el trapito de la cuadra». El temor de la cúpula no es infundado: en el ámbito tribunalicio trascendió con fuerza que ya se preparan denuncias por enriquecimiento ilícito contra los principales imputados de la causa «Contratos II», apuntando directamente al desproporcionado incremento de sus patrimonios particulares. El antecedente más inmediato es el del exsenador por La Paz, Aldo Ballestena, quien firmaba las contrataciones de la gestión de Bahl y ya arrastra una investigación formal por un patrimonio millonario que no puede justificar. Si las pericias contables avanzan sobre las máximas autoridades de las cámaras en lugar de frenarse en la línea administrativa, la caída de las estructuras de poder en Entre Ríos promete ribetes verdaderamente escandalosos.
El interrogante que se plantea en el seno de la investigación es lapidario: ¿Cómo es posible que una supuesta banda de empleados infieles haya mantenido una misma maniobra de sustracción del 40% del presupuesto si los directores administrativos, designados directamente por las autoridades de la Cámara, cambiaban cada cuatro años? La respuesta evidencia que los empleados no eran los arquitectos de la estafa, sino los ejecutores de una orden superior. Venía una gestión, se iba, asumía una nueva con distintos administradores, y la caja seguía siendo vaciada exactamente con la misma modalidad.
Este modus operandi sistémico quedó al descubierto no solo por la continuidad del desfalco, sino por las propias confesiones de los legisladores en el marco de la investigación del Ministerio Público Fiscal. Diputados y senadores como Navarro, Ruberto y Darrichón han reconocido en sus declaraciones la existencia de estos 700 contratos que la Justicia investiga como irregulares. Las testimoniales y los videos de las audiencias son contundentes: los legisladores admitieron que firmaban contratos a pedido de los presidentes de las Cámaras, a favor de personas que no conocían y que jamás prestaron servicios en la Legislatura. La lógica interna era de un reparto de cupos; reconocían tener unos diez contratados propios que sí conocían («diez para mí»), pero firmaban veinte, treinta o hasta cien contratos ajenos, en blanco, para alimentar la maquinaria de recaudación avalada desde arriba.
El marco normativo que facilitó esta sangría de fondos públicos tuvo su punto de partida en un decreto firmado por el entonces vicegobernador José Lauritto en el año 2008. Esa resolución fue la piedra angular de un sistema que se siguió implementando, gestión tras gestión, hasta el año 2023. La posta pasó del Senado presidido por Lauritto a las gestiones de José Cáceres, Adán Bahl y Laura Stratta. En la Cámara de Diputados, el esquema fue idéntico, traspasándose el poder desde José Allende a Sergio Urribarri y posteriormente a Ángel Giano. En la Cámara Baja, el encubrimiento llegó a ribetes escandalosos: las pruebas documentales correspondientes al período 2008-2011 desaparecieron misteriosamente o fueron quemadas.
Resulta un foco de controversia la decisión temporal que adoptó la Justicia en su momento al recortar el período de investigación estrictamente entre 2008 y 2018. Existen indicios contundentes de que la metodología fraudulenta continuó de forma ininterrumpida cinco años más, hasta 2023. El inexplicable tope temporal fijado por los fiscales benefició de facto a las últimas gestiones, limitando el daño judicial.
Hoy, la urgencia de los expresidentes de ambas Cámaras por acelerar la causa «Contratos I» tiene una motivación clara y económica. Al reducir el megafraude a un acto de «negligencia» y responsabilizar a las líneas inferiores, las autoridades que comandaron la provincia evitan el escrutinio judicial sobre lo más sensible de la trama: sus propios patrimonios. Si la Justicia acepta que los vicegobernadores y presidentes de la Cámara fueron simples funcionarios imprudentes y distraídos a los que les robaron el 40% del presupuesto en sus narices de forma continuada, el hilo investigativo se cortará abruptamente, garantizando la impunidadde las cúpulas y ocultando el verdadero destino de los fondos sustraídos durante quince años ininterrumpidos.
Jorge Sánchez del Bianco dijo a Cadena 3 que su cliente reconoció que la menor “es la del video”, pero aseguró que estuvo en su vivienda “30 o 40 minutos”. Afirmó que mintió “por temor que le pasara algo a su hija”.
El abogado defensor de Claudio Gabriel Barrelier, Jorge Sánchez del Bianco, brindó precisiones tras la ampliación de la declaración indagatoria de su cliente en el marco de la búsqueda de Agostina Vega.
En diálogo con Cadena 3, el letrado manifestó este viernes a la noche su sorpresa ante el llamado a declarar nuevamente y aclaró que la instancia fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción y no por la defensa.
Según Sánchez del Bianco, Barrelier mantuvo en términos generales su postura inicial, aunque aportó nuevos detalles sobre los momentos previos a la desaparición de la adolescente de 14 años, buscada hace seis días en Córdoba.
Durante la declaración, el detenido admitió que Agostina ingresó a su domicilio, confirmando las imágenes que obran en la causa, pero aseguró que la joven permaneció allí apenas “entre 30 y 40 minutos”.
Barrelier describió su vivienda como una construcción antigua con habitaciones separadas y detalló que estuvieron en el sector de la cochera.
Allí, según sus palabras, se limitó a conversar con la menor para “entretenerla”, mientras ella esperaba que alguien pasara a buscarla en un vehículo.
Respecto al momento en que perdió contacto con la joven, el imputado reiteró la versión de un automóvil rojo, aunque brindó algunas características distintas a las aportadas anteriormente.
Sostuvo que Agostina se retiró de la propiedad por sus propios medios tras avisar “Me voy”, subiéndose a dicho rodado, momento en el cual él le perdió el rastro.
En la vivienda también se encontraban la esposa y la hija de Barrelier, además de una mujer de un matrimonio que vive en la planta alta, aunque el defensor no precisó si ellas pudieron ver efectivamente a la menor.
Otro punto clave de la indagatoria fue el uso de un Ford Ka negro perteneciente a una amiga de barrio Jofré. Barrelier reconoció haber utilizado ese auto el lunes 25 de mayo para trasladar herramientas relacionadas con una “changa” de instalación de una puerta.
¿Por qué mintió?
Por otra parte, al ser consultado sobre por qué inicialmente mintió diciendo que quien ingresaba a su casa era su hija y no Agostina, Sánchez del Bianco dijo que el acusado argumentó que lo hizo “por temor a que le pasara algo a su hija y para no exponerla”.
FOTO: Agostina Vega y Claudio Barrelier, el único detenido del caso. (Foto: redes)
El abogado defensor de Claudio Gabriel Barrelier, Jorge Sánchez del Bianco, brindó precisiones tras la ampliación de la declaración indagatoria de su cliente en el marco de la búsqueda de Agostina Vega.
En diálogo con Cadena 3, el letrado manifestó este viernes a la noche su sorpresa ante el llamado a declarar nuevamente y aclaró que la instancia fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción y no por la defensa.
Según Sánchez del Bianco, Barrelier mantuvo en términos generales su postura inicial, aunque aportó nuevos detalles sobre los momentos previos a la desaparición de la adolescente de 14 años, buscada hace seis días en Córdoba.
Durante la declaración, el detenido admitió que Agostina ingresó a su domicilio, confirmando las imágenes que obran en la causa, pero aseguró que la joven permaneció allí apenas “entre 30 y 40 minutos”.
Barrelier describió su vivienda como una construcción antigua con habitaciones separadas y detalló que estuvieron en el sector de la cochera.
Allí, según sus palabras, se limitó a conversar con la menor para “entretenerla”, mientras ella esperaba que alguien pasara a buscarla en un vehículo.
Respecto al momento en que perdió contacto con la joven, el imputado reiteró la versión de un automóvil rojo, aunque brindó algunas características distintas a las aportadas anteriormente.
Sostuvo que Agostina se retiró de la propiedad por sus propios medios tras avisar “Me voy”, subiéndose a dicho rodado, momento en el cual él le perdió el rastro.
En la vivienda también se encontraban la esposa y la hija de Barrelier, además de una mujer de un matrimonio que vive en la planta alta, aunque el defensor no precisó si ellas pudieron ver efectivamente a la menor.
Otro punto clave de la indagatoria fue el uso de un Ford Ka negro perteneciente a una amiga de barrio Jofré. Barrelier reconoció haber utilizado ese auto el lunes 25 de mayo para trasladar herramientas relacionadas con una “changa” de instalación de una puerta.
¿Por qué mintió?
Por otra parte, al ser consultado sobre por qué inicialmente mintió diciendo que quien ingresaba a su casa era su hija y no Agostina, Sánchez del Bianco dijo que el acusado argumentó que lo hizo “por temor a que le pasara algo a su hija y para no exponerla”.
Finalmente, el abogado subrayó que su defendido asegura no haber salido de su casa durante la noche del sábado, sino que permaneció despierto hasta las 5 de la mañana.
El letrado evitó revelar precisiones adicionales por encontrarse la causa bajo secreto de sumario, pero confió en que los nuevos datos aportados corroboran la “posición exculpatoria” de su cliente.
Mientras tanto, la Justicia continúa investigando el paradero de la adolescente y peritando los elementos para intentar desentrañar el caso.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos neutralizó una posible amenaza contra una escuela de Paraná tras recibir información sensible procedente del FBI, canalizada a través de la Agencia Nacional de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia.
La información suministrada a las autoridades daba cuenta de mensajes emitidos por un menor de edad de Paraná, quien manifestaba su intención de realizar un ataque con armas de fuego contra alumnos de su escuela y posteriormente quitarse la vida.
Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía de Entre Ríos, el Ministerio Público Fiscal y las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) conformaron de inmediato una Mesa de Situación Interagencial para coordinar las tareas preventivas y de investigación. La contingencia se originó a partir de una alerta internacional recibida el jueves 28 de mayo, transmitida por representantes del FBI de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.
Según se informó, la amenaza había sido publicada originalmente en la plataforma digital Discord y hacía referencia explícita a la intención de perpetrar un ataque masivo dentro de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 General Francisco Ramírez de Paraná. A partir de ello, las autoridades activaron un operativo de máxima urgencia para evaluar el escenario y prevenir cualquier situación de riesgo.
Como primera medida, y en el marco de la intervención judicial, se logró identificar al menor involucrado, el establecimiento educativo señalado y el domicilio donde residía. Mediante el cruce de información tecnológica y tareas de campo desarrolladas con carácter urgente, los investigadores individualizaron al presunto autor de las amenazas virtuales, tratándose de un alumno menor de edad domiciliado en Paraná.
Frente a la extrema gravedad institucional del hecho, la Jefatura de Policía dispuso la inmediata articulación entre las áreas operativas e investigativas de la fuerza, representantes del Ministerio Público Fiscal y autoridades del CGE. El objetivo fue centralizar la información disponible, coordinar las actuaciones y planificar las medidas de prevención necesarias. En ese marco, las autoridades educativas dispusieron la suspensión preventiva de las clases durante la jornada del viernes 29 de mayo.
La medida permitió resguardar la integridad de la comunidad educativa y facilitar el despliegue de vigilancia policial permanente en las inmediaciones del establecimiento ubicado sobre calle Martín Zapata. Asimismo, con intervención de la magistratura competente y del Juzgado de Garantías en turno, durante la madrugada de este viernes se llevó adelante un allanamiento en la vivienda del menor.
El procedimiento arrojó resultado negativo respecto de la existencia de armas de fuego, lo que permitió descartar de inmediato la presencia de elementos de riesgo físico vinculados al hecho. No obstante, se secuestraron dispositivos informáticos, teléfonos celulares y soportes digitales para su correspondiente análisis forense. Desde los organismos intervinientes destacaron que la rapidez de la respuesta y la articulación entre las áreas de seguridad, justicia y educación fueron determinantes para neutralizar la contingencia y garantizar la protección integral de alumnos, docentes y ciudadanía en general.
La región que produce energía para dos países convive con pobreza estructural, tarifas elevadas y décadas de promesas incumplidas
Mientras las turbinas siguen alimentando grandes ciudades, Concordia y Salto continúan esperando el progreso prometido hace más de cuatro décadas.
Por Alejandro Monzón para Análisis Litoral
La represa de Salto Grande fue presentada como una de las mayores epopeyas de integración y desarrollo de América Latina. Energía limpia, crecimiento económico, industrias, empleo, navegación, progreso social y una nueva era para el litoral argentino y uruguayo. Esa fue la promesa original.
Hoy, más de cuatro décadas después de la inauguración definitiva del complejo hidroeléctrico binacional, una pregunta incómoda sigue flotando sobre las aguas del río Uruguay:
¿Dónde quedaron los beneficios para Concordia y Salto?
Porque mientras la energía generada en Salto Grande continúa abasteciendo grandes centros urbanos, industrias y millones de usuarios en Argentina y Uruguay, las ciudades que convivieron con el impacto directo de la obra jamás lograron transformar aquel sacrificio histórico en bienestar permanente para su población.
Y el contraste duele.
La región que genera energía convive con algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país, mientras Concordia permanece atrapada en índices alarmantes de pobreza estructural y exclusión social.
La paradoja es brutal: las turbinas nunca dejaron de girar, pero el desarrollo regional sí.
EL SUEÑO DEL PROGRESO
Todo comenzó oficialmente en 1946, cuando los gobiernos de Juan Domingo Perón y Tomás Berreta firmaron el acuerdo binacional que dio origen a la futura represa de Salto Grande.
La iniciativa prometía aprovechar el río Uruguay “para el desarrollo económico, industrial y social de ambos países”. No se trataba solamente de producir electricidad. El proyecto hablaba de integración regional, desarrollo humano y crecimiento sostenido.
Con el correr de los años, aquella visión se transformó en una megaobra sin precedentes para la región.
La construcción comenzó formalmente en 1974 y movilizó a miles de trabajadores argentinos y uruguayos. Concordia y Salto vivieron entonces una verdadera explosión económica. Hoteles repletos, alquileres imposibles de conseguir, comercios trabajando día y noche, consumo récord y salarios que movían toda la economía local.
Durante años, la ciudad respiró prosperidad.
Muchos todavía recuerdan aquella etapa como una especie de “edad dorada” para esta región del litoral.
Pero había un problema: esa prosperidad dependía exclusivamente de la obra.
Y cuando la obra terminó, también terminó el derrame económico.
CUANDO EL PROGRESO SIGUIÓ DE LARGO
La represa quedó. Las turbinas siguieron funcionando. La energía continuó viajando hacia las grandes capitales.
Pero Concordia quedó sola.
El final de la construcción dejó una región sin planificación productiva, sin reconversión económica y sin una estrategia de desarrollo capaz de reemplazar el gigantesco movimiento que había generado Salto Grande.
La gran pregunta aparece inevitablemente:
¿Cómo puede ser que las ciudades que producen energía para dos países jamás hayan recibido una tarifa diferencial real?
¿Cómo puede ser que el corazón energético del litoral argentino siga conviviendo con pobreza estructural?
¿Cómo puede ser que la riqueza del río Uruguay termine beneficiando principalmente a sistemas centrales alejados de la realidad regional?
Las respuestas nunca llegaron del todo.
Con el paso de los distintos gobiernos democráticos, el discurso sobre la “reparación histórica” se transformó muchas veces en una bandera política utilizada ocasionalmente, pero sin modificaciones estructurales profundas.
La región siguió esperando.
LO QUE NO SE DICE
Hay una discusión que durante años la política evitó abordar de frente.
Salto Grande terminó consolidando un modelo donde la región aporta recursos estratégicos mientras otros centros urbanos concentran gran parte de los beneficios económicos.
Porque la energía producida en el río Uruguay alimenta industrias, sistemas urbanos y economías alejadas del litoral, mientras Concordia y Salto nunca lograron consolidar un verdadero polo industrial energético propio.
La pregunta entonces se vuelve todavía más incómoda:
¿Quién se quedó realmente con la riqueza generada por Salto Grande?
Porque no alcanza con inaugurar plazas, cordones cuneta, edificios públicos o programas temporales financiados por excedentes.
La discusión de fondo es otra: energía accesible, radicación industrial, incentivos fiscales regionales, empleo genuino y un esquema permanente de desarrollo económico.
Todo lo demás termina siendo apenas administración de consecuencias.
FEDERACIÓN: EL PRECIO MÁS ALTO
La historia de Salto Grande también tiene un símbolo imposible de ignorar: Federación.
Para que la represa pudiera funcionar, una ciudad prácticamente desapareció bajo el agua.
Miles de familias fueron desplazadas. Se rompieron barrios enteros. Se perdió identidad social, cultural y afectiva.
Federación pagó el costo más visible de aquella promesa de progreso.
Y aun así, generaciones enteras aceptaron ese sacrificio bajo una convicción: que el futuro valdría la pena.
Décadas después, todavía persiste la sensación de que gran parte de aquella deuda histórica continúa abierta.
DICTADURAS, SILENCIOS Y HERIDAS
La megaobra avanzó bajo gobiernos militares en Argentina y Uruguay.
Las dictaduras impulsaron y aceleraron la construcción mientras la región convivía con persecuciones, listas negras, desapariciones y controles sobre trabajadores.
Con el tiempo también aparecieron otras sombras: las denuncias por enfermedades vinculadas al asbesto utilizado en instalaciones de la represa y las causas judiciales impulsadas por trabajadores afectados.
La historia de Salto Grande no solamente habla de ingeniería.
También habla de costos humanos.
EL PRESENTE: UNA REGIÓN QUE SIGUE ESPERANDO
En 2026, Concordia continúa encabezando rankings de pobreza e informalidad laboral.
Y mientras tanto, las boletas de electricidad siguen golpeando a miles de familias y comerciantes locales.
La sensación social se parece cada vez más a una certeza: el famoso “tren del progreso” pasó por la región… pero nunca se detuvo definitivamente.
La obra que prometía transformar el litoral terminó dejando una dependencia económica que jamás fue reemplazada por un verdadero proyecto de desarrollo sustentable.
Y allí aparece la deuda más profunda de todas: la incapacidad de la dirigencia política de pensar un modelo regional para el después.
EL MUNDO SÍ LO HIZO
Distintas regiones del mundo que convivieron con grandes represas lograron construir sistemas de compensación y beneficios permanentes para sus comunidades.
En Brasil y Paraguay, Itaipú permitió desarrollar infraestructura estratégica, regalías y crecimiento urbano regional.
En Canadá y Noruega, la renta hidroeléctrica se transformó en inversión local, desarrollo productivo y tarifas competitivas para las comunidades afectadas.
Aquí, en cambio, la discusión sigue atrapada entre anuncios, proyectos aislados y promesas que reaparecen en épocas electorales.
LA PREGUNTA FINAL
Tal vez haya llegado el momento de discutir algo más profundo.
Si la región entregó territorio, recursos naturales, identidad y generaciones enteras al desarrollo energético nacional, entonces el país también tiene una deuda histórica con el litoral.
Una deuda que ya no puede pagarse con discursos.
Porque las preguntas siguen ahí:
¿Puede existir justicia energética si quienes producen la energía no pueden pagarla?
¿Puede hablarse de desarrollo cuando las ciudades que sostienen el sistema siguen atrapadas en la pobreza?
¿Puede una región vivir eternamente del recuerdo de una obra gigantesca mientras las oportunidades siguen emigrando?
Quizás el mayor drama de Salto Grande no sea solamente lo que el agua tapó.
Sino todo lo que nunca llegó después.
LO QUE NO SE DICE
La energía barata terminó favoreciendo principalmente a grandes centros urbanos alejados del litoral. Concordia nunca consolidó un verdadero polo industrial energético. CAFESG terminó muchas veces absorbida por la lógica política y no por un proyecto estratégico regional. La reparación histórica sigue siendo más discursiva que real. El litoral continúa esperando un beneficio proporcional al sacrificio realizado.
¿QUÉ DEBERÍA RECLAMAR HOY LA REGIÓN?
Tarifa eléctrica diferencial permanente. Fondo regional de desarrollo productivo. Incentivos industriales para empresas electrointensivas. Coparticipación energética real. Plan binacional de desarrollo Concordia–Salto. Transparencia total sobre excedentes y regalías. Reconversión económica regional sustentable.
La ruta del dinero en Concordia comenzó a exponer una trama de relaciones políticas, contrataciones, obras públicas y movimientos económicos que hoy están bajo la lupa judicial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exgobernador Gustavo Bordet.
La causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, sumó este jueves un nuevo capítulo cargado de tensión política, sospechas empresariales y preguntas que empiezan a incomodar a sectores históricamente ligados al poder provincial.
Efectivos de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia realizaron cuatro allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia de Garantías y solicitados por el fiscal de la causa, el Dr. José Arias. Los procedimientos alcanzaron dos sucursales de la pinturería “Colorshop”, el local “Súper Color” y una vivienda del barrio privado Altos del Zorraquín, propiedad del empresario Salvador Carubia.
Pero detrás de los operativos no aparece solamente la búsqueda de documentación comercial o dispositivos electrónicos. Lo que empieza a emerger es algo mucho más profundo: una posible red de relaciones económicas, favores cruzados y movimientos patrimoniales que Fiscalía intenta reconstruir pieza por pieza.
Los muebles, las facturas y la pregunta que nadie logra responder
El dato que detonó los allanamientos surgió durante los procedimientos realizados semanas atrás en propiedades vinculadas a Bordet, tanto en calle Urquiza como en el Village Termal. Allí, los investigadores detectaron mobiliario de alta gama fabricado por Johnson, empresa especializada en cocinas, vestidores y amoblamientos premium.
Cuando Fiscalía rastreó la compra de esos productos, apareció un elemento inesperado: las facturas no estaban emitidas a nombre de Bordet, sino del empresario Salvador Carubia y de la firma GRUPPA 3 SRL. Sin embargo, las entregas fueron realizadas directamente en los domicilios del exgobernador.
La situación abrió una batería de interrogantes que hoy atraviesan toda la investigación:
¿Por qué un empresario pagaría mobiliario millonario para las viviendas particulares de un gobernador en funciones?
¿Existieron contraprestaciones estatales?
¿Se trató de una dádiva encubierta?
¿Hubo triangulación patrimonial?
¿Puede sostenerse la teoría de simples “favores entre amigos” cuando aparecen contratos estatales y relaciones comerciales de por medio?
Las sospechas no son menores. Mucho menos en una provincia donde la obra pública, los vínculos empresariales y determinados círculos políticos han convivido históricamente bajo un sistema de relaciones cerradas.
El teléfono que podría contener más de lo que se conoce
Fuentes extraoficiales indicaron que, durante el allanamiento en Altos del Zorraquín, Carubia se encontraba presente cuando irrumpió la policía. Los investigadores secuestraron un Iphone y una notebook que ahora podrían transformarse en piezas clave de la causa.
En ámbitos judiciales existe expectativa sobre el contenido de esos dispositivos: transferencias, conversaciones, archivos contables, presupuestos, vínculos comerciales o posibles intermediaciones que podrían ayudar a reconstruir el flujo económico detrás de determinadas operaciones.
Y es justamente ahí donde la investigación podría comenzar a escalar hacia otros nombres.
La sombra de nuevos “actores” en la película de corrupción entrerriana
Aunque oficialmente no existe información confirmada, en ámbitos políticos y judiciales de Concordia comenzaron a circular versiones sobre nuevas líneas investigativas que el fiscal tendría bajo análisis.
Una de ellas apuntaría a movimientos patrimoniales e inversiones que desde hace años llaman la atención entre empresarios, profesionales y dirigentes locales. En particular, algunas miradas empiezan a dirigirse hacia un conocido contador concordiense, vinculado políticamente a etapas de la gestión provincial, cuyo crecimiento económico y expansión empresarial habría despertado sospechas dentro del expediente.
Según trascendió, Fiscalía tendría interés en analizar operaciones realizadas mediante terceros, posibles estructuras societarias, inversiones inmobiliarias y movimientos comerciales que serían “visibles para cualquier concordiense”, según describen voces cercanas a la causa.
La hipótesis que comenzaría a explorarse es si existieron presuntos mecanismos de cobertura patrimonial mediante allegados, empresarios amigos o figuras utilizadas como eventuales testaferros para disimular activos, inversiones o incrementos patrimoniales difíciles de justificar.
Por ahora, todo se mueve en el terreno de las sospechas y líneas de análisis preliminares. Pero el clima en ciertos sectores políticos y empresariales de Concordia ya no es el mismo.
Porque en esta historia, los investigadores parecen convencidos de que todavía faltan aparecer varios nombres en escena.
Dentro de la causa volvió a tomar relevancia otra operación que en su momento generó cuestionamientos: la compra del terreno ubicado en avenida Chajarí y San Lorenzo, conocido como el loteo Mena/Beckman.
Los compradores fueron Salvador Carubia y su esposa.
El dato adquiere peso adicional porque Hugo Mena y Flavia Beckman aparecen imputados en la denominada Causa Contratos, una de las investigaciones más resonantes sobre presuntos desvíos de dinero en la provincia.
La conexión entre empresarios, operadores, contrataciones y funcionarios vuelve así a formar un entramado que la Justicia intenta descifrar.
La cifra que no cierra
Hay además un detalle que dentro de la investigación generó especial atención.
Según trascendió, el valor de los muebles pagados por Carubia y sus empresas para las viviendas de Bordet equivaldría a más del 20% del costo total de construcción declarado por el exgobernador para ambas propiedades.
El dato refuerza las sospechas sobre una posible subvaluación patrimonial.
Porque si solamente el mobiliario premium representa semejante porcentaje, entonces la pregunta empieza a ser inevitable:
¿Cuánto costaron realmente las propiedades?
Y sobre todo:
¿Quién terminó pagando verdaderamente la cuenta?
En Concordia, muchos observan esta causa como una película de corrupción entrerriana protagonizada por actores demasiado conocidos. La diferencia es que esta vez, detrás del telón político, parece haber fiscales dispuestos a seguir tirando del hilo hasta descubrir quiénes participaron realmente de la trama.
Los nombres que empiezan a sonar en voz baja en los pasillos del poder
Mientras la investigación judicial avanza sobre empresarios, facturación cruzada y posibles testaferros, en Concordia y Paraná hace tiempo que comenzaron a circular nombres que, hasta ahora, parecían intocables dentro de la estructura política y administrativa entrerriana.
Porque la pregunta que muchos empiezan a hacerse es si esta causa terminará únicamente en muebles, facturas y propiedades, o si detrás de todo esto existe una matriz mucho más profunda de negocios, retornos, contratos y enriquecimientos inexplicables sostenidos durante años.
En los pasillos judiciales y políticos algunos recuerdan que determinadas empresas no solamente aparecían vinculadas a obras y “obritas” del Estado, sino también a tareas tercerizadas en organismos estratégicos como Salto Grande o San Carlos, en épocas donde todavía resonaban nombres pesados del viejo esquema de poder concordiense. Y allí vuelve a aparecer una incógnita incómoda: ¿hubo internas, ajustes de cuentas o viejos socios que hoy decidieron soltar información para salvarse?
“Que destruyan pruebas”, ironizan algunos por lo bajo en ámbitos políticos, mientras otros se preguntan si parte de los movimientos financieros no habrían terminado fuera del país, particularmente en Uruguay, una plaza históricamente utilizada por empresarios y dirigentes argentinos para resguardar activos o triangular operaciones.
En paralelo, empiezan a crecer rumores —que por ahora permanecen en el terreno de las versiones políticas y comentarios de pasillo— sobre propiedades, inversiones y niveles de vida difíciles de explicar para algunos exfuncionarios, familiares y empresarios vinculados a distintos sectores del poder provincial.
Las conversaciones incluyen desde presuntas operaciones inmobiliarias realizadas a través de terceros hasta viviendas de altísimo valor ocupadas por familiares de exdirigentes que, en teoría, jamás podrían justificar semejante patrimonio con ingresos formales conocidos.
También reaparecen viejos nombres ligados al IAPV, al manejo de áreas sensibles del Estado y a hospitales públicos, mientras algunos memoriosos vuelven a preguntar qué ocurrió realmente con determinadas auditorías que jamás avanzaron, como las vinculadas al Hospital Masvernat y antiguas administraciones bajo sospecha.
En ese contexto, la sensación que empieza a instalarse en sectores políticos y judiciales es que el expediente podría transformarse en algo mucho más grande que una investigación patrimonial contra un exgobernador.
Porque si los investigadores logran reconstruir la ruta completa del dinero, las sociedades, las facturas y los vínculos empresariales, la causa podría terminar exponiendo una red política, administrativa y comercial mucho más amplia de lo que inicialmente se imaginaba.
Y allí aparecen nombres que todavía conservan lugares clave dentro del Estado provincial, organismos de control y estructuras administrativas que, paradójicamente, debían controlar justamente aquello que hoy la Justicia intenta desentrañar.
Por eso, más allá del impacto judicial, en Entre Ríos empieza a crecer otra discusión: cómo fue posible que durante años nadie viera —o nadie quisiera ver— patrimonios que crecían, inversiones llamativas, propiedades millonarias y empresarios que pasaban de un día para otro a manejar niveles económicos imposibles de explicar para la realidad promedio de la provincia.
La película recién empieza. Y en Concordia muchos creen que todavía faltan aparecer varios actores en escena.
