El Gobierno de Rodrigo Paz acusa al evismo de intentar desestabilizar al país mediante protestas y cortes.
Bolivia atraviesa una creciente crisis de abastecimiento como consecuencia de los bloqueos de rutas impulsados por organizaciones sindicales, campesinas y sectores alineados con Evo Morales, en medio de una escalada política que ya provocó fuertes enfrentamientos en La Paz y amenazas de desestabilización contra el gobierno de Rodrigo Paz.
En las últimas jornadas, el país registró más de 20 puntos de bloqueo simultáneos, principalmente en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro, afectando el transporte de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno. Los medios bolivianos ya reportan escasez de productos básicos en mercados de la capital y largas demoras logísticas por el cerco sobre las principales rutas nacionales.
El gobierno boliviano sostiene que detrás de las protestas existe un intento coordinado de desestabilización política encabezado por sectores leales al ex presidente Evo Morales. El vocero presidencial José Luis Gálvez denunció incluso la existencia de un plan financiado por el narcotráfico para intentar derrocar al presidente Rodrigo Paz y romper el orden constitucional.
Desde el Ejecutivo apuntan particularmente contra el Chapare, bastión político y sindical del evismo, como el centro de financiamiento y organización de las movilizaciones. “Bolivia no va a vivir secuestrada por políticos del Chapare que en alianza con el narcotráfico quieren tomar a la fuerza el poder”, declaró Gálvez durante una conferencia de prensa.
La tensión política se incrementó aún más luego de que seguidores de Morales iniciaran una marcha de 190 kilómetros hacia La Paz para exigir el fin de las causas judiciales contra el ex mandatario, quien enfrenta un pedido de 20 años de prisión por un caso de trata de personas agravada relacionado con una menor de edad. La Justicia boliviana incluso ordenó su captura tras declararlo en rebeldía por no presentarse ante el tribunal de Tarija.
En paralelo, distintos sectores sindicales y sociales comenzaron a sumar reclamos económicos por la inflación, la escasez de combustible y el deterioro de la actividad productiva que existía previo a la asunción de Paz. Mineros cooperativistas protagonizaron violentos enfrentamientos con la Policía en el centro de La Paz utilizando dinamita y exigiendo la renuncia del presidente.
Aunque el gobierno intentó desactivar parte de la crisis derogando la polémica ley de tierras rechazada por campesinos e indígenas, las protestas continuaron escalando y derivaron en consignas abiertamente políticas contra la administración de Paz.
El presidente boliviano convocó públicamente al diálogo y aseguró que “Bolivia necesita reconciliación”, pero desde distintos sectores oficialistas ya advierten que podrían aplicarse medidas de excepción si continúan los bloqueos y la violencia callejera.