Opinion
El asesinato y descuartizamiento de una niña en Córdoba volvió a colocar a la Argentina frente a una escena imposible de naturalizar. Una imagen brutal, inhumana, inconcebible para cualquier sociedad que pretenda definirse como civilizada. Sin embargo, detrás del horror puntual, aparece una pregunta más profunda y dolorosa: ¿cómo llegó el país a convivir con niveles de degradación social que hace décadas hubieran parecido propios de escenarios extremos y marginales?
La respuesta no puede buscarse únicamente en el autor material de un crimen. El problema es mucho más amplio. Es cultural, político, institucional y social. Es el emergente de años de deterioro silencioso, de relativización moral, de abandono estatal, de narcotráfico expandiéndose en barrios vulnerables, de pobreza estructural convertida en paisaje cotidiano y de generaciones enteras criadas bajo la lógica de la supervivencia más cruel.
Argentina no se volvió violenta de un día para otro. La degradación fue lenta, progresiva y muchas veces incentivada por una dirigencia política que durante años miró para otro lado mientras las grandes ciudades comenzaban a fracturarse socialmente. Córdoba, Rosario, el conurbano bonaerense, partes de Santa Fe, sectores del Gran Mendoza y distintos conglomerados urbanos del país fueron acumulando indicadores alarmantes: narcocriminalidad, violencia doméstica, marginalidad extrema, abandono escolar, consumo problemático, bandas territoriales y pérdida absoluta de autoridad institucional.
Durante décadas, gran parte de la política eligió administrar la pobreza antes que resolverla. Se multiplicaron estructuras clientelares, se degradó la educación pública, se destruyó la cultura del trabajo y se consolidó un modelo donde millones de argentinos quedaron atrapados en barrios sin futuro, sin oportunidades reales y sin presencia efectiva del Estado, salvo para la foto electoral.
La consecuencia de ese proceso es visible. Una sociedad anestesiada frente al horror. Crímenes cada vez más violentos. Menores involucrados en delitos graves. Familias destruidas por la droga. Violencia extrema naturalizada en redes sociales y consumida como espectáculo mediático. Lo ocurrido en Córdoba no es un hecho aislado: es la manifestación más brutal de una fractura social que viene creciendo desde hace años.
El deterioro también fue moral. Se relativizó la cultura del esfuerzo, se premió la viveza, se destruyó la noción de autoridad y se convirtió a la corrupción en parte del paisaje habitual. Mientras muchos dirigentes discutían relatos ideológicos o acumulaban privilegios, enormes sectores urbanos comenzaron a hundirse en una marginalidad feroz.
Argentina llegó al punto donde conviven tecnología de primer nivel y escenas propias de sociedades devastadas. Barrios cerrados junto a zonas liberadas. Centros financieros a pocos kilómetros de asentamientos donde el narcotráfico impone reglas. Una convivencia explosiva que durante años fue minimizada o negada por sectores políticos que prefirieron esconder el problema detrás de discursos progresistas vacíos o estadísticas manipuladas.
La barbarie no aparece sola. Se construye. Se alimenta de impunidad, abandono y decadencia cultural. Y cuando finalmente explota en casos estremecedores como el ocurrido en Córdoba, gran parte de la sociedad reacciona con espanto, pero también con resignación. Ese es quizás el dato más grave de todos.
Porque cuando una sociedad comienza a acostumbrarse al horror, el problema deja de ser policial para convertirse en civilizatorio.
Argentina enfrenta hoy una crisis mucho más profunda que la económica. Es una crisis de valores, de límites y de cohesión social. Y mientras la dirigencia siga discutiendo poder antes que reconstrucción institucional, el riesgo es que estos episodios extremos dejen de ser excepcionales para transformarse en parte de una realidad cada vez más oscura.
La tragedia de una niña asesinada y descuartizada debería interpelar a toda la clase dirigente, sin distinción partidaria. No alcanza con declaraciones de ocasión ni con minutos de indignación televisiva. Lo que está en juego es el deterioro mismo del tejido social argentino.
Y quizás la pregunta más incómoda sea esta: ¿cuántas señales más necesita el país para admitir que la degradación ya dejó de ser un problema marginal y comenzó a convertirse en una amenaza estructural para toda la sociedad?
Por: Alejandro Monzon
