LOS US$ 3.000 MILLONES DEL CEP0: EL MEGA “RULO” QUE SACUDIÓ AL BANCO CENTRAL Y QUE MUCHOS QUIEREN TAPAR CON EL CASO ADORNI Y EL SHOW DEL MUNDIAL

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Mientras gran parte del aparato mediático y político intenta instalar diariamente el “affaire Adorni” como el gran escándalo nacional, detrás del ruido y las operaciones aparece una causa mucho más pesada, mucho más profunda y potencialmente devastadora para la historia económica argentina: la investigación judicial sobre un presunto saqueo multimillonario al Banco Central durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

La Justicia federal ya habla de maniobras que habrían permitido obtener dólares oficiales para luego revenderlos en el mercado blue, generando ganancias extraordinarias que podrían superar los US$ 3.000 millones. Un número obsceno incluso para la Argentina acostumbrada a los escándalos de corrupción.

Pero el dato más inquietante no es únicamente el monto.

Lo verdaderamente explosivo es el entramado que empieza a aparecer: financistas, cuevas, bancos, agencias de cambio, operadores políticos y conexiones con el mundo del fútbol y la AFA. Un sistema paralelo que, según sospechan los investigadores, habría funcionado mientras millones de argentinos no podían acceder a un solo dólar legal, mientras empresas productivas se quedaban sin importar insumos y mientras el país se hundía en inflación, pobreza y emisión descontrolada.

EL MECANISMO: COMPRAR BARATO DEL ESTADO Y REVENDER CARO EN EL BLUE

La mecánica bajo investigación es tan simple como brutal.

Empresas y operadores conseguían acceder a dólares oficiales mediante supuestas importaciones o autorizaciones irregulares del sistema SIRA. Luego esos dólares terminaban revendidos en el circuito paralelo, aprovechando la gigantesca brecha cambiaria del cepo kirchnerista.

En la jerga financiera argentina esto se conoce como “el rulo”: comprar barato gracias al Estado y vender caro en el mercado negro.

Según las investigaciones judiciales, parte de esas maniobras habrían contado con estructuras aceitadísimas dentro del sistema financiero y conexiones de alto nivel. La Justicia ya avanzó con allanamientos, análisis de chats, audios y movimientos bancarios.

La causa menciona operaciones por miles de millones de dólares y apunta a reconstruir cómo salían las divisas del Banco Central mientras oficialmente se repetía que “no había reservas”.

LOS DÓLARES QUE LE NEGABAN A LOS ARGENTINOS

Durante el cepo, miles de pequeñas y medianas empresas quedaron paralizadas esperando autorizaciones para importar.

Hubo fábricas sin insumos.
Medicamentos demorados.
Industria frenada.
Comercios quebrados.

Pero mientras el ciudadano común sufría restricciones, impuestos confiscatorios y controles permanentes, un grupo reducido habría accedido privilegiadamente a dólares subsidiados por el propio Estado argentino.

Es decir: el Banco Central vendía barato un activo escaso financiado por todos los argentinos… para que luego privados hicieran fortunas revendiendo esos mismos dólares.

Una transferencia monumental de riqueza desde el Estado hacia circuitos financieros opacos.

EL SILENCIO POLÍTICO Y MEDIÁTICO

La magnitud de la causa explica por qué muchos sectores prefieren correr el foco hacia otras polémicas de menor escala.

Porque si la investigación avanza hasta el fondo, podría terminar revelando uno de los mecanismos de saqueo financiero más grandes de la era kirchnerista.

No se trata solamente de corrupción clásica.
No es únicamente sobre sobreprecios o contratos públicos.

Aquí se investiga algo todavía más sensible: el uso político y discrecional del mercado cambiario argentino.

Un sistema donde el acceso al dólar dependía del poder, de los contactos y de las estructuras financieras amigas.

AFA, “CHIQUI” TAPIA Y EL FÚTBOL COMO CORTINA PERFECTA

En paralelo, vuelve a quedar bajo la lupa el vínculo entre sectores financieros investigados y el universo del fútbol argentino alrededor de Claudio ‘Chiqui’ Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino.

Algunas investigaciones periodísticas y publicaciones judiciales mencionan conexiones entre financistas involucrados y estructuras vinculadas al negocio futbolístico.

Y aquí aparece otro elemento incómodo para el poder.

Con el Mundial acercándose y el fútbol funcionando como anestesia social permanente, pocos quieren hablar del flujo de dinero, las financieras, las cuevas y los operadores que crecieron alrededor del negocio deportivo durante los últimos años.

Porque el fútbol argentino dejó hace tiempo de ser solamente fútbol.

Es política.
Es financiamiento.
Es poder territorial.
Es manejo de cajas millonarias.
Es protección mediática.

Y en ese ecosistema, nombres vinculados al circuito financiero bajo investigación empiezan a repetirse cada vez más seguido.

EL COSTO REAL DEL “MODELO”

Mientras el relato político hablaba de “cuidar las reservas”, la economía argentina se desangraba.

La emisión monetaria explotó.
La inflación pulverizó salarios.
La pobreza avanzó.
Las reservas desaparecieron.

Y ahora la Justicia intenta determinar si parte de esos dólares terminaron alimentando uno de los negocios clandestinos más rentables de la historia reciente.

La pregunta es inevitable:

¿Cuántos hospitales, rutas, escuelas o créditos productivos equivalen a US$ 3.000 millones?

¿Cuánto empleo genuino podría haberse generado con ese dinero?

¿Cuántos argentinos cayeron en la pobreza mientras otros hacían fortunas gracias al cepo?

LO QUE NO SE DICE

La causa amenaza con abrir una caja negra extremadamente peligrosa para buena parte de la dirigencia política, financiera y empresarial argentina.

Porque si se demuestra que existió un circuito sistemático de acceso privilegiado al dólar oficial, ya no se hablará solamente de corrupción aislada.

Se hablará de un modelo estructural de extracción.

Un esquema donde el Estado creaba la distorsión cambiaria y determinados actores cercanos al poder aprovechaban esa distorsión para enriquecerse de manera extraordinaria.

Y allí es donde el caso deja de ser económico para convertirse en histórico.

ANTECEDENTES: CUANDO EL CEP0 SE TRANSFORMÓ EN UNA MÁQUINA DE NEGOCIOS

La Argentina ya había vivido experiencias similares en otras etapas de controles cambiarios extremos.

Cada vez que el dólar oficial quedó artificialmente atrasado respecto del paralelo, aparecieron mecanismos de arbitraje, sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones y triangulaciones financieras.

La diferencia ahora es la escala.

La Justicia sospecha que las maniobras alcanzaron niveles gigantescos y que incluso pudieron involucrar estructuras bancarias completas.

DOBLE LECTURA

Versión oficial

“El cepo era necesario para cuidar las reservas y proteger la economía”.

Lectura real

Las restricciones crearon un mercado privilegiado donde unos pocos podían comprar dólares baratos gracias al Estado y multiplicar ganancias revendiendo en negro.

EL DESAFÍO JUDICIAL

La gran incógnita es hasta dónde llegará realmente la investigación.

Porque históricamente, en Argentina, muchas causas económicas terminan diluyéndose entre presiones políticas, operaciones mediáticas y negociaciones de poder.

Sin embargo, esta vez el volumen investigado es tan grande que resulta difícil esconderlo completamente.

Los allanamientos, las escuchas, los cruces bancarios y las rutas financieras podrían terminar exponiendo mucho más de lo que algunos imaginan.

CONCLUSIÓN: EL ROBO INVISIBLE

Quizás el mayor problema de estos escándalos financieros es que no dejan imágenes inmediatas.

No hay bolsos.
No hay bóvedas televisadas.
No hay escenas cinematográficas.

Pero el daño es muchísimo más profundo.

Porque cada dólar fugado del Banco Central fue inflación futura.
Fue pobreza.
Fue emisión.
Fue deuda.
Fue destrucción del salario argentino.

Y mientras algunos intentan instalar escándalos menores o distraer con el show permanente del fútbol y el Mundial, la verdadera pregunta sigue flotando sobre la Argentina:

¿Quiénes se enriquecieron realmente durante el cepo… mientras el país entero se hundía?

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Por : Alejandro MONZON

La UCR reúne su Congreso en junio

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El Congreso provincial de la UCR de Entre Ríos sesionará el sábado 6 de junio. Debe aprobar el acortamiento de los actuales mandatos partidarios. Se prevén elecciones internas para el 2 de agosto. Un punto de fricción: la suspensión de las PASO.

El Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos ha propuesto al domingo 2 de agosto como fecha de elecciones para la renovación de autoridades partidarias.

De este modo ratificó la decisión de que la UCR vuelva a votar cargos partidarios los años pares, a fin de separar la interna de los procesos electorales que tienen lugar los años impares. Es una tradición que se interrumpió en 2020, cuando las restricciones por la pandemia aplazaron la interna de 2020 para 2021.

Esto implica la reducción del mandato de la actual conducción, que preside la intendenta de Federal, Alicia Oviedo, asumida en mayo de 2025 y, por lo tanto, con mandato hasta mayo de 2027.

Si las elecciones son efectivamente en agosto, el recambio de autoridades se producirá a más tardar en septiembre, con lo cual el mandato de Oviedo habrá durado 16 meses.

Pero este acortamiento de mandato debe ser aprobado por el Congreso provincial de la UCR. Con ese propósito se reunirá el sábado 6 de junio, probablemente en Paraná (el lugar no está aún definido).

La propuesta de votar el 2 de agosto cuentan “con el aval unánime de la totalidad de los integrantes del Comité Provincial”, según afirmó el senador Rubén Dal Molín en la nota que elevó al Congreso partidario en su carácter de vicepresidente de la UCR.

En marzo, la UCR Activa –el sector que el año pasado perdió la interna-  emitió un documento en el que sostiene que un acortamiento en los mandatos de las autoridades partidarias podría derivar en una judicialización.

¿Sin PASO?

Aunque todavía no está en el orden del día, el Congreso radical podría meterse en otra discusión tal vez más caliente: emitir un mandato a los legisladores radicales para que, llegado el caso, no voten la suspensión de la Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Entre Ríos.

Aunque el grueso de la dirigencia radical quiere mantener las primarias –porque entienden que le daría más lugar en las listas de la alianza con LLA- por estos días nadie pone las manos en fuego por el voto de los senadores y diputados del radicalismo ante un eventual proyecto del Ejecutivo que disponga la suspensión en Entre Ríos de las PASO, que fueron mantenidas en la reforma electoral de 2024.

Los propios legisladores que votaron hace dos años esa reforma podrían ahora dar marcha atrás con las PASO para acompañar una posible estrategia electoral del Gobernador, o en función de los acuerdos que cierre cada diputado y senador del heterogéneo Juntos por Entre Ríos.

Lo que está claro es que para una suspensión de las PASO (para una reforma de la reforma política aún sin estrenar) Frigerio necesita del voto de los legisladores radicales, ya que el peronismo es el más interesado en mantenerlas a fin de ordenar su interna.

A la UCR pertenecen ocho de los 18 diputados y siete de los ocho senadores de Juntos por Entre Ríos. Muchos de ellos se enfrentaron en las internas de 2021 y 2023, a favor y en contra de Frigerio.

Dentro de la dirigencia de la UCR que acompaña a Frigerio predomina la idea de mantener las primarias, como una herramienta necesaria para cumplir una doble función: contener el frente interno de Juntos por Entre Ríos y ordenar la alianza con La Libertad Avanza, que muchos ven como inevitable para 2027.

Los radicales pretenden una lógica de armado distinta a la de 2025, cuando todo lo que había para ocupar era, como máximo, tres bancas en Diputados y dos en el Senado de la Nación. En 2027, en cambio, se votará el próximo gobernador, los próximos intendentes, senadores, diputados provinciales y concejales. Es decir, será una elección infinitamente más territorial que la intermedia de 2025. Y, con toda lógica, la UCR pretende hacer pesar su condición de único partido con capilaridad política dentro del oficialismo.

Para el grueso de los radicales el escenario ideal para la definición de la oferta electoral sería en elecciones provinciales separadas de las nacionales y con PASO.

Lo ven como el mejor antídoto para no volver a quedar a la cola en las listas de la esperada reedición de la alianza con LLA.

No van a competir por la gobernación, pero pretenden que ahora la oferta electoral que acompañe a la reelección de Frigerio (intendentes y senadores) no se defina por acuerdo de cúpulas, sino con el voto popular que permiten elecciones como las primarias: de carácter obligatorio, a padrón abierto y financiadas por el Estado.

Causa Bordet : Arias dice que está probada “la hipótesis delictiva” y demuestra que Bordet tiene bienes en el exterior

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Causa Bordet: Lo que surge del escrito del fiscal José Arias no es apenas una enumeración de cifras, viajes y declaraciones juradas. Es el retrato obsceno de una dirigencia que, mientras miles de entrerrianos sobrevivían entre salarios pulverizados, pobreza creciente y hospitales colapsados, parecía vivir en una dimensión paralela de privilegios, silencios y lujos inexplicables.

En el documento presentado ante el juez de Garantías para obtener autorización de allanamientos, Arias expone con crudeza lo que considera una trama de ocultamientos patrimoniales, inconsistencias fiscales y movimientos internacionales imposibles de justificar con los ingresos declarados. Y cuanto más se avanza en la lectura, más indignación provoca.

El fiscal describe primero las presuntas falsedades en las declaraciones juradas presentadas ante el municipio, la provincia y la Cámara de Diputados de la Nación. Allí aparece el mecanismo que, según la investigación, habría permitido “dibujar” patrimonios y licuar cifras reales. El caso más escandaloso: el lote donde Bordet construyó su “casita” en el exclusivo barrio Village Termal, declarado a apenas 10 dólares el metro cuadrado cuando su valor real rondaba los 60 dólares. Una subvaluación grotesca. Burda. Insultante.

La misma maniobra habría ocurrido con el terreno adquirido en Boulevard San Lorenzo y Chajarí, donde —según Arias— quedó al desnudo otra mentira patrimonial. El fiscal sostiene que “la diferencia detectada respecto a lo declarado ante AFIP-ARCA fue de un 330 % entre lo declarado y lo oculto”. Una cifra demoledora.

Pero el escándalo no termina ahí.

El listado de viajes NO oficiales al exterior directamente estremece. Más de 202 noches en Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Sudáfrica, México, República Dominicana, Perú, Panamá, Venezuela y otros destinos. Su esposa, la diputada Mariel Ávila, acumula 193 noches en el extranjero, incluyendo Emiratos Árabes, Tailandia y Vietnam. Una de las hijas, Lara, registra 70 noches fuera del país. Delfina, 101.

Mientras tanto, en Entre Ríos, miles de familias apenas podían llenar la heladera.

Y el fiscal todavía computa aparte el caso Uruguay. Porque lo de Uruguay, según la investigación, ya no parece turismo: parece otra cosa.

SU FASCINACIÓN CON URUGUAY

Arias le dedica un apartado especial a la obsesiva frecuencia de viajes de la familia Bordet al vecino país. Solo el exgobernador Gustavo Bordet habría ingresado 56 veces a Uruguay en viajes “no oficiales”: 40 en automóvil, 14 en vuelos comerciales, 8 en vuelos privados, 2 veces en Buquebus y hasta un viaje en tren.

El informe sostiene que Bordet pasó 187 noches en Uruguay. Seis meses enteros.

Y eso no es todo: en al menos 19 ocasiones habría ido y vuelto en el mismo día, muchas veces utilizando vuelos privados especialmente contratados. ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Qué hacía? Son preguntas que sobrevuelan cada página del expediente.

Arias concluye que “la familia Bordet ha viajado sistemáticamente a Uruguay destacándose las largas estadías… lo que podría ser indicio de que tengan propiedades, automóviles o cuentas en el exterior, además de múltiples viajes relámpago que podrían relacionarse con traslados de dinero o trámites bancarios”.

La cifra total resulta obscena: más de 200 noches de Mariel Ávila en Uruguay, 215 noches de una de sus hijas y otras 200 de Delfina.

Mientras Concordia se hundía en índices históricos de pobreza, ellos parecían vivir una verdadera dolce vita rioplatense.

EL GRAN AGUJERO NEGRO: ¿QUIÉN PAGABA TODO ESO?

Y aquí la investigación entra en una zona todavía más explosiva.

El fiscal señala que, según informes de AFIP-ARCA y resúmenes bancarios del BBVA y BERSA, Bordet y Ávila prácticamente NO utilizaban sus tarjetas de crédito o débito en el exterior. Tampoco registraban operaciones de compra de divisas desde 2019.

Entonces surge la pregunta inevitable. La pregunta que atraviesa todo el expediente como un grito:

¿Quién pagaba?

¿Cómo se sostienen cientos de noches en Francia, Alemania, Sudáfrica, Emiratos Árabes o Uruguay sin movimientos bancarios compatibles, sin compras de dólares registradas y sin consumos relevantes con tarjetas argentinas?

¿Con qué dinero vivieron más de un año fuera del país?

Arias sostiene que Bordet declaró ante AFIP-ARCA “no haber tenido consumos en el exterior”, pese a la existencia de viajes plenamente documentados.

Y remata con una frase devastadora:

“Lo expuesto coloca una sospecha fundada sobre la probable existencia de tarjetas emitidas en el exterior y/o dinero en efectivo no declarado”.

El fiscal incluso aporta un ejemplo que parece sacado de una novela de corrupción: de las 241 noches registradas en Uruguay, apenas se detectó un único consumo de 90 dólares realizado por Mariel Ávila en el restaurante La Chacra.

¿Doscientas cuarenta y una noches y solo un gasto?

La lógica se derrumba sola.

Por eso Arias concluye que podrían existir bienes inmuebles, cuentas bancarias y tarjetas emitidas fuera del país.

EL FANTASMA DE LAS SOCIEDADES OCULTAS

La investigación también pone la lupa sobre quién compraba los pasajes aéreos de la familia.

Según las respuestas de aerolíneas y entidades financieras, muchos tickets habrían sido adquiridos por una persona jurídica o empresa vinculada a una tarjeta American Express emitida en el exterior.

Y allí aparece otra sospecha explosiva:

Que Bordet podría manejar estructuras societarias fuera de la Argentina pese a haber negado reiteradamente cualquier participación empresarial.

Es decir: mientras públicamente afirmaba “no tener bienes ni sociedades en el exterior”, la investigación judicial empieza a mostrar indicios exactamente en sentido contrario.

LA IMPUNIDAD COMO FORMA DE VIDA

Quizás lo más indignante de todo no sean solamente los viajes, las sospechas de ocultamiento o los movimientos oscuros. Lo más irritante es la sensación de impunidad.

La idea de que jamás iba a pasar nada.

Porque durante años muchos dirigentes actuaron convencidos de que eran intocables. De que bastaba con hablar poco, mantener modales prolijos, controlar organismos, acomodar piezas judiciales y administrar silencios mediáticos para caminar eternamente sobre la cornisa sin caer.

Y quizás Bordet también creyó eso.

Pero el escrito fiscal describe un nivel de contradicciones tan grande que la imagen pública cuidadosamente construida empieza a resquebrajarse.

Porque mientras decía estar “a disposición de la Justicia”, su abogado Jorge Romero dejaba asentado por escrito que NO prestaban conformidad para los allanamientos en sus propiedades.

¿Eso es colaborar?

¿O simplemente ganar tiempo?

También negó tener bienes en el exterior. Negó sociedades. Negó consumos. Negó prácticamente todo.

Pero ahora la documentación incorporada por organismos públicos y privados empieza a dibujar otra historia. Mucho más oscura. Mucho más incómoda.

Y si algo deja este expediente es una sensación brutal:

La de una clase política que durante años pareció vivir por encima de la ley, mientras millones de argentinos hacían esfuerzos desesperados simplemente para llegar a fin de mes.

Sospechas sobre patrimonio oculto y posibles delitos económicos: el expediente que complica a Bordet.

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El avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Gustavo Bordet volvió a sacudir el tablero político y judicial entrerriano. Y ya no por especulaciones mediáticas o versiones cruzadas, sino por el contenido del escrito que el fiscal José Arias presentó ante el juez de Garantías para solicitar allanamientos y medidas de prueba.

En ese documento, al que accedió Diario Junio y cuya existencia fue reconocida por el propio fiscal en diálogo privado con este medio, Arias sostiene que existen elementos que “prueban la hipótesis delictiva” y deja planteadas sospechas de bienes y movimientos económicos en el exterior. El eje de la investigación apunta a inconsistencias patrimoniales, viajes reiterados fuera del país y consumos que, según la fiscalía, no encuentran correlato en las declaraciones oficiales ni en registros de compra de divisas.

El propio Arias confirmó el contexto del documento judicial y marcó distancia respecto del enfoque editorial de la publicación original. En una conversación mantenida con este medio, el fiscal señaló que “evidentemente accedieron a mi escrito” y aclaró que “hay consideraciones y adjetivaciones que son del editor”, dejando en claro que el contenido base surge de una presentación judicial existente, aunque no necesariamente comparte el tono utilizado por Diario Junio.

También explicó que no fue él quien difundió el escrito públicamente: “No por mi parte… es un escrito que llegó a la Cámara de Diputados de la provincia cuando el juez le pidió autorización para hacer los allanamientos”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de acceder al documento.

Viajes, Uruguay y la sospecha sobre fondos en el exterior

Uno de los puntos más sensibles del escrito fiscal es el análisis de los viajes al exterior realizados por Bordet y su familia durante el período investigado. Según detalla Arias, existen centenares de noches registradas fuera del país, especialmente en Uruguay, Estados Unidos y Europa, lo que para la fiscalía podría ser indicio de movimientos patrimoniales no declarados.

El escrito incluso plantea dudas sobre cómo se financiaban esos viajes y estadías, ya que —según la información incorporada a la causa— no existirían operaciones cambiarias suficientes ni consumos bancarios compatibles con ese nivel de gastos en el exterior.

Arias sostiene además que algunas compras de pasajes habrían sido realizadas por personas jurídicas o empresas, situación que incrementa la sospecha sobre una eventual estructura societaria no declarada.

El silencio político y el impacto institucional

Mientras la investigación avanza, en el peronismo entrerriano crece la incomodidad. La figura de Bordet fue durante años uno de los principales factores de orden interno dentro del PJ provincial, pero la acumulación de elementos judiciales y el tono cada vez más duro del expediente empiezan a generar ruido incluso en sectores que históricamente lo respaldaron.

El dato político más delicado no es solamente la investigación en sí, sino la sensación de desgaste institucional que deja la causa: un exgobernador, exintendente y exdiputado nacional investigado por presunto enriquecimiento ilícito, con sospechas sobre bienes en el exterior y medidas judiciales que incluyeron pedidos de allanamiento.

A eso se suma otro elemento que empieza a tomar fuerza en la discusión pública: la diferencia entre el discurso político y la postura judicial. Mientras Bordet sostuvo públicamente que estaba “a disposición de la Justicia”, el fiscal remarcó en su escrito que la defensa dejó expresa oposición a determinadas medidas probatorias, entre ellas los allanamientos solicitados.

Una causa que recién empieza

Más allá del impacto político y mediático, la causa todavía se encuentra en etapa de investigación y no existe condena alguna contra Bordet. Sin embargo, el contenido del escrito fiscal marca un punto de inflexión: por primera vez aparecen sistematizadas sospechas concretas sobre patrimonio, viajes, consumos y posibles activos fuera del país.

Y en ese contexto, las propias palabras del fiscal Arias terminan siendo relevantes. No sólo porque reconoció la autenticidad del escrito que circuló en la web de Diario Junio, sino porque dejó entrever que la documentación judicial efectivamente contiene elementos sensibles que hoy ya forman parte del expediente.

FUENTE : JUDICIALES

$8800 millones en multas y aumentos de hasta 671%: informe sobre las transportistas de energía que operan en Entre Ríos

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Las dos transportistas que prestan el servicio eléctrico de competencia federal en territorio entrerriano —TRANSENER y TRANSNEA— acumularon sanciones aplicadas por 8.801 millones de pesos entre 2018 y abril de 2025. Las cuatro empresas –se suman LITSA y LIMSA- con incidencia tarifaria federal en la provincia de Entre Ríos registran aumentos de entre el 501 y el 671 por ciento desde la asunción del actual gobierno nacional. Y la red de transporte del Noreste Argentino, que cubre el norte y centro de Entre Ríos, falla persistentemente entre diez y veinte veces más por kilómetro de tendido que la red troncal nacional. Son datos oficiales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, organismo que se encuentra en estos días en pleno proceso de fusión con el ENARGAS bajo el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.

Los datos oficiales sobre el desempeño económico y tarifario del servicio eléctrico de competencia federal con incidencia en Entre Ríos durante los últimos siete años configuran un cuadro que merece, por sí mismo, atención pública. Las dos empresas transportistas que tienen jurisdicción federal sobre la red eléctrica entrerriana —Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión TRANSENER S.A. y Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino TRANSNEA S.A.— acumularon sanciones aplicadas por 8.801.323.330,77 pesos entre enero de 2018 y abril de 2025.

Las cuatro empresas con incidencia tarifaria federal en territorio entrerriano —TRANSENER, TRANSNEA, LITSA (Líneas de Transmisión del Litoral) y LIMSA (Líneas Mesopotámicas)— vieron multiplicado el valor agregado de transporte que cobran al usuario residencial entrerriano entre cinco y siete veces desde el 10 de diciembre de 2023, día de la asunción del actual gobierno nacional. Y la red de transporte del Noreste Argentino, que cubre porciones del norte y centro de Entre Ríos junto con Corrientes, Chaco y Formosa, falla persistentemente entre diez y veinte veces más por kilómetro de tendido que la red troncal nacional, sin que esa asimetría —documentada mes a mes durante ocho años— haya sido revertida por ninguna de las administraciones del organismo regulador.

La información a partir de la cual se reconstruye este cuadro de situación proviene de la respuesta producida por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a una solicitud formal de acceso a la información pública presentada por Análisis el 28 de abril de 2026, en los términos de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. El pedido constaba de diez puntos concretos referidos a calidad del servicio, esquema tarifario, multas, obras de ampliación, reclamos, audiencias públicas, auditorías, convenios con la autoridad provincial y personal de control, todo ello respecto del servicio eléctrico de competencia federal con incidencia en la Provincia de Entre Ríos.

La solicitud fue identificada como expediente C-077 y respondida el 13 de mayo de 2026 mediante la Nota NO-2026-47984998-APN-DRIYP#ENRE, suscripta por la Responsable de Acceso a la Información Pública del organismo, Viviana Sarmentero. La respuesta llegó con la firma electrónica del Sistema de Gestión Documental del Estado nacional e incluye un cuadro con indicadores mes a mes desde enero de 2018 hasta abril de 2025 y cinco memorandos producidos por distintas áreas internas del ENRE: el Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales, el Departamento Técnico de Energía Eléctrica, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Relaciones Institucionales y Prensa, y la Asesoría Jurídica. Análisis Digital realizó el cruce y la sistematización de todo el material recibido. Los datos que se exponen a continuación son, en consecuencia, oficiales y reproducen lo que el propio ente regulador remitió por escrito en cumplimiento del régimen legal de acceso a la información pública.

Tarifas que subieron entre 501 y 671 por ciento desde diciembre de 2023

El dato más contundente de la respuesta oficial está contenido en el Memorándum ME-2026-45257750, producido por el Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales del ENRE y firmado por el subjefe del área, Marcelo Ángel Biach. El documento detalla, para las cuatro transportistas que el propio organismo reconoce como prestadoras de competencia federal con incidencia en territorio entrerriano, el cuadro tarifario al 10 de diciembre de 2023 y lo compara con el cuadro tarifario actualmente vigente.

Los porcentajes hablan por sí solos. TRANSENER pasó de la Resolución 781/2023 a la Resolución 225/2026 con una suba uniforme del 671 por ciento en todos sus conceptos: salidas de 500, 220 y 132/66 kilovoltios, cargos por transformación, energía reactiva y kilómetros de líneas. TRANSNEA se ajustó en idéntica proporción del 640 por ciento, también en todos sus rubros (Resoluciones 779/2023 y 228/2026). LIMSA, la transportista mesopotámica, registró un 529 por ciento (Resoluciones 781/2023 y 234/2026). Y LITSA, las Líneas de Transmisión del Litoral, un 501 por ciento (Resoluciones 781/2023 y 235/2026). Los cuatro porcentajes corresponden, según expresamente lo enuncia el propio Memorándum, a segmentos del transporte de competencia federal con incidencia en la Provincia de Entre Ríos. Es decir, son aumentos que el usuario entrerriano paga en el valor agregado de transporte que se traslada a su factura final.

El detalle es relevante por una razón adicional. El mismo Memorándum aclara que el ENRE solo tiene competencia federal en territorio entrerriano sobre los sistemas de transporte de Alta Tensión superiores a 400 kilovoltios. Las líneas de entre 132 y 400 kilovoltios son de jurisdicción provincial, no del ente nacional. Lo cual significa que el grueso del entramado de distribución troncal de la provincia queda fuera del control federal y depende de la regulación que ejerza —o no ejerza— el Estado entrerriano a través de su propio Ente Provincial Regulador.

Sanciones por más de 8.800 millones de pesos

La segunda pieza sustantiva de la respuesta oficial es un cuadro mes a mes con la tasa de falla, el índice DIMA (Disponibilidad Media Anual Móvil de la Concesionaria) y las sanciones aplicadas a TRANSENER y TRANSNEA entre enero de 2018 y abril de 2025. Es información que el ENRE produce en el marco de su régimen de afectación de sanciones para empresas transportistas, regido por la Resolución ENRE 552/2016 y sus modificatorias.

Del cuadro surge que las dos transportistas acumularon sanciones aplicadas por 8.801.323.330,77 pesos durante el período. De ese monto, 8.115.972.826,52 pesos corresponden a TRANSENER, la concesionaria del sistema troncal de 500 kilovoltios, y 685.350.504,25 pesos a TRANSNEA. El propio Departamento Técnico de Energía Eléctrica del ENRE, en su Memorándum ME-2026-44986275, aclara que los datos remitidos corresponden a las penalidades aplicadas a cada empresa respecto del servicio dentro de toda el área de su concesión, no exclusivamente al tramo entrerriano: TRANSENER cubre toda la red troncal del país y TRANSNEA cuatro provincias del Noreste. Aun así, son las dos únicas empresas con jurisdicción federal sobre infraestructura eléctrica de Entre Ríos, y las sanciones se aplicaron por incumplimientos de los estándares de calidad del servicio que el ENRE establece y que también rigen para el tramo entrerriano de sus redes.

Las cifras son nominales y, por lo tanto, deben leerse con la cautela que impone la inflación de los últimos años. Aun así, la dinámica del régimen sancionatorio es elocuente. Las sanciones aplicadas a TRANSENER se multiplicaron por 2,1 entre 2023 y 2024, pasando de 1.866 millones a 3.951 millones de pesos en el año. Las aplicadas a TRANSNEA crecieron todavía más rápido: se multiplicaron por 3,9 en el mismo lapso, al saltar de 87 millones a 340 millones. El pico mensual absoluto se registró en junio de 2024, cuando TRANSENER fue sancionada con 773.867.377,29 pesos en un solo mes y TRANSNEA con 92.620.411,13 pesos. Para tener una referencia, esa cifra mensual de TRANSENER equivale, ella sola, a más de cuatro veces el total anual sancionado a la misma empresa durante todo 2018. El quiebre es contemporáneo a la asunción de Javier Milei. En los primeros doce meses de la nueva gestión, el ENRE incrementó las sanciones aplicadas a las dos transportistas a un ritmo que excede largamente cualquier ajuste por inflación y modifica de manera sustantiva el peso económico real del régimen de multas.

La respuesta del ENRE, sin embargo, no informa el estado de cumplimiento de esas sanciones —dato que esta parte solicitó expresamente en el pedido—. No se sabe, por ahora, cuántas fueron efectivamente pagadas por las empresas, cuántas fueron recurridas en sede administrativa o judicial, cuántas se encuentran firmes y cuántas suspendidas en sus efectos. La información sobre ese punto está pendiente de respuesta por parte de la Asesoría Jurídica del organismo, y será materia de la segunda entrega de esta cobertura.

Calidad del servicio: la red del Noreste falla entre diez y veinte veces más que la troncal nacional

El cuadro de indicadores anexo a la respuesta permite cotejar mes a mes la calidad de la prestación con un indicador estandarizado, la tasa de falla, que mide la cantidad de fallas registradas cada cien kilómetros de línea por año. El contraste entre las dos empresas con incidencia en Entre Ríos es marcado y persistente. TRANSENER, sobre una red de 15.361 kilómetros, registró durante el período tasas de falla que oscilaron entre 0,17 y 0,41 fallas cada 100 kilómetros por año. TRANSNEA, sobre una red sensiblemente menor de 2.032 kilómetros, opera con tasas de falla que van de 2,4 a 4,9 fallas en la misma unidad de medida.

En términos comparativos, la red del Noreste Argentino —que cubre el norte y centro de Entre Ríos junto con porciones de Corrientes, Chaco y Formosa— falla entre diez y veinte veces más que la red troncal nacional por cada kilómetro de tendido. La diferencia se sostiene durante los ocho años cubiertos por la información oficial y no admite atenuantes circunstanciales: no se trata de un episodio puntual sino de un patrón estructural que las sucesivas administraciones del ENRE registraron pero no consiguieron revertir. El otro indicador relevante, el índice DIMA, confirma la asimetría: TRANSENER se mantuvo casi siempre por encima del 99,97 por ciento, mientras que TRANSNEA opera en torno al 99,78-99,81 por ciento, varios escalones por debajo del valor promedio móvil establecido por la propia regulación. La diferencia parece menor en términos porcentuales —apenas dos décimas— pero, traducida a tiempo real, equivale a varias horas anuales adicionales de indisponibilidad del servicio para los usuarios atendidos por la red del Noreste.

Una respuesta en los últimos días institucionales del ENRE

La respuesta al pedido C-077 llegó el 13 de mayo de 2026. Ocho días antes, el 5 de mayo, había sido publicado en el Boletín Oficial el Decreto 318/2026, que designa el directorio completo del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), organismo que absorbe al ENRE y al ENARGAS bajo una conducción única por mandato de la Ley de Bases 27.742 (artículo 161) y del Decreto 452/2025. La presidencia del nuevo ente, por cinco años, quedó para Néstor Marcelo Lamboglia, hasta entonces interventor del propio ENRE. La fusión venía dispuesta hacía más de un año pero se aceleró tras la crisis energética del invierno pasado, particularmente los cortes que dejaron sin gas a Mar del Plata.

La transición administrativa, que implica el cambio de dominios institucionales y de siglas en el Sistema de Gestión Documental Electrónica del Estado, fue consignada por la propia Responsable de Acceso a la Información Pública en uno de los correos posteriores remitidos a este medio para completar la respuesta. La normativa sobre acceso a la información pública sigue aplicando al nuevo ente y la sucesión administrativa es plena, pero el cuadro al que estos datos corresponden es, técnicamente, el cierre de una etapa. Los 8.800 millones de pesos en sanciones acumuladas, los aumentos tarifarios de entre el 501 y el 671 por ciento y el patrón de fallas de la red del Noreste son la herencia operativa que el ENRGE recibe sobre el servicio eléctrico federal con incidencia en Entre Ríos. La gestión que viene se hace cargo, sin solución de continuidad, de un cuadro tarifario cuyos cuadros vigentes acaban de ser convalidados, en febrero de 2025, por las audiencias públicas virtuales que el propio ente convocó.Fuente: Análisis

Cuál es el salario pretendido por los argentinos y cuánto varía según el cargo

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El monto requerido por quienes postulan a nuevos puestos de trabajo retrocedió otra vez en abril, al quedar por debajo de la inflación. En qué sectores están las mejores remuneraciones y cómo varían las expectativas salariales según cargo y género

Los salarios pretendidos por los argentinos mostraron en abril una nueva señal de desaceleración. Según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, la remuneración promedio solicitada por quienes buscan empleo fue de $1.784.840 brutos por mes, una cifra que implicó una baja de 0,09% respecto de marzo y que volvió a ubicarse por debajo de la inflación proyectada para el período.

El dato confirma una tendencia que comenzó a observarse hacia fines de 2025: las pretensiones salariales crecieron cada vez menos e incluso alternaron meses de retrocesos nominales. En otras palabras, el mercado laboral empieza a reflejar una moderación en las expectativas de ingresos de los postulantes.

Los números muestran un fenómeno llamativo. Los salarios crecen un ritmo muy inferior al de la inflación acumulada. Según el informe, las remuneraciones pretendidas avanzaron 13,44% en los últimos doce meses, mientras que la inflación interanual se ubicó en 32,4 por ciento.

El informe también refleja fuertes diferencias salariales según el nivel de experiencia. Mientras un postulante junior pretende en promedio $1.354.695 brutos por mes, el monto sube a $1.814.084 para posiciones semi senior y senior, y alcanza $2.407.033 en los cargos de jefe o supervisor.

La diferencia entre el promedio junior y el de posiciones jerárquicas supera así el millón de pesos mensuales, lo que evidencia la distancia salarial que todavía existe dentro del mercado laboral formal.

La diferencia salarial entre puestos junior y cargos jerárquicos supera el millón de pesos mensuales. (Freepik)La diferencia salarial entre puestos junior y cargos jerárquicos supera el millón de pesos mensuales. (Freepik)

Sin embargo, la evolución reciente no fue igual para todos los segmentos. Los puestos junior mostraron una suba mensual de 1,87% y las posiciones senior/semi senior aumentaron 1,42%, mientras que los cargos de jefe y supervisor registraron una caída de 7,30 por ciento.

Sin embargo, la evolución reciente no fue igual para todos los segmentos. Los puestos junior mostraron una suba mensual de 1,87% y las posiciones senior/semi senior aumentaron 1,42%, mientras que los cargos de jefe y supervisor registraron una caída de 7,30 por ciento.

Según los especialistas, ese comportamiento puede interpretarse como una señal de mayor cautela en los segmentos jerárquicos, donde las empresas suelen tener procesos de contratación más lentos y salarios más elevados, mientras que los niveles iniciales y medios todavía muestran algo más de dinamismo.

Qué sector lidera los salarios en los puestos junior y senior

Al analizar las pretensiones salariales por áreas, Recursos Humanos aparece como uno de los sectores con mejores remuneraciones promedio tanto en posiciones junior como en los niveles semi senior y senior.

En el segmento junior, Recursos Humanos encabezó el ranking con un salario pretendido promedio de $1.528.125 mensuales. Detrás quedaron Administración y Finanzas, con $1.449.028, y Producción, Abastecimiento y Logística, con 1.440.179 pesos.

En cambio, el sector Comercial fue el que tuvo menor remuneración pretendida para puestos junior, con un promedio de 1.154.688 pesos.

entrevista de trabajoEl área de Recursos Humanos encabezó los salarios pretendidos tanto en posiciones junior como en los niveles semi senior y senior. (Getty Images)

En los puestos semi senior y senior volvió a destacarse Recursos Humanos, con una pretensión salarial promedio de $2.152.500 brutos. Luego aparecieron Administración y Finanzas, con $1.945.463, y Tecnología y Sistemas, con 1.935.000 pesos.

Por el contrario, Marketing y Comunicación registró el salario promedio más bajo para ese nivel de experiencia, con $1.520.000 mensuales.

Los puestos mejor pagos

El informe también identifica cuáles son los cargos específicos con mayores pretensiones salariales dentro de cada segmento.

En las posiciones de jefe y supervisor, el puesto con el salario requerido más alto fue Auditoría, con una pretensión promedio de $4.125.000 mensuales.

Los puestos mejor pagos

El informe también identifica cuáles son los cargos específicos con mayores pretensiones salariales dentro de cada segmento.

En las posiciones de jefe y supervisor, el puesto con el salario requerido más alto fue Auditoría, con una pretensión promedio de $4.125.000 mensuales.

Del otro lado aparecen sectores con salarios considerablemente menores. Entre los puestos junior, Camareros tuvo la pretensión salarial más baja, con $850.000 mensuales. Para los niveles semi senior y senior, Gastronomía se ubicó en el piso del ranking con $1.000.000, mientras que en cargos de jefe o supervisor el salario más bajo correspondió a Áreas Técnicas en Salud, con 1.137.500 pesos.

La amplitud entre los extremos vuelve a mostrar un mercado laboral muy heterogéneo, donde conviven sectores con fuerte capacidad de pago y otros en los que las remuneraciones siguen rezagadas.

Qué puestos concentran más búsquedas y postulaciones

El informe también analizó cuáles son los puestos más demandados por las empresas y cuáles reciben más postulaciones.

Entre los avisos de empleo publicados, Ventas lideró con el 11,98% del total, seguido por Comercial con 8,72% y Administración con 5,84%.

En cuanto a las postulaciones, el mayor volumen se concentró en Almacén, Depósito y Expedición, que reunió 12,12% del total. Luego aparecieron Producción, con 10,64%, y Administración, con 9,69 por ciento.

“La ministra del peor gobierno de la historia viene a dar lecciones sobre desarrollo”

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El senador provincial Rubén Dal Molín cuestionó duramente las declaraciones de Victoria Tolosa Paz durante su visita a Federación y sostuvo que “resulta llamativo que una exministra del peor gobierno de la historia argentina venga ahora a dar lecciones sobre desarrollo, producción y turismo”.

“Hablan de federalismo y de oportunidades después de haber dejado un país con inflación récord, pobreza creciente, destrucción del salario y miles de jóvenes obligados a irse de sus pueblos porque ya no encontraban trabajo ni futuro”, expresó.

Dal Molín afirmó además que “el kirchnerismo pretende apropiarse políticamente de una historia de desarrollo que nació mucho antes y gracias a la visión de dirigentes locales de Federación”.

“Federación no nació turísticamente de un relato nacional ni de una ley anunciada en campaña. Federación se reinventó después de una tragedia histórica gracias al esfuerzo de su gente y a dirigentes radicales como Carlos Cecco, que tuvieron la visión y la valentía de apostar al termalismo cuando nadie creía en ese proyecto”, remarcó.

En ese sentido, consideró que “el peronismo debería tener un poco más de humildad y reconocer quiénes fueron realmente los protagonistas de la transformación de Federación”.

Pero además, el legislador apuntó contra la situación actual del turismo en la ciudad y responsabilizó a la gestión municipal del intendente Ricardo Bravo por “años de estancamiento, improvisación y pérdida de competitividad”.

“Resulta llamativo escuchar grandes discursos sobre turismo de parte de quienes gobiernan Federación hace años y no han podido resolver problemas básicos de infraestructura, planificación y promoción. El turismo termal no vive solamente del pasado ni de las fotos políticas. Necesita gestión todos los días”, señaló.

Dal Molín también recordó que la administración municipal de Bravo ha estado atravesada por cuestionamientos y denuncias públicas vinculadas al manejo de recursos y decisiones administrativas, “mientras la ciudad pierde dinamismo frente a otros destinos turísticos que sí entienden cómo evolucionar y modernizar la oferta”.

“Federación merece nuevos dirigentes que defiendan su historia con honestidad y que trabajen pensando en el futuro, no dirigentes nacionales que vienen a usar políticamente a la ciudad mientras representan el mismo modelo que empobreció a millones de argentinos”, concluyó.

Se acerca El Niño en Argentina: tiene 70 % de probabilidad de ser “intenso”

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Las proyecciones climáticas alertan que El Niño en Argentina tiene un 70 % de probabilidad de ser fuerte o muy fuerte, con posibles lluvias extremas y aumento de temperatura.

El fenómeno de El Niño en Argentina se acerca con fuerza, según las últimas actualizaciones internacionales sobre la temperatura de la superficie del mar en el Océano Pacífico tropical. La región monitoreada como Niño 3.4 registró anomalías de +0,4 °C en la última semana, lo que refuerza los indicios de un desarrollo inminente del fenómeno. La NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, estima que existe un 82 % de probabilidad de formación entre mayo y julio de 2026.

El Servicio de Cambio Climático Copernicus, de la Unión Europea, también confirma que más del 50 % de los modelos climáticos proyectan un evento muy intenso, con anomalías superiores a 2,5 °C en la región Niño 3.4 al final del período de pronóstico. Esto indica que los próximos meses podrían traer un fenómeno de El Niño extremo, capaz de alterar el clima global y regional.

El rápido calentamiento del océano Pacífico tropical y la consolidación de la burbuja de agua caliente a 300 metros de profundidad, con anomalías cercanas a los 6 °C, preocupan a los especialistas. Estas condiciones elevan la probabilidad de que se produzca un acoplamiento océano-atmósfera que fortalezca el evento.

Foto: Meteored.
Foto: Meteored.

Señales atmosféricas y modelos climáticos coinciden

Las señales atmosféricas también indican que El Niño está próximo a consolidarse. Según la NOAA, áreas de convección intensificada sobre el Pacífico podrían reforzar el aumento de la temperatura superficial del mar. Aunque la Oscilación de Madden-Julian (MJO) muestra cierta desorganización por la interferencia de otros modos climáticos, los modelos GEFS y ECMWF anticipan una amplificación de la señal convectiva para finales de mayo y principios de junio.

El pronóstico de intensidad actualizado el 14 de mayo indica que el evento podría ser “fuerte a muy fuerte”, con cerca de un 70 % de probabilidad entre noviembre y enero, un aumento respecto a abril. Este nivel de intensidad sugiere impactos clásicos de El Niño, como lluvias superiores a la media, sequías prolongadas y olas de calor más frecuentes.

Copernicus también confirma la tendencia, mostrando que más de la mitad de los modelos climáticos predicen anomalías superiores a +2,5 °C en la región Niño 3.4 hacia octubre de 2026. Este nivel de calentamiento es comparable con los episodios más intensos de las últimas décadas.

Foto: Meteored.
Foto: Meteored.

Impactos potenciales para Argentina y Sudamérica

Los pronósticos estacionales indican que El Niño en Argentina podría generar lluvias superiores al promedio durante julio, agosto y septiembre, con probabilidades estimadas del 60-70 %. Además, se espera un aumento de las temperaturas medias y un mayor riesgo de fenómenos climáticos extremos.

El Niño también podría intensificar la frecuencia de tormentas, sequías en algunas regiones y olas de calor, lo que afectaría la agricultura, el abastecimiento de agua y la planificación urbana. Las autoridades locales y organismos meteorológicos instan a la población a prepararse y seguir las recomendaciones oficiales para mitigar posibles impactos, señaló Meteored en su informe.

En síntesis, todos los indicios científicos apuntan a que El Niño en Argentina será un evento de alta intensidad, y la coordinación entre gobiernos y expertos será clave para minimizar sus consecuencias en la vida cotidiana y la economía del país.

Milei envia aviones de la Fuerza Aérea a Bolivia para ayudar a transportar alimentos en pleno golpe de Estado de Evo

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Argentina activará un puente aéreo para enviar alimentos, y será una operación temporal y financiada por Bolivia.

El Gobierno de Javier Milei decidió asistir a Bolivia tras un pedido formal realizado por la gestión de Rodrigo Paz, enviando un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea para transportar alimentos. La medida busca contener el fuerte desabastecimiento que afecta a distintas ciudades del país vecino.

El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno, quien explicó que la operación responde a una solicitud directa de Bolivia, que tendrá carácter humanitario y que será financiada por el gobierno boliviano.

A solicitud del gobierno boliviano, y en virtud de la situación que ha derivado en el desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales en varias ciudades del vecino país, el gobierno de la República Argentina ha decidido prestar su colaboración enviando un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina para la realización de puentes aéreos para el transporte de alimentos”, señaló.

Javier Milei y Rodrigo Paz.
Javier Milei y Rodrigo Paz.

Los alimentos son del gobierno boliviano quien se hace cargo de los gastos del operativo“, aclaró el funcionario de Milei.

El operativo implica la puesta en marcha de un puente aéreo estratégico, coordinado por la Cancillería argentina junto con el Ministerio de Defensa, que permitirá abastecer de productos básicos a las zonas más afectadas. Se trata de una intervención rápida frente a una crisis que comenzó a escalar en los últimos meses.

Desde el gobierno de Milei remarcaron que la asistencia será temporal y focalizada, con el objetivo de contribuir a estabilizar la situación mientras Bolivia reorganiza su sistema de distribución interna. En ese sentido, Quirno destacó que la colaboración se da en un contexto de fortalecimiento del vínculo bilateral.

El gesto también refleja la voluntad de la administración de Javier Milei de posicionar a la Argentina como un actor activo en la región ante emergencias y crisis humanitarias.

El avión Hércules C-130.
El avión Hércules C-130.

Además, el canciller subrayó el momento político que atraviesa Bolivia tras la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira, y expresó su confianza en que, con el compromiso de los distintos sectores, la situación pueda resolverse en el corto plazo.

La situación en Bolivia

La economía de Bolivia atraviesa una profunda crisis marcada por un intento de golpe de Estado que lanzó el ex dictador Evo Morales, luego de que la justicia ordenara su detención por no presentarse al juzgado en medio de una investigación judicial por trata de menores.

Los cocaleros, matones a sueldo de Evo Morales, cortaron todas las rutas críticas del país dejando aisladas a ciudades enteras, qu rápidamente se quedaron sin alimentos y sin medicamentos. Esto se suma a una profunda escasez de dólares, el desabastecimiento de combustibles y productos, un abultado déficit fiscal y un estancamiento en el crecimiento.

Tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda que destruyeron el país, ahora los bolivianos eligieron un nuevo rumbo bajo la actual presidencia del derechista Rodrigo Paz, quien busca implementar reformas de pro mercado urgentes ante el fracaso del anterior modelo económico socialista.

De esta manera, Argentina no solo aporta asistencia concreta en un momento crítico, sino que también refuerza su rol de líder regional mediante una acción directa que busca aliviar el impacto social de la crisis en el país vecino.

Bloqueos de ruta impulsados por Evo Morales dejan a Bolivia al borde del desabastecimiento

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El Gobierno de Rodrigo Paz acusa al evismo de intentar desestabilizar al país mediante protestas y cortes.

Bolivia atraviesa una creciente crisis de abastecimiento como consecuencia de los bloqueos de rutas impulsados por organizaciones sindicales, campesinas y sectores alineados con Evo Morales, en medio de una escalada política que ya provocó fuertes enfrentamientos en La Paz y amenazas de desestabilización contra el gobierno de Rodrigo Paz.

En las últimas jornadas, el país registró más de 20 puntos de bloqueo simultáneos, principalmente en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro, afectando el transporte de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno. Los medios bolivianos ya reportan escasez de productos básicos en mercados de la capital y largas demoras logísticas por el cerco sobre las principales rutas nacionales.

Las principales carreteras del país son intransitables.
Las principales carreteras del país son intransitables.

El gobierno boliviano sostiene que detrás de las protestas existe un intento coordinado de desestabilización política encabezado por sectores leales al ex presidente Evo Morales. El vocero presidencial José Luis Gálvez denunció incluso la existencia de un plan financiado por el narcotráfico para intentar derrocar al presidente Rodrigo Paz y romper el orden constitucional.

Desde el Ejecutivo apuntan particularmente contra el Chapare, bastión político y sindical del evismo, como el centro de financiamiento y organización de las movilizaciones. “Bolivia no va a vivir secuestrada por políticos del Chapare que en alianza con el narcotráfico quieren tomar a la fuerza el poder”, declaró Gálvez durante una conferencia de prensa.

La tensión política se incrementó aún más luego de que seguidores de Morales iniciaran una marcha de 190 kilómetros hacia La Paz para exigir el fin de las causas judiciales contra el ex mandatario, quien enfrenta un pedido de 20 años de prisión por un caso de trata de personas agravada relacionado con una menor de edad. La Justicia boliviana incluso ordenó su captura tras declararlo en rebeldía por no presentarse ante el tribunal de Tarija.

En paralelo, distintos sectores sindicales y sociales comenzaron a sumar reclamos económicos por la inflación, la escasez de combustible y el deterioro de la actividad productiva que existía previo a la asunción de Paz. Mineros cooperativistas protagonizaron violentos enfrentamientos con la Policía en el centro de La Paz utilizando dinamita y exigiendo la renuncia del presidente.

El socialismo boliviano se ha enfrentado en las calles contra las autoridades policiales.
El socialismo boliviano se ha enfrentado en las calles contra las autoridades policiales.

Aunque el gobierno intentó desactivar parte de la crisis derogando la polémica ley de tierras rechazada por campesinos e indígenas, las protestas continuaron escalando y derivaron en consignas abiertamente políticas contra la administración de Paz.

El presidente boliviano convocó públicamente al diálogo y aseguró que “Bolivia necesita reconciliación”, pero desde distintos sectores oficialistas ya advierten que podrían aplicarse medidas de excepción si continúan los bloqueos y la violencia callejera.

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