La decisión de Enersa de remitir al Juzgado Federal de San Isidro la totalidad de la investigación interna, junto con contratos, documentación administrativa y poderes para reclamar judicialmente el perjuicio económico sufrido por la empresa, abre una nueva etapa en la denominada causa Securitas.
No se trata de un trámite administrativo más. La empresa estatal reconoce la existencia de un esquema de sobreprecios y sobrepagos millonarios que, según su propia investigación interna, habría generado un importante perjuicio patrimonial. Ahora será la Justicia Federal la que determine hasta dónde llegaban las responsabilidades políticas, administrativas y empresariales.
En este contexto, inevitablemente vuelve a aparecer un nombre que ya había surgido en los peritajes de la causa: el del exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional, Gustavo Bordet.
Hasta el momento, Bordet no se encuentra imputado en la causa Securitas ni fue citado a declaración indagatoria. Sin embargo, las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de los empresarios Claudio y Marcelo Tórtul incorporaron miles de conversaciones en las que el apellido “Bordet” aparece mencionado en numerosas oportunidades, incluyendo referencias que la Justicia analiza dentro del expediente. Diversos medios nacionales informaron sobre esas conversaciones, mientras que el propio exgobernador rechazó cualquier vinculación con un supuesto sistema de pago de coimas y negó haber mantenido relaciones con los empresarios investigados.
Pero el escenario político y judicial de Bordet ya no puede analizarse únicamente desde la causa Securitas.
Actualmente, el exmandatario provincial enfrenta en Concordia una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal José Emiliano Arias. En el marco de esa pesquisa ya se realizaron allanamientos sobre distintas propiedades y se ordenaron medidas destinadas a reconstruir la evolución patrimonial del exgobernador y de personas vinculadas a su entorno.
Aunque ambas investigaciones tramitan en fueros distintos y responden a objetos procesales diferentes, existe un elemento que no puede pasarse por alto: las dos apuntan a examinar decisiones, movimientos patrimoniales y posibles responsabilidades originadas durante los años en que Bordet ejerció el máximo poder político de la provincia.
La documentación que ahora Enersa entregó a la jueza Sandra Arroyo Salgado y al fiscal federal Fernando Domínguez podría convertirse en una pieza relevante para profundizar líneas investigativas ya existentes o abrir nuevas derivaciones, siempre que el análisis judicial encuentre elementos que lo justifiquen. Por el momento, no existe información pública que permita afirmar que esa documentación implique una imputación formal contra Bordet dentro del expediente Securitas.
Sin embargo, desde una perspectiva institucional, el panorama merece atención.
No resulta menor que un diputado nacional que gobernó Entre Ríos durante ocho años aparezca mencionado en una de las investigaciones federales por corrupción empresarial más importantes del país y, al mismo tiempo, sea objeto de una causa provincial por presunto enriquecimiento ilícito.
Será la Justicia la que determine si esas menciones constituyen simples referencias de terceros o si existen elementos suficientes para avanzar sobre eventuales responsabilidades penales. La presunción de inocencia debe respetarse plenamente mientras no exista una resolución judicial en contrario.
Lo que sí constituye un dato político objetivo es que el cerco judicial alrededor de hechos ocurridos durante la administración anterior continúa estrechándose. La remisión de la investigación interna de Enersa demuestra que el expediente Securitas está lejos de haber concluido y que todavía podrían surgir nuevos elementos de prueba, nuevas responsabilidades o nuevas líneas de investigación.
En una provincia donde la sociedad exige desde hace años mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, cada avance judicial deja una advertencia clara: ninguna gestión debería considerar que el paso del tiempo garantiza el olvido de sus actos. Las investigaciones continúan, los expedientes siguen abiertos y será la Justicia quien tenga la última palabra.
Una advertencia para toda la dirigencia
La causa Securitas ya dejó de ser únicamente un expediente sobre una empresa de seguridad privada.
Empieza a convertirse en una radiografía del funcionamiento del poder durante una etapa de la administración provincial.
La sociedad entrerriana tiene derecho a conocer qué ocurrió con cada contrato, cada adenda, cada licitación y cada peso administrado por el Estado.
Porque la transparencia no puede depender del cambio de gobierno ni de la conveniencia política del momento.
La confianza pública solo se recupera cuando las instituciones investigan sin privilegios, cuando la Justicia actúa con independencia y cuando ningún cargo, por importante que haya sido, se convierte en un escudo frente a la obligación de rendir cuentas.
Hoy Gustavo Bordet conserva intacta la presunción de inocencia que garantiza la Constitución. Pero también es cierto que el tiempo de las preguntas parece haber reemplazado al tiempo de las certezas políticas. Y esa, quizás, sea la mayor novedad que deja este nuevo capítulo de la causa Securitas.
