Gustavo Bordet, exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional, cuestiona el modelo económico del Gobierno actual y sostiene que el ajuste hace padecer a las familias, golpea a las pymes y perjudica a las provincias.
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Gustavo Bordet
En la Cámara de Diputados volvimos a discrepar con este modelo de país que pone las prioridades financieras por encima de las necesidades de los argentinos.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la llamada “Inocencia Fiscal” no son discusiones aisladas. Forman parte de una misma mirada sobre el rol del Estado: menos herramientas para intervenir, menos controles y más margen para que los sectores de mayor capacidad económica se muevan con mayor libertad.
Mientras las familias hacen malabares para llegar a fin de mes, las pymes enfrentan caída de ventas y las provincias reclaman recursos para sostener servicios esenciales, el Gobierno nacional insiste con un modelo que descarga el esfuerzo sobre trabajadores, jubilados y sectores productivos.
La estabilidad económica es necesaria, pero no puede construirse a cualquier precio. Ordenar las cuentas no puede significar abandonar a quienes producen y trabajan.
Por eso voté en contra. Porque creo en un Estado que controle, recaude con justicia y tenga herramientas para defender el interés público. Un Estado que acompañe la producción, el trabajo y el desarrollo, y no que se limite a mirar desde afuera mientras las desigualdades crecen.
La Argentina necesita equilibrio, pero también necesita justicia.
El problema es que Bordet parece olvidar que también fue protagonista de la Argentina que hoy intenta recuperarse.
Durante sus ocho años al frente de Entre Ríos, la provincia contrajo importantes compromisos de deuda en dólares y terminó su gestión con una situación financiera que posteriormente requirió nuevas medidas de reestructuración.
Pero hay algo aún más delicado: su patrimonio continúa siendo investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, causa que tuvo nuevos avances y allanamientos durante 2026. Además, su nombre aparece mencionado en investigaciones vinculadas al caso Securitas-ENERSA y otros expedientes que involucran a funcionarios y personas de su entorno político.
Esto no significa una condena: será la Justicia la que determine si existieron delitos. Pero sí plantea una pregunta inevitable:
¿Con qué autoridad política y moral se presenta Bordet ante la sociedad como defensor de quienes sufren las consecuencias del ajuste, cuando todavía debe responder por decisiones de su propia gestión y por investigaciones judiciales que lo tienen bajo la lupa?
La Argentina no llegó a esta situación de un día para otro. Llegó después de décadas de déficit, inflación, emisión, endeudamiento y gobiernos que prometieron proteger a los argentinos mientras deterioraban progresivamente sus condiciones de vida.
Por eso, antes de cuestionar a quienes intentan ordenar las cuentas públicas, algunos dirigentes deberían explicar qué hicieron cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar.
El debate sobre el ajuste es legítimo. Lo que no parece legítimo es pretender convertirse en juez del presente olvidando el pasado.
La sociedad argentina necesita memoria. Porque quienes durante años administraron el fracaso no pueden presentarse ahora como los únicos capaces de salvarnos de sus consecuencias.
Por : Alejandro Monzon. Análisis Litoral