Cuando el foco cambia, pero la pregunta sigue siendo la misma
Ficha Limpia volvió a instalar una pregunta que atraviesa toda la política argentina: ¿quién será el próximo blanco del desgaste político?
La política argentina parece haber encontrado una lógica que se repite con llamativa frecuencia. Cuando un gobierno no pertenece al peronismo, cada episodio polémico parece transformarse rápidamente en una oportunidad para desgastar su imagen pública. La pregunta entonces es inevitable: ¿quién será el próximo blanco?
No se trata aquí de defender personalmente a Manuel Adorni. Como cualquier funcionario público, está sujeto al escrutinio ciudadano, periodístico y judicial. La transparencia debe ser una obligación para todos los gobiernos, sin excepciones.
Pero la discusión también merece otra mirada.
Durante los últimos meses, buena parte del debate público se concentró en cuestionamientos hacia funcionarios del actual gobierno por montos que, siendo importantes si existieran irregularidades, resultan ínfimos cuando se los compara con algunas de las mayores causas de corrupción que marcaron la historia reciente del país.
Los argentinos todavía recuerdan expedientes que involucraron miles de millones de pesos y dólares: el escándalo del sistema SIRA; las investigaciones sobre contratos de seguros durante la gestión de Alberto Fernández; las denuncias vinculadas a Martín Insaurralde; las distintas causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner; los bolsos con casi nueve millones de dólares del ex secretario José López; la denominada Ruta del Dinero K con Lázaro Báez; La Rosadita y otros expedientes que aún hoy continúan produciendo consecuencias judiciales y políticas.
Cada uno de esos casos representó mucho más que una noticia policial. Representó hospitales que no se construyeron, escuelas que no se terminaron, rutas que nunca llegaron y millones de argentinos que vieron cómo los recursos públicos desaparecían mientras aumentaban la pobreza y la desigualdad.
Sin embargo, la sensación que existe en un sector importante de la sociedad es que hoy el foco parece desplazarse hacia hechos de menor magnitud, mientras aquellas causas estructurales parecen haber perdido centralidad en la discusión cotidiana.
El interrogante es si estamos frente a un control institucional saludable —que siempre debe existir— o si además convive una estrategia política destinada a desgastar al Gobierno nacional mediante una sucesión permanente de conflictos mediáticos.
Javier Milei llegó al poder como un outsider, cuestionando a gran parte del sistema político tradicional y prometiendo exactamente aquello que sostuvo durante su campaña: reducción del gasto público, equilibrio fiscal, desregulación económica y enfrentamiento con lo que denominó “la casta política”. Independientemente de que se compartan o no sus ideas, resulta evidente que gran parte de esas promesas comenzaron a traducirse en decisiones de gobierno.
Ese perfil disruptivo también lo convirtió en un blanco permanente de sectores políticos, sindicales, empresariales y mediáticos cuyos intereses se ven afectados por el nuevo escenario.
Argentina arrastra una pesada herencia de corrupción estructural que no pertenece exclusivamente a un solo partido político, aunque buena parte de las causas judiciales de mayor impacto hayan tenido como protagonistas a dirigentes del kirchnerismo y del peronismo. Esa realidad explica, en parte, por qué cualquier intento de modificar las reglas del juego genera fuertes resistencias.
La pregunta de fondo nunca fue si debe investigarse a un funcionario. La respuesta es sí, siempre.
La verdadera pregunta es otra.
¿Existe la misma intensidad para investigar todos los hechos de corrupción, cualquiera sea el signo político de sus protagonistas?
¿Se mide con la misma vara un gasto discutible de la administración actual que los miles de millones comprometidos en los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas?
Porque si el combate contra la corrupción pretende ser creíble, no puede depender del color político del gobierno de turno.
Los argentinos necesitan una Justicia que investigue todo, un periodismo que incomode a todos y una dirigencia que responda ante la ley sin privilegios.
La verdadera Ficha Limpia
Pero quizás la pregunta más incómoda sea otra: ¿cuántos dirigentes políticos y cuántos periodistas podrían exhibir hoy una verdadera Ficha Limpia frente a la sociedad?
La credibilidad no se declama; se demuestra.
Si el compromiso con la transparencia es real, el Congreso debería aprobar de una vez una Ficha Limpia sin excepciones, con los mismos estándares para todos, sin importar el partido político ni el gobierno de turno.
Argentina necesita terminar con la doble vara: investigar a todos con el mismo rigor, exigir independencia a la Justicia y al periodismo, y garantizar que quienes administran los recursos públicos puedan rendir cuentas ante la ciudadanía.
Porque si hoy el caso Adorni deja de ocupar el centro de la escena, probablemente aparezca otro nombre para alimentar la confrontación política.
La verdadera pregunta sigue siendo la misma: ¿quién será el próximo?
Más importante aún: ¿seguiremos discutiendo personas o construiremos instituciones capaces de impedir que la corrupción vuelva a convertirse en uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del país?
El desafío nunca fue defender a un funcionario. El desafío es construir una República donde la ley sea realmente igual para todos.
Por : Alejandro Monzon Grzelak