Concordia no se empobreció en siete meses: cuarenta años sin desarrollo explican la agonía del comercio

6 julio, 2026 por Redacción

Es fácil culpar al gobierno de turno. Lo difícil es reconocer que nadie planificó el futuro económico de la ciudad.

Por Alejandro Monzón – Análisis Litoral

Los casi 500 despidos registrados durante 2026 en el comercio de Concordia constituyen un dato alarmante que nadie debería minimizar. Detrás de cada baja laboral hay una familia que pierde ingresos, un comercio que deja de sostener su estructura y una ciudad que continúa debilitando su ya frágil economía. Sin embargo, frente a este escenario aparece una pregunta que pocos se animan a formular: ¿realmente esta crisis comenzó con el actual gobierno nacional o simplemente terminó de exponer un problema que lleva décadas incubándose?

Si la respuesta fuera que todo empezó hace apenas dos años, alcanzaría con cambiar un presidente para que Concordia recuperara su dinamismo económico. Pero la realidad demuestra exactamente lo contrario. Desde hace mucho tiempo la ciudad encabeza los indicadores más preocupantes del país: pobreza, indigencia, empleo informal, salarios deprimidos, dependencia del Estado y una inversión privada prácticamente inexistente. Nada de eso nació con la actual administración nacional. Es la consecuencia de cuarenta años de ausencia de una verdadera política de desarrollo.

Una economía con poco dinero para demasiada gente

Existe un aspecto estructural del que casi nadie habla y que resulta fundamental para comprender lo que hoy sucede. Concordia es una ciudad con un volumen de dinero circulante extremadamente bajo en relación con la cantidad de habitantes que sostiene, incluyendo una amplia periferia que también depende de su actividad comercial. La economía local se alimenta principalmente de salarios públicos, jubilaciones, programas sociales y un reducido sector privado tradicional. En otras palabras, el mismo dinero debe repartirse entre cada vez más personas.

Cuando el circulante es escaso, el consumo inevitablemente cae. Si el consumo disminuye, los comercios venden menos; cuando venden menos, comienzan a reducir personal y, finalmente, algunos terminan cerrando sus puertas. No existe ninguna fórmula mágica para evitar ese proceso. Mientras otras ciudades generaron nuevas fuentes de riqueza mediante industrias, tecnología, logística, exportaciones o servicios de alto valor agregado, Concordia continuó dependiendo casi exclusivamente del consumo interno. Ese modelo terminó agotándose.

El sindicalismo también debe hacer su autocrítica

Escuchar hoy al sindicalismo reclamar por la pérdida de puestos de trabajo resulta absolutamente válido. Lo que no puede omitirse es una reflexión mucho más profunda sobre el papel que esas organizaciones desempeñaron durante las últimas décadas. Defender el salario siempre fue una bandera legítima, pero defender al trabajador también implica preguntarse qué tipo de empleo tendrá la ciudad dentro de veinte años.

¿Cuántas veces se impulsó desde los gremios un verdadero plan de reconversión laboral? ¿Cuántas oportunidades se promovieron para capacitar trabajadores en nuevas tecnologías, oficios modernos o actividades vinculadas a la economía del conocimiento? ¿Cuántas veces se exigieron políticas destinadas a incrementar el Producto Bruto Local en lugar de limitar la discusión únicamente a las paritarias? Lamentablemente, esa agenda casi nunca existió y hoy la ciudad paga el costo de haber pensado siempre en la coyuntura y muy pocas veces en el futuro.

Las instituciones empresarias tampoco estuvieron a la altura

Sería injusto concentrar todas las responsabilidades en la dirigencia política. Las instituciones empresarias de Concordia tampoco lograron convertirse en el motor de transformación que la ciudad necesitaba. El Centro de Industria y Comercio mantuvo históricamente una relación demasiado complaciente con los distintos gobiernos de turno, sin ejercer la presión institucional que sí desarrollan entidades similares en ciudades con mayor crecimiento.

Algo similar ocurrió con ASODECO, una organización creada precisamente para promover el desarrollo económico regional. Con el paso del tiempo perdió protagonismo y dejó de liderar las discusiones estratégicas que alguna vez justificaron su existencia. Mientras en otras localidades las cámaras empresarias impulsaban parques industriales, incentivos fiscales, infraestructura y programas de innovación, en Concordia predominó una actitud más cercana al acompañamiento institucional que a la exigencia de políticas públicas concretas.

Nunca se preparó a la ciudad para crear empresas

Quizás el error más grave haya sido otro: nunca se construyó un ecosistema que enseñara a generar empresas. Mientras numerosas ciudades desarrollaban incubadoras de emprendimientos, polos tecnológicos y programas permanentes para emprendedores, Concordia continuó esperando que el empleo proviniera casi exclusivamente del Estado o de los comercios tradicionales.

Una incubadora de empresas habría permitido ofrecer capacitación empresarial, asesoramiento jurídico, asistencia contable, mentorías, financiamiento inicial, redes de contacto y herramientas para adaptarse a los cambios tecnológicos. En definitiva, habría formado empresarios capaces de sobrevivir en una economía cada vez más competitiva. Muchos de quienes hoy bajan definitivamente sus persianas jamás recibieron ese acompañamiento.

El comercio cambió y muchos nunca lograron adaptarse

También cambió profundamente el consumidor. Las plataformas digitales modificaron para siempre la manera de comprar. Hoy cualquier vecino puede adquirir un producto desde su teléfono celular y recibirlo pocas horas después en su domicilio. Ya no se trata solamente de Mercado Libre; existen decenas de plataformas, redes sociales y sistemas logísticos que transformaron los hábitos de consumo.

Las nuevas generaciones comparan precios en segundos, utilizan billeteras virtuales, buscan promociones permanentes y priorizan la comodidad. Muchos pequeños comerciantes concordienses nunca lograron adaptarse a esa nueva realidad. No necesariamente por falta de capacidad, sino porque nadie los preparó para competir en un mercado completamente diferente al que conocían.

Una recorrida por la ciudad alcanza para entender la crisis

No hacen falta estadísticas para advertir la gravedad del problema. Basta recorrer los distintos corredores comerciales de Concordia para encontrar locales vacíos, carteles de alquiler, vidrieras cerradas y emprendimientos que desaparecieron después de muchos años de trabajo.

Lo mismo ocurre con algunos espacios creados para ordenar la actividad comercial informal, como mercados populares, patios de compras o ferias permanentes. El caso de Las Palmeritas resulta particularmente simbólico. Comerciantes asfixiados por alquileres incompatibles con la realidad económica, sin incentivos para atraer consumidores y con una demanda cada vez menor terminan abandonando sus locales porque simplemente los números dejaron de cerrar.

El Estado municipal tampoco facilita producir

Mientras tanto, abrir un comercio continúa siendo una tarea compleja. Trámites administrativos, habilitaciones extensas, múltiples tasas municipales y una pesada carga burocrática terminan desalentando a quienes desean invertir. Si Concordia pretende recuperar el empleo privado, deberá comenzar por facilitar la actividad económica y dejar de tratar al emprendedor como si fuera únicamente un contribuyente al que hay que cobrarle más.

La energía también debería formar parte del debate

Cualquier verdadero plan de recuperación económica debería incorporar una discusión seria sobre el costo energético. Resulta difícil imaginar un proceso de desarrollo cuando producir o mantener un comercio abierto implica afrontar tarifas que reducen la competitividad local. Concordia debería reclamar un esquema energético diferencial que contemple su realidad económica y social. No como un privilegio, sino como una herramienta para recuperar competitividad, atraer inversiones y generar empleo genuino.

Buscar un único culpable también es una forma de ocultar responsabilidades

Es sencillo responsabilizar exclusivamente al gobierno nacional. También resulta políticamente rentable para muchos dirigentes y funcional para determinados sectores periodísticos que durante décadas guardaron silencio frente al deterioro estructural de la ciudad. Pero esa explicación es incompleta. Si el problema fuera únicamente la política económica actual, Concordia no encabezaría desde hace tantos años los índices de pobreza de la Argentina.

La realidad demuestra que existen responsabilidades compartidas. Políticas, sindicales, empresariales, institucionales y también sociales. Durante demasiado tiempo todos discutieron cómo administrar la pobreza, pero muy pocos debatieron seriamente cómo generar riqueza.

El gran ausente: un Observatorio Económico Regional

Resulta incomprensible que una ciudad con semejantes niveles de pobreza nunca haya creado un Observatorio Económico Regional. Una herramienta técnica e independiente permitiría conocer con precisión cuántas empresas nacen y desaparecen cada año, cuánto dinero circula realmente, qué sectores generan empleo, cuáles se encuentran en retroceso y cuáles ofrecen oportunidades de crecimiento.

Esa información debería ser pública y actualizarse de manera permanente para orientar decisiones de gobiernos, empresarios, universidades y organizaciones sociales. Varios intendentes tuvieron la posibilidad de impulsarlo y ninguno lo hizo. Tal vez porque medir con objetividad también obliga a asumir responsabilidades.

La reconstrucción empieza diciendo la verdad

Concordia atraviesa uno de los momentos económicos más delicados de su historia reciente. Sin embargo, reducir toda la discusión a una pelea entre oficialismo y oposición nacional implica volver a repetir el mismo error que nos condujo hasta aquí. La ciudad necesita una verdadera rehabilitación económica basada en acuerdos de largo plazo entre el Estado, el sector privado, las instituciones educativas, los trabajadores y la sociedad civil.

Seguir administrando pobreza ya no alcanza. Es momento de comenzar a producir riqueza. Porque si dentro de otros diez años continuamos buscando un nuevo culpable sin revisar las responsabilidades acumuladas durante las últimas cuatro décadas, el resultado volverá a ser el mismo: más comercios cerrados, más empleo perdido y una ciudad resignada a convivir con una pobreza que nunca decidió enfrentar en serio.

"Las ciudades no son pobres por casualidad. Se vuelven pobres cuando dejan de pensar en el futuro y se conforman con administrar el presente."

Por Alejandro Monzón
Análisis Litoral

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Javier Milei: las 7 razones que exponen la doble moral de la política argentina

16 junio, 202616 junio, 2026 por Redacción

Javier Milei llegó al poder con una propuesta de cambio profundo que millones de argentinos respaldaron en las urnas. Sin embargo, mientras el nuevo gobierno intenta aplicar el programa para el que fue elegido, sectores políticos, mediáticos y corporativos parecen mostrar más preocupación por sus decisiones que por los años de corrupción, inflación, pobreza creciente y deterioro institucional que marcaron las últimas décadas.

Durante años, la Argentina convivió con la pérdida constante del poder adquisitivo, la destrucción de la moneda, el crecimiento de la pobreza y numerosos escándalos de corrupción. Sin embargo, muchos de quienes hoy se presentan como guardianes de la República permanecieron en silencio o mostraron una indignación mucho menor frente a esos procesos. La pregunta resulta inevitable: ¿dónde estaban cuando la emisión monetaria pulverizaba salarios y jubilaciones, cuando la pobreza alcanzaba niveles récord o cuando las denuncias contra funcionarios se acumulaban sin mayores consecuencias políticas?

No se trata de defender ciegamente a Milei ni de negar errores o decisiones discutibles. La crítica es indispensable en democracia. El problema aparece cuando la vara cambia según quién gobierna. La doble moral sigue siendo una de las principales enfermedades de la política argentina: para algunos dirigentes, periodistas y referentes, los déficits institucionales son intolerables cuando afectan sus intereses, pero aceptables cuando benefician a su propio espacio.

La llegada de Milei representó una ruptura con gran parte del sistema político tradicional. Con más del 56% de los votos en el balotaje de 2023, millones de argentinos eligieron conscientemente una propuesta basada en ajuste fiscal, reducción del Estado y reformas estructurales. El éxito o fracaso de esas políticas deberá juzgarse con el tiempo, pero una democracia madura debería permitir que un gobierno elegido por amplia mayoría pueda desarrollar su programa sin que cada medida sea utilizada para cuestionar la legitimidad de su mandato.

El debate también alcanza al kirchnerismo y a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. La defensa de las instituciones exige respetar la división de poderes tanto cuando los fallos benefician como cuando perjudican a los propios dirigentes. No existe verdadera República si las sentencias son celebradas o rechazadas únicamente según la conveniencia política del momento.

Quizás el mayor desafío argentino sea abandonar la hipocresía colectiva: la de políticos que descubren la transparencia después de años de silencio, la de medios que cambian su nivel de indignación según quién ocupe la Casa Rosada y la de sectores corporativos que defienden principios republicanos sólo cuando afectan sus intereses. La Argentina no necesita más relatos; necesita coherencia. Porque ningún país serio puede construirse sobre una moral que cambia según la conveniencia del día. La verdadera discusión no debería ser cómo derribar al gobierno de turno, sino cómo construir instituciones capaces de sobrevivir a todos los gobiernos.

Por Alejandro Monzón

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“Adorni, la casta y el doble estándar argentino: quién puede arrojar la primera piedra”.

12 junio, 202612 junio, 2026 por Redacción

Milei y la casta vuelven a ocupar el centro de la discusión pública argentina. La polémica generada en torno a Manuel Adorni reabre un debate mucho más profundo sobre la corrupción, los privilegios del poder, el doble estándar político y la responsabilidad de una sociedad que exige transparencia mientras muchas veces tolera conductas que contribuyen a sostener el mismo sistema que critica.

No son buenas las generalizaciones. Tampoco los fanatismos. Pero quizás sea momento de formular una pregunta incómoda: ¿no será que la misma sociedad que exige rectitud absoluta a políticos, periodistas, jueces, fiscales y funcionarios convive diariamente con prácticas que alimentan el mismo sistema que dice repudiar?

“La discusión no es Adorni. Antes fue Cristina. Antes fue Macri. Mañana será otro dirigente. La verdadera discusión es si la Argentina está dispuesta a combatir la corrupción sin importar el nombre, el partido o la conveniencia política del momento.”

Esta reflexión está muy lejos de representar una defensa de Manuel Adorni o de cualquier funcionario del gobierno nacional. De hecho, en una república seria toda denuncia debe investigarse y todo funcionario debe rendir cuentas. Sin excepciones.

Sin embargo, el debate actual parece mucho más profundo que un nombre propio.

La advertencia de Milei antes de llegar al poder

Desde antes de llegar a la Casa Rosada, Javier Milei repetía una idea que muchos consideraban exagerada: advertía que el camino para modificar estructuras de poder enquistadas sería extremadamente difícil porque implicaría afectar intereses económicos, políticos, mediáticos, sindicales, corporativos y judiciales acumulados durante décadas.

A dos años de gestión, independientemente de la valoración que cada uno tenga sobre su gobierno, resulta evidente que el Presidente acertó en al menos una cuestión: cualquier intento de alterar el statu quo genera resistencias.

La denominada “casta” no es únicamente una fuerza política. Tampoco puede reducirse a un partido determinado. La integran sectores diversos que durante años encontraron formas de convivir con el poder de turno. Empresarios, operadores, dirigentes, funcionarios, consultores, referentes mediáticos y actores judiciales que, según quién gobierne, se acomodan para conservar posiciones, influencia o beneficios.

Los argentinos hemos visto desfilar durante décadas mecanismos de poder que parecían inamovibles. También nos ha tocado observar situaciones que en cualquier país normal hubieran provocado escándalos institucionales de enorme magnitud. Operaciones políticas, filtraciones interesadas, funcionarios que trabajaban para intereses ajenos a los del propio Estado y estructuras burocráticas que muchas veces parecían responder más a sus propias lógicas que al interés general.

El caso Adorni y la doble vara política

Por eso resulta llamativo observar cómo sectores que guardaron silencio frente a algunos de los mayores escándalos de corrupción de la historia argentina hoy descubren repentinamente una vocación moralista que no exhibieron en otros momentos.

El kirchnerismo difícilmente pueda erigirse en árbitro de la transparencia después de las innumerables causas judiciales que involucraron a sus principales dirigentes. El radicalismo tampoco puede presentarse como ajeno a las lógicas del sistema que ayudó a construir. Del peronismo tradicional, de la izquierda y de gran parte del establishment político podría decirse algo similar.

La realidad es que ningún espacio político argentino puede exhibir hoy un plantel completamente impoluto. Y quizás allí aparezca el verdadero problema.

Porque mientras discutimos sobre la corrupción de los dirigentes, rara vez nos detenemos a observar nuestras propias conductas.

¿Quién no intentó alguna vez evitar una multa? ¿Quién no buscó un contacto para agilizar un trámite? ¿Quién no naturalizó pequeñas ventajas obtenidas por fuera de las reglas?

Por supuesto, no es comparable una infracción menor con el saqueo sistemático de recursos públicos. Las escalas son completamente distintas. Pero ambas situaciones nacen de una misma matriz cultural: la idea de que la ley debe cumplirse para los demás.

También existe una evidente desproporción en la indignación pública.

Si se comprobara alguna irregularidad por parte de Manuel Adorni o de cualquier otro funcionario, deberá investigarse hasta las últimas consecuencias. Nada justifica un ilícito. Nada justifica un enriquecimiento que no pueda explicarse razonablemente.

Pero resulta imposible no advertir el contraste con otros períodos de la historia reciente argentina.

La corrupción y el espejo de la sociedad argentina

Durante años desfilaron causas multimillonarias, escándalos de corrupción estructural y mecanismos de saqueo de recursos públicos que, según numerosas investigaciones judiciales, representaron miles de millones de dólares que jamás volvieron a los argentinos. En muchos de esos casos, gran parte de la dirigencia política, mediática e institucional reaccionó con una tibieza llamativa o directamente eligió mirar para otro lado.

Si la vara moral pretende ser la misma para todos, entonces la pregunta es inevitable: ¿cuántos diputados, senadores, funcionarios provinciales, municipales, jueces, fiscales y dirigentes partidarios han sido sometidos con igual intensidad al escrutinio sobre el origen y evolución de sus patrimonios?

¿Cuántos pueden afirmar con absoluta tranquilidad que cada bien, cada propiedad y cada incremento patrimonial resiste una auditoría exhaustiva ante la mirada de toda la sociedad?

Porque resulta curioso observar cómo algunos de los protagonistas de la política argentina, que todavía cargan con responsabilidades sobre décadas de decadencia nacional, hoy se presentan como fiscales morales de ocasión.

Muchos de ellos continúan ocupando bancas, cargos y espacios de poder desde los cuales interpelan a otros sin antes haber respondido plenamente por sus propias actuaciones.

Quizás allí radique uno de los principales problemas de la Argentina: la facilidad para señalar la paja en el ojo ajeno mientras se ignora la viga propia.

Por otra parte, tampoco puede descartarse que el propio gobierno haya cometido errores. La velocidad con la que intenta avanzar sobre reformas profundas tal vez no siempre estuvo acompañada por los controles políticos y administrativos necesarios para evitar situaciones que terminan convirtiéndose en munición para sus adversarios.

Cuando se pretende transformar estructuras enquistadas durante décadas, cada error propio se multiplica y cada descuido se convierte en una piedra en el camino.

Y aquí aparece una cuestión central que muchas veces se pierde en medio de la discusión cotidiana.

Quizás una parte importante de la sociedad no vea a Javier Milei como un presidente corrupto. Puede cuestionar formas, estilos o decisiones de gestión. Puede estar en desacuerdo con determinadas políticas. Pero también percibe que se trata de un dirigente disruptivo que advirtió, incluso antes de ingresar a la política, que sería objeto de ataques permanentes por parte de quienes no estaban dispuestos a resignar privilegios ni espacios de poder.

Eso no convierte automáticamente al gobierno en infalible ni transforma toda crítica en una conspiración. Pero sí obliga a analizar los acontecimientos con una mirada más amplia y menos condicionada por los intereses de cada sector.

La discusión de fondo, entonces, no debería centrarse únicamente en una persona o en un episodio puntual. Lo verdaderamente importante es determinar si la Argentina está construyendo instituciones más transparentes y una cultura política más honesta, o si simplemente asistimos a una nueva versión de los viejos enfrentamientos de siempre.

Porque la Argentina no necesita simplemente reemplazar una casta por otra. Necesita recuperar una cultura de responsabilidad, mérito y honestidad que atraviese a toda la sociedad. La verdadera transformación no ocurrirá cuando caiga un dirigente o cuando asuma otro, sino cuando dejemos de justificar aquello que condenamos en nuestros adversarios. Hasta entonces, seguiremos discutiendo nombres propios mientras el problema de fondo continúa mirándonos desde el mismo lugar de siempre: el espejo.