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Urgencia en salud mental en Entre Ríos: el director provincial destacó que la línea 135 «es la puerta de entrada» para pedir ayuda

El director general de Salud Mental de Entre Ríos, Dr. Esteban Dávila, brindó precisiones sobre la declaración de urgencia sanitaria en salud mental dispuesta por el Gobierno provincial y remarcó la importancia de la línea telefónica 135 como herramienta clave para la prevención y la asistencia de personas que atraviesan situaciones de crisis.

En una entrevista con el programa Punto de Inflexión, de Radio Rivadavia Concordia 106.1, el funcionario aclaró que la medida adoptada por la Provincia no implica una emergencia sanitaria, sino una urgencia, una figura que permite priorizar recursos, fortalecer dispositivos de atención y desarrollar nuevas estrategias para abordar una problemática que definió como una prioridad en Entre Ríos, el país y toda la región.

Dávila explicó que la declaración tiene como objetivo dotar al sistema de mayores herramientas para afrontar el crecimiento sostenido de los problemas de salud mental.

«La urgencia sanitaria permite priorizar acciones, recursos e instrumentos para atender una problemática que requiere un abordaje inmediato», sostuvo.

El funcionario señaló que las dificultades vinculadas a la salud mental vienen incrementándose desde hace más de dos décadas y que la pandemia profundizó aún más esa tendencia.

«Las problemáticas crecieron más rápido que la capacidad del sistema sanitario para adaptarse. Esto no es un problema exclusivo de Entre Ríos, sino una realidad que atraviesa a toda América», indicó.

El director provincial explicó que la estrategia oficial se apoya sobre dos pilares fundamentales.

Por un lado, la promoción y prevención, mediante capacitaciones, trabajo con escuelas, municipios, clubes, organizaciones sociales y distintos organismos del Estado para intentar intervenir antes de que aparezcan los problemas.

Por otro, el fortalecimiento de la asistencia, reforzando hospitales, centros de salud, servicios especializados y dispositivos comunitarios para brindar respuestas cuando las situaciones ya se encuentran instaladas.

En ese sentido recordó que Entre Ríos adhirió a la Ley Nacional de Salud Mental y recientemente logró conformar la comisión interministerial prevista por la normativa, destinada a coordinar políticas públicas entre diferentes áreas del Estado.

Uno de los principales desafíos señalados por Dávila es la escasez de recursos humanos especializados.

Reconoció que existen ciudades con buena disponibilidad de profesionales y otras donde la presencia de psiquiatras y psicólogos especializados resulta muy limitada.

Frente a esta realidad, explicó que la Provincia trabaja en la capacitación de equipos del primer nivel de atención para que puedan realizar una primera escucha, detectar situaciones de riesgo y derivar oportunamente a los pacientes.

Además, destacó la implementación del programa Mental Health Gap (MHGAP), impulsado por la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es reducir las brechas de acceso a la atención en salud mental.

Durante la entrevista, Dávila hizo especial hincapié en la difusión del número 135, destinado a la atención de personas que atraviesan crisis emocionales o pensamientos suicidas.

«El 135 muchas veces es la puerta de entrada. Del otro lado hay profesionales capacitados que escuchan, orientan y ayudan sin juzgar. Muchas personas que deciden quitarse la vida nunca habían pasado antes por el sistema de salud», afirmó.

En ese marco, convocó también a los medios de comunicación a abordar estas situaciones con responsabilidad.

Pidió evitar el tratamiento sensacionalista de los suicidios y, en cambio, aprovechar cada información para difundir los canales de ayuda disponibles.

«Cuando se comunica un hecho de estas características también hay que abrir una puerta a la esperanza. Hay tratamiento y siempre es posible pedir ayuda», expresó.

Consultado sobre las causas del incremento de los problemas de salud mental, Dávila sostuvo que no existe un único factor desencadenante.

Explicó que pueden influir enfermedades psiquiátricas, pero también situaciones de bullying, violencia, acoso laboral, consumos problemáticos, conflictos familiares, inseguridad o problemas económicos.

Por ello, consideró que la respuesta no depende únicamente del sistema sanitario.

«Toda la sociedad tiene una responsabilidad: las familias, las escuelas, los clubes, las iglesias, los medios de comunicación y los lugares de trabajo. Todos podemos generar ambientes más saludables y ser parte de la prevención», concluyó.

Fuente: Programa Punto de Inflexión – FM 106.10 MHz Radio Rivadavia Concordia. (Sábados de 9 a 12 hs)

Defensa Central de Concordia: una obra que lleva años esperando mientras el río y El Niño vuelven a encender las alarmas

El proyecto preliminar fue presentado hace años (2017), pero la Defensa Central de Concordia continúa sin convertirse en una realidad. En 2026, el escenario climático vuelve a colocar la discusión en primer plano: El Niño ya está presente, los organismos meteorológicos anticipan un escenario de lluvias superiores a lo normal y el Estado nacional puso en marcha mecanismos de preparación para la Cuenca del Plata. La pregunta es inevitable: ¿cuánto más habrá que esperar para que Concordia deje de discutir la obra y comience a construirla?

Hay obras que pueden esperar. Hay otras que, por las características del territorio y los antecedentes de la ciudad, deberían formar parte de una agenda de prioridades.
La Defensa Central de Concordia pertenece a esta última categoría.
El proyecto preliminar que se presentó públicamente años atrás fue concebido precisamente para proteger a sectores urbanos expuestos a las crecientes del río Uruguay. La propuesta nació de un trabajo conjunto en el que participaron profesionales vinculados al PIRNA de la UBA, CONICET, la UTN, CAFESG y otros especialistas, y contempló no solamente la construcción de una defensa contra las inundaciones sino también el manejo de las aguas pluviales que quedarían encerradas dentro del área protegida.
El problema es que aquel proyecto, que alguna vez fue presentado como una alternativa concreta para reducir el riesgo hídrico de Concordia, sigue sin transformarse en una obra terminada.
Y mientras tanto, el escenario climático de 2026 obliga a mirar nuevamente hacia el río.

El Niño ya no es una posibilidad: está presente

La discusión adquiere otra dimensión porque ya no estamos hablando simplemente de una hipótesis climática.
El Servicio Meteorológico Nacional informó en julio de 2026 que las condiciones del ENOS son consistentes con una fase cálida, El Niño, y que para el trimestre julio-agosto-septiembre existe una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno continúe.
La actualización de julio del Centro de Predicción Climática de la NOAA fue incluso más contundente: señaló que El Niño continúa fortaleciéndose, con una probabilidad del 97% de que persista hasta comienzos de la primavera de 2027.


El propio Estado argentino viene trabajando sobre este escenario.
En mayo se reunió en Santa Fe la Mesa de Alerta Temprana y Preparación para El Niño 2026, con participación de organismos nacionales y representantes de las provincias de la Cuenca del Plata, incluida Entre Ríos, para evaluar escenarios de riesgo y fortalecer la planificación frente a posibles eventos climáticos extremos.


Y en junio, la Agencia Federal de Emergencias volvió a reunir a organismos científicos y autoridades de las provincias de la región para actualizar las perspectivas climáticas e hidrológicas y analizar sus posibles impactos.
No es, entonces, una preocupación inventada.
Hay organismos científicos, meteorológicos y de emergencia mirando hacia el mismo escenario.

El problema de Concordia no es solamente la lluvia: es el río

Para una ciudad como Concordia, el riesgo no puede analizarse únicamente mirando cuánto llueve dentro del ejido urbano.
La historia de la ciudad demuestra que el comportamiento del río Uruguay, las lluvias sobre su cuenca y el funcionamiento de Salto Grande forman parte de una misma ecuación.
Y justamente por eso resulta preocupante que una obra concebida para reducir el riesgo de inundaciones continúe sin materializarse.
El proyecto preliminar establecía una cota de coronamiento de 18 metros, pero sus propios autores fueron terminantes: esa altura no significa seguridad absoluta ni riesgo cero. Incluso remarcaron que, si el río supera esa cota, debe existir un mecanismo de evacuación y un plan de contingencia permanentemente actualizado.
La advertencia era clara.
Una defensa no elimina el riesgo. Lo reduce.
Y justamente por eso resulta todavía más importante construirla y, al mismo tiempo, preparar a la población para los escenarios que puedan superar su capacidad.

Casi 4.000 personas directamente protegidas

El proyecto original calculaba que unas 3.936 personas quedarían directamente protegidas por la Traza III, es decir, habitantes ubicados por debajo de la cota 18.
Sumados a los aproximadamente 9.000 habitantes protegidos por la Defensa Sur, la construcción de la Defensa Central permitiría llevar a casi 13.000 la cantidad de personas directamente protegidas por defensas contra las crecientes.
Son números que no deberían quedar archivados en un expediente.
Son familias.
Son viviendas.
Son calles.
Son comercios.
Son escuelas, clubes, instituciones y servicios que, frente a una inundación extraordinaria, pueden quedar comprometidos.
Y el problema no termina allí.
Porque las defensas tampoco pueden ser utilizadas como argumento para seguir urbanizando indefinidamente las áreas de riesgo.

El proyecto advertía algo todavía más serio

Uno de los aspectos más importantes del anteproyecto fue probablemente el menos difundido.
Los especialistas plantearon que la ciudad debía avanzar hacia lo que denominaron “riesgo informado”: que los vecinos conozcan qué puede ocurrir, cuáles son los niveles críticos del río y qué deben hacer cuando el agua se acerca a las cotas de seguridad.
La advertencia mantiene una vigencia extraordinaria en 2026.
Porque construir una defensa sin construir simultáneamente una cultura de prevención sería repetir un error conocido.
La defensa debe ir acompañada de:

  • un mapa actualizado de las zonas inundables;
  • identificación precisa de las viviendas ubicadas debajo de las cotas críticas;
  • un registro actualizado de personas mayores, personas con discapacidad y familias que necesiten asistencia especial;
  • corredores de evacuación claramente señalizados;
  • centros de evacuados previamente determinados;
  • transporte disponible para una emergencia;
  • protocolos para mascotas y animales;
  • comunicación directa con los vecinos;
  • simulacros periódicos;
  • y un sistema de alertas que no dependa de que el agua ya haya llegado a las calles.

¿Por qué esperar a que el agua llegue?

Aquí aparece la pregunta política que Concordia debería comenzar a hacerse.
Si los organismos nacionales ya están preparando escenarios ante El Niño, si el SMN advierte sobre la continuidad del fenómeno y si las propias autoridades nacionales están hablando de posibles excesos hídricos en la Cuenca del Plata, ¿qué está haciendo Concordia para prepararse?
El Estado nacional incluso aprobó en 2026 un esquema de coordinación federal para el ENOS 2026/2027, precisamente porque las previsiones contemplan un mayor riesgo de precipitaciones por encima de los valores normales, especialmente durante la primavera y el verano.
No se trata de sembrar miedo.
Tampoco de anunciar una inundación que todavía no ocurrió.
Se trata de algo mucho más elemental:
prevenir antes de lamentar.
Y eso significa que el municipio debería informar, explicar y preparar.

No se propone evacuar hoy: se propone estar preparados

Hablar de evacuación no significa necesariamente ordenar que miles de personas abandonen sus viviendas en este momento.
Sería irresponsable plantearlo sin una alerta hidrológica concreta.
Pero sería igualmente irresponsable esperar a que el río alcance niveles críticos para recién entonces comenzar a explicar a miles de familias qué deben hacer.
La verdadera prevención consiste en que los vecinos de las zonas potencialmente afectadas sepan desde ahora si sus viviendas se encuentran dentro de un área de riesgo, qué nivel del río activa una evacuación, hacia dónde deben dirigirse y quién se ocupará de trasladarlos.
En otras palabras: una eventual evacuación debe comenzar a prepararse mucho antes de que comience la emergencia.
Y si los pronósticos estacionales anticipan un período de mayor riesgo, el momento de organizar esa preparación es antes, no cuando el agua ya está entrando por las puertas.

La Defensa Central no puede seguir siendo solamente un proyecto

El anteproyecto contemplaba una solución técnicamente compleja: terraplenes, muros de hormigón, defensas móviles, reservorios y tres estaciones de bombeo para manejar las cuencas La Rioja, Puerto y Manzores.
La cuenca del Manzores era identificada como la más importante, con una superficie de aproximadamente 580 hectáreas y una estación de bombeo proyectada con diez bombas de un metro cúbico por segundo cada una.
Es decir, no estamos hablando de una simple pared levantada frente al río.
Es una infraestructura hidráulica urbana de enorme importancia para el futuro de Concordia.
El proyecto original estimaba una inversión de 37,3 millones de dólares, calculada en aquel momento, y señalaba un período de recupero económico de aproximadamente cuatro años.
Naturalmente, ese valor no puede ser presentado en 2026 como el costo actual de construcción. Después de tantos años resulta indispensable actualizar el proyecto ejecutivo, recalcular cantidades, costos, impacto ambiental, sistemas de bombeo, materiales, expropiaciones y toda la ingeniería necesaria.
Pero justamente ahí aparece otra pregunta:
¿Dónde está esa actualización?

Traza IV de la Defensa Central – Proyecto preliminar

Una obra para proteger el presente, pero también para pensar el futuro

El debate tampoco debería limitarse a levantar defensas cada vez más altas.
Los propios especialistas que diseñaron el anteproyecto plantearon la necesidad de pensar en horizontes de varias décadas, incluyendo una eventual relocalización progresiva de sectores sometidos a riesgo y nuevas formas de urbanización que eviten seguir ocupando zonas vulnerables.
Eso significa que Concordia necesita una política hídrica de largo plazo.
No una obra aislada.
No una reacción cada vez que el río comienza a crecer.
No un operativo improvisado cuando aparecen las primeras familias con el agua dentro de sus viviendas.
Hace falta una política de Estado para el río Uruguay.

2026 debería ser el año de la decisión

Concordia ya tuvo la Navidad bajo agua de 2015.
Conoce las consecuencias de una creciente extraordinaria.
Conoce el impacto económico y social que produce una inundación.
Y también conoce, desde hace años, cuál es una de las alternativas de infraestructura que permitiría reducir sustancialmente ese riesgo.
Ahora tiene algo más: un escenario climático que obliga a dejar de mirar el problema como una posibilidad lejana.
El SMN señala que El Niño está presente y que su continuidad es altamente probable. La Nación ya puso en marcha mecanismos de coordinación para prepararse frente a los posibles efectos en la Cuenca del Plata. El INTA advierte sobre el riesgo de precipitaciones por encima de lo normal y excesos hídricos en determinadas regiones.
Mientras tanto, Concordia debería hacerse una pregunta que ya no admite demasiadas postergaciones:
¿Vamos a esperar otra gran creciente para volver a hablar de la Defensa Central?
La respuesta no debería ser otra reunión, otra presentación ni otro proyecto preliminar.
Debería ser una decisión.
Actualizar el proyecto. Conseguir el financiamiento. Licitar. Construir. Y, simultáneamente, preparar a los vecinos.
Porque una ciudad verdaderamente preparada no es aquella que espera que el río no crezca.
Es aquella que sabe qué hacer cuando el río inevitablemente crece.
Y si existe una lección que dejaron las inundaciones del pasado y las advertencias de los especialistas, es precisamente ésta:
la prevención no comienza cuando llega el agua. Comienza mucho antes.
Concordia todavía está a tiempo.
Pero el tiempo, frente al río, también es una variable de riesgo.

Redaccion : Análisis Litoral

El peronismo entrerriano se parte en cuatro mientras su dirigencia todavía no entiende por qué perdió la confianza de la gente

La interna del PJ tiene cuatro sectores, varios candidatos y demasiados dirigentes disputándose la conducción. Pero existe un problema que ninguno parece querer mirar de frente: el peronismo perdió algo mucho más importante que una elección. Perdió credibilidad. Y en Concordia, su histórico bastión electoral, todavía parecen no haberse dado cuenta.

El peronismo entrerriano volvió a entrar en modo electoral. El desembarco de Axel Kicillof en la provincia aceleró una interna que ya estaba instalada y puso nuevamente en movimiento a una dirigencia que, con la mirada puesta en 2027, comenzó a disputar espacios, candidaturas y liderazgo. Los ministros bonaerenses Carlos Bianco y Walter Correa recorrieron territorio entrerriano, mantuvieron encuentros con intendentes y dirigentes y dejaron detrás de cada fotografía una lectura política inevitable: el peronismo provincial intenta reorganizarse, pero todavía no consiguió encontrar una conducción capaz de contener a todos los sectores.

La visita de Bianco a San José fue una demostración concreta. Allí, en el marco del foro “Entre Ríos tiene futuro. Axel es la esperanza”, el intendente Gustavo Bastián aprovechó la presencia del funcionario bonaerense para hacer explícita su intención de competir por la Gobernación en 2027. A su alrededor se reunieron Damián Arévalo, Laura Rupp, Enrique Cresto, Marcelo Berthet, Jorge “Kinoto” Vázquez, Claudia Monjo, Gerardo Chapino, Ángel Giano y Álvaro Gabás. También estuvo Marcelo Casaretto, uno de los principales armadores del kicillofismo en Entre Ríos. La foto buscó transmitir fortaleza y unidad, pero debajo de ella aparece una disputa mucho más profunda: quién tendrá el control territorial y político del peronismo cuando llegue el momento de definir candidaturas.

El escenario es cada vez más evidente. El PJ entrerriano está dividido, al menos, en cuatro espacios. Por un lado, el armado que mira hacia Axel Kicillof y que encuentra en Enrique Cresto, Ángel Giano y un grupo de intendentes sus principales referencias. Por otro, el sector que conserva la estructura tradicional y que reúne a dirigentes como Guillermo Michel, Adán Bahl, Gustavo Bordet, Rosario Romero, Juan José Bahillo, José Eduardo Lauritto y Laura Stratta. A esto se suma el espacio identificado con Cristina Fernández de Kirchner, donde aparecen Stefanía Cora, Blanca Osuna y Carolina Gaillard. Y, por fuera de estas estructuras, Daniel Rossi decidió jugar su propia partida después de su expulsión del PJ y anunció que competirá por la Gobernación en 2027.

Cuatro sectores, múltiples dirigentes y una misma pelea: quién será capaz de conducir. Sin embargo, mientras el peronismo entrerriano vuelve a discutir candidaturas, hay una pregunta bastante más incómoda que todavía parece no encontrar lugar en sus reuniones: ¿dónde está la gente?

Porque el problema del peronismo ya no es solamente su fragmentación interna. Tampoco se reduce a decidir si el futuro será de Kicillof, Michel, Bahl, Bordet, Cresto, Rossi o cualquier otro dirigente. El verdadero problema es que una parte de sus propios militantes y seguidores dejó de creer en el discurso que durante años sostuvo al partido. Y cuando una estructura política comienza a perder la confianza de quienes históricamente la acompañaron, la crisis deja de ser exclusivamente electoral para transformarse en una crisis de credibilidad.

Concordia es probablemente uno de los ejemplos más claros de esta situación. Durante décadas, la ciudad fue presentada como uno de los grandes bastiones del peronismo entrerriano. Allí la estructura partidaria parecía tener una capacidad casi automática para ordenar a la militancia, movilizar sectores y garantizar votos. Pero esa realidad cambió y una parte de la dirigencia todavía parece no haberlo comprendido. El peronismo de Concordia continúa hablando, en muchos casos, como si conservara aquella capacidad de representación intacta, mientras una parte de sus propios militantes y seguidores comenzó a mirar a sus dirigentes con desconfianza.

El problema no es necesariamente que hayan dejado de ser peronistas. El problema es que dejaron de creerles.

Dejaron de creer en las promesas repetidas durante años, en las explicaciones que siempre encuentran un responsable externo y en la idea de que alcanza con recuperar una vieja identidad partidaria para volver a conquistar el voto popular. El vecino de Concordia compara discursos con resultados y observa una ciudad que continúa enfrentando problemas estructurales de pobreza, empleo, infraestructura, desarrollo productivo y falta de oportunidades. Y frente a esa realidad aparece una pregunta que el peronismo debería hacerse antes de volver a hablar de candidaturas: ¿por qué una ciudad que durante tantos años estuvo gobernada por dirigentes de ese signo político continúa arrastrando problemas que parecen no tener solución?

No alcanza con responsabilizar al Gobierno nacional, a Javier Milei, a Rogelio Frigerio o a cualquier adversario de turno. Tampoco alcanza con volver a organizar reuniones, actos y fotografías de unidad. La política puede utilizar las estructuras para construir candidaturas, pero ninguna estructura puede fabricar indefinidamente la confianza que perdió en la sociedad. Y mucho menos puede pretender que los votos son propiedad de un partido.

Ese es quizás el punto que el vector peronista de Concordia todavía no termina de comprender: sus militantes y seguidores ya no les creen como antes. La señal debería ser tomada con enorme seriedad porque una cosa es perder una elección y otra completamente diferente es comenzar a perder la confianza de quienes históricamente fueron la base política y electoral de una organización. Cuando el militante deja de defender al dirigente, cuando el simpatizante deja de participar y cuando el vecino que durante años acompañó comienza a preguntarse si vale la pena volver a hacerlo, no estamos frente a una simple derrota electoral. Estamos frente a una transformación mucho más profunda.

El peronismo entrerriano debería mirar especialmente hacia Concordia porque allí tiene un espejo incómodo. Una ciudad que durante décadas fue presentada como territorio propio demuestra que ningún voto pertenece para siempre a ningún partido. La sociedad cambió, las prioridades cambiaron y también cambió la manera en que los ciudadanos evalúan a sus dirigentes. Hoy el vecino quiere saber quién puede generar empleo, mejorar la seguridad, recuperar infraestructura, atraer inversiones, generar oportunidades para los jóvenes y sacar a la ciudad del círculo de pobreza y estancamiento. Las viejas consignas ya no alcanzan.

Mientras tanto, el contraste con Rogelio Frigerio debería funcionar como otra señal de alarma. Mientras el peronismo continúa discutiendo su conducción y multiplicando sus sectores internos, el oficialismo provincial mantiene una posición electoral favorable y cuenta con el tiempo político necesario para observar cómo su principal adversario intenta reorganizarse. La oposición, en cambio, todavía no parece haber asumido completamente que el problema no está solamente en encontrar un candidato competitivo, sino en recuperar una relación de confianza con una sociedad que ya no responde automáticamente a sus discursos.

El peronismo entrerriano todavía tiene tiempo para reconstruirse de cara a 2027. Pero para hacerlo deberá abandonar por un momento la obsesión por la lapicera, las candidaturas y las fotografías de unidad y empezar por algo bastante más difícil: escuchar. Escuchar a sus propios militantes, a sus simpatizantes, a quienes alguna vez los votaron y hoy no están convencidos, a los jóvenes que no encuentran oportunidades y, especialmente, a una Concordia que durante años fue considerada un bastión inexpugnable y que hoy demuestra que la política no funciona con votos cautivos.

La elección de 2027 todavía está lejos. Pero la discusión ya comenzó y el peronismo entrerriano corre el riesgo de cometer el mismo error que lo llevó a perder terreno: seguir mirando hacia adentro mientras la sociedad mira hacia adelante.

Porque las elecciones no se ganan solamente acumulando dirigentes, armando listas o consiguiendo fotografías multitudinarias. Se ganan cuando una parte importante de la sociedad vuelve a confiar en que existe una propuesta capaz de mejorar su vida.

Y ese es el desafío que hoy tiene por delante el peronismo entrerriano.

Antes de preguntarse quién será el candidato, debería preguntarse por qué dejó de ser creíble.

Porque perder una elección puede ser circunstancial.

Que tu propia gente deje de creerte es otra cosa.

Por Alejandro Monzon

La Justicia suspendió la apertura de los celulares de Bordet y Ávila hasta que lo autoricen las Cámaras

El vocal Aníbal Lafourcade resolvió suspender la pericia sobre los teléfonos del diputado nacional Gustavo Bordet y la diputada provincial Mariel Ávila hasta que exista autorización de los cuerpos legislativos que integran. Sin embargo, rechazó el pedido de la defensa para que los dispositivos sean restituidos.

La Justicia de Entre Ríos resolvió este martes suspender la apertura de los teléfonos  celulares del diputado nacional Gustavo Bordet y de la diputada provincial Mariel Ávila, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La medida se mantendrá vigente hasta que las respectivas cámaras legislativas autoricen la realización de la pericia.

Según informó El Entre Ríos, la decisión fue adoptada por el vocal de Apelación, Aníbal Lafourcade, durante una audiencia realizada en los tribunales de Concordia, donde también resolvió rechazar el pedido de la defensa para que los dispositivos fueran devueltos a los legisladores.

La investigación está caratulada “D’Ambros, Héctor Daniel s/ su denuncia – Enriquecimiento Ilícito” y tiene como fiscales a José Arias y Daniela Montangie, mientras que la defensa de Bordet y Ávila está a cargo del abogado Jorge Esteban Romero.

La resolución judicial

Al fundamentar su decisión, Lafourcade explicó que correspondía hacer lugar parcialmente al planteo de la defensa

“Ordeno la suspensión de la apertura de los celulares hasta que haya autorización de las Cámaras”, sostuvo el magistrado.

No obstante, aclaró que los teléfonos permanecerán bajo resguardo judicial, al rechazar el pedido para que fueran restituidos a sus propietarios.

El vocal consideró que no correspondía anular la resolución que había autorizado la pericia sobre los dispositivos, sino únicamente suspender su ejecución para evitar una eventual afectación de garantías constitucionales vinculadas a los fueros parlamentarios.

El planteo de la defensa

Durante la audiencia, el abogado Jorge Romero sostuvo que el consentimiento brindado por Bordet y Ávila durante los allanamientos no implicó autorizar el acceso al contenido de los teléfonos celulares.

Además, afirmó que la Fiscalía pretendía realizar una investigación indiscriminada sobre la información almacenada en los dispositivos, lo que calificó como una “excursión de pesca” para buscar posibles delitos ajenos a la causa principal.

Política

Romero también intentó recusar al fiscal José Arias, argumentando una supuesta pérdida de objetividad y cuestionando la difusión pública de información sobre la investigación. Sin embargo, Lafourcade declaró inadmisible ese planteo y recordó que existen vías procesales específicas para promover una recusación.

En ese contexto, el magistrado también defendió el trabajo de la prensa al señalar que las audiencias son públicas y que los ciudadanos tienen derecho a ser informados sobre los procesos judiciales.

La postura de la Fiscalía

Por su parte, el fiscal José Arias sostuvo que el cambio de postura de la defensa se produjo luego del avance de nuevas líneas investigativas derivadas de los allanamientos realizados al empresario Salvador Carubia y a la firma Gruppa 3.

Según explicó, tanto Bordet como Ávila habían prestado conformidad para los allanamientos, entregaron voluntariamente sus teléfonos y facilitaron las claves de acceso, por lo que consideró aplicable el principio de los actos propios.

Equipos de comunicación

Arias también rechazó que la pericia sobre los celulares vulnere los fueros parlamentarios, al sostener que esos privilegios constitucionales protegen el ejercicio de la función  legislativa y no impiden el desarrollo de medidas de prueba dentro de una investigación judicial.

En ese sentido, Lafourcade también descartó que el análisis de los dispositivos pueda interpretarse como una búsqueda indiscriminada de información.

“Analizar el teléfono no es pesca. No es pescar, es investigar. No podemos tener un órgano acusador sonso”, afirmó el magistrado durante la audiencia.

Fuente: El Entre Ríos

“Queremos que Entre Ríos sea la cuna del desarrollo”, manifestó Frigerio en la XIX Reunión del Consejo Empresario de Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio, participó de la apertura de la XIX Reunión del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) en Paraná. Ante referentes del sector productivo, académico y de la gestión pública, el mandatario destacó la importancia de consolidar una alianza estratégica entre el sector público y el privado como motor central para el crecimiento económico de la provincia.

La jornada se desarrolló este jueves en el Centro Provincial de Convenciones de la capital provincial y contó también con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger. Durante su discurso, el gobernador subrayó que su gestión ha puesto en marcha un “cambio cultural” que coloca al Estado al servicio de los ciudadanos y de quienes producen.

“Durante mucho tiempo, el Estado se sentó primero en la mesa. Primero los cargos, las estructuras, los militantes, los contratos y, si sobraba algo, recién ahí se podía atender a los empresarios, productores, comerciantes, trabajadores del sector privado. Nosotros dimos vuelta a esa lógica”, afirmó el gobernador, enfatizando que “cuando el Estado deja de ser un obstáculo, los sectores productivos invierten”.

Acciones para el desarrollo productivo

En continuidad con esa idea, Frigerio detalló las medidas concretas que el Gobierno de Entre Ríos ha implementado para fomentar la inversión y desburocratizar la administración. Una fue la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones, una herramienta para que el Estado actúe como “socio” del inversor antes, durante y después de su decisión, asegurando reglas claras y estabilidad.

Otro de los puntos señalados por el mandatario fueron los incentivos fiscales, recordando que Entre Ríos fue la primera provincia en adherirse al RIGI y en crear un régimen propio de incentivos. “En Entre Ríos las nuevas inversiones que generan empleo no pagan ningún impuesto por 15 años”, subrayó.

También destacó la renovación de la legislación ambiental y la implementación del Certificado Único Ambiental Digital, que agiliza trámites que antes demoraban años, garantizando un control más eficiente y menos costos para las empresas. Por otra parte, se refirió a la reforma previsional, recientemente aprobada, la cual calificó como un “paso histórico” para atacar el déficit y destinar esos recursos al desarrollo y a la baja de impuestos.

Un Estado aliado del sector privado

En relación al vínculo con los empresarios, el gobernador fue categórico al definir la visión de su gestión: “Hoy la política escucha a los empresarios y gestiona para resolver sus problemas. Así es como siempre debió ser”. Asimismo, instó a los presentes a ser protagonistas de la transformación provincial, señalando que “el protagonismo del sector privado es el único reaseguro para que ningún político vuelva a aumentar impuestos para financiar sus privilegios”. Finalmente, Frigerio renovó su compromiso de trabajo conjunto. “Cuenten conmigo y todo mi equipo para hacer realidad este sueño. Sigamos haciendo juntos la Entre Ríos que todos soñamos”, resaltó.

Por su parte, el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, Ramiro Reiss, destacó la importancia de la articulación entre los distintos sectores para el crecimiento provincial, señalando que “las provincias que progresan son aquellas donde el sector público, el privado y la sociedad son capaces de construir una visión compartida”. En este sentido, Reiss expresó un claro respaldo a las medidas de fondo impulsadas por la gestión actual, valorando “esta visión del gobierno provincial” respecto a la reciente reforma previsional, la cual calificó como un paso necesario para garantizar la sustentabilidad y el desarrollo a largo plazo. Asimismo, instó a continuar trabajando por un Estado eficiente y moderno, bajo la premisa de que “un Estado fuerte no es el que recauda cada vez más, sino el que hace mejor uso de los recursos que la sociedad pone en sus manos”.

Está en marcha la capacitación para pilotear drones de uso agrícola

En un hecho inédito, Entre Ríos es sede del curso teórico y práctico para pilotos de drones en labores agropecuarias. La apertura de la actividad, en el Mirador Tec de Paraná, estuvo a cargo de autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos; representantes de la Fundación Benet; y de la firma Dronesvip.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó que se trata de “un servicio que está cambiando y potenciando diversos aspectos del sector agroindustrial. Consideramos fundamental acceder a capacitaciones para el manejo de esta herramienta; y a través de la fundación Benet hemos concretado la realización de este curso para la provincia”.

A su vez, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho, afirmó que “la nueva ley vigente de fitosanitarios de la provincia busca la convergencia de las mejores normativas con respecto al ambiente, las buenas prácticas de producción y la productividad de los cultivos. Nuestra intención es liderar y en consecuencia avanzamos para que Entre Ríos se destaque por tener una alta productividad sustentable con el ambiente”.

Por su parte, la directora de Agricultura, Carina Gallegos, expresó que “esta es la primera instancia de capacitación para obtener la licencia de piloto de drones categoría específica, curso al cual ya se han inscripto 117 personas. Se trata de una vinculación público-privada por la cual logramos traer esta capacitación al territorio provincial y facilitar de esa manera que todos los interesados puedan participar”.

Ezequiel Baus, presidente de Fundación Benet, indicó que “la Fundación Benet dicta capacitaciones para el agro en distintos rubros y, desde que Entre Ríos reglamentó una ley pionera en incluir a los drones en lo que respecta a legislación sobre fitosanitarios, vimos la necesidad y la demanda de que los operarios puedan capacitarse. Allí es donde nos vinculamos con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y con Dronesvip, la empresa que da los cursos y entrega los carnet de la Administración Nacional de Aviación Civil; para hacer posible esta instancia educativa”.

Alejandro Tarsia, instructor de Dronesvip, dio inicio a la primera clase virtual tras explicar que “ofrecemos la posibilidad de certificarse como pilotos de aeronaves no tripuladas, explicando tanto los riesgos como las posibilidades que nos brindan estos equipos para poder llevar a cabo buenas prácticas de aplicación. El 90 por ceinto de nuestra instrucción teórica es online, manejamos plataformas disponibles las 24 horas, en las cuales el alumno a medida que tenga tiempo pueden ir avanzando en los contenidos obligatorios del plan de estudios que solicita la autoridad aeronáutica nacional”.

Frigerio: “Los gobernadores necesitamos que a Nación le vaya bien pero también el gobierno nacional necesita que a las provincias nos vaya bien”

Tras asumir la presidencia pro témpore de la Región Centro, el gobernador Rogelio Frigerio remarcó la importancia para el gobierno nacional de que a las provincias y los municipios les vaya bien, porque es donde se definen los bienes y servicios públicos que determinan la calidad de vida de la población.

En ese marco, funcionarios provinciales destacaron el valor estratégico de la presidencia pro tempore que ejercerá Entre Ríos para fortalecer la integración con Santa Fe y Córdoba y consolidar una agenda común de desarrollo productivo regional.

El presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, Atilio Benedetti, resaltó la intensa actividad desarrollada durante el último tiempo y precisó que “hubo muchas acciones en común, defensa de mercados, de posibilidades comerciales y de actividades económicas que generen valor agregado y trabajo. También interacción para adecuar los organismos gubernamentales de las tres provincias a los nuevos tiempos y facilitarles la vida a las personas y a las Pymes”, afirmó.

Asimismo, Benedetti señaló que el desafío es profundizar esa agenda de integración. “Vamos a seguir el trabajo que venimos desarrollando y que también abarca planes de acción social”, sostuvo, y precisó que también “hay una acción conjunta frente a los problemas que podría ocasionar el fenómeno de El Niño, utilizando lo mejor que tiene cada provincia. El desafío es seguir trabajando fuerte”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, valoró el camino recorrido por las tres provincias y precisó que se ha “trabajado mucho en conjunto durante estos 30 meses”, en consonancia a lo manifestado por los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

En ese sentido, sostuvo que existe una gran expectativa por seguir construyendo políticas públicas compartidas. Además, destacó el trabajo conjunto en educación, salud y producción. “El Foro Productivo de la Región Centro es muy activo, con muchas políticas en común, solucionando trabas burocráticas y poniendo en común normativas y aplicaciones, que es en lo que estamos trabajando”, aseguró.

Respecto de los desafíos, Bernaudo remarcó la necesidad de reducir la presión fiscal sobre el sector productivo y avanzar en obras estratégicas para el desarrollo regional. En ese marco, mencionó el impulso que va a dar la nueva etapa de la hidrovía, y recordó que “infraestructura y carga fiscal son los dos puntos que el sector productivo más reclama”.

Por su parte, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, destacó el peso económico de la Región Centro y la necesidad de profundizar el trabajo coordinado entre las tres provincias. “Estamos hablando de una región de casi nueve millones de habitantes, que representa cuatro de cada 10 dólares que exporta la Argentina, aporta el 20 por ciento del PBI y produce la mitad de los granos del país. Eso habla a las claras de la importancia de la Región Centro como uno de los motores del desarrollo argentino”, afirmó.

En ese sentido, señaló que mantuvo un encuentro con sus pares de Santa Fe y Córdoba para analizar la situación fiscal de cada jurisdicción y avanzar en soluciones compartidas. “Con Santa Fe nos separa el río, con Córdoba los kilómetros, pero nos une la misma producción, el mismo perfil y la misma idiosincrasia de nuestros habitantes. Y, sobre todo, nos une el gran desafío de mejorar la calidad de vida de quienes viven en la Región Centro”, concluyó.

ATER intensifica los controles: qué hacer si recibís una intimación por una construcción no declarada

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) intensificó en los últimos meses los controles sobre inmuebles mediante imágenes satelitales, herramientas de detección remota y el cruce de información con los municipios, lo que permitió identificar numerosas construcciones, ampliaciones y mejoras que no habían sido declaradas.

De acuerdo con estimaciones de profesionales vinculados al sector, en la provincia podrían existir alrededor de 8 millones de metros cuadrados de construcciones o ampliaciones sin registrar. En ciudades como Concordia se estima que la superficie no declarada rondaría los 700.000 metros cuadrados, mientras que Paraná, Concepción del Uruguay y otras localidades importantes también presentarían cifras significativas.

Como consecuencia de estos controles, numerosos propietarios comenzaron a recibir intimaciones para regularizar la situación fiscal y catastral de sus inmuebles.

En ese marco, trascendió que ATER habría suscripto acuerdos de colaboración con colegios profesionales con el objetivo de facilitar el proceso de regularización y brindar mayores herramientas a los contribuyentes.

¿Qué debe hacer un propietario que recibe una intimación?

Especialistas consultados explicaron que lo primero es no ignorar la notificación.

Con la intimación en su poder, el propietario debe reunir toda la documentación disponible de su inmueble, especialmente los últimos planos aprobados, antecedentes municipales y cualquier otra presentación realizada con anterioridad. Luego deberá comparar esa documentación con la construcción existente para determinar las diferencias entre lo declarado y lo efectivamente construido.

Con esa información, corresponde consultar a un profesional matriculado para que evalúe el caso y realice el trámite de regularización correspondiente ante los organismos competentes.

Una intimación significa que el Estado detectó diferencias entre la información registrada y la realidad física del inmueble. La normativa vigente establece la obligación de declarar las nuevas construcciones, ampliaciones o mejoras dentro de los plazos previstos por la legislación una vez que la obra reúne las condiciones de habitabilidad.

La importancia de contratar un profesional matriculado

La regularización constituye un procedimiento técnico y legal que debe ser realizado por un profesional independiente debidamente matriculado, ya sea un Maestro Mayor de Obras, un arquitecto o un ingeniero, conforme a las incumbencias que establece la legislación vigente.

El propietario tiene plena libertad para elegir al profesional de su confianza, quien analizará la documentación existente, verificará el estado de la construcción y elaborará la presentación técnica necesaria para regularizar la situación.

Fuentes del ámbito profesional consultadas por este medio manifestaron su preocupación por situaciones en las que quienes cumplen funciones de control o intervienen desde la administración terminan orientando o participando en trámites cuya responsabilidad técnica corresponde exclusivamente a profesionales habilitados. De confirmarse, este tipo de prácticas podría afectar la transparencia del procedimiento, generar incompatibilidades con la función de fiscalización y trasladar al propietario riesgos administrativos o legales que podrían evitarse actuando dentro del marco normativo.

Los especialistas recomendaron que el contribuyente contrate libremente al profesional de su confianza y evite recurrir a mecanismos informales o soluciones improvisadas que, aunque puedan parecer más economicas, no ofrecen las garantías técnicas, éticas y jurídicas que exige una correcta regularización.

¿Qué ocurre si se ignora la intimación?

Los especialistas coinciden en que no responder una intimación suele ser la peor alternativa.

Si el contribuyente no regulariza voluntariamente su situación, la autoridad fiscal puede efectuar una determinación de oficio de la valuación del inmueble y aplicar las sanciones previstas por la normativa tributaria, además de los intereses y recargos que pudieran corresponder.

Actualmente, tanto ATER como numerosos municipios cuentan con tecnologías de detección remota, imágenes satelitales y sistemas de comparación territorial —entre ellos herramientas como Open Buildings— que permiten identificar construcciones no declaradas con un elevado nivel de precisión.

Por ese motivo, regularizar la situación de manera voluntaria no solo evita futuras sanciones, sino que también brinda seguridad jurídica al propietario, protege el valor de su patrimonio y mantiene la documentación del inmueble actualizada para futuras ventas, sucesiones, créditos hipotecarios o cualquier otra operación sobre el inmueble.

Entre Ríos superó los 1.000 millones de dólares en exportaciones durante el primer semestre de este año

Las operaciones llegaron a 1.048 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 10 por ciento respecto del mismo período de 2025. El incremento fue aún mayor en términos de volumen, ya que se vendieron bienes por más de tres millones de toneladas, un 22 por ciento más.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico se elaboró un informe en base a datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Allí muestra que los productos primarios fueron el principal rubro de exportación, al concentrar el 58 por ciento del total exportado. Además, registraron el mayor crecimiento interanual, con un incremento del 22 por ciento en valor y del 25 por ciento en volumen. En tanto, las manufacturas de origen agropecuario crecieron un dos por ciento en valor.

Desde la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales especificaron que los principales productos exportados fueron trigo (27 por ciento), maíz (17 por ciento), carne bovina (15 por ciento), soja (seis por ciento) y arroz (cuatro por ciento). Entre los productos con mayor crecimiento se destacó la miel, cuyas exportaciones aumentaron un 78 por ciento en valor y un 62 por ciento en volumen respecto del mismo período de 2025.

En cuanto a los destinos, las exportaciones hacia Asia crecieron un 43 por ciento interanual y esa región concentró el 46 por ciento de las ventas externas de Entre Ríos durante el período analizado. Le siguieron América, con el 34 por ciento; África, con el 12 por ciento; Europa, con el siete por ciento; y Oceanía, con menos del uno por ciento. Los principales destinos de las exportaciones entrerrianas fueron China (18 por ciento), Brasil (10 por ciento), Estados Unidos (seis por ciento), Uruguay (cinco por ciento) y Vietnam (cuatro por ciento).

El Plan de Alivio Financiero de Entre Ríos ya recibió más de 5.500 solicitudes

El programa permite tomar un préstamo con condiciones muy favorables para unificar deudas contraídas con diferentes entidades financieras.

Desde que se habilitó la inscripción online, el Plan de Alivio Financiero impulsado por el Gobierno de Entre Ríos junto a Banco Entre Ríos continúa mostrando una importante respuesta de la comunidad y sigue vigente. Hasta el momento, el programa recibió más de 5.500 solicitudes de empleados públicos, privados y jubilados interesados en reorganizar sus compromisos financieros.

Beneficios del programa

  • 60 días de gracia: el beneficiario comienza a pagar recién en el tercer mes.
  • Tasa fija del 60% TNA.
  • Plazos de hasta 60 meses.
  • Destinado a empleados -públicos y privados- y jubilados.

Cómo inscribirse
El Plan de Alivio Financiero continuará abierto durante los próximos meses para quienes deseen acceder al beneficio. La solicitud es simple y se realiza de manera 100% online.

1) Ingresar a la web oficial del Banco Entre Ríos https://www.bancoentrerios.com.ar/personas/prestamos/plan-alivio-financiero
2) Completar los datos básicos y la información solicitada en el formulario.
3) El Banco analiza cada situación particular y se comunica con el cliente para informarle el resultado de la evaluación crediticia.
4) Si el cliente está calificado, el banco le otorga un turno para avanzar con el trámite y luego presentar los certificados de deudas.

La iniciativa está destinada a empleados públicos, empleados privados y jubilados de la provincia y permite cancelar deudas con distintas entidades mediante una nueva financiación con hasta 60 cuotas, tasa fija preferencial y 60 días de gracia para comenzar a pagar, brindando una herramienta concreta para ordenar las finanzas personales y recuperar capacidad de ingreso.

Con este programa, el Gobierno de Entre Ríos y el Banco Entre Ríos continúan trabajando de manera conjunta para ofrecer soluciones financieras que acompañen a las familias entrerrianas y contribuyan a fortalecer la economía de la provincia.