La operación Rusia Argentina periodistas ensobrados vuelve al centro del debate en abril de 2026, tras revelaciones que apuntan a financiamiento externo, manipulación informativa y una posible red de influencia sobre medios locales.
En Argentina, las operaciones de inteligencia ya no se mueven únicamente en las sombras del poder político o en los pasillos judiciales. Hoy, el campo de batalla es otro: los medios, las redes y la construcción de sentido. Y en ese tablero, lo que comienza a emerger en abril de 2026 es, cuanto menos, inquietante.
Una trama que mezcla financiamiento externo, alineamientos editoriales sospechosos y periodistas que —lejos de informar— habrían actuado como operadores de intereses extranjeros. En este caso, con un nombre que resuena fuerte en el escenario global: Rusia.
Lo que no se dice
Durante años, ciertos comunicadores instalaron discursos que parecían “alternativos”, “anti-sistema” o incluso “contrahegemónicos”. Sin embargo, lo que hoy empieza a discutirse es si detrás de esas líneas editoriales existió algo más que convicciones ideológicas.
¿Hubo financiamiento? ¿Se direccionó la agenda informativa? ¿Se operó sobre la opinión pública en momentos clave?
Las sospechas ya no circulan solo en voz baja. Empiezan a tomar forma en investigaciones, filtraciones y movimientos geopolíticos que ponen el foco en América Latina como territorio de disputa narrativa.
Antecedentes que anticipaban el escenario
No es un fenómeno nuevo. En el contexto de la guerra informativa global, ya se han documentado operaciones similares en Europa y Estados Unidos, donde medios y periodistas fueron señalados por amplificar intereses estratégicos de potencias extranjeras.
Argentina, con su histórica fragilidad institucional, su grieta permanente y su ecosistema mediático fragmentado, aparece como terreno fértil para este tipo de influencias.
La doble lectura
Versión oficial: No hay pruebas concluyentes. Todo forma parte de una “caza de brujas” o una sobreactuación mediática en un contexto electoral caliente.
Lectura real: Cuando determinadas voces repiten sistemáticamente líneas discursivas alineadas con intereses externos, minimizan ciertos conflictos internacionales y sobredimensionan otros, la pregunta deja de ser incómoda para volverse necesaria.
Periodismo o militancia paga
El periodismo argentino atraviesa una crisis de credibilidad profunda. Pero este nuevo capítulo abre una dimensión aún más delicada: la posibilidad de que parte de esa crisis no sea solo producto de la polarización interna, sino de influencias externas operando con recursos concretos.
No se trata solo de “ensobrados” en el sentido clásico —política local, pauta, favores—, sino de algo más sofisticado: financiamiento indirecto, plataformas digitales, redes de amplificación y construcción de relato.
El momento de quiebre
Abril de 2026 podría marcar un punto de inflexión. Si las investigaciones avanzan, no solo podrían quedar expuestos nombres propios, sino también estructuras completas de comunicación que operaron durante años con agendas encubiertas.
Y entonces sí, la noche no será solo para algunos periodistas. Será para un sistema entero que deberá explicar hasta qué punto la información fue manipulada.
Preguntas que incomodan
¿Quién controla a los que dicen informar?
¿Qué intereses se esconden detrás de ciertas narrativas?
¿Cuánto de lo que consumimos como “noticia” responde realmente a la verdad?
En tiempos donde la información vale más que nunca, la transparencia ya no es una virtud: es una obligación.
Una investigación basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio que incluye al medio inglés openDemocracy, sostiene que una red rusa (“La Compañía”) buscó influir en medios de Argentina para desacreditar al gobierno de LLA.
Según esos registros, entre junio y octubre de 2024 la red habría presupuestado US$ 283 mil para “inyectar” al menos 250 artículos críticos en más de 20 medios del país sobre Milei y la posición argentina respecto de Ucrania.
Se documentaron firmas inexistentes y contenido fabricado. El Gobierno informó en 2025 que había detectado una presunta red de agentes rusos y FOPEA reportó los mecanismos de la desinformación rusa en nuestro país.
Cuando Javier Milei llevaba pocos meses presidiendo Argentina, agentes rusos pusieron en marcha operaciones de desinformación e influencia política para desacreditar a su gobierno, según documentos filtrados a los que tuvo acceso un consorcio de 7 medios integrado, entre otros, por el medio africano The Continent y el inglés openDemocracy.
Milei, figura emergente en el ecosistema de la extrema derecha mundial, asumió el cargo en diciembre de 2023 y se alineó enseguida con los intereses estadounidenses, al principio apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia. También fijó su sello: la “motosierra”, en referencia a las medidas para “destruir el Estado desde adentro”, y un discurso caracterizado por insultos a quien se le opusiera.
A medida que Argentina -una sociedad ya polarizada– se tensaba más, una red respaldada por los servicios de inteligencia exterior de Rusia y conocida internamente como “La Compañía”, trató de explotar ese clima y echar leña al fuego. La Compañía es una entidad privatizada que desplegó en 2024 operaciones de propaganda e influencia política en más de 20 países de África y América del Sur, según los archivos filtrados.
La información se encuentra en 76 documentos que obtuvo The Continent y que fueron analizados y verificados por un consorcio periodístico que incluye a openDemocracy, Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia), Filtraleaks (Argentina) y 2 periodistas independientes de habla rusa.
Según los documentos, La Compañía se dedicó a contratar encuestas, informes sobre el complejo militar-industrial de Argentina y sus recursos petroleros en la Antártida, los partidos políticos y los sindicatos. También efectuó análisis de “riesgos y oportunidades”, perfiles de figuras públicas y “entrevistas a expertos, políticos, politólogos y economistas de la oposición”. Trazó, incluso, planes para apoyar a candidatos de la oposición en las elecciones legislativas de 2025.
Pero su actividad más intensa fue instalar “una red para la distribución de contenidos en los medios de comunicación argentinos y en el segmento local de las redes sociales”.
La investigación encontró registros de al menos 250 noticias, análisis y artículos de opinión publicados en más de 20 medios digitales entre junio y octubre de 2024, con un presupuesto de US$ 283 mil.
Los documentos, presuntamente dirigidos a los encargados y financiadores de La Compañía, consignan intentos de exagerar el alcance de las operaciones, por ejemplo, duplicando en las planillas algunos de los artículos efectivamente publicados en los medios.
Los registros incluyen facsímiles con supuestas tarifas fijas por la publicación de contenidos en cada sitio web, desde US$ 350 a US$ 3.100 por artículo. Pero no indican si el dinero fue a los medios, a los periodistas o a terceros que pudieron haber actuado como intermediarios, agencias de prensa o consultoras de comunicación. Es posible, también, que estos montos fueran inflados. La investigación no pudo verificar si se realizaron pagos ni a quién.
El contenido consistía principalmente en malas noticias y comentarios críticos sobre la situación económica de Argentina, el costo social y humano de las medidas de austeridad fiscal y el aumento de las tensiones diplomáticas con gobiernos de la región.
Pero muchos artículos incluían referencias favorables a Rusia y contrarias a Estados Unidos. Había también distorsiones, exageraciones y falsas noticias.
openDemocracy, Forbidden Stories y Filtraleaks, que colaboraron en esta investigación, contactaron a todos los medios mencionados en los documentos y lograron entrevistar a directores, editores o periodistas de 15 de ellos.
Muchos pidieron no ser identificados. Todos negaron cualquier implicación con dinero o campañas de Rusia. La mayoría de las fuentes explicaron que los artículos habían sido ofrecidos gratuitamente por un tercero, descrito como una “agencia de prensa”, “consultora” o “intermediario”. Varios admitieron que se publicaron sin mucho control editorial.
Dos fuentes separadas reconocieron que recibieron pagos por publicar algunos de los artículos, pero por montos muy inferiores a los registrados en los documentos rusos. Las 2 fuentes dieron versiones parecidas sobre el origen de los artículos y del dinero. En un caso, se trató de intermediarios que contactaban a los periodistas para gestionar la publicación de artículos mencionando a un grupo de empresarios preocupados por el estado de la industria nacional. En el otro, empresarios enojados porque el gobierno de Milei suspendió toda la obra pública.
“Es posible, pero no muy frecuente, que un redactor pueda colar publicaciones sin conocimiento de su editor. Y, si es cierto que esta red pagó más de 250 artículos, entonces es muy improbable que ningún editor o editora haya prestado atención al tema”, dijo a openDemocracy el experto en medios e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Martín Becerra.
Y agregó: “La precarización de los medios, el relajamiento excesivo de la curaduría editorial y la consecuente permisibilidad de las empresas periodísticas habilita un entorno favorable a campañas de desinformación”.
Autores ficticios y contenido fabricado
Muchos artículos no tenían autoría y, cuando aparecían firmas, los nombres eran desconocidos o inventados.
Según los facsímiles publicados por openDemocracy, el sitio web Realpolitik supuestamente publicó 20 artículos a un precio de US$ 550 cada uno, por un total de US$ 11 mil. Todos tenían autores, pero cuando openDemocracy preguntó por ellos al director del medio, Santiago Sautel, este dijo que no los conocía.
“Publicamos columnas de opinión todo el tiempo”, dijo. Y agregó: “El origen de estas, en particular, lo desconocemos. Sí damos fe de que no se trató de ninguna maniobra non sancta cocinada tras bambalinas en una sede diplomática. Y si algunas de estas publicaciones se orquestaron en las sombras bajo algún interés puntual, lo desconocemos”.
Una de esas firmas, Manuel Godsin -vinculada a una noticia sobre las universidades que se manifestaban contra los recortes presupuestarios de Milei– fue desenmascarada ya 2 veces. Godsin aparece como doctor por la Universidad de Bergen y miembro de un Centre for Political and Strategic Studies. Nada de esto es cierto, tampoco su cara, que corresponde a la foto de un ruso llamado Mikhail Malyarov. En 2025, el medio Africa Confidential lo expuso como un “perfil virtual” usado para propagar desinformación prorrusa en ese continente.
Una investigación del medio africano Code for Africa, publicada en marzo a partir de un reporte de OpenAI, afirma que es una “identidad ficticia”, creada para “blanquear narrativas rusas en los medios de comunicación convencionales” mediante contenido generado por ChatGPT.
Estas caras no pertenecen a estos autores falsos. De izquierda a derecha: Gabriel di Taranto, Marcelo Lopreiatto, Juan Carlos López y Manuel Godsin | James Battershill / openDemocracy
Otras firmas fantasma identificadas en esta investigación son Gabriel di Taranto, Juan Carlos López y Marcelo Lopreiatto. Los 3 figuran como autores en el sitio web Diario Registrado, al que los documentos filtrados le atribuyen la publicación de 26 notas por un valor de US$ 28.600. El medio no respondió a nuestras solicitudes de entrevista.
Di Taranto aparece en 20 artículos en 3 sitios web diferentes (Diario Registrado, C5N y Ámbito). Se lo describe como titular de un Máster en Comunicación Política por la Universidad Nacional de Avellaneda. Sin embargo, cuando Forbidden Stories le preguntó al respecto, la universidad negó que existiera tal título y afirmó que Di Taranto no figuraba como estudiante ni en ningún otro rol. La imagen vinculada a su biografía fue generada con software de Nvidia, según un artículo de Metro publicado en 2018, y se utilizó en varios perfiles de redes sociales.
Ámbito, un diario financiero tradicional que pasó al formato digital en 2024, aparece mencionado por la supuesta publicación de 8 artículos, valuados por los rusos en US$ 20 mil. Sus editores no respondieron a los pedidos de entrevista.
Entre tanto, la cara asociada a Juan Carlos López se puede encontrar en un banco de imágenes y, de nuevo, en perfiles de redes sociales en Facebook y LinkedIn, vinculada a diferentes nombres y actividades. Esta firma aparece en 9 artículos registrados en los documentos rusos y publicados en Diario Registrado.
C5N, el sitio web del canal de noticias C5N TV, figura en los documentos rusos publicando 17 artículos supuestamente por un valor de US$ 32.500, 14 de ellos firmados por Lopreiatto y Di Taranto. Sus editores declinaron hacer comentarios.
A24.com, un digital de noticias del canal A24 -parte del grupo América- publicó 10 artículos sin autoría o firmados como “Redacción A24”. Los documentos mencionan un presunto monto de US$ 16.500. Los editores no contestaron los pedidos de entrevista.
Diario Con Vos, un portal que perteneció al grupo de medios Radio Con Vos hasta 2024 y luego pasó a llamarse Es Nota, publicó 37 artículos a cambio, supuestamente, de US$ 40.700 según los documentos. La mayoría estaban firmados. Su director no aceptó el pedido de entrevista.
Otros digitales consignados en las planillas que publicaron artículos son Big Bang News (16 notas por US$ 12 mil) y Dos Bases (18 notas por US$ 6.300). Una fuente de Big Bang News negó cualquier relación con campañas o dinero de Rusia y aseguró que las notas fueron encargadas por los editores a sus periodistas. Dos Bases no contestó las preguntas del consorcio de medios.
El Grito del Sur, un digital de izquierda, aparece en los documentos con 6 notas por supuestamente US$ 2.400. En una respuesta por escrito, el editor en jefe Yair Cybel negó que hubieran aceptado dinero para publicarlas, pero aclaró que aceptan “toda información dispuesta a desacreditar al gobierno de Milei, con fundamento en la realidad objetiva”.
Y agregó: “Nuestro medio respalda fervientemente a la Federación Rusa en su conflicto con Ucrania, a Palestina en el genocidio al que lo somete Israel y a Argentina en su reclamo por Malvinas. Nuestro comité editorial en plenitud anhela que las tropas rusas de Putin avancen hasta tomar Londres, y hará su humilde aporte comunicacional para que eso se concrete”.
Tambores falsos de guerra
El 23 de agosto de 2024, el sitio web El Destape publicó una nota que contiene una versión sobre 3 argentinos detenidos por la policía chilena mientras transportaban un artefacto explosivo, un dron y “mapas electrónicos” de la región de Ñuble, cerca de la frontera binacional. El hecho, que aparece mencionado en el artículo firmado por Fernanda Velázquez, cuya única huella digital es una página con sus reportajes en El Destape, no pudo ser verificado.
Según openDemocracy, esta historia figura en un documento filtrado: “Para crear tensión entre Argentina y Chile (13-29 de agosto), se introdujo una noticia sobre Milei enviando un grupo de sabotaje para organizar un ataque terrorista contra el gasoducto transandino en Chile con el fin de interrumpir un contrato de gas, en interés de EE.UU.”.
El Destape -un portal de noticias lanzado en 2014 que incluye una emisora de radio y un canal de televisión- aparece en los documentos rusos. Sus editores se negaron a responder a las preguntas de openDemocracy.
La historia de los falsos saboteadores fue recogida por 2 digitales chilenos, Osorno en Vivo y La Razón. El editor de Osorno en Vivo, Juan Luis Rubilar, dijo a openDemocracy por escrito: “Alguien copió la nota y la puso en la web. No sabemos quién. No se recibió pago. Mil disculpas; si es falsa la podemos sacar de la web”. La Razón no contestó nuestras preguntas.
Los rusos ensayaron otros títulos escabrosos sobre Argentina y Chile, como “Mapa de la partición de Chile tras la guerra con Argentina” y “Se están reclutando soldados en Argentina para una guerra con Chile”. No encontramos registro de que algo así se hubiera publicado.
Otra línea de propaganda buscó explotar la extravagante relación de Milei con sus perros. “Objetivo y descripción: inyectar una noticia sobre Milei comprando 5 collares para perros de Cartier por valor de US$ 64 mil en EE.UU.”, dice uno de los documentos. No hay referencias sobre dónde se publicó esto, pero un artículo idéntico apareció en un sitio web de República Dominicana y en una publicación de Instagram.
Capturas de pantalla de publicaciones digitales que muestran graffitis y una pancarta con contenidos de La Compañía contra Ucrania y Milei | James Battershill / openDemocracy
¿Qué es La Compañía?
Los documentos muestran vínculos claros entre La Compañía, el servicio de inteligencia exterior de Rusia (SVR) y el extinto grupo Wagner del fallecido comandante Yevgeny Prigozhin, tal como reveló una investigación previa de openDemocracy, que puso de manifiesto cómo agentes intentaron apuntalar al tambaleante gobierno del ex presidente Luis Arce en Bolivia.
Uno de los 17 ex contratistas de Wagner que siguieron vinculados a La Compañía es Alexey Evgenievich Shilov, quien coordinó las acciones en Argentina. “Organizó y llevó a cabo una operación sociopolítica para desacreditar la política proucraniana de los dirigentes de Argentina”, dice su biografía en uno de los documentos filtrados.
En octubre de 2024, los rusos tomaron nota de que las autoridades argentinas les seguían los pasos.
“A la luz del mayor control de los servicios especiales argentinos sobre la injerencia externa, los acuerdos alcanzados con las fuerzas de la oposición permitirán llevar a cabo más trabajo en el territorio del país utilizando fuerzas locales”, se lee en un plan de trabajo para intensificar los intercambios con políticos de la oposición.
Ocho meses después, el Gobierno argentino informó que había detectado una presunta red de agentes rusos involucrada en “campañas de desinformación e influencia contra el Estado argentino”. Dos residentes rusos, Lev Konstantinovich Andriashvili y su esposa Irina Yakovenko, fueron señalados como líderes del grupo.
La senadora argentina Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad de Milei hasta diciembre de 2025, dijo a Filtraleaks que a mediados de ese año fue advertida de actividades rusas de desinformación por la entonces secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, que no mencionó a La Compañía, pero habló de pagos a medios y periodistas.
“Recibimos información fehaciente sobre una campaña de desinformación rusa en contra de nuestro gobierno”, dijo Bullrich.
Según una investigación del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), publicada en enero de este año, Andriashvili y Yakovenko abandonaron Argentina rumbo a San Petersburgo días después de que el gobierno revelara sus nombres, pero regresaron en octubre de 2025. Al momento de publicar esta investigación, ambos siguen viviendo en Buenos Aires.
En una respuesta por escrito a openDemocracy, Andriashvili dijo: “Nunca hemos contactado a medios de comunicación, periodistas ni figuras políticas. Y no tenemos ninguna relación con la organización mencionada en su descripción. Tampoco se han presentado pruebas que respalden dichas acusaciones, simplemente porque no existen”.
En el negocio del caos
Cuando Milei llegó al gobierno, cambió la posición neutral ante la guerra entre Rusia y Ucrania de la administración de Alberto Fernández, que mantenía relaciones amistosas con Moscú.
En 2025, con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca y Milei totalmente alineado con él, Argentina se abstuvo en una votación de la ONU que reclamaba el retiro inmediato de Rusia de los territorios ucranianos invadidos. Washington votó en contra. Pero la guerra de Rusia contra Ucrania es un asunto marginal en la agenda pública argentina.
En las elecciones de 2025, el partido de Milei obtuvo una victoria ajustada y ganó más bancas en el Congreso -pese a estar inmerso en causas de corrupción– y después de que Trump dejara en claro que un rescate de US$ 20 mil millones para la economía argentina dependía de que el partido del Presidente ganara los comicios.
Además de los US$ 283 mil presupuestados por La Compañía supuestamente para influir en los medios, en los registros de gastos se encontraron US$ 343 mil repartidos en rubros como recopilación de información y organización del trabajo en el terreno.
“El resultado de esa inversión fue el opuesto al teóricamente pretendido. Lo que me hace dudar acerca de sus verdaderos propósitos”, dijo el experto en medios Martín Becerra.
“El Wagner Group, y en general las actividades de Putin en desinformación e inteligencia consisten en crear caos y desorden, generando un panorama de descrédito de instituciones legitimadas en el pasado, medios y periodistas incluidos”, dijo. El objetivo es “pescar en río revuelto”.
Por tanto, las campañas de desinformación rusas no deben interpretarse como unidireccionales. “Pueden, en un determinado contexto, favorecer a alguien como Donald Trump y, en otro, dañar su reputación”, señaló Becerra.
La Presidencia argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el servicio de inteligencia SIDE, la Embajada de Rusia, Shilov y el SVR no contestaron los pedidos de entrevista de openDemocracy.
La operación rusa utilizó identidades falsas para publicar contenido contra el Gobierno de Milei en diversos medios.
Los documentos filtrados que revelaron la red de desinformación rusa en Argentina confirmaron que uno de los mecanismos más utilizados para difundir su propaganda fue la creación de periodistas falsos mediante inteligencia artificial para firmar artículos en numerosos medios.
El esquema se basó, entre otras cosas, en la publicación de contenidos sin autoría clara o firmados por personas inexistentes, diseñadas para dar apariencia de legitimidad a noticias y análisis alineados con intereses rusos, y en contra del Gobierno de Javier Milei.
En muchos casos, los nombres utilizados no tenían ningún tipo de trayectoria verificable, mientras que las imágenes asociadas a estos perfiles fueron generadasdigitalmente o reutilizadas.
Uno de los periodistas falsos.
Los periodistas falsos
Uno de los casos es el de Manuel Godsin, quien firmó artículos vinculados a temas como las “protestas universitarias” de la izquierda contra el gobierno de Javier Milei.
Este supuesto autor se presentaba como doctor por la Universidad de Bergen y miembro de un “Centre for Political and Strategic Studies”, credenciales que fueron desmentidas en su totalidad.
La investigación determinó que su imagen correspondía en realidad a un ciudadano ruso llamado Mikhail Malyarov. En 2025, el medio Africa Confidential ya había expuesto a Godsin como un “perfil virtual” utilizado para difundir desinformación prorrusa en África.
https://youtube.com/watch?v=aNgQyufH-tY
A su vez, un informe del medio Code for Africa, basado en un reporte de OpenAI, confirmó que se trató de una “identidad ficticia” creada específicamente para “blanquear narrativas rusas en los medios de comunicación convencionales” mediante contenido generado con herramientas como ChatGPT.
La investigación también identificó otras firmas fantasma utilizadas en Argentina, como Gabriel Di Taranto, Juan Carlos López y Marcelo Lopreiatto. Estos nombres aparecieron como autores en el sitio Diario Registrado, al que los documentos filtrados atribuyen la publicación de 26 artículos por un total de 28.600 dólares.
En el caso de Di Taranto, su firma figura en al menos 20 artículos distribuidos en Diario Registrado, C5N y Ámbito. Era presentado como especialista con un máster en Comunicación Política por la Universidad Nacional de Avellaneda, pero la institución negó su existencia y confirmó que nunca formó parte de su comunidad académica. Su imagen fue generada mediante software de Nvidia y reutilizada en múltiples perfiles digitales.
Otro periodista falso.
Por su parte, la identidad de Juan Carlos López también fue desmentida al comprobarse que la fotografía asociada a su perfil provenía de un banco de imágenes y estaba vinculada a distintas identidades en redes sociales. Esta firma aparece en nueve artículos identificados dentro de los documentos analizados.
En tanto, Marcelo Lopreiatto firmó 12 publicaciones en C5N y Diario Registrado. Su rostro proviene de una imagen utilizada en 2019 por una empresa que ofrecía retratos generados con inteligencia artificial como parte de una campaña promocional.
Los registros también indican que C5N publicó 17 artículos dentro de este esquema, con un valor estimado de 32.500 dólares, de los cuales 14 fueron firmados por Lopreiatto y Di Taranto.
Este mecanismo consolidó una estrategia de desinformación sofisticada por parte de Rusia que combinó tecnología, financiamiento y manipulación informativa para influir en la agenda política argentina.
Por Análisis Litoral | URGENTE – 3 de abril de 2026 – 18:39
La versión comenzó como tantas otras en la Argentina: fuerte, explosiva, viral. Una supuesta red financiada desde Rusia habría pagado cientos de artículos contra el presidente Javier Milei en medios nacionales. Nombres propios, cifras en dólares y una narrativa perfecta para alimentar la grieta.
Pero detrás del impacto inicial, empieza a aparecer algo más complejo. Y más incómodo.
El punto de partida no es menor. La investigación surge de documentos filtrados analizados por la organización internacional openDemocracy, donde se describe una operatoria de influencia vinculada al Kremlin. Según esos registros, se habrían financiado al menos 250 artículos en Argentina por una suma cercana a los 300 mil dólares, con el objetivo de erosionar la imagen del gobierno nacional en un contexto geopolítico cada vez más tenso.
El dato que enciende las alarmas no es solo el volumen de publicaciones, sino el mecanismo: autores que no existen, firmas apócrifas, contenidos insertados a través de intermediarios y una lógica que mezcla información real con construcciones narrativas diseñadas para influir.
Hasta ahí, los hechos en investigación.
Ahora bien, el salto que se dio en redes sociales fue inmediato. Se señalaron medios concretos, se habló de financiamiento directo y se construyó una idea más contundente: que sectores del periodismo argentino habrían cobrado dinero ruso para atacar a Milei.
Ahí es donde la historia se vuelve difusa.
Porque hasta el momento no hay pruebas públicas concluyentes que confirmen pagos directos a grandes medios. Las empresas mencionadas rechazaron las acusaciones, desconocieron a los supuestos autores y, en varios casos, deslizaron que los contenidos podrían haber ingresado a través de colaboraciones externas.
Y ese punto cambia todo.
Porque si la infiltración fue indirecta, entonces el problema no es una conspiración ideológica organizada. Es algo más estructural. Más profundo. Más difícil de admitir.
Un sistema mediático precarizado, con redacciones achicadas, dependencia de contenido externo y una velocidad informativa que muchas veces deja en segundo plano la verificación. En ese contexto, una operación de influencia no necesita comprar voluntades: le alcanza con encontrar fisuras.
Lo que aparece, entonces, no es solo una denuncia geopolítica. Es un síntoma.
El impacto político de estas revelaciones ya empieza a sentirse. No se trata únicamente de “fake news” aisladas, sino de la posibilidad concreta de una operación de influencia extranjera orientada a erosionar la confianza institucional y profundizar la polarización social.
Para el gobierno de Javier Milei, esta denuncia —que fue reforzada por investigaciones periodísticas locales y consorcios internacionales durante 2025— se transformó en una pieza clave para validar su alineamiento con Occidente y endurecer su discurso en materia de seguridad e inteligencia.
El vocero presidencial Manuel Adorni incluso advirtió sobre la existencia de estructuras vinculadas a ciudadanos rusos, mencionadas bajo nombres como “La Compañía”, que habrían impulsado la inserción de estos contenidos en medios locales mediante financiamiento externo.
En ese marco, el Gobierno volvió a poner en el centro de la escena a la Secretaría de Inteligencia del Estado, argumentando que Argentina podría ser objetivo de lo que se conoce como “guerra híbrida”: operaciones que no se libran con armas tradicionales, sino con información, manipulación y construcción de sentido.
Las consecuencias en el tablero político ya son visibles. La polarización se profundiza, alimentada por narrativas que explotan temas sensibles y muchas veces triviales, diseñados para amplificar la confrontación entre oficialismo y oposición. La grieta, lejos de cerrarse, encuentra nuevos combustibles.
Al mismo tiempo, se abre una crisis de credibilidad en el sistema mediático. La posibilidad de que contenidos con firmas inexistentes hayan circulado en portales reales expone fallas en los mecanismos de control editorial y deja al descubierto una debilidad estructural que trasciende ideologías.
En el plano internacional, la tensión también escala. Rusia ha negado sistemáticamente estas acusaciones, lo que enfría las relaciones diplomáticas y coloca bajo sospecha cualquier vínculo político, empresarial o sindical con ese país.
Pero quizás el dato más relevante no esté en Moscú, ni en la Casa Rosada.
Está en el propio sistema argentino.
Porque si efectivamente se pudieron infiltrar cientos de contenidos, el problema no es solo quién los financió. El problema es por qué pudieron circular.
En una Argentina atravesada por la desconfianza, la grieta y la saturación informativa, la frontera entre noticia, operación y relato es cada vez más difusa. Y en ese terreno, cualquier actor externo con recursos y estrategia puede encontrar espacio.
Lo que hoy se presenta como “el escándalo del año” todavía está en etapa de reconstrucción. Falta evidencia concluyente, falta trazabilidad y falta, sobre todo, separar el dato de la utilización política del dato.
Pero hay algo que ya quedó expuesto.
El sistema no es tan sólido como se creía.
Y cuando eso ocurre, la discusión deja de ser sobre Rusia, sobre Milei o sobre el kirchnerismo.
Pasa a ser otra.
Quién escribe lo que leemos. Quién valida lo que creemos. Y quién, en definitiva, está moldeando la realidad que consumimos todos los días.
La reciente profundización en la baja de retenciones por parte del gobierno de Javier Milei vuelve a colocar al campo en el centro del tablero político y económico argentino. Pero esta vez, con un condimento distinto: no se trata solo de aliviar la carga fiscal, sino de abrir —quizás por primera vez en décadas— una ventana real para cambiar el modelo productivo del país.
La medida, que continúa reduciendo los derechos de exportación sobre productos clave como soja, maíz y carne, es leída en el interior como un gesto concreto hacia quienes generan divisas, empleo y arraigo territorial. En provincias como Entre Ríos, donde el pulso económico depende en gran parte del agro, el impacto no es teórico: es inmediato.
Pero detrás del dato fiscal hay algo más profundo.
Lo que no se dice
Durante años, el campo fue la caja de emergencia del Estado. Cada crisis, cada déficit, cada urgencia: la respuesta era la misma. Subir retenciones.
Desde el conflicto por la Resolución 125 hasta los niveles del 33% en soja durante el gobierno de Alberto Fernández, la historia reciente muestra un patrón repetido: castigar al que produce para sostener un modelo fiscal que nunca cierra.
Ese esquema no solo generó enfrentamientos políticos. También moldeó una cultura productiva defensiva, donde el productor se acostumbró a sobrevivir más que a innovar.
Una oportunidad que va más allá del alivio
La baja de retenciones no es solo una mejora en los márgenes. Es, potencialmente, un punto de inflexión.
Porque si el campo deja de estar asfixiado, aparece algo que en Argentina suele escasear: margen para pensar, invertir y transformar.
Y ahí es donde se abre una discusión que casi nunca se da:
¿Y si el problema no era solo cuánto se producía… sino cómo?
Durante décadas, el país se apoyó en un modelo primarizado: exportar granos, carne, materias primas. Commodities. Volumen. Precio internacional.
Pero el mundo cambió.
Hoy no alcanza con producir. Hay que diferenciarse.
De granero a supermercado del mundo (pero en serio)
Argentina tiene condiciones únicas para dar un salto cualitativo:
Alimentos con trazabilidad y valor agregado
Producción orgánica y sustentable
Industria alimentaria con identidad regional
Innovación en biotecnología y agroindustria
La baja de retenciones puede ser el disparador de ese cambio.
Menos presión fiscal no solo mejora la rentabilidad. También libera capital para algo más importante: creatividad productiva.
Pasar del commodity al producto elaborado. Del grano al alimento terminado. De exportar volumen a exportar calidad.
Convertirse, de una vez, en ese “supermercado del mundo” tantas veces declamado… pero nunca concretado.
La otra cara del modelo
Claro que hay un límite.
El propio gobierno condiciona la baja de retenciones al superávit fiscal. Eso implica que el viejo dilema sigue vigente: cuando la caja aprieta, la tentación de volver a gravar al campo siempre está.
Ahí es donde la oportunidad se vuelve urgente.
Porque si el agro logra reconvertirse, agregar valor y diversificar exportaciones, deja de ser solo una fuente de recaudación rápida y pasa a ser algo más potente: un motor de desarrollo estructural.
Lo que está en juego
El debate no es simplemente político ni ideológico.
No es solo “apoyar o no al gobierno”.
Es entender que el interior productivo tiene, hoy, una ventaja poco frecuente en la historia argentina: un contexto donde producir es menos castigado.
Y eso cambia todo.
Pero también exige algo a cambio.
Porque si el campo —y toda la cadena agroindustrial— usa este alivio solo para producir más de lo mismo, la oportunidad se pierde.
En cambio, si lo usa para innovar, invertir y escalar en calidad, Argentina puede empezar a ocupar un lugar distinto en el mundo.
No como proveedor de materias primas. Sino como generador de alimentos de excelencia.
En síntesis
El campo argentino ya demostró que puede resistir.
Ahora tiene la oportunidad de demostrar algo más difícil: que puede transformarse.
La baja de retenciones no es un punto de llegada. Es un punto de partida.
La pregunta no es si este gobierno hizo más o menos que otros. La pregunta de fondo es otra:
¿Vamos a seguir siendo un país que exporta lo que le sobra… o uno que vende al mundo lo mejor que sabe hacer?
Detrás del pintoresco nombre con que el proyecto fue bautizado existe el interés concreto de limpiar el digesto legislativo argentino de todas sus impurezas o excesos normativos.
Luego de que nunca se trabara su tratamiento en el 2024 y el proyecto perdiera estado parlamentario, el Gobierno nacional volvió a ingresar la ley “Hojarasca”, una iniciativa concebida por el ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a barrer con decenas de normas y regulaciones burocráticas que considera vetustas y que ralentizan el flujo económico.
Detrás del pintoresco nombre con que el proyecto fue bautizado existe el interés concreto de limpiar el digesto legislativo argentino de todas sus impurezas o excesos normativos.
Durante meses, la cartera liderada por Sturzenegger se dedicó a peinar exhaustivamente todo el digesto normativo vigente en nuestro país desde 1864 a la fecha.
“La tarea lejos de ser engorrosa sirvió para visibilizar el exceso normativo que se fue acumulando a lo largo de la historia y para advertir su falta de sentido. En algunos casos, por haberse cumplido su objeto, por haber sido superadas esas regulaciones por nuevas prácticas, por nuevas tecnologías, o por haber cambiado las circunstancias geográficas, sociales, económicas o por la sanción de leyes posteriores”, sostiene el proyecto en sus fundamentos.
Al respecto, se indica que “como resultado de esta tarea se advierte la necesidad de eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren ya sea por su carácter obsoleto, inútil, o por haber sido superado por normativas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos”.
“Por ello, el proyecto de ley que se acompaña resulta de una revisión legislativa que apunta a eliminar legislación obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores o claramente violatoria de los principios constitucionales”, se agrega.
El proyecto de ley del Poder Ejecutivo busca invertir la lógica impuesta por “las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX”, según la cual “se presume que todo está prohibido, salvo lo que está expresamente permitido”.
“Sin embargo, el artículo 19 de la Constitución Nacional establece claramente que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
En ese sentido, los autores del proyecto dan vuelta el principio imperante y afirman que “para los individuos, todo está permitido, salvo lo expresamente prohibido”.
“Por ende, debe regir un principio de máxima libertad y no de máximo control”, subrayan.
6 motivaciones de la derogación de normas
a) Leyes que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad.
b) Leyes que eliminan trámites inútiles y sin sentido.
c) Leyes que fueron mejoradas o superadas por otras leyes posteriores.
d) Leyes que obsoletas por los cambios tecnológicos.
e) Leyes que definían obligaciones para instituciones que ya no existen.
f) Leyes que crean organismos con financiamiento público
Leyes que afectan libertades
Ley N° 14.034 (1951). Impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país
Ley N° 18.312 (1969). Controla la disponibilidad de papel de diario.
Ley N° 19.787 (1972). Obliga a la difusión de ciertos tipos de música que el Estado consideraba se debía escuchar
Ley N° 20.120 (1973). Obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar.
Ley N° 20.959 (1975). Otorga a senadores y diputados de la Nación libre circulación y libre estacionamiento.
Ley N° 20.983 (1975). Los medios quedaban obligados a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.
Ley N° 22.964 (1983). Esta ley permite la internación forzosa de enfermos de lepra.
Leyes superadas o mejoradas
Ley N° 94 (1864). Inhabilita por 10 años a la autoridad que haga azotar a una persona.
Ley N° 17.557 (1967). Versa sobre la instalación de equipos de rayos X para la seguridad.
Ley N° 20.843 (1974). Instaura figura de “Padrinazgo Presidencial” del séptimo hijo
Ley N° 22.109 (1979). Esta norma sobre la vacunación de la viruela ha sido superada por la Ley N° 27.491 que establece el plan integral de vacunación
Leyes obsoletas por avance de la tecnología
Ley N° 448 (1870). Premio a quien descubra una mina de carbón.
Ley N° 18.569 (1970), Ley N° 20.114 (1973) y Ley N° 23.756 (1989). Implanta el uso del procedimiento de microfilmación para todo tipo de documentación en Ejército, la Armada y el Ejecutivo.
Ley N° 19.648 (1972). Declara de interés nacional la explotación de carbón mineral.
Ley N° 21.895 (1978). Autoriza las emisiones de televisión en color.
Leyes que implicaban trámites inútiles
Ley N° 14.800 (1959). Obliga a quien demuela un teatro a construir en el mismo predio otro con características similares.
Ley N° 19.340 (1971). Obliga a los propietarios que interrumpen una construcción a reportar dicha interrupción.
Ley N° 20.876 (1974). Declara de interés nacional a la apicultura.
Ley N° 21.056 (1975). Fuerza a las compañías de medios de transporte de media y larga distancia a exhibir material promocional del turismo
Ley N° 22.426 (1981). Esta ley obliga a que toda transferencia de tecnología o marcas sean aprobadas por el Estado.
Ley N° 22.963 (1983). Esta ley obliga a tener autorización estatal para el uso de mapas de Argentina para cualquier fin.
Ley N° 24.127 (1992). Instituye un “Premio Nacional a la calidad” en el sector privado y en la administración pública.
Ley N° 24.960 (1998). Instituye el premio “Prevención de las Adicciones”
Ley N° 25.750 (2003). Esta ley establece que la propiedad de los medios de comunicación deberá ser de empresas nacionales, limitándose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario.
Ley N° 26.227 (2007). Crea el Consejo Federal de la Juventud
Ley N° 26.688 (2011). Declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos.
Ley N° 27.171 (2015). Establece el registro del año de nacimiento y matrícula de las palomas mensajeras de carrera.
Leyes sobre organismos financiados con fondos públicos nacionales que deberían autofinanciarse
Ley N° 20.984 (1975). Crea el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina__IP__
Ley N° 24.807 (1997). Crea la Federación Argentina de Municipios.
Hay una fábula que en política debería enseñarse como materia obligatoria: la del cerdo flaco que sueña con maíz.
El animal, famélico, acorralado por la escasez, se duerme imaginando un campo dorado, abundante, generoso. En su cabeza, el maíz aparece solo, sin esfuerzo, sin siembra, sin cosecha. Come, engorda, se salva. Pero al despertar, nada cambió: sigue flaco, el corral sigue vacío y el hambre, intacta.
La enseñanza es brutal: soñar no es producir.
Y sin embargo, el peronismo vuelve a caer en esa lógica. El “Falta poco” que empieza a instalarse —casi como mantra colectivo— no es otra cosa que el nuevo “hay 2019”. Aquella consigna que, durante el desgaste de Mauricio Macri, funcionó como una promesa automática de regreso, sin necesidad de demasiadas explicaciones.
Hoy la escena se repite, con otros protagonistas pero el mismo reflejo.
No son frases al pasar: son una estrategia emocional hacia adentro. Un intento de sostener la moral propia frente a un escenario incierto. Pero también son, peligrosamente, una señal de que el peronismo podría estar otra vez confundiendo deseo con realidad.
El problema es que, esta vez, el contexto no es el mismo.
El “hay 2019” se apoyaba en un rechazo social acumulado. Hoy, en cambio, el escenario es más fragmentado, más volátil, más impredecible. Y sobre todo: con un actor que, lejos de desmoronarse como esperan algunos, sigue teniendo un núcleo duro que no se mueve.
Subestimar a Javier Milei —y al votante que lo sostiene— es, quizás, el error más repetido.
Porque ese votante no es pasivo. No está esperando que “vuelva lo conocido”. Al contrario: en muchos casos, se consolidó justamente en rechazo a eso. Cada vez que reaparecen las viejas caras, cada vez que el peronismo se muestra como un bloque reconocible, ese electorado tiende a reagruparse en defensa propia.
Efecto búmeran.
Algunos dentro del propio PJ lo entienden: mostrar encuestas propias como trofeos, celebrar caídas ajenas, insistir con nombres que ya tuvieron su turno, puede terminar fortaleciendo aquello que se busca debilitar.
La fábula vuelve a aparecer.
Mientras unos sueñan con el maíz —encuestas favorables, desgaste del Gobierno, retorno inevitable— otros advierten que el campo no está sembrado. Que no hay renovación clara, ni propuesta convincente, ni liderazgo ordenado.
Y ahí entra otro dato incómodo: la interna.
La “microfragmentación” que impulsa Massa, el armado amplio que imagina Cristina Fernández de Kirchner, las dudas sobre candidaturas, las tensiones con figuras como Sergio Uñac… todo configura un escenario donde el peronismo todavía está discutiéndose a sí mismo, más que construyendo una alternativa sólida.
Mientras tanto, el oficialismo también juega su propia partida. La figura de Manuel Adorni, envuelta en polémicas, no parece debilitar del todo el esquema de poder, que sigue contenido por la estructura libertaria y la centralidad presidencial.
Lo que no se dice: El peronismo no está cerca del poder: está cerca de creer que lo está. Y esa diferencia, en política, suele ser determinante.
Doble lectura:
Versión peronista: “Falta poco, el ciclo se agota”.
Lectura real: “No sabemos cómo construir mayoría, pero apostamos a que el desgaste haga el trabajo”.
El cerdo flaco también creía que el maíz estaba cerca.
Pero nunca sembró.
Por AM para https://www.analisislitoral.com.ar/
MEDICIONES INTERNAS
El dato de la prestigiosa consultora de origen brasileño que hace estudios en distintos países del mundo, es coincidente con el que manejan encuestadoras locales, que advierten un derrumbe en la imagen presidencial y en las expectativas para lo que resta del mandato.
En el peronismo circulan, incluso, otros datos más complicados. La última medición que le llegó a Massa muestra a Milei con 32 puntos de imagen positiva. El líder del Frente Renovador se regocija, además, con la medición de la consultora Alaska, de Juan Courel, que desde diciembre de 2023 pregunta a los encuestados a quién votarían si el domingo próximo se repitiera el ballotage de 2023. En marzo, por cuarta vez desde que inició el ciclo, el ganador de la pregunta fue Massa, por 52,1% a 47,9%.
La consultora Alaska presunta todos los meses qué pasaría si se repitiera el ballotage entre Javier Milei y Sergio Massa.
Con todo, hay voces internas del peronismo que avisan que hay que cuidarse del efecto búmeran. “Si seguimos mostrando esta foto, vamos a juntar a los antiperonistas. Se aglutinan enseguida”, advierte un dirigente que sigue de cerca los números de las encuestas. La foto de la multitud el 24 de marzo, dice, opera como una alarma para el Gobierno, que no consiguió ni siquiera que se le prestara atención al video que presentó como “El día de la memoria completa”. En el canal de Youtube de la Casa Rosada, la pieza audiovisual tuvo apenas 140 mil vistas y menos de cinco mil likes.
No se trata de confundir desesperación con necesidad. Se trata, en todo caso, de dejar de disfrazar la necesidad de cambio con la desesperación de sostener lo que ya fracasó.
El peronismo entrerriano atraviesa una de esas crisis que no se resuelven con comunicados, ni con expulsiones selectivas, ni con descargos jurídicos prolijos. Porque lo que está en discusión no es una conducta individual: es un sistema entero que empieza a hacer agua por todos lados.
Y en ese contexto, el descargo de Carolina Gaillard y las declaraciones incendiarias de Daniel Rossi no son más que síntomas de algo más profundo: la implosión de una estructura que hace tiempo dejó de representar a quienes dice defender.
Durante años, una parte del peronismo utilizó el sello partidario no como herramienta de transformación social, sino como vehículo de ascenso personal. No todos. Pero sí los suficientes como para vaciar de contenido una identidad histórica.
Gobernaron. Tuvieron poder. Tuvieron recursos. Y sin embargo, en ciudades como Concordia —epicentro de la pobreza estructural en la provincia— la realidad no cambió en lo esencial.
Entonces, la pregunta incómoda es inevitable: ¿qué legitimidad tienen hoy para volver a ofrecerse como solución?
Ficha limpia: el mínimo indispensable
En ese marco, la discusión sobre la “ficha limpia” deja de ser una consigna importada o una bandera coyuntural. Pasa a ser una condición básica.
Porque si un espacio político no puede garantizar que sus candidatos no arrastren causas judiciales o sospechas graves sin esclarecer, entonces no está en condiciones de pedir confianza.
No es una exigencia exagerada. Es lo mínimo.
Y sin embargo, dentro del PJ entrerriano, ese debate aparece diluido, relativizado o directamente esquivado. Mientras se aceleran sanciones contra algunos, se silencian antecedentes de otros. La famosa “doble vara” que hoy denuncian desde distintos sectores no hace más que profundizar la desconfianza.
Internas o simulacro
El planteo de Gaillard vuelve a poner el dedo en otra herida: la ausencia de internas reales. No como formalidad, sino como mecanismo genuino de competencia.
Cuando las listas se arman entre pocos, cuando el “dedo” reemplaza al voto, cuando la participación se convierte en una ficción, lo que se genera no es unidad: es expulsión.
Y eso ya está pasando.
Concejales, dirigentes territoriales y sectores juveniles empiezan a marcar la cancha. La llamada “rebelión desde abajo” no es un gesto épico: es una reacción lógica frente a un esquema que dejó de contener.
Porque cuando no hay lugar adentro, la política se organiza afuera.
La hipocresía del disciplinamiento
Uno de los puntos más delicados de esta crisis es el uso del aparato partidario para disciplinar disidencias.
Se castiga con rapidez a quienes rompen el esquema, pero se toleraron —durante años— decisiones políticas mucho más graves sin consecuencias internas. El caso de Edgardo Kueider, mencionado en los debates recientes, aparece como ejemplo de esa selectividad.
Lo mismo ocurre con votaciones clave durante la gestión de Gustavo Bordet, donde el silencio partidario fue la norma.
Entonces, la pregunta vuelve a ser incómoda: ¿se sanciona por principios o por conveniencia?
Concordia como espejo incómodo
Mientras tanto, en Concordia —la segunda ciudad más importante de la provincia— el peronismo intenta reordenarse de cara a 2027.
Pero hay un dato que no entra en ninguna rosca: la gente ya no es la misma.
Hay una generación —sobre todo jóvenes— que no vivió las viejas lealtades partidarias y que empieza a mirar con desconfianza a quienes “administraron la pobreza” durante años.
Y hay otra, más golpeada, que directamente dejó de creer.
A esos sectores no se los convence con unidad declamada ni con candidaturas de consenso entre los mismos de siempre. Se los interpela con hechos. Y con ética.
Los que se apropiaron de los sueños
Acá está el núcleo de la cuestión.
El peronismo nació como una herramienta de los más humildes. Pero en muchos casos, terminó siendo utilizado por dirigentes que se apropiaron —literalmente— de esas esperanzas.
Prometieron movilidad social y dejaron dependencia. Prometieron inclusión y consolidaron estructuras cerradas. Prometieron representación y construyeron privilegios.
Y ahora, cuando la sociedad empieza a pasar factura, la respuesta no puede ser cerrar filas ni perseguir disidentes.
El PJ entrerriano está ante una disyuntiva que no admite maquillaje:
O abre el juego, transparenta sus reglas y se somete a una renovación real (con ficha limpia incluida),
o insiste en un esquema agotado que puede garantizar control interno, pero no competitividad electoral.
Porque la unidad sin legitimidad no es fortaleza. Es una tregua frágil.
Y porque el verdadero riesgo no es la interna. Es llegar a la sociedad sin credibilidad.
La política puede tolerar errores. Lo que ya no tolera la sociedad es la impunidad disfrazada de conducción.
Y en Entre Ríos —como en muchos otros lugares— esa paciencia se terminó.
La pregunta no es quién va a ser candidato en 2027. La pregunta es si el peronismo va a animarse a cambiar de verdad… o si va a seguir administrando su propia decadencia.
Concejales de distintos departamentos cuestionaron la falta de internas y señalaron contradicciones en la conducción partidaria.Concejales de distintos departamentos cuestionaron la falta de internas y señalaron contradicciones en la conducción partidaria.Gaillard y Rossi. El peronismo de Concordia quiere evitar otra interna fatal y se reagrupa para la pelea por la intendencia Giano, Cresto y la dirigencia provincial confían en que pueden recuperar la ciudad. Creen que la tendencia negativa del Gobierno derramará sobre Azcué.
El peronismo de Concordia encontró un punto en común que empieza a ordenar lo que hasta hace poco era dispersión. Con cautela, la dirigencia de la segunda ciudad más importante de Entre Ríos inició contactos y comenzó a pensar en el armado de cara a 2027.
Hay una certeza compartida que funciona como límite y motor al mismo tiempo: nadie quiere repetir una interna fatal que termine dinamitando las —muchas o pocas— chances de recuperar la intendencia. Por eso, el diálogo ya comenzó, aunque todavía con agenda acotada y movimientos medidos.
Primeros movimientos y diagnóstico común
Dirigentes como Enrique Cresto, Ángel Giano y Gustavo Bordet intensificaron los contactos para empezar a darle forma al esquema 2027. A los intercambios por chat se suman reuniones puntuales y conversaciones con referentes territoriales e intendentes del departamento.
La hipótesis que empieza a consolidarse es clara: creen que existen condiciones para recuperar la gestión perdida hace tres años. El análisis se apoya en dos ejes principales.
Por un lado, una evaluación crítica de la gestión de Francisco Azcué, a la que califican como “mala” y con impacto electoral a mediano plazo. Por otro, la posibilidad de un efecto arrastre negativo desde el escenario nacional, en caso de que se sostenga la tendencia adversa del gobierno de Javier Milei, con quien el intendente mostró un alineamiento político marcado, incluso por momentos más explícito que el del gobernador Rogelio Frigerio.
El candidato: entre el consenso y la necesidad
Con un “espíritu dialoguista”, el peronismo empieza a delinear el perfil del candidato ideal. La consigna se repite: alguien con capacidad de sumar hacia adentro, pero también de captar votos por fuera del PJ.
En ese esquema, el nombre de Ángel Giano aparece como uno de los que mejor sintetiza ese equilibrio. Tras la derrota en la interna de 2023, retomó las recorridas territoriales con bajo perfil, pero sin descartar una eventual candidatura de consenso.
“El candidato debe tener vocación de trabajo, caminar y hablarle a la gente que hoy la está pasando mal. Hay que buscar al más competitivo”, sintetizó un dirigente provincial.
Al mismo tiempo, otras voces no descartan ampliar el menú con figuras emergentes. En ese radar aparecen nombres como Pablo Bovino, Javier Orduna o Facundo “Semilla” Pérez, además de sectores sindicales con buena relación con el peronismo, como el encabezado por Sergio Benítez en Salto Grande.
Cicatrizar antes de competir
Puertas adentro, el objetivo inmediato es otro: reconstruir confianza. Las heridas de la última interna siguen abiertas y condicionan cualquier estrategia.
En el entorno de Cresto y Bordet aseguran que ambos “dieron vuelta la página”, aunque reconocen que el verdadero desafío será llegar a una síntesis sin dejar “astillas sin lijar”.
“Enfrentar al oficialismo también implica resolver lo que queda pendiente adentro. Por eso nos estamos organizando”, graficó un dirigente.
La incógnita nacional
El reordenamiento local también está atravesado por una discusión más amplia: el alineamiento del peronismo a nivel nacional.
La figura de Axel Kicillof logró en su momento acercar posiciones entre Cresto y Giano, aunque hoy ese vínculo aparece más difuso. Mientras tanto, el espacio del peronismo federal, con Guillermo Michel como referencia en la provincia, busca instalar una alternativa propia.
Ese esquema tendrá en abril su presentación formal en Entre Ríos y podría reconfigurar alianzas hacia adelante.
Sin nombres definidos, pero con estrategia clara
Por ahora, nadie se anima a ponerle nombre al retador de Azcué, quien se perfila para ir por la reelección. Sin embargo, hay consenso en el perfil: un candidato capaz de retener el voto peronista y, al mismo tiempo, seducir a sectores independientes o desencantados.
En el PJ están convencidos de que parte del electorado de centro que en 2023 acompañó a Azcué podría buscar una alternativa opositora si el contexto económico y político no mejora.
En ese escenario, el peronismo de Concordia avanza con cautela, pero con una idea fija: esta vez, la unidad no es una opción romántica, sino una condición de supervivencia.
“Linda la terapia de grupo, pero para llorar me quedo en el Santuario”, planteó un jefe comunal en relación al encuentro que encabezó el gobernador ayer, en La Plata, para cuestionar a Milei
Kicillof con algunos de los intendentes y ministros que estuvieron presentes este miércoles en el Salón Dorado de la Gobernación
Solo 62 de los 135 intentendentes de la provincia de Buenos Aires concurrieron a la convocatoria del gobernador Axel Kicillof para analizar el impacto de las medidas económicas del gobierno nacional. Durante la reunión, que se realizó ayer en La Plata, el mandatario provicial anunció una nueva demanda contra la Casa Rosada por el recorte de fondos del Pacto Fiscal del 2017 y su actualización del 2023 y, además, que coparticipará el 16% de los fondos que lleguen a recuperar de las ocho demandas previas.
Los del PRO -con la excepción de María José Gentile de Nueve de Julio- rechazaron el convite. “¿Cómo íbamos a ir? Fijate el título de la convocatoria, ‘Consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires”, en vez de decir ‘Desafíos recaudatorios de la provincia de Buenos Aires’; ¿a qué íbamos a ir, a sacarnos una foto?“, cuestionó un jefe comunal macrista ante la consula de Infobae.Kicillof junto a Carlos Bianco, Verónica Magario y Pablo López. Reunió a intendentes propios y de la UCR
Tampoco se hicieron presentes en La Plata distintos intendentes del peronismo de distritos de peso como Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Achával (Pilar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gastón Granados (Ezeiza), Eva Mieri (Quilmes), Fernando Moreira (San Martín), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariel Fernández (Moreno).
Algunos de ellos plantearon problemas de agenda como la quilmeña, Fernández y Menéndez. Los últimos dos transitan momentos de conmoción en sus distritos tras los incendios y explosiones en depósitos. A su vez, referentes tanto del Frente Renovador como de La Cámpora (como Julián Alvarez, de Lanús), además de quienes reportan en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), sí se hicieron presentes.
Varios jefes comunales del radicalismo se ausentaron, pero concurrió una comitiva liderada por Maximiliano Suescun (Rauch)
“Terapia de grupo”
Antes de la reunión, el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, manifestó sus críticas: “Linda la ‘terapia de grupo’ en La Plata, pero para llorar me quedo en el Santuario. Nación abandonó a las Pymes y a los laburantes a su suerte. Provincia tiene la seguridad, salud y educación detonadas hace años. Dejen de pasarse la pelota: si cada uno hiciera su laburo, estaríamos mejor”.El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia (Facebook)
Desde las filas libertarias, a su vez, señalarón que Kicillof “no asume su responsabilidad”. “Volvió a hacer lo único que sabe: juntar intendentes para echarle la culpa al otro de una crisis que su propio modelo ayudó a profundizar. Es una burda movida política para sostener el relato y victimizarse”, sostuvo La Libertad Avanza a través de un comunicado.
“La discusión no puede limitarse únicamente a las medidas del Gobierno nacional, sino que también debe incluir una revisión del funcionamiento de la administración provincial, así como de las deudas pendientes, préstamos internacionales y el destino de fondos”, cuestionaron.El presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja (Gustavo Gavotti)
En el mismo sentido, el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, sostuvo: “La provincia necesita un shock de reformas estructurales, no más reuniones. Kicillof asume muy pocas responsabilidades ante los problemas estructurales que arrastra la provincia desde hace muchos años”.
Por su parte, indicó que “Kicillof no junta a los intendentes para resolver los problemas de los bonaerenses, sino para hacer política y victimizarse. La administración provincial sólo genera enfrentamiento y utiliza la oficina del Estado, en un contexto donde hay una crisis de credibilidad de esos políticos, torpedeando los recursos y apoyos que se canalizan en cambios estructurales que permitan mejorar problemas de larga data”, completó.
La reunión
Con relación al encuentro, los intendentes aplaudieron con cierta efusividad cuando Kicillof anunció que iría a coparticipar los fondos que pueda llegar a recuperar y vayan al Fondo de Recupero creado en el Presupuesto bonaerense 2026. Se trata de fondos que no eran coparticipados, pero ahora -de aparecer- una parte irá a las cajas municipales. Sin embargo, todo está atado a la voluntad de la Corte Suprema; que el máximo tribunal falle favorablemente y que luego, efectivamente, la Nación termine por girar los recursos.
Por lo pronto, fuentes del Ejecutivo bonaerense, dejaron trascender que en las últimas horas la Nación habilitó un endeudamiento por $1 billón.“No podemos esperar más que un agravamiento y un deterioro del bienestar y la calidad de vida de nuestro pueblo”, dijo Kicillof este miércoles para confrontar con Milei
En su discurso, Kicillof volvió a confrontar contra la política económica de Javier Milei y caracterizó: “Las finanzas municipales y provinciales, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, están atravesando una crisis originada por tres situaciones: lo que el Estado nacional ha dejado de hacer; lo que nos ha quitado; y la caída de la recaudación como consecuencia de sus políticas de ajuste. El resultado es concluyente: con menos recursos tenemos que dar respuestas a necesidades que crecen a medida que el Gobierno nacional deserta de sus funciones y la situación económica se deteriora”.
Ahora, en caso de que obtener fallos favorables, los intendentes deberán adherir vía sus concejos deliberantes al Fondo de Recupero establecido en el Presupuesto bonaerense. Así lo anunció el mandatario provincial: “A pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables, convocamos a los intendentes a adherir a una normativa que nos permita coparticipar lo recaudado en el Fondo de Recupero de las Deudas del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires. En este momento tenemos siete denuncias en la Corte Suprema, de las cuales solo se excluirá lo que corresponda al FONID, que es un derecho de los trabajadores de la educación”.
Kicillof junto a Carlos Bianco, Verónica Magario y Pablo López. Reunió a intendentes propios y de la UCR
El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia (Facebook)
El presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja (Gustavo Gavotti)
“No podemos esperar más que un agravamiento y un deterioro del bienestar y la calidad de vida de nuestro pueblo”, dijo Kicillof este miércoles para confrontar con Milei