Javier Milei llegó al poder con una propuesta de cambio profundo que millones de argentinos respaldaron en las urnas. Sin embargo, mientras el nuevo gobierno intenta aplicar el programa para el que fue elegido, sectores políticos, mediáticos y corporativos parecen mostrar más preocupación por sus decisiones que por los años de corrupción, inflación, pobreza creciente y deterioro institucional que marcaron las últimas décadas.
Durante años, la Argentina convivió con la pérdida constante del poder adquisitivo, la destrucción de la moneda, el crecimiento de la pobreza y numerosos escándalos de corrupción. Sin embargo, muchos de quienes hoy se presentan como guardianes de la República permanecieron en silencio o mostraron una indignación mucho menor frente a esos procesos. La pregunta resulta inevitable: ¿dónde estaban cuando la emisión monetaria pulverizaba salarios y jubilaciones, cuando la pobreza alcanzaba niveles récord o cuando las denuncias contra funcionarios se acumulaban sin mayores consecuencias políticas?
No se trata de defender ciegamente a Milei ni de negar errores o decisiones discutibles. La crítica es indispensable en democracia. El problema aparece cuando la vara cambia según quién gobierna. La doble moral sigue siendo una de las principales enfermedades de la política argentina: para algunos dirigentes, periodistas y referentes, los déficits institucionales son intolerables cuando afectan sus intereses, pero aceptables cuando benefician a su propio espacio.
La llegada de Milei representó una ruptura con gran parte del sistema político tradicional. Con más del 56% de los votos en el balotaje de 2023, millones de argentinos eligieron conscientemente una propuesta basada en ajuste fiscal, reducción del Estado y reformas estructurales. El éxito o fracaso de esas políticas deberá juzgarse con el tiempo, pero una democracia madura debería permitir que un gobierno elegido por amplia mayoría pueda desarrollar su programa sin que cada medida sea utilizada para cuestionar la legitimidad de su mandato.
El debate también alcanza al kirchnerismo y a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. La defensa de las instituciones exige respetar la división de poderes tanto cuando los fallos benefician como cuando perjudican a los propios dirigentes. No existe verdadera República si las sentencias son celebradas o rechazadas únicamente según la conveniencia política del momento.
Quizás el mayor desafío argentino sea abandonar la hipocresía colectiva: la de políticos que descubren la transparencia después de años de silencio, la de medios que cambian su nivel de indignación según quién ocupe la Casa Rosada y la de sectores corporativos que defienden principios republicanos sólo cuando afectan sus intereses. La Argentina no necesita más relatos; necesita coherencia. Porque ningún país serio puede construirse sobre una moral que cambia según la conveniencia del día. La verdadera discusión no debería ser cómo derribar al gobierno de turno, sino cómo construir instituciones capaces de sobrevivir a todos los gobiernos.
Por Alejandro Monzón
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