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¿Otra vez a dedo? La militancia peronista cuestiona que los mismos nombres vuelvan a definir el futuro del PJ entrerriano

Mientras comienzan a circular los primeros borradores de acuerdos para las elecciones de 2027, crece el malestar entre militantes y dirigentes de base que reclaman participación, renovación y elecciones internas. El rechazo no apunta solamente a los nombres, sino al mecanismo de decisión.

El peronismo entrerriano volvió a poner en marcha su maquinaria electoral. A casi un año de las elecciones de 2027, comenzaron a trascender los primeros acuerdos entre los principales sectores del partido con un objetivo claro: evitar una interna y construir listas de unidad.

Sin embargo, lejos de generar entusiasmo, estas negociaciones vuelven a despertar una vieja queja dentro de la militancia: la sensación de que las candidaturas se siguen resolviendo entre pocos dirigentes, lejos de las bases y sin debate político.

En Concordia, el esquema que circula con mayor fuerza ubica a Ángel Giano como candidato a intendente, acompañado por Leticia Ponzinibbio como candidata a viceintendenta. A ello se sumaría Armando Gay encabezando la lista de concejales y Gustavo Bordet como candidato a senador provincial.

Mientras tanto, para la gobernación aparecen nuevamente los nombres de Rosario Romero, Enrique Cresto y Guillermo Michel, todos referentes con amplia trayectoria dentro del justicialismo.

El reclamo no es sólo por los nombres

En distintos sectores del PJ entrerriano comienza a repetirse una pregunta incómoda:

¿Dónde quedó la renovación que se prometió después de las derrotas electorales?

Muchos militantes sostienen que, luego de perder el gobierno provincial y numerosas intendencias, el partido debía iniciar una profunda autocrítica. Sin embargo, observan que los primeros movimientos parecen conducir otra vez hacia un esquema donde los mismos dirigentes negocian entre sí el reparto de candidaturas.

La crítica apunta especialmente a la falta de participación de la militancia, de los jóvenes, de los referentes barriales y de quienes sostuvieron al partido durante los años más difíciles.

El fantasma de las listas de unidad

Aunque desde la conducción partidaria las listas de unidad suelen justificarse como un mecanismo para evitar fracturas internas y reducir costos de campaña, muchos afiliados consideran que, en la práctica, terminan reemplazando el voto de los peronistas por acuerdos de cúpula.

Las internas abiertas históricamente fueron una herramienta para legitimar liderazgos. Su ausencia genera, según numerosos dirigentes territoriales, una creciente desmovilización y un alejamiento de la militancia.

La sospecha que recorre las bases

En conversaciones políticas y redes sociales también aparece otra lectura, mucho más crítica y difícil de ignorar.

Hay quienes interpretan que algunas candidaturas no responderían únicamente a una estrategia electoral, sino también a la necesidad de conservar espacios de poder e inmunidad política frente a investigaciones judiciales presentes o futuras.

Esa percepción, instalada entre parte de la militancia, alimenta expresiones cargadas de enojo como:

“Otra vez a dedo.”

“Siempre los mismos.”

“¿Buscan representar al peronismo o conservar fueros?”

Es importante señalar que estas expresiones reflejan opiniones y cuestionamientos que circulan dentro de sectores del peronismo y no constituyen afirmaciones sobre situaciones judiciales concretas de los dirigentes mencionados.

Mientras tanto, el escenario cambia

La preocupación aumenta porque el escenario político de 2027 será muy distinto al de elecciones anteriores.

El gobernador Rogelio Frigerio trabaja para consolidar un frente con La Libertad Avanza, conformando un espacio competitivo que podría polarizar la elección provincial.

Frente a ese panorama, numerosos dirigentes de base advierten que insistir con las mismas figuras y con decisiones tomadas desde arriba podría profundizar el desgaste del justicialismo, especialmente entre los votantes independientes.

Lo que no se dice

El verdadero debate quizá no sea si Giano, Bordet, Cresto, Romero o Michel tienen condiciones para competir.

La discusión de fondo parece ser otra.

Después de la derrota de 2023, muchos esperaban un partido más abierto, con internas, renovación y participación de nuevos dirigentes.

Si finalmente las candidaturas vuelven a surgir de acuerdos reservados entre los principales referentes, el mensaje hacia la militancia podría ser el mismo de siempre: las decisiones continúan tomándose desde arriba.

Y cuando la militancia siente que su voz ya no influye, el riesgo no es solamente perder una elección: también puede perderse la confianza de quienes sostienen al partido en cada barrio, en cada unidad básica y en cada campaña electoral.

Frigerio desafió a la oposición: “Que la Legislatura investigue quién endeudó la provincia y dónde fue la plata”

El gobernador Rogelio Frigerio respondió a las críticas de dirigentes de la oposición sobre el endeudamiento de Entre Ríos y los desafió a acompañar la creación de una comisión legislativa que investigue el origen, el destino y las condiciones de la deuda contraída durante las gestiones anteriores.

En una entrevista radial, sostuvo que recibió una provincia fuertemente endeudada y cuestionó que quienes gobernaron durante dos décadas intenten responsabilizar a la actual gestión. “Yo propuse una ley para que la Legislatura cree una comisión que investigue la deuda. ¿Usted cree que si yo propongo eso es porque creo que el que endeudó a la provincia fui yo y no los que me antecedieron?”, planteó.

El mandatario afirmó que la discusión no debe centrarse únicamente en el monto de la deuda, sino en qué se hizo con esos recursos. “Nosotros encontramos una provincia endeudada y con una deuda que nadie sabe dónde fue. Porque si esa deuda se hubiera traducido en rutas nuevas, escuelas nuevas u hospitales de última generación es una cosa. Ahora, si no sabemos a dónde fue la plata, es otra cosa completamente distinta”.

Frigerio sostuvo que endeudarse no constituye un problema en sí mismo, sino que depende del destino de esos fondos y de las condiciones en que se obtiene el financiamiento. “Es como una familia que toma un crédito para comprar una casa. Si puede pagarlo y mejora su patrimonio, es una buena deuda. Con el Estado ocurre exactamente lo mismo”, explicó.

También rechazó las afirmaciones de quienes sostienen que el endeudamiento provincial aumentó durante su gestión y aseguró que utilizan comparaciones nominales que omiten el impacto de la inflación para construir un relato político. “Nosotros estamos bajando la deuda. Hoy representa mucho menos, en relación con los ingresos y con el producto de la provincia, que cuando asumimos”.

En ese sentido, insistió en que la mejor forma de cerrar la discusión es mediante una investigación institucional. “Que lo diga la Legislatura, así no hay ningún gil que diga ninguna tontera. Que nadie tenga dudas de quién fue el que endeudó la provincia, para qué la endeudaron y en qué condiciones”, afirmó.

Frigerio anticipó además que su gestión recurrirá al financiamiento únicamente para ejecutar obras estratégicas y bajo criterios completamente distintos a los del pasado. “Voy a tomar nueva deuda, solo con organismos multilaterales o bilaterales de crédito, para hacer las obras que durante décadas no se hicieron en la provincia, con bajísimas tasas de interés y a larguísimo plazo. Esa es la deuda buena que hay que tomar”.

Asimismo, desmintió que la compra de nueva maquinaria vial se financie con endeudamiento y cuestionó las versiones difundidas por dirigentes opositores. “La maquinaria vial no es con deuda. Entonces, de nuevo, hay mucho gil diciendo cualquier cosa”, señaló.

El gobernador recordó además el estado en que encontró la Dirección Provincial de Vialidad al asumir. “¿Sabe cuántos camiones encontramos? Tres. Y los tres rotos. Toda la maquinaria estaba rota y arrumbada”.

Finalmente, aseguró que su gestión está revirtiendo años de abandono de la infraestructura provincial. “Después de 20 años de desidia estamos intentando mejorar los caminos. Hoy la gente vuelve a ver máquinas trabajando en las rutas de la provincia. Ese es el trabajo que venimos haciendo en silencio, con compromiso, sacándole el jugo a cada peso de los contribuyentes y cuidando la transparencia como nunca antes”.

Causa Securitas: la documentación enviada por Enersa podría volver a poner bajo la lupa la gestión de Gustavo Bordet

La decisión de Enersa de remitir al Juzgado Federal de San Isidro la totalidad de la investigación interna, junto con contratos, documentación administrativa y poderes para reclamar judicialmente el perjuicio económico sufrido por la empresa, abre una nueva etapa en la denominada causa Securitas.

No se trata de un trámite administrativo más. La empresa estatal reconoce la existencia de un esquema de sobreprecios y sobrepagos millonarios que, según su propia investigación interna, habría generado un importante perjuicio patrimonial. Ahora será la Justicia Federal la que determine hasta dónde llegaban las responsabilidades políticas, administrativas y empresariales.

En este contexto, inevitablemente vuelve a aparecer un nombre que ya había surgido en los peritajes de la causa: el del exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional, Gustavo Bordet.

Hasta el momento, Bordet no se encuentra imputado en la causa Securitas ni fue citado a declaración indagatoria. Sin embargo, las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de los empresarios Claudio y Marcelo Tórtul incorporaron miles de conversaciones en las que el apellido “Bordet” aparece mencionado en numerosas oportunidades, incluyendo referencias que la Justicia analiza dentro del expediente. Diversos medios nacionales informaron sobre esas conversaciones, mientras que el propio exgobernador rechazó cualquier vinculación con un supuesto sistema de pago de coimas y negó haber mantenido relaciones con los empresarios investigados.

Pero el escenario político y judicial de Bordet ya no puede analizarse únicamente desde la causa Securitas.

Actualmente, el exmandatario provincial enfrenta en Concordia una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal José Emiliano Arias. En el marco de esa pesquisa ya se realizaron allanamientos sobre distintas propiedades y se ordenaron medidas destinadas a reconstruir la evolución patrimonial del exgobernador y de personas vinculadas a su entorno.

Aunque ambas investigaciones tramitan en fueros distintos y responden a objetos procesales diferentes, existe un elemento que no puede pasarse por alto: las dos apuntan a examinar decisiones, movimientos patrimoniales y posibles responsabilidades originadas durante los años en que Bordet ejerció el máximo poder político de la provincia.

La documentación que ahora Enersa entregó a la jueza Sandra Arroyo Salgado y al fiscal federal Fernando Domínguez podría convertirse en una pieza relevante para profundizar líneas investigativas ya existentes o abrir nuevas derivaciones, siempre que el análisis judicial encuentre elementos que lo justifiquen. Por el momento, no existe información pública que permita afirmar que esa documentación implique una imputación formal contra Bordet dentro del expediente Securitas.

Sin embargo, desde una perspectiva institucional, el panorama merece atención.

No resulta menor que un diputado nacional que gobernó Entre Ríos durante ocho años aparezca mencionado en una de las investigaciones federales por corrupción empresarial más importantes del país y, al mismo tiempo, sea objeto de una causa provincial por presunto enriquecimiento ilícito.

Será la Justicia la que determine si esas menciones constituyen simples referencias de terceros o si existen elementos suficientes para avanzar sobre eventuales responsabilidades penales. La presunción de inocencia debe respetarse plenamente mientras no exista una resolución judicial en contrario.

Lo que sí constituye un dato político objetivo es que el cerco judicial alrededor de hechos ocurridos durante la administración anterior continúa estrechándose. La remisión de la investigación interna de Enersa demuestra que el expediente Securitas está lejos de haber concluido y que todavía podrían surgir nuevos elementos de prueba, nuevas responsabilidades o nuevas líneas de investigación.

En una provincia donde la sociedad exige desde hace años mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, cada avance judicial deja una advertencia clara: ninguna gestión debería considerar que el paso del tiempo garantiza el olvido de sus actos. Las investigaciones continúan, los expedientes siguen abiertos y será la Justicia quien tenga la última palabra.

Una advertencia para toda la dirigencia

La causa Securitas ya dejó de ser únicamente un expediente sobre una empresa de seguridad privada.

Empieza a convertirse en una radiografía del funcionamiento del poder durante una etapa de la administración provincial.

La sociedad entrerriana tiene derecho a conocer qué ocurrió con cada contrato, cada adenda, cada licitación y cada peso administrado por el Estado.

Porque la transparencia no puede depender del cambio de gobierno ni de la conveniencia política del momento.

La confianza pública solo se recupera cuando las instituciones investigan sin privilegios, cuando la Justicia actúa con independencia y cuando ningún cargo, por importante que haya sido, se convierte en un escudo frente a la obligación de rendir cuentas.

Hoy Gustavo Bordet conserva intacta la presunción de inocencia que garantiza la Constitución. Pero también es cierto que el tiempo de las preguntas parece haber reemplazado al tiempo de las certezas políticas. Y esa, quizás, sea la mayor novedad que deja este nuevo capítulo de la causa Securitas.

Kicillof en una pantalla: el peronismo entrerriano montó un acto virtual para disimular su falta de convocatoria

Lo que el peronismo de Entre Ríos presentó como un “fuerte hito de construcción política” terminó dejando una imagen que resume con crudeza el momento que atraviesa el espacio: un gobernador hablando desde una pantalla para cerrar un acto que pretendía exhibir volumen político, territorialidad y liderazgo.

En tiempos donde la política necesita volver a caminar las calles, escuchar a la gente y reconstruir confianza, el cierre por videoconferencia de Axel Kicillof terminó convirtiéndose, más que en un gesto de fortaleza, en la evidencia de las limitaciones que enfrenta un sector que aún no logra recuperar centralidad fuera de sus propios dirigentes.

La escena resulta inevitablemente llamativa. Mientras el comunicado oficial habla de un encuentro “de alto impacto”, la figura convocante apareció a cientos de kilómetros de distancia, sin contacto con la militancia, sin recorridas, sin actos masivos y sin el riesgo de exponerse frente a una sociedad que todavía asocia al kirchnerismo con una de las etapas más difíciles de la economía argentina.

Muchos dirigentes… pero poca calle

La fotografía política también deja otra lectura.

La extensa lista de asistentes reúne ex funcionarios, ex legisladores, dirigentes partidarios e intendentes. Nombres conocidos dentro del peronismo, pero escasamente representativos del humor social que hoy atraviesa Entre Ríos.

Más que un acto de renovación, el encuentro pareció una reunión de la estructura tradicional del PJ intentando reorganizarse de cara a 2027.

El problema es que la sociedad viene enviando otro mensaje desde hace varios años: reclama dirigentes nuevos, autocrítica y respuestas concretas frente a la inflación, la pobreza, la inseguridad y la pérdida del poder adquisitivo.

Nada de eso parece haberse discutido públicamente.

Un acto virtual para vender fortaleza

Resulta difícil no advertir cierta contradicción.

Si el espacio busca demostrar capacidad de movilización, ¿por qué el principal orador no estuvo presente?

La tecnología es una herramienta válida para reuniones de trabajo, pero cuando un partido pretende lanzar una construcción política provincial, la presencia física del principal referente suele ser un símbolo de compromiso.

La videollamada terminó generando el efecto inverso.

Más que un respaldo contundente, dejó la sensación de un liderazgo distante que acompaña desde Buenos Aires sin involucrarse directamente en el territorio entrerriano.

El desafío que el PJ todavía evita

El peronismo continúa organizando reuniones entre dirigentes mientras buena parte del electorado ya no espera discursos sino explicaciones.

La derrota electoral de los últimos años no fue un accidente.

Fue la consecuencia de un desgaste político profundo que todavía no encuentra una verdadera revisión interna.

En lugar de presentar nuevas figuras o propuestas innovadoras, el comunicado vuelve a exhibir un listado de nombres conocidos que llevan décadas ocupando espacios de poder.

El mensaje parece apuntar más a ordenar la interna que a seducir a una ciudadanía desencantada.

Entre la épica y la realidad

El comunicado habla de un espacio “abierto a todos los sectores sociales” y de un proyecto nacional para 2027.

Sin embargo, la imagen que terminó circulando fue otra: dirigentes mirando una pantalla para escuchar a un gobernador conectado por videoconferencia.

En política, las imágenes muchas veces pesan más que los discursos.

Y esta vez la postal difícilmente transmita la idea de un movimiento en expansión.

Más bien refleja un peronismo que todavía intenta reconstruirse desde los mismos nombres, los mismos métodos y una puesta en escena que, lejos de mostrar fortaleza, terminó alimentando las dudas sobre su verdadera capacidad de convocatoria.

Lo que no se dice

El dato más significativo quizá no sea quiénes estuvieron presentes, sino quién faltó.

Cuando un espacio político necesita convertir una videollamada en el momento central de un acto que pretende mostrar volumen territorial, queda expuesta una realidad incómoda: la dificultad para generar un acontecimiento político de verdadera magnitud. En una época donde las redes sociales magnifican cada imagen, el intento de presentar una conexión virtual como un gran gesto de liderazgo terminó ofreciendo una fotografía que muchos interpretarán exactamente al revés: la de un peronismo que aún busca recuperar protagonismo, pero que todavía no logra salir de la lógica de los comunicados grandilocuentes y las reuniones entre dirigentes de siempre.

Fuente Analisis Litoral

Contratos Truchos: la causa quedaría a un paso del juicio, pero la Corte Suprema tiene la última palabra

La jueza Marina Barbagelata podría ordenar la elevación a juicio de la megacausa «Contratos I», pero la decisión de la Sala Penal del STJ, integrada por Miguel Ángel Giorgio, Laura Mariana Soage y Carlos Federico Tepsich, de hacer lugar a un recurso de la defensa congeló el inicio del debate por tiempo indeterminado, ya que al abrirse la vía hacia la Corte Suprema de la Nación para dirimir quién es el «Juez Natural» legítimo, el expediente entra en un limbo técnico sin magistrados firmes habilitados para juzgar. Este freno de mano procesal coincide con un giro drástico en las pruebas por la incorporación de expedientes originales con firmas válidas de legisladores como Juan Carlos Navarro, Gustavo Osuna, Leticia Angerosa, Juan Carlos DarrichonDaniel Ruberto entre otros, lo que desarma la hipótesis de que los contratos eran falsos en su confección y traslada la discusión hacia el control del gasto público en una causa descomunal que, por tener 742 investigados, arriesga convertirse en un juicio «eterno».

La causa judicial más grande de la historia institucional de Entre Ríos sumó un nuevo capítulo de máxima tensión que promete estirar los plazos de manera indefinida. La jueza de Garantías Marina Barbagelata define la elevación a juicio de la denominada causa «Contratos I». Sin embargo, el banquillo de los acusados quedará de cara al vacío: hoy no existe un tribunal firme para juzgar a los imputados, ya que la composición final dependerá de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este vuelco radical se conoció tras una reciente resolución, fechada el 29 de junio, de la Sala Nº 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), asistidos por la secretaria Melina Luciana Arduino. Por mayoría, con los votos a favor de Soage y Tepsich, y la disidencia de Giorgio, el alto cuerpo hizo lugar al recurso de revocatoria interpuesto por el abogado defensor Pablo M. Hawlena Gianotti, representante de Jorge Enrique De Breuil.

Para entender el impacto de esta medida en términos sencillos, la resolución del STJ ordena correr traslado del Recurso Extraordinario Federal a todas las personas imputadas en la causa principal en su carácter de «partes interesadas». En la práctica, esto representa un freno de mano absoluto: significa dar marcha atrás con la conformación del tribunal provisorio y abrir formalmente la vía para que el reclamo sea dirimido en Buenos Aires. La elevación a juicio de Barbagelata será un paso meramente formal, porque no hay jueces habilitados para iniciar el debate oral hasta que la Corte Suprema de la Nación resuelva el conflicto.

¿Por qué es tan importante discutir quiénes serán los jueces? En el derecho constitucional existe una garantía fundamental llamada Juez Natural, la cual establece que nadie puede ser juzgado por «comisiones especiales» o por magistrados designados de forma posterior a los hechos que se investigan. El conflicto de fondo en esta causa radica en el desplazamiento original de los vocales Daniel CarubiaCarlos Chiara Díaz (conocido como Carlomagno) y Claudia Mizawak, quienes habían sido apartados a raíz de un planteo de recusación del fiscal Leandro Dato por supuesta pérdida de la «apariencia de imparcialidad». En su lugar, se había diagramado el nuevo tribunal de GiorgioTepsich y Soage.

No obstante, las defensas contraatacaron argumentando que este cambio violó la garantía constitucional del Juez Natural (Art. 18 de la Constitución Nacional). Los entendidos en derecho y el propio espíritu del reclamo ante la Corte Suprema sugieren que el máximo tribunal de la Nación suele ser inflexible con este principio y podría ordenar que la causa regrese a los magistrados originales (CarubiaCarlomagno y Mizawak). El argumento de la defensa es contundente: si los primeros jueces fueron apartados por opinar en contextos administrativos previos, el Dr. Giorgio participó de los mismos procesos institucionales y debería correr la misma suerte, lo que dejaría al nuevo armado bajo una inminente nulidad.

Más allá de la batalla por los nombres de los jueces, la estrategia en la recolección de pruebas dio un giro drástico. En las últimas audiencias, la incorporación formal de los expedientes con los decretos y contratos originales generó un cambio de paradigma en la estrategia defensiva. Quedó técnicamente acreditado que los instrumentos legales contaban con las firmas correspondientes de las autoridades de las cámaras de la época, lo que desarma la hipótesis fiscal original de que los contratos eran «apócrifos« en su confección material o meras falsificaciones de escritorio.

A esto se suman las declaraciones previas que brindaron los propios legisladores de la provincia ante la fiscalía. Figuras políticas como Juan Carlos NavarroGustavo OsunaLeticia AngerosaDarrichon y Daniel Ruberto, entre otros, reconocieron en entrevistas que ellos firmaban los contratos a pedido de las autoridades de las cámaras correspondientes. Admitieron que, si bien cumplían con el trámite administrativo de la firma, desconocían quiénes eran los beneficiarios finales o qué tareas prestaban efectivamente los contratados. Esto desplaza la acusación desde la «falsificación de documentos» hacia un terreno mucho más complejo: la responsabilidad política y de control del gasto público.

Para dimensionar la complejidad de lo que viene, la magnitud de la investigación penal expone una logística que roza lo irreal para el sistema de audiencias local. El expediente acumula un total de 742 personas investigadas y miles de contratos bajo la lupa que abarcan un periodo de casi de diez años de presunto drenaje de recursos públicos.

Fuentes ligadas al caso advierten que, en un eventual juicio oral y público en etapa de plenario, tomar declaración testimonial a las 742 personas implicadas demandaría un cronograma tan extenso que el proceso podría prolongarse por «décadas», arriesgando la prescripción de las acciones penales debido al paso del tiempo.

Mientras la jueza Barbagelata cumpla con el paso formal de elevar la causa a juicio, el expediente ingresará automáticamente en un limbo técnico. Sin un tribunal ratificado en la provincia y con las valijas listas para viajar en un Recurso Extraordinario hacia la Corte Suprema de la Nación, el debate de fondo de la causa «Contratos I» continuará paralizado por tiempo indeterminado en los tribunals entrerrianos.

Corrupción en Entre Ríos: Exfuncionarios de la gestión de Gustavo Bordet confesaron el desvío de fondos públicos y pagarán $100 millones para evitar la cárcel

En un juicio abreviado, Pedro Gebhart y otros dos exmiembros de la Secretaría de Desarrollo Emprendedor admitieron haber montado una red de 319 «créditos fantasma». La maniobra se ejecutó entre 2018 y 2023, bajo la órbita de los ministerios conducidos en ese entonces por Laura Stratta y Juan José Bahillo.

Un hito infrecuente para los anales de la justicia penal entrerriana se consumó este lunes por la mañana en los Tribunales de Paraná. Tres exfuncionarios del riñón de la administración del exgobernador Gustavo Eduardo Bordet (período 2015-2023) y un civil imputado como «reclutador» firmaron un juicio abreviado en el que confesaron formalmente su culpabilidad en una millonaria estafa al Estado provincial, consistente en la simulación de créditos destinados a jóvenes emprendedores.

Frente al juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Mauricio Mayer, los imputados aceptaron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y el compromiso solidario de devolver $100.886.792 al erario público dentro de los próximos 60 días hábiles una vez firme la sentencia.

Los exfuncionarios de la gestión de Bordet que admitieron el delito de Peculado son:

  • Pedro Fernando Gebhart: Abogado, escribano y exsecretario de Desarrollo Económico y Emprendedor.
  • Cristian Silvestre Klein: Exdirector de Evaluación y Seguimiento de Proyectos.
  • Claudio Alberto Rosas Vico: Exdirector de Políticas de Desarrollo Emprendedor (quien hasta hace días ejercía un cargo contable en el área de Turismo y debió renunciar acorralado por el avance judicial).

Por su parte, el civil Alejandro David Usatinsky aceptó la misma pena en carácter de partícipe necesario.

El mapa político de la maniobra

De acuerdo con la acusación formal presentada por el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Gonzalo Badano, el entramado delictivo se desplegó de forma sistemática entre el 31 de enero de 2018 y el 10 de diciembre de 2023, coincidiendo con los años de consolidación institucional del gobierno de Gustavo Bordet.

El área donde se ejecutó el fraude —la Subsecretaría (luego Secretaría) de Desarrollo

Emprendedor— funcionó bajo la dependencia directa de ministerios clave de esa administración. Durante el período investigado, los ministros a cargo de esas carteras fueron Laura Stratta (Desarrollo Social) y Juan José Bahillo (Producción), actuales diputados provinciales por la oposición (Más para Entre Ríos). Hacia el final del mandato, tras el salto de Bahillo al gabinete nacional, la cartera fue absorbida por el entonces ministro de Economía, Hugo Ballay, e interactuó bajo la coordinación del contador Pablo Martín Giampaolo.

Si bien la investigación penal preparatoria eximió a los exministros y al exgobernador de responsabilidad directa o conocimiento del esquema, el fallo expone de manera cruda la absoluta falta de control político y administrativo en áreas sensibles durante la anterior gestión peronista.

La matriz delictiva: De fotos de Pinterest a prestanombres vulnerables

La investigación penal, que se originó a partir de minuciosas auditorías del Tribunal de Cuentas lideradas por la fiscal del organismo Nanci Vinagre, desnudó un modus operandi escandaloso. Los imputados falsificaron firmas, inventaron correos electrónicos para simular intimaciones de pago que jamás existieron y armaron 319 legajos de proyectos totalmente ficticios.

El nivel de improvisación y descaro de la banda quedó expuesto en las pericias informáticas: para justificar las inspecciones de los supuestos emprendimientos, presentaban fotos de catálogos web. En uno de los legajos, utilizaron una foto de fabricación de escobas extraída de la plataforma Pinterest, que correspondía a un taller real ubicado en Ecuador. En otros casos, los inspectores judiciales iban a constatar los domicilios de las supuestas pymes y encontraban terrenos baldíos o descampados.

Para retirar el dinero en efectivo del circuito bancario, la red utilizaba a Usatinsky y otros punteros para captar personas de extrema vulnerabilidad económica en los barrios. A estas personas se las engañaba afirmando que recibirían «subsidios o ayuda social no reintegrable». Los llevaban al banco, les hacían retirar los fondos del crédito, y la organización les entregaba sumas insignificantes de entre $6.000 y $50.000 como «pago», mientras los exfuncionarios se quedaban con el grueso del botín. Testigos de la causa señalaron de forma directa que el propio Gebhart solía retirar personalmente los bolsos con dinero en efectivo en camionetas particulares.

Un acuerdo penal que no frena la vía civil

A pesar de que los acusados lograron evitar la prisión efectiva tras admitir el hecho y acortar los tiempos procesales, la controversia se instaló en torno al monto de la restitución. Los $100,8 millones acordados representan únicamente la suma matemática nominal de los expedientes tramitados entre 2018 y 2023, un valor severamente licuado por los procesos inflacionarios del país en los últimos seis años.

Por este motivo, el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes —quien prestó conformidad al fuero penal para asegurar la condena—, adelantó que la provincia iniciará de inmediato un juicio civil contra los condenados. El objetivo del Ejecutivo entrerriano será exigir una actualización financiera real de los montos sustraídos y no descartan ampliar la demanda, ya que continúan ingresando reclamos administrativos de ciudadanos que descubren que figuran como deudores crónicos del Estado por créditos que jamás solicitaron.

Fuente: Analisis 

La encrucijada de la Cámara ante el escandaloso juicio abreviado de Pedro Gebhart: consagra el encapsulamiento judicial o apunta hacia los jefes

Este lunes 29 de junio, la Cámara de Apelaciones de Paraná deberá resolver si homologa el polémico juicio abreviado del escribano Pedro Gebhart, un acuerdo exprés de la fiscalía que pretende clausurar la causa «Créditos Truchos« a cambio de una multa irrisoria y pena condicional, o si rechaza el pacto para ordenar que se profundice la investigación hacia los jefes políticos, la  Reina de los Contratos y el Príncipe Helado. 

Referenciageográfica

La ciudadanía entrerriana ya emitió su veredicto, porque existe la firme convicción de que este esquema fue diseñado para encapsular la culpa en los mandos medios y salvar del juicio oral a figuras de mayor peso como los diputados Laura Stratta y Juan José Bahillo.

El tribunal enfrenta una encrucijada histórica, la de poner un punto final al avance de la causa o emular el antecedente del confeso José Ángel Allende en 2020, cuando la Justicia le bajó el pulgar a la impunidad económica y exigió seguir investigando hasta las últimas consecuencias.

La distracción perfecta de un partido mundialista y la fuerte reprobación social que forzó la suspensión de la primera audiencia confluyen este lunes 29 de junio en los tribunales de Paraná. La Cámara Judicial se encuentra ante la decisión institucional más determinante de los últimos años, la de convalidar la parodia del pagar para zafar o devolverle la dignidad al sistema técnico de enjuiciamiento penal de Entre Ríos.

El fiscal Gonzalo Badano llega al estrado defendiendo un acuerdo que ofrece una pena de ejecución condicional, lo que garantiza que ningún imputado pise la cárcel, al exsecretario de Desarrollo EconómicoPedro Gebhart, y a sus secuaces administrativos a cambio de confesar el desvío del programa Jóvenes Emprendedores. El pacto incluye la devolución de apenas 100 millones de pesos, equivalentes a unos 65.000 dólares, una cifra escandalosa frente a un fraude real proyectado que supera los 3 millones de dólares mediante 500 créditos truchos peritados hasta el momento.

La gran pregunta que flota en los pasillos de tribunales, y que mantiene en vilo a la opinión pública, es si los magistrados van a homologar el convenio de la fiscalía o si van a firmar un rechazo contundente. De convalidarse, la Cámara estaría poniendo un punto final definitivo a la investigación, impidiendo que se profundice en el tendal de identidades robadas a personas vulnerables para cobrar cheques productivos que jamás llegaron a destino.

Por el contrario, el tribunal tiene la facultad legal de ordenar a la fiscalía que siga profundizando las pesquisas para determinar formalmente quiénes más están implicados en la matriz delictiva. El clamor general del periodismo local y de la sociedad civil apunta a que la estructura fiscal prefirió mirar hacia abajo, conformándose con los eslabones administrativos y cortando el hilo por lo más delgado.

Es un secreto a voces que las terminales de la corrupción rozan los estamentos más altos del poder político, en especial tras el secuestro y pericia de los teléfonos celulares de Pedro Gebhart, donde constan audios y mensajes que comprometerían de manera directa al actual diputado Juan José Bahillo y a la diputada Laura Stratta, mentora y protectora del escribano.

El escenario actual es un calco de lo ocurrido en 2020 con el confeso exlegislador y líder sindical José Allende. En aquel entonces, José Allende, procesado por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles, pretendía eludir la prisión acordando una pena condicional y la entrega de un puñado de inmuebles que ni siquiera eran de libre disponibilidad para el Estado.

Sin embargo, en un acto de independencia, el Tribunal integrado por los jueces, Castagno y Canepa declaró unánimemente inadmisible el acuerdo, le dijo a la fiscalía que sigan investigando y envió al imputado a las puertas del juicio oral y público.

La Cámara se enfrenta ahora al mismo espejo, porque los jueces deben decidir si actúan como guardianes de la transparencia y mandan a Pedro Gebhart a debate oral para que se ventile la maquinaria real de recaudación, o si se pliegan a la comodidad del encapsulamiento judicial.

Esto último consagraría un blindaje perfecto para Laura Stratta y Juan José Bahillo, quienes casualmente lideran el bloque opositor en la Cámara de Diputados, reteniendo los dos tercios de los votos necesarios para bloquear de antemano cualquier intento de Jury contra los fiscales que diseñaron el pacto. La moneda está en el aire y la ciudadanía espera saber si la Justicia entrerriana tendrá el coraje de mirar hacia arriba o si preferirá gritar los goles del Mundial para firmar el acta de la impunidad.

Del voto a la ausencia: el desafío pendiente de los legisladores libertarios entrerrianos

Cuando el respaldo de las urnas debe transformarse en representación

La Libertad Avanza Entre Ríos atraviesa un debate sobre la representación de sus legisladores nacionales y su presencia en el territorio provincial.

La política argentina ha demostrado, una y otra vez, que el verdadero examen de un dirigente comienza el día después de la elección. La campaña termina, los discursos quedan registrados y las promesas pasan a formar parte de un contrato implícito entre quienes fueron elegidos y quienes depositaron en ellos su confianza.

Ese interrogante comienza hoy a instalarse entre numerosos sectores de Entre Ríos respecto de la representación nacional de La Libertad Avanza.

Durante la campaña electoral, los entonces candidatos recorrieron prácticamente toda la provincia. Visitaron productores, comerciantes, empresarios, profesionales, trabajadores de la salud, intendentes, instituciones intermedias y vecinos que veían en el nuevo espacio político una alternativa frente al desgaste de la dirigencia tradicional.

Escucharon reclamos históricos, prometieron gestionar soluciones y aseguraron que serían una voz permanente de Entre Ríos en el Congreso Nacional.

Sin embargo, una vez obtenidas las bancas, numerosos sectores sostienen que aquel vínculo comenzó a diluirse.

Los diputados nacionales Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider, junto a los senadores nacionales Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, desarrollan comoda naturalmente su actividad parlamentaria en el Congreso. No obstante, para muchos ciudadanos esa tarea no parece traducirse en una presencia política sostenida dentro del territorio entrerriano ni en una agenda permanente de diálogo con quienes confiaron en ellos.

La inquietud comienza a repetirse en distintos departamentos de la provincia.

Productores agropecuarios, comerciantes, prestadores turísticos, profesionales de la salud, intendentes y representantes de instituciones sociales se preguntan quién recibe hoy sus inquietudes, quién canaliza sus reclamos y quién representa, de manera cotidiana, las necesidades concretas de las economías regionales de Entre Ríos.

El fenómeno Milei y el efecto arrastre

Gran parte del crecimiento de La Libertad Avanza en Entre Ríos respondió al fuerte respaldo electoral obtenido por el presidente Javier Milei.

Ese fenómeno político modificó completamente el escenario electoral de numerosas ciudades y permitió el crecimiento de dirigentes que, probablemente, no habrían alcanzado el mismo resultado sin ese contexto nacional.

Concordia constituye uno de los ejemplos más representativos. El triunfo del actual intendente Francisco Azcué estuvo acompañado por un marcado efecto arrastre del voto libertario, modificando un escenario político que durante años parecía inalterable.

Algo similar ocurrió en Paraná, Gualeguaychú, Colón, La Paz y otros departamentos donde el electorado decidió acompañar una propuesta que prometía transformar la manera de hacer política.

Muchos ciudadanos no solo votaron personas. Votaron una idea de cambio.

Y justamente por esa razón hoy esperan que esa representación continúe presente.

Una construcción política que perdió intensidad

Otro aspecto que comienza a observarse dentro del propio espacio libertario es la dificultad para consolidar una conducción política provincial con presencia territorial permanente.

Durante la campaña, el diputado provincial Roque Fleitas desempeñó un papel importante en la organización y articulación política del espacio en Entre Ríos. Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron a hacerse visibles diferencias internas que, según diversas lecturas políticas, habrían debilitado aquella estructura inicial y reducido su capacidad de coordinación.

Mientras tanto, la relación institucional entre el gobernador Rogelio Frigerio y el Gobierno nacional parece transitar por canales propios, dejando en un segundo plano el protagonismo político que muchos esperaban de la representación legislativa libertaria.

En ciudades como Concordia también aparecen nuevos reacomodamientos políticos, alimentando versiones sobre futuras construcciones electorales y la reorganización de distintos sectores del oficialismo y sus aliados. Más allá de esas especulaciones, lo cierto es que la expectativa generada durante la campaña todavía espera consolidarse en una presencia política más visible dentro del territorio.

Una provincia que espera representación

El debate no pasa por exigir una presencia permanente en actos políticos ni por desconocer el trabajo legislativo que implica una banca nacional. Los legisladores fueron elegidos para legislar, pero también para representar. Y esa representación no termina cuando se jura un cargo: exige mantener el contacto con el territorio, escuchar a los sectores productivos, a los comerciantes, a los municipios, a las instituciones y rendir cuentas de las decisiones que se toman en el Congreso. Porque el voto no es un cheque en blanco; es un compromiso de confianza que debe renovarse todos los días con presencia, gestión y resultados.

Lo que no se dice

En distintos sectores de Entre Ríos comienza a instalarse una percepción que trasciende las diferencias partidarias: muchos dirigentes parecen estar muy cerca de los ciudadanos durante las campañas electorales, pero mucho más lejos una vez alcanzado el cargo.

La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad política cuestionando esas prácticas y prometiendo una forma distinta de ejercer la representación pública. Precisamente por eso, el principal desafío de sus legisladores no consiste únicamente en ocupar una banca o participar de la actividad parlamentaria, sino en demostrar que el cambio prometido también se expresa en la relación cotidiana con quienes los eligieron.

Porque la sociedad entrerriana no reclama privilegios ni discursos permanentes. Reclama interlocutores, respuestas y dirigentes que mantengan vivo el vínculo con el territorio.

La pregunta que queda abierta no apunta solamente a conocer dónde están hoy los representantes nacionales de La Libertad Avanza en Entre Ríos. El verdadero interrogante es si esa representación logrará diferenciarse, con hechos concretos, de las viejas prácticas que durante años fueron cuestionadas por el propio espacio político.

El tiempo, la gestión y el contacto permanente con la ciudadanía terminarán siendo, una vez más, los únicos jueces de aquella promesa de cambio que millones de argentinos decidieron respaldar en las urnas.

Por : Alejandro Monzon

Las fisuras de la gestión Azcué: cuando el problema deja de ser un funcionario y pasa a ser la conducción

La renuncia de Luciano Dell’Olio, la denuncia judicial por la contratación de VITSA, la creciente influencia del área de Hacienda y los movimientos internos dentro del gabinete no parecen ser hechos aislados. Todo indica que responden a una dificultad más profunda: la conducción política de un gobierno que, con el paso del tiempo, muestra síntomas de agotamiento mucho antes de haber cumplido su ciclo.

La renuncia de Dell’Olio y el desgaste prematuro de la gestión Azcué

Hay gobiernos que se desgastan por falta de recursos. Otros por la oposición. Algunos por factores económicos imposibles de controlar. Pero existen administraciones cuyo principal problema nace dentro de ellas mismas. Cuando eso ocurre, los cambios de nombres dejan de resolver los conflictos porque la verdadera crisis ya no está en los funcionarios sino en quien conduce.

La salida de Luciano Dell’Olio puede explicarse oficialmente por “motivos personales”. También pueden existir diferencias políticas, tensiones internas o el impacto de una denuncia judicial que hoy alcanza a buena parte de la primera línea del gobierno municipal. Todo eso puede ser cierto al mismo tiempo. Sin embargo, ninguno de esos elementos explica por sí solo por qué una gestión que prometía romper con las viejas prácticas comienza a exhibir síntomas de desgaste tan temprano.

Desde este medio señalamos en varias oportunidades que gobernar un municipio como Concordia exige mucho más que honestidad personal o voluntad de hacer las cosas bien. Requiere experiencia, planificación, capacidad para administrar conflictos y, sobre todo, una virtud que en política suele marcar la diferencia entre quienes trascienden y quienes fracasan: saber escuchar.

Cuando los hechos empiezan a hablar más fuerte que los discursos

Con el paso de los meses esa falta de escucha comenzó a hacerse evidente.
No porque lo diga la oposición ni porque lo sostengan los sindicatos. Los propios hechos empiezan a hablar por sí solos. Renuncias, desplazamientos, funcionarios históricos que abandonan el proyecto político, una concentración cada vez mayor de las decisiones en un grupo reducido, conflictos internos que terminan trascendiendo y una administración que parece reaccionar permanentemente a las crisis en lugar de anticiparse a ellas. Cuando esa sucesión de episodios comienza a repetirse, deja de tratarse de simples casualidades para transformarse en un patrón. Y ese patrón conduce inevitablemente a una pregunta incómoda: ¿el problema son los funcionarios que se van o la forma en que se conduce el gobierno?

El desafío de gobernar una ciudad compleja como Concordia

“Concordia no necesita solamente un buen administrador de recursos; necesita un conductor político.

Quizá el mayor error político de Francisco Azcué no haya sido una decisión administrativa puntual, sino haber creído que ganar una elección era suficiente preparación para gobernar una de las ciudades más complejas de la Argentina. Concordia no necesita solamente un buen administrador de recursos; necesita un conductor político capaz de integrar equipos, escuchar opiniones distintas, aceptar críticas y corregir el rumbo cuando la realidad demuestra que una decisión fue equivocada. Nada de eso debilita la autoridad. Por el contrario, la fortalece. La experiencia política demuestra que los dirigentes que dejan de escuchar terminan rodeándose únicamente de quienes les dicen aquello que desean oír, y cuando eso sucede el poder comienza lentamente a construir una realidad paralela que poco tiene que ver con los problemas cotidianos de la sociedad.

Existe además otro detalle que, aunque pueda parecer menor, resulta revelador. Durante toda esta gestión, Análisis Litoral jamás recibió una sola comunicación institucional del Municipio. No constituye un agravio para este medio, porque seguiremos informando con independencia como lo hemos hecho siempre. Sin embargo, sí representa un síntoma de una forma de ejercer el poder. Una administración que selecciona con quién dialoga termina perdiendo contacto con una parte importante de la realidad que pretende gobernar. La comunicación pública no consiste en repartir publicidad oficial ni en elegir interlocutores afines; consiste en rendir cuentas, explicar decisiones, responder preguntas incómodas y comprender que el periodismo no está para aplaudir gobiernos, sino para observarlos, analizarlos y controlarlos.

La oportunidad histórica que puede estar perdiéndose

Mientras tanto, Concordia continúa figurando entre las ciudades con los indicadores sociales más preocupantes del país. Es cierto que décadas de malas administraciones dejaron una herencia pesada, marcada por la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades. Pero también es cierto que esa herencia, con el paso del tiempo, deja de alcanzar como explicación para justificar los errores propios. Cada renuncia, cada funcionario desplazado, cada conflicto interno y cada denuncia judicial alimentan una sensación que comienza a instalarse entre muchos vecinos: la oportunidad histórica de producir un cambio profundo corre el riesgo de diluirse antes de haber dado los resultados que la sociedad esperaba.

Y probablemente allí resida la mayor frustración. Francisco Azcué llegó a la Intendencia representando algo distinto. Encarnaba la posibilidad de romper una lógica política que durante décadas pareció inalterable en Concordia. Sin embargo, gobernar exige mucho más que representar una esperanza. Exige conducir, y conducir también significa escuchar. Si ese aprendizaje no llega a tiempo, podrán cambiar los nombres del gabinete, reorganizar secretarías o anunciar nuevas etapas de gestión, pero el resultado difícilmente sea diferente. Porque los funcionarios pueden reemplazarse; lo que cuesta mucho más recuperar es la confianza de una sociedad que empieza a preguntarse si, una vez más, en Concordia sólo cambiaron los nombres mientras los problemas de fondo siguen exactamente en el mismo lugar.

Por : Alejandro Monzon

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Procesaron a Edgardo Kueider por presunto lavado de dinero en Paraguay

El exsenador nacional por Entre Ríos Edgadrdo Kueider está acusado en Paraguay de adquirir seis departamentos con fondos de origen ilícito.

El exsenador Edgardo Kueider afronta un nuevo proceso en Paraguay, esta vez por presunto lavado de dinero. El juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia dictó medidas reales sobre seis departamentos que el exlegislador habría adquirido en el país vecino usando dinero presuntamente ilícito. Se trata de una causa separada a la del supuesto contrabando de dólares por la que enfrenta un juicio.

La novedad se conoció a través de medios paraguayos, entre ellos ABC. Según consigna el portal, el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, procesó al exsenador y a su exsecretaria Iara Magdalena Guinsel Acosta, a los paraguayos Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, por presunto lavado de activos, imputados por las fiscalas Luz Guerrero y Verónica

De acuerdo con la nueva imputación presentada por las agentes del Ministerio Público, existen indicios de que los imputados habrían introducido al sistema legal financiero y comercial paraguayo sumas de dinero que tendrían origen ilícito. Con el mismo, a su vez, habrían adquirido un total de 6 departamentos con sus respectivas cocheras.

Los inmuebles se encuentran distribuidos: el departamento “7G”, en el piso 7, los departamentos “6C” y “6D”, en el piso 6, así como los departamentos “2B” y “2C”, en el piso 2, y el departamento “1B” en el piso 1, mientras que las cocheras están en el subsuelo del edificio Innova Las Mercedes, ubicado sobre la avenida General Santos esquina Marco de Brix, de la ciudad de Asunción.

Igualmente, el magistrado Rodrigo Estigarribia decretó la prohibición de innovar y contratar sobre las unidades de departamentos del referido edificio. Esto “atendiendo a la necesidad de evitar la eventual dispersión de los activos y de asegurar los fines del proceso”, según lo expresa el juez en su Auto Interlocutorio (AI) N° 180.

Hipótesis de la fiscalía paraguaya

De acuerdo con lo que presume el Ministerio Público de Paraguay, con base en lo que la justicia informó respecto a las causas que afronta el exlegislador en Argentina por presunto enriquecimiento ilícito, es que desde el 2017 los imputados habrían llevado a cabo una serie de actividades para introducir sumas de dinero ilícito al sistema comercial y financiero paraguayo.

En tal sentido, los ahora procesados habrían utilizado la empresa de maletín “Golsur SA”, como fachada para las operaciones financieras. De hecho, que esta firma ya estuvo bajo la lupa cuando Kueider y Guinsel habían sido detenidos al introducir dinero no declarado a Paraguay.

Añade el escrito fiscal que la estructura jurídica montada por la organización permitía la recepción y administración de capital de los ciudadanos argentinos, colocándolos a nombre de la sociedad anónima con la finalidad de ocultarlos a los verdaderos beneficiarios y así, borrar la trazabilidad del dinero con el que compraron los departamentos.

Esta investigación es una derivación de las pesquisas llevadas a cabo en Argentina, donde el fiscal Fernando Domínguez imputó a Kueider por los hechos punibles de lavado de activos, también cohecho, y negociación incompatible con el ejercicio de la función y violación de los deberes de funcionario público.

En abril de 2024, las firmas Innova Asunción SA, representada por el arquitecto Edgar Esteban Salum Pires, y Exclusiva Py EAS, representada por Andrés Torales y Fernando Cousirat, acordaron comercializar en conjunto unidades disponibles de los proyectos de Innova. Cousirat y Torales son los mismos integrantes de Golsur SA, donde Guinsel posteriormente comenzó a figurar como apoderada.

También en abril, Guinsel Costa le pagó en efectivo a Innova una seña de US$ 122.000 por la venta de los departamentos.

Dos meses más tarde, en junio, Guinsel e Innova Asunción SA firmaron un contrato de compraventa por las seis unidades con sus respectivas cocheras por un valor total de US$ 460.379.

Postergaron otra vez el juicio contra Edgardo Kueider en Paraguay.

Postergaron otra vez el juicio contra Edgardo Kueider en Paraguay.

El desembolso en detalles, según la investigación

-El 19 de junio, Guinsel entregó US$ 5.000 y se le extendió el recibo N° 1.946.

-Al día siguiente, 20 de junio, abonó US$ 250.000 en efectivo (recibo N° 1.947).

-El 2 de julio pagó US$ 40.000 también en efectivo (recibo N° 1.977).

-Dos días más tarde, el 4 de julio, abonó otros US$ 60.000 (recibo N° 1.992).

-El 9 de julio pagó US$ 30.000 en efectivo (recibo N° 2.019)

-El 16 de julio abonó US$ 55.380 (recibo N° 2.038)

-Al día siguiente, 17 de julio, Guinsel completó el saldo con la entrega de 20.000 pesos en efectivo (recibo N° 2.044).

Agregó que se manejaban entre Ciudad del Este y Asunción, pero mucho más en esta última.

“Creemos que comenzó a desarrollar negocios inmobiliarios con esta empresa, como manejando fondos de otros dirigentes políticos, inversiones de otra gente en Paraguay”, señaló, según consignó el sitio ABC de Paraguay.

El material también señala que se advierten algunas inconsistencias que serán motivo de investigación más adelante, especialmente respecto a la devolución del dinero y a la anulación de la operación. Resalta que no se registra entrada al país de Iara Guinsel en el período referido, dado que había salido, según Migraciones, el 21 de junio, y vuelto a entrar recién el 13 de octubre. Es decir que al momento en que supuestamente se le devolvió el dinero, no estaba en Paraguay.