Fuertes denuncias sobre pagos de favores en designaciones de directores políticos, coordinadores de inteligencia y escandalosos sobreprecios en la obra pública han llegado de manera detallada a nuestra redacción, aportando documentación y testimonios que exponen la verdadera magnitud de manejos administrativos fraudulentos en el ámbito local.
Los sobreprecios en la obra pública, como ciclovía y puentes, y el sostenimiento de puestos de favor político para nombres conocidos, amparados por las decisiones de Adán Bahl y de quien fuera su Secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento, forman parte de las graves irregularidades que los trabajadores de carrera de la comuna han decidido sacar a la luz ante este medio.
La reciente decisión de dar de baja una licitación abusiva de 80 millones de pesos para modificar la ciclovía de la Costanera, que ahora se realizará con personal municipal por una fracción de ese costo, desnudó una matriz de desidia institucional intencional que conecta de forma directa con las denuncias sobre el accionar de diversos involucrados en la causa CONTRATOS II. Esta farsa queda al descubierto al contrastar la actual lupa administrativa con el historial de la gestión anterior de Adán Bahl y su secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento, período caracterizado por convalidar demarcaciones viales a costos que duplicaban los parámetros de mercado en dólares, otorgar contrataciones directas cuestionables a empresas constructoras con graves antecedentes y sostener designaciones políticas de alto rango económico en dependencias difusas para amparar a operadores, como Joel Kohan, que no prestan servicios reales.
El detonante de este debate fue la decisión de Romero de frenar de manera tajante el proceso licitatorio impulsado por la Subsecretaria de Planificación, arquitecta Alejandra Flores, el cual preveía una inversión cercana a los 80 millones de pesos para cambiar de margen la traza de bicicletas en la Costanera Baja. La jefa comunal consideró abusivo y escandaloso abonar semejante cifra a una empresa privada.
En su lugar, desautorizó el anuncio oficial de Flores y determinó que las tareas , que demandarán entre 30 y 40 días, incluyendo bacheo, remoción de maceteros e instalación de separadores viales de caucho, se ejecuten íntegramente con mano de obra del personal municipal y materiales comprados de forma directa. La intendenta estimó que este cambio de estrategia administrativa representará un ahorro sustancial para las arcas de la comuna, estimando el costo real en apenas una fracción de lo presupuestado originalmente, es decir, entre un 70% y un 80% menos de lo que pretendía gastar la gestión técnica de Flores.
Aún no se sabe si la subsecretaria Alejandra Flores presentó la renuncia ante semejante y humillante desautorización pública de la intendenta Rosario Romero, o si pretende seguir atornillada a su sillón como si nada hubiera pasado. Una permanencia en el puesto que, a esta altura, resulta éticamente insostenible y un insulto a los contribuyentes.
¿Con qué autoridad moral puede continuar al frente de la planificación urbana una funcionaria que pretendía imponer un gasto descomunal de ochenta millones de pesos por un simple trabajo de pintura y remoción de maceteros?
Semejante brecha con el costo real, que la propia intendencia demostró que se puede resolver con mano de obra municipal por apenas una fracción de lo presupuestado, enciende de inmediato las alarmas más oscuras. Ante un sobreprecio tan burdo y escandaloso, es inevitable que en el ciudadano común surja la sospecha legítima y la pregunta obligada de si detrás de esa insistencia por contratar a una empresa privada no se escondía el beneficio personal, el histórico y nefasto retorno que tanto asfixia a las arcas públicas. Sostener en sus funciones a quien validó semejante despropósito no solo dinamita la credibilidad de la gestión, sino que hace pensar que el vaciamiento y la complicidad siguen siendo opciones válidas en los despachos oficiales.
La firmeza de la actual gestión contrasta nítidamente con la laxitud financiera que caracterizó al período 2019-2023. En marzo de 2021, bajo la intendencia de Bahl y con Maximiliano Argento como ejecutor de la infraestructura, el municipio adjudicó a la firma privada Becha S.A. el primer tramo del «Programa Bicivía» por un monto exacto de $9.723.596,48. Pocos meses después, en junio de ese mismo año, se le otorgaron a la misma empresa otros 9 millones de pesos para una extensión hacia el Thompson, totalizando casi 20 millones de pesos por apenas 10 kilómetros de pintura y señalización horizontal.
La conversión de estos valores a la realidad cambiaria desuda un desfasaje monumental. En marzo de 2021, con un dólar oficial cotizando a 89 pesos, aquel primer contrato de casi 10 millones de pesos equivalía a 109.000 dólares. Si esa misma cotización en moneda extranjera se traslada al valor del mercado cambiario actual, que promedia los 1.400 pesos, la obra ejecutada por Argento costó el equivalente a más de 152 millones de pesos de hoy. Es decir, mientras que a la actual intendencia pagar 80 millones de pesos le pareció un exceso intolerable para la comunidad, en la gestión anterior se convalidó un gasto que duplicaba los parámetros actuales de mercado para un trabajo idéntico de demarcación vial, descartando sistemáticamente la utilización de las cuadrillas municipales.
Las polémicas ligadas a la gestión de Maximiliano Argento en Obras Públicas no se limitaron a la pintura de senderos. Uno de los episodios más críticos de su administración fue la firma del contrato para la reparación del puente sobre la calle Moreno. Dicha estructura había demandado a los contribuyentes paranaenses un desembolso superior a los 121 millones de pesos a valores de la época y sufrió un desmoronamiento estructural en una de sus cabeceras a escasos cuatro años de su inauguración. El desastre vial no solo bloqueó el tránsito de una arteria clave, sino que forzó un polémico cambio en el sentido de circulación del Parque Urquiza que despertó el rechazo generalizado de la ciudadanía.
Lejos de iniciar acciones legales contra la constructora Norvial por las evidentes fallas de edificación o de exigir la ejecución de las garantías de obra, la Secretaría de Obras Públicas a cargo de Argento optó por un camino sumamente cuestionable: premiar a la misma empresa con un nuevo contrato directo de $9.428.219,92 para enmendar sus propios errores. Para mayor ironía de la época, la firma ya arrastraba severos cuestionamientos por las deficiencias técnicas en el puente de la calle Gálvez, cuya infraestructura defectuosa provocó el trágico desborde pluvial que terminó con la vida de la joven Fiorella Furlán. Los paranaenses terminaron pagando dos veces por una misma obra, en un marco de profunda crisis donde el esfuerzo fiscal de los contribuyentes era administrado con una alarmante desidia.
Vale recordar que Maximiliano Argento arribó a la Municipalidad de Paraná por gentileza de Adán Bahl, habiendo adquirido previamente un lujoso departamento ubicado en la estratégica esquina de calle Tucumán y Alameda de la Federación, en plena zona del Parque Urquiza. La propiedad, valuada por agentes inmobiliarios en unos 400 mil dólares, fue comprada mientras Argento se desempeñaba simplemente como un empleado del Senado provincial, entonces manejado por el propio Bahl, coincidiendo temporalmente con el momento en que estalló el multimillonario escándalo de los «Contratos (truchos) de la Legislatura». Esta impactante adquisición representa un patrimonio sumamente difícil de justificar con el sueldo de un agente legislativo; un dato clave y una inconsistencia financiera brutal que los fiscales de la causa «Contratos II» no deberían pasar por alto bajo ninguna circunstancia.
La trama que rodea a la vieja estructura de Obras Públicas de Paraná posee derivaciones que exceden los presupuestos y rozan el armado de esquemas de inteligencia interna y cobros indebidos. De acuerdo con los registros del personal de la comuna, durante la intendencia de Adán Bahl este y Maximiliano Argento el 02/01/2020 designaron con el cargo de Director Político a Joel Kohan en el área de obras públicas. Los trascendidos de los pasillos gubernamentales coinciden en que no existía una necesidad real de contratar personal, sobre todo en un momento en que se estaban dando de baja cientos de contratos de personas que llevaban años prestando servicios, dejándolas en la calle bajo la excusa de buscar el equilibrio fiscal del municipio.
Según fuentes municipales fidedignas, el nombrado no cumplía ninguna función específica y el cargo de director político le fue otorgado únicamente como pago por favores recibidos, como haber hecho tareas ajenas a la función pública, coordinando presuntas operaciones y maniobras complejas mediante una abogada de un reconocido estudio jurídico ubicado sobre la calle 25 de Junio de la capital entrerriana. Kohan estuvo de Director Político categoría 34 hasta el 04/10/2024, para ser designado a partir de esa fecha por pedido de Bahl y Argento en pago de favores como COORDINADOR de INTELIGENCIA CON LA CATEGORÍA 43 y un sueldo de 1.949.154 pesos con un adicional por función de 816.000 pesos amparándose en la ordenanza 9014.
Antes de abandonar el Ejecutivo Municipal, Adan Bahl se encargó de blindar el futuro de su equipo de confianza. El segundo de la cartera de Obras Públicas, Gerardo Pastor, un técnico de extracción radical cuyo padre fuera el secretario del histórico caudillo previsional Arturo Vera, logró su estabilidad en la planta permanente del Estado, habiendo desempeñado previamente funciones administrativas clave en el Senado provincial cuando Bahl ejercía la vicegobernación. Al concluir el mandato, tanto Argento como Pastor y otros asesores directos se replegaron en la Cámara Alta entrerriana, garantizando la continuidad del cobro de haberes de altísimo rango legislativo.
El caso de Joel Kohan expone un escenario de marcada irregularidad administrativa que genera un profundo malestar entre los empleados de carrera de la Municipalidad de Paraná. El funcionario fue reubicado estratégicamente en una estructura creada bajo el rótulo de la Coordinación de Inteligencia, una dependencia difusa que opera formalmente bajo la órbita de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, con asiento en las oficinas de Avenida Ramírez 2821. Quienes cumplen funciones de manera diaria en dicha repartición denuncian de manera categórica que el coordinador no se presenta a cumplir sus tareas habituales, registrando inasistencias prolongadas que se extienden por meses enteros sin justificación alguna. El cobro regular de un sueldo de jerarquía de director, categoría 43, por parte de un agente que reviste la condición de «ñoqui» institucional, constituye una afrenta directa hacia los trabajadores que sostienen los servicios públicos en la ciudad.
Este escándalo de personal, sumado a las irregularidades en la obra pública, deja al desnudo una matriz de desidia institucional evidentemente intencional y planificada. Un sistema que, mientras convalidaba escandalosos sobreprecios medidos en dólares y premiaba sistemáticamente a constructoras penalmente cuestionadas por la sociedad, sostenía en paralelo estructuras burocráticas oscuras para amparar a operadores y «ñoquis» de la política.
