Revés judicial para Cristina Kirchner y sus hijos en el intento por frenar el decomiso de sus bienes en la causa Vialidad

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La Cámara de Casación ratificó los motivos del decomiso al rechazar los últimos recursos de la ex presidenta y Máximo y Florencia Kirchner. La Justicia puede avanzar sobre 111 bienes incluidos los de Lázaro Báez y sólo les queda la queja directa ante la Corte Suprema

La Cámara Federal de Casación Penal cerró este jueves el camino a la Corte Suprema para Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia en el intento por frenar el decomiso de sus bienes como parte de la condena a la ex presidenta en la causa Vialidad.

La sala IV de Casación rechazó recursos extraordinarios de la defensa de CFK y sus hijos y allanó el camino a la hora de continuar con los trámites para devolver al Estado Nacional 111 bienes de los Kirchner y Lázaro Báez. Desde el sexto piso de Comodoro Py 2002, sede del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la ex presidenta, ya se preguntó a la Corte si dispondrá de alguna de las propiedades.

Sólo la queja

A Cristina Kirchner y sus hijos sólo les queda ir en queja directa ante el máximo tribunal del país. En el caso de Máximo y Florencia Kirchner están en juego 19 propiedades heredadas o recibidas en cesión.

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Se trata de cumplir con el decomiso por $684.990.350.139,86 impuesto como parte de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta a la ex mandataria, que está bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica. La resolución de Casación alcanzó además bienes del ex dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez.

La decisión fue de los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Este último magistrado votó en minoría a favor de conceder los recursos extraordinarios en lo relativo a determinados bienes en juego de Máximo y Florencia Kirchner y algunas empresas incluidas en el listado de Báez.

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Los jueces de Casación Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky (Maximiliano Luna)

Decomiso y delito

Por mayoría, se desestimaron todos los recursos. “El decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”, sostuvo el juez Hornos en su voto.

Se trata de un “ilícito comprobado” con una condena firme. Los delitos con la obra pública vial nacional en Santa Cruz durante el kirchnerismo generaron “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”, advirtió al reiterar los argumentos que expresó en el fallo de Casación que confirmó el decomiso.

Sobre los bienes de Máximo y Florencia, Hornos concluyó que ya hubo una “respuesta extensa, fundada y razonada” en la sentencia previa y que las defensas sólo expresaron una discrepancia con el criterio adoptado sobre el alcance de la medida.

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El hotel Los Sauces de la familia Kirchner (Reuters)

También rechazó el argumento según el cual el decomiso de bienes heredados o recibidos gratuitamente vulneraría principios constitucionales como legalidad, inocencia, culpabilidad o propiedad. Según sostuvo, esos planteos ya fueron tratados y no se demostró ahora una “cuestión federal” que abriera el camino a la Corte Suprema.

Que los actuales titulares de los bienes en disputa no hayan sido sometidos a esta causa penal no impide el decomiso cuando hay “una vinculación razonable entre los bienes y el provecho económico derivado del delito”, reiteró y agregó que “la transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si éstos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso”.

Borinsky, por su parte, consideró inadmisible el recurso de Cristina Fernández de Kirchner, pero entendió que sí correspondía habilitar parcialmente la instancia extraordinaria respecto de algunos bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner y a determinadas empresas de Báez.

Se trata de inmuebles adquiridos antes del 23 de abril de 2004, fecha tomada por el tribunal que ejecuta la condena como punto de partida para evaluar bienes alcanzados.

“El decomiso de los bienes indicados se dispuso sin debido sustento normativo, en tanto se apartó de los propios parámetros temporales fijados por el tribunal de juicio para evaluar la incorporación de bienes pasibles de decomiso, sin que la sentencia aquí cuestionada -en su conformación de mayoría- brindara tratamiento a esa circunstancia objetiva oportunamente introducida por las partes”, concluyó Borinsky.

Son diez departamentos en Mitre 535, Rio Gallegos, Santa Cruz y los cinco lotes del complejo hotelero Los Sauces, en Lago Argentino, también en esa provincia. Y en cuanto a los bienes de Lázaro Báez, de inmuebles de dos empresas que compró, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.

Bomba : Funcionaria Kirchnerista de Morón es acusada de integrar una banda narco

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La Policía Federal realizó ocho allanamientos en “inmuebles utilizados para el acopio, distribución y comercialización de estupefacientes al menudeo”.

Una funcionaria del Municipio de Morón que ocupaba el cargo de directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad fue desvinculada luego de que hallaran medio kilo de cocaína en su vivienda. Se trata de Luna Suyai Ortigoza, de 27 años, que escapó el viernes pasado por su rol en la causa que la investiga por tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La Policía Federal realizó ocho allanamientos en “inmuebles utilizados para el acopio, distribución y comercialización de estupefacientes al menudeo, en los partidos de Morón y Merlo”, detalló Clarín. En uno de estos procedimientos se detuvo a Norberto Hernán Aliano, un ciudadano argentino, de 42 años, pero Ortigoza sigue prófuga de la Justicia con quien, se presume, es su pareja, Ángel Daniel Paz, de 34 años.

Durante los procedimientos se secuestraron 24.800 pesos en efectivo, 241 gramos de marihuana, 1.717 kg de cocaína en formato piedra, dos balanzas digitales, un revólver calibre 32, tres cartuchos calibre 32, un cargador calibre 22, 43 municiones calibre 22, tres celulares y documentación fundamental para la causa.

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Lucas Ghi, intendente de Morón

Lucas Ghi, intendente de Morón, entrevistado por TN, declaró que “cuando vimos esta situación, que se nos informó por las propias autoridades policiales, no vacilamos un segundo en terminar todo tipo de vínculo que podía tener con el municipio para que nadie pudiese esgrimir alguna relación institucional que pudiese obstaculizar el desarrollo de la investigación”.

Según el funcionario, Ortigoza trabajaba en el municipio desde la gestión anterior y “nunca había dado muestras de faltar a lo que se espera de una funcionaria, al menos en el ámbito laboral, buen trato, compromiso con la tarea…. Yo hablé con la Secretaria de Género y me compartió que en su vínculo cotidiano no se desprendía ninguna situación que le generase alguna sospecha ni despertase alguna duda”.

Ghi aclaró que él “no compartía la (jornada) diaria con ella, ella estaba como integrante de los equipos de esta Secretaría, no tenía trato fluido ni mucho menos. Ahora lo importante es que la Justicia profundice la investigación, se dé con el paradero de esta persona, se esclarezca la situación y que, si efectivamente es responsable de esta trama, quede a disposición de la Justicia y cumpla la condena”.

Cómo empezó la causa que terminó con una funcionaria de Morón prófuga

En marzo se realizó una denuncia anónima por operaciones de narcomenudeo en una casa de Castelar (Morón). Vecinos de la zona le dijeron al canal TN que desde el verano veían autos y motos parar con mucha frecuencia en el inmueble de las calles Isabel Pardo y Presidente Ortiz, donde vivía Ortigoza.

Según Clarín, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N°9 de Morón comenzó la investigación y la Policía Federal determinó que “las maniobras ilícitas eran efectuadas por dos sujetos, uno de los cuales se encargaba del acopio de las sustancias, mientras que el restante las distribuía y comercializaba a bordo de una moto bajo la modalidad ‘delivery’”.

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Los agentes además descubrieron que los delincuentes cambiaban los puntos de comercialización con frecuencia, usando distintas casas de Castelar para no llamar la atención de la policía. Como resultado de esta investigación, el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de Morón, encabezado por la doctora Laura Pinto, ordenó los ocho allanamientos.

Joyas y oro: el escandaloso hallazgo en la oficina de Rodríguez Zapatero en plena investigación por lavado de dinero

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La Policía incautó material de altísimo valor en la caja fuerte del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la investigación por el caso Plus Ultra.

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra bajo el ojo público debido a la investigación judicial por el caso conocido como “Plus Ultra”. En medio del proceso, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en el despacho del político socialista, que derivó en el hallazgo de numerosas joyas, lingotes de oro, documentos y hasta discos duros con información que podría estar ligada al caso.

Qué encontraron en el despacho de Rodríguez Zapatero

En las últimas horas, la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Financiera (Udef) llevó a cabo una serie de allanamientos en el piso donde se encuentra el despacho del exmandatario, en la calle Ferraz de Madrid, enfrente de la sede central del PSOE(partido que lideró Rodríguez Zapatero).

    Entre los objetos incautados por el organismo español se encuentran 17 agendas, 18 carpetas con documentación, dos hojas manuscritas, pendrives, un disco duro y tres teléfonos móviles. Asimismo, en la caja fuerte ubicada en el mismo piso, los agentes encontraron además 103 piezas de joyería, entre ellas collares, pendientes, pulseras, anillos, brazaletes y relojes.

    Las joyas incautadas en la oficina de Rodríguez Zapatero.

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    EFE

    Según el expediente, el inmueble era financiado por el partido político -por el que Rodríguez Zapatero gobernó el país europeo entre 2004 y 2011- y estaba dividido en seis ambientes.

    Además, se dio a conocer que la caja fuerte estaba bajo custodia de Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero. En un primer momento, la mujer indicó no tener la llave, aunque luego apareció cuando los policías se preparaban para abrir el compartimiento por la fuerza. Fue entonces que Alcázar declaró que las joyas correspondían a una herencia de Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente, y a regalos obtenidos durante distintos viajes.

    Mientras que no hallaron elementos considerados relevantes en el despacho personal de Zapatero, sí lo hicieron en la oficina compartida por Alcázar y Judith Wells, ambas integrantes del equipo administrativo del exmandatario. En ese espacio, los investigadores secuestraron carpetas vinculadas a empresas y proyectos, entre ellos ChinaLink Asia, EY, Kreab y Tecnocasa. También encontraron documentación sobre facturas, contratos, conferencias, editoriales y consultoras.

    Las joyas incautadas en la oficina de Rodríguez Zapatero.

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    EFE

    Los agentes descargaron además el contenido de correos electrónicos y archivos almacenados en One Drive pertenecientes a Alcázar y Wells. Según los informes policiales incorporados al expediente, existen correos electrónicos enviados por Alcázar bajo la firma “Oficina del Presidente Zapatero” con instrucciones dirigidas a otros integrantes de la presunta trama. Los investigadores sostienen que esos mensajes estaban orientados a la emisión de facturas falsas.

    Por qué es investigado Rodríguez Zapatero

    La investigación tiene origen en actuaciones iniciadas fuera de España. En 2024, autoridades de Suiza y Francia detectaron que parte de los fondos del rescate estatal otorgado a la aerolínea española Plus Ultra había terminado en cuentas vinculadas al prestamista holandés Simon Verhoeven, identificado en la causa como comerciante de oro.

    A partir de esos hallazgos, los organismos europeos solicitaron colaboración a la Justicia española. La hipótesis bajo análisis indica que parte de los fondos investigados podría haber sido utilizada en operaciones de blanqueo de dinero procedente de Venezuela.

    Las joyas incautadas en la oficina de Rodríguez Zapatero.

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    EFE

    En octubre del año pasado, durante uno de los primeros operativos de la Udef, la Policía registró el domicilio de Verhoeven en Palma de Mallorca. Allí encontró doce relojes de lujo, una gargantilla dorada, anillos, collares y dos lingotes de oro.

    Ese procedimiento fue uno de los antecedentes que derivó posteriormente en el allanamiento de las oficinas utilizadas por Zapatero, a quien se lo investiga por tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal.

    Por su parte, la Udef considera que Zapatero habría tenido un rol central en las maniobras investigadas junto con Julio Martínez, señalado como presunto testaferro del exmandatario.

    Ahora bien, este martes, el juez de la Audiencia Nacional española, José Luis Calama, estableció que Rodríguez Zapatero deberá declarar ante la justicia entre los días 17 y 18 de junio.

    Causa AFA: el dueño de Sur Finanzas se declaró inocente ante la Justicia federal

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    Causa AFA: el dueño de Sur Finanzas se declaró inocente ante la Justicia federal

    El empresario Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas y figura asociada al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)Claudio Chiqui Tapia, se presentó este martes ante la Justicia en el marco de la investigación que lo menciona como cabecilla de una asociación ilícita. Durante su presentación afirmó que no tiene responsabilidad en los hechos y calificó al expediente como “una causa mediática”.

    El financista acudió a los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde lo esperaba el juez Luis Armella. Sin embargo, optó por no responder consultas y se limitó a entregar un documento escrito en el que afirmaba ser “inocente de la totalidad de los hechos”. En ese mismo texto desestimó “enfática y categóricamente” todos los cargos que pesan sobre él.

    El empresario Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas y figura asociada al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)Claudio Chiqui Tapia, se presentó este martes ante la Justicia en el marco de la investigación que lo menciona como cabecilla de una asociación ilícita. Durante su presentación afirmó que no tiene responsabilidad en los hechos y calificó al expediente como “una causa mediática”.

    El financista acudió a los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde lo esperaba el juez Luis Armella. Sin embargo, optó por no responder consultas y se limitó a entregar un documento escrito en el que afirmaba ser “inocente de la totalidad de los hechos”. En ese mismo texto desestimó “enfática y categóricamente” todos los cargos que pesan sobre él.

    La citación previa a la que no asistió

    No era la primera vez que Vallejo estaba convocado. El 5 de mayo pasado ya tenía una fecha pautada, pero faltó siguiendo el consejo de su defensa, que argumentó que existían “varias apelaciones pendientes” sin resolver.

    Ante esa ausencia, la fiscal Cecilia Incardona solicitó que se ordenara su arresto, pedido que Armella rechazó. En lugar de eso, el magistrado fijó una nueva fecha para la declaración, que terminó concretándose esta semana.

    De qué lo acusan

    La imputación contra el dueño de Sur Finanzas apunta a que habría encabezado una estructura delictiva destinada al lavado de activos.

    Según la investigación, ese esquema operaba a través de movimientos vinculados con la AFA y con distintos clubes que forman parte de la organización presidida por Tapia.

    Pese a la gravedad de las acusaciones, Vallejo insiste en que no cometió ningún delito. En su descargo señaló que fue traicionado por allegados en quienes confiaba, una situación que —según su versión— lo llevó a bajar las persianas de todas las oficinas de su firma.

    El vínculo con Tapia

    La relación entre el empresario y la cúpula del fútbol argentino no es nueva. En una nota periodística de 2023, el propio Vallejo había reconocido su cercanía con el dirigente: aseguraba mantener un buen trato, en particular con Tapia, y admitía que su compañía otorgaba préstamos a varias instituciones deportivas que requerían financiamiento.

    La batalla por el sello: el PJ Concordia dividido entre la renovación proclamada y las denuncias de usurpación partidaria

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    Más allá del anuncio de una nueva conducción partidaria, distintos dirigentes, consejeros y autoridades del justicialismo local comenzaron a plantear serios interrogantes sobre la validez institucional del procedimiento mediante el cual se proclamó al Dr. Agustín Cáceres como nuevo presidente del Partido Justicialista de Concordia.

    Las observaciones no se limitan a diferencias políticas internas. Por el contrario, apuntan a posibles incumplimientos de requisitos estatutarios básicos que podrían derivar en impugnaciones formales y abrir una disputa sobre la legitimidad de las decisiones adoptadas.

    La controversia sobre las supuestas renuncias

    El primer punto de conflicto surge de las declaraciones públicas de Facundo Ruiz Díaz, quien asegura no haber presentado su renuncia a la presidencia del Consejo Departamental. En la misma línea, la vicepresidenta Yanina Barbona afirmó que continúa en funciones y que jamás fue notificada sobre un proceso destinado a reemplazar autoridades.

    De confirmarse estas versiones, surge una pregunta central: ¿sobre qué fundamento institucional se declaró la vacancia de los cargos y quién estaba facultado para hacerlo?

    Cuestionamientos por la falta de convocatoria

    Otro de los aspectos señalados por fuentes partidarias es la presunta ausencia de una convocatoria formal a la totalidad de los integrantes del Consejo Departamental.

    Según estas versiones, tampoco habría existido una comunicación previa que incluyera un orden del día donde se anunciara el tratamiento de una eventual acefalía o la designación de nuevas autoridades.

    En cualquier órgano colegiado, la convocatoria regular y la debida notificación de sus integrantes constituyen condiciones esenciales para garantizar la transparencia y la validez de las decisiones adoptadas.

    Dudas sobre el quórum necesario

    La reunión en la que se habría definido el recambio contó, según trascendió, con la participación de siete de los quince consejeros titulares que integran el organismo partidario.

    Esa circunstancia abre otro foco de controversia: si la cantidad de asistentes resultó suficiente para habilitar el funcionamiento formal del cuerpo y para adoptar una resolución de semejante trascendencia institucional.

    Una mayoría que también es discutida

    A las dudas sobre el quórum se suma el debate respecto de la mayoría necesaria para modificar la conducción partidaria.

    Dirigentes consultados sostienen que una decisión de esta naturaleza requeriría el respaldo de la mitad más uno de los integrantes del Consejo Departamental, es decir, al menos ocho votos afirmativos.

    Si efectivamente participaron siete consejeros y existió al menos un voto negativo, como trascendió desde el propio encuentro, la decisión podría enfrentar nuevos cuestionamientos sobre su validez.

    Representación y participación de las minorías

    Las críticas también alcanzan a la falta de participación de autoridades partidarias que integran la estructura institucional del PJ local.

    La ausencia de notificación a consejeros, vicepresidentes y otros dirigentes con representación formal podría ser interpretada como una vulneración de los mecanismos internos de participación y control previstos para la toma de decisiones relevantes.

    Se trata de un aspecto especialmente sensible en organizaciones políticas donde la representación de las distintas corrientes internas constituye uno de los pilares de funcionamiento democrático.

    Un conflicto con posible derivación institucional

    Las discrepancias ya no parecen limitarse al terreno político. Si las irregularidades denunciadas son formalizadas, el conflicto podría escalar hacia los órganos partidarios provinciales e incluso derivar en actuaciones ante la Justicia Electoral.

    En ese escenario, la discusión dejaría de ser exclusivamente política para transformarse en una controversia institucional destinada a determinar cuál es la conducción legítima del PJ Concordia.

    Lo que no se dice

    Detrás de la discusión reglamentaria emerge una disputa de mayor profundidad: el control de la estructura partidaria de cara a la reorganización del peronismo local y a la construcción electoral con vistas a 2027.

    La batalla no parece centrarse únicamente en nombres propios ni en un simple relevo generacional. Lo que está en juego es quién conducirá el proceso de reconstrucción política de un espacio que viene atravesando años de derrotas electorales, divisiones internas y pérdida de representación social.

    Por eso, la polémica trasciende la figura de Agustín Cáceres o de Facundo Ruiz Díaz. Lo que se discute es si la renovación puede construirse respetando las reglas internas o si la urgencia por modificar liderazgos terminó generando un conflicto que amenaza con profundizar aún más las fracturas existentes.

    Mientras una parte del justicialismo habla de renovación, otra denuncia un intento de imponer autoridades por fuera de los mecanismos establecidos. Entre ambas posiciones, el PJ Concordia enfrenta una nueva prueba de legitimidad cuya resolución podría marcar el rumbo político del partido durante los próximos años.

    “No fui notificada”: fuerte denuncia de la vicepresidenta del PJ Concordia contra las nuevas autoridades

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    CONCORDIA. La reciente designación de nuevas autoridades en el Partido Justicialista de Concordia, presentada oficialmente como una etapa de renovación y recambio generacional, comenzó a generar las primeras controversias internas. Esta vez fue la actual vicepresidenta del PJ Concordia, Yanina Barbona, quien salió públicamente a cuestionar la legitimidad del procedimiento mediante el cual se anunció la nueva conducción partidaria.

    En declaraciones realizadas a Análisis Litoral, Barbona aseguró no haber recibido ninguna notificación formal por parte del Partido Justicialista Provincial sobre la decisión comunicada en las últimas horas, pese a encontrarse ejerciendo un cargo electivo vigente dentro de la estructura partidaria.

    La dirigente fue más allá y advirtió que la situación no solo vulneraría derechos políticos adquiridos mediante el voto de los afiliados, sino que además se produce en un contexto donde existen denuncias administrativas y judiciales aún pendientes de resolución respecto de la situación institucional del partido en Concordia.

    “No fui notificada de ninguna decisión”

    “Quiero ser clara y hablo solamente por mí. Soy Yanina Barbona, vicepresidenta del PJ Concordia, y no recibí ninguna notificación sobre esta decisión por parte del PJ Provincial”, expresó.

    Según manifestó, el conflicto institucional que atraviesa el justicialismo concordiense no es nuevo y actualmente es materia de denuncias tanto ante organismos partidarios como ante la Justicia.

    La dirigente sostuvo además que durante la ausencia del entonces presidente partidario, cumplió con las responsabilidades que le correspondían estatutariamente, llevando adelante las actividades partidarias durante la campaña electoral de 2025.

    “Cuando el presidente Ruiz Díaz estuvo ausente, fui quien sostuvo el funcionamiento del partido durante la campaña de la Lista 501 Fuerza Entre Ríos, encabezada por Adrián Bahl y Guillermo Michel. Cualquier compañero puede dar testimonio de que trabajamos para que el PJ Concordia siguiera siendo la casa de todos los militantes”, afirmó.

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    Denuncias por violencia política y restricciones internas

    Uno de los aspectos más delicados de su exposición pública está vinculado a las denuncias que asegura haber realizado contra integrantes del sector que posteriormente tomó control de la sede partidaria.

    Barbona señaló particularmente al dirigente Javier Orduna, a quien responsabiliza por situaciones de maltrato que derivaron en una denuncia formal.

    Según su relato, los episodios no solo no cesaron, sino que se profundizaron con el tiempo.

    “Priorizando mi integridad física y emocional, se me recomendó no concurrir sola al establecimiento partidario. Incluso cuando solicité las llaves o que se me permitiera ingresar para realizar reuniones con compañeros, se me negó el acceso”, denunció.

    La vicepresidenta sostuvo además que jamás existió un intento de acercamiento o diálogo para resolver las diferencias internas y que, por el contrario, las acciones recientes profundizan la división dentro del movimiento.

    El eje de la discusión: legitimidad y democracia interna

    Más allá de las diferencias personales o sectoriales, el planteo de Barbona introduce un debate de fondo sobre la legalidad y legitimidad del procedimiento utilizado para modificar la conducción partidaria.

    La dirigente recordó que su cargo fue obtenido mediante una elección interna y refrendado posteriormente por los órganos partidarios competentes.

    “A mí me eligieron los afiliados. No llegué por designación de nadie. Mi función fue respaldada por una elección democrática y por el Consejo Departamental que ratificó lo que correspondía por voluntad de los afiliados”, expresó.

    Sus declaraciones también contienen una crítica hacia los mecanismos internos que, según considera, terminan alejando al partido de los problemas reales de la sociedad.

    “No tienen respeto por los afiliados, los militantes ni por los vecinos que hoy atraviesan una situación muy difícil. Solo generan odio y más distancia entre compañeros”, afirmó.

    Una advertencia hacia el PJ Provincial

    Las palabras de Barbona también pueden interpretarse como un mensaje directo hacia las autoridades provinciales del justicialismo.

    Su reclamo apunta a que los organismos partidarios competentes revisen lo actuado, especialmente considerando que existen denuncias pendientes y que, según sostiene, no se habrían respetado los procedimientos estatutarios ni las garantías democráticas internas.

    La controversia abre un nuevo capítulo dentro de la ya compleja realidad que atraviesa el peronismo concordiense, donde los debates sobre renovación, representación y legitimidad parecen estar lejos de resolverse.

    Lo que no se dice

    Mientras algunos sectores celebran el recambio generacional anunciado esta semana, otros advierten que ninguna renovación puede consolidarse si previamente no se despejan las dudas sobre los mecanismos utilizados para producirla.

    Porque en política no alcanza con hablar de democracia interna: también hay que practicarla.

    Y cuando una autoridad electa denuncia que fue desplazada sin notificación formal, que existen denuncias sin resolver y que se desconocieron derechos adquiridos por el voto de los afiliados, la discusión deja de ser exclusivamente política para convertirse en una cuestión institucional.

    La pregunta que comienza a recorrer los pasillos del peronismo concordiense es tan sencilla como incómoda: ¿puede construirse una nueva etapa partidaria ignorando los procedimientos que le dan legitimidad?

    Antecedentes del conflicto

    • Cómo quedó conformado el PJ Concordia tras las últimas elecciones internas.
    • El rol de la vicepresidencia cuando se ausentó el presidente.
    • Las denuncias mencionadas por Barbona.
    • La reciente presentación de Agustín Cáceres y Sabrina Mazariche Parody.

    Qué puede pasar ahora

    • Posible intervención del PJ provincial.
    • Resolución de las denuncias pendientes.
    • Impacto en la unidad del peronismo de Concordia de cara a futuras elecciones.

    Analisis Litoral

    ¿Renovación o reciclaje? Cuando la memoria de los pueblos empieza a despertar

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    Durante más de cuarenta años, Concordia y gran parte de Entre Ríos fueron conducidas por dirigentes que, bajo distintos nombres, sellos y consignas, construyeron una relación política basada más en la dependencia que en el desarrollo.

    Generación tras generación, los vecinos vieron desfilar campañas cargadas de promesas, caminatas multitudinarias, actos partidarios y consignas épicas que prometían una sociedad más justa. “Hasta la victoria siempre”, “Juntos por el pueblo”, “La patria es el otro” y tantas otras frases que, con el tiempo, fueron perdiendo significado frente a una realidad que nunca terminó de cambiar para miles de familias.

    Cada elección repetía el mismo ritual. Los candidatos recorrían los barrios, estrechaban manos, escuchaban reclamos y prometían soluciones. Algunos incluso apelaban a la necesidad más básica de los sectores vulnerables, intercambiando ayuda inmediata por respaldo electoral. Mientras tanto, muchos ciudadanos votaban con esperanza, convicción o simplemente creyendo que esta vez sería diferente.

    Sin embargo, la verdadera victoria parecía estar reservada para otros.

    Para esos dirigentes que, una vez alcanzado el poder, construyeron carreras políticas interminables, acumularon privilegios, ubicaron familiares y allegados en cargos estratégicos y aseguraron un futuro económico muy distinto al de aquellos vecinos que les habían confiado su voto.

    Hoy muchos de esos protagonistas disfrutan de una vida cómoda, mientras Concordia continúa encabezando rankings que nadie quisiera liderar: pobreza, desempleo, informalidad laboral y falta de oportunidades para los jóvenes.

    Pero algo parece estar cambiando.

    Lentamente, una parte importante de la sociedad comenzó a abrir los ojos. La cultura de la dádiva pierde fuerza frente a una realidad que demuestra que el progreso genuino solo puede construirse mediante el estudio, el trabajo, el esfuerzo personal y la generación de oportunidades reales.

    La pregunta es si ese despertar será definitivo o si volverán a sonar las viejas sirenas de la política tradicional ofreciendo soluciones mágicas para problemas que ellas mismas ayudaron a crear.

    El pedido de “normalización” del PJ y una pregunta incómoda

    En este contexto apareció un comunicado de la agrupación “Convicción Peronista”, vinculada al ex intendente y ex candidato a gobernador Adrián Bahl, solicitando la normalización del Partido Justicialista de Concordia.

    El documento habla de devolverle la voz a la militancia, abrir las unidades básicas, promover elecciones internas y reconstruir la esperanza colectiva.

    Sobre el papel, los conceptos resultan atractivos. Participación, democracia interna, militancia y organización territorial son pilares fundamentales de cualquier fuerza política que pretenda representar a la sociedad.

    Sin embargo, la pregunta que muchos concordienses se hacen es inevitable:

    ¿Quiénes son los que hoy hablan de reconstrucción?

    Porque gran parte de los dirigentes que impulsan estos discursos formaron parte de las estructuras políticas que gobernaron la ciudad, la provincia y el país durante décadas.

    Si Concordia es hoy una de las ciudades más pobres de la Argentina, ¿quiénes deben asumir la responsabilidad política por esa realidad?

    Si durante años existieron recursos, obras, organismos, programas sociales y estructuras estatales, ¿por qué no se logró romper el círculo de pobreza estructural que sigue castigando a miles de familias?

    La renovación que no termina de convencer

    El comunicado insiste en la necesidad de una “renovación”. Sin embargo, para una sociedad golpeada por años de frustraciones, la palabra renovación ya no alcanza.

    Los vecinos no observan discursos; observan resultados.

    Y cuando ven a los mismos nombres, los mismos apellidos, los mismos espacios y los mismos operadores políticos hablando de cambios profundos, la credibilidad comienza a erosionarse.

    Porque la verdadera renovación no consiste en cambiar el eslogan ni el logo partidario.

    La verdadera renovación implica autocrítica.

    Implica reconocer errores.

    Implica explicar por qué una ciudad que recibió millonarias inversiones públicas terminó convertida en símbolo de pobreza.

    Implica asumir responsabilidades antes de volver a pedir confianza.

    Lo que no se dice

    Mientras el comunicado enumera pavimento, centros infantiles, redes de agua y obras públicas, evita abordar el problema central:

    Concordia sigue siendo una de las ciudades con mayores índices de pobreza del país.

    Esa es la discusión que la política todavía no logra dar.

    Porque las obras son importantes, pero una sociedad se mide por las oportunidades que genera para sus habitantes.

    Y después de décadas de hegemonía política, los resultados sociales están a la vista.

    El desafío de la nueva etapa

    La administración actual de Francisco Azcué enfrenta enormes dificultades y una situación económica compleja heredada de años de desorden estructural. Sus resultados también serán evaluados por la ciudadanía.

    Pero una cosa parece haber cambiado respecto de otras épocas: la sociedad ya no acepta relatos con la misma facilidad.

    La gente pregunta.

    Compara.

    Investiga.

    Y cada vez más ciudadanos entienden que ningún dirigente político puede transformarse en propietario eterno de la esperanza popular.

    La reconstrucción de Concordia será posible cuando la política deje de mirar las próximas elecciones y empiece a pensar en las próximas generaciones.

    Hasta entonces, cualquier convocatoria a la unidad o a la reconstrucción correrá el riesgo de parecer apenas otro capítulo de una historia que los concordienses conocen demasiado bien.

    Y quizás por eso, hoy el problema del peronismo no sea la falta de normalización partidaria.

    El verdadero problema es que una parte importante de la sociedad ya no cree en quienes durante décadas le prometieron un futuro mejor y terminaron administrando su frustración.

    Misterioso proyecto sobre la reelección de intendentes 

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    Ingresó por el Senado y plantea un “alcance interpretativo” de la Constitución. 

    Un proyecto de ley ingresó al Senado y refiere a la cláusula de reelección de los intendentes y viceintendentes. El artículo primero es entusiasta cuando expresa que “tiene por objeto establecer el alcance interpretativo de la limitación a la reelección prevista en el artículo 234 de la Constitución Provincial”. 

    Ese cláusula constitucional dice: “…durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos o sucederse recíprocamente por un período consecutivo más y luego sólo por períodos alternados…”.

    El proyecto de ley dice en su artículo número 2°: “La prohibición de reelección reviste carácter personal y alcanza a todo ciudadano que haya ejercido dos períodos consecutivos en el Departamento Ejecutivo Municipal, sea en calidad de presidente municipal o vice presidente municipal”.

    Bien. 

    Artículo 4° de la iniciativa: “Los ciudadanos alcanzados por esta ley, sólo podrán postularse nuevamente una vez transcurrido un período completo”.

    Bien. 

    Hasta acá, la carta magna es tan clara como el proyecto presentado. 

    Según el autor, Vergara, “se han verificado en los últimos períodos electorales diversas presentaciones judiciales promovidas por ciudadanos de distintas jurisdicciones municipales, en las cuales se han articulado planteos fundados en el derecho a ser elegido, así como en la invocación de supuestos vacíos o ambigüedades normativas”.

    “Tales planteos han procurado -sigue el senador de Juntos por el Cambio – en algunos casos con resultados favorables, habilitar interpretaciones que importan una flexibilización de los límites constitucionales a la reelección, con la consecuente afectación del principio de temporalidad en el ejercicio de los mandatos”.

    Al caso que se hace referencia en los fundamentos es el “Cergneux, Leonardo Rubén Lista Nro. 323 Unidos Somos Más C/ Viganoni Fernando Rubén Lusta Nro. 2 Más Para Entre Ríos S/ Impugnación de Proclamación y/u Oficialización de Candidatura”. 

    Se trata de Fernando Viganoni, quien se había desempeñado como viceintendente en San Justo (Departamento Uruguay), los cuatro años siguientes fue elegido intendente y en 2023 se presentó para reelegir, imponiéndose en la elección. En esta última, claramente, no podía. La Constitución es clarísima. 

    El caso de Juan Carlos Darrichón fue similar. Pretendía ser intendente por tercera vez. No podía. Punto. 

    El proyecto de ley de pretensiones interpretativas no dice ni una palabra sobre un caso que podría prestarse a la confusión. Es el de Mauricio Davico, intendente de Gualeguaychú, sobre quien todavía no se resolvió la impugnación a su candidatura. El dirigente vecinal venía de gobernar Pueblo General Belgrano en dos oportunidades consecutivas y se presentó para una tercera, pero en Gualeguaychú. La pretensión de ser intendente por tercera vez consecutiva es comparable a los casos anteriores, pero en Davico aparece surge otro interrogante: ¿se puede cambiar de distrito y volver el reloj reeleccionista a cero?. El Tribunal Electoral interpretó que sí y es lo que ahora tiene que resolver el Superior Tribunal de Justicia (STJ). 

    Cuando se indaga las motivaciones del senador Diamante, la lupa se va hasta Rámirez, donde Flavia Pamberger es intendenta, pero cuenta como segundo mandato porque en la anterior fue vice de Vergara. Le imputan ganas de buscar una nueva reelección y las relaciones con su senador, Vergara, no serían las mejores. Dicen. 

    Al fin de cuentas, la Constitución en su artículo 234 no parece dejar lugar a dudas. Lo que sucedió hace 3 años fue un bochorno jurídico que, ahora, se pretende “interpretar”. 

    Denuncian Accionar de involucrados en la causa ” Contratos Truchos”

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    Fuertes denuncias sobre pagos de favores en designaciones de directores políticos, coordinadores de inteligencia y escandalosos sobreprecios en la obra pública han llegado de manera detallada a nuestra redacción, aportando documentación y testimonios que exponen la verdadera magnitud de manejos administrativos fraudulentos en el ámbito local.

    Los sobreprecios en la obra pública, como ciclovía y puentes, y el sostenimiento de puestos de favor político para nombres conocidos, amparados por las decisiones de Adán Bahl y de quien fuera su Secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento, forman parte de las graves irregularidades que los trabajadores de carrera de la comuna han decidido sacar a la luz ante este medio.

    La reciente decisión de dar de baja una licitación abusiva de 80 millones de pesos para modificar la ciclovía de la Costanera, que ahora se realizará con personal municipal por una fracción de ese costo, desnudó una matriz de desidia institucional intencional que conecta de forma directa con las denuncias sobre el accionar de diversos involucrados en la causa CONTRATOS II. Esta farsa queda al descubierto al contrastar la actual lupa administrativa con el historial de la gestión anterior de Adán Bahl y su secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento, período caracterizado por convalidar demarcaciones viales a costos que duplicaban los parámetros de mercado en dólares, otorgar contrataciones directas cuestionables a empresas constructoras con graves antecedentes y sostener designaciones políticas de alto rango económico en dependencias difusas para amparar a operadores, como Joel Kohan, que no prestan servicios reales.

    El detonante de este debate fue la decisión de Romero de frenar de manera tajante el proceso licitatorio impulsado por la Subsecretaria de Planificación, arquitecta Alejandra Flores, el cual preveía una inversión cercana a los 80 millones de pesos para cambiar de margen la traza de bicicletas en la Costanera Baja. La jefa comunal consideró abusivo y escandaloso abonar semejante cifra a una empresa privada.

    En su lugar, desautorizó el anuncio oficial de Flores y determinó que las tareas , que demandarán entre 30 y 40 días, incluyendo bacheo, remoción de maceteros e instalación de separadores viales de caucho, se ejecuten íntegramente con mano de obra del personal municipal y materiales comprados de forma directa. La intendenta estimó que este cambio de estrategia administrativa representará un ahorro sustancial para las arcas de la comuna, estimando el costo real en apenas una fracción de lo presupuestado originalmente, es decir, entre un 70% y un 80% menos de lo que pretendía gastar la gestión técnica de Flores.

    Aún no se sabe si la subsecretaria Alejandra Flores presentó la renuncia ante semejante y humillante desautorización pública de la intendenta Rosario Romero, o si pretende seguir atornillada a su sillón como si nada hubiera pasado. Una permanencia en el puesto que, a esta altura, resulta éticamente insostenible y un insulto a los contribuyentes.

    ¿Con qué autoridad moral puede continuar al frente de la planificación urbana una funcionaria que pretendía imponer un gasto descomunal de ochenta millones de pesos por un simple trabajo de pintura y remoción de maceteros?

    Semejante brecha con el costo real, que la propia intendencia demostró que se puede resolver con mano de obra municipal por apenas una fracción de lo presupuestado, enciende de inmediato las alarmas más oscuras. Ante un sobreprecio tan burdo y escandaloso, es inevitable que en el ciudadano común surja la sospecha legítima y la pregunta obligada de si detrás de esa insistencia por contratar a una empresa privada no se escondía el beneficio personal, el histórico y nefasto retorno que tanto asfixia a las arcas públicas. Sostener en sus funciones a quien validó semejante despropósito no solo dinamita la credibilidad de la gestión, sino que hace pensar que el vaciamiento y la complicidad siguen siendo opciones válidas en los despachos oficiales.

    La firmeza de la actual gestión contrasta nítidamente con la laxitud financiera que caracterizó al período 2019-2023. En marzo de 2021, bajo la intendencia de Bahl y con Maximiliano Argento como ejecutor de la infraestructura, el municipio adjudicó a la firma privada Becha S.A. el primer tramo del «Programa Bicivía» por un monto exacto de $9.723.596,48. Pocos meses después, en junio de ese mismo año, se le otorgaron a la misma empresa otros 9 millones de pesos para una extensión hacia el Thompson, totalizando casi 20 millones de pesos por apenas 10 kilómetros de pintura y señalización horizontal.

    La conversión de estos valores a la realidad cambiaria desuda un desfasaje monumental. En marzo de 2021, con un dólar oficial cotizando a 89 pesos, aquel primer contrato de casi 10 millones de pesos equivalía a 109.000 dólares. Si esa misma cotización en moneda extranjera se traslada al valor del mercado cambiario actual, que promedia los 1.400 pesos, la obra ejecutada por Argento costó el equivalente a más de 152 millones de pesos de hoy. Es decir, mientras que a la actual intendencia pagar 80 millones de pesos le pareció un exceso intolerable para la comunidad, en la gestión anterior se convalidó un gasto que duplicaba los parámetros actuales de mercado para un trabajo idéntico de demarcación vial, descartando sistemáticamente la utilización de las cuadrillas municipales.

    Las polémicas ligadas a la gestión de Maximiliano Argento en Obras Públicas no se limitaron a la pintura de senderos. Uno de los episodios más críticos de su administración fue la firma del contrato para la reparación del puente sobre la calle Moreno. Dicha estructura había demandado a los contribuyentes paranaenses un desembolso superior a los 121 millones de pesos a valores de la época y sufrió un desmoronamiento estructural en una de sus cabeceras a escasos cuatro años de su inauguración. El desastre vial no solo bloqueó el tránsito de una arteria clave, sino que forzó un polémico cambio en el sentido de circulación del Parque Urquiza que despertó el rechazo generalizado de la ciudadanía.

    Lejos de iniciar acciones legales contra la constructora Norvial por las evidentes fallas de edificación o de exigir la ejecución de las garantías de obra, la Secretaría de Obras Públicas a cargo de Argento optó por un camino sumamente cuestionable: premiar a la misma empresa con un nuevo contrato directo de $9.428.219,92 para enmendar sus propios errores. Para mayor ironía de la época, la firma ya arrastraba severos cuestionamientos por las deficiencias técnicas en el puente de la calle Gálvez, cuya infraestructura defectuosa provocó el trágico desborde pluvial que terminó con la vida de la joven Fiorella Furlán. Los paranaenses terminaron pagando dos veces por una misma obra, en un marco de profunda crisis donde el esfuerzo fiscal de los contribuyentes era administrado con una alarmante desidia.

    Vale recordar que Maximiliano Argento arribó a la Municipalidad de Paraná por gentileza de Adán Bahl, habiendo adquirido previamente un lujoso departamento ubicado en la estratégica esquina de calle Tucumán y Alameda de la Federación, en plena zona del Parque Urquiza. La propiedad, valuada por agentes inmobiliarios en unos 400 mil dólares, fue comprada mientras Argento se desempeñaba simplemente como un empleado del Senado provincial, entonces manejado por el propio Bahl, coincidiendo temporalmente con el momento en que estalló el multimillonario escándalo de los «Contratos (truchos) de la Legislatura». Esta impactante adquisición representa un patrimonio sumamente difícil de justificar con el sueldo de un agente legislativo; un dato clave y una inconsistencia financiera brutal que los fiscales de la causa «Contratos II» no deberían pasar por alto bajo ninguna circunstancia.

    La trama que rodea a la vieja estructura de Obras Públicas de Paraná posee derivaciones que exceden los presupuestos y rozan el armado de esquemas de inteligencia interna y cobros indebidos. De acuerdo con los registros del personal de la comuna, durante la intendencia de Adán Bahl este y Maximiliano Argento el 02/01/2020 designaron con el cargo de Director Político a Joel Kohan en el área de obras públicas. Los trascendidos de los pasillos gubernamentales coinciden en que no existía una necesidad real de contratar personal, sobre todo en un momento en que se estaban dando de baja cientos de contratos de personas que llevaban años prestando servicios, dejándolas en la calle bajo la excusa de buscar el equilibrio fiscal del municipio.

    Según fuentes municipales fidedignas, el nombrado no cumplía ninguna función específica y el cargo de director político le fue otorgado únicamente como pago por favores recibidos, como haber hecho tareas ajenas a la función pública, coordinando presuntas operaciones y maniobras complejas mediante una abogada de un reconocido estudio jurídico ubicado sobre la calle 25 de Junio de la capital entrerriana. Kohan estuvo de Director Político categoría 34 hasta el 04/10/2024, para ser designado a partir de esa fecha por pedido de Bahl y Argento en pago de favores como COORDINADOR de INTELIGENCIA CON LA CATEGORÍA 43 y un sueldo de 1.949.154 pesos con un adicional por función de 816.000 pesos amparándose en la ordenanza 9014.

    Antes de abandonar el Ejecutivo Municipal, Adan Bahl se encargó de blindar el futuro de su equipo de confianza. El segundo de la cartera de Obras Públicas, Gerardo Pastor, un técnico de extracción radical cuyo padre fuera el secretario del histórico caudillo previsional Arturo Vera, logró su estabilidad en la planta permanente del Estado, habiendo desempeñado previamente funciones administrativas clave en el Senado provincial cuando Bahl ejercía la vicegobernación. Al concluir el mandato, tanto Argento como Pastor y otros asesores directos se replegaron en la Cámara Alta entrerriana, garantizando la continuidad del cobro de haberes de altísimo rango legislativo.

    El caso de Joel Kohan expone un escenario de marcada irregularidad administrativa que genera un profundo malestar entre los empleados de carrera de la Municipalidad de Paraná. El funcionario fue reubicado estratégicamente en una estructura creada bajo el rótulo de la Coordinación de Inteligencia, una dependencia difusa que opera formalmente bajo la órbita de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, con asiento en las oficinas de Avenida Ramírez 2821. Quienes cumplen funciones de manera diaria en dicha repartición denuncian de manera categórica que el coordinador no se presenta a cumplir sus tareas habituales, registrando inasistencias prolongadas que se extienden por meses enteros sin justificación alguna. El cobro regular de un sueldo de jerarquía de director, categoría 43, por parte de un agente que reviste la condición de «ñoqui» institucional, constituye una afrenta directa hacia los trabajadores que sostienen los servicios públicos en la ciudad.

    Este escándalo de personal, sumado a las irregularidades en la obra pública, deja al desnudo una matriz de desidia institucional evidentemente intencional y planificada. Un sistema que, mientras convalidaba escandalosos sobreprecios medidos en dólares y premiaba sistemáticamente a constructoras penalmente cuestionadas por la sociedad, sostenía en paralelo estructuras burocráticas oscuras para amparar a operadores y «ñoquis» de la política.

    Denuncia contra Bordet :Trascienden detalles de la investigacion

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    La denuncia de un ciudadano hizo mella en el Talón de Aquiles de la corrupción política. Apuntó al fabuloso patrimonio, imposible de explicar legalmente.

    # EL CÚMULO DE PRUEBAS MUESTRAS UN INCREMENTO PATRIMONIAL DESPROPORCIONADO, GOZADO POR EL EXGOBERNADOR (ACTUAL LEGISLADOR NACIONAL), SU ESPOSA, ACTUAL DIPUTADA PROVINCIAL y SUS HIJAS (ALGUNA, EMPLEADA PROVINCIAL NOMBRADA POR SU PADRE HASTA 2040) #

    𝗨𝗡𝗔 𝗗𝗘𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗜𝗭𝗔𝗗𝗔 𝗛𝗔𝗖𝗘 𝗗𝗢𝗦 𝗔Ñ𝗢𝗦 𝗔𝗧𝗥𝗔́𝗦 𝗩𝗜𝗘𝗡𝗘 𝗗𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗙𝗥𝗨𝗧𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗨́𝗟𝗧𝗜𝗠𝗢𝗦 𝗗𝗜́𝗔𝗦

    El Ministerio Público Fiscal de Concordia inició dos años atrás una investigación formal iniciada por la denuncia del ciudadano Héctor D. D´ambrós contra el actual Diputado Nacional, exgobernador de Entre Ríos y exintendente de dicha ciudad, Gustavo Bordet, bajo la carátula de “ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO”.

    La causa, identificada como Legajo N° 2240/24, surge a raíz de una denuncia que señala un incremento patrimonial presuntamente desproporcionado durante su ejercicio en la función pública entre los años 2007 y 2023.

    𝗛𝗜𝗣𝗢́𝗧𝗘𝗦𝗜𝗦 𝗗𝗘𝗟𝗜𝗖𝗧𝗜𝗩𝗔

    La hipótesis delictiva, contenida en un escrito del fiscal José Emiliano Arias que fue adjuntado a la documentación elevada en su momento a la legislatura entrerriana para que autorizaran allanamientos a diversas propiedades del exgobernador, sostiene que Bordet “habría incrementado desproporcionadamente su patrimonio a partir de la adquisición de bienes inmuebles y muebles”. Para estas maniobras, la fiscalía sospecha la intervención de “personas interpuestas”, mencionando específicamente a su cónyuge, Silvia Mariel Ávila, a sus hijas y a otras personas de su entorno cercano.

    𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗜𝗡𝗢𝗖𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔

    Gustavo Bordet ha insistido en defender su inocencia toda vez que han trascendido datos de la investigación y especialmente cuando la Justicia irrumpió en sus propiedades, a la par que ha denunciado ser víctima de operaciones mediáticas de las que responsabiliza especialmente al Ministerio Público Fiscal y que violarían el principio constitucional de la presunción de inocencia.

    Sin embargo, aunque se trate de realidades diferentes, son escasas las publicaciones periodísticas sobre la investigación al patrimonio de Bordet si se las compara con el modo en que la prensa nacional ha ventilado cada detalle de la causa contra el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, también por presunto enriquecimiento ilícito.

    En cuando a la presunción de inocencia, nuestro Estado de Derecho asegura que sólo puede caer si hay sentencia condenatoria firme.

    En el caso de Bordet, ni siquiera ha sido juzgado en primera instancia ni tampoco se ha requerido la instancia de juicio. Es obvio entonces que se trata de un ciudadano a quien se presume inocente, que ha sido denunciado y, por consiguiente, está siendo investigado. Y, tratándose de un hombre público, también va de suyo que los avances de las labores investigativas sean reflejados por los medios, sin que ello signifique prejuzgamiento alguno.

    “En el marco de las constataciones realizadas en mi domicilio, a las que accedí voluntariamente, sin ampararme en fueros legislativos, quiero reiterar que he cumplido, una vez más, con cada uno de los requerimientos judiciales que me han sido formulados”, dijo Gustavo Bordet el mismo día en que se llevaban a cabo procedimientos en sus casas de Concordia. E insistió: “no poseo propiedades no declaradas, no tengo bienes en el exterior, ni participo en sociedades irregulares. Mi patrimonio, al igual que su evolución, es el que ha sido informado por las vías legales correspondientes, y así seguirá siendo”.

    𝗣𝗥𝗨𝗘𝗕𝗔𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗨𝗡𝗗𝗘𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗗𝗔𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗘𝗟 𝗙𝗜𝗦𝗖𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗨𝗦𝗔, 𝗣𝗘𝗥𝗢 𝗧𝗢𝗗𝗔𝗩𝗜́𝗔 𝗡𝗢 𝗩𝗔 𝗔 𝗝𝗨𝗜𝗖𝗜𝗢

    Pero el escrito de Arias dice otra cosa muy distinta. Incluye algunas aseveraciones tajantes (omisiones de bienes, subvaluaciones de propiedades, numerosos viajes sin gastos registrados en el exterior y transferencias bancarias desde funcionarios a familiares) y no pocas suposiciones, que por el momento el Fiscal José Arias no ha podido probar, por lo que no pasan de la categoría de conjeturas. Por caso, que Bordet posea tarjetas de crédito/débito emitidas en el exterior, dinero en efectivo no declarado y hasta alguna sociedad no registrada fuera del país.

    𝗔𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗦𝗧𝗔𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗜𝗡𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗚𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡

    Entre los datos más relevantes que aparecen en el documento -al que accedió El Entre Ríos- y que fundamentan la sospecha de la Fiscalía se encuentran:

    ▪️ Omisión de bienes en declaraciones juradas: El Ministerio Público Fiscal considera acreditado que Bordet no habría incorporado diversos inmuebles en sus presentaciones ante la Municipalidad de Concordia y la Cámara de Diputados de la Nación, incluyendo propiedades adquiridas en los años 2000, 2009, 2011 y 2016.

    ▪️Subvaluación de inmuebles: La investigación detectó inmuebles que habrían sido registrados por valores muy inferiores a los del mercado. Un ejemplo citado es un terreno en el loteo Mena-Beckman, escriturado por un valor de USD 12,40 por m2, cuando otros compradores de lotes linderos declararon haber pagado sumas que superaban los USD 65 por m2.

    ▪️ Inconsistencias en “departamentos de pozo”: La fiscalía señala una “flagrante disminución” del 35% entre los montos realmente aportados para la construcción de departamentos en Concordia y lo declarado ante la AFIP (hoy ARCA). El fiscal Arias afirma que esta diferencia detectada “no está justificada y bien podría tratarse del fruto de dinero ilícito”.

    𝗜𝗡𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝟯𝟯𝟬% 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗩𝗔𝗟𝗢𝗥 𝗗𝗘𝗖𝗟𝗔𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗨𝗡𝗔 𝗗𝗘 𝗦𝗨𝗦 𝗧𝗔𝗡𝗧𝗔𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗜𝗘𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗜𝗡𝗠𝗨𝗘𝗕𝗟𝗘𝗦

    Uno de los puntos centrales del escrito en el que se fundó el pedido de allanamiento es la vivienda que Bordet construyó en el barrio privado “Village Termal” de Concordia. Según un informe del Colegio de Arquitectos citado por Arias, el costo de construcción de una vivienda de ese tipo supera ampliamente lo declarado por el exmandatario. La fiscalía advierte sobre una presunta maniobra de “subvaluación” tanto en la compra de los terrenos como en los costos de la edificación, detectando una diferencia del 330% entre lo declarado y lo que se estima como costo real de mercado.

    𝗩𝗜𝗗𝗔 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗚𝗡𝗔𝗧𝗘𝗦: 𝗢𝗦𝗧𝗘𝗡𝗧𝗢𝗦𝗢𝗦 𝗩𝗜𝗔𝗝𝗘𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢, 𝗧𝗔𝗡𝗧𝗢 𝗘́𝗟 𝗖𝗢𝗠𝗢 𝗦𝗨 𝗘𝗦𝗣𝗢𝗦𝗔 𝘆 𝗦𝗨𝗦 𝗛𝗜𝗝𝗔𝗦

    La investigación también pone el foco en la vida social y los viajes de la familia Bordet. Según informes de Migraciones, entre 2007 y 2023, Gustavo Bordet registró 202 noches de pernoctación en el exterior en viajes no oficiales, visitando destinos como Estados Unidos, Francia, Alemania, España y Sudáfrica, entre otros.

    Asimismo, se destaca una “especial relación” con la República Oriental del Uruguay, donde el exgobernador habría ingresado en 65 oportunidades, la gran mayoría por razones personales. La fiscalía investiga si estas constantes visitas, que suman más de seis meses de permanencia en el vecino país, podrían estar vinculadas al “traslado de dinero o bien realización de trámites bancarios”.

    Préstamo y compra de una casa el mismo día en que asumió como intendente

    El informe fiscal comienza haciendo mención a algo que habría ocurrido el 10 de diciembre de 2007, el mismo día en que Gustavo Bordet asumió por primera vez la intendencia de Concordia.

    Se trata de la operación de compra de un inmueble mediante un préstamo hipotecario del Consejo de Ciencias Económicas por $140.000 (USD 44.000 aproximados). Arias sumó el sueldo de Bordet como intendente y el de su esposa como docente y llegó a la conclusión de que el monto del préstamo “equivalía a 29,65 sueldos” del matrimonio.

    Fiscalía interpreta como algo relevante que el crecimiento patrimonial que de allí en más se produciría, con la compra de departamentos, terrenos y construcción de una casa, se llevó a cabo no solo con ingresos no significativos de Bordet y su esposa sino que además mientras tanto debía afrontar el pago de aquél crédito de 2007.

    𝗩𝗢𝗟𝗨𝗠𝗘𝗡 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗔𝗝𝗘𝗦 𝘆 𝗙𝗔𝗟𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗡𝗖𝗜𝗔𝗘𝗥𝗔

    El Ministerio Público Fiscal asegura haber documentado una cantidad significativa de días de permanencia en el exterior que no corresponden a viajes oficiales:

    ▪️Gustavo Bordet: Registra 202 noches de carácter no oficial en destinos como Estados Unidos, Francia, Alemania, España y Sudáfrica, entre otros.

    ▪️Silvia Mariel Ávila (esposa): Registra 193 noches, incluyendo destinos exóticos como Emiratos Árabes, Tailandia y Vietnam.

    ▪️Hijas (Lara y Delfina): Registran 70 y 101 noches respectivamente.

    La sospecha surge porque, según los informes bancarios y de la AFIP-ARCA, Bordet y su esposa utilizaron mínimamente sus tarjetas de débito y crédito emitidas en Argentina durante estos viajes.

    Además, no se han detectado operaciones significativas de cambio de divisas desde 2019, lo que plantea la duda de cómo solventaban sus gastos en moneda extranjera.

    𝗨𝗦𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗧𝗔𝗦 𝗧𝗔𝗥𝗝𝗘𝗧𝗔𝗦 𝘆 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗘𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗘𝗫𝗧𝗘𝗥𝗜𝗢𝗥

    Para el fiscal, existe una sospecha fundada de que la familia podría estar utilizando tarjetas de crédito/débito emitidas en el exterior o dinero en efectivo no declarado.

    Pasajes comprados en EE.UU.: Un informe de American Airlines reveló que Bordet compró pasajes a través de una agencia (AMEXGBT) registrada en Estados Unidos, que solo opera con clientes corporativos.

    Sospecha sobre sociedades no declaradas: Debido a que American Express negó la existencia de tarjetas locales a nombre de Bordet, la fiscalía deduce que una persona jurídica o empresa en el extranjero podría haber pagado esos viajes, sugiriendo que el exgobernador manejaría una sociedad no declarada fuera del país.

    LA RELACIÓN PARTICULAR CON URUGUAY -R.O.U.-

    Bordet registra 65 ingresos a la República Oriental del Uruguay, de los cuales 56 fueron por razones personales, sumando un total de 187 noches.

    Indicios de bienes no declarados: La familia ha tenido largas estadías veraniegas en Uruguay (por ejemplo, 38 noches en 2023), pero no se registran gastos de alojamiento o alquiler de autos, lo que sugiere a la Fiscalía que podrían poseer propiedades o vehículos no declarados en dicho país.

    Viajes “relámpago”: Se detectaron múltiples viajes de ida y vuelta el mismo día, incluso en vuelos privados, lo que la fiscalía interpreta como un posible indicio de traslado de dinero o trámites bancario.

    Financiamiento indebido con fondos públicos

    La investigación también señala que organismos públicos habrían cubierto gastos que debían ser privados:

    ▪️Consejo Federal de Inversiones (CFI): Se detectó que este organismo pagó pasajes para la esposa e hija de Bordet en viajes “oficiales” a EE.UU. (2016 y 2018), antes de que Silvia Mariel Ávila tuviera un cargo público que justificara la cobertura de gastos.

    ▪️Viáticos irregulares: Silvia Mariel Ávila habría recibido transferencias por viáticos del CFI y de la Provincia de Entre Ríos antes de ser funcionaria, bajo el concepto de “cumplir funciones junto al Gobernador”.

    En resumen, la fiscalía sostiene que el ocultamiento de estos consumos y el uso de terceros o fondos públicos para financiarlos evidencian una falta de transparencia y la posible existencia de dinero ilícito.

    𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗕𝗔𝗡𝗖𝗔𝗥𝗜𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗔 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗚𝗥𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗙𝗔𝗠𝗜𝗟𝗜𝗔 𝗕𝗢𝗥𝗗𝗘𝗧

    Según la investigación de Fiscalía, los allegados de Gustavo Bordet se vinculan con transferencias bancarias mediante el envío recurrente de dinero a su esposa, Silvia Mariel Ávila, y a sus hijas, Florencia y Delfina Bordet.

    La fiscalía considera estas operaciones como “llamativas” debido a que los originantes son personas que se desempeñaron en la órbita pública cercana al exgobernador.

    𝗩𝗜́𝗡𝗖𝗨𝗟𝗢𝗦 𝘆 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔𝗦

    Transferencias de Sonia Alejandra Romero: Tuvo una evolución profesional ligada a Bordet, pasando de ser su empleada de “casas particulares” (2009-2016) a ser designada Coordinadora en la Secretaría Privada de la Gobernación (2019) y luego personal de planta del Senado (2023).

    ▪️A Silvia Mariel Ávila: Envió múltiples montos de $50,000 y 200,000 pesos entre2021 y 2022,sumando un total de 600,000 pesos.

    ▪️ A Delfina Bordet: Realizó diversos envíos en 2022 y 2023 que totalizaron $391,700.

    Transferencias de Franco Germán Ferrari: Se desempeñaba como Secretario General de la Gobernación.

    ▪️A Florencia Bordet: Registra una gran cantidad de transferencias periódicas durante 2021, 2022 y 2023, alcanzando un total de $1,340,000.

    ▪️Pago de viajes: Además de las transferencias, Ferrari pagó con su tarjeta de crédito personal un pasaje de avión a Nueva York para Delfina Bordet en marzo de 2023, por un valor de USD 1,740.15

    Transferencias de María Florencia Coelho: Dependiente de la Honorable Cámara de Senadores.

    ▪️A Florencia Bordet: Realizó envíos menores entre 2021 y 2022, totalizando $23,700.

    La fiscalía sostiene que estas transferencias carecen de explicación y son indiciarias de que estos funcionarios podrían estar manejando veladamente dinero de Gustavo Bordet. Esta sospecha se refuerza al no existir documentación que acredite la devolución del dinero por parte de la familia Bordet a los funcionarios, como en el caso del pasaje pagado por Ferrari.

    𝗟𝗔𝗦 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗧𝗔𝗦 𝗦𝗨𝗕𝗩𝗔𝗟𝗨𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦

    En su escrito, Arias dice haber detectado marcadas diferencias entre los montos declarados por la familia Bordet y los valores reales de mercado o costos de construcción. Las subvaluaciones más relevantes que menciona son las siguientes:

    1. Terrenos en Loteos

    ▪️Loteo Mena y Beckman (Concordia): Bordet declaró haber pagado USD 12,40 por m2 ($25.000 por 483,94 m2) en 2011. Sin embargo, la investigación determinó que en ese loteo el precio mínimo era de USD 48 por m2, y para lotes similares al suyo, superaba los USD 65. Un testigo que compró un terreno lindante de idénticas medidas declaró haber pagado USD 32.000 (aprox. USD 66 por m2).

    ▪️Barrio Village Termal (Lote 1 – 2016): Declaró un pago de USD 10,50 por m2. La corredora inmobiliaria a cargo de la venta informó que esos lotes exclusivos con acceso a aguas termales se comercializan a USD 60 por m2.

    ▪️Barrio Village Termal (Lote 2 – 2021): Declaró un valor de USD 6,35 por m2 (USD 7.500 por 1.183,81 m2), cifra que la fiscalía califica como “francamente irreal”.

    2. Departamentos “de Pozo”

    ▪️ Edificio San Juan (Concordia): Bordet declaró una inversión de USD 22.688. No obstante, según el arquitecto de la obra, el costo final fue de USD 450 por m2, lo que arroja un valor real de USD 29.511. Se detectó una subvaluación del 30%.

    ▪️ Edificio Catamarca (Concordia): Declaró ante la AFIP la suma de $83.051 (USD 26.373). La justicia obtuvo los recibos reales de sus aportes al fideicomiso, que sumaban $105.624 (USD 33.542). Aquí la diferencia detectada fue del 35%.

    3. Costos de Construcción (Vivienda en Village Termal)

    La fiscalía señala una maniobra de subvaluación masiva en la casa de 409,18 m2 construida por Bordet:

    ▪️ Monto declarado: Sumando terrenos y mejoras, Bordet declaró un total de $4.023.383.

    ▪️ Costo real estimado: Según el Colegio de Arquitectos, el costo mínimo para una vivienda tipo “country” a enero de 2019 era de $ 38.844 por m2. Esto implica un costo de construcción mínimo de $ 13.847.930, sin contar el valor de la tierra ni extras como la piscina.

    ▪️ Brecha: Se detectó una diferencia del 330% entre lo declarado y el costo oculto.

    Arias considera que lo ocurrido en la finca de Village Termal es una maniobra “patente” de “subvaluación”, sea en relación a la compra de los terrenos así como en los costos de construcción de la casa.

    4. Desproporción en Operaciones Inmobiliarias (Florencia Bordet)

    Fiscalía apunta a una inconsistencia en las transacciones de su hija.

    Florencia Gabriela Bordet justificó la compra de su casa en Paraná, ubicada en la calle Adolfo Alsina N° 841, manifestando en la escritura pública que los fondos utilizados provenían de la venta previa de un departamento de su propiedad en Rosario.

    De acuerdo con los documentos de la investigación, los detalles de esta justificación son los siguientes:

    ▪️ La venta en Rosario: El 31 de octubre de 2019, Florencia vendió un departamento de 33,47 m² ubicado en la calle España 1790 por un valor de USD 65.000.

    ▪️ La compra en Paraná: El 24 de junio de 2020 (menos de ocho meses después), adquirió la casa en Paraná, de 219,50 m², por un monto de USD 70.000.

    Para el Ministerio Público Fiscal, esta justificación resulta cuestionable debido a la “desproporción evidente” entre ambas operaciones. Resalta que no resulta verosímil que un departamento de apenas 33 metros cuadrados en Rosario tenga un valor de mercado casi idéntico (apenas USD 5.000 de diferencia) al de una casa de 219 metros cuadrados en Paraná, especialmente considerando el corto tiempo transcurrido entre la venta y la compra. -Fuente: El Entre Rios –

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