La renovación de las históricas turbinas de Salto Grande movilizará una inversión cercana a los US$ 1.000 millones. Aunque la licitación aún no fue lanzada, ya comenzaron a perfilarse intereses internacionales, condicionamientos financieros, disputas empresariales y un viejo reclamo de Entre Ríos por los recursos que genera la represa. La decisión que se tome durante los próximos años no solo definirá el futuro energético del complejo binacional, sino también quién controlará uno de los negocios de infraestructura más importantes de América del Sur.

Mientras gran parte de la atención pública se concentra en la coyuntura política y económica, a pocos kilómetros de Concordia comienza a gestarse una decisión estratégica de enorme trascendencia. La modernización de la Central Hidroeléctrica de Salto Grande demandará una inversión estimada en 1.000 millones de dólares, una cifra que por sí sola convierte al proyecto en uno de los mayores contratos de infraestructura que afrontarán Argentina y Uruguay durante la próxima década.

Sin embargo, la verdadera disputa comenzó mucho antes de que exista una licitación. Detrás de los estudios técnicos y de los futuros pliegos ya se mueven intereses geopolíticos, financieros e industriales que buscarán quedarse con un negocio multimillonario cuyo impacto excede ampliamente el ámbito energético.

Desde su inauguración en 1979, Salto Grande se consolidó como la primera gran central hidroeléctrica binacional de América Latina. Sus catorce turbinas Kaplan, fabricadas por la entonces Unión Soviética en plena Guerra Fría, aportan alrededor del 4% de la energía eléctrica que consume Argentina y aproximadamente la mitad de la demanda de Uruguay. Después de casi cinco décadas de funcionamiento y de un mantenimiento considerado ejemplar por especialistas internacionales, esas máquinas llegaron al límite de su vida útil de diseño.

Contrariamente a algunas versiones difundidas en los últimos meses, el proyecto no contempla reemplazar completamente las catorce turbinas. Según explicó el presidente de la Comisión Técnica Mixta (CTM), Gonzalo Casaravilla, solamente dos serán sustituidas por equipos nuevos, mientras que las doce restantes serán sometidas a una profunda reconstrucción tecnológica que permitirá extender su funcionamiento entre treinta y cuarenta años más.

La licitación correspondiente a la denominada Etapa III aún no fue convocada y, de mantenerse el cronograma previsto, las obras comenzarían recién entre 2030 y 2040. Pero precisamente allí radica el verdadero punto de interés: cuando todavía no existe un llamado formal, ya se está definiendo quiénes podrán competir y quiénes quedarán automáticamente fuera del negocio.

El financiamiento también decide quién puede participar

La Comisión Técnica Mixta será la encargada de conducir el proceso licitatorio, aunque las decisiones políticas dependen de los gobiernos de Argentina y Uruguay. Del lado argentino, la conducción estratégica recae sobre la Secretaría de Energía y, en última instancia, sobre el presidente Javier Milei.

Aquí aparece un aspecto que suele pasar inadvertido. Buena parte del programa de modernización de Salto Grande se financia mediante créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ese detalle técnico tiene profundas consecuencias: solamente pueden participar empresas pertenecientes a países miembros del organismo.

Rusia no integra el BID.

En consecuencia, si la Etapa III mantiene el mismo esquema financiero, los fabricantes herederos de la tecnología soviética que aún equipa la represa quedarían excluidos sin necesidad de que exista una decisión política expresa. No sería una prohibición formal: simplemente el propio mecanismo de financiamiento reduciría el universo de competidores. La geopolítica comenzaría antes incluso de abrir los sobres de la licitación.

Estados Unidos, Europa, Asia… y una empresa argentina

El mercado mundial de grandes turbinas hidroeléctricas está dominado por un reducido grupo de compañías: la alemana Voith Hydro, la austríaca Andritz, la estadounidense GE Vernova, las japonesas Toshiba y Mitsubishi, además de fabricantes chinos como Harbin y Dongfang.

En ese escenario también aparece una empresa con fuerte historia en la industria nacional: IMPSA.

La firma mendocina posee experiencia en rehabilitación de grandes centrales hidroeléctricas y actualmente fabrica las nuevas turbinas Kaplan destinadas a Yacyretá, una obra técnicamente comparable con la que deberá realizarse en Salto Grande.

Pero IMPSA ya no es la misma empresa de hace algunos años. Tras su privatización durante la gestión de Javier Milei, el control accionario pasó a manos del consorcio IAF, liderado por la estadounidense ARC Energy. Es decir, una eventual participación de IMPSA significaría que una empresa que continuará produciendo en Argentina responderá, en términos societarios, a capitales estadounidenses.

No se trata únicamente de ingeniería o de capacidad industrial. También se trata de influencia internacional, financiamiento y posicionamiento estratégico.

Transparencia pendiente

Existe además otro aspecto que merece especial atención.

La Comisión Técnica Mixta administra uno de los activos energéticos más importantes del país, pero desde hace años mantiene una relación conflictiva con el acceso a la información pública. Diversos pedidos de documentación fueron rechazados bajo el argumento de que la CTM posee carácter de organismo internacional y, por lo tanto, no estaría alcanzada por la legislación argentina sobre transparencia administrativa.

Paradójicamente, el organismo que deberá conducir una licitación cercana a los US$ 1.000 millones continúa funcionando con un nivel de publicidad muy inferior al que hoy se exige a cualquier organismo nacional.

Entre Ríos vuelve a mirar desde afuera

Mientras se define el futuro de Salto Grande, Entre Ríos continúa reclamando por otra discusión histórica: el precio que la Nación reconoce por la energía generada por la represa.

Actualmente, la electricidad producida en Salto Grande recibe una remuneración inferior a la que percibe Yacyretá, situación que reduce significativamente los excedentes económicos que, por ley, corresponden a la provincia.

El gobierno de Rogelio Frigerio ya anticipó que analiza impulsar nuevas acciones judiciales para reclamar esas diferencias.

La paradoja vuelve a repetirse. La provincia que convive con la represa, que aporta buena parte de la infraestructura territorial y que depende de esos recursos para financiar obras de desarrollo, observa desde un costado una decisión estratégica que movilizará cerca de US$ 1.000 millones y redefinirá el futuro energético del complejo durante los próximos cuarenta años.

Porque detrás del reemplazo de unas turbinas no solamente está en juego una obra de ingeniería. Lo que comienza a definirse es quién controlará uno de los negocios energéticos más importantes de la región, bajo qué condiciones financieras se ejecutará, qué intereses internacionales terminarán imponiéndose y cuánto podrá realmente participar Entre Ríos en una decisión que marcará el destino de Salto Grande durante las próximas décadas.

ANALISIS LITORAL