La información da cuenta que la diputada Marcela Pagano atraviesa hoy su peor momento político y judicial tras acumular siete denuncias penales por presunto enriquecimiento ilícito en los tribunales.
A este complejo escenario tribunalicio se suma un nuevo escándalo que acaba de conocerse y que detalla la construcción de una suntuosa y millonaria pileta privada.
Mientras los principales medios mantienen a la opinión pública entretenida con los temas de Manuel Adorni, este dato se intentó ocultar de la agenda mediática tradicional.
El millonario misterio en Nordelta
En ningún lado sale a la luz que la ostentosa obra de Marcela Pagano se ejecuta en un exclusivo y costoso barrio privado de la zona de Nordelta.
La diputada Lilia Lemoine fue la encargada de romper el cerco informativo al revelar detalles precisos y mostrar las imágenes de la costosa estructura en las redes.
Esta filtración vincula de forma directa las sospechas sobre su patrimonio con un nivel de vida sofisticado que genera un repudio unánime en la sociedad.
Más tarde o más temprano, Marcela Pagano va a tener que dar explicaciones ante la Justicia y ante una sociedad que exige transparencia absoluta.
Traición política y rechazo popular
La indignación de la gente radica en que Pagano llegó al Congreso gracias a Javier Milei y, poco tiempo después de asumir, decidió soltarle la mano.
El electorado libertario detesta este giro político inesperado, acusándola de oportunismo y de utilizar la estructura del espacio para su beneficio estrictamente personal.
La contradicción flagrante entre el discurso de la austeridad y una pileta de millones de pesos destruyó por completo la credibilidad residual de la legisladora.
Quienes depositaron su confianza en ella sienten que fueron utilizados como un simple trampolín para que la periodista consiguiera fueros y una banca legislativa.
La bronca de los votantes defraudados
La base de votantes que militó la boleta del cambio expresa una furia total al ver cómo la diputada se alejó de los ideales originales del espacio.
Muchos ciudadanos recuerdan que Pagano no tenía un caudal de votos propio y que su llegada a la Cámara Baja se debió exclusivamente al arrastre libertario.
El hecho de haberle dado la espalda al proyecto libertario es considerado por sus propios seguidores como una de las mayores deshonras electorales de los últimos tiempos.
Las redes sociales le dicen de todo
Tras conocerse las imágenes de la propiedad y los detalles de la obra, las plataformas digitales estallaron de inmediato con millones de interacciones furiosas.
En el mundo virtual se armaron bandos irreconciliables entre defensores y detractores, aunque el apoyo a la legisladora es visiblemente marginal y escaso en las redes.
La abrumadora mayoría de los ciudadanos de a pie manifiesta una profunda bronca, inundando cada publicación con duros comentarios que exigen auditorías urgentes a sus bienes.
La paciencia social se encuentra totalmente agotada y el caso de la pileta en Nordelta se transformó en el símbolo definitivo del descontento contra su figura.
Este escándalo debilita aún más su ya golpeada posición política, dejándola en una situación de aislamiento absoluto dentro y fuera del ámbito del Congreso Nacional.
Ante una denuncia judicial sobre la administración de los fondos del Servicio de Adicionales de la Policía de Entre Ríos, la cartera provincial colabora activamente con la investigación. Además, mediante un nuevo decreto, se reformuló el sistema para prohibir que el personal de guardia realice tareas adicionales.
Ante la denuncia radicada en sede judicial respecto a la administración de los fondos provenientes del Servicio de Adicionales de la Policía de Entre Ríos, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia informa que el caso se encuentra actualmente en etapa investigativa en el ámbito de la Justicia.
En ese marco, el Ministerio realizó de manera inmediata diversas diligencias en dependencias policiales junto a funcionarios de la fiscalía interventora. Durante el procedimiento se secuestró documentación vinculada al servicio de Policía Adicional, la cual quedó resguardada para ser sometida a un riguroso análisis. En esa línea, la cartera aclaró que el proceso de ejecución de dichos servicios se encuentra exclusivamente bajo la órbita de la Policía de Entre Ríos (PER).
Reformulación del sistema
El servicio de Policía Adicional estaba regulado por el decreto Nº 1729/19 MGJ, una normativa que permitía al personal policial prestar el servicio adicional de forma simultánea, aun estando en servicio ordinario de guardia.
Atento a las circunstancias actuales, se realizó un profundo análisis jurídico junto a distintas áreas legales de la Provincia y se concluyó que no es conveniente continuar con dicha modalidad para no afectar el normal cumplimiento de la seguridad pública.
Por este motivo, se dispuso la reformulación estructural del sistema a través del decreto Nº 1225/26 DTO. Esta nueva normativa prohíbe explícitamente que el personal activo realice servicios adicionales mientras se encuentra cumpliendo funciones ordinarias o de guardia. Por tanto, reserva esta tarea únicamente para aquellos agentes que se encuentren en situación de franco, además de preveer una mejora remunerativa para quienes efectivamente realicen el servicio adicional.
Transparencia y garantías institucionales
Los hechos denunciados se encuentran en pleno proceso de investigación por parte de la fiscalía competente. El Ministerio de Seguridad y Justicia facilita activamente el avance de la causa mediante la entrega de pruebas y una total apertura institucional.
Asimismo, la cartera estatal descarta de manera categórica cualquier tipo de represalia y garantiza que no se adoptará ninguna medida administrativa ni sancionatoria contra los funcionarios denunciantes, respaldando el derecho a exponer las irregularidades que atenten contra el patrimonio público.
Finalmente, y conforme al estado de derecho, se recordó que por el momento rige el principio de inocencia con respecto a los funcionarios denunciados. Serán los fiscales actuantes quienes resuelvan la causa penal, cuyos resultados podrían dar origen a resoluciones administrativas concomitantes.
La Sala Penal Nº 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó por mayoría los recursos de queja presentados por las defensas del ex gobernador Sergio Urribarri, del empresario Diego Cardona Herreros y del ex funcionario Carlos Marcelo Haidar, y dejó así expedito el camino hacia el juicio oral en una de las investigaciones por corrupción más relevantes de la historia institucional de la provincia, que se generó tras una denuncia de la revista ANALISIS en 2017.
La resolución, firmada el 8 de mayo de 2026, confirmó que no habrá una nueva revisión extraordinaria sobre los planteos defensivos vinculados a nulidades, exclusiones probatorias y pedidos de sobreseimiento formulados durante la etapa intermedia del proceso.
La decisión fue adoptada por mayoría de dos votos contra uno. Los jueces Miguel Ángel Giorgio y Susana Medina rechazaron las quejas, mientras que Daniel Omar Carubia votó en disidencia y sostuvo que las impugnaciones debían ser admitidas.
Un fallo clave antes del juicio
La resolución del máximo tribunal provincial no ingresa en el fondo de las acusaciones de corrupción, pero sí tiene un efecto procesal decisivo: clausura la discusión sobre la admisibilidad de los recursos extraordinarios planteados por las defensas y habilita la continuidad del expediente hacia el debate oral.
El eje de la disputa jurídica giró en torno a si las defensas podían seguir cuestionando, antes del juicio, la validez de determinadas pruebas, nulidades del requerimiento fiscal y rechazos de sobreseimiento dictados durante la audiencia de remisión a juicio celebrada en junio de 2025.
Los abogados de los imputados sostuvieron que la evidencia incorporada en la investigación era ilegal y que permitir su utilización en el debate oral implicaría un “vicio de origen” capaz de anular eventualmente todo el juicio.
También denunciaron que los distintos tribunales inferiores habían rechazado sistemáticamente sus recursos utilizando argumentos formales para evitar revisar el contenido de sus planteos.
El voto de Giorgio: “La centralidad del juicio oral”
El voto rector fue redactado por Giorgio, quien construyó una defensa cerrada del modelo acusatorio y de las limitaciones recursivas en la etapa preparatoria del proceso penal.
El magistrado consideró que las defensas intentaron abrir “un iter recursivo excesivo y dispendioso” mediante una cadena sucesiva de apelaciones, casaciones y quejas destinadas a revisar decisiones que no constituyen “sentencia definitiva”.
Para Giorgio, el principal obstáculo jurídico era precisamente la ausencia de definitividad, requisito indispensable para habilitar la impugnación extraordinaria local y federal.
“El ámbito idóneo de discusión y alegación de las tesis en pugna” —sostuvo— es el juicio oral, público y contradictorio, y no la etapa preparatoria.
El juez desarrolló además una fuerte defensa conceptual del sistema acusatorio. Señaló que, a diferencia del viejo esquema mixto, el nuevo modelo busca restringir los recursos durante la investigación para evitar dilaciones y asegurar que los conflictos se resuelvan en el debate oral.
En uno de los tramos más relevantes del fallo, advirtió que una apertura excesiva de instancias recursivas “frustra la centralidad del debate” y afecta la celeridad del proceso penal.
También citó doctrina procesal para sostener que, cuando una queja es rechazada, queda cerrada la posibilidad de seguir intentando reabrir la discusión sobre el mismo recurso denegado.
El magistrado incluso reforzó la postura de la Cámara de Casación respecto de que las cuestiones vinculadas a admisibilidad de recursos son, por regla general, ajenas al control extraordinario.
En definitiva, Giorgio concluyó que las defensas pretendían revisar cuestiones procesales no equiparables a sentencia definitiva y que no existía un gravamen irreparable que justificara la apertura excepcional de la instancia.
La disidencia de Carubia: crítica al “exceso ritual”
La posición minoritaria de Carubia fue la más favorable a las defensas y representó una fuerte crítica al modo en que los tribunales inferiores habían cerrado sucesivamente los recursos.
El vocal entendió que las presentaciones defensivas no constituían una simple discrepancia formal, sino que involucraban “concretas afectaciones” al derecho de defensa y al debido proceso.
Carubia advirtió que los planteos sobre nulidades y exclusiones probatorias difícilmente podrían reeditarse después del cierre de la investigación penal preparatoria.
Por eso consideró “quimérico e inconcebible” sostener que existiría otra oportunidad procesal adecuada para discutir esos agravios.
A diferencia de Giorgio, el juez entendió que los recurrentes sí habían logrado demostrar un posible perjuicio irreparable.
Incluso subrayó la “innegable trascendencia social, política y mediática” de la causa y afirmó que, precisamente por esa relevancia institucional, correspondía una revisión “escrupulosa” de la evidencia que llegaría eventualmente al juicio oral.
En otro tramo central de su voto, cuestionó el uso de argumentos meramente formales para rechazar recursos sin ingresar al análisis profundo de los agravios.
Carubia sostuvo que debía evitarse “un ilegítimo exceso de rigor ritual” y concluyó que las impugnaciones extraordinarias habían sido mal denegadas.
Por eso propuso admitir las quejas y habilitar la revisión extraordinaria ante la propia Sala Penal del STJ.
Medina acompañó el rechazo y habló de “recurso ad infinitum”
La jueza Susana Medina acompañó el criterio de Giorgio y profundizó la crítica hacia la estrategia recursiva desplegada por las defensas.
En su voto sostuvo que los planteos ya habían sido rechazados reiteradamente en las instancias anteriores y remarcó que el ámbito adecuado para discutir esas cuestiones era el juicio oral.
Pero además avanzó sobre un concepto particularmente severo: definió el recorrido procesal impulsado por los imputados como un caso de “recurso ad infinitum”.
Citando doctrina, Medina describió esa figura como la utilización sucesiva de recursos “notoriamente improcedentes” con el objetivo de dilatar indefinidamente el trámite principal.
La magistrada incluso vinculó esa conducta con la noción de abuso del derecho procesal y sostuvo que existía “un notorio exceso en el ejercicio de la facultad recursiva”.
En esa línea, afirmó que las presentaciones defensivas perseguían “una injustificada extensión del trámite judicial”.
Medina también reivindicó la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la imposibilidad de revisar cuestiones procesales locales vinculadas a admisibilidad de recursos.
Qué implica la decisión
La sentencia no define culpabilidades ni resuelve todavía las acusaciones de corrupción, pero sí consolida procesalmente el expediente y deja prácticamente agotadas las vías provinciales para cuestionar la remisión a juicio.
Las defensas habían denunciado que la negativa a revisar nulidades y exclusiones probatorias convertía las garantías constitucionales en “meros enunciados teóricos”.
También argumentaban que permitir que el juicio avance con prueba supuestamente ilegal podía afectar de manera irreversible el derecho de defensa.
Sin embargo, la mayoría del STJ entendió que esos cuestionamientos no habilitan una revisión extraordinaria en esta etapa y que deberán ser eventualmente discutidos durante el debate oral.
El fallo exhibe además una tensión jurídica de fondo sobre el alcance del sistema acusatorio: mientras la mayoría privilegió la celeridad y la centralidad del juicio oral, la minoría sostuvo que no puede sacrificarse el control judicial de garantías en nombre de la simplificación procesal.
Con esta resolución, la causa queda más cerca de ingresar en la etapa de juicio oral y público, en un expediente que concentra una enorme expectativa política e institucional en Entre Ríos y que involucra a uno de los dirigentes más poderosos que tuvo la provincia en las últimas décadas.
Tras nuevos hallazgos y detenciones, la investigación revela operaciones clandestinas y compra de divisas con maniobras de alto riesgo
La causa conocida como “Los Reyes del Blue”, que involucra a los empresarios Elías Piccirillo, Fernando Auque y Ariel Vallejo, podría dar un giro inesperado en los próximos días a partir de dos hechos que se sumarían a la investigación que lleva adelante la Justicia desde 2024.
El primero está relacionado con el pedido de un ex policía de la Ciudad de Buenos Aires para ampliar su declaración en el caso de la introducción de un paquete de droga en el auto de Auque, maniobra que habría sido ideada por su ex socio, Elías Piccirillo. El segundo, con la aparición de un video casero en el que una conocida modelo y conductora —quien habría registrado las imágenes— se arrojaría sobre una montaña de dólares frente a uno de los involucrados en la causa.
Inéditos detalles de la mega estafa al BCRA
Las investigaciones se aceleraron desde el 29 de diciembre de 2025, cuando el juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de allanamientos a funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el marco de una causa que investiga maniobras con la venta de dólares oficiales en distintas financieras del microcentro porteño y de la provincia de Buenos Aires. Además, en ese momento se realizó un operativo en la entidad en un expediente que se abrió como desprendimiento de la causa contra Piccirillo, ex esposo de Jésica Cirio, investigado por extorsión y estafas.
Luego, Casanello ordenó cinco allanamientos a funcionarios del BCRA con el objetivo de investigar un entramado de maniobras destinadas a simular importaciones a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), con el fin de acceder a dólares oficiales durante el cepo cambiario. Esas divisas, obtenidas a un tipo de cambio oficial, eran luego vendidas en el mercado blue a un valor muy superior, generando ganancias mediante lo que en la jerga financiera se conoce como “el rulo”.
El entonces director general de Aduanas, Guillermo Michel
La investigación apunta a las maniobras vinculadas con autorizaciones de importación en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
El cambio de SIMI a SIRA y la brecha del 200% que permitió el negocio
También se analiza el cambio del sistema SIMI al esquema SIRA, implementado en octubre de 2022.
En ese período, la brecha cambiaria llegó al 200%, con un dólar oficial en torno a $350 y un blue cercano a los $1.000. En 2023, las importaciones de bienes alcanzaron unos u$s75.000 millones y, según estimaciones, para autorizar operaciones se exigían pagos ilegales de entre 10% y 15% del valor.
De acuerdo con una investigación de los periodistas Carlos Pagni y Francisco Olivera, ya habría cuatro empresarios arrepentidos dispuestos a declarar que depositaban los dólares de las coimas en un hotel de Puerto Madero. Desde la Justicia comparan el caso con la causa de “Los Cuadernos”.
Uno de los arrepentidos habría relatado una mecánica ya mencionada por Pagni: el empresario retiraba una llave digital en recepción, ingresaba a una habitación y dejaba una valija con dinero.
En ese contexto, y bajo el cepo cambiario —que limitaba la compra de divisas a u$s200 mensuales para personas físicas—, se investiga que miles de monotributistas habrían accedido a dólares oficiales por montos que en algunos casos llegaban a u$s2 millones mensuales para operaciones de importación que no se concretaban.
Todo se inició el 1 de abril del año pasado, cuando un ex policía se presentó ante la Justicia y declaró que Piccirillo habría organizado plantar droga y un arma en el vehículo de su socio Francisco Hauque.
El arrepentido también aportó audios en los que se menciona a una funcionaria del BCRA y a otros empresarios vinculados al esquema.
De esos registros surge que las maniobras habrían contado con la complicidad de funcionarios.
Casas de cambio, u$s3.000 millones en el MULC y conexiones con el fútbol
En paralelo, la Justicia investiga operaciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por unos u$s3.000 millones, junto con presuntas maniobras de lavado por unos $819.000 millones.
Los sumarios del BCRA incluyen a casas de cambio como:
Mega Latina
Gallo Cambios
Arg Exchange
Concordia Inversiones
En estas entidades se analizan distintas etapas de la operatoria.
La hipótesis es que parte de las divisas obtenidas en el mercado oficial fueron luego canalizadas hacia el circuito informal a través de una red de intermediarios, incluyendo financieras y cuevas.
También se investiga la participación de bancos y proveedores de servicios de pago (PSP), en un esquema que habría buscado perder la trazabilidad del dinero.
En este contexto, aparecen vinculaciones con la empresa Sur Finanzas, su titular Ariel Vallejo y operaciones relacionadas con el financiamiento de clubes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Además, se mencionan posibles conexiones con otras estructuras empresarias y con la industria del juego en distintas provincias.
Parte del expediente ya fue elevada a juicio oral, en el tramo vinculado a la falsificación de documentos societarios.
Mientras gran parte del aparato mediático y político intenta instalar diariamente el “affaire Adorni” como el gran escándalo nacional, detrás del ruido y las operaciones aparece una causa mucho más pesada, mucho más profunda y potencialmente devastadora para la historia económica argentina: la investigación judicial sobre un presunto saqueo multimillonario al Banco Central durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
La Justicia federal ya habla de maniobras que habrían permitido obtener dólares oficiales para luego revenderlos en el mercado blue, generando ganancias extraordinarias que podrían superar los US$ 3.000 millones. Un número obsceno incluso para la Argentina acostumbrada a los escándalos de corrupción.
Pero el dato más inquietante no es únicamente el monto.
Lo verdaderamente explosivo es el entramado que empieza a aparecer: financistas, cuevas, bancos, agencias de cambio, operadores políticos y conexiones con el mundo del fútbol y la AFA. Un sistema paralelo que, según sospechan los investigadores, habría funcionado mientras millones de argentinos no podían acceder a un solo dólar legal, mientras empresas productivas se quedaban sin importar insumos y mientras el país se hundía en inflación, pobreza y emisión descontrolada.
EL MECANISMO: COMPRAR BARATO DEL ESTADO Y REVENDER CARO EN EL BLUE
La mecánica bajo investigación es tan simple como brutal.
Empresas y operadores conseguían acceder a dólares oficiales mediante supuestas importaciones o autorizaciones irregulares del sistema SIRA. Luego esos dólares terminaban revendidos en el circuito paralelo, aprovechando la gigantesca brecha cambiaria del cepo kirchnerista.
En la jerga financiera argentina esto se conoce como “el rulo”: comprar barato gracias al Estado y vender caro en el mercado negro.
Según las investigaciones judiciales, parte de esas maniobras habrían contado con estructuras aceitadísimas dentro del sistema financiero y conexiones de alto nivel. La Justicia ya avanzó con allanamientos, análisis de chats, audios y movimientos bancarios.
La causa menciona operaciones por miles de millones de dólares y apunta a reconstruir cómo salían las divisas del Banco Central mientras oficialmente se repetía que “no había reservas”.
Durante el cepo, miles de pequeñas y medianas empresas quedaron paralizadas esperando autorizaciones para importar.
Hubo fábricas sin insumos. Medicamentos demorados. Industria frenada. Comercios quebrados.
Pero mientras el ciudadano común sufría restricciones, impuestos confiscatorios y controles permanentes, un grupo reducido habría accedido privilegiadamente a dólares subsidiados por el propio Estado argentino.
Es decir: el Banco Central vendía barato un activo escaso financiado por todos los argentinos… para que luego privados hicieran fortunas revendiendo esos mismos dólares.
Una transferencia monumental de riqueza desde el Estado hacia circuitos financieros opacos.
EL SILENCIO POLÍTICO Y MEDIÁTICO
La magnitud de la causa explica por qué muchos sectores prefieren correr el foco hacia otras polémicas de menor escala.
Porque si la investigación avanza hasta el fondo, podría terminar revelando uno de los mecanismos de saqueo financiero más grandes de la era kirchnerista.
No se trata solamente de corrupción clásica. No es únicamente sobre sobreprecios o contratos públicos.
Aquí se investiga algo todavía más sensible: el uso político y discrecional del mercado cambiario argentino.
Un sistema donde el acceso al dólar dependía del poder, de los contactos y de las estructuras financieras amigas.
AFA, “CHIQUI” TAPIA Y EL FÚTBOL COMO CORTINA PERFECTA
En paralelo, vuelve a quedar bajo la lupa el vínculo entre sectores financieros investigados y el universo del fútbol argentino alrededor de Claudio ‘Chiqui’ Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino.
Algunas investigaciones periodísticas y publicaciones judiciales mencionan conexiones entre financistas involucrados y estructuras vinculadas al negocio futbolístico.
Y aquí aparece otro elemento incómodo para el poder.
Con el Mundial acercándose y el fútbol funcionando como anestesia social permanente, pocos quieren hablar del flujo de dinero, las financieras, las cuevas y los operadores que crecieron alrededor del negocio deportivo durante los últimos años.
Porque el fútbol argentino dejó hace tiempo de ser solamente fútbol.
Es política. Es financiamiento. Es poder territorial. Es manejo de cajas millonarias. Es protección mediática.
Y en ese ecosistema, nombres vinculados al circuito financiero bajo investigación empiezan a repetirse cada vez más seguido.
EL COSTO REAL DEL “MODELO”
Mientras el relato político hablaba de “cuidar las reservas”, la economía argentina se desangraba.
La emisión monetaria explotó. La inflación pulverizó salarios. La pobreza avanzó. Las reservas desaparecieron.
Y ahora la Justicia intenta determinar si parte de esos dólares terminaron alimentando uno de los negocios clandestinos más rentables de la historia reciente.
La pregunta es inevitable:
¿Cuántos hospitales, rutas, escuelas o créditos productivos equivalen a US$ 3.000 millones?
¿Cuánto empleo genuino podría haberse generado con ese dinero?
¿Cuántos argentinos cayeron en la pobreza mientras otros hacían fortunas gracias al cepo?
LO QUE NO SE DICE
La causa amenaza con abrir una caja negra extremadamente peligrosa para buena parte de la dirigencia política, financiera y empresarial argentina.
Porque si se demuestra que existió un circuito sistemático de acceso privilegiado al dólar oficial, ya no se hablará solamente de corrupción aislada.
Se hablará de un modelo estructural de extracción.
Un esquema donde el Estado creaba la distorsión cambiaria y determinados actores cercanos al poder aprovechaban esa distorsión para enriquecerse de manera extraordinaria.
Y allí es donde el caso deja de ser económico para convertirse en histórico.
ANTECEDENTES: CUANDO EL CEP0 SE TRANSFORMÓ EN UNA MÁQUINA DE NEGOCIOS
La Argentina ya había vivido experiencias similares en otras etapas de controles cambiarios extremos.
Cada vez que el dólar oficial quedó artificialmente atrasado respecto del paralelo, aparecieron mecanismos de arbitraje, sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones y triangulaciones financieras.
La diferencia ahora es la escala.
La Justicia sospecha que las maniobras alcanzaron niveles gigantescos y que incluso pudieron involucrar estructuras bancarias completas.
DOBLE LECTURA
Versión oficial
“El cepo era necesario para cuidar las reservas y proteger la economía”.
Lectura real
Las restricciones crearon un mercado privilegiado donde unos pocos podían comprar dólares baratos gracias al Estado y multiplicar ganancias revendiendo en negro.
EL DESAFÍO JUDICIAL
La gran incógnita es hasta dónde llegará realmente la investigación.
Porque históricamente, en Argentina, muchas causas económicas terminan diluyéndose entre presiones políticas, operaciones mediáticas y negociaciones de poder.
Sin embargo, esta vez el volumen investigado es tan grande que resulta difícil esconderlo completamente.
Los allanamientos, las escuchas, los cruces bancarios y las rutas financieras podrían terminar exponiendo mucho más de lo que algunos imaginan.
CONCLUSIÓN: EL ROBO INVISIBLE
Quizás el mayor problema de estos escándalos financieros es que no dejan imágenes inmediatas.
No hay bolsos. No hay bóvedas televisadas. No hay escenas cinematográficas.
Pero el daño es muchísimo más profundo.
Porque cada dólar fugado del Banco Central fue inflación futura. Fue pobreza. Fue emisión. Fue deuda. Fue destrucción del salario argentino.
Y mientras algunos intentan instalar escándalos menores o distraer con el show permanente del fútbol y el Mundial, la verdadera pregunta sigue flotando sobre la Argentina:
¿Quiénes se enriquecieron realmente durante el cepo… mientras el país entero se hundía?
Causa Bordet: Lo que surge del escrito del fiscal José Arias no es apenas una enumeración de cifras, viajes y declaraciones juradas. Es el retrato obsceno de una dirigencia que, mientras miles de entrerrianos sobrevivían entre salarios pulverizados, pobreza creciente y hospitales colapsados, parecía vivir en una dimensión paralela de privilegios, silencios y lujos inexplicables.
En el documento presentado ante el juez de Garantías para obtener autorización de allanamientos, Arias expone con crudeza lo que considera una trama de ocultamientos patrimoniales, inconsistencias fiscales y movimientos internacionales imposibles de justificar con los ingresos declarados. Y cuanto más se avanza en la lectura, más indignación provoca.
El fiscal describe primero las presuntas falsedades en las declaraciones juradas presentadas ante el municipio, la provincia y la Cámara de Diputados de la Nación. Allí aparece el mecanismo que, según la investigación, habría permitido “dibujar” patrimonios y licuar cifras reales. El caso más escandaloso: el lote donde Bordet construyó su “casita” en el exclusivo barrio Village Termal, declarado a apenas 10 dólares el metro cuadrado cuando su valor real rondaba los 60 dólares. Una subvaluación grotesca. Burda. Insultante.
La misma maniobra habría ocurrido con el terreno adquirido en Boulevard San Lorenzo y Chajarí, donde —según Arias— quedó al desnudo otra mentira patrimonial. El fiscal sostiene que “la diferencia detectada respecto a lo declarado ante AFIP-ARCA fue de un 330 % entre lo declarado y lo oculto”. Una cifra demoledora.
Pero el escándalo no termina ahí.
El listado de viajes NO oficiales al exterior directamente estremece. Más de 202 noches en Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Sudáfrica, México, República Dominicana, Perú, Panamá, Venezuela y otros destinos. Su esposa, la diputada Mariel Ávila, acumula 193 noches en el extranjero, incluyendo Emiratos Árabes, Tailandia y Vietnam. Una de las hijas, Lara, registra 70 noches fuera del país. Delfina, 101.
Mientras tanto, en Entre Ríos, miles de familias apenas podían llenar la heladera.
Y el fiscal todavía computa aparte el caso Uruguay. Porque lo de Uruguay, según la investigación, ya no parece turismo: parece otra cosa.
SU FASCINACIÓN CON URUGUAY
Arias le dedica un apartado especial a la obsesiva frecuencia de viajes de la familia Bordet al vecino país. Solo el exgobernador Gustavo Bordet habría ingresado 56 veces a Uruguay en viajes “no oficiales”: 40 en automóvil, 14 en vuelos comerciales, 8 en vuelos privados, 2 veces en Buquebus y hasta un viaje en tren.
El informe sostiene que Bordet pasó 187 noches en Uruguay. Seis meses enteros.
Y eso no es todo: en al menos 19 ocasiones habría ido y vuelto en el mismo día, muchas veces utilizando vuelos privados especialmente contratados. ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Qué hacía? Son preguntas que sobrevuelan cada página del expediente.
Arias concluye que “la familia Bordet ha viajado sistemáticamente a Uruguay destacándose las largas estadías… lo que podría ser indicio de que tengan propiedades, automóviles o cuentas en el exterior, además de múltiples viajes relámpago que podrían relacionarse con traslados de dinero o trámites bancarios”.
La cifra total resulta obscena: más de 200 noches de Mariel Ávila en Uruguay, 215 noches de una de sus hijas y otras 200 de Delfina.
Mientras Concordia se hundía en índices históricos de pobreza, ellos parecían vivir una verdadera dolce vita rioplatense.
EL GRAN AGUJERO NEGRO: ¿QUIÉN PAGABA TODO ESO?
Y aquí la investigación entra en una zona todavía más explosiva.
El fiscal señala que, según informes de AFIP-ARCA y resúmenes bancarios del BBVA y BERSA, Bordet y Ávila prácticamente NO utilizaban sus tarjetas de crédito o débito en el exterior. Tampoco registraban operaciones de compra de divisas desde 2019.
Entonces surge la pregunta inevitable. La pregunta que atraviesa todo el expediente como un grito:
¿Quién pagaba?
¿Cómo se sostienen cientos de noches en Francia, Alemania, Sudáfrica, Emiratos Árabes o Uruguay sin movimientos bancarios compatibles, sin compras de dólares registradas y sin consumos relevantes con tarjetas argentinas?
¿Con qué dinero vivieron más de un año fuera del país?
Arias sostiene que Bordet declaró ante AFIP-ARCA “no haber tenido consumos en el exterior”, pese a la existencia de viajes plenamente documentados.
Y remata con una frase devastadora:
“Lo expuesto coloca una sospecha fundada sobre la probable existencia de tarjetas emitidas en el exterior y/o dinero en efectivo no declarado”.
El fiscal incluso aporta un ejemplo que parece sacado de una novela de corrupción: de las 241 noches registradas en Uruguay, apenas se detectó un único consumo de 90 dólares realizado por Mariel Ávila en el restaurante La Chacra.
¿Doscientas cuarenta y una noches y solo un gasto?
La lógica se derrumba sola.
Por eso Arias concluye que podrían existir bienes inmuebles, cuentas bancarias y tarjetas emitidas fuera del país.
EL FANTASMA DE LAS SOCIEDADES OCULTAS
La investigación también pone la lupa sobre quién compraba los pasajes aéreos de la familia.
Según las respuestas de aerolíneas y entidades financieras, muchos tickets habrían sido adquiridos por una persona jurídica o empresa vinculada a una tarjeta American Express emitida en el exterior.
Y allí aparece otra sospecha explosiva:
Que Bordet podría manejar estructuras societarias fuera de la Argentina pese a haber negado reiteradamente cualquier participación empresarial.
Es decir: mientras públicamente afirmaba “no tener bienes ni sociedades en el exterior”, la investigación judicial empieza a mostrar indicios exactamente en sentido contrario.
LA IMPUNIDAD COMO FORMA DE VIDA
Quizás lo más indignante de todo no sean solamente los viajes, las sospechas de ocultamiento o los movimientos oscuros. Lo más irritante es la sensación de impunidad.
La idea de que jamás iba a pasar nada.
Porque durante años muchos dirigentes actuaron convencidos de que eran intocables. De que bastaba con hablar poco, mantener modales prolijos, controlar organismos, acomodar piezas judiciales y administrar silencios mediáticos para caminar eternamente sobre la cornisa sin caer.
Y quizás Bordet también creyó eso.
Pero el escrito fiscal describe un nivel de contradicciones tan grande que la imagen pública cuidadosamente construida empieza a resquebrajarse.
Porque mientras decía estar “a disposición de la Justicia”, su abogado Jorge Romero dejaba asentado por escrito que NO prestaban conformidad para los allanamientos en sus propiedades.
¿Eso es colaborar?
¿O simplemente ganar tiempo?
También negó tener bienes en el exterior. Negó sociedades. Negó consumos. Negó prácticamente todo.
Pero ahora la documentación incorporada por organismos públicos y privados empieza a dibujar otra historia. Mucho más oscura. Mucho más incómoda.
Y si algo deja este expediente es una sensación brutal:
La de una clase política que durante años pareció vivir por encima de la ley, mientras millones de argentinos hacían esfuerzos desesperados simplemente para llegar a fin de mes.
El avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Gustavo Bordet volvió a sacudir el tablero político y judicial entrerriano. Y ya no por especulaciones mediáticas o versiones cruzadas, sino por el contenido del escrito que el fiscal José Arias presentó ante el juez de Garantías para solicitar allanamientos y medidas de prueba.
En ese documento, al que accedió Diario Junio y cuya existencia fue reconocida por el propio fiscal en diálogo privado con este medio, Arias sostiene que existen elementos que “prueban la hipótesis delictiva” y deja planteadas sospechas de bienes y movimientos económicos en el exterior. El eje de la investigación apunta a inconsistencias patrimoniales, viajes reiterados fuera del país y consumos que, según la fiscalía, no encuentran correlato en las declaraciones oficiales ni en registros de compra de divisas.
El propio Arias confirmó el contexto del documento judicial y marcó distancia respecto del enfoque editorial de la publicación original. En una conversación mantenida con este medio, el fiscal señaló que “evidentemente accedieron a mi escrito” y aclaró que “hay consideraciones y adjetivaciones que son del editor”, dejando en claro que el contenido base surge de una presentación judicial existente, aunque no necesariamente comparte el tono utilizado por Diario Junio.
También explicó que no fue él quien difundió el escrito públicamente: “No por mi parte… es un escrito que llegó a la Cámara de Diputados de la provincia cuando el juez le pidió autorización para hacer los allanamientos”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de acceder al documento.
Viajes, Uruguay y la sospecha sobre fondos en el exterior
Uno de los puntos más sensibles del escrito fiscal es el análisis de los viajes al exterior realizados por Bordet y su familia durante el período investigado. Según detalla Arias, existen centenares de noches registradas fuera del país, especialmente en Uruguay, Estados Unidos y Europa, lo que para la fiscalía podría ser indicio de movimientos patrimoniales no declarados.
El escrito incluso plantea dudas sobre cómo se financiaban esos viajes y estadías, ya que —según la información incorporada a la causa— no existirían operaciones cambiarias suficientes ni consumos bancarios compatibles con ese nivel de gastos en el exterior.
Arias sostiene además que algunas compras de pasajes habrían sido realizadas por personas jurídicas o empresas, situación que incrementa la sospecha sobre una eventual estructura societaria no declarada.
El silencio político y el impacto institucional
Mientras la investigación avanza, en el peronismo entrerriano crece la incomodidad. La figura de Bordet fue durante años uno de los principales factores de orden interno dentro del PJ provincial, pero la acumulación de elementos judiciales y el tono cada vez más duro del expediente empiezan a generar ruido incluso en sectores que históricamente lo respaldaron.
El dato político más delicado no es solamente la investigación en sí, sino la sensación de desgaste institucional que deja la causa: un exgobernador, exintendente y exdiputado nacional investigado por presunto enriquecimiento ilícito, con sospechas sobre bienes en el exterior y medidas judiciales que incluyeron pedidos de allanamiento.
A eso se suma otro elemento que empieza a tomar fuerza en la discusión pública: la diferencia entre el discurso político y la postura judicial. Mientras Bordet sostuvo públicamente que estaba “a disposición de la Justicia”, el fiscal remarcó en su escrito que la defensa dejó expresa oposición a determinadas medidas probatorias, entre ellas los allanamientos solicitados.
Una causa que recién empieza
Más allá del impacto político y mediático, la causa todavía se encuentra en etapa de investigación y no existe condena alguna contra Bordet. Sin embargo, el contenido del escrito fiscal marca un punto de inflexión: por primera vez aparecen sistematizadas sospechas concretas sobre patrimonio, viajes, consumos y posibles activos fuera del país.
Y en ese contexto, las propias palabras del fiscal Arias terminan siendo relevantes. No sólo porque reconoció la autenticidad del escrito que circuló en la web de Diario Junio, sino porque dejó entrever que la documentación judicial efectivamente contiene elementos sensibles que hoy ya forman parte del expediente.
Argentina activará un puente aéreo para enviar alimentos, y será una operación temporal y financiada por Bolivia.
El Gobierno de Javier Milei decidió asistir a Bolivia tras un pedido formal realizado por la gestión de Rodrigo Paz, enviando un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea para transportar alimentos. La medida busca contener el fuerte desabastecimiento que afecta a distintas ciudades del país vecino.
El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno, quien explicó que la operación responde a una solicitud directa de Bolivia, que tendrá carácter humanitario y que será financiada por el gobierno boliviano.
“A solicitud del gobierno boliviano, y en virtud de la situación que ha derivado en el desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales en varias ciudades del vecino país, el gobierno de la República Argentina ha decidido prestar su colaboración enviando un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina para la realización de puentes aéreos para el transporte de alimentos”, señaló.
Javier Milei y Rodrigo Paz.
“Los alimentos son del gobierno boliviano quien se hace cargo de los gastos del operativo“, aclaró el funcionario de Milei.
El operativo implica la puesta en marcha de un puente aéreo estratégico, coordinado por la Cancillería argentina junto con el Ministerio de Defensa, que permitirá abastecer de productos básicos a las zonas más afectadas. Se trata de una intervención rápida frente a una crisis que comenzó a escalar en los últimos meses.
Desde el gobierno de Milei remarcaron que la asistencia será temporal y focalizada, con el objetivo de contribuir a estabilizar la situación mientras Bolivia reorganiza su sistema de distribución interna. En ese sentido, Quirno destacó que la colaboración se da en un contexto de fortalecimiento del vínculo bilateral.
El gesto también refleja la voluntad de la administración de Javier Milei de posicionar a la Argentina como un actor activo en la región ante emergencias y crisis humanitarias.
El avión Hércules C-130.
Además, el canciller subrayó el momento político que atraviesa Bolivia tras la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira, y expresó su confianza en que, con el compromiso de los distintos sectores, la situación pueda resolverse en el corto plazo.
La situación en Bolivia
La economía de Bolivia atraviesa una profunda crisis marcada por un intento de golpe de Estado que lanzó el ex dictador Evo Morales, luego de que la justicia ordenara su detención por no presentarse al juzgado en medio de una investigación judicial por trata de menores.
Los cocaleros, matones a sueldo de Evo Morales, cortaron todas las rutas críticas del país dejando aisladas a ciudades enteras, qu rápidamente se quedaron sin alimentos y sin medicamentos. Esto se suma a una profunda escasez de dólares, el desabastecimiento de combustibles y productos, un abultado déficit fiscal y un estancamiento en el crecimiento.
Tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda que destruyeron el país, ahora los bolivianos eligieron un nuevo rumbo bajo la actual presidencia del derechista Rodrigo Paz, quien busca implementar reformas de pro mercado urgentes ante el fracaso del anterior modelo económico socialista.
De esta manera, Argentina no solo aporta asistencia concreta en un momento crítico, sino que también refuerza su rol de líder regional mediante una acción directa que busca aliviar el impacto social de la crisis en el país vecino.
El Gobierno de Rodrigo Paz acusa al evismo de intentar desestabilizar al país mediante protestas y cortes.
Bolivia atraviesa una creciente crisis de abastecimiento como consecuencia de los bloqueos de rutas impulsados por organizaciones sindicales, campesinas y sectores alineados con Evo Morales, en medio de una escalada política que ya provocó fuertes enfrentamientos en La Paz y amenazas de desestabilización contra el gobierno de Rodrigo Paz.
En las últimas jornadas, el país registró más de 20 puntos de bloqueo simultáneos, principalmente en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro, afectando el transporte de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno. Los medios bolivianos ya reportan escasez de productos básicos en mercados de la capital y largas demoras logísticas por el cerco sobre las principales rutas nacionales.
Las principales carreteras del país son intransitables.
El gobierno boliviano sostiene que detrás de las protestas existe un intento coordinado de desestabilización política encabezado por sectores leales al ex presidente Evo Morales. El vocero presidencial José Luis Gálvez denunció incluso la existencia de un plan financiado por el narcotráfico para intentar derrocar al presidente Rodrigo Paz y romper el orden constitucional.
Desde el Ejecutivo apuntan particularmente contra el Chapare, bastión político y sindical del evismo, como el centro de financiamiento y organización de las movilizaciones. “Bolivia no va a vivir secuestrada por políticos del Chapare que en alianza con el narcotráfico quieren tomar a la fuerza el poder”, declaró Gálvez durante una conferencia de prensa.
La tensión política se incrementó aún más luego de que seguidores de Morales iniciaran una marcha de 190 kilómetros hacia La Paz para exigir el fin de las causas judiciales contra el ex mandatario, quien enfrenta un pedido de 20 años de prisión por un caso de trata de personas agravada relacionado con una menor de edad. La Justicia boliviana incluso ordenó su captura tras declararlo en rebeldía por no presentarse ante el tribunal de Tarija.
En paralelo, distintos sectores sindicales y sociales comenzaron a sumar reclamos económicos por la inflación, la escasez de combustible y el deterioro de la actividad productiva que existía previo a la asunción de Paz. Mineros cooperativistas protagonizaron violentos enfrentamientos con la Policía en el centro de La Paz utilizando dinamita y exigiendo la renuncia del presidente.
El socialismo boliviano se ha enfrentado en las calles contra las autoridades policiales.
Aunque el gobierno intentó desactivar parte de la crisis derogando la polémica ley de tierras rechazada por campesinos e indígenas, las protestas continuaron escalando y derivaron en consignas abiertamente políticas contra la administración de Paz.
El presidente boliviano convocó públicamente al diálogo y aseguró que “Bolivia necesita reconciliación”, pero desde distintos sectores oficialistas ya advierten que podrían aplicarse medidas de excepción si continúan los bloqueos y la violencia callejera.
Fotografías satelitales nocturnas de Cuba publicadas por la NASA pusieron en evidencia la magnitud de los apagones en la isla. Las imágenes muestran que más del 95% de la isla no tiene luz y vive en absoluta penumbra. Las fotos satelitales lo dicen todo, mientras que en tierra lo hacen los sonidos de las cacerolas, que no cesan, sino que, por el contrario, aumentan y buscan eco en cada esquina de las principales ciudades de Cuba. La propia embajada de Estados Unidos en Cuba activó la alerta de seguridad y denunció que algunas de estas protestas han resultado en represión policial agresiva contra los manifestantes, por lo que dio sus ciudadanos en la isla recomendaciones de carácter urgente y sus canales de contacto en casos de situación de emergencia. Pero mientras crecen las protestas de los cubanos contra el régimen, ha trascendido que Estados Unidos planea una acusación formal contra Raúl Castro, considerado el máximo cabecilla de la tiranía. Castro, de 94 años, tendría que enfrentar cargos penales en cortes federales bajo un expediente relacionado con el derribo de dos aviones de la ONG Hermanos al Rescate, vinculado a la disidencia, atentados ocurridos en 1996 y que cobraron la vida de 4 ocupantes de las aeronaves. La información fue confirmada bajo condición de anonimato por un alto funcionario del Departamento de Justicia a la agencia de noticias Reuters sobre la acusación formal que tendría que ser aprobada por un gran jurado y que parecería ser entablada de manera inminente. NTN24 confirma que ya está el documento técnico de acusación que van a presentar ante el gran jurado. La entrega del auto de acusación está programada para mediados de la próxima semana donde será la presentación oficial de los cargos y la desclasificación del escrito de acusación. Jorge Luis Pérez, activista de derechos humanos y exprisionero político cubano; Raúl Luis Risco, coronel disidente del ministerio del Interior del régimen cubano en el exilio, y Sissi Abascal, exprisionera política del régimen cubano, hablaron sobre este tema
