Columnas de opinión, editoriales y análisis político sobre la actualidad de Argentina y la región del Litoral. Miradas críticas y reflexivas publicadas por el diario Análisis Litoral.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) registró una caída de 20 mil puestos de trabajo y la reducción de más de tres mil empleadores en Santa Fe entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. Sin embargo, especialistas coinciden en que la provincia cuenta con recursos, infraestructura y experiencia para impulsar una nueva etapa de reconversión productiva orientada a las pymes y la innovación.
Los datos difundidos por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), elaborados sobre la base de información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, muestran una disminución del 3,2% del empleo registrado y una caída del 6% en la cantidad de empleadores durante los primeros 28 meses de la gestión nacional de Javier Milei.
La enseñanza, la industria manufacturera y el transporte aparecen entre los sectores más afectados. Sin embargo, detrás de las cifras surge una pregunta más amplia: ¿se trata solamente de una crisis o también de una transición hacia nuevas formas de producir y generar empleo?
Una provincia con capacidad para reinventarse
Santa Fe posee una de las matrices productivas más diversificadas del país. Su complejo agroindustrial, la red de puertos sobre el Paraná, la presencia de universidades, parques industriales y empresas tecnológicas constituyen activos que pocas provincias argentinas reúnen simultáneamente.
La reciente habilitación del aeropuerto internacional de Rosario para operaciones de carga y su conexión con múltiples destinos internacionales abre además una nueva ventana para las exportaciones y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas con proyección global.
Lejos de representar una sentencia definitiva, la pérdida de 20 mil puestos laborales puede interpretarse como el desafío de reconvertir capacidades hacia sectores emergentes, nuevas cadenas de valor y actividades con mayor potencial exportador.
De la asistencia a la reinserción
Distintos especialistas sostienen que el eje de las políticas públicas debería desplazarse desde la mera contención hacia programas activos de capacitación y reinserción laboral.
La creación de centros de innovación, clusters tecnológicos y espacios de “siembra de ideas” permitiría vincular universidades, emprendedores, empresas y gobiernos locales para generar nuevos proyectos productivos.
La experiencia internacional demuestra que muchas regiones lograron superar procesos de desindustrialización apostando al conocimiento, la biotecnología, la economía del software, la logística, la agroindustria de valor agregado y los servicios profesionales.
El potencial de las pymes exportadoras
Santa Fe posee numerosos casos de pequeñas empresas que nacieron en el interior provincial y hoy comercializan sus productos en mercados internacionales.
El desafío consiste en multiplicar esas experiencias mediante herramientas que faciliten el acceso al financiamiento, la innovación y la apertura de nuevos mercados.
La provincia cuenta con infraestructura estratégica, capital humano y una tradición industrial que podría convertirse en una ventaja competitiva en un escenario económico más abierto.
Lo que no se dice
Los 20 mil empleos perdidos representan una señal de alerta, pero no necesariamente una condena permanente.
La historia económica santafesina muestra que sus principales etapas de crecimiento estuvieron asociadas a la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios y de generar valor agregado.
Quizás el verdadero debate no pase únicamente por contabilizar los puestos de trabajo que desaparecieron, sino por preguntarse qué empleos, qué empresas y qué sectores pueden surgir si la provincia decide impulsar una política agresiva de innovación, formación y apertura al mundo.
Con sus puertos, sus universidades, sus parques industriales y la posibilidad de operar cargas aéreas internacionales desde Rosario, Santa Fe dispone de herramientas que otras regiones envidiarían. El desafío es convertir esa ventaja en una estrategia de desarrollo que permita que las cifras actuales sean recordadas más como un período de transición que como el inicio de un declive.
En la Argentina de las contradicciones permanentes, cada vez resulta más difícil distinguir entre quienes investigan y quienes simplemente ajustan cuentas políticas. La escena actual vuelve a ponerlo en evidencia: diputados y dirigentes con extensos antecedentes de silencios, complicidades o cuestionamientos propios aparecen hoy investidos de una autoridad moral casi impoluta para interpelar a otros.
La pregunta es inevitable: ¿quién interpela a quién?
Porque cuando el zorro se presenta como custodio del gallinero, la sociedad tiene derecho a sospechar. No necesariamente porque el acusado sea inocente, sino porque quienes levantan el dedo acusador muchas veces cargan sobre sus propias espaldas expedientes políticos, éticos o administrativos que jamás terminaron de explicar.
Es posible que determinadas decisiones o conductas de Manuel Adorni sean criticables. Es legítimo que existan sospechas y que se exijan explicaciones. En una república, el control sobre los funcionarios debe existir siempre. Pero una cosa es el control institucional y otra muy distinta es el espectáculo de una dirigencia política que parece haber descubierto la transparencia recién cuando el adversario ocupa el poder.
Muchos de los que hoy exigen respuestas guardaron un silencio llamativo durante años frente a escándalos de corrupción, abusos de poder, privilegios políticos y fracasos administrativos que contribuyeron al deterioro económico y social del país. Sin embargo, ahora actúan como fiscales implacables de una pureza republicana que jamás defendieron con la misma energía cuando gobernaban los propios.
La sensación que queda es que no se busca necesariamente la verdad, sino el desgaste. No importa tanto lo que ocurrió, sino quién lo hizo. La lógica parece ser simple: si no podemos derrotarlo políticamente, intentemos erosionarlo diariamente mediante escándalos, sospechas y operaciones permanentes.
Y en esa dinámica no solo participan sectores de la oposición política. También una parte del periodismo parece haber abandonado hace tiempo su función esencial de informar para convertirse en un actor más de la disputa. Un periodismo de cabotaje, muchas veces impulsado por la urgencia de conseguir clics, audiencia o repercusión inmediata, aunque ello implique sacrificar el rigor más elemental.
La discusión de fondo es mucho más profunda. Porque detrás de cada interpelación, de cada denuncia y de cada escándalo amplificado, aparece una pregunta incómoda: ¿se busca realmente la verdad o simplemente se pretende desgastar al adversario?
Las contradicciones abundan. Diputados severamente cuestionados, dirigentes que jamás dieron explicaciones por decisiones que perjudicaron al país y referentes políticos que aún conservan muertos en el placard aparecen hoy examinando hasta las sábanas de quienes piensan distinto. Como si la autoridad moral fuera patrimonio exclusivo de algunos y no una exigencia para todos.
Y es allí donde aparece una de las mayores miserias argentinas: la doble vara.
Porque no se condenan los hechos; se condena a las personas según el lugar que ocupan. La corrupción parece intolerable cuando la protagoniza el adversario, pero se relativiza cuando involucra a los propios. El escándalo se mide por conveniencia política y no por gravedad institucional.
Algo similar ocurre con una parte del periodismo.
Lejos de cumplir el papel de informar, algunos comunicadores se han convertido en actores políticos con micrófono. Editorializan con una intención previa, seleccionan qué temas amplificar y cuáles silenciar, y muchas veces disfrazan de objetividad lo que no es otra cosa que militancia o animosidad.
Los acontecimientos ocurridos entre el 18 y el 19 de junio con Florencia Peña son una muestra del deterioro al que ha llegado una parte del ecosistema mediático. La falsa difusión de la muerte de Jorge Messi, padre del capitán argentino, no solo puso en evidencia la falta de verificación de la información, sino también la ansiedad por conseguir una primicia a cualquier precio. Primero se anuncia. Después, si acaso, se chequea.
Paradójicamente, la propia Florencia Peña había sido víctima en otras oportunidades de campañas de desprestigio, rumores maliciosos y operaciones mediáticas. Y es precisamente allí donde se revela el problema de fondo: existe una porción del periodismo que no busca informar sino influir, condicionar o destruir. Un periodismo que opina con doble intención, que insinúa sin pruebas, que instala sospechas y que muchas veces convierte la malicia en una herramienta cotidiana.
Basta observar cómo ciertos errores son perdonados rápidamente cuando los cometen los propios, mientras que otros son utilizados hasta el hartazgo cuando perjudican al adversario. La verdad deja de ser un valor para transformarse en una cuestión de conveniencia.
Lo mismo sucede con el Gobierno de Javier Milei. Desde antes incluso de asumir, una parte de la dirigencia política y del periodismo ya había decidido cuál sería el objetivo. Si las urnas no lograban impedir su llegada, entonces había que desgastarlo permanentemente. Si no se podía derrotarlo políticamente, había que debilitarlo por otros medios. No importa si el cuestionamiento es válido o no; lo importante es mantener vivo el clima de sospecha.
Por supuesto que el Gobierno puede cometer errores. Por supuesto que debe ser controlado y criticado cuando corresponda. Pero el control republicano no puede confundirse con la obsesión facciosa ni con el deseo permanente de que todo fracase.
Porque existe una parte de la Argentina que parece resistirse al cambio. Una parte que, consciente o inconscientemente, ha hecho del enfrentamiento una forma de supervivencia. Y en esa lógica, algunos son capaces de hacer daño por el daño mismo, convencidos de que cuanto peor le vaya al gobierno de turno, mayores serán sus oportunidades de regresar al poder.
La consecuencia es una sociedad cada vez más desconfiada, más dividida y más cansada. Una sociedad que observa cómo políticos cuestionados interpelan a otros políticos, mientras periodistas que reclaman ética olvidan aplicarla sobre sí mismos.
Quizás el problema más profundo de la Argentina no sea un gobierno, un dirigente o un partido determinado. Quizás sea esta incapacidad colectiva para aplicar la misma vara a todos. Porque mientras la moral pública continúe utilizándose como un arma facciosa y no como un principio, seguiremos atrapados en el mismo círculo de hipocresía, escándalos selectivos y decadencia institucional.
Y entonces la pregunta seguirá vigente.
¿Quién tiene realmente autoridad para interpelar a quién?
Javier Milei llegó al poder con una propuesta de cambio profundo que millones de argentinos respaldaron en las urnas. Sin embargo, mientras el nuevo gobierno intenta aplicar el programa para el que fue elegido, sectores políticos, mediáticos y corporativos parecen mostrar más preocupación por sus decisiones que por los años de corrupción, inflación, pobreza creciente y deterioro institucional que marcaron las últimas décadas.
Durante años, la Argentina convivió con la pérdida constante del poder adquisitivo, la destrucción de la moneda, el crecimiento de la pobreza y numerosos escándalos de corrupción. Sin embargo, muchos de quienes hoy se presentan como guardianes de la República permanecieron en silencio o mostraron una indignación mucho menor frente a esos procesos. La pregunta resulta inevitable: ¿dónde estaban cuando la emisión monetaria pulverizaba salarios y jubilaciones, cuando la pobreza alcanzaba niveles récord o cuando las denuncias contra funcionarios se acumulaban sin mayores consecuencias políticas?
No se trata de defender ciegamente a Milei ni de negar errores o decisiones discutibles. La crítica es indispensable en democracia. El problema aparece cuando la vara cambia según quién gobierna. La doble moral sigue siendo una de las principales enfermedades de la política argentina: para algunos dirigentes, periodistas y referentes, los déficits institucionales son intolerables cuando afectan sus intereses, pero aceptables cuando benefician a su propio espacio.
La llegada de Milei representó una ruptura con gran parte del sistema político tradicional. Con más del 56% de los votos en el balotaje de 2023, millones de argentinos eligieron conscientemente una propuesta basada en ajuste fiscal, reducción del Estado y reformas estructurales. El éxito o fracaso de esas políticas deberá juzgarse con el tiempo, pero una democracia madura debería permitir que un gobierno elegido por amplia mayoría pueda desarrollar su programa sin que cada medida sea utilizada para cuestionar la legitimidad de su mandato.
El debate también alcanza al kirchnerismo y a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. La defensa de las instituciones exige respetar la división de poderes tanto cuando los fallos benefician como cuando perjudican a los propios dirigentes. No existe verdadera República si las sentencias son celebradas o rechazadas únicamente según la conveniencia política del momento.
Quizás el mayor desafío argentino sea abandonar la hipocresía colectiva: la de políticos que descubren la transparencia después de años de silencio, la de medios que cambian su nivel de indignación según quién ocupe la Casa Rosada y la de sectores corporativos que defienden principios republicanos sólo cuando afectan sus intereses. La Argentina no necesita más relatos; necesita coherencia. Porque ningún país serio puede construirse sobre una moral que cambia según la conveniencia del día. La verdadera discusión no debería ser cómo derribar al gobierno de turno, sino cómo construir instituciones capaces de sobrevivir a todos los gobiernos.
Milei y la casta vuelven a ocupar el centro de la discusión pública argentina. La polémica generada en torno a Manuel Adorni reabre un debate mucho más profundo sobre la corrupción, los privilegios del poder, el doble estándar político y la responsabilidad de una sociedad que exige transparencia mientras muchas veces tolera conductas que contribuyen a sostener el mismo sistema que critica.
No son buenas las generalizaciones. Tampoco los fanatismos. Pero quizás sea momento de formular una pregunta incómoda: ¿no será que la misma sociedad que exige rectitud absoluta a políticos, periodistas, jueces, fiscales y funcionarios convive diariamente con prácticas que alimentan el mismo sistema que dice repudiar?
“La discusión no es Adorni. Antes fue Cristina. Antes fue Macri. Mañana será otro dirigente. La verdadera discusión es si la Argentina está dispuesta a combatir la corrupción sin importar el nombre, el partido o la conveniencia política del momento.”
Esta reflexión está muy lejos de representar una defensa de Manuel Adorni o de cualquier funcionario del gobierno nacional. De hecho, en una república seria toda denuncia debe investigarse y todo funcionario debe rendir cuentas. Sin excepciones.
Sin embargo, el debate actual parece mucho más profundo que un nombre propio.
La advertencia de Milei antes de llegar al poder
Desde antes de llegar a la Casa Rosada, Javier Milei repetía una idea que muchos consideraban exagerada: advertía que el camino para modificar estructuras de poder enquistadas sería extremadamente difícil porque implicaría afectar intereses económicos, políticos, mediáticos, sindicales, corporativos y judiciales acumulados durante décadas.
A dos años de gestión, independientemente de la valoración que cada uno tenga sobre su gobierno, resulta evidente que el Presidente acertó en al menos una cuestión: cualquier intento de alterar el statu quo genera resistencias.
La denominada “casta” no es únicamente una fuerza política. Tampoco puede reducirse a un partido determinado. La integran sectores diversos que durante años encontraron formas de convivir con el poder de turno. Empresarios, operadores, dirigentes, funcionarios, consultores, referentes mediáticos y actores judiciales que, según quién gobierne, se acomodan para conservar posiciones, influencia o beneficios.
Los argentinos hemos visto desfilar durante décadas mecanismos de poder que parecían inamovibles. También nos ha tocado observar situaciones que en cualquier país normal hubieran provocado escándalos institucionales de enorme magnitud. Operaciones políticas, filtraciones interesadas, funcionarios que trabajaban para intereses ajenos a los del propio Estado y estructuras burocráticas que muchas veces parecían responder más a sus propias lógicas que al interés general.
El caso Adorni y la doble vara política
Por eso resulta llamativo observar cómo sectores que guardaron silencio frente a algunos de los mayores escándalos de corrupción de la historia argentina hoy descubren repentinamente una vocación moralista que no exhibieron en otros momentos.
El kirchnerismo difícilmente pueda erigirse en árbitro de la transparencia después de las innumerables causas judiciales que involucraron a sus principales dirigentes. El radicalismo tampoco puede presentarse como ajeno a las lógicas del sistema que ayudó a construir. Del peronismo tradicional, de la izquierda y de gran parte del establishment político podría decirse algo similar.
La realidad es que ningún espacio político argentino puede exhibir hoy un plantel completamente impoluto. Y quizás allí aparezca el verdadero problema.
Porque mientras discutimos sobre la corrupción de los dirigentes, rara vez nos detenemos a observar nuestras propias conductas.
¿Quién no intentó alguna vez evitar una multa? ¿Quién no buscó un contacto para agilizar un trámite? ¿Quién no naturalizó pequeñas ventajas obtenidas por fuera de las reglas?
Por supuesto, no es comparable una infracción menor con el saqueo sistemático de recursos públicos. Las escalas son completamente distintas. Pero ambas situaciones nacen de una misma matriz cultural: la idea de que la ley debe cumplirse para los demás.
También existe una evidente desproporción en la indignación pública.
Si se comprobara alguna irregularidad por parte de Manuel Adorni o de cualquier otro funcionario, deberá investigarse hasta las últimas consecuencias. Nada justifica un ilícito. Nada justifica un enriquecimiento que no pueda explicarse razonablemente.
Pero resulta imposible no advertir el contraste con otros períodos de la historia reciente argentina.
La corrupción y el espejo de la sociedad argentina
Durante años desfilaron causas multimillonarias, escándalos de corrupción estructural y mecanismos de saqueo de recursos públicos que, según numerosas investigaciones judiciales, representaron miles de millones de dólares que jamás volvieron a los argentinos. En muchos de esos casos, gran parte de la dirigencia política, mediática e institucional reaccionó con una tibieza llamativa o directamente eligió mirar para otro lado.
Si la vara moral pretende ser la misma para todos, entonces la pregunta es inevitable: ¿cuántos diputados, senadores, funcionarios provinciales, municipales, jueces, fiscales y dirigentes partidarios han sido sometidos con igual intensidad al escrutinio sobre el origen y evolución de sus patrimonios?
¿Cuántos pueden afirmar con absoluta tranquilidad que cada bien, cada propiedad y cada incremento patrimonial resiste una auditoría exhaustiva ante la mirada de toda la sociedad?
Porque resulta curioso observar cómo algunos de los protagonistas de la política argentina, que todavía cargan con responsabilidades sobre décadas de decadencia nacional, hoy se presentan como fiscales morales de ocasión.
Muchos de ellos continúan ocupando bancas, cargos y espacios de poder desde los cuales interpelan a otros sin antes haber respondido plenamente por sus propias actuaciones.
Quizás allí radique uno de los principales problemas de la Argentina: la facilidad para señalar la paja en el ojo ajeno mientras se ignora la viga propia.
Por otra parte, tampoco puede descartarse que el propio gobierno haya cometido errores. La velocidad con la que intenta avanzar sobre reformas profundas tal vez no siempre estuvo acompañada por los controles políticos y administrativos necesarios para evitar situaciones que terminan convirtiéndose en munición para sus adversarios.
Cuando se pretende transformar estructuras enquistadas durante décadas, cada error propio se multiplica y cada descuido se convierte en una piedra en el camino.
Y aquí aparece una cuestión central que muchas veces se pierde en medio de la discusión cotidiana.
Quizás una parte importante de la sociedad no vea a Javier Milei como un presidente corrupto. Puede cuestionar formas, estilos o decisiones de gestión. Puede estar en desacuerdo con determinadas políticas. Pero también percibe que se trata de un dirigente disruptivo que advirtió, incluso antes de ingresar a la política, que sería objeto de ataques permanentes por parte de quienes no estaban dispuestos a resignar privilegios ni espacios de poder.
Eso no convierte automáticamente al gobierno en infalible ni transforma toda crítica en una conspiración. Pero sí obliga a analizar los acontecimientos con una mirada más amplia y menos condicionada por los intereses de cada sector.
La discusión de fondo, entonces, no debería centrarse únicamente en una persona o en un episodio puntual. Lo verdaderamente importante es determinar si la Argentina está construyendo instituciones más transparentes y una cultura política más honesta, o si simplemente asistimos a una nueva versión de los viejos enfrentamientos de siempre.
Porque la Argentina no necesita simplemente reemplazar una casta por otra. Necesita recuperar una cultura de responsabilidad, mérito y honestidad que atraviese a toda la sociedad. La verdadera transformación no ocurrirá cuando caiga un dirigente o cuando asuma otro, sino cuando dejemos de justificar aquello que condenamos en nuestros adversarios. Hasta entonces, seguiremos discutiendo nombres propios mientras el problema de fondo continúa mirándonos desde el mismo lugar de siempre: el espejo.
Cada tanto, el nombre de Fabio Quetglas reaparece en medios nacionales vinculado a informes sobre desarrollo urbano, infraestructura o planificación estratégica. Su perfil es conocido: radical, exdiputado nacional, consultor especializado en desarrollo local y hombre de consulta en distintas administraciones del país.
Desde hace años, en Análisis Litoral seguimos algunos de sus planteos conceptuales vinculados a las ciudades intermedias y al rol del Estado como articulador de procesos de crecimiento sustentable. Incluso, en tiempos anteriores, desde ámbitos institucionales de Concordia se intentó acercarle una invitación para disertar en la ciudad y abrir un debate público sobre el futuro local. La propuesta, impulsada desde el Consejo de Patrimonio municipal, buscaba precisamente generar una discusión seria sobre planificación, identidad urbana y desarrollo económico.
Aquella posibilidad nunca prosperó. Cordialmente, Quetglas evitó participar. En los hechos, muchos interpretaron que su negativa respondía también a las diferencias políticas con la gestión que gobernaba entonces la ciudad.
Por eso hoy no deja de llamar la atención —e incluso debería generar cierta expectativa positiva— conocer que el consultor asesora al actual municipio encabezado por Francisco Azcué. Porque si algo necesita Concordia es justamente una visión estratégica que la saque de décadas de improvisación, dependencia política y atraso estructural.
Sin embargo, la pregunta inevitable es otra: ¿dónde están reflejadas esas ideas en la gestión concreta?
Porque los conceptos que Quetglas desarrolla públicamente son, en gran parte, razonables y hasta de sentido común para cualquier ciudad que aspire al desarrollo. Habla de liderazgo, planificación, confianza público-privada, infraestructura inteligente, agregado de valor, polos logísticos, articulación regional y aprovechamiento de los “proto recursos” mediante conocimiento e innovación.
En Concordia, a esta altura de la gestión, cuesta encontrar obras, proyectos o políticas que expresen esa visión.
El ejemplo del aeropuerto Comodoro Pierrestegui resulta paradigmático. La ciudad continúa sin convertirlo en una verdadera herramienta de conectividad y desarrollo regional. Tampoco existe un Observatorio Económico Regional serio y permanente que permita producir estadísticas, tendencias y proyecciones para inversores, universidades y sectores productivos.
Mientras otras ciudades intermedias construyen ecosistemas de innovación y servicios, Concordia continúa atrapada en debates coyunturales y administración de urgencias.
La ex Estación Concordia Norte podría haber sido pensada hace años como un verdadero polo multipropósito para eventos nacionales e internacionales, articulando hotelería, centros comerciales, gastronomía, ferias, terminal de transporte y espacios culturales modernos. Pero la sensación dominante sigue siendo la de una ciudad que administra su decadencia en lugar de proyectar crecimiento.
Lo mismo ocurre con el desarrollo costero. Sectores estratégicos como Salto Chico o Parque Rivadavia continúan subexplotados en términos turísticos, recreativos y urbanísticos, pese a tratarse de activos naturales que muchas ciudades desearían tener.
Algunas exposiciones de Fabio Quetglas
Y allí aparece la verdadera discusión de fondo.
Porque Concordia ya no puede seguir explicándose únicamente a través de las “herencias recibidas”. Es cierto: hubo décadas de malas administraciones, clientelismo político, dependencia estatal y ausencia total de planificación sustentable. Pero también es cierto que el tiempo político transcurre rápidamente y las oportunidades perdidas comienzan a pesar.
Las ideas de Quetglas, en teoría, parecen apuntar en la dirección correcta. El problema es que entre el diagnóstico y la ejecución existe un vacío enorme.
Tal vez el problema sea de desconocimiento territorial. Tal vez de falta de decisión política. Tal vez de ausencia de equipos técnicos capaces de transformar conceptos en proyectos concretos. O quizá simplemente exista una enorme distancia entre el relato del desarrollo y la realidad cotidiana de una ciudad golpeada por la pobreza, la falta de empleo genuino y la resignación social.
Lo preocupante es que el mandato de la actual gestión empieza lentamente a ingresar en su tramo de descuento, y Concordia continúa sin encontrar ese “sueño colectivo” del que habla el propio Quetglas.
Una ciudad no cambia solamente por tener diagnósticos acertados. Cambia cuando esos diagnósticos se convierten en decisiones, obras, inversiones y oportunidades reales para su gente.
Ciertamente el periodismo cumple un rol social importantísimo. El buen ejercicio fortalece la democracia y permite al ciudadano conocer lo esencial para t-la toma de decisiones sobre su contexto e inmediato futuro.
No obstante, el ejercicio periodístico experimenta una migración de la comunicación noticiosa en grandes proporciones a distintas plataformas digitales alcanzando a un vasto público. Esto lleva a un periodo de reevaluación de los cambios en las practicas periodísticas.
Estos cambios motivan revisar si prevalecenaquellos valores deontológicos que aportaron grandes hombres y mujeres para el buen ejercicio periodístico y así comprender su comportamiento actual.
Hoy es una fecha muy importante para recordar aquello que realzaba el periodista político, filósofo y crítico de medios Walter Lippmann : “No puede haber una ley superior en el periodismo que decir la verdad y afear el mal”. Sobre esto, la teórica política alemana, Hannah Arendt, relaciona entre las formas de decir la verdad con “la soledad del filósofo, el aislamiento del científico y del artista, la imparcialidad del historiador y del juez y la independencia del buscador de hechos, el testigo y el reportero”.
“El reportero y buscador de hechos, ocupa un lugar especial entre quienes se comprometen a buscar las verdades de las que dependen las personas dueñas de sus actos”, lo decía el docente de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, Michael Schudson, al interpretar lo que reflexionaba Arendt.
El periodista narrativo y escritor polaco Ryszard Kapuściński sintetiza como nadie la función del periodista: “el trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz, para que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse”.
Lo que define Kapuściński, referente moral del periodismo del siglo XX por su destacado humanismo, el genial escritor y periodista George Orwell, lo reafirma sosteniendo que es función del periodista “publicar lo que alguien no quiere que se publique”.
Rodolfo Walsh, un símbolo de la resistencia intelectual frente a la censura y la violencia estatal, decía que “el periodista debe apostar por la verdad por más peligrosa que sea, como único principio ético y profesional”. “El periodismo es libre o es una farsa, no hay término medio”.
Lo corona el periodista y escritor Bill Kovachs, al afirmar que “el periodismo es la primera versión de la historia. Las pautas éticas son para los periodistas como las estrellas para los antiguos navegantes”.
Luego de recordar estos conceptos, que buena parte del siglo pasado cimento al periodismo como profesión, cabe preguntarse si la deontología contempla hoy los aspectos más estrictos de los deberes mínimos de la práctica periodística.
,Los desafíos del futuro: ¿Qué periodistas para qué periodismo?
En el contexto actual dominados por la cultura de la hiperconectividad, en paralelo con la institucionalidad del odio hacia el periodismo por del gobierno y una minoría que concentra el poder político económico en detrimento de una mayoría empobrecida, hay personas que tienen el privilegio de saber qué pasa, de analizarlo e informarlo. El periodista.
Los claroscuros acompañan al periodismo en su periplo por las sociedades digitales. Son muchos los periodistas que dejaron de trabajar de periodistas,mostrando quesu función se basa en recibir las órdenes del poder, decorarlas y entregarlas acríticamente a cambio de obtener beneficios económicos.
El periodismo del futuro estará marcado por la inteligencia artificial, la lucha contra la desinformación y la necesidad de adaptarse a un entorno mediático en constante cambio. No cabe dudas que la inteligencia artificial generativa representa la próxima gran revolución tecnológica, una revolución que trae consigo una cantidad vertiginosa de preguntas: ¿Cómo afectarán esos cambios al ecosistema de la información? ¿Garantizara al debate público de los ciudadanos comprometidos? Este planteo, se direcciona en lo que Milei ha sostenido, que la inteligencia artificial, no tendrá ningún tipo de regulación. Esto no solo pone en juego la libertad de expresión, sino el sistema institucional. Hasta donde puede llegar la IA con las locuras libertarias,
Alguien me decía son tiempos de mirar a los periodistas y los medios, como podríamos mirar a un auto impecable que queremos comprar. Preguntémonos que hay debajo del capot, porque el control del pensamiento es un negocio prospero”.
Cada 7 de junio, en Argentina, se celebra el Día del Periodista. Una fecha que invita no solo a reconocer una profesión, sino también a reflexionar sobre el rol que cumple la comunicación en tiempos de cambios profundos, incertidumbres y transformaciones constantes.
Este año, para Análisis Litoral, la fecha tiene además un significado especial: cumplimos 20 años de trabajo periodístico ininterrumpido. Dos décadas narrando la realidad política, social, económica y humana de nuestra región y del país, acompañando a generaciones de lectores que eligieron informarse desde una mirada propia, crítica y comprometida.
Cuando comenzamos este camino, el periodismo todavía transitaba una fuerte convivencia con el papel. Las redacciones tenían otros tiempos, las noticias viajaban más lento y el diario impreso seguía siendo el gran protagonista de cada mañana. Sin embargo, el avance tecnológico y los nuevos hábitos de consumo fueron transformando de manera irreversible la forma de comunicar y de acceder a la información.
Lejos de restarle importancia al periodismo, la era digital lo desafió a reinventarse.
Hoy la noticia circula en tiempo real, las redes sociales aceleran debates y los medios digitales se convirtieron en protagonistas centrales de la conversación pública. Análisis Litoral nació precisamente en ese proceso de transición, apostando desde temprano al formato digital cuando todavía muchos dudaban de su alcance y permanencia.
Y el tiempo demostró que la esencia del periodismo no depende del soporte.
Porque más allá del papel, de una pantalla o de las futuras tecnologías que vendrán, siempre seguirá existiendo la necesidad humana de comprender la realidad, buscar respuestas, confrontar versiones y ejercer el derecho a la información.
En estos 20 años atravesamos cambios políticos, crisis económicas, transformaciones culturales y nuevas formas de hacer periodismo. También vimos cómo aparecieron desafíos complejos: la inmediatez extrema, la desinformación, las operaciones mediáticas y la dificultad creciente de sostener medios independientes en contextos cada vez más hostiles.
Pero si algo permanece intacto es el compromiso.
El compromiso de contar lo que sucede. De opinar con honestidad intelectual. De ejercer el sentido común cuando muchas veces predominan los extremos. De defender la libertad de expresión y la pluralidad de voces. Y, sobre todo, de mantener viva la responsabilidad social que implica comunicar.
Probablemente dentro de otros 20 años el periodismo vuelva a cambiar. Tal vez existan nuevas plataformas, nuevas tecnologías y nuevas maneras de consumir información que hoy ni siquiera imaginamos. Pero seguramente habrá alguien, en algún lugar, dispuesto a seguir contando el acontecer cotidiano con la misma pasión que impulsó históricamente a esta profesión.
Porque mientras exista una sociedad que necesite entenderse a sí misma, el periodismo seguirá siendo necesario.
Desde Análisis Litoral queremos agradecer a quienes nos acompañan desde hace dos décadas y también a las nuevas generaciones que se suman cada día a esta comunidad informativa.
Una pregunta que parece sencilla, pero su respuesta es una de las más intrincada y enfrentada en la historia del pensamiento humano, es ¿qué es la educaciónen susentido más profundo? No existe una definición única y universal, porque cada respuesta lleva implícita una forma de ver al mundo y fundamentalmente de que sociedad deseamos construir.
Este interrogante, precisamente en la obra del filósofo Immanuel Kant, “Crítica de la razón pura”, que los chicos lo ven en la escuela secundaria, la centra en la pregunta ¿Cómo es posible el conocimiento? y explora las capacidades de la razón humana. Plantea que la educación debe promover la capacidad de los individuos para cultivar la razón y el pensamiento crítico para tomar decisiones informadas y racionales.
Esto conlleva, no solo la transmisión de información, sino también el desarrollo de habilidades de reflexión y juicio, apoyándose en la ética para formar ciudadanos responsables y racionales capaces de contribuir a una sociedad más justa y equitativa. Para Kant defender la educación universal y accesible para todos, independientemente su origen social o económico, es democratizar el conocimiento. Esta visión sigue siendo relevante en la actualidad.
A favor de estas ideas y antes el incumplimiento la Ley de Financiamiento Universitario, y el nuevo despojo producto del salvaje ajuste a la Educación, blanco predilecto para sostener el equilibrio fiscal, se movilizo una multitudinaria Marcha Federal Universitaria en su defensa que, motorizo a los libertarios a potenciar su relato.
Encontrando a uno de sus voceros más importante defensores del modelo anarcocapitalista, Alejandro Fantino. Un personaje agresivo con la disidencia, arremetiendo con furia contra los manifestantes a quienes trató de “zurdos” y “defensores de sus putos privilegios”. Al mismo tiempo, criticó el principio de universalidad y gratuidad de la universidad pública con planteos como: “Es una falacia que la universidad es para todos… No me vengan a correr con que desfinancian a la universidad. No, papá, no la desfinancian… la gastan en lo que se les canta la chota…Acomódate, gasta la guita que te entra, ¿por qué poner plata el Estado para el campamento anticapitalista o para que estos zurdos tengan un grupo que maneje una universidad?”.
Recortes según Decisión Administrativa 20/2026 que apunta al desfinanciamiento.
Infraestructura y Equipamientos escolar 21.687 millones
Fondo de Compensación Salarios Docentes 8.930 millones
Plan Nacional de alfabetización 35.288 millones menos.
Total, de recorte $78.768.179.759
Tambiénla empresa estatal EDUC.AR S.A. perdió transferencias por un total consolidado de $48.000.000.000 En Entre Ríos, con una baja de $540.000.000.
El discurso de Fantino, en contra los objetivos de la defensa de los valores de la educación, sintoniza con la relegación del Estado, para quien los actores fundamentales de la sociedad son los individuos y el mercado. Este vergonzoso comunicador que califica como “putos privilegios de los zurdos” sabe que en realidad, son derechos consagrados que garantizan la movilidad social ascendente para miles de jóvenes y que también fue para el.
Para Milei la educación pública solo sirve “para lavarle el cerebro a la gente” con ideas del “barbudo alemán empobrecedor” Karl Marx. No se puede creer que el presidente diga que “en la formación docente proliferan currículas educativas de izquierda, abiertamente anticapitalistas y antiliberales, en un país en el cual lo que se necesita es más capitalismo y más libertad”.
El objetivo es vaciar la educación publica
La escuela pública, laica y gratuita como la nuestra es medular, apoyar la idea libertaria, no solo vulnera el derecho a la educación establecido en la Constitución, sino que deroga la ley de educación nacional vigente desde 2006. Propone romper y transformar las bases sobre las cuales se construyó y se fue desarrollando nuestro sistema educativo.
Lo que busca esta reforma entre otras cosas, es eliminar la meta legal de invertir el 6% del PBI en educación y reemplazarlo por un sistema de asignaciones directas a familias mediante váuchers, para decirlo de forma clara, es el financiamiento por parte del estado de la demanda y no de la oferta generado la libre competencia entre escuelas públicas y privadas para atraer la mayor cantidad de “clientes”.
Además, el sistema pasa totalmente a las provincias y otorga un rol a las familias que, dicho sea de paso, los padres son los que deben enseñar a sus hijos conforme a sus propias convicciones, métodos y proyectos pedagógicos. El sueño desde siempre de la oligarquía depredadora es desregular la educación y avanzar en la práctica elitista de formar a los chicos sustituyendo al maestro. Esto para los anarcos libertaristas es garantía de “calidad educativa”.
Esta propuesta no hace más que naturalizar, perpetuar y profundizar las ya profundas desigualdades sociales y avanzar en intentar generar mayor dualización del sistema educativo favoreciendo a lo privado.
La socialización de los chicos se consigue solo en la escuela, interaccionando, construyendo conocimientos colectivos Una forma distinta es locura libertaria que subestima la función de la escuela.
El 2026 nos encuentra en una encrucijada institucional que invita a rescatar el pensamiento de Raúl Alfonsín . Han pasado casi 40 años desde aquel histórico y tenso episodio en la Iglesia de Stella Maris en 1987. En esa oportunidad, el entonces presidente interrumpió de forma imprevista el sermón de monseñor Medina para defender, con una vehemencia que hoy parece olvidada, la honestidad de su administración. Aquel hombre de voz firme, que se levantó de un banco de iglesia para decir que la ética era el tesoro más preciado de la patria, hoy observaría con una tristeza republicana cómo el legado de la restauración se enfrenta a décadas de escándalos que han mutado de simples coimas a redes estructurales de corrupción.
Si el Dr. Alfonsín recorriera las calles de nuestras ciudades hoy, comprendería que el daño más profundo no es solamente económico; es un daño moral que ha calado en el ADN de la sociedad. Él, que creía fervientemente en que con la democracia se viene, se cura y se educa, se enfrentaría a la dura realidad de generaciones precedentes y actuales que han sido despojadas de sus expectativas de un futuro mejor. En el pensamiento de Raúl Alfonsín , el poder nunca fue un fin en sí mismo, sino una herramienta de servicio público. Al ver cómo esa herramienta fue utilizada para el enriquecimiento personal en lugar del bienestar común, seguramente diría: “No me duele el bolsillo de los argentinos, me duele el alma de los jóvenes que ya no creen que sea posible ser honesto y exitoso en esta tierra”. Esta pérdida de fe es, quizás, el mayor secuestro que ha sufrido nuestro bendito país a manos de la desidia política.
Para entender la vigencia del pensamiento de Raúl Alfonsín , debemos recordar que para él la democracia no era simplemente el acto de votar, sino un sistema dinámico de frenos y contrapesos. En 2026, el diagnóstico sería alarmante: instituciones capturadas por intereses espurios y una justicia que, a menudo, parece funcionar a dos velocidades. Vería con desolación procesos judiciales que se vuelven eternos para los poderosos, generando una sensación de impunidad que corroe el pacto social. Entendería que cada peso robado en un negociado se traduce directamente en una escuela sin techo, un hospital sin insumos o una ruta que nunca se terminó. Quizás lo que más le dolería sería la pérdida de la capacidad de asombro de la ciudadanía ante el delito, un síntoma de que la sociedad ha comenzado a normalizar lo inaceptable.
Frente a este panorama, el pensamiento de Raúl Alfonsín no buscaría profundizar la grieta ni pediría venganza ciega; pediría República. Su mensaje hoy sería un recordatorio urgente de que la democracia es un edificio frágil que se desmorona si no se alimenta diariamente con la verdad y la transparencia. No se trata de una mirada nostálgica hacia el pasado, sino de una exigencia hacia el futuro. Recuperar aquel piso mínimo de decencia que se intentó fundar en 1983 es la única forma de devolverle la dignidad a la política. La deshonra de los procedimientos que él denunció en aquel púlpito sigue siendo la mayor amenaza para nuestra libertad en este siglo veintiuno.
Hoy, en Análisis Litoral, reflexionamos sobre esta figura porque su integridad personal, incluso con los errores económicos que pudo tener su gestión, jamás fue puesta en duda por sus más férreos opositores. En este 2026 de incertidumbres, la voz de Alfonsín nos interpela desde la historia: la democracia sigue siendo la única respuesta posible, pero solo si la ética vuelve a ser su motor principal y la honestidad deja de ser una excepción para volver a ser la norma. El compromiso con la verdad debe ser el eje de cualquier proyecto que pretenda sacar al país de su estancamiento moral y económico.
Solo a través de una reconstrucción de los valores republicanos podremos honrar a quienes, como Alfonsín, entendieron que el prestigio de un gobernante reside en su capacidad de mirar a los ojos a su pueblo sin tener nada que ocultar. Ese es el verdadero desafío que enfrentamos como sociedad en el presente año.
Alguna vez escuche: “la realidad social comúnmente lo vemos reflejado en las letras de un tema musical”. Y, es que muchas veces son cruciales para trasmitir significados, contexto y sentimientos, lo que la convierte en un espejo de lo que se vive. Me pasa con “¿Qué ves, cuando no me ves?, cuando la mentira es la verdad…el bien y el mal definen por penal”, atractiva canción de la banda de rock Dividido que, a través de su letra sugiere que lo que se percibe muchas veces, este matizado por la mentira o una verdad desfigurada.
Mientras el entronizado por fuerzas del cielo criptoestafador que supimos elegir presidente, instalo las freses: “No la ven”, y Caputo nos quiere “cagar a patadas a todos” porque no percibimos lo bien que marcha el proceso económico. La realidad muestra degradación social, la tarea destructora de un proyecto mesiánico y, su hermana Karina, un personaje oscuro a quien nadie voto, pero coordina las distintas tribus más corruptas de la historia reciente. AJUSTAR Y AFANAR, es el modus operandis. En este contexto ¿Que vemos cuando no la vemos en Concordia?
Que vemos cuando no me ves, un intendente típico personaje de época que describe bastante al mundo libertario, que muestra desde el inicio de su gestión una necesidad extrema de sentirse reconocido políticamente y una exagerada percepción de su propia importancia frente a los demás.
Un jactancioso que prometió restaurar la moral pública y, lo más relevante, darle a la gestióntransparencia y eficiencia siempre unido al proyecto libertario. Pero también allí se encuentra su debilidad, por su pretensión de una gobernanza que no reconoce la importancia de participación, de consensuar. Sus propios colaboradores lo revelan, advirtiendo sobre un estilo de conducción que, se aleja cada vez más de una gestión eficiente. Justamente por lo insensato de su aplicación y lo antidemocrático de sus métodos.
Muchos sostienen que la política es la cocina del dinero público, saber cómo se gasta, es la sobremesa. El presupuesto y los actos de gobierno son un bien público colectivo, por lo tanto, es necesario analizar no solo lo que se promete hacer, sino también al final si se orientó lo prometido correctamente. Evaluar cuanto se recauda, quien la gasta y para que se gasta, son preguntas que refuerza la eficiencia y la transparencia.
Para garantizar la correcta información a la sociedad, existe la Ordenanza, 33.369 del 31-05-2007 (T.O. 2007 con las modificaciones introducidas en Ordenanzas 33.442 y 33.665), que establece como se debe informar. En la misma se fija una metodología de información sintética en principales secretarias, pero no da la posibilidad de detallar los rubros y subrubros de manera que el ciudadano conozca en profundidad la gestión financiera.La transparencia es un aspecto crucial de la información financiera. El Ejecutivo tiene la obligación de rendir cuenta de sus acciones financieras, porque es dinero que aportan los contribuyentes.
Cuando observamos la ejecución del presupuesto 2025, vemos que donde se supone que deberíamos tener conocimiento detallado de las decisiones, motivaciones y justificaciones que se toma, aparece una sigla que preocupar: S/DISC, sin discriminar. De ahí surge una referencia que no es menor, sobre el total del gasto $95.660.821.498,84 muestra que $52.327.837.802,03 son partidas “sin discriminar”. Estamos hablando que mas de la mitad del presupuesto.
Si el concordiense dimensiona el volumen económico que ejecutó el municipio, al tipo de cambio oficial vendedor del Banco Nación vigente al 28 de abril de 2026, el gasto total municipal 2025, equivale cerca de los USD 66,9 millones. De ese total, alrededor de USD 36,6 millones aparecen bajo partidas “sin discriminar”.
Veamos cuando se transforman en la realidad social esos números, porque suelen anticipar lo que después se observa en la calle y en esta gestión esas señales ya empiezan a aparecer.
Administración General: la gran caja de pandora. El monto informado es que del total gastado $34.431.681.073,13, ejecutaron $30.334.958.859,31, como S/DISCRIM. Debería ser explicado con claridad por el intendente que estructuras administrativas absorbieron esos fondos. Qué parte responde a decisiones concretas de su rumbo marcado, dado que la magnitud del gasto sin discriminar es muy grande sin tener explicación.
Desarrollo de la Economía S/DISCRIM.: $2.592.738.350,
Son áreas muy importantes en una ciudad con problemas sociales conocidos. ¿Qué programas se financiaron? ¿Qué población fue alcanzada? ¿Qué criterios se usaron? ¿Qué resultados hubo?
En el caso de los gastos de Cultura y Educación todos están sin discriminar. Respecto a Desarrollo de la Economía, más de 2.500 millones de pesos no se discrimina. Cuál es la política de desarrollo, si hubo programas hay que explicarlo, si hubo resultados hay que medirlo.
Presupuesto Participativo. Algo que destruye la narrativa del intendente sobre la participación de los ciudadanos, se refleja en el rubro Presupuesto Oarticipativo en el año 2025. El ejecutado fue de $191.839.334,37. Frente a un gasto total municipal de $95.660.821.498,84, representa apenas el 0,20%.
O sea, de cada $100 que gastó la Municipalidad, solo 20 centavos fueron al mecanismo que permite al vecino de más de cien barrios a opinar, priorizar y controlar. Azcue debe entender que los recursos participativos, tienen destino visible y una comunidad que controla. Es el instrumento más democrático que no admite partidas sin discriminar.
No hace falta acusar, alcanza con preguntar. Que figure sin discriminar no constituye delito, malversación, no prueba desvío, no hace falta decir lo que los datos no dicen. Pero con un intendente que en cada oportunidad que tiene de dirigirse a la comunidad, busca permanentemente resaltar que lleva adelante una gestión eficiente y transparente, tiene la obligación de informar con claridad los mas de 52 mil millones de pesos bajo partidas sin discriminar, la pregunta se impone sola: ¿A qué responden esos gastos? ¿Qué efectividad tienen las asignaciones?
Estas preguntas son a las que se apela a la matemática para comprender los patrones de la inversión. La matemática es fundamental para el análisis del presupuesto, ya que permite evaluar la asignación, más cuando se realiza bajo la metodología “Base Cero”, que implica asignación de recursos en función de necesidades, sin considerar asignaciones anteriores.
El rubro Servicios no Personales se destina todos los gastos del funcionamiento del Estado. Donde se engloba el pago de las cooperativas de trabajo, pero no se segrega cuanto destina y a quienes. ¿Por qué será que no se informa? Otra cuestión de falta de transparencia es la contratación de la empresa VITSA Soluciones Ambientales S.A, que se encarga de manera parcial el servicio de recolección de residuos. Genera duda desde el principio, la empresa comenzó a prestar servicio ante de tener el marco normativo aprobado. Es por lo menos rara la velocidad con la que se avanzó.
De acuerdo con el ejecutivo municipal, esto permite ahorrar anualmente 3 mil millones de pesos. Es acá donde la matemática es importante para la estimación de la efectividad no solo de la asignación sino, la evaluación de la herramienta excepcional como la emergencia que utilizo el ejecutivo para contratar un servicio a un largo plazo. El intendente que habla de transparencia no actúa en consonancia, generando un efecto de retórica vacía que socava la confianza ciudadana.
El jurista, filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio sostenía que la transparencia se opone al ejercicio del poder invisible, por lo tanto, la transparencia no debería ser considerada un objetivo en sí misma, más bien como un mecanismo para prevenir actos de corrupción.
Concordia supo ser considerada como una de las ciudades más transparentes del país y la provincia, hoy la gestión Azcue tiene déficit de cumplimientos, lo demuestran los indicadores que miden el desempeño, a pesar de que su narrativa se sostiene sobre la base de eficiencia y transparencia.
“Cuando la mentira y la verdad se define por penales” Azcue dice: “Asumo que cada decisión presupuestaria debe responder a criterios de oportunidad, eficiencia y transparencia evitando gastos improductivos”.
