Redacción

El Concejo Deliberante de Concordia aprobó este jueves la ordenanza que declara la emergencia ambiental en la ciudad. La medida habilita al Departamento Ejecutivo a implementar un nuevo esquema de recolección de residuos mediante la concesión de un sector del servicio a manos privadas.

Minutos después de la sesión, las partes salieron a decir lo suyo. Mientras que el bloque de Juntos por Entre Ríos defendió la iniciativa como una solución necesaria para un sistema “agotado”, el Justicialismo denunció una maniobra planificada para favorecer contrataciones directas sin transparencia.

El argumento oficial: “Fortalecer la gestión y preservar la salud”

Desde el bloque oficialista, el concejal Felipe Sastre fue el encargado de fundamentar la postura del gobierno local. Según el edil, la decisión busca revertir años de falta de planificación en una ciudad que ha crecido notablemente.

“En primer lugar a la sociedad debe quedarle en claro que el objetivo de esta decisión del Ejecutivo es fortalecer la gestión de residuos que a lo largo de los años, debido al crecimiento de la ciudad y sin planificación, se fue transformando en un desafío ambiental, sanitario y hasta económico para la Municipalidad”, remarcó Sastre.

El concejal subrayó que la declaración de emergencia brindará herramientas para ejecutar políticas que minimicen el impacto ambiental y permitan continuar con la erradicación de microbasurales. Además, enfatizó que la medida “se toma pensando en la gente para garantizar un servicio público que es esencial”.

Clarificaciones sobre la concesión y el empleo

Ante las críticas por una posible privatización total, Sastre aclaró que se trata de una concesión parcial y que el Estado mantendrá el rol de contralor.

“No se está privatizando. Como Estado vamos a estar siguiendo y controlando que se cumplan los mecanismos establecidos para que la recolección se haga en los términos que lo indique la concesión”, afirmó, citando modelos mixtos exitosos en otras ciudades del país.

Respecto a la situación de los empleados municipales afectados al área, el edil llevó tranquilidad: “Nadie pierde su fuente laboral con esta decisión ya que los trabajadores van a ser reubicados en otras áreas de la Municipalidad”.

La denuncia opositora: “Un negocio aceitado”

Por su parte, el Bloque de Concejales Justicialistas expresó un “profundo rechazo” a lo que consideran una degradación institucional del Concejo Deliberante.

“Entendemos que la declaración de emergencia constituye un artilugio legal para eludir los mecanismos de control y transparencia, reemplazando el proceso de licitación pública por la contratación directa”, señalaron en un comunicado titulado: “Algo huele mal en Concordia: ¿Emergencia ambiental o negocio?”.

Cuestionamientos a la celeridad del proceso

El peronismo local calificó el proceso como un “esquema sincronizado” y sostuvo que el operativo ya estaba en marcha antes de la votación:

• Presencia de camiones: la noche previa habrían ingresado cinco unidades de la empresa VITSA.
• Boletín Oficial: la ordenanza fue publicada y entró en vigencia a pocas horas de aprobada.
• Comunicación anticipada: el comunicado oficial habría circulado antes de finalizada la sesión.

“Todo indica que en las próximas horas se avanzará con la firma del contrato. Se trata de un esquema sincronizado que configura, sin lugar a dudas, un negocio aceitado”, concluyeron.

Lo que no se dice: desorden estructural, pobreza visible y una deuda ambiental histórica

Más allá de la disputa política coyuntural, hay elementos que permiten ampliar la mirada y complejizar el debate.

En primer lugar, lo ocurrido en las horas previas a la votación expone un manejo, como mínimo, desprolijo del proceso de concesión. El ingreso de camiones recolectores de la empresa VITSA antes de la aprobación formal refuerza la idea de que la decisión estaba previamente ejecutada, independientemente del debate institucional.

Pero reducir el problema a esta discusión sería simplificarlo. La crisis de los residuos en Concordia no es nueva ni atribuible a una sola gestión. Por el contrario, atraviesa a distintas administraciones que nunca lograron controlar un punto neurálgico: el mantenimiento del parque automotor municipal. Los talleres, históricamente señalados por vecinos de la zona, han sido una caja negra donde el control efectivo brilló por su ausencia.

Las consecuencias de esa desorganización están a la vista: contenedores saturados en distintos barrios, microbasurales que se multiplican y un entorno degradado que ya no puede explicarse solo como una falla del servicio, sino como una expresión directa de la pobreza estructural que atraviesa la ciudad.

A esto se suma una deuda aún más profunda y silenciosa: el tratamiento de los residuos. El basural a cielo abierto del Campo del Abasto, en la zona de Cambá Paso, es quizás la imagen más cruda de esa desidia acumulada durante años. La contaminación de las napas por enterramiento de basura es un daño ambiental de larguísima recuperación, mientras que el terreno, horadado por la extracción de miles de metros cúbicos de ripio, presenta hoy un paisaje que muchos describen como un “campo de guerra”, improductivo y abandonado.

En ese contexto, la discusión sobre la concesión aparece como una pieza más —quizás necesaria, quizás apresurada— dentro de un problema mucho más amplio que incluye falta de planificación, ausencia de controles históricos y un deterioro social evidente.

Incluso en el corto plazo, ya comienzan a surgir dudas operativas: el primer esquema de recolección diagramado no se estaría cumpliendo en su totalidad, lo que abre interrogantes sobre la eficacia real del nuevo sistema en esta etapa inicial.

La doble lectura

La versión oficial habla de una decisión necesaria para ordenar un sistema colapsado y proteger la salud pública.
La lectura opositora denuncia un mecanismo diseñado para acelerar contrataciones sin controles.

Pero por debajo de ambas narrativas subyace una verdad incómoda: el problema de los residuos en Concordia no empieza con esta ordenanza ni termina con una concesión.

Es el resultado de años —o décadas— de desorden, falta de control, degradación ambiental y una pobreza que ya no se puede ocultar detrás de un contenedor desbordado.

Pregunta abierta

Si la emergencia es real —y todo indica que lo es—, la pregunta ya no es solo quién presta el servicio, sino quién controla, cómo se planifica a largo plazo y, sobre todo, si existe una decisión política real de enfrentar el problema de fondo.

Porque sin eso, cualquier esquema —público, privado o mixto— corre el riesgo de convertirse en una solución transitoria sobre un problema estructural.