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Más allá del anuncio de una nueva conducción partidaria, distintos dirigentes, consejeros y autoridades del justicialismo local comenzaron a plantear serios interrogantes sobre la validez institucional del procedimiento mediante el cual se proclamó al Dr. Agustín Cáceres como nuevo presidente del Partido Justicialista de Concordia.
Las observaciones no se limitan a diferencias políticas internas. Por el contrario, apuntan a posibles incumplimientos de requisitos estatutarios básicos que podrían derivar en impugnaciones formales y abrir una disputa sobre la legitimidad de las decisiones adoptadas.
La controversia sobre las supuestas renuncias
El primer punto de conflicto surge de las declaraciones públicas de Facundo Ruiz Díaz, quien asegura no haber presentado su renuncia a la presidencia del Consejo Departamental. En la misma línea, la vicepresidenta Yanina Barbona afirmó que continúa en funciones y que jamás fue notificada sobre un proceso destinado a reemplazar autoridades.
De confirmarse estas versiones, surge una pregunta central: ¿sobre qué fundamento institucional se declaró la vacancia de los cargos y quién estaba facultado para hacerlo?
Cuestionamientos por la falta de convocatoria
Otro de los aspectos señalados por fuentes partidarias es la presunta ausencia de una convocatoria formal a la totalidad de los integrantes del Consejo Departamental.
Según estas versiones, tampoco habría existido una comunicación previa que incluyera un orden del día donde se anunciara el tratamiento de una eventual acefalía o la designación de nuevas autoridades.
En cualquier órgano colegiado, la convocatoria regular y la debida notificación de sus integrantes constituyen condiciones esenciales para garantizar la transparencia y la validez de las decisiones adoptadas.
Dudas sobre el quórum necesario
La reunión en la que se habría definido el recambio contó, según trascendió, con la participación de siete de los quince consejeros titulares que integran el organismo partidario.
Esa circunstancia abre otro foco de controversia: si la cantidad de asistentes resultó suficiente para habilitar el funcionamiento formal del cuerpo y para adoptar una resolución de semejante trascendencia institucional.
Una mayoría que también es discutida
A las dudas sobre el quórum se suma el debate respecto de la mayoría necesaria para modificar la conducción partidaria.
Dirigentes consultados sostienen que una decisión de esta naturaleza requeriría el respaldo de la mitad más uno de los integrantes del Consejo Departamental, es decir, al menos ocho votos afirmativos.
Si efectivamente participaron siete consejeros y existió al menos un voto negativo, como trascendió desde el propio encuentro, la decisión podría enfrentar nuevos cuestionamientos sobre su validez.
Representación y participación de las minorías
Las críticas también alcanzan a la falta de participación de autoridades partidarias que integran la estructura institucional del PJ local.
La ausencia de notificación a consejeros, vicepresidentes y otros dirigentes con representación formal podría ser interpretada como una vulneración de los mecanismos internos de participación y control previstos para la toma de decisiones relevantes.
Se trata de un aspecto especialmente sensible en organizaciones políticas donde la representación de las distintas corrientes internas constituye uno de los pilares de funcionamiento democrático.
Un conflicto con posible derivación institucional
Las discrepancias ya no parecen limitarse al terreno político. Si las irregularidades denunciadas son formalizadas, el conflicto podría escalar hacia los órganos partidarios provinciales e incluso derivar en actuaciones ante la Justicia Electoral.
En ese escenario, la discusión dejaría de ser exclusivamente política para transformarse en una controversia institucional destinada a determinar cuál es la conducción legítima del PJ Concordia.
Lo que no se dice
Detrás de la discusión reglamentaria emerge una disputa de mayor profundidad: el control de la estructura partidaria de cara a la reorganización del peronismo local y a la construcción electoral con vistas a 2027.
La batalla no parece centrarse únicamente en nombres propios ni en un simple relevo generacional. Lo que está en juego es quién conducirá el proceso de reconstrucción política de un espacio que viene atravesando años de derrotas electorales, divisiones internas y pérdida de representación social.
Por eso, la polémica trasciende la figura de Agustín Cáceres o de Facundo Ruiz Díaz. Lo que se discute es si la renovación puede construirse respetando las reglas internas o si la urgencia por modificar liderazgos terminó generando un conflicto que amenaza con profundizar aún más las fracturas existentes.
Mientras una parte del justicialismo habla de renovación, otra denuncia un intento de imponer autoridades por fuera de los mecanismos establecidos. Entre ambas posiciones, el PJ Concordia enfrenta una nueva prueba de legitimidad cuya resolución podría marcar el rumbo político del partido durante los próximos años.
CONCORDIA. La reciente designación de nuevas autoridades en el Partido Justicialista de Concordia, presentada oficialmente como una etapa de renovación y recambio generacional, comenzó a generar las primeras controversias internas. Esta vez fue la actual vicepresidenta del PJ Concordia, Yanina Barbona, quien salió públicamente a cuestionar la legitimidad del procedimiento mediante el cual se anunció la nueva conducción partidaria.
En declaraciones realizadas a Análisis Litoral, Barbona aseguró no haber recibido ninguna notificación formal por parte del Partido Justicialista Provincial sobre la decisión comunicada en las últimas horas, pese a encontrarse ejerciendo un cargo electivo vigente dentro de la estructura partidaria.
La dirigente fue más allá y advirtió que la situación no solo vulneraría derechos políticos adquiridos mediante el voto de los afiliados, sino que además se produce en un contexto donde existen denuncias administrativas y judiciales aún pendientes de resolución respecto de la situación institucional del partido en Concordia.
“No fui notificada de ninguna decisión”
“Quiero ser clara y hablo solamente por mí. Soy Yanina Barbona, vicepresidenta del PJ Concordia, y no recibí ninguna notificación sobre esta decisión por parte del PJ Provincial”, expresó.
Según manifestó, el conflicto institucional que atraviesa el justicialismo concordiense no es nuevo y actualmente es materia de denuncias tanto ante organismos partidarios como ante la Justicia.
La dirigente sostuvo además que durante la ausencia del entonces presidente partidario, cumplió con las responsabilidades que le correspondían estatutariamente, llevando adelante las actividades partidarias durante la campaña electoral de 2025.
“Cuando el presidente Ruiz Díaz estuvo ausente, fui quien sostuvo el funcionamiento del partido durante la campaña de la Lista 501 Fuerza Entre Ríos, encabezada por Adrián Bahl y Guillermo Michel. Cualquier compañero puede dar testimonio de que trabajamos para que el PJ Concordia siguiera siendo la casa de todos los militantes”, afirmó.
Denuncias por violencia política y restricciones internas
Uno de los aspectos más delicados de su exposición pública está vinculado a las denuncias que asegura haber realizado contra integrantes del sector que posteriormente tomó control de la sede partidaria.
Barbona señaló particularmente al dirigente Javier Orduna, a quien responsabiliza por situaciones de maltrato que derivaron en una denuncia formal.
Según su relato, los episodios no solo no cesaron, sino que se profundizaron con el tiempo.
“Priorizando mi integridad física y emocional, se me recomendó no concurrir sola al establecimiento partidario. Incluso cuando solicité las llaves o que se me permitiera ingresar para realizar reuniones con compañeros, se me negó el acceso”, denunció.
La vicepresidenta sostuvo además que jamás existió un intento de acercamiento o diálogo para resolver las diferencias internas y que, por el contrario, las acciones recientes profundizan la división dentro del movimiento.
El eje de la discusión: legitimidad y democracia interna
Más allá de las diferencias personales o sectoriales, el planteo de Barbona introduce un debate de fondo sobre la legalidad y legitimidad del procedimiento utilizado para modificar la conducción partidaria.
La dirigente recordó que su cargo fue obtenido mediante una elección interna y refrendado posteriormente por los órganos partidarios competentes.
“A mí me eligieron los afiliados. No llegué por designación de nadie. Mi función fue respaldada por una elección democrática y por el Consejo Departamental que ratificó lo que correspondía por voluntad de los afiliados”, expresó.
Sus declaraciones también contienen una crítica hacia los mecanismos internos que, según considera, terminan alejando al partido de los problemas reales de la sociedad.
“No tienen respeto por los afiliados, los militantes ni por los vecinos que hoy atraviesan una situación muy difícil. Solo generan odio y más distancia entre compañeros”, afirmó.
Una advertencia hacia el PJ Provincial
Las palabras de Barbona también pueden interpretarse como un mensaje directo hacia las autoridades provinciales del justicialismo.
Su reclamo apunta a que los organismos partidarios competentes revisen lo actuado, especialmente considerando que existen denuncias pendientes y que, según sostiene, no se habrían respetado los procedimientos estatutarios ni las garantías democráticas internas.
La controversia abre un nuevo capítulo dentro de la ya compleja realidad que atraviesa el peronismo concordiense, donde los debates sobre renovación, representación y legitimidad parecen estar lejos de resolverse.
Lo que no se dice
Mientras algunos sectores celebran el recambio generacional anunciado esta semana, otros advierten que ninguna renovación puede consolidarse si previamente no se despejan las dudas sobre los mecanismos utilizados para producirla.
Porque en política no alcanza con hablar de democracia interna: también hay que practicarla.
Y cuando una autoridad electa denuncia que fue desplazada sin notificación formal, que existen denuncias sin resolver y que se desconocieron derechos adquiridos por el voto de los afiliados, la discusión deja de ser exclusivamente política para convertirse en una cuestión institucional.
La pregunta que comienza a recorrer los pasillos del peronismo concordiense es tan sencilla como incómoda: ¿puede construirse una nueva etapa partidaria ignorando los procedimientos que le dan legitimidad?
Antecedentes del conflicto
Cómo quedó conformado el PJ Concordia tras las últimas elecciones internas.
El rol de la vicepresidencia cuando se ausentó el presidente.
Las denuncias mencionadas por Barbona.
La reciente presentación de Agustín Cáceres y Sabrina Mazariche Parody.
Qué puede pasar ahora
Posible intervención del PJ provincial.
Resolución de las denuncias pendientes.
Impacto en la unidad del peronismo de Concordia de cara a futuras elecciones.
Durante más de cuarenta años, Concordia y gran parte de Entre Ríos fueron conducidas por dirigentes que, bajo distintos nombres, sellos y consignas, construyeron una relación política basada más en la dependencia que en el desarrollo.
Generación tras generación, los vecinos vieron desfilar campañas cargadas de promesas, caminatas multitudinarias, actos partidarios y consignas épicas que prometían una sociedad más justa. “Hasta la victoria siempre”, “Juntos por el pueblo”, “La patria es el otro” y tantas otras frases que, con el tiempo, fueron perdiendo significado frente a una realidad que nunca terminó de cambiar para miles de familias.
Cada elección repetía el mismo ritual. Los candidatos recorrían los barrios, estrechaban manos, escuchaban reclamos y prometían soluciones. Algunos incluso apelaban a la necesidad más básica de los sectores vulnerables, intercambiando ayuda inmediata por respaldo electoral. Mientras tanto, muchos ciudadanos votaban con esperanza, convicción o simplemente creyendo que esta vez sería diferente.
Sin embargo, la verdadera victoria parecía estar reservada para otros.
Para esos dirigentes que, una vez alcanzado el poder, construyeron carreras políticas interminables, acumularon privilegios, ubicaron familiares y allegados en cargos estratégicos y aseguraron un futuro económico muy distinto al de aquellos vecinos que les habían confiado su voto.
Hoy muchos de esos protagonistas disfrutan de una vida cómoda, mientras Concordia continúa encabezando rankings que nadie quisiera liderar: pobreza, desempleo, informalidad laboral y falta de oportunidades para los jóvenes.
Pero algo parece estar cambiando.
Lentamente, una parte importante de la sociedad comenzó a abrir los ojos. La cultura de la dádiva pierde fuerza frente a una realidad que demuestra que el progreso genuino solo puede construirse mediante el estudio, el trabajo, el esfuerzo personal y la generación de oportunidades reales.
La pregunta es si ese despertar será definitivo o si volverán a sonar las viejas sirenas de la política tradicional ofreciendo soluciones mágicas para problemas que ellas mismas ayudaron a crear.
El pedido de “normalización” del PJ y una pregunta incómoda
En este contexto apareció un comunicado de la agrupación “Convicción Peronista”, vinculada al ex intendente y ex candidato a gobernador Adrián Bahl, solicitando la normalización del Partido Justicialista de Concordia.
El documento habla de devolverle la voz a la militancia, abrir las unidades básicas, promover elecciones internas y reconstruir la esperanza colectiva.
Sobre el papel, los conceptos resultan atractivos. Participación, democracia interna, militancia y organización territorial son pilares fundamentales de cualquier fuerza política que pretenda representar a la sociedad.
Sin embargo, la pregunta que muchos concordienses se hacen es inevitable:
¿Quiénes son los que hoy hablan de reconstrucción?
Porque gran parte de los dirigentes que impulsan estos discursos formaron parte de las estructuras políticas que gobernaron la ciudad, la provincia y el país durante décadas.
Si Concordia es hoy una de las ciudades más pobres de la Argentina, ¿quiénes deben asumir la responsabilidad política por esa realidad?
Si durante años existieron recursos, obras, organismos, programas sociales y estructuras estatales, ¿por qué no se logró romper el círculo de pobreza estructural que sigue castigando a miles de familias?
La renovación que no termina de convencer
El comunicado insiste en la necesidad de una “renovación”. Sin embargo, para una sociedad golpeada por años de frustraciones, la palabra renovación ya no alcanza.
Los vecinos no observan discursos; observan resultados.
Y cuando ven a los mismos nombres, los mismos apellidos, los mismos espacios y los mismos operadores políticos hablando de cambios profundos, la credibilidad comienza a erosionarse.
Porque la verdadera renovación no consiste en cambiar el eslogan ni el logo partidario.
La verdadera renovación implica autocrítica.
Implica reconocer errores.
Implica explicar por qué una ciudad que recibió millonarias inversiones públicas terminó convertida en símbolo de pobreza.
Implica asumir responsabilidades antes de volver a pedir confianza.
Lo que no se dice
Mientras el comunicado enumera pavimento, centros infantiles, redes de agua y obras públicas, evita abordar el problema central:
Concordia sigue siendo una de las ciudades con mayores índices de pobreza del país.
Esa es la discusión que la política todavía no logra dar.
Porque las obras son importantes, pero una sociedad se mide por las oportunidades que genera para sus habitantes.
Y después de décadas de hegemonía política, los resultados sociales están a la vista.
El desafío de la nueva etapa
La administración actual de Francisco Azcué enfrenta enormes dificultades y una situación económica compleja heredada de años de desorden estructural. Sus resultados también serán evaluados por la ciudadanía.
Pero una cosa parece haber cambiado respecto de otras épocas: la sociedad ya no acepta relatos con la misma facilidad.
La gente pregunta.
Compara.
Investiga.
Y cada vez más ciudadanos entienden que ningún dirigente político puede transformarse en propietario eterno de la esperanza popular.
La reconstrucción de Concordia será posible cuando la política deje de mirar las próximas elecciones y empiece a pensar en las próximas generaciones.
Hasta entonces, cualquier convocatoria a la unidad o a la reconstrucción correrá el riesgo de parecer apenas otro capítulo de una historia que los concordienses conocen demasiado bien.
Y quizás por eso, hoy el problema del peronismo no sea la falta de normalización partidaria.
El verdadero problema es que una parte importante de la sociedad ya no cree en quienes durante décadas le prometieron un futuro mejor y terminaron administrando su frustración.
Ingresó por el Senado y plantea un “alcance interpretativo” de la Constitución.
Un proyecto de ley ingresó al Senado y refiere a la cláusula de reelección de los intendentes y viceintendentes. El artículo primero es entusiasta cuando expresa que “tiene por objeto establecer el alcance interpretativo de la limitación a la reelección prevista en el artículo 234 de la Constitución Provincial”.
Ese cláusula constitucional dice: “…durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos o sucederse recíprocamente por un período consecutivo más y luego sólo por períodos alternados…”.
El proyecto de ley dice en su artículo número 2°: “La prohibición de reelección reviste carácter personal y alcanza a todo ciudadano que haya ejercido dos períodos consecutivos en el Departamento Ejecutivo Municipal, sea en calidad de presidente municipal o vice presidente municipal”.
Bien.
Artículo 4° de la iniciativa: “Los ciudadanos alcanzados por esta ley, sólo podrán postularse nuevamente una vez transcurrido un período completo”.
Bien.
Hasta acá, la carta magna es tan clara como el proyecto presentado.
Según el autor, Vergara, “se han verificado en los últimos períodos electorales diversas presentaciones judiciales promovidas por ciudadanos de distintas jurisdicciones municipales, en las cuales se han articulado planteos fundados en el derecho a ser elegido, así como en la invocación de supuestos vacíos o ambigüedades normativas”.
“Tales planteos han procurado -sigue el senador de Juntos por el Cambio – en algunos casos con resultados favorables, habilitar interpretaciones que importan una flexibilización de los límites constitucionales a la reelección, con la consecuente afectación del principio de temporalidad en el ejercicio de los mandatos”.
Al caso que se hace referencia en los fundamentos es el “Cergneux, Leonardo Rubén Lista Nro. 323 Unidos Somos Más C/ Viganoni Fernando Rubén Lusta Nro. 2 Más Para Entre Ríos S/ Impugnación de Proclamación y/u Oficialización de Candidatura”.
Se trata de Fernando Viganoni, quien se había desempeñado como viceintendente en San Justo (Departamento Uruguay), los cuatro años siguientes fue elegido intendente y en 2023 se presentó para reelegir, imponiéndose en la elección. En esta última, claramente, no podía. La Constitución es clarísima.
El caso de Juan Carlos Darrichón fue similar. Pretendía ser intendente por tercera vez. No podía. Punto.
El proyecto de ley de pretensiones interpretativas no dice ni una palabra sobre un caso que podría prestarse a la confusión. Es el de Mauricio Davico, intendente de Gualeguaychú, sobre quien todavía no se resolvió la impugnación a su candidatura. El dirigente vecinal venía de gobernar Pueblo General Belgrano en dos oportunidades consecutivas y se presentó para una tercera, pero en Gualeguaychú. La pretensión de ser intendente por tercera vez consecutiva es comparable a los casos anteriores, pero en Davico aparece surge otro interrogante: ¿se puede cambiar de distrito y volver el reloj reeleccionista a cero?. El Tribunal Electoral interpretó que sí y es lo que ahora tiene que resolver el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Cuando se indaga las motivaciones del senador Diamante, la lupa se va hasta Rámirez, donde Flavia Pamberger es intendenta, pero cuenta como segundo mandato porque en la anterior fue vice de Vergara. Le imputan ganas de buscar una nueva reelección y las relaciones con su senador, Vergara, no serían las mejores. Dicen.
Al fin de cuentas, la Constitución en su artículo 234 no parece dejar lugar a dudas. Lo que sucedió hace 3 años fue un bochorno jurídico que, ahora, se pretende “interpretar”.
Fuertes denuncias sobre pagos de favores en designaciones de directores políticos, coordinadores de inteligencia y escandalosos sobreprecios en la obra pública han llegado de manera detallada a nuestra redacción, aportando documentación y testimonios que exponen la verdadera magnitud de manejos administrativos fraudulentos en el ámbito local.
Los sobreprecios en la obra pública, como ciclovía y puentes, y el sostenimiento de puestos de favor político para nombres conocidos, amparados por las decisiones de Adán Bahl y de quien fuera su Secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento, forman parte de las graves irregularidades que los trabajadores de carrera de la comuna han decidido sacar a la luz ante este medio.
La reciente decisión de dar de baja una licitación abusiva de 80 millones de pesos para modificar la ciclovía de la Costanera, que ahora se realizará con personal municipal por una fracción de ese costo, desnudó una matriz de desidia institucional intencional que conecta de forma directa con las denuncias sobre el accionar de diversos involucrados en la causa CONTRATOS II. Esta farsa queda al descubierto al contrastar la actual lupa administrativa con el historial de la gestión anterior de Adán Bahl y su secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento, período caracterizado por convalidar demarcaciones viales a costos que duplicaban los parámetros de mercado en dólares, otorgar contrataciones directas cuestionables a empresas constructoras con graves antecedentes y sostener designaciones políticas de alto rango económico en dependencias difusas para amparar a operadores, como Joel Kohan, que no prestan servicios reales.
El detonante de este debate fue la decisión de Romero de frenar de manera tajante el proceso licitatorio impulsado por la Subsecretaria de Planificación, arquitecta Alejandra Flores, el cual preveía una inversión cercana a los 80 millones de pesos para cambiar de margen la traza de bicicletas en la Costanera Baja. La jefa comunal consideró abusivo y escandaloso abonar semejante cifra a una empresa privada.
En su lugar, desautorizó el anuncio oficial de Flores y determinó que las tareas , que demandarán entre 30 y 40 días, incluyendo bacheo, remoción de maceteros e instalación de separadores viales de caucho, se ejecuten íntegramente con mano de obra del personal municipal y materiales comprados de forma directa. La intendenta estimó que este cambio de estrategia administrativa representará un ahorro sustancial para las arcas de la comuna, estimando el costo real en apenas una fracción de lo presupuestado originalmente, es decir, entre un 70% y un 80% menos de lo que pretendía gastar la gestión técnica de Flores.
Aún no se sabe si la subsecretaria Alejandra Flores presentó la renuncia ante semejante y humillante desautorización pública de la intendenta Rosario Romero, o si pretende seguir atornillada a su sillón como si nada hubiera pasado. Una permanencia en el puesto que, a esta altura, resulta éticamente insostenible y un insulto a los contribuyentes.
¿Con qué autoridad moral puede continuar al frente de la planificación urbana una funcionaria que pretendía imponer un gasto descomunal de ochenta millones de pesos por un simple trabajo de pintura y remoción de maceteros?
Semejante brecha con el costo real, que la propia intendencia demostró que se puede resolver con mano de obra municipal por apenas una fracción de lo presupuestado, enciende de inmediato las alarmas más oscuras. Ante un sobreprecio tan burdo y escandaloso, es inevitable que en el ciudadano común surja la sospecha legítima y la pregunta obligada de si detrás de esa insistencia por contratar a una empresa privada no se escondía el beneficio personal, el histórico y nefasto retorno que tanto asfixia a las arcas públicas. Sostener en sus funciones a quien validó semejante despropósito no solo dinamita la credibilidad de la gestión, sino que hace pensar que el vaciamiento y la complicidad siguen siendo opciones válidas en los despachos oficiales.
La firmeza de la actual gestión contrasta nítidamente con la laxitud financiera que caracterizó al período 2019-2023. En marzo de 2021, bajo la intendencia de Bahl y con Maximiliano Argento como ejecutor de la infraestructura, el municipio adjudicó a la firma privada Becha S.A. el primer tramo del «Programa Bicivía» por un monto exacto de $9.723.596,48. Pocos meses después, en junio de ese mismo año, se le otorgaron a la misma empresa otros 9 millones de pesos para una extensión hacia el Thompson, totalizando casi 20 millones de pesos por apenas 10 kilómetros de pintura y señalización horizontal.
La conversión de estos valores a la realidad cambiaria desuda un desfasaje monumental. En marzo de 2021, con un dólar oficial cotizando a 89 pesos, aquel primer contrato de casi 10 millones de pesos equivalía a 109.000 dólares. Si esa misma cotización en moneda extranjera se traslada al valor del mercado cambiario actual, que promedia los 1.400 pesos, la obra ejecutada por Argento costó el equivalente a más de 152 millones de pesos de hoy. Es decir, mientras que a la actual intendencia pagar 80 millones de pesos le pareció un exceso intolerable para la comunidad, en la gestión anterior se convalidó un gasto que duplicaba los parámetros actuales de mercado para un trabajo idéntico de demarcación vial, descartando sistemáticamente la utilización de las cuadrillas municipales.
Las polémicas ligadas a la gestión de Maximiliano Argento en Obras Públicas no se limitaron a la pintura de senderos. Uno de los episodios más críticos de su administración fue la firma del contrato para la reparación del puente sobre la calle Moreno. Dicha estructura había demandado a los contribuyentes paranaenses un desembolso superior a los 121 millones de pesos a valores de la época y sufrió un desmoronamiento estructural en una de sus cabeceras a escasos cuatro años de su inauguración. El desastre vial no solo bloqueó el tránsito de una arteria clave, sino que forzó un polémico cambio en el sentido de circulación del Parque Urquiza que despertó el rechazo generalizado de la ciudadanía.
Lejos de iniciar acciones legales contra la constructora Norvial por las evidentes fallas de edificación o de exigir la ejecución de las garantías de obra, la Secretaría de Obras Públicas a cargo de Argento optó por un camino sumamente cuestionable: premiar a la misma empresa con un nuevo contrato directo de $9.428.219,92 para enmendar sus propios errores. Para mayor ironía de la época, la firma ya arrastraba severos cuestionamientos por las deficiencias técnicas en el puente de la calle Gálvez, cuya infraestructura defectuosa provocó el trágico desborde pluvial que terminó con la vida de la joven Fiorella Furlán. Los paranaenses terminaron pagando dos veces por una misma obra, en un marco de profunda crisis donde el esfuerzo fiscal de los contribuyentes era administrado con una alarmante desidia.
Vale recordar que Maximiliano Argento arribó a la Municipalidad de Paraná por gentileza de Adán Bahl, habiendo adquirido previamente un lujoso departamento ubicado en la estratégica esquina de calle Tucumán y Alameda de la Federación, en plena zona del Parque Urquiza. La propiedad, valuada por agentes inmobiliarios en unos 400 mil dólares, fue comprada mientras Argento se desempeñaba simplemente como un empleado del Senado provincial, entonces manejado por el propio Bahl, coincidiendo temporalmente con el momento en que estalló el multimillonario escándalo de los «Contratos (truchos) de la Legislatura». Esta impactante adquisición representa un patrimonio sumamente difícil de justificar con el sueldo de un agente legislativo; un dato clave y una inconsistencia financiera brutal que los fiscales de la causa «Contratos II» no deberían pasar por alto bajo ninguna circunstancia.
La trama que rodea a la vieja estructura de Obras Públicas de Paraná posee derivaciones que exceden los presupuestos y rozan el armado de esquemas de inteligencia interna y cobros indebidos. De acuerdo con los registros del personal de la comuna, durante la intendencia de Adán Bahl este y Maximiliano Argento el 02/01/2020 designaron con el cargo de Director Político a Joel Kohan en el área de obras públicas. Los trascendidos de los pasillos gubernamentales coinciden en que no existía una necesidad real de contratar personal, sobre todo en un momento en que se estaban dando de baja cientos de contratos de personas que llevaban años prestando servicios, dejándolas en la calle bajo la excusa de buscar el equilibrio fiscal del municipio.
Según fuentes municipales fidedignas, el nombrado no cumplía ninguna función específica y el cargo de director político le fue otorgado únicamente como pago por favores recibidos, como haber hecho tareas ajenas a la función pública, coordinando presuntas operaciones y maniobras complejas mediante una abogada de un reconocido estudio jurídico ubicado sobre la calle 25 de Junio de la capital entrerriana. Kohan estuvo de Director Político categoría 34 hasta el 04/10/2024, para ser designado a partir de esa fecha por pedido de Bahl y Argento en pago de favores como COORDINADOR de INTELIGENCIA CON LA CATEGORÍA 43 y un sueldo de 1.949.154 pesos con un adicional por función de 816.000 pesos amparándose en la ordenanza 9014.
Antes de abandonar el Ejecutivo Municipal, Adan Bahl se encargó de blindar el futuro de su equipo de confianza. El segundo de la cartera de Obras Públicas, Gerardo Pastor, un técnico de extracción radical cuyo padre fuera el secretario del histórico caudillo previsional Arturo Vera, logró su estabilidad en la planta permanente del Estado, habiendo desempeñado previamente funciones administrativas clave en el Senado provincial cuando Bahl ejercía la vicegobernación. Al concluir el mandato, tanto Argento como Pastor y otros asesores directos se replegaron en la Cámara Alta entrerriana, garantizando la continuidad del cobro de haberes de altísimo rango legislativo.
El caso de Joel Kohan expone un escenario de marcada irregularidad administrativa que genera un profundo malestar entre los empleados de carrera de la Municipalidad de Paraná. El funcionario fue reubicado estratégicamente en una estructura creada bajo el rótulo de la Coordinación de Inteligencia, una dependencia difusa que opera formalmente bajo la órbita de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, con asiento en las oficinas de Avenida Ramírez 2821. Quienes cumplen funciones de manera diaria en dicha repartición denuncian de manera categórica que el coordinador no se presenta a cumplir sus tareas habituales, registrando inasistencias prolongadas que se extienden por meses enteros sin justificación alguna. El cobro regular de un sueldo de jerarquía de director, categoría 43, por parte de un agente que reviste la condición de «ñoqui» institucional, constituye una afrenta directa hacia los trabajadores que sostienen los servicios públicos en la ciudad.
Este escándalo de personal, sumado a las irregularidades en la obra pública, deja al desnudo una matriz de desidia institucional evidentemente intencional y planificada. Un sistema que, mientras convalidaba escandalosos sobreprecios medidos en dólares y premiaba sistemáticamente a constructoras penalmente cuestionadas por la sociedad, sostenía en paralelo estructuras burocráticas oscuras para amparar a operadores y «ñoquis» de la política.
La información da cuenta que la diputada Marcela Pagano atraviesa hoy su peor momento político y judicial tras acumular siete denuncias penales por presunto enriquecimiento ilícito en los tribunales.
A este complejo escenario tribunalicio se suma un nuevo escándalo que acaba de conocerse y que detalla la construcción de una suntuosa y millonaria pileta privada.
Mientras los principales medios mantienen a la opinión pública entretenida con los temas de Manuel Adorni, este dato se intentó ocultar de la agenda mediática tradicional.
El millonario misterio en Nordelta
En ningún lado sale a la luz que la ostentosa obra de Marcela Pagano se ejecuta en un exclusivo y costoso barrio privado de la zona de Nordelta.
La diputada Lilia Lemoine fue la encargada de romper el cerco informativo al revelar detalles precisos y mostrar las imágenes de la costosa estructura en las redes.
Esta filtración vincula de forma directa las sospechas sobre su patrimonio con un nivel de vida sofisticado que genera un repudio unánime en la sociedad.
Más tarde o más temprano, Marcela Pagano va a tener que dar explicaciones ante la Justicia y ante una sociedad que exige transparencia absoluta.
Traición política y rechazo popular
La indignación de la gente radica en que Pagano llegó al Congreso gracias a Javier Milei y, poco tiempo después de asumir, decidió soltarle la mano.
El electorado libertario detesta este giro político inesperado, acusándola de oportunismo y de utilizar la estructura del espacio para su beneficio estrictamente personal.
La contradicción flagrante entre el discurso de la austeridad y una pileta de millones de pesos destruyó por completo la credibilidad residual de la legisladora.
Quienes depositaron su confianza en ella sienten que fueron utilizados como un simple trampolín para que la periodista consiguiera fueros y una banca legislativa.
La bronca de los votantes defraudados
La base de votantes que militó la boleta del cambio expresa una furia total al ver cómo la diputada se alejó de los ideales originales del espacio.
Muchos ciudadanos recuerdan que Pagano no tenía un caudal de votos propio y que su llegada a la Cámara Baja se debió exclusivamente al arrastre libertario.
El hecho de haberle dado la espalda al proyecto libertario es considerado por sus propios seguidores como una de las mayores deshonras electorales de los últimos tiempos.
Las redes sociales le dicen de todo
Tras conocerse las imágenes de la propiedad y los detalles de la obra, las plataformas digitales estallaron de inmediato con millones de interacciones furiosas.
En el mundo virtual se armaron bandos irreconciliables entre defensores y detractores, aunque el apoyo a la legisladora es visiblemente marginal y escaso en las redes.
La abrumadora mayoría de los ciudadanos de a pie manifiesta una profunda bronca, inundando cada publicación con duros comentarios que exigen auditorías urgentes a sus bienes.
La paciencia social se encuentra totalmente agotada y el caso de la pileta en Nordelta se transformó en el símbolo definitivo del descontento contra su figura.
Este escándalo debilita aún más su ya golpeada posición política, dejándola en una situación de aislamiento absoluto dentro y fuera del ámbito del Congreso Nacional.
La Sala Penal Nº 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó por mayoría los recursos de queja presentados por las defensas del ex gobernador Sergio Urribarri, del empresario Diego Cardona Herreros y del ex funcionario Carlos Marcelo Haidar, y dejó así expedito el camino hacia el juicio oral en una de las investigaciones por corrupción más relevantes de la historia institucional de la provincia, que se generó tras una denuncia de la revista ANALISIS en 2017.
La resolución, firmada el 8 de mayo de 2026, confirmó que no habrá una nueva revisión extraordinaria sobre los planteos defensivos vinculados a nulidades, exclusiones probatorias y pedidos de sobreseimiento formulados durante la etapa intermedia del proceso.
La decisión fue adoptada por mayoría de dos votos contra uno. Los jueces Miguel Ángel Giorgio y Susana Medina rechazaron las quejas, mientras que Daniel Omar Carubia votó en disidencia y sostuvo que las impugnaciones debían ser admitidas.
Un fallo clave antes del juicio
La resolución del máximo tribunal provincial no ingresa en el fondo de las acusaciones de corrupción, pero sí tiene un efecto procesal decisivo: clausura la discusión sobre la admisibilidad de los recursos extraordinarios planteados por las defensas y habilita la continuidad del expediente hacia el debate oral.
El eje de la disputa jurídica giró en torno a si las defensas podían seguir cuestionando, antes del juicio, la validez de determinadas pruebas, nulidades del requerimiento fiscal y rechazos de sobreseimiento dictados durante la audiencia de remisión a juicio celebrada en junio de 2025.
Los abogados de los imputados sostuvieron que la evidencia incorporada en la investigación era ilegal y que permitir su utilización en el debate oral implicaría un “vicio de origen” capaz de anular eventualmente todo el juicio.
También denunciaron que los distintos tribunales inferiores habían rechazado sistemáticamente sus recursos utilizando argumentos formales para evitar revisar el contenido de sus planteos.
El voto de Giorgio: “La centralidad del juicio oral”
El voto rector fue redactado por Giorgio, quien construyó una defensa cerrada del modelo acusatorio y de las limitaciones recursivas en la etapa preparatoria del proceso penal.
El magistrado consideró que las defensas intentaron abrir “un iter recursivo excesivo y dispendioso” mediante una cadena sucesiva de apelaciones, casaciones y quejas destinadas a revisar decisiones que no constituyen “sentencia definitiva”.
Para Giorgio, el principal obstáculo jurídico era precisamente la ausencia de definitividad, requisito indispensable para habilitar la impugnación extraordinaria local y federal.
“El ámbito idóneo de discusión y alegación de las tesis en pugna” —sostuvo— es el juicio oral, público y contradictorio, y no la etapa preparatoria.
El juez desarrolló además una fuerte defensa conceptual del sistema acusatorio. Señaló que, a diferencia del viejo esquema mixto, el nuevo modelo busca restringir los recursos durante la investigación para evitar dilaciones y asegurar que los conflictos se resuelvan en el debate oral.
En uno de los tramos más relevantes del fallo, advirtió que una apertura excesiva de instancias recursivas “frustra la centralidad del debate” y afecta la celeridad del proceso penal.
También citó doctrina procesal para sostener que, cuando una queja es rechazada, queda cerrada la posibilidad de seguir intentando reabrir la discusión sobre el mismo recurso denegado.
El magistrado incluso reforzó la postura de la Cámara de Casación respecto de que las cuestiones vinculadas a admisibilidad de recursos son, por regla general, ajenas al control extraordinario.
En definitiva, Giorgio concluyó que las defensas pretendían revisar cuestiones procesales no equiparables a sentencia definitiva y que no existía un gravamen irreparable que justificara la apertura excepcional de la instancia.
La disidencia de Carubia: crítica al “exceso ritual”
La posición minoritaria de Carubia fue la más favorable a las defensas y representó una fuerte crítica al modo en que los tribunales inferiores habían cerrado sucesivamente los recursos.
El vocal entendió que las presentaciones defensivas no constituían una simple discrepancia formal, sino que involucraban “concretas afectaciones” al derecho de defensa y al debido proceso.
Carubia advirtió que los planteos sobre nulidades y exclusiones probatorias difícilmente podrían reeditarse después del cierre de la investigación penal preparatoria.
Por eso consideró “quimérico e inconcebible” sostener que existiría otra oportunidad procesal adecuada para discutir esos agravios.
A diferencia de Giorgio, el juez entendió que los recurrentes sí habían logrado demostrar un posible perjuicio irreparable.
Incluso subrayó la “innegable trascendencia social, política y mediática” de la causa y afirmó que, precisamente por esa relevancia institucional, correspondía una revisión “escrupulosa” de la evidencia que llegaría eventualmente al juicio oral.
En otro tramo central de su voto, cuestionó el uso de argumentos meramente formales para rechazar recursos sin ingresar al análisis profundo de los agravios.
Carubia sostuvo que debía evitarse “un ilegítimo exceso de rigor ritual” y concluyó que las impugnaciones extraordinarias habían sido mal denegadas.
Por eso propuso admitir las quejas y habilitar la revisión extraordinaria ante la propia Sala Penal del STJ.
Medina acompañó el rechazo y habló de “recurso ad infinitum”
La jueza Susana Medina acompañó el criterio de Giorgio y profundizó la crítica hacia la estrategia recursiva desplegada por las defensas.
En su voto sostuvo que los planteos ya habían sido rechazados reiteradamente en las instancias anteriores y remarcó que el ámbito adecuado para discutir esas cuestiones era el juicio oral.
Pero además avanzó sobre un concepto particularmente severo: definió el recorrido procesal impulsado por los imputados como un caso de “recurso ad infinitum”.
Citando doctrina, Medina describió esa figura como la utilización sucesiva de recursos “notoriamente improcedentes” con el objetivo de dilatar indefinidamente el trámite principal.
La magistrada incluso vinculó esa conducta con la noción de abuso del derecho procesal y sostuvo que existía “un notorio exceso en el ejercicio de la facultad recursiva”.
En esa línea, afirmó que las presentaciones defensivas perseguían “una injustificada extensión del trámite judicial”.
Medina también reivindicó la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la imposibilidad de revisar cuestiones procesales locales vinculadas a admisibilidad de recursos.
Qué implica la decisión
La sentencia no define culpabilidades ni resuelve todavía las acusaciones de corrupción, pero sí consolida procesalmente el expediente y deja prácticamente agotadas las vías provinciales para cuestionar la remisión a juicio.
Las defensas habían denunciado que la negativa a revisar nulidades y exclusiones probatorias convertía las garantías constitucionales en “meros enunciados teóricos”.
También argumentaban que permitir que el juicio avance con prueba supuestamente ilegal podía afectar de manera irreversible el derecho de defensa.
Sin embargo, la mayoría del STJ entendió que esos cuestionamientos no habilitan una revisión extraordinaria en esta etapa y que deberán ser eventualmente discutidos durante el debate oral.
El fallo exhibe además una tensión jurídica de fondo sobre el alcance del sistema acusatorio: mientras la mayoría privilegió la celeridad y la centralidad del juicio oral, la minoría sostuvo que no puede sacrificarse el control judicial de garantías en nombre de la simplificación procesal.
Con esta resolución, la causa queda más cerca de ingresar en la etapa de juicio oral y público, en un expediente que concentra una enorme expectativa política e institucional en Entre Ríos y que involucra a uno de los dirigentes más poderosos que tuvo la provincia en las últimas décadas.
El Congreso provincial de la UCR de Entre Ríos sesionará el sábado 6 de junio. Debe aprobar el acortamiento de los actuales mandatos partidarios. Se prevén elecciones internas para el 2 de agosto. Un punto de fricción: la suspensión de las PASO.
El Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos ha propuesto al domingo 2 de agosto como fecha de elecciones para la renovación de autoridades partidarias.
De este modo ratificó la decisión de que la UCR vuelva a votar cargos partidarios los años pares, a fin de separar la interna de los procesos electorales que tienen lugar los años impares. Es una tradición que se interrumpió en 2020, cuando las restricciones por la pandemia aplazaron la interna de 2020 para 2021.
Esto implica la reducción del mandato de la actual conducción, que preside la intendenta de Federal, Alicia Oviedo, asumida en mayo de 2025 y, por lo tanto, con mandato hasta mayo de 2027.
Si las elecciones son efectivamente en agosto, el recambio de autoridades se producirá a más tardar en septiembre, con lo cual el mandato de Oviedo habrá durado 16 meses.
Pero este acortamiento de mandato debe ser aprobado por el Congreso provincial de la UCR. Con ese propósito se reunirá el sábado 6 de junio, probablemente en Paraná (el lugar no está aún definido).
La propuesta de votar el 2 de agosto cuentan “con el aval unánime de la totalidad de los integrantes del Comité Provincial”, según afirmó el senador Rubén Dal Molín en la nota que elevó al Congreso partidario en su carácter de vicepresidente de la UCR.
En marzo, la UCR Activa –el sector que el año pasado perdió la interna- emitió un documento en el que sostiene que un acortamiento en los mandatos de las autoridades partidarias podría derivar en una judicialización.
¿Sin PASO?
Aunque todavía no está en el orden del día, el Congreso radical podría meterse en otra discusión tal vez más caliente: emitir un mandato a los legisladores radicales para que, llegado el caso, no voten la suspensión de la Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Entre Ríos.
Aunque el grueso de la dirigencia radical quiere mantener las primarias –porque entienden que le daría más lugar en las listas de la alianza con LLA- por estos días nadie pone las manos en fuego por el voto de los senadores y diputados del radicalismo ante un eventual proyecto del Ejecutivo que disponga la suspensión en Entre Ríos de las PASO, que fueron mantenidas en la reforma electoral de 2024.
Los propios legisladores que votaron hace dos años esa reforma podrían ahora dar marcha atrás con las PASO para acompañar una posible estrategia electoral del Gobernador, o en función de los acuerdos que cierre cada diputado y senador del heterogéneo Juntos por Entre Ríos.
Lo que está claro es que para una suspensión de las PASO (para una reforma de la reforma política aún sin estrenar) Frigerio necesita del voto de los legisladores radicales, ya que el peronismo es el más interesado en mantenerlas a fin de ordenar su interna.
A la UCR pertenecen ocho de los 18 diputados y siete de los ocho senadores de Juntos por Entre Ríos. Muchos de ellos se enfrentaron en las internas de 2021 y 2023, a favor y en contra de Frigerio.
Dentro de la dirigencia de la UCR que acompaña a Frigerio predomina la idea de mantener las primarias, como una herramienta necesaria para cumplir una doble función: contener el frente interno de Juntos por Entre Ríos y ordenar la alianza con La Libertad Avanza, que muchos ven como inevitable para 2027.
Los radicales pretenden una lógica de armado distinta a la de 2025, cuando todo lo que había para ocupar era, como máximo, tres bancas en Diputados y dos en el Senado de la Nación. En 2027, en cambio, se votará el próximo gobernador, los próximos intendentes, senadores, diputados provinciales y concejales. Es decir, será una elección infinitamente más territorial que la intermedia de 2025. Y, con toda lógica, la UCR pretende hacer pesar su condición de único partido con capilaridad política dentro del oficialismo.
Para el grueso de los radicales el escenario ideal para la definición de la oferta electoral sería en elecciones provinciales separadas de las nacionales y con PASO.
Lo ven como el mejor antídoto para no volver a quedar a la cola en las listas de la esperada reedición de la alianza con LLA.
No van a competir por la gobernación, pero pretenden que ahora la oferta electoral que acompañe a la reelección de Frigerio (intendentes y senadores) no se defina por acuerdo de cúpulas, sino con el voto popular que permiten elecciones como las primarias: de carácter obligatorio, a padrón abierto y financiadas por el Estado.
El senador provincial Rubén Dal Molín cuestionó duramente las declaraciones de Victoria Tolosa Paz durante su visita a Federación y sostuvo que “resulta llamativo que una exministra del peor gobierno de la historia argentina venga ahora a dar lecciones sobre desarrollo, producción y turismo”.
“Hablan de federalismo y de oportunidades después de haber dejado un país con inflación récord, pobreza creciente, destrucción del salario y miles de jóvenes obligados a irse de sus pueblos porque ya no encontraban trabajo ni futuro”, expresó.
Dal Molín afirmó además que “el kirchnerismo pretende apropiarse políticamente de una historia de desarrollo que nació mucho antes y gracias a la visión de dirigentes locales de Federación”.
“Federación no nació turísticamente de un relato nacional ni de una ley anunciada en campaña. Federación se reinventó después de una tragedia histórica gracias al esfuerzo de su gente y a dirigentes radicales como Carlos Cecco, que tuvieron la visión y la valentía de apostar al termalismo cuando nadie creía en ese proyecto”, remarcó.
En ese sentido, consideró que “el peronismo debería tener un poco más de humildad y reconocer quiénes fueron realmente los protagonistas de la transformación de Federación”.
Pero además, el legislador apuntó contra la situación actual del turismo en la ciudad y responsabilizó a la gestión municipal del intendente Ricardo Bravo por “años de estancamiento, improvisación y pérdida de competitividad”.
“Resulta llamativo escuchar grandes discursos sobre turismo de parte de quienes gobiernan Federación hace años y no han podido resolver problemas básicos de infraestructura, planificación y promoción. El turismo termal no vive solamente del pasado ni de las fotos políticas. Necesita gestión todos los días”, señaló.
Dal Molín también recordó que la administración municipal de Bravo ha estado atravesada por cuestionamientos y denuncias públicas vinculadas al manejo de recursos y decisiones administrativas, “mientras la ciudad pierde dinamismo frente a otros destinos turísticos que sí entienden cómo evolucionar y modernizar la oferta”.
“Federación merece nuevos dirigentes que defiendan su historia con honestidad y que trabajen pensando en el futuro, no dirigentes nacionales que vienen a usar políticamente a la ciudad mientras representan el mismo modelo que empobreció a millones de argentinos”, concluyó.
Empresario de la salud privada y presidente de la Comisión de Salud de Diputados, fue denunciado por presuntas maniobras de direccionamiento de prestaciones hacia empresas vinculadas a su familia en Jujuy
El Tesla que el diputado libertario Manuel Quintar estacionó esta semana en el garage del Congreso hizo mucho más que llamar la atención por su estética futurista y su valor millonario. La camioneta eléctrica importada desde Estados Unidos terminó iluminando una trama incómoda para el oficialismo: denuncias de presunto direccionamiento de prestaciones del PAMI en Jujuy hacia clínicas y empresas vinculadas al legislador, su familia y su entorno político.
Pero Quintar posa sonriente frente al vehículo y hasta le ploteó su cuenta de Instagram. Asegura que lo compró con dinero de sus negocios privados para “hacer campaña” en la provincia, donde proyecta competir por la gobernación en 2027. “Es un cartel móvil”, dice. Habla relajado, minimiza las acusaciones, responsabiliza a “los radikukas” y hasta desafía a los periodistas: “¿Qué más quieren saber?”. Parece tener respuesta para todo.
Martín Menem salió a defender a Quintar y dijo que puede comprarse el auto que quieraInstagram
Negocios en Jujuy
Empresario de la salud privada y presidente de la Comisión de Salud de Diputados, Quintar quedó en el centro de acusaciones que lo señalan por mezclar intereses públicos y privados en una provincia donde las fronteras entre política, negocios y sistema sanitario aparecen cada vez más difusas.
La denuncia presentada ante la justicia federal jujeña por Facundo Pérez Ernst describe un entramado complejo de funcionarios nacionales y sociedades vinculadas al diputado. La causa quedó radicada en la fiscalía de Federico Zurueta. Según fuentes judiciales, Zurueta todavía no formalizó la investigación. En Jujuy rige el sistema acusatorio, un esquema que otorga mayor protagonismo a los fiscales en el impulso y desarrollo del expediente.
“El caso está en etapa de investigación previa a la formalización. Se ordenaron varias medidas de prueba. Algunas ya completadas y otras aún pendientes de cumplimiento”, explicó una fuente con acceso al expediente. “Son medidas de índole económico y patrimonial, otras relacionadas a vínculos entre empresas y organismos públicos”, sumó.
El titular local del PAMI, Evaristo Bautista -a quien dirigentes y empresarios provinciales identifican como excontador y asesor de empresas ligadas a Quintar, algo que el legislador niega-, es señalado como quien habilitó prestaciones y pagos a clínicas relacionadas con el grupo familiar.
Entre ellas aparecen la Clínica Los Lapachos, la Clínica San Francisco -propiedad de su esposa, Natalia Castillo Aurane– y la Cooperativa de Profesionales de la Salud.
Evaristo Bautista, titular del Pami en Jujuy, presuntamente vinculado como contador a la Clínica Los Lapachos, propiedad del diputado Quintar
También figura el titular de Migraciones en Jujuy, Roque Pereyra, quien actúa como apoderado legal de una de las firmas asociadas al entorno del diputado, la Clínica San Francisco. Para el denunciante, el esquema configuró un mecanismo de direccionamiento de recursos estatales hacia prestadores privados cercanos al legislador libertario.
Pereyra, además, es socio de Quintar en el estudio jurídico del legislador: Quintar y Asociados.
Roque Pereyra (izquierda) sonríe abrazado a Quintar
Quintar, abogado de profesión, integra una familia históricamente ligada al negocio de la salud privada en Jujuy. Su principal activo es el sanatorio Los Lapachos, en San Salvador, una clínica que durante años funcionó bajo el nombre “Sanatorio Quintar”, fundada por su padre y uno de sus tíos médicos en la década del noventa, en pleno auge de la medicina privada.
El cambio de nombre llegó en 2012, después de una etapa marcada por conflictos sindicales, denuncias, juicios por mala praxis y una reestructuración empresaria que permitió mantener operativa la clínica bajo una nueva razón social. “La quebraron varias veces para no pagar”, resume un dirigente político jujeño que siguió de cerca el derrotero de la empresa.
Los Lapachos también quedó asociada a las internaciones de Milagro Sala, en medio de las causas judiciales que enfrentó la dirigente de la Tupac Amaru. El expresidente Alberto Fernández la visitó en ese sanatorio, en 2022, para respaldarla políticamente.
Alberto Fernández, en la clínica Los Lapachos junto a Milagro SalaCaptura
Del PJ a LLA
Para entonces, el apellido Quintar ya orbitaba el peronismo provincial. Manuel Quintar había integrado en 2021 la lista de candidatos del Frente de Todos impulsada por Rubén Rivarola – titular del PJ local hasta su intervención en 2023-, cuando quedó cerca de ingresar a la Legislatura jujeña.
Nunca ocupó cargos relevantes dentro del PJ, pero era conocido en la política local por sus vínculos con el sector empresario de la salud. Con el ascenso de Javier Milei, sin embargo, recalculó. Se incorporó a La Libertad Avanza (LLA) y logró un lugar en la lista de diputados nacionales avalado por el entonces operador territorial Carlos Kikuchi y Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei. Hoy, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a respaldarlo ante el revuelo que generó la aparición de su Tesla en el Congreso. El sobrino del expresidente dijo que el legislador “puede manejar el auto que quiera” y negó que haya un supuesto malestar interno por su gesto ostentoso. Milei reposteó el mensaje de Menem en la red social “X”.
“Me fui del PJ cuando me di cuenta de lo que eran”, se justifica hoy Quintar.
Manuel Quintar, el diputado libertario Instagram
La denuncia en su contra sostiene que, ya como diputado nacional, ese entramado de vínculos políticos comenzó a convivir con los negocios privados de su entorno familiar. Según el escrito judicial, clínicas y sociedades vinculadas a Quintar lograron habilitaciones y prestaciones ante el PAMI Jujuy bajo la gestión de funcionarios ligados al legislador.
Una de ellas es la Clínica San Francisco, donde figura como accionista su esposa, Castillo Aurane. Allí aparece como apoderado legal Roque Pereyra, actual titular de Migraciones en Jujuy.
La denuncia también pone el foco sobre la Cooperativa de Profesionales de la Salud, creada en 2003 y reactivada en 2024, que incorporó nuevas autoridades y obtuvo poco después autorización para prestar servicios a la obra social de los jubilados. Entre quienes quedaron vinculados a la estructura figura una prima del legislador, Analía Quintar, como apoderada.
El otro nombre central es el de Evaristo Bautista, titular del PAMI Jujuy, presuntamente ligado a las sociedades del legislador. La denuncia sostiene que desde su cargo habría facilitado habilitaciones y pagos para los prestadores asociados al entorno del legislador. “Es mentira. No tuvo ninguna vinculación con mis empresas. Es contador y asesora a muchas empresas de la provincia”, respondió Quintar ante la consulta de LA NACION.
En Jujuy, empresarios del sector médico aseguran que el malestar con Quintar creció en los últimos meses. Mencionan diferencias en los topes de prestaciones autorizadas a cada institución para evitar maniobras de sobrefacturación mediante estudios inexistentes o simulados. Según relatan fuentes del sector, mientras otros centros privados enfrentaban límites estrictos para facturar estudios clínicos y diagnósticos por imágenes, gran parte de las prestaciones excedentes terminaban derivadas hacia Los Lapachos.
Diego Spagnuolo, con Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, en 2023
Hay otro episodio que alimentó las sospechas en la provincia. A comienzos de 2025, en el marco de las auditorías impulsadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), beneficiarios de pensiones por discapacidad fueron citados para revalidar sus prestaciones justamente en Los Lapachos, la clínica vinculada a la familia Quintar.
Es decir: el mismo Gobierno que impulsaba auditorías masivas sobre presuntas irregularidades en pensiones por discapacidad derivaba esos controles a una clínica ligada a uno de sus propios dirigentes políticos.
En el marco de las auditorías, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) citaba a las personas con pensiones por discapacidad de Jujuy a revalidar el beneficio en la Clínica Los Lapachos, propiedad del legislador libertario
Quintar rechaza esas acusaciones y asegura que su clínica opera bajo los mismos parámetros que el resto de los prestadores. “Todo parte de operaciones de los radicales jujeños en connivencia con el kirchnerismo”, responde.
En el ecosistema político que rodea al diputado también aparecen otros nombres con pasado peronista. Uno de ellos es Luis Miranda, designado por el Gobierno como titular de la CNRT en Jujuy. Excomisario, gremialista de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios(Fasipp) y operador político de larga trayectoria en la provincia, Miranda estuvo detenido a comienzos de los 2000 en una causa vinculada a autos gemelos: vehículos robados cuya documentación, patentes y numeración de motor o chasis eran adulteradas para reinsertarlos en el mercado como unidades legales. Su nombre circula en Jujuy como parte del entramado político que acompañó el desembarco libertario en la provincia.
El apellido Quintar también tiene peso político fuera de Jujuy. Su hermana, Alba Quintar, participó el año pasado en Salta de un armado libertario paralelo al oficial, alineado con la senadora Emilia Orozco. Durante la campaña reivindicó las ideas de Milei y prometió “recortar el Estado”, aunque desde LLA la acusaban de fragmentar la oferta libertaria y jugar en favor del gobernador Gustavo Sáenz. Tras las elecciones, terminó incorporándose al gobierno salteño como coordinadora de consumos problemáticos.
Gustavo Sáenz y Alba Quintar, hermana del diputado libertario
Los bienes de Quintar
En su Declaración Jurada inicial de 2023 reportó bienes por apenas $4,1 millones, cifra que hacia el cierre de ese mismo año ascendió a más de $252 millones, impulsada principalmente por la valuación de su participación del 33% en Servicios Profesionales de Salud SRL, que pasó de declararse en $500.000 a más de $225 millones.
Al finalizar 2023, Quintar declaró una casa en San Salvador de Jujuy, dos locales comerciales, participaciones en otros inmuebles y tres lotes ubicados entre Salta y Jujuy. También informó una flota de vehículos compuesta por una Volkswagen Amarok, una Mercedes Benz ML 320, una motocicleta KTM 990 Adventure y una Husqvarna TE300I incorporada ese mismo año, además de efectivo y depósitos bancarios por alrededor de $1,8 millones.
Autos y motos de Manuel Quintar, el diputado libertario que fue al Congreso con un Tesla Cybertruck
En 2024, en tanto, su patrimonio declarado volvió a mostrar fuertes oscilaciones. Aunque inició el ejercicio con activos por más de $511 millones, cerró el año con un total de $231 millones, principalmente por una caída abrupta en la valuación declarada de su participación societaria y porque algunos bienes -como su vivienda y la Amarok- pasaron a figurar con valor cero. Aun así, durante ese período incorporó nuevos bienes de alta gama: un furgón Toyota Hiace Wagon valuado en $34 millones y una motocicleta eléctrica Stark Varg por más de $33 millones. A eso se suma ahora el Tesla Cybertruck importado desde Estados Unidos, que allegados al legislador estiman en US$126.000 más otros US$5000 de traslado marítimo desde Miami.
