Columnas de opinión, editoriales y análisis político sobre la actualidad de Argentina y la región del Litoral. Miradas críticas y reflexivas publicadas por el diario Análisis Litoral.
Hay algo que la política argentina insiste en repetir como si la sociedad no tuviera memoria: cada vez que un gobierno no pertenece al peronismo, una parte de la oposición vuelve a recurrir a la confrontación, la victimización y la denuncia permanente de una supuesta amenaza contra la democracia. Un editorial de radio , volvió a poner esta discusión sobre la mesa después de los incidentes frente al Congreso. Más allá de la dureza de sus expresiones, plantea una pregunta que merece ser respondida: ¿hasta cuándo una parte de la dirigencia argentina confundirá oposición democrática con desestabilización permanente?
Protestar, criticar al Gobierno y expresarse libremente son derechos indiscutibles. Lo que no puede aceptarse es la violencia, el ataque a las instituciones o la utilización deliberada del caos como herramienta para intentar recuperar el poder. Javier Milei puede gustar o disgustar, acertar o equivocarse, pero fue elegido por el voto popular y debe terminar su mandato dentro de las reglas democráticas.
En este escenario aparece inevitablemente Cristina Fernández de Kirchner, hoy condenada y cumpliendo prisión domiciliaria, quien continúa denunciando una supuesta persecución política y mantiene una activa estrategia para conservar su liderazgo dentro del kirchnerismo. Es legítimo que utilice los mecanismos legales disponibles para defenderse, pero también es legítimo preguntarse si detrás de esa confrontación permanente existe el intento de mantener viva una identidad política que necesita del conflicto y de un enemigo para sobrevivir.
La consigna “vamos a volver” resume buena parte del problema. ¿Volver a dónde? ¿A la inflación crónica, a los déficits, a la emisión, a los privilegios de una dirigencia que durante años administró un Estado cada vez más grande mientras millones de argentinos seguían en la pobreza? Volver no puede ser un programa de gobierno. Si el peronismo quiere recuperar el poder, debería explicar primero qué aprendió de los errores que llevaron al país a la situación que hoy pretende superar.
El mayor error de quienes buscan desgastar a Milei mediante la crisis y la confrontación es creer que el caos necesariamente los beneficia. Puede ocurrir exactamente lo contrario. Una sociedad cansada de la inflación, la pobreza, la inseguridad y los privilegios políticos puede interpretar la violencia y la desestabilización como la repetición de una Argentina que decidió dejar atrás.
Por eso Milei puede ser cuestionado por sus resultados y, al mismo tiempo, conservar apoyo. Una parte de la sociedad parece haber tomado una decisión mucho más profunda: no quiere volver atrás.
La Argentina necesita una oposición fuerte, seria y democrática. Necesita dirigentes capaces de discutir producción, empleo, educación, seguridad, salud e infraestructura y ofrecer una alternativa superadora. Pero una alternativa no se construye esperando que el país fracase para que fracase el adversario. Se construye convenciendo a los argentinos de que existe algo mejor.
La democracia necesita oposición, crítica y protesta. Pero también necesita aceptar una regla elemental: quien pierde una elección pierde el Gobierno, no sus derechos; y quien gana tampoco recibe un cheque en blanco.
Quizás la resistencia de Milei no se explique solamente por Milei. Quizás también tenga mucho que ver con sus adversarios. Cuando una sociedad percibe que quienes perdieron el poder pretenden recuperarlo mediante el caos, la confrontación y la nostalgia, puede terminar aferrándose todavía más al cambio que eligió.
Y esa es, probablemente, la realidad que una parte del peronismo todavía se niega a mirar.
La nueva batalla política ya no se libra solamente en las calles, los medios o los actos partidarios. También ocurre, silenciosamente, dentro de los teléfonos. Los algoritmos seleccionan buena parte de la realidad que cada usuario recibe y pueden contribuir a profundizar las grietas, alimentar la indignación y convertir diferencias políticas normales en enfrentamientos casi irreconciliables.
Durante mucho tiempo, la política se discutió en las calles, en los medios de comunicación, en los cafés, en las familias y en los espacios públicos. Hoy buena parte de esa discusión ocurre frente a una pantalla. Pero hay algo que muchas veces no vemos: lo que aparece en nuestra pantalla no es necesariamente la realidad completa. Es una realidad seleccionada. Detrás de las redes sociales funcionan algoritmos que observan nuestro comportamiento: qué hacemos clic, qué compartimos, qué comentamos, cuánto tiempo miramos un video o qué publicaciones volvemos a observar. Con esa información intentan determinar qué contenidos tienen más posibilidades de captar nuestra atención. Y allí comienza el problema. El algoritmo aprende de nosotros Si una persona interactúa constantemente con determinados contenidos políticos, el sistema aprende que ese tipo de información le interesa y comienza a ofrecerle más contenido similar. No necesariamente porque quiera convencerla de algo. Simplemente porque eso genera interacción. El problema es que aquello que más nos atrae no siempre es aquello que más nos ayuda a comprender. Una explicación equilibrada puede generar poco interés. Una provocación puede generar miles de comentarios. Una noticia compleja puede pasar inadvertida. Una acusación, una burla o una confrontación pueden convertirse rápidamente en contenido viral. Así se genera un círculo: vemos algo → reaccionamos → el algoritmo aprende → nos muestra más de lo mismo → volvemos a reaccionar. Y, poco a poco, nuestra pantalla comienza a parecerse cada vez más a nuestras propias ideas.
La burbuja Entonces puede suceder algo curioso. Dos personas que viven en la misma ciudad, atraviesan los mismos problemas y comparten la misma realidad cotidiana pueden terminar viendo dos mundos completamente diferentes en sus teléfonos. Una persona puede recibir permanentemente contenidos que muestran un país avanzando. Otra puede recibir contenidos que muestran un país al borde del desastre. Una puede estar convencida de que determinado dirigente es la solución. La otra puede estar convencida de que ese mismo dirigente representa una amenaza. Ambas pueden tener argumentos. Pero ninguna necesariamente está viendo la totalidad de la realidad. Están viendo una parte. Una parte seleccionada por sus intereses, sus comportamientos anteriores y las recomendaciones que recibe. Cuando la política se transforma en una guerra Aquí aparece un fenómeno todavía más preocupante. La discusión política comienza a dejar de ser una confrontación de ideas para transformarse en una confrontación entre personas. Ya no alcanza con decir: “No estoy de acuerdo con esa propuesta”. Se empieza a decir: “Los que piensan así son ignorantes, corruptos, autoritarios, fanáticos o enemigos”. La diferencia política se convierte en una cuestión moral. El adversario deja de ser alguien que piensa diferente y comienza a ser alguien que debe ser derrotado. Y cuanto más fuerte es la reacción, más posibilidades existen de que ese contenido consiga atención. La grieta, entonces, deja de ser solamente política. Se convierte en un modelo de consumo de información. El algoritmo no inventó la grieta Esto es importante. Los algoritmos no inventaron las diferencias políticas, los fanatismos ni las discusiones. Tampoco convierten automáticamente a una persona en militante de una determinada posición. Las personas tenemos historia, experiencias, valores, educación, familia y convicciones propias. Pero los algoritmos pueden hacer algo mucho más sutil: reforzar aquello que ya pensamos. Y cuando alguien recibe permanentemente contenidos que confirman sus propias creencias, comienza a ser cada vez más difícil escuchar al que piensa diferente. No porque el otro necesariamente esté equivocado. Sino porque dejamos de verlo. La política después del algoritmo Este fenómeno adquiere una importancia todavía mayor durante los procesos electorales. La discusión ya no se produce solamente entre candidatos y partidos. También existe una disputa permanente por nuestra atención. Cada publicación compite contra miles de otras. Cada candidato intenta instalar un mensaje. Cada militante comparte información favorable a su espacio. Cada usuario puede convertirse, voluntaria o involuntariamente, en amplificador de una determinada narrativa. Y en medio de esa enorme cantidad de información aparece una pregunta que deberíamos hacernos cada vez con mayor frecuencia: ¿Estoy pensando esto porque lo analicé o porque lo vi cien veces? La viralidad no es la verdad Una publicación que tiene millones de reproducciones no necesariamente es verdadera. Una opinión que recibe miles de “me gusta” no necesariamente es correcta. Y una información que confirma exactamente lo que nosotros pensamos tampoco debería quedar automáticamente exenta de ser comprobada. Ese quizás sea uno de los mayores desafíos de la política contemporánea. Aprender a desconfiar incluso de aquello que nos gusta escuchar. Porque resulta muy fácil cuestionar una información que contradice nuestras ideas. Lo verdaderamente difícil es cuestionar aquella que las confirma.
Recuperar el sentido común No se trata de demonizar las redes sociales ni de pretender que los algoritmos desaparezcan. Tampoco de afirmar que las personas somos simples marionetas de la tecnología. Se trata de comprender cómo funciona el entorno en el que hoy nos informamos. Leer antes de compartir. Contrastar. Buscar otras fuentes. Escuchar argumentos diferentes. Distinguir información de opinión. No confundir indignación con verdad. Y, fundamentalmente, pensar antes de reaccionar. Porque una democracia necesita ciudadanos que puedan discutir profundamente y, al mismo tiempo, reconocer que el que piensa diferente no necesariamente es un enemigo. Quizás la gran batalla política de nuestro tiempo no sea solamente entre izquierda y derecha, oficialismo y oposición, progresistas y conservadores. También existe otra batalla: entre el pensamiento crítico y la reacción automática. Entre la conversación y la grieta. Entre la duda y la certeza instantánea. Entre comprender al que piensa diferente y convertirlo en enemigo. El algoritmo puede mostrarnos una realidad. Pero todavía tenemos algo que ninguna plataforma debería poder reemplazar: la capacidad de pensar por nosotros mismos.
Otra vez el río Uruguay amenaza con desbordar, otra vez cientos de familias preparan sus pertenencias para abandonar sus hogares y otra vez Concordia se enfrenta a una tragedia que, lejos de ser imprevisible, forma parte de una historia repetida hasta el cansancio. Lo verdaderamente preocupante no es únicamente la magnitud de la creciente, sino que la ciudad parece volver a enfrentarla prácticamente en las mismas condiciones de siempre. La pregunta política es inevitable y merece una respuesta clara: ¿qué hicieron durante más de veinte años de gobierno para que esta situación dejara de repetirse?
No estamos frente a un fenómeno desconocido. Las grandes inundaciones forman parte de la historia de Concordia desde hace décadas. Justamente por eso resulta difícil comprender cómo, después de tantos años administrando la ciudad, aún existen barrios enteros expuestos, familias que vuelven a perder todo y una infraestructura que sigue demostrando enormes limitaciones para enfrentar una emergencia que ya no puede calificarse como inesperada.
La realidad adquiere una dimensión todavía más dramática si se observa el contexto social. Concordia fue ubicada en reiteradas oportunidades por el INDEC entre las ciudades con mayor pobreza de la Argentina, llegando incluso a ocupar el primer lugar del país en distintos informes. Esa realidad convierte cada inundación en un golpe mucho más duro para miles de vecinos que ya viven en condiciones de extrema vulnerabilidad. Cuando pobreza estructural e inundaciones permanentes se combinan, el resultado deja de ser solamente una emergencia climática para transformarse también en el reflejo de décadas de ausencia de políticas públicas capaces de modificar el escenario de fondo.
Mientras el agua continúa avanzando, vuelven a aparecer los mismos interrogantes de siempre. ¿Existe un plan integral de evacuación conocido por toda la comunidad? ¿Cuáles serán los centros habilitados? ¿Quién coordina cada operativo? ¿Qué recursos humanos estarán disponibles? ¿Qué dispositivos sanitarios y sociales se pondrán en marcha una vez que el agua retroceda? Hasta ahora las respuestas públicas siguen siendo insuficientes y la sensación predominante vuelve a ser la improvisación.
La situación genera aún más preocupación cuando se observa que distintas áreas operativas del municipio fueron reducidas durante los últimos meses. En una ciudad que convive históricamente con inundaciones, los equipos de limpieza, mantenimiento, higiene urbana y asistencia territorial no constituyen un gasto accesorio, sino una parte esencial del sistema de respuesta frente a una emergencia. Resulta razonable preguntarse si esas decisiones fortalecen o debilitan la capacidad de reacción del Estado municipal.
Pero el verdadero debate excede a una gestión puntual. Durante aproximadamente dos décadas Concordia estuvo gobernada por dirigentes pertenecientes al mismo espacio político. Esa continuidad también implica responsabilidades políticas acumuladas. Por eso corresponde formular preguntas que aún esperan respuestas: ¿cuántas familias fueron relocalizadas definitivamente?, ¿qué obras estructurales se ejecutaron para reducir el impacto de futuras crecientes?, ¿qué planificación urbana impidió nuevas ocupaciones en zonas inundables?, ¿qué proyecto productivo permitió disminuir la pobreza que hace todavía más vulnerables a miles de concordienses?
Nadie puede responsabilizar a un gobierno por las lluvias que caen en la cuenca del río Uruguay. Lo que sí corresponde evaluar es si, después de tantos años de administración, la ciudad está mejor preparada para enfrentar una situación que se repite periódicamente. Esa es la verdadera discusión política.
También corresponde señalar que las responsabilidades no terminan en el municipio. La Provincia debe explicar qué obras estratégicas priorizó para una de las ciudades con mayores problemas sociales de Entre Ríos, mientras que el Gobierno nacional tampoco puede permanecer ajeno cuando una emergencia hídrica afecta a miles de argentinos. Las catástrofes naturales requieren coordinación entre los distintos niveles del Estado, planificación permanente y decisiones de largo plazo, no solamente respuestas cuando el agua ya ingresó a los barrios.
Concordia necesita mucho más que operativos de emergencia. Necesita un proyecto de ciudad que piense los próximos treinta años, que combine desarrollo económico, infraestructura, planificación urbana y políticas sociales capaces de romper el círculo vicioso entre pobreza e inundaciones. Porque si después de más de veinte años las mismas familias vuelven a inundarse en los mismos barrios, la pregunta ya no apunta solamente al comportamiento del río. La pregunta apunta directamente a la política.
Y esa pregunta sigue esperando una respuesta que hasta hoy nadie ha querido dar: ¿qué hicieron durante más de veinte años para que Concordia dejara de vivir, una y otra vez, la misma tragedia?
Es fácil culpar al gobierno de turno. Lo difícil es reconocer que nadie planificó el futuro económico de la ciudad.
Por Alejandro Monzón – Análisis Litoral
Los casi 500 despidos registrados durante 2026 en el comercio de Concordia constituyen un dato alarmante que nadie debería minimizar. Detrás de cada baja laboral hay una familia que pierde ingresos, un comercio que deja de sostener su estructura y una ciudad que continúa debilitando su ya frágil economía. Sin embargo, frente a este escenario aparece una pregunta que pocos se animan a formular: ¿realmente esta crisis comenzó con el actual gobierno nacional o simplemente terminó de exponer un problema que lleva décadas incubándose?
Si la respuesta fuera que todo empezó hace apenas dos años, alcanzaría con cambiar un presidente para que Concordia recuperara su dinamismo económico. Pero la realidad demuestra exactamente lo contrario. Desde hace mucho tiempo la ciudad encabeza los indicadores más preocupantes del país: pobreza, indigencia, empleo informal, salarios deprimidos, dependencia del Estado y una inversión privada prácticamente inexistente. Nada de eso nació con la actual administración nacional. Es la consecuencia de cuarenta años de ausencia de una verdadera política de desarrollo.
Una economía con poco dinero para demasiada gente
Existe un aspecto estructural del que casi nadie habla y que resulta fundamental para comprender lo que hoy sucede. Concordia es una ciudad con un volumen de dinero circulante extremadamente bajo en relación con la cantidad de habitantes que sostiene, incluyendo una amplia periferia que también depende de su actividad comercial. La economía local se alimenta principalmente de salarios públicos, jubilaciones, programas sociales y un reducido sector privado tradicional. En otras palabras, el mismo dinero debe repartirse entre cada vez más personas.
Cuando el circulante es escaso, el consumo inevitablemente cae. Si el consumo disminuye, los comercios venden menos; cuando venden menos, comienzan a reducir personal y, finalmente, algunos terminan cerrando sus puertas. No existe ninguna fórmula mágica para evitar ese proceso. Mientras otras ciudades generaron nuevas fuentes de riqueza mediante industrias, tecnología, logística, exportaciones o servicios de alto valor agregado, Concordia continuó dependiendo casi exclusivamente del consumo interno. Ese modelo terminó agotándose.
El sindicalismo también debe hacer su autocrítica
Escuchar hoy al sindicalismo reclamar por la pérdida de puestos de trabajo resulta absolutamente válido. Lo que no puede omitirse es una reflexión mucho más profunda sobre el papel que esas organizaciones desempeñaron durante las últimas décadas. Defender el salario siempre fue una bandera legítima, pero defender al trabajador también implica preguntarse qué tipo de empleo tendrá la ciudad dentro de veinte años.
¿Cuántas veces se impulsó desde los gremios un verdadero plan de reconversión laboral? ¿Cuántas oportunidades se promovieron para capacitar trabajadores en nuevas tecnologías, oficios modernos o actividades vinculadas a la economía del conocimiento? ¿Cuántas veces se exigieron políticas destinadas a incrementar el Producto Bruto Local en lugar de limitar la discusión únicamente a las paritarias? Lamentablemente, esa agenda casi nunca existió y hoy la ciudad paga el costo de haber pensado siempre en la coyuntura y muy pocas veces en el futuro.
Las instituciones empresarias tampoco estuvieron a la altura
Sería injusto concentrar todas las responsabilidades en la dirigencia política. Las instituciones empresarias de Concordia tampoco lograron convertirse en el motor de transformación que la ciudad necesitaba. El Centro de Industria y Comercio mantuvo históricamente una relación demasiado complaciente con los distintos gobiernos de turno, sin ejercer la presión institucional que sí desarrollan entidades similares en ciudades con mayor crecimiento.
Algo similar ocurrió con ASODECO, una organización creada precisamente para promover el desarrollo económico regional. Con el paso del tiempo perdió protagonismo y dejó de liderar las discusiones estratégicas que alguna vez justificaron su existencia. Mientras en otras localidades las cámaras empresarias impulsaban parques industriales, incentivos fiscales, infraestructura y programas de innovación, en Concordia predominó una actitud más cercana al acompañamiento institucional que a la exigencia de políticas públicas concretas.
Nunca se preparó a la ciudad para crear empresas
Quizás el error más grave haya sido otro: nunca se construyó un ecosistema que enseñara a generar empresas. Mientras numerosas ciudades desarrollaban incubadoras de emprendimientos, polos tecnológicos y programas permanentes para emprendedores, Concordia continuó esperando que el empleo proviniera casi exclusivamente del Estado o de los comercios tradicionales.
Una incubadora de empresas habría permitido ofrecer capacitación empresarial, asesoramiento jurídico, asistencia contable, mentorías, financiamiento inicial, redes de contacto y herramientas para adaptarse a los cambios tecnológicos. En definitiva, habría formado empresarios capaces de sobrevivir en una economía cada vez más competitiva. Muchos de quienes hoy bajan definitivamente sus persianas jamás recibieron ese acompañamiento.
El comercio cambió y muchos nunca lograron adaptarse
También cambió profundamente el consumidor. Las plataformas digitales modificaron para siempre la manera de comprar. Hoy cualquier vecino puede adquirir un producto desde su teléfono celular y recibirlo pocas horas después en su domicilio. Ya no se trata solamente de Mercado Libre; existen decenas de plataformas, redes sociales y sistemas logísticos que transformaron los hábitos de consumo.
Las nuevas generaciones comparan precios en segundos, utilizan billeteras virtuales, buscan promociones permanentes y priorizan la comodidad. Muchos pequeños comerciantes concordienses nunca lograron adaptarse a esa nueva realidad. No necesariamente por falta de capacidad, sino porque nadie los preparó para competir en un mercado completamente diferente al que conocían.
Una recorrida por la ciudad alcanza para entender la crisis
No hacen falta estadísticas para advertir la gravedad del problema. Basta recorrer los distintos corredores comerciales de Concordia para encontrar locales vacíos, carteles de alquiler, vidrieras cerradas y emprendimientos que desaparecieron después de muchos años de trabajo.
Lo mismo ocurre con algunos espacios creados para ordenar la actividad comercial informal, como mercados populares, patios de compras o ferias permanentes. El caso de Las Palmeritas resulta particularmente simbólico. Comerciantes asfixiados por alquileres incompatibles con la realidad económica, sin incentivos para atraer consumidores y con una demanda cada vez menor terminan abandonando sus locales porque simplemente los números dejaron de cerrar.
El Estado municipal tampoco facilita producir
Mientras tanto, abrir un comercio continúa siendo una tarea compleja. Trámites administrativos, habilitaciones extensas, múltiples tasas municipales y una pesada carga burocrática terminan desalentando a quienes desean invertir. Si Concordia pretende recuperar el empleo privado, deberá comenzar por facilitar la actividad económica y dejar de tratar al emprendedor como si fuera únicamente un contribuyente al que hay que cobrarle más.
La energía también debería formar parte del debate
Cualquier verdadero plan de recuperación económica debería incorporar una discusión seria sobre el costo energético. Resulta difícil imaginar un proceso de desarrollo cuando producir o mantener un comercio abierto implica afrontar tarifas que reducen la competitividad local. Concordia debería reclamar un esquema energético diferencial que contemple su realidad económica y social. No como un privilegio, sino como una herramienta para recuperar competitividad, atraer inversiones y generar empleo genuino.
Buscar un único culpable también es una forma de ocultar responsabilidades
Es sencillo responsabilizar exclusivamente al gobierno nacional. También resulta políticamente rentable para muchos dirigentes y funcional para determinados sectores periodísticos que durante décadas guardaron silencio frente al deterioro estructural de la ciudad. Pero esa explicación es incompleta. Si el problema fuera únicamente la política económica actual, Concordia no encabezaría desde hace tantos años los índices de pobreza de la Argentina.
La realidad demuestra que existen responsabilidades compartidas. Políticas, sindicales, empresariales, institucionales y también sociales. Durante demasiado tiempo todos discutieron cómo administrar la pobreza, pero muy pocos debatieron seriamente cómo generar riqueza.
El gran ausente: un Observatorio Económico Regional
Resulta incomprensible que una ciudad con semejantes niveles de pobreza nunca haya creado un Observatorio Económico Regional. Una herramienta técnica e independiente permitiría conocer con precisión cuántas empresas nacen y desaparecen cada año, cuánto dinero circula realmente, qué sectores generan empleo, cuáles se encuentran en retroceso y cuáles ofrecen oportunidades de crecimiento.
Esa información debería ser pública y actualizarse de manera permanente para orientar decisiones de gobiernos, empresarios, universidades y organizaciones sociales. Varios intendentes tuvieron la posibilidad de impulsarlo y ninguno lo hizo. Tal vez porque medir con objetividad también obliga a asumir responsabilidades.
La reconstrucción empieza diciendo la verdad
Concordia atraviesa uno de los momentos económicos más delicados de su historia reciente. Sin embargo, reducir toda la discusión a una pelea entre oficialismo y oposición nacional implica volver a repetir el mismo error que nos condujo hasta aquí. La ciudad necesita una verdadera rehabilitación económica basada en acuerdos de largo plazo entre el Estado, el sector privado, las instituciones educativas, los trabajadores y la sociedad civil.
Seguir administrando pobreza ya no alcanza. Es momento de comenzar a producir riqueza. Porque si dentro de otros diez años continuamos buscando un nuevo culpable sin revisar las responsabilidades acumuladas durante las últimas cuatro décadas, el resultado volverá a ser el mismo: más comercios cerrados, más empleo perdido y una ciudad resignada a convivir con una pobreza que nunca decidió enfrentar en serio.
"Las ciudades no son pobres por casualidad. Se vuelven pobres cuando dejan de pensar en el futuro y se conforman con administrar el presente."
Cuando el foco cambia, pero la pregunta sigue siendo la misma
Ficha Limpia volvió a instalar una pregunta que atraviesa toda la política argentina: ¿quién será el próximo blanco del desgaste político?
La política argentina parece haber encontrado una lógica que se repite con llamativa frecuencia. Cuando un gobierno no pertenece al peronismo, cada episodio polémico parece transformarse rápidamente en una oportunidad para desgastar su imagen pública. La pregunta entonces es inevitable: ¿quién será el próximo blanco?
No se trata aquí de defender personalmente a Manuel Adorni. Como cualquier funcionario público, está sujeto al escrutinio ciudadano, periodístico y judicial. La transparencia debe ser una obligación para todos los gobiernos, sin excepciones.
Pero la discusión también merece otra mirada.
Durante los últimos meses, buena parte del debate público se concentró en cuestionamientos hacia funcionarios del actual gobierno por montos que, siendo importantes si existieran irregularidades, resultan ínfimos cuando se los compara con algunas de las mayores causas de corrupción que marcaron la historia reciente del país.
Los argentinos todavía recuerdan expedientes que involucraron miles de millones de pesos y dólares: el escándalo del sistema SIRA; las investigaciones sobre contratos de seguros durante la gestión de Alberto Fernández; las denuncias vinculadas a Martín Insaurralde; las distintas causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner; los bolsos con casi nueve millones de dólares del ex secretario José López; la denominada Ruta del Dinero K con Lázaro Báez; La Rosadita y otros expedientes que aún hoy continúan produciendo consecuencias judiciales y políticas.
Cada uno de esos casos representó mucho más que una noticia policial. Representó hospitales que no se construyeron, escuelas que no se terminaron, rutas que nunca llegaron y millones de argentinos que vieron cómo los recursos públicos desaparecían mientras aumentaban la pobreza y la desigualdad.
Sin embargo, la sensación que existe en un sector importante de la sociedad es que hoy el foco parece desplazarse hacia hechos de menor magnitud, mientras aquellas causas estructurales parecen haber perdido centralidad en la discusión cotidiana.
El interrogante es si estamos frente a un control institucional saludable —que siempre debe existir— o si además convive una estrategia política destinada a desgastar al Gobierno nacional mediante una sucesión permanente de conflictos mediáticos.
Javier Milei llegó al poder como un outsider, cuestionando a gran parte del sistema político tradicional y prometiendo exactamente aquello que sostuvo durante su campaña: reducción del gasto público, equilibrio fiscal, desregulación económica y enfrentamiento con lo que denominó “la casta política”. Independientemente de que se compartan o no sus ideas, resulta evidente que gran parte de esas promesas comenzaron a traducirse en decisiones de gobierno.
Ese perfil disruptivo también lo convirtió en un blanco permanente de sectores políticos, sindicales, empresariales y mediáticos cuyos intereses se ven afectados por el nuevo escenario.
Argentina arrastra una pesada herencia de corrupción estructural que no pertenece exclusivamente a un solo partido político, aunque buena parte de las causas judiciales de mayor impacto hayan tenido como protagonistas a dirigentes del kirchnerismo y del peronismo. Esa realidad explica, en parte, por qué cualquier intento de modificar las reglas del juego genera fuertes resistencias.
La pregunta de fondo nunca fue si debe investigarse a un funcionario. La respuesta es sí, siempre.
La verdadera pregunta es otra.
¿Existe la misma intensidad para investigar todos los hechos de corrupción, cualquiera sea el signo político de sus protagonistas?
¿Se mide con la misma vara un gasto discutible de la administración actual que los miles de millones comprometidos en los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas?
Porque si el combate contra la corrupción pretende ser creíble, no puede depender del color político del gobierno de turno.
Los argentinos necesitan una Justicia que investigue todo, un periodismo que incomode a todos y una dirigencia que responda ante la ley sin privilegios.
La verdadera Ficha Limpia
Pero quizás la pregunta más incómoda sea otra: ¿cuántos dirigentes políticos y cuántos periodistas podrían exhibir hoy una verdadera Ficha Limpia frente a la sociedad?
La credibilidad no se declama; se demuestra.
Si el compromiso con la transparencia es real, el Congreso debería aprobar de una vez una Ficha Limpia sin excepciones, con los mismos estándares para todos, sin importar el partido político ni el gobierno de turno.
Argentina necesita terminar con la doble vara: investigar a todos con el mismo rigor, exigir independencia a la Justicia y al periodismo, y garantizar que quienes administran los recursos públicos puedan rendir cuentas ante la ciudadanía.
Porque si hoy el caso Adorni deja de ocupar el centro de la escena, probablemente aparezca otro nombre para alimentar la confrontación política.
La verdadera pregunta sigue siendo la misma: ¿quién será el próximo?
Más importante aún: ¿seguiremos discutiendo personas o construiremos instituciones capaces de impedir que la corrupción vuelva a convertirse en uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del país?
El desafío nunca fue defender a un funcionario. El desafío es construir una República donde la ley sea realmente igual para todos.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) registró una caída de 20 mil puestos de trabajo y la reducción de más de tres mil empleadores en Santa Fe entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. Sin embargo, especialistas coinciden en que la provincia cuenta con recursos, infraestructura y experiencia para impulsar una nueva etapa de reconversión productiva orientada a las pymes y la innovación.
Los datos difundidos por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), elaborados sobre la base de información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, muestran una disminución del 3,2% del empleo registrado y una caída del 6% en la cantidad de empleadores durante los primeros 28 meses de la gestión nacional de Javier Milei.
La enseñanza, la industria manufacturera y el transporte aparecen entre los sectores más afectados. Sin embargo, detrás de las cifras surge una pregunta más amplia: ¿se trata solamente de una crisis o también de una transición hacia nuevas formas de producir y generar empleo?
Una provincia con capacidad para reinventarse
Santa Fe posee una de las matrices productivas más diversificadas del país. Su complejo agroindustrial, la red de puertos sobre el Paraná, la presencia de universidades, parques industriales y empresas tecnológicas constituyen activos que pocas provincias argentinas reúnen simultáneamente.
La reciente habilitación del aeropuerto internacional de Rosario para operaciones de carga y su conexión con múltiples destinos internacionales abre además una nueva ventana para las exportaciones y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas con proyección global.
Lejos de representar una sentencia definitiva, la pérdida de 20 mil puestos laborales puede interpretarse como el desafío de reconvertir capacidades hacia sectores emergentes, nuevas cadenas de valor y actividades con mayor potencial exportador.
De la asistencia a la reinserción
Distintos especialistas sostienen que el eje de las políticas públicas debería desplazarse desde la mera contención hacia programas activos de capacitación y reinserción laboral.
La creación de centros de innovación, clusters tecnológicos y espacios de “siembra de ideas” permitiría vincular universidades, emprendedores, empresas y gobiernos locales para generar nuevos proyectos productivos.
La experiencia internacional demuestra que muchas regiones lograron superar procesos de desindustrialización apostando al conocimiento, la biotecnología, la economía del software, la logística, la agroindustria de valor agregado y los servicios profesionales.
El potencial de las pymes exportadoras
Santa Fe posee numerosos casos de pequeñas empresas que nacieron en el interior provincial y hoy comercializan sus productos en mercados internacionales.
El desafío consiste en multiplicar esas experiencias mediante herramientas que faciliten el acceso al financiamiento, la innovación y la apertura de nuevos mercados.
La provincia cuenta con infraestructura estratégica, capital humano y una tradición industrial que podría convertirse en una ventaja competitiva en un escenario económico más abierto.
Lo que no se dice
Los 20 mil empleos perdidos representan una señal de alerta, pero no necesariamente una condena permanente.
La historia económica santafesina muestra que sus principales etapas de crecimiento estuvieron asociadas a la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios y de generar valor agregado.
Quizás el verdadero debate no pase únicamente por contabilizar los puestos de trabajo que desaparecieron, sino por preguntarse qué empleos, qué empresas y qué sectores pueden surgir si la provincia decide impulsar una política agresiva de innovación, formación y apertura al mundo.
Con sus puertos, sus universidades, sus parques industriales y la posibilidad de operar cargas aéreas internacionales desde Rosario, Santa Fe dispone de herramientas que otras regiones envidiarían. El desafío es convertir esa ventaja en una estrategia de desarrollo que permita que las cifras actuales sean recordadas más como un período de transición que como el inicio de un declive.
En la Argentina de las contradicciones permanentes, cada vez resulta más difícil distinguir entre quienes investigan y quienes simplemente ajustan cuentas políticas. La escena actual vuelve a ponerlo en evidencia: diputados y dirigentes con extensos antecedentes de silencios, complicidades o cuestionamientos propios aparecen hoy investidos de una autoridad moral casi impoluta para interpelar a otros.
La pregunta es inevitable: ¿quién interpela a quién?
Porque cuando el zorro se presenta como custodio del gallinero, la sociedad tiene derecho a sospechar. No necesariamente porque el acusado sea inocente, sino porque quienes levantan el dedo acusador muchas veces cargan sobre sus propias espaldas expedientes políticos, éticos o administrativos que jamás terminaron de explicar.
Es posible que determinadas decisiones o conductas de Manuel Adorni sean criticables. Es legítimo que existan sospechas y que se exijan explicaciones. En una república, el control sobre los funcionarios debe existir siempre. Pero una cosa es el control institucional y otra muy distinta es el espectáculo de una dirigencia política que parece haber descubierto la transparencia recién cuando el adversario ocupa el poder.
Muchos de los que hoy exigen respuestas guardaron un silencio llamativo durante años frente a escándalos de corrupción, abusos de poder, privilegios políticos y fracasos administrativos que contribuyeron al deterioro económico y social del país. Sin embargo, ahora actúan como fiscales implacables de una pureza republicana que jamás defendieron con la misma energía cuando gobernaban los propios.
La sensación que queda es que no se busca necesariamente la verdad, sino el desgaste. No importa tanto lo que ocurrió, sino quién lo hizo. La lógica parece ser simple: si no podemos derrotarlo políticamente, intentemos erosionarlo diariamente mediante escándalos, sospechas y operaciones permanentes.
Y en esa dinámica no solo participan sectores de la oposición política. También una parte del periodismo parece haber abandonado hace tiempo su función esencial de informar para convertirse en un actor más de la disputa. Un periodismo de cabotaje, muchas veces impulsado por la urgencia de conseguir clics, audiencia o repercusión inmediata, aunque ello implique sacrificar el rigor más elemental.
La discusión de fondo es mucho más profunda. Porque detrás de cada interpelación, de cada denuncia y de cada escándalo amplificado, aparece una pregunta incómoda: ¿se busca realmente la verdad o simplemente se pretende desgastar al adversario?
Las contradicciones abundan. Diputados severamente cuestionados, dirigentes que jamás dieron explicaciones por decisiones que perjudicaron al país y referentes políticos que aún conservan muertos en el placard aparecen hoy examinando hasta las sábanas de quienes piensan distinto. Como si la autoridad moral fuera patrimonio exclusivo de algunos y no una exigencia para todos.
Y es allí donde aparece una de las mayores miserias argentinas: la doble vara.
Porque no se condenan los hechos; se condena a las personas según el lugar que ocupan. La corrupción parece intolerable cuando la protagoniza el adversario, pero se relativiza cuando involucra a los propios. El escándalo se mide por conveniencia política y no por gravedad institucional.
Algo similar ocurre con una parte del periodismo.
Lejos de cumplir el papel de informar, algunos comunicadores se han convertido en actores políticos con micrófono. Editorializan con una intención previa, seleccionan qué temas amplificar y cuáles silenciar, y muchas veces disfrazan de objetividad lo que no es otra cosa que militancia o animosidad.
Los acontecimientos ocurridos entre el 18 y el 19 de junio con Florencia Peña son una muestra del deterioro al que ha llegado una parte del ecosistema mediático. La falsa difusión de la muerte de Jorge Messi, padre del capitán argentino, no solo puso en evidencia la falta de verificación de la información, sino también la ansiedad por conseguir una primicia a cualquier precio. Primero se anuncia. Después, si acaso, se chequea.
Paradójicamente, la propia Florencia Peña había sido víctima en otras oportunidades de campañas de desprestigio, rumores maliciosos y operaciones mediáticas. Y es precisamente allí donde se revela el problema de fondo: existe una porción del periodismo que no busca informar sino influir, condicionar o destruir. Un periodismo que opina con doble intención, que insinúa sin pruebas, que instala sospechas y que muchas veces convierte la malicia en una herramienta cotidiana.
Basta observar cómo ciertos errores son perdonados rápidamente cuando los cometen los propios, mientras que otros son utilizados hasta el hartazgo cuando perjudican al adversario. La verdad deja de ser un valor para transformarse en una cuestión de conveniencia.
Lo mismo sucede con el Gobierno de Javier Milei. Desde antes incluso de asumir, una parte de la dirigencia política y del periodismo ya había decidido cuál sería el objetivo. Si las urnas no lograban impedir su llegada, entonces había que desgastarlo permanentemente. Si no se podía derrotarlo políticamente, había que debilitarlo por otros medios. No importa si el cuestionamiento es válido o no; lo importante es mantener vivo el clima de sospecha.
Por supuesto que el Gobierno puede cometer errores. Por supuesto que debe ser controlado y criticado cuando corresponda. Pero el control republicano no puede confundirse con la obsesión facciosa ni con el deseo permanente de que todo fracase.
Porque existe una parte de la Argentina que parece resistirse al cambio. Una parte que, consciente o inconscientemente, ha hecho del enfrentamiento una forma de supervivencia. Y en esa lógica, algunos son capaces de hacer daño por el daño mismo, convencidos de que cuanto peor le vaya al gobierno de turno, mayores serán sus oportunidades de regresar al poder.
La consecuencia es una sociedad cada vez más desconfiada, más dividida y más cansada. Una sociedad que observa cómo políticos cuestionados interpelan a otros políticos, mientras periodistas que reclaman ética olvidan aplicarla sobre sí mismos.
Quizás el problema más profundo de la Argentina no sea un gobierno, un dirigente o un partido determinado. Quizás sea esta incapacidad colectiva para aplicar la misma vara a todos. Porque mientras la moral pública continúe utilizándose como un arma facciosa y no como un principio, seguiremos atrapados en el mismo círculo de hipocresía, escándalos selectivos y decadencia institucional.
Y entonces la pregunta seguirá vigente.
¿Quién tiene realmente autoridad para interpelar a quién?
Javier Milei llegó al poder con una propuesta de cambio profundo que millones de argentinos respaldaron en las urnas. Sin embargo, mientras el nuevo gobierno intenta aplicar el programa para el que fue elegido, sectores políticos, mediáticos y corporativos parecen mostrar más preocupación por sus decisiones que por los años de corrupción, inflación, pobreza creciente y deterioro institucional que marcaron las últimas décadas.
Durante años, la Argentina convivió con la pérdida constante del poder adquisitivo, la destrucción de la moneda, el crecimiento de la pobreza y numerosos escándalos de corrupción. Sin embargo, muchos de quienes hoy se presentan como guardianes de la República permanecieron en silencio o mostraron una indignación mucho menor frente a esos procesos. La pregunta resulta inevitable: ¿dónde estaban cuando la emisión monetaria pulverizaba salarios y jubilaciones, cuando la pobreza alcanzaba niveles récord o cuando las denuncias contra funcionarios se acumulaban sin mayores consecuencias políticas?
No se trata de defender ciegamente a Milei ni de negar errores o decisiones discutibles. La crítica es indispensable en democracia. El problema aparece cuando la vara cambia según quién gobierna. La doble moral sigue siendo una de las principales enfermedades de la política argentina: para algunos dirigentes, periodistas y referentes, los déficits institucionales son intolerables cuando afectan sus intereses, pero aceptables cuando benefician a su propio espacio.
La llegada de Milei representó una ruptura con gran parte del sistema político tradicional. Con más del 56% de los votos en el balotaje de 2023, millones de argentinos eligieron conscientemente una propuesta basada en ajuste fiscal, reducción del Estado y reformas estructurales. El éxito o fracaso de esas políticas deberá juzgarse con el tiempo, pero una democracia madura debería permitir que un gobierno elegido por amplia mayoría pueda desarrollar su programa sin que cada medida sea utilizada para cuestionar la legitimidad de su mandato.
El debate también alcanza al kirchnerismo y a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. La defensa de las instituciones exige respetar la división de poderes tanto cuando los fallos benefician como cuando perjudican a los propios dirigentes. No existe verdadera República si las sentencias son celebradas o rechazadas únicamente según la conveniencia política del momento.
Quizás el mayor desafío argentino sea abandonar la hipocresía colectiva: la de políticos que descubren la transparencia después de años de silencio, la de medios que cambian su nivel de indignación según quién ocupe la Casa Rosada y la de sectores corporativos que defienden principios republicanos sólo cuando afectan sus intereses. La Argentina no necesita más relatos; necesita coherencia. Porque ningún país serio puede construirse sobre una moral que cambia según la conveniencia del día. La verdadera discusión no debería ser cómo derribar al gobierno de turno, sino cómo construir instituciones capaces de sobrevivir a todos los gobiernos.
Milei y la casta vuelven a ocupar el centro de la discusión pública argentina. La polémica generada en torno a Manuel Adorni reabre un debate mucho más profundo sobre la corrupción, los privilegios del poder, el doble estándar político y la responsabilidad de una sociedad que exige transparencia mientras muchas veces tolera conductas que contribuyen a sostener el mismo sistema que critica.
No son buenas las generalizaciones. Tampoco los fanatismos. Pero quizás sea momento de formular una pregunta incómoda: ¿no será que la misma sociedad que exige rectitud absoluta a políticos, periodistas, jueces, fiscales y funcionarios convive diariamente con prácticas que alimentan el mismo sistema que dice repudiar?
“La discusión no es Adorni. Antes fue Cristina. Antes fue Macri. Mañana será otro dirigente. La verdadera discusión es si la Argentina está dispuesta a combatir la corrupción sin importar el nombre, el partido o la conveniencia política del momento.”
Esta reflexión está muy lejos de representar una defensa de Manuel Adorni o de cualquier funcionario del gobierno nacional. De hecho, en una república seria toda denuncia debe investigarse y todo funcionario debe rendir cuentas. Sin excepciones.
Sin embargo, el debate actual parece mucho más profundo que un nombre propio.
La advertencia de Milei antes de llegar al poder
Desde antes de llegar a la Casa Rosada, Javier Milei repetía una idea que muchos consideraban exagerada: advertía que el camino para modificar estructuras de poder enquistadas sería extremadamente difícil porque implicaría afectar intereses económicos, políticos, mediáticos, sindicales, corporativos y judiciales acumulados durante décadas.
A dos años de gestión, independientemente de la valoración que cada uno tenga sobre su gobierno, resulta evidente que el Presidente acertó en al menos una cuestión: cualquier intento de alterar el statu quo genera resistencias.
La denominada “casta” no es únicamente una fuerza política. Tampoco puede reducirse a un partido determinado. La integran sectores diversos que durante años encontraron formas de convivir con el poder de turno. Empresarios, operadores, dirigentes, funcionarios, consultores, referentes mediáticos y actores judiciales que, según quién gobierne, se acomodan para conservar posiciones, influencia o beneficios.
Los argentinos hemos visto desfilar durante décadas mecanismos de poder que parecían inamovibles. También nos ha tocado observar situaciones que en cualquier país normal hubieran provocado escándalos institucionales de enorme magnitud. Operaciones políticas, filtraciones interesadas, funcionarios que trabajaban para intereses ajenos a los del propio Estado y estructuras burocráticas que muchas veces parecían responder más a sus propias lógicas que al interés general.
El caso Adorni y la doble vara política
Por eso resulta llamativo observar cómo sectores que guardaron silencio frente a algunos de los mayores escándalos de corrupción de la historia argentina hoy descubren repentinamente una vocación moralista que no exhibieron en otros momentos.
El kirchnerismo difícilmente pueda erigirse en árbitro de la transparencia después de las innumerables causas judiciales que involucraron a sus principales dirigentes. El radicalismo tampoco puede presentarse como ajeno a las lógicas del sistema que ayudó a construir. Del peronismo tradicional, de la izquierda y de gran parte del establishment político podría decirse algo similar.
La realidad es que ningún espacio político argentino puede exhibir hoy un plantel completamente impoluto. Y quizás allí aparezca el verdadero problema.
Porque mientras discutimos sobre la corrupción de los dirigentes, rara vez nos detenemos a observar nuestras propias conductas.
¿Quién no intentó alguna vez evitar una multa? ¿Quién no buscó un contacto para agilizar un trámite? ¿Quién no naturalizó pequeñas ventajas obtenidas por fuera de las reglas?
Por supuesto, no es comparable una infracción menor con el saqueo sistemático de recursos públicos. Las escalas son completamente distintas. Pero ambas situaciones nacen de una misma matriz cultural: la idea de que la ley debe cumplirse para los demás.
También existe una evidente desproporción en la indignación pública.
Si se comprobara alguna irregularidad por parte de Manuel Adorni o de cualquier otro funcionario, deberá investigarse hasta las últimas consecuencias. Nada justifica un ilícito. Nada justifica un enriquecimiento que no pueda explicarse razonablemente.
Pero resulta imposible no advertir el contraste con otros períodos de la historia reciente argentina.
La corrupción y el espejo de la sociedad argentina
Durante años desfilaron causas multimillonarias, escándalos de corrupción estructural y mecanismos de saqueo de recursos públicos que, según numerosas investigaciones judiciales, representaron miles de millones de dólares que jamás volvieron a los argentinos. En muchos de esos casos, gran parte de la dirigencia política, mediática e institucional reaccionó con una tibieza llamativa o directamente eligió mirar para otro lado.
Si la vara moral pretende ser la misma para todos, entonces la pregunta es inevitable: ¿cuántos diputados, senadores, funcionarios provinciales, municipales, jueces, fiscales y dirigentes partidarios han sido sometidos con igual intensidad al escrutinio sobre el origen y evolución de sus patrimonios?
¿Cuántos pueden afirmar con absoluta tranquilidad que cada bien, cada propiedad y cada incremento patrimonial resiste una auditoría exhaustiva ante la mirada de toda la sociedad?
Porque resulta curioso observar cómo algunos de los protagonistas de la política argentina, que todavía cargan con responsabilidades sobre décadas de decadencia nacional, hoy se presentan como fiscales morales de ocasión.
Muchos de ellos continúan ocupando bancas, cargos y espacios de poder desde los cuales interpelan a otros sin antes haber respondido plenamente por sus propias actuaciones.
Quizás allí radique uno de los principales problemas de la Argentina: la facilidad para señalar la paja en el ojo ajeno mientras se ignora la viga propia.
Por otra parte, tampoco puede descartarse que el propio gobierno haya cometido errores. La velocidad con la que intenta avanzar sobre reformas profundas tal vez no siempre estuvo acompañada por los controles políticos y administrativos necesarios para evitar situaciones que terminan convirtiéndose en munición para sus adversarios.
Cuando se pretende transformar estructuras enquistadas durante décadas, cada error propio se multiplica y cada descuido se convierte en una piedra en el camino.
Y aquí aparece una cuestión central que muchas veces se pierde en medio de la discusión cotidiana.
Quizás una parte importante de la sociedad no vea a Javier Milei como un presidente corrupto. Puede cuestionar formas, estilos o decisiones de gestión. Puede estar en desacuerdo con determinadas políticas. Pero también percibe que se trata de un dirigente disruptivo que advirtió, incluso antes de ingresar a la política, que sería objeto de ataques permanentes por parte de quienes no estaban dispuestos a resignar privilegios ni espacios de poder.
Eso no convierte automáticamente al gobierno en infalible ni transforma toda crítica en una conspiración. Pero sí obliga a analizar los acontecimientos con una mirada más amplia y menos condicionada por los intereses de cada sector.
La discusión de fondo, entonces, no debería centrarse únicamente en una persona o en un episodio puntual. Lo verdaderamente importante es determinar si la Argentina está construyendo instituciones más transparentes y una cultura política más honesta, o si simplemente asistimos a una nueva versión de los viejos enfrentamientos de siempre.
Porque la Argentina no necesita simplemente reemplazar una casta por otra. Necesita recuperar una cultura de responsabilidad, mérito y honestidad que atraviese a toda la sociedad. La verdadera transformación no ocurrirá cuando caiga un dirigente o cuando asuma otro, sino cuando dejemos de justificar aquello que condenamos en nuestros adversarios. Hasta entonces, seguiremos discutiendo nombres propios mientras el problema de fondo continúa mirándonos desde el mismo lugar de siempre: el espejo.
Cada tanto, el nombre de Fabio Quetglas reaparece en medios nacionales vinculado a informes sobre desarrollo urbano, infraestructura o planificación estratégica. Su perfil es conocido: radical, exdiputado nacional, consultor especializado en desarrollo local y hombre de consulta en distintas administraciones del país.
Desde hace años, en Análisis Litoral seguimos algunos de sus planteos conceptuales vinculados a las ciudades intermedias y al rol del Estado como articulador de procesos de crecimiento sustentable. Incluso, en tiempos anteriores, desde ámbitos institucionales de Concordia se intentó acercarle una invitación para disertar en la ciudad y abrir un debate público sobre el futuro local. La propuesta, impulsada desde el Consejo de Patrimonio municipal, buscaba precisamente generar una discusión seria sobre planificación, identidad urbana y desarrollo económico.
Aquella posibilidad nunca prosperó. Cordialmente, Quetglas evitó participar. En los hechos, muchos interpretaron que su negativa respondía también a las diferencias políticas con la gestión que gobernaba entonces la ciudad.
Por eso hoy no deja de llamar la atención —e incluso debería generar cierta expectativa positiva— conocer que el consultor asesora al actual municipio encabezado por Francisco Azcué. Porque si algo necesita Concordia es justamente una visión estratégica que la saque de décadas de improvisación, dependencia política y atraso estructural.
Sin embargo, la pregunta inevitable es otra: ¿dónde están reflejadas esas ideas en la gestión concreta?
Porque los conceptos que Quetglas desarrolla públicamente son, en gran parte, razonables y hasta de sentido común para cualquier ciudad que aspire al desarrollo. Habla de liderazgo, planificación, confianza público-privada, infraestructura inteligente, agregado de valor, polos logísticos, articulación regional y aprovechamiento de los “proto recursos” mediante conocimiento e innovación.
En Concordia, a esta altura de la gestión, cuesta encontrar obras, proyectos o políticas que expresen esa visión.
El ejemplo del aeropuerto Comodoro Pierrestegui resulta paradigmático. La ciudad continúa sin convertirlo en una verdadera herramienta de conectividad y desarrollo regional. Tampoco existe un Observatorio Económico Regional serio y permanente que permita producir estadísticas, tendencias y proyecciones para inversores, universidades y sectores productivos.
Mientras otras ciudades intermedias construyen ecosistemas de innovación y servicios, Concordia continúa atrapada en debates coyunturales y administración de urgencias.
La ex Estación Concordia Norte podría haber sido pensada hace años como un verdadero polo multipropósito para eventos nacionales e internacionales, articulando hotelería, centros comerciales, gastronomía, ferias, terminal de transporte y espacios culturales modernos. Pero la sensación dominante sigue siendo la de una ciudad que administra su decadencia en lugar de proyectar crecimiento.
Lo mismo ocurre con el desarrollo costero. Sectores estratégicos como Salto Chico o Parque Rivadavia continúan subexplotados en términos turísticos, recreativos y urbanísticos, pese a tratarse de activos naturales que muchas ciudades desearían tener.
Algunas exposiciones de Fabio Quetglas
Y allí aparece la verdadera discusión de fondo.
Porque Concordia ya no puede seguir explicándose únicamente a través de las “herencias recibidas”. Es cierto: hubo décadas de malas administraciones, clientelismo político, dependencia estatal y ausencia total de planificación sustentable. Pero también es cierto que el tiempo político transcurre rápidamente y las oportunidades perdidas comienzan a pesar.
Las ideas de Quetglas, en teoría, parecen apuntar en la dirección correcta. El problema es que entre el diagnóstico y la ejecución existe un vacío enorme.
Tal vez el problema sea de desconocimiento territorial. Tal vez de falta de decisión política. Tal vez de ausencia de equipos técnicos capaces de transformar conceptos en proyectos concretos. O quizá simplemente exista una enorme distancia entre el relato del desarrollo y la realidad cotidiana de una ciudad golpeada por la pobreza, la falta de empleo genuino y la resignación social.
Lo preocupante es que el mandato de la actual gestión empieza lentamente a ingresar en su tramo de descuento, y Concordia continúa sin encontrar ese “sueño colectivo” del que habla el propio Quetglas.
Una ciudad no cambia solamente por tener diagnósticos acertados. Cambia cuando esos diagnósticos se convierten en decisiones, obras, inversiones y oportunidades reales para su gente.
