Las noticias más relevantes del día en Argentina y la región, con cobertura de política, economía y actualidad. Información con análisis propio, contexto y una mirada crítica desde Análisis Litoral.
De acuerdo al último reporte meteorológico, se ha emitido una alerta amarilla por vientos intensos que afectará a diversos departamentos de la provincia de Entre Ríos este domingo.
La advertencia rige específicamente para las localidades y zonas de influencia de Victoria, Gualeguay, Tala, Gualeguaychú, Colón, Uruguay e Islas del Ibicuy.
El área será afectada por vientos persistentes del sector suroeste y oeste. Se prevén velocidades constantes de entre 35 y 50 km/h, pero el dato de mayor relevancia son las ráfagas, que podrían superar los 80 km/h en momentos puntuales.
Ante este escenario se recomienda a la población retirar de balcones y patios objetos que puedan ser volados por el viento. Evitar actividades al aire libre, especialmente en zonas con arboledas o estructuras que puedan representar un riesgo.
En el mes de noviembre de 2017, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al por ese tiempo intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, y al jefe de la Policía Federal Argentina, ahora ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, puso en funcionamiento una nueva Delegación de la PFA en esa ciudad.
Entonces, se dispuso que la nueva Delegación Chajarí de la PFA tendría jurisdicción en los departamentos Concordia, Federación, Federal, Colón, San Salvador y San José Feliciano. Se inauguró con una dotación de personal de 69 efectivos entre hombres y mujeres. También se la dotó con camionetas, autos, motos, vehículos de traslado de detenidos y un can detector de narcóticos. En cuanto a tecnología aplicada a la Seguridad, la Delegación de Chajarí se la equipó con un sistema portátil de identificación de patentes, un sistema de planillas prontuariales digitales (SASI) y un sistema de identificación de personas Morpho Touch.
Ahora, esa delegación Chajarí de la Policía Federal se levanta.
“La Policía Federal Argentina deja la ciudad de Chajarí. No es una novedad. Lo presumíamos desde hace algún tiempo. Y lamentamos que así sea”, indicó el intendente de Chajarí, Macelo Borghesán (Juntos).
Y agregó: “Fue un hito importante para la ciudad que, durante los primeros años, funcionó con 80 efectivos y 12 móviles. Su radio de acción eran los Departamentos Concordia, Federación, Federal, Colón, San Salvador y San José Feliciano”.
En 2020, sin embargo, cuando asume la presidencia Alberto Fernández, la situación cambió.
Primero empiezan a retirar móviles y luego personal. En 2021 la Delegación se convirtió en un Departamento de Investigaciones Complejas del Noreste Argentino, es decir, una base de investigación desde Entre Ríos hacia el Norte. Esto cambió su radio de acción, que pasa a ser las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Chaco. En 2022 los 80 efectivos se redujeron a 40, aproximadamente. La quita de personal y móviles fue aún más notoria estos últimos años.
“La Policía Federal Argentina no se va hoy. Se empezó a ir, progresivamente, desde 2020. No es éste el final que queríamos pero la política del actual Gobierno de la Nación, de reducción y reorganización de recursos, le impuso un nuevo destino, más próximo a la Triple Frontera de Argentina, Paraguay y Brasil”, añadió el Municipio.
Y apuntó: “Hicimos los esfuerzos y las gestiones que había que hacer. Desde el primer día, durante 8 años, ininterrumpidamente, abonamos con recursos municipales de los todos los chajarienses el alquiler del inmueble que ocuparon. Cooperamos, además, de otras formas, y pese al compromiso de sus autoridades de sostener el Departamento en la ciudad se resolvió su traslado”.
“Es comprensible, si se considera la reorientación de la política de seguridad hacia una zona del país más gravitante, pero nos queda el sabor amargo, tras tantos años de apostar e invertir por el afianzamiento de la fuerza en nuestra comunidad”, destacó.
Este jueves, la Cooperativa Eléctrica de Concordia realizó la puesta en marcha del sistema de generación solar, en un acto donde también se anunciaron importantes avances en infraestructura y servicios.
El encuentro comenzó con las palabras del presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), José Bernardo Álvarez, quien destacó el esfuerzo y compromiso de la entidad local. Subrayó que las cooperativas no solo brindan servicio eléctrico, sino que han ampliado sus prestaciones a áreas como internet y otros servicios esenciales, adaptándose a las necesidades de la comunidad.
Álvarez valoró además la inversión en equipamiento, como la incorporación de vehículos, señalando que representan herramientas fundamentales para mejorar la calidad del servicio y la respuesta ante contingencias. En ese sentido, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre cooperativas, municipios y los distintos niveles del Estado para afrontar el contexto de incertidumbre y garantizar mejores servicios.
Reseña histórica
Luego, el intendente Francisco Azcué resaltó la importancia del trabajo articulado entre el Estado, las cooperativas y las instituciones intermedias, afirmando que “la ciudad es de todos” y que el desarrollo debe construirse de manera conjunta.
Recordó que durante la pandemia se impulsó el desarrollo de la fibra óptica en la ciudad y destacó el rol pionero de la cooperativa en la prestación de internet. También valoró el esfuerzo actual en un contexto económico complejo, donde —según indicó— la innovación, la eficiencia en la administración de recursos y la inversión adquieren un valor aún mayor.
El jefe comunal señaló además que Concordia lleva adelante el plan de infraestructura más importante de su historia, con una inversión superior a los 15 millones de dólares, y remarcó la necesidad de crecer de manera sostenible, incorporando energías renovables como la solar.
Asimismo, hizo referencia a proyectos estratégicos como la subestación transformadora, que permitirá fortalecer el abastecimiento energético y mejorar las condiciones para atraer inversiones y generar empleo.
Por su parte, el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Concordia, Marcelo Espinelli, expresó su emoción por la concreción del proyecto, destacando que es el resultado de años de planificación y trabajo.
Espinelli remarcó el valor histórico del lugar donde se desarrolló la obra, recordando que allí comenzó la generación de energía en la ciudad en 1939, pocos años después de la fundación de la cooperativa en 1933. En ese marco, señaló la evolución del sistema energético local, desde los primeros motores diésel hasta la actual incorporación de energía fotovoltaica.
También destacó que la obra fue realizada por una empresa de la provincia y puso en valor el avance tecnológico alcanzado, asegurando que la cooperativa se encuentra a la altura de las mejores del país.
Finalmente, agradeció el acompañamiento de dirigentes y autoridades, señalando que su presencia representa un respaldo importante para continuar avanzando en proyectos que mejoren los servicios y la calidad de vida de la comunidad.
Reforma electoral , la política argentina podría estar a punto de vivir uno de sus cambios más profundos en décadas. El Gobierno envió al Senado una reforma electoral que promete terminar con privilegios históricos, reducir el gasto público y exigir estándares más altos a quienes buscan cargos de poder.
El dato que más sacude el tablero: se eliminan las PASO. Sí, las elecciones primarias dejarían de existir tal como se conocen, poniendo fin a un sistema que durante años obligó a millones de argentinos a financiar internas partidarias con sus impuestos. A partir de ahora, cada partido deberá arreglar sus propias diferencias puertas adentro.
El documento que se pondrá a debate en los próximos meses también modificará la Ley de Financiamiento sobre los Partidos Políticos
Pero eso no es todo.
El proyecto incorpora la llamada “Ficha Limpia”, una medida que podría marcar un antes y un después: cualquier dirigente con condena en segunda instancia por delitos graves quedará automáticamente fuera de las elecciones. La política, bajo esta propuesta, ya no sería refugio para quienes tienen cuentas pendientes con la Justicia.
Otro cambio fuerte apunta al corazón del sistema: el dinero. La reforma busca cortar con los fondos en negro que históricamente rodearon las campañas. Se prohíben los aportes anónimos y se exige que cada peso tenga origen claro y verificable. Más control, más transparencia, menos oscuridad.
Además, se implementaría la boleta única en papel, un sistema más simple y económico que promete agilizar la votación y reducir irregularidades. Menos boletas, menos costos, más claridad para el votante.
La iniciativa también sube la vara para los partidos políticos: ya no será tan fácil crearlos ni sostenerlos sin respaldo real. Se exigirán más afiliados, más actividad y resultados concretos para seguir vigentes. El objetivo es claro: terminar con los llamados “sellos de goma”.
En paralelo, se endurecen las reglas de campaña. Habrá sanciones para quienes se adelanten a los tiempos establecidos y se limitará el uso del Estado en períodos electorales, buscando evitar ventajas indebidas.
El mensaje detrás de la reforma es contundente: una política más austera, más transparente y con menos margen para prácticas cuestionadas.
Ahora, el debate se traslada al Congreso, donde comenzará una negociación clave que definirá si este proyecto se convierte en ley y cambia definitivamente la forma en que se elige el poder en Argentina.
Durante los 25 días anteriores a la elección, quedarán prohibidos los actos inaugurales de obra pública, lanzamientos de planes estatales y cualquier actividad oficial que pueda influir en la voluntad del electorado. La publicidad gubernamental no podrá favorecer ni desalentar el voto por ninguna agrupación o candidato.
En el capítulo de financiamiento partidario, la reforma establece que los aportes estatales solo serán destinados a partidos reconocidos y prohíbe donaciones anónimas, de empresas concesionarias, sindicatos, personas extranjeras o individuos procesados o condenados por delitos graves. Al menos 10 % de los fondos públicos deberán destinarse obligatoriamente a capacitación e investigación. Todos los movimientos financieros deberán realizarse a través de una única cuenta bancaria por distrito, bajo la supervisión de la Justicia Electoral y la Cámara Nacional Electoral.
El total de aportes permitidos por persona física o jurídica no podrá superar el 35 % del límite fijado por el módulo electoral y la cantidad de electores. Además, la normativa exige la presentación detallada de gastos de campaña, incluyendo el material difundido en internet y redes sociales, con la obligación de discriminar por rubros como administración, publicidad, alquiler de sedes, encuestas, transporte y otros conceptos estrictamente vinculados a la elección.
La reforma establece que el financiamiento público se dividirá en dos partes: el 20 % se asignará en forma igualitaria entre todos los partidos reconocidos, mientras que el 80 % restante será distribuido de manera proporcional a la cantidad de votos obtenidos por cada partido en la última elección de Diputados Nacionales, siempre que hayan alcanzado al menos el 1 % del padrón electoral. Este esquema busca combinar criterios de igualdad y representatividad en la asignación de fondos estatales para el funcionamiento partidario.
Además, incorpora una disposición que impide a las agrupaciones políticas la contratación de servicios prestados por personas extranjeras. Esta restricción abarca cualquier tipo de servicios requeridos por los partidos en el desarrollo de sus actividades, con el objetivo de limitar la injerencia o influencia externa en el funcionamiento y financiamiento de la vida partidaria nacional.
Una novedad que se incorpora es que tampoco será obligatorio el debate presidencial.
En el plano internacional, la reforma suspende la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta que exista una fecha electoral simultánea en todo el bloque, denominada “Día del Mercosur Ciudadano”. Mientras tanto, los representantes argentinos serán designados por la Cámara de Diputados, respetando la proporcionalidad política y percibiendo únicamente viáticos por asistencia.
Los partidos políticos ya existentes contarán con plazo hasta el 30 de junio de 2027 para adecuar su funcionamiento a las nuevas disposiciones. También se prevén restricciones para la designación de personas inhabilitadas en altos cargos ejecutivos, cuerpos colegiados y empresas estatales.
La Justicia detectó coimas de hasta un 15% en las SIRA, el sistema de importaciones implementado durante la gestión de Sergio Massa en el gobierno de Alberto Fernández. En la causa aparece mencionado el entrerriano Guillermo Michel, actual diputado nacional, aunque sin imputación confirmada hasta el momento.
Investigación judicial por coimas en las SIRA
Una investigación que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, con intervención del fiscal Franco Picardi, comenzó a revelar el presunto funcionamiento irregular del sistema SIRA.
El expediente, que se encuentra bajo secreto de sumario, apunta a un esquema de coimas en las SIRA para acceder a autorizaciones de importación y al dólar oficial.
Según trascendió, al menos cuatro empresarios habrían pagado sobornos de entre el 10% y el 15% para destrabar operaciones. Las maniobras investigadas superan los 3,5 millones de dólares y corresponden a importaciones reales.
El caso, que permanece bajo secreto de sumario hasta este jueves, apunta a un presunto esquema de coimas para acceder a autorizaciones de importación y al dólar oficial.
De acuerdo con lo difundido por el diario La Nación, el expediente, que lleva varios meses en curso, ya identificó al menos a cuatro empresarios que habrían pagado sobornos de entre el 10% y el 15% para obtener permisos.
Las operaciones bajo sospecha superan los 3,5 millones de dólares y, según fuentes vinculadas a la causa, se trataría de importaciones reales y no simuladas.
La investigación está a cargo del fiscal Franco Picardi, quien avanzó con una serie de medidas para reconstruir el circuito de autorizaciones y detectar responsabilidades.
Entre ellas, solicitó informes urgentes a la Aduana, la Secretaría de Comercio y el Banco Central, además de requerir el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas físicas y jurídicas.
En el marco de estas diligencias, se realizaron cerca de 30 allanamientos y se incorporaron testimonios, junto con teléfonos celulares aportados por funcionarios ya imputados en la causa.
Hasta el momento, fueron señalados cinco integrantes del área de Supervisión de Entidades No Financieras del Banco Central: Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García.
También fueron imputados empresarios vinculados a casas de cambio, entre ellos Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles, quienes habrían participado en las maniobras investigadas.
El expediente tuvo un origen distinto al actual. En una primera etapa, el fiscal Picardi investigaba a Piccirillo tras una acusación de Hauque, quien lo señaló por haberle plantado una prueba en el marco de una deuda de seis millones de dólares. A partir de ese conflicto, la pesquisa se amplió y derivó en el análisis del sistema SIRA.
Las SIRA de Massa y el kirchnerismo
Las SIRA, Sistema de Importaciones de la República Argentina, habían sido anunciadas en octubre de 2022 por el entonces ministro de Economía Sergio Massa, junto a Guillermo Michel en la Aduana y Matías Tombolini.
🧩 ¿Qué pasa con Guillermo Michel? Guillermo Michel (ex titular de Aduana y dirigente entrerriano) aparece en el debate por su rol en el sistema durante la gestión, no necesariamente como imputado en esta causa. Hasta ahora, no hay confirmación pública de que esté imputado en esta investigación específica (según la información disponible). De hecho, en causas previas vinculadas a SIRA: fue sobreseído y la Justicia descartó delitos en expedientes anteriores. Algunas notas y análisis lo mencionan como figura cercana al manejo del sistema, lo que lo coloca en el radar político y mediático, pero eso no equivale a una acusación formal.
En ese momento, el Gobierno de Alberto Fernández sostuvo que el mecanismo buscaba evitar “avivadas” de empresas que aprovechaban la brecha cambiaria cercana al 100% entre el dólar oficial y los tipos de cambio alternativos.
Sin embargo, con el paso del tiempo, el sistema comenzó a ser cuestionado por sus irregularidades y ahora enfrenta sospechas judiciales que podrían redefinir su evaluación.
La causa apunta a determinar si, detrás de un esquema que se presentó como una herramienta de control y transparencia, operó un circuito paralelo de pagos ilegales para acceder a divisas al tipo de cambio oficial.
Con el levantamiento del secreto de sumario previsto en las próximas horas, se espera que se conozcan más detalles sobre el alcance de la investigación y los posibles involucrados en una de las causas más sensibles vinculadas a la política económica del anterior gobierno kirchnerista.
El inversor les prometía a sus clientes maximizar los rendimientos de su dinero con inversiones en acciones y bonos.
Lucas Gabriel Forastieri, de 39 años, fue detenido en Luján en las últimas horas acusado en una causa por estafas. Las víctimas dijeron que, mediante engaños y promesas de ganancias millonarias, le entregaron dinero para invertir.
Forastieri mostraba una vida de lujos en redes sociales e incluso había dado algunas notas en medios de comunicación como un ejemplo de superación personal.
De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Fiscalía N° 1 del Departamento Judicial Mercedes, el acusado habría estafado a sus víctimas por una suma total de 170 mil dólares. Aunque no se descarta que aparezcan nuevas denuncias y damnificados.
De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, Forastieri se ganaba la confianza de sus víctimas, a quienes convencía para que le dieran importantes sumas de dinero con la promesa de incrementar la rentabilidad mediante “inversiones y negocios financieros”. Sin embargo, cuando estos reclamaban los retornos, el presunto estafador ponía excusas para devolverla.
Lucas Forastieri fue detenido por presunta estafa. (Foto: gentileza Primer Plano Online)
En sus redes sociales, el acusado mostraba un alto nivel de vida: posaba con autos de alta gama y realizaba viajes en aviones privados. Esa vida de lujos junto a las diversas apariciones en medios de comunicación le servía para inflar su reputación y generar confianza en sus clientes.
El trader fue denunciado por tres personas
Uno de los denunciantes aseguró conocer a Forastieri hace años. El primer conflicto con él lo tuvo en el 2017 cuando, según describió, “abusó de la relación de confianza” que mantenían después de que él le entregara dinero para invertir, con promesas de recibir importantes ganancias.
Forastieri con sus autos de alta gama. Fuente: Instagram
El joven dijo que si bien en un primer momento le pagó intereses por la inversión, en 2018 dejó de hacerlo. “La plata está invertida en bonos y acciones. No es conveniente retirarla, ya que pierdo dinero”, era la excusa que utilizaba.
Pero no quedó ahí: en 2022 convenció a su víctima de abrir una cuenta en un banco de Estados Unidos, lo que perjudicó aún más su situación financiera. Al reclamarle por ello, Forastieri le entregó cuatro cheques, de los cuales dos resultaron rechazados.
Lucas Forastieri mostraba una vida de lujos en redes sociales. (Foto: Instagram/@luckitasf)
La segunda denuncia fue radicada por una persona que le habría entregado a Forastieri una importante suma de dinero en dólares. El acusado aseguró que el dinero se invertiría en proyectos inmobiliarios y le aseguraba una devolución con ganancias.
Cumplido el plazo, Forastieri le entregó parte del dinero que correspondía a la presunta ganancia y el resto le sugirió “dejarlo a cuenta de futuros negocios”. La maniobra se repitió hasta que en 2023 dejó de hacerle las devoluciones correspondientes y la víctima decidió denunciarlo.
La última denuncia fue radicada en el 2024 por una persona a la que Forastieri le propuso entregarle un departamento como pago de su deuda. Antes de aceptar, la víctima hizo averiguaciones sobre la propiedad y descubrió que en realidad el trader no era el dueño y que el departamento ni siquiera estaba construido.
El arresto fue llevado a cabo por una comitiva de la DDI Luján. El detenido quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones Completas del Departamento Judicial de Mercedes. Las averiguaciones continúan.
Esta sustancia era consumida en la Edad Media para tratar la diabetes, pero también brinda otros beneficios para el organismo. La importancia de realizar cambios en el estilo de vida
¿Qué es la metformina? Se trata de un derivado de la ruda que se consumía en la Edad Media para la enfermedad de la orina dulce, que era como llamaban a la diabetes. Hoy en día es el mejor tratamiento que hay para la diabetes tipo 2, que antes se llamaba del adulto y que afecta a las personas que tienen exceso de peso y tienen panza.
La metformina no solamente ayuda a regular el funcionamiento de la insulina en las personas con diabetes tipo 2, sino que además ayuda a proteger el corazón y el endotelio, esa capa muy suave que está dentro de las arterias.
¿Qué es la metformina? Se trata de un derivado de la ruda que se consumía en la Edad Media para la enfermedad de la orina dulce, que era como llamaban a la diabetes. Hoy en día es el mejor tratamiento que hay para la diabetes tipo 2, que antes se llamaba del adulto y que afecta a las personas que tienen exceso de peso y tienen panza.
La metformina no solamente ayuda a regular el funcionamiento de la insulina en las personas con diabetes tipo 2, sino que además ayuda a proteger el corazón y el endotelio, esa capa muy suave que está dentro de las arterias.
También ayuda si una persona está tomando medicamentos que producen aumento de peso, colaborando en su control. En fin, hoy sería el medicamento posiblemente más caro del mundo si se hubiera descubierto el año pasado.
En la actualidad, se venció la patente y tiene innumerables marcas. Y muchos laboratorios la están produciendo y el precio es muy económico.
Según la Biblioteca Nacional de Medicina, de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), “la metformina se utiliza sola o con otros medicamentos, incluyendo insulina, para tratar diabetes tipo 2 (condición en la que el cuerpo no usa la insulina normalmente y no puede controlar la cantidad de azúcar en la sangre)”.
“La metformina es una clase de medicamentos llamados biguanidas, ayuda a controlar la cantidad de glucosa (azúcar) en su sangre y disminuye la cantidad de glucosa que absorbe de sus alimentos y la cantidad de glucosa que forma su hígado”, resaltaron desde dicho organismo.
Al tiempo que indicaron que esta sustancia “también incrementa la respuesta de su cuerpo a la insulina”, siendo que en los pacientes con diabetes tipo 1, condición en la que el cuerpo no produce la insulina, no puede utilizarse.
Lo cierto es que la diabetes puede generar “complicaciones serias o mortales, incluyendo enfermedad del corazón, apoplejía, problemas renales, daño a los nervios y problemas de la vista”, es por ese motivo que los expertos advierten la importancia de “tomar medicamentos, realizar cambios al estilo de vida y verificar regularmente su azúcar en sangre”. Al realizar estas modificaciones en las rutinas diarias, los pacientes con esta condición “mejoran su salud”.
La diabetes no solo afecta los niveles de azúcar, sino que puede llevar a problemas cardíacos, renales y de visión
“La metformina controla la diabetes, pero no la cura. Continúe tomando metformina aunque se sienta bien. No deje de tomar la metformina sin hablar con su médico”, aconsejan desde la Biblioteca Nacional de Medicina, de los NIH.
Usted puede tener el colesterol un poco alto y puede tener el azúcar un poco alto. Puede tener panza, más de 40 y dice: “Bueno, un día de estos voy a comenzar a hacer algo”
Pero, le recuerdo: hay siete días en la semana, ninguno se llama “un día de estos”. Así que, si va a comenzar algo, ponga el día porque “un día de estos”, no va a aparecer nunca.
*El doctor Alberto Cormillot (MN 24.518) es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.
El oficialismo reflota la iniciativa que fue rechazada el año pasado en medio de un escándalo; propone impedir que los condenados en segunda instancia por delitos dolosos puedan ser candidatos
Un año después de haber sido rechazada por el Senado, el Gobierno buscará reflotar la llamada “ficha limpia” para impedir que las personas condenadas en segunda instancia se postulen a cargos electivos. No presentará un nuevo proyecto, sino que lo incluirá dentro de la reforma política que en breve enviará al Congreso y que contemplará, como uno de sus puntos más conflictivos, la derogación de las elecciones primarias (PASO).
La reforma electoral integral que planea el Gobierno comenzó a cobrar forma el viernes pasado en la Casa Rosada, durante la última reunión de la mesa política. Allí se delinearon los puntos principales de la iniciativa que incluirá, como novedad, la denominada “ficha limpia”, un anzuelopara captar a aquellos bloques de oposición que reclaman su puesta en marcha pero que, al mismo tiempo, se muestran reticentes a votar la eliminación de las PASO.
De hecho, en las últimas semanas distintos bloques de la oposición, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, presentaron sendos proyectos para reinstalar la discusión sobre ficha limpia, largamente postergado. Toda una estrategia que pareció orquestada para apurar al Gobierno, al que nunca vieron convencido del todo de impulsar la iniciativa.
En efecto, en 2024 el oficialismo postergó en dos oportunidades su tratamiento en la Cámara de Diputados y, cuando finalmente llegó la posibilidad de convertirla en ley en el Senado, en mayo del año pasado, dos senadores misioneros que responden a su jefe político, Carlos Rovira, lapidaron el proyecto con su voto en contra; en medio del escándalo, Rovira adujo por entonces que respondía a un llamado del propio presidente Javier Milei.
Lo cierto es que ahora la Casa Rosada reflota la propuesta, pero la inscribe dentro de la una reforma político electoral integral que tiene como objetivo central eliminar las elecciones primarias, o al menos suspenderlas una vez más. Una herramienta que las distintas vertientes opositoras se resisten a avalar porque, en medio del desorden partidario que transitan, reconocen que necesitan de esta instancia para definir las candidaturas que eventualmente compitan con el oficialismo en las elecciones del año próximo.
Así las cosas, el Gobierno asume que le será difícil reunir la mayoría absoluta de los votos (129 en Diputados y 37 en el Senado) para eliminar las primarias, ya que ni siquiera sus aliados –Pro y la UCR- parecen dispuestos a acceder.
Frente a esta situación, en la mesa política que se reunió el viernes pasado se acordó incluir en el proyecto de reforma política la propuesta de ficha limpia a manera de incentivo para que los bloques reticentes se sientan al menos obligados a considerar la iniciativa y no la cajoneen como sucedió en anteriores oportunidades. Allí se decidió, también, que el proyecto sería enviado al Senado, una cámara a la que ven más accesible para conseguir las mayorías que la de Diputados.
Ficha limpia
Con cierta astucia, en el capítulo sobre ficha limpia que incorporará en su reforma política el Gobierno tomará varios aspectos de las las propuestas que ya se presentaron desde la oposición. En la Cámara de Diputados, ingresaron proyectos la santafesina Gisela Scaglia, jefa del bloque Provincias Unidas; la radical Karina Banfi (Adelante Buenos Aires); y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. En el Senado, donde se frustró la ley el año pasado, empuja la ley el bloque PRO, comandado por el misionero Martín Goerling.
Los diputados opositores Gisela Scaglia, Maximiliano Ferraro y Karina Banfi también impulsan iniciativas sobre la ficha limpia
A diferencia del proyecto que fue rechazado el año pasado, las iniciativas opositoras proponen que la llamada ficha limpia no solo aplique solo a aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública (corrupción, cohecho, enriquecimiento ilícito, entre otros) sino que incluyen un abanico de otros delitos graves.
En la propuesta del Poder Ejecutivo, según trascendió, el impedimento para competir en una elección se aplicará a todas aquellas personas condenadas por un delito doloso, siempre que la sentencia impuesta hubiese sido confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral.
En caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el impedimento tendría efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral, indican las mismas fuentes.
El actual senador fue acusado por presunto fraude y lavado de activos; sostuvo que existe una “alquimia jurídica” y una “operación mediática”; en la causa, se investiga la cesión de inmuebles a allegados de su secretaria de Ambiente
l fiscal general Carlos Amad, de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, pidió el procesamiento del exgobernador de esa provincia Jorge Capitanich por delitos como fraude y lavado de activos, en una causa en la que se investiga la cesión de tierras en la provincia a personas cercanas a Marta Soneira, expresidenta del Instituto de Colonización provincial y exsecretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente. En un escrito en el que también pidió procesar a la exfuncionaria, el fiscal consideró que, sin la participación del actual senador nacional con su firma en los decretos adjudicatorios de las tierras, las maniobras no se podrían haber realizado.
La decisión final sobre la aceptación, o el rechazo, del procesamiento está en manos del juez Fernando Carbajal, exdiputado nacional por Formosa (UCR), que fue designado juez subrogante en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.
La causa se inició con una denuncia de Ana María Canata, la actual titular del Instituto de Tierras Fiscales (la nueva denominación que dio el gobernador Leandro Zdero al Instituto de Colonización). Canata presentó una denuncia en la que aseguró que, al asumir, encontró “una serie de irregularidades”.
El fiscal Amad pidió que Capitanich sea procesado por “fraude en perjuicio de la Administración Pública, lavado de activos de origen delictivo”, delitos que se habrían cometido “con habitualidad como parte de una banda y por ser funcionarios públicos”, además de “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.
Fernando Carbajal, exdiputado nacional por Formosa, es el juez encargado de definir sobre el procesamiento de Capitanich
Según el pedido del fiscal, se investiga a “funcionarios públicos de altos cargos, así como a familiares, socios empresariales y amigos de los mismos, quienes en forma organizada y sostenida en el tiempo y valiéndose del ejercicio del poder que en aquel momento ostentaban, dispusieron de tierras fiscales de la Provincia del Chaco” y “se auto-otorgaron distintos beneficios económicos mediante la suscripción de convenios y firma de decretos del Poder Ejecutivo provincial que los habilitaron a desmontar grandes extensiones de tierras perjudicando el medio ambiente”.
“También se suscribieron convenios donde se verificaron beneficios económicos, como reintegros de subsidios, quita en el pago de impuestos y servicios públicos como Sameep [Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial], Secheep [Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial], entre otros beneficios. Estas adjudicaciones de la tierras fiscales se realizaron a través de trámites irregulares con inspecciones fraguadas y cuyos beneficiarios terminaban siendo personas que integraban empresas donde era socio el propio marido de la Sra. Marta Soneira, Mauricio Cian, así como otras personas, socios del primero, como es el caso de [Federico] Storti, [Leandro] Bessone y [Nelson] Pochón”, planteó el fiscal Amad.
Al describir los hechos investigados, el fiscal afirmó que “el 26/02/23, la Provincia del Chaco, a través del Instituto de Colonización de la cual Soneira era presidente y con su firma como ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible y la de Jorge Milton Capitanich como gobernador de la Provincia, amparados en la legalidad del trámite de expedientes administrativos, adjudicaron cuatro inmuebles, todos del Departamento Almirante Brown, a Storti, Bessone y Pochón, todos socios de su marido Mauricio Cian con quien son socios de dos empresas, Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL”.
Amad añadió que se otorgaron “inmuebles rurales fiscales de grandes dimensiones cada uno, así como beneficios impositivos provinciales e industriales” y cuestionó que la funcionaria de Capitanich haya ejercido dos cargos en simultáneo, puestos que consideró incompatibles.
Para el fiscal, “la irregularidad en la entrega de tierras públicas a personas a las que no se les debería haber adjudicado, personas cercanas a aquellas que deciden a voluntad a quién se entregan, constituye un enorme acto de corrupción”.
La defensa del exgobernador
Al trascender el pedido de procesamiento en su contra, el exgobernador Capitanich sostuvo que existe una “alquimia judicial” y una “operación mediática” en su contra. “Este pedido de procesamiento se inscribe en un proceso cuya manifestación más evidente es la nulidad de la acusación por incongruencias manifiestas, incoherencia en el contenido e incompetencia, pues pretenden justificar un delito inexistente mediante una alquimia jurídica”, afirmó el senador nacional, que integra el bloque de Fuerza Patria.
Capitanich señaló que se instaló una “operación mediática” antes de que se conociera el pedido del fiscal Amad al juez Carbajal, porque se anunció mediáticamente “la inminencia del procesamiento”, durante la semana previa a la solicitud del fiscal.
En un comunicado que hizo llegar a distintos medios a través de su equipo de prensa, el exgobernador chaqueño remarcó que la causa involucra “cuatro títulos de cerca de 8.000 entregados” durante su gestión. En ese texto, se aclaró también que “se trata de adjudicaciones en venta -no transferencias de dominio-, algunas iniciadas desde 1997″ y se reivindicaron “las políticas de promoción industrial implementadas”.
Capitanich y Zdero, junto a la exvicegobernadora Analía Rach Quiroga; una funcionaria del gobernador actual denunció al exmandatario peronistaPrensa Chaco
Para Capitanich, las acusaciones son “calumnias e injurias inadmisibles”. Según se consideró en el comunicado, el avance de la causa se vincula “con la intención de desviar la atención de problemáticas más graves, como el narcotráfico y la inseguridad” en la provincia que gobierna Zdero, uno de los gobernadores aliados del presidente Javier Milei.
El fiscal pidió procesar, por los mismos delitos que al exgobernador y también el de enriquecimiento ilícito, a Marta Soneira. Por presunto fraude y lavado, pidió los procesamientos de Cian, Storti, Pochón. Asimismo, solicitó sobreseer a Diego Soneira y Federico G. Soneira, y dictar la falta de mérito de Sheina Waicman (que también fue titular del Instituto de Colonización) y Darío Giménez (que era encargado de la Delegación Pampa del Infierno de ese instituto).
Cuando uno observa la realidad argentina con cierta distancia, aparece una sensación persistente: la justicia no parece avanzar al mismo ritmo para todos los casos.
Durante los últimos años, distintas causas de corrupción que involucraron a figuras de alto perfil —como Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Amado Boudou y Lázaro Báez— transitaron extensos recorridos judiciales. Expedientes complejos, múltiples instancias, apelaciones constantes y tiempos prolongados marcaron el pulso de estos procesos. Algunos derivaron en condenas, otros continúan abiertos y varios permanecen atravesados por disputas políticas sobre su legitimidad.
Sin embargo, en paralelo, emergen situaciones más recientes que parecen desarrollarse a una velocidad completamente distinta.
El caso de Martín Insaurralde es un ejemplo claro del impacto inmediato que pueden tener ciertos episodios: exposición pública, repercusiones políticas y reacciones judiciales en cuestión de días. A su alrededor, también se instalaron cuestionamientos vinculados a su entorno, incluyendo a Jésica Cirio, especialmente en relación con el análisis de patrimonio y evolución de bienes, temas que continúan bajo observación.
En la misma línea, investigaciones como la denominada causa de los seguros, que involucra al entorno del expresidente Alberto Fernández, reavivan interrogantes sobre la consistencia en los tiempos y profundidad de las investigaciones.
A esto se suman figuras como Sergio Massa, presentes en el debate público con distintos niveles de exposición y tratamiento frente a cuestionamientos e investigaciones.
En este contexto, se instala con fuerza una percepción social difícil de desestimar: la coexistencia de dos velocidades judiciales. Una, rápida, visible y de alto impacto mediático. Otra, lenta, compleja y muchas veces inconclusa.
Las explicaciones pueden ser múltiples —desde la complejidad técnica de las causas hasta las estrategias procesales o los cambios en la estructura judicial—. Sin embargo, el efecto final trasciende lo jurídico.
Lo que se erosiona es la confianza.
Porque cuando la ciudadanía percibe que los tiempos y la intensidad de la justicia varían según el caso o sus protagonistas, la discusión deja de centrarse en culpabilidades individuales para enfocarse en algo más profundo: la equidad del sistema.
Así, la pregunta que sobrevuela ya no es coyuntural, sino estructural: ¿ante qué tipo de justicia están expuestos hoy los argentinos?
Una justicia previsible, con criterios uniformes, o una cuya dinámica —al menos en la percepción pública— parece adaptarse al contexto político.
Cuando esa duda se instala, no solo se ponen en cuestión los fallos. Se pone en discusión el sistema en su conjunto.
