El oficialismo reflota la iniciativa que fue rechazada el año pasado en medio de un escándalo; propone impedir que los condenados en segunda instancia por delitos dolosos puedan ser candidatos
Un año después de haber sido rechazada por el Senado, el Gobierno buscará reflotar la llamada “ficha limpia” para impedir que las personas condenadas en segunda instancia se postulen a cargos electivos. No presentará un nuevo proyecto, sino que lo incluirá dentro de la reforma política que en breve enviará al Congreso y que contemplará, como uno de sus puntos más conflictivos, la derogación de las elecciones primarias (PASO).
La reforma electoral integral que planea el Gobierno comenzó a cobrar forma el viernes pasado en la Casa Rosada, durante la última reunión de la mesa política. Allí se delinearon los puntos principales de la iniciativa que incluirá, como novedad, la denominada “ficha limpia”, un anzuelo para captar a aquellos bloques de oposición que reclaman su puesta en marcha pero que, al mismo tiempo, se muestran reticentes a votar la eliminación de las PASO.
De hecho, en las últimas semanas distintos bloques de la oposición, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, presentaron sendos proyectos para reinstalar la discusión sobre ficha limpia, largamente postergado. Toda una estrategia que pareció orquestada para apurar al Gobierno, al que nunca vieron convencido del todo de impulsar la iniciativa.
En efecto, en 2024 el oficialismo postergó en dos oportunidades su tratamiento en la Cámara de Diputados y, cuando finalmente llegó la posibilidad de convertirla en ley en el Senado, en mayo del año pasado, dos senadores misioneros que responden a su jefe político, Carlos Rovira, lapidaron el proyecto con su voto en contra; en medio del escándalo, Rovira adujo por entonces que respondía a un llamado del propio presidente Javier Milei.
Lo cierto es que ahora la Casa Rosada reflota la propuesta, pero la inscribe dentro de la una reforma político electoral integral que tiene como objetivo central eliminar las elecciones primarias, o al menos suspenderlas una vez más. Una herramienta que las distintas vertientes opositoras se resisten a avalar porque, en medio del desorden partidario que transitan, reconocen que necesitan de esta instancia para definir las candidaturas que eventualmente compitan con el oficialismo en las elecciones del año próximo.
Así las cosas, el Gobierno asume que le será difícil reunir la mayoría absoluta de los votos (129 en Diputados y 37 en el Senado) para eliminar las primarias, ya que ni siquiera sus aliados –Pro y la UCR- parecen dispuestos a acceder.
Frente a esta situación, en la mesa política que se reunió el viernes pasado se acordó incluir en el proyecto de reforma política la propuesta de ficha limpia a manera de incentivo para que los bloques reticentes se sientan al menos obligados a considerar la iniciativa y no la cajoneen como sucedió en anteriores oportunidades. Allí se decidió, también, que el proyecto sería enviado al Senado, una cámara a la que ven más accesible para conseguir las mayorías que la de Diputados.
Ficha limpia
Con cierta astucia, en el capítulo sobre ficha limpia que incorporará en su reforma política el Gobierno tomará varios aspectos de las las propuestas que ya se presentaron desde la oposición. En la Cámara de Diputados, ingresaron proyectos la santafesina Gisela Scaglia, jefa del bloque Provincias Unidas; la radical Karina Banfi (Adelante Buenos Aires); y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. En el Senado, donde se frustró la ley el año pasado, empuja la ley el bloque PRO, comandado por el misionero Martín Goerling.
A diferencia del proyecto que fue rechazado el año pasado, las iniciativas opositoras proponen que la llamada ficha limpia no solo aplique solo a aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública (corrupción, cohecho, enriquecimiento ilícito, entre otros) sino que incluyen un abanico de otros delitos graves.
En la propuesta del Poder Ejecutivo, según trascendió, el impedimento para competir en una elección se aplicará a todas aquellas personas condenadas por un delito doloso, siempre que la sentencia impuesta hubiese sido confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral.
En caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el impedimento tendría efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral, indican las mismas fuentes.
