$8800 millones en multas y aumentos de hasta 671%: informe sobre las transportistas de energía que operan en Entre Ríos

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Las dos transportistas que prestan el servicio eléctrico de competencia federal en territorio entrerriano —TRANSENER y TRANSNEA— acumularon sanciones aplicadas por 8.801 millones de pesos entre 2018 y abril de 2025. Las cuatro empresas –se suman LITSA y LIMSA- con incidencia tarifaria federal en la provincia de Entre Ríos registran aumentos de entre el 501 y el 671 por ciento desde la asunción del actual gobierno nacional. Y la red de transporte del Noreste Argentino, que cubre el norte y centro de Entre Ríos, falla persistentemente entre diez y veinte veces más por kilómetro de tendido que la red troncal nacional. Son datos oficiales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, organismo que se encuentra en estos días en pleno proceso de fusión con el ENARGAS bajo el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.

Los datos oficiales sobre el desempeño económico y tarifario del servicio eléctrico de competencia federal con incidencia en Entre Ríos durante los últimos siete años configuran un cuadro que merece, por sí mismo, atención pública. Las dos empresas transportistas que tienen jurisdicción federal sobre la red eléctrica entrerriana —Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión TRANSENER S.A. y Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino TRANSNEA S.A.— acumularon sanciones aplicadas por 8.801.323.330,77 pesos entre enero de 2018 y abril de 2025.

Las cuatro empresas con incidencia tarifaria federal en territorio entrerriano —TRANSENER, TRANSNEA, LITSA (Líneas de Transmisión del Litoral) y LIMSA (Líneas Mesopotámicas)— vieron multiplicado el valor agregado de transporte que cobran al usuario residencial entrerriano entre cinco y siete veces desde el 10 de diciembre de 2023, día de la asunción del actual gobierno nacional. Y la red de transporte del Noreste Argentino, que cubre porciones del norte y centro de Entre Ríos junto con Corrientes, Chaco y Formosa, falla persistentemente entre diez y veinte veces más por kilómetro de tendido que la red troncal nacional, sin que esa asimetría —documentada mes a mes durante ocho años— haya sido revertida por ninguna de las administraciones del organismo regulador.

La información a partir de la cual se reconstruye este cuadro de situación proviene de la respuesta producida por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a una solicitud formal de acceso a la información pública presentada por Análisis el 28 de abril de 2026, en los términos de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. El pedido constaba de diez puntos concretos referidos a calidad del servicio, esquema tarifario, multas, obras de ampliación, reclamos, audiencias públicas, auditorías, convenios con la autoridad provincial y personal de control, todo ello respecto del servicio eléctrico de competencia federal con incidencia en la Provincia de Entre Ríos.

La solicitud fue identificada como expediente C-077 y respondida el 13 de mayo de 2026 mediante la Nota NO-2026-47984998-APN-DRIYP#ENRE, suscripta por la Responsable de Acceso a la Información Pública del organismo, Viviana Sarmentero. La respuesta llegó con la firma electrónica del Sistema de Gestión Documental del Estado nacional e incluye un cuadro con indicadores mes a mes desde enero de 2018 hasta abril de 2025 y cinco memorandos producidos por distintas áreas internas del ENRE: el Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales, el Departamento Técnico de Energía Eléctrica, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Relaciones Institucionales y Prensa, y la Asesoría Jurídica. Análisis Digital realizó el cruce y la sistematización de todo el material recibido. Los datos que se exponen a continuación son, en consecuencia, oficiales y reproducen lo que el propio ente regulador remitió por escrito en cumplimiento del régimen legal de acceso a la información pública.

Tarifas que subieron entre 501 y 671 por ciento desde diciembre de 2023

El dato más contundente de la respuesta oficial está contenido en el Memorándum ME-2026-45257750, producido por el Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales del ENRE y firmado por el subjefe del área, Marcelo Ángel Biach. El documento detalla, para las cuatro transportistas que el propio organismo reconoce como prestadoras de competencia federal con incidencia en territorio entrerriano, el cuadro tarifario al 10 de diciembre de 2023 y lo compara con el cuadro tarifario actualmente vigente.

Los porcentajes hablan por sí solos. TRANSENER pasó de la Resolución 781/2023 a la Resolución 225/2026 con una suba uniforme del 671 por ciento en todos sus conceptos: salidas de 500, 220 y 132/66 kilovoltios, cargos por transformación, energía reactiva y kilómetros de líneas. TRANSNEA se ajustó en idéntica proporción del 640 por ciento, también en todos sus rubros (Resoluciones 779/2023 y 228/2026). LIMSA, la transportista mesopotámica, registró un 529 por ciento (Resoluciones 781/2023 y 234/2026). Y LITSA, las Líneas de Transmisión del Litoral, un 501 por ciento (Resoluciones 781/2023 y 235/2026). Los cuatro porcentajes corresponden, según expresamente lo enuncia el propio Memorándum, a segmentos del transporte de competencia federal con incidencia en la Provincia de Entre Ríos. Es decir, son aumentos que el usuario entrerriano paga en el valor agregado de transporte que se traslada a su factura final.

El detalle es relevante por una razón adicional. El mismo Memorándum aclara que el ENRE solo tiene competencia federal en territorio entrerriano sobre los sistemas de transporte de Alta Tensión superiores a 400 kilovoltios. Las líneas de entre 132 y 400 kilovoltios son de jurisdicción provincial, no del ente nacional. Lo cual significa que el grueso del entramado de distribución troncal de la provincia queda fuera del control federal y depende de la regulación que ejerza —o no ejerza— el Estado entrerriano a través de su propio Ente Provincial Regulador.

Sanciones por más de 8.800 millones de pesos

La segunda pieza sustantiva de la respuesta oficial es un cuadro mes a mes con la tasa de falla, el índice DIMA (Disponibilidad Media Anual Móvil de la Concesionaria) y las sanciones aplicadas a TRANSENER y TRANSNEA entre enero de 2018 y abril de 2025. Es información que el ENRE produce en el marco de su régimen de afectación de sanciones para empresas transportistas, regido por la Resolución ENRE 552/2016 y sus modificatorias.

Del cuadro surge que las dos transportistas acumularon sanciones aplicadas por 8.801.323.330,77 pesos durante el período. De ese monto, 8.115.972.826,52 pesos corresponden a TRANSENER, la concesionaria del sistema troncal de 500 kilovoltios, y 685.350.504,25 pesos a TRANSNEA. El propio Departamento Técnico de Energía Eléctrica del ENRE, en su Memorándum ME-2026-44986275, aclara que los datos remitidos corresponden a las penalidades aplicadas a cada empresa respecto del servicio dentro de toda el área de su concesión, no exclusivamente al tramo entrerriano: TRANSENER cubre toda la red troncal del país y TRANSNEA cuatro provincias del Noreste. Aun así, son las dos únicas empresas con jurisdicción federal sobre infraestructura eléctrica de Entre Ríos, y las sanciones se aplicaron por incumplimientos de los estándares de calidad del servicio que el ENRE establece y que también rigen para el tramo entrerriano de sus redes.

Las cifras son nominales y, por lo tanto, deben leerse con la cautela que impone la inflación de los últimos años. Aun así, la dinámica del régimen sancionatorio es elocuente. Las sanciones aplicadas a TRANSENER se multiplicaron por 2,1 entre 2023 y 2024, pasando de 1.866 millones a 3.951 millones de pesos en el año. Las aplicadas a TRANSNEA crecieron todavía más rápido: se multiplicaron por 3,9 en el mismo lapso, al saltar de 87 millones a 340 millones. El pico mensual absoluto se registró en junio de 2024, cuando TRANSENER fue sancionada con 773.867.377,29 pesos en un solo mes y TRANSNEA con 92.620.411,13 pesos. Para tener una referencia, esa cifra mensual de TRANSENER equivale, ella sola, a más de cuatro veces el total anual sancionado a la misma empresa durante todo 2018. El quiebre es contemporáneo a la asunción de Javier Milei. En los primeros doce meses de la nueva gestión, el ENRE incrementó las sanciones aplicadas a las dos transportistas a un ritmo que excede largamente cualquier ajuste por inflación y modifica de manera sustantiva el peso económico real del régimen de multas.

La respuesta del ENRE, sin embargo, no informa el estado de cumplimiento de esas sanciones —dato que esta parte solicitó expresamente en el pedido—. No se sabe, por ahora, cuántas fueron efectivamente pagadas por las empresas, cuántas fueron recurridas en sede administrativa o judicial, cuántas se encuentran firmes y cuántas suspendidas en sus efectos. La información sobre ese punto está pendiente de respuesta por parte de la Asesoría Jurídica del organismo, y será materia de la segunda entrega de esta cobertura.

Calidad del servicio: la red del Noreste falla entre diez y veinte veces más que la troncal nacional

El cuadro de indicadores anexo a la respuesta permite cotejar mes a mes la calidad de la prestación con un indicador estandarizado, la tasa de falla, que mide la cantidad de fallas registradas cada cien kilómetros de línea por año. El contraste entre las dos empresas con incidencia en Entre Ríos es marcado y persistente. TRANSENER, sobre una red de 15.361 kilómetros, registró durante el período tasas de falla que oscilaron entre 0,17 y 0,41 fallas cada 100 kilómetros por año. TRANSNEA, sobre una red sensiblemente menor de 2.032 kilómetros, opera con tasas de falla que van de 2,4 a 4,9 fallas en la misma unidad de medida.

En términos comparativos, la red del Noreste Argentino —que cubre el norte y centro de Entre Ríos junto con porciones de Corrientes, Chaco y Formosa— falla entre diez y veinte veces más que la red troncal nacional por cada kilómetro de tendido. La diferencia se sostiene durante los ocho años cubiertos por la información oficial y no admite atenuantes circunstanciales: no se trata de un episodio puntual sino de un patrón estructural que las sucesivas administraciones del ENRE registraron pero no consiguieron revertir. El otro indicador relevante, el índice DIMA, confirma la asimetría: TRANSENER se mantuvo casi siempre por encima del 99,97 por ciento, mientras que TRANSNEA opera en torno al 99,78-99,81 por ciento, varios escalones por debajo del valor promedio móvil establecido por la propia regulación. La diferencia parece menor en términos porcentuales —apenas dos décimas— pero, traducida a tiempo real, equivale a varias horas anuales adicionales de indisponibilidad del servicio para los usuarios atendidos por la red del Noreste.

Una respuesta en los últimos días institucionales del ENRE

La respuesta al pedido C-077 llegó el 13 de mayo de 2026. Ocho días antes, el 5 de mayo, había sido publicado en el Boletín Oficial el Decreto 318/2026, que designa el directorio completo del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), organismo que absorbe al ENRE y al ENARGAS bajo una conducción única por mandato de la Ley de Bases 27.742 (artículo 161) y del Decreto 452/2025. La presidencia del nuevo ente, por cinco años, quedó para Néstor Marcelo Lamboglia, hasta entonces interventor del propio ENRE. La fusión venía dispuesta hacía más de un año pero se aceleró tras la crisis energética del invierno pasado, particularmente los cortes que dejaron sin gas a Mar del Plata.

La transición administrativa, que implica el cambio de dominios institucionales y de siglas en el Sistema de Gestión Documental Electrónica del Estado, fue consignada por la propia Responsable de Acceso a la Información Pública en uno de los correos posteriores remitidos a este medio para completar la respuesta. La normativa sobre acceso a la información pública sigue aplicando al nuevo ente y la sucesión administrativa es plena, pero el cuadro al que estos datos corresponden es, técnicamente, el cierre de una etapa. Los 8.800 millones de pesos en sanciones acumuladas, los aumentos tarifarios de entre el 501 y el 671 por ciento y el patrón de fallas de la red del Noreste son la herencia operativa que el ENRGE recibe sobre el servicio eléctrico federal con incidencia en Entre Ríos. La gestión que viene se hace cargo, sin solución de continuidad, de un cuadro tarifario cuyos cuadros vigentes acaban de ser convalidados, en febrero de 2025, por las audiencias públicas virtuales que el propio ente convocó.Fuente: Análisis

Un fiscal pidió procesar a Capitanich por la entrega de tierras a personas cercanas a una de sus funcionarias

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El actual senador fue acusado por presunto fraude y lavado de activos; sostuvo que existe una “alquimia jurídica” y una “operación mediática”; en la causa, se investiga la cesión de inmuebles a allegados de su secretaria de Ambiente

l fiscal general Carlos Amad, de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, pidió el procesamiento del exgobernador de esa provincia Jorge Capitanich por delitos como fraude y lavado de activos, en una causa en la que se investiga la cesión de tierras en la provincia a personas cercanas a Marta Soneira, expresidenta del Instituto de Colonización provincial y exsecretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente. En un escrito en el que también pidió procesar a la exfuncionaria, el fiscal consideró que, sin la participación del actual senador nacional con su firma en los decretos adjudicatorios de las tierras, las maniobras no se podrían haber realizado.

La decisión final sobre la aceptación, o el rechazo, del procesamiento está en manos del juez Fernando Carbajal, exdiputado nacional por Formosa (UCR), que fue designado juez subrogante en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.

La causa se inició con una denuncia de Ana María Canata, la actual titular del Instituto de Tierras Fiscales (la nueva denominación que dio el gobernador Leandro Zdero al Instituto de Colonización). Canata presentó una denuncia en la que aseguró que, al asumir, encontró “una serie de irregularidades”.

El fiscal Amad pidió que Capitanich sea procesado por “fraude en perjuicio de la Administración Pública, lavado de activos de origen delictivo”, delitos que se habrían cometido “con habitualidad como parte de una banda y por ser funcionarios públicos”, además de “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.

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Fernando Carbajal, exdiputado nacional por Formosa, es el juez encargado de definir sobre el procesamiento de Capitanich

Según el pedido del fiscal, se investiga a “funcionarios públicos de altos cargos, así como a familiares, socios empresariales y amigos de los mismos, quienes en forma organizada y sostenida en el tiempo y valiéndose del ejercicio del poder que en aquel momento ostentaban, dispusieron de tierras fiscales de la Provincia del Chaco” y “se auto-otorgaron distintos beneficios económicos mediante la suscripción de convenios y firma de decretos del Poder Ejecutivo provincial que los habilitaron a desmontar grandes extensiones de tierras perjudicando el medio ambiente”.

“También se suscribieron convenios donde se verificaron beneficios económicos, como reintegros de subsidios, quita en el pago de impuestos y servicios públicos como Sameep [Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial], Secheep [Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial], entre otros beneficios. Estas adjudicaciones de la tierras fiscales se realizaron a través de trámites irregulares con inspecciones fraguadas y cuyos beneficiarios terminaban siendo personas que integraban empresas donde era socio el propio marido de la Sra. Marta Soneira, Mauricio Cian, así como otras personas, socios del primero, como es el caso de [Federico] Storti, [Leandro] Bessone y [Nelson] Pochón”, planteó el fiscal Amad.

Al describir los hechos investigados, el fiscal afirmó que “el 26/02/23, la Provincia del Chaco, a través del Instituto de Colonización de la cual Soneira era presidente y con su firma como ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible y la de Jorge Milton Capitanich como gobernador de la Provincia, amparados en la legalidad del trámite de expedientes administrativos, adjudicaron cuatro inmuebles, todos del Departamento Almirante Brown, a Storti, Bessone y Pochón, todos socios de su marido Mauricio Cian con quien son socios de dos empresas, Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL”.

Amad añadió que se otorgaron “inmuebles rurales fiscales de grandes dimensiones cada uno, así como beneficios impositivos provinciales e industriales” y cuestionó que la funcionaria de Capitanich haya ejercido dos cargos en simultáneo, puestos que consideró incompatibles.

Para el fiscal, “la irregularidad en la entrega de tierras públicas a personas a las que no se les debería haber adjudicado, personas cercanas a aquellas que deciden a voluntad a quién se entregan, constituye un enorme acto de corrupción”.

La defensa del exgobernador

Al trascender el pedido de procesamiento en su contra, el exgobernador Capitanich sostuvo que existe una “alquimia judicial” y una “operación mediática” en su contra. “Este pedido de procesamiento se inscribe en un proceso cuya manifestación más evidente es la nulidad de la acusación por incongruencias manifiestas, incoherencia en el contenido e incompetencia, pues pretenden justificar un delito inexistente mediante una alquimia jurídica”, afirmó el senador nacional, que integra el bloque de Fuerza Patria.

Capitanich señaló que se instaló una “operación mediática” antes de que se conociera el pedido del fiscal Amad al juez Carbajal, porque se anunció mediáticamente “la inminencia del procesamiento”, durante la semana previa a la solicitud del fiscal.

En un comunicado que hizo llegar a distintos medios a través de su equipo de prensa, el exgobernador chaqueño remarcó que la causa involucra “cuatro títulos de cerca de 8.000 entregados” durante su gestión. En ese texto, se aclaró también que “se trata de adjudicaciones en venta -no transferencias de dominio-, algunas iniciadas desde 1997″ y se reivindicaron “las políticas de promoción industrial implementadas”.

Capitanich y Zdero, junto a la exvicegobernadora Analía Rach Quiroga; una funcionaria del gobernador actual denunció al exmandatario peronista
Capitanich y Zdero, junto a la exvicegobernadora Analía Rach Quiroga; una funcionaria del gobernador actual denunció al exmandatario peronistaPrensa Chaco

Para Capitanich, las acusaciones son “calumnias e injurias inadmisibles”. Según se consideró en el comunicado, el avance de la causa se vincula “con la intención de desviar la atención de problemáticas más graves, como el narcotráfico y la inseguridad” en la provincia que gobierna Zdero, uno de los gobernadores aliados del presidente Javier Milei.

El fiscal pidió procesar, por los mismos delitos que al exgobernador y también el de enriquecimiento ilícito, a Marta Soneira. Por presunto fraude y lavado, pidió los procesamientos de Cian, Storti, Pochón. Asimismo, solicitó sobreseer a Diego Soneira y Federico G. Soneira, y dictar la falta de mérito de Sheina Waicman (que también fue titular del Instituto de Colonización) y Darío Giménez (que era encargado de la Delegación Pampa del Infierno de ese instituto).