El comunicado difundido por la agrupación Convicción Peronista, cuestionando la decisión del gobierno municipal de destinar casi $18.850 millones a obras de pavimentación, abre una discusión legítima sobre las prioridades de una gestión. Porque toda decisión política implica elegir, y toda elección conlleva responsabilidades.
Sin embargo, detrás de esa crítica aparece una pregunta que también merece ser formulada: ¿quiénes tienen autoridad moral para cuestionar las prioridades actuales cuando durante décadas administraron la pobreza sin lograr derrotarla?
Es válido discutir si en una ciudad atravesada por problemas de pobreza, desempleo juvenil, consumo problemático de drogas y creciente vulnerabilidad social el asfalto debe ser la prioridad. Nadie discute la importancia de fortalecer los clubes, los centros comunitarios o las políticas de contención. Pero tampoco puede ignorarse que Concordia no se convirtió en una de las ciudades con mayores índices de pobreza de la Argentina en apenas dos años de gestión municipal.
La realidad actual es consecuencia de un deterioro acumulado durante décadas, precisamente bajo administraciones que hicieron de la justicia social, la asistencia y la presencia del Estado sus principales banderas. Por eso, cuando desde Convicción Peronista se plantea que “las prioridades también son responsabilidades”, la frase inevitablemente termina alcanzando a buena parte de la dirigencia política que gobernó la ciudad y la provincia durante largos períodos.
Porque también hay una pregunta incómoda que merece ser formulada: ¿alcanza con seguir exigiendo que el Estado resuelva individualmente cada problema, cada necesidad y cada situación de pobreza? La experiencia de los últimos cuarenta años parece demostrar que no. Con miles de millones invertidos en planes, subsidios, programas y estructuras asistenciales, Concordia no dejó de ser pobre. Al contrario, consolidó una cultura de dependencia que, muchas veces, terminó beneficiando más a intermediarios, dirigentes, punteros y “vivos” de siempre que a los sectores más humildes que decían representar.
La asistencia es necesaria cuando existe una emergencia. Pero convertirla en un sistema permanente no genera desarrollo, genera dependencia. Por eso, quizás sea más criticable que gastar $18.850 millones en pavimento el hecho de no haber sido capaces de diseñar durante décadas un verdadero proyecto de desarrollo integral para Concordia y la región. Porque la verdadera transformación no pasa solamente por repartir recursos, sino por crear condiciones para que la gente pueda progresar por sus propios medios.
Hace falta educación, capacitación, inversión privada, incentivos para producir, infraestructura, integración regional y una política seria para generar empleo genuino. Hace falta enseñar a pescar antes que seguir repartiendo eternamente el pescado. Y no por una cuestión de insensibilidad social, sino precisamente por dignidad. Porque nadie se realiza dependiendo para siempre de una ayuda estatal. La comunidad organizada de la que hablaba el peronismo original no era una sociedad de ciudadanos subordinados al subsidio permanente, sino una sociedad de trabajadores, empresarios, cooperativas, clubes, sindicatos y organizaciones intermedias capaces de generar movilidad social y progreso.
La paradoja es que quienes hoy cuestionan las prioridades del gobierno municipal deberían comenzar por hacer una profunda autocrítica. Porque Concordia no llegó a esta realidad por culpa del asfalto. Llegó a esta realidad después de décadas de pobreza administrada, de clientelismo, de ausencia de planificación estratégica y de una dirigencia que confundió contención con desarrollo. Nadie come asfalto, es cierto. Pero tampoco se sale de la pobreza repartiendo eternamente asistencia sin generar oportunidades.
Las calles no reemplazan a las personas. Pero las personas tampoco recuperarán su dignidad si la política sigue reduciendo el futuro de miles de concordienses a la dependencia permanente del Estado. La discusión, entonces, no debería ser “asfalto o ayuda social”. La verdadera discusión es por qué, después de cuarenta años, todavía seguimos administrando la pobreza en lugar de derrotarla.
Porque tan importante como pavimentar una calle es construir un proyecto de ciudad capaz de producir trabajo, inversión y movilidad social. Y esa deuda, más que de una gestión, es una deuda histórica de una dirigencia que hace mucho tiempo dejó de enseñar a pescar y se acostumbró a repartir un pescado que nunca alcanzó para sacar a Concordia del fondo.
Quizás por eso, el debate que propone Convicción Peronista pueda ser saludable. Pero para que sea sincero debería comenzar por una autocrítica profunda. Porque las prioridades también son responsabilidades. Y las responsabilidades no empezaron ayer.
La pregunta que queda abierta es tan simple como incómoda: ¿qué hicieron quienes gobernaron durante décadas para que Concordia dejara de encabezar los índices más alarmantes de pobreza del país? Porque antes de cuestionar el destino de $18.850 millones en pavimento urbano, tal vez sea necesario explicar por qué, después de tantos años y tantos recursos administrados, la ciudad sigue esperando el verdadero desarrollo integral que nunca llegó.
