En la Argentina de las contradicciones permanentes, cada vez resulta más difícil distinguir entre quienes investigan y quienes simplemente ajustan cuentas políticas. La escena actual vuelve a ponerlo en evidencia: diputados y dirigentes con extensos antecedentes de silencios, complicidades o cuestionamientos propios aparecen hoy investidos de una autoridad moral casi impoluta para interpelar a otros.
La pregunta es inevitable: ¿quién interpela a quién?
Porque cuando el zorro se presenta como custodio del gallinero, la sociedad tiene derecho a sospechar. No necesariamente porque el acusado sea inocente, sino porque quienes levantan el dedo acusador muchas veces cargan sobre sus propias espaldas expedientes políticos, éticos o administrativos que jamás terminaron de explicar.
Es posible que determinadas decisiones o conductas de Manuel Adorni sean criticables. Es legítimo que existan sospechas y que se exijan explicaciones. En una república, el control sobre los funcionarios debe existir siempre. Pero una cosa es el control institucional y otra muy distinta es el espectáculo de una dirigencia política que parece haber descubierto la transparencia recién cuando el adversario ocupa el poder.
Muchos de los que hoy exigen respuestas guardaron un silencio llamativo durante años frente a escándalos de corrupción, abusos de poder, privilegios políticos y fracasos administrativos que contribuyeron al deterioro económico y social del país. Sin embargo, ahora actúan como fiscales implacables de una pureza republicana que jamás defendieron con la misma energía cuando gobernaban los propios.
La sensación que queda es que no se busca necesariamente la verdad, sino el desgaste. No importa tanto lo que ocurrió, sino quién lo hizo. La lógica parece ser simple: si no podemos derrotarlo políticamente, intentemos erosionarlo diariamente mediante escándalos, sospechas y operaciones permanentes.
Y en esa dinámica no solo participan sectores de la oposición política. También una parte del periodismo parece haber abandonado hace tiempo su función esencial de informar para convertirse en un actor más de la disputa. Un periodismo de cabotaje, muchas veces impulsado por la urgencia de conseguir clics, audiencia o repercusión inmediata, aunque ello implique sacrificar el rigor más elemental.
La discusión de fondo es mucho más profunda. Porque detrás de cada interpelación, de cada denuncia y de cada escándalo amplificado, aparece una pregunta incómoda: ¿se busca realmente la verdad o simplemente se pretende desgastar al adversario?
Las contradicciones abundan. Diputados severamente cuestionados, dirigentes que jamás dieron explicaciones por decisiones que perjudicaron al país y referentes políticos que aún conservan muertos en el placard aparecen hoy examinando hasta las sábanas de quienes piensan distinto. Como si la autoridad moral fuera patrimonio exclusivo de algunos y no una exigencia para todos.
Y es allí donde aparece una de las mayores miserias argentinas: la doble vara.
Porque no se condenan los hechos; se condena a las personas según el lugar que ocupan. La corrupción parece intolerable cuando la protagoniza el adversario, pero se relativiza cuando involucra a los propios. El escándalo se mide por conveniencia política y no por gravedad institucional.
Algo similar ocurre con una parte del periodismo.
Lejos de cumplir el papel de informar, algunos comunicadores se han convertido en actores políticos con micrófono. Editorializan con una intención previa, seleccionan qué temas amplificar y cuáles silenciar, y muchas veces disfrazan de objetividad lo que no es otra cosa que militancia o animosidad.
Los acontecimientos ocurridos entre el 18 y el 19 de junio con Florencia Peña son una muestra del deterioro al que ha llegado una parte del ecosistema mediático. La falsa difusión de la muerte de Jorge Messi, padre del capitán argentino, no solo puso en evidencia la falta de verificación de la información, sino también la ansiedad por conseguir una primicia a cualquier precio. Primero se anuncia. Después, si acaso, se chequea.
Paradójicamente, la propia Florencia Peña había sido víctima en otras oportunidades de campañas de desprestigio, rumores maliciosos y operaciones mediáticas. Y es precisamente allí donde se revela el problema de fondo: existe una porción del periodismo que no busca informar sino influir, condicionar o destruir. Un periodismo que opina con doble intención, que insinúa sin pruebas, que instala sospechas y que muchas veces convierte la malicia en una herramienta cotidiana.
Basta observar cómo ciertos errores son perdonados rápidamente cuando los cometen los propios, mientras que otros son utilizados hasta el hartazgo cuando perjudican al adversario. La verdad deja de ser un valor para transformarse en una cuestión de conveniencia.
Lo mismo sucede con el Gobierno de Javier Milei. Desde antes incluso de asumir, una parte de la dirigencia política y del periodismo ya había decidido cuál sería el objetivo. Si las urnas no lograban impedir su llegada, entonces había que desgastarlo permanentemente. Si no se podía derrotarlo políticamente, había que debilitarlo por otros medios. No importa si el cuestionamiento es válido o no; lo importante es mantener vivo el clima de sospecha.
Por supuesto que el Gobierno puede cometer errores. Por supuesto que debe ser controlado y criticado cuando corresponda. Pero el control republicano no puede confundirse con la obsesión facciosa ni con el deseo permanente de que todo fracase.
Porque existe una parte de la Argentina que parece resistirse al cambio. Una parte que, consciente o inconscientemente, ha hecho del enfrentamiento una forma de supervivencia. Y en esa lógica, algunos son capaces de hacer daño por el daño mismo, convencidos de que cuanto peor le vaya al gobierno de turno, mayores serán sus oportunidades de regresar al poder.
La consecuencia es una sociedad cada vez más desconfiada, más dividida y más cansada. Una sociedad que observa cómo políticos cuestionados interpelan a otros políticos, mientras periodistas que reclaman ética olvidan aplicarla sobre sí mismos.
Quizás el problema más profundo de la Argentina no sea un gobierno, un dirigente o un partido determinado. Quizás sea esta incapacidad colectiva para aplicar la misma vara a todos. Porque mientras la moral pública continúe utilizándose como un arma facciosa y no como un principio, seguiremos atrapados en el mismo círculo de hipocresía, escándalos selectivos y decadencia institucional.
Y entonces la pregunta seguirá vigente.
¿Quién tiene realmente autoridad para interpelar a quién?