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El peronismo entrerriano se parte en cuatro mientras su dirigencia todavía no entiende por qué perdió la confianza de la gente

La interna del PJ tiene cuatro sectores, varios candidatos y demasiados dirigentes disputándose la conducción. Pero existe un problema que ninguno parece querer mirar de frente: el peronismo perdió algo mucho más importante que una elección. Perdió credibilidad. Y en Concordia, su histórico bastión electoral, todavía parecen no haberse dado cuenta.

El peronismo entrerriano volvió a entrar en modo electoral. El desembarco de Axel Kicillof en la provincia aceleró una interna que ya estaba instalada y puso nuevamente en movimiento a una dirigencia que, con la mirada puesta en 2027, comenzó a disputar espacios, candidaturas y liderazgo. Los ministros bonaerenses Carlos Bianco y Walter Correa recorrieron territorio entrerriano, mantuvieron encuentros con intendentes y dirigentes y dejaron detrás de cada fotografía una lectura política inevitable: el peronismo provincial intenta reorganizarse, pero todavía no consiguió encontrar una conducción capaz de contener a todos los sectores.

La visita de Bianco a San José fue una demostración concreta. Allí, en el marco del foro “Entre Ríos tiene futuro. Axel es la esperanza”, el intendente Gustavo Bastián aprovechó la presencia del funcionario bonaerense para hacer explícita su intención de competir por la Gobernación en 2027. A su alrededor se reunieron Damián Arévalo, Laura Rupp, Enrique Cresto, Marcelo Berthet, Jorge “Kinoto” Vázquez, Claudia Monjo, Gerardo Chapino, Ángel Giano y Álvaro Gabás. También estuvo Marcelo Casaretto, uno de los principales armadores del kicillofismo en Entre Ríos. La foto buscó transmitir fortaleza y unidad, pero debajo de ella aparece una disputa mucho más profunda: quién tendrá el control territorial y político del peronismo cuando llegue el momento de definir candidaturas.

El escenario es cada vez más evidente. El PJ entrerriano está dividido, al menos, en cuatro espacios. Por un lado, el armado que mira hacia Axel Kicillof y que encuentra en Enrique Cresto, Ángel Giano y un grupo de intendentes sus principales referencias. Por otro, el sector que conserva la estructura tradicional y que reúne a dirigentes como Guillermo Michel, Adán Bahl, Gustavo Bordet, Rosario Romero, Juan José Bahillo, José Eduardo Lauritto y Laura Stratta. A esto se suma el espacio identificado con Cristina Fernández de Kirchner, donde aparecen Stefanía Cora, Blanca Osuna y Carolina Gaillard. Y, por fuera de estas estructuras, Daniel Rossi decidió jugar su propia partida después de su expulsión del PJ y anunció que competirá por la Gobernación en 2027.

Cuatro sectores, múltiples dirigentes y una misma pelea: quién será capaz de conducir. Sin embargo, mientras el peronismo entrerriano vuelve a discutir candidaturas, hay una pregunta bastante más incómoda que todavía parece no encontrar lugar en sus reuniones: ¿dónde está la gente?

Porque el problema del peronismo ya no es solamente su fragmentación interna. Tampoco se reduce a decidir si el futuro será de Kicillof, Michel, Bahl, Bordet, Cresto, Rossi o cualquier otro dirigente. El verdadero problema es que una parte de sus propios militantes y seguidores dejó de creer en el discurso que durante años sostuvo al partido. Y cuando una estructura política comienza a perder la confianza de quienes históricamente la acompañaron, la crisis deja de ser exclusivamente electoral para transformarse en una crisis de credibilidad.

Concordia es probablemente uno de los ejemplos más claros de esta situación. Durante décadas, la ciudad fue presentada como uno de los grandes bastiones del peronismo entrerriano. Allí la estructura partidaria parecía tener una capacidad casi automática para ordenar a la militancia, movilizar sectores y garantizar votos. Pero esa realidad cambió y una parte de la dirigencia todavía parece no haberlo comprendido. El peronismo de Concordia continúa hablando, en muchos casos, como si conservara aquella capacidad de representación intacta, mientras una parte de sus propios militantes y seguidores comenzó a mirar a sus dirigentes con desconfianza.

El problema no es necesariamente que hayan dejado de ser peronistas. El problema es que dejaron de creerles.

Dejaron de creer en las promesas repetidas durante años, en las explicaciones que siempre encuentran un responsable externo y en la idea de que alcanza con recuperar una vieja identidad partidaria para volver a conquistar el voto popular. El vecino de Concordia compara discursos con resultados y observa una ciudad que continúa enfrentando problemas estructurales de pobreza, empleo, infraestructura, desarrollo productivo y falta de oportunidades. Y frente a esa realidad aparece una pregunta que el peronismo debería hacerse antes de volver a hablar de candidaturas: ¿por qué una ciudad que durante tantos años estuvo gobernada por dirigentes de ese signo político continúa arrastrando problemas que parecen no tener solución?

No alcanza con responsabilizar al Gobierno nacional, a Javier Milei, a Rogelio Frigerio o a cualquier adversario de turno. Tampoco alcanza con volver a organizar reuniones, actos y fotografías de unidad. La política puede utilizar las estructuras para construir candidaturas, pero ninguna estructura puede fabricar indefinidamente la confianza que perdió en la sociedad. Y mucho menos puede pretender que los votos son propiedad de un partido.

Ese es quizás el punto que el vector peronista de Concordia todavía no termina de comprender: sus militantes y seguidores ya no les creen como antes. La señal debería ser tomada con enorme seriedad porque una cosa es perder una elección y otra completamente diferente es comenzar a perder la confianza de quienes históricamente fueron la base política y electoral de una organización. Cuando el militante deja de defender al dirigente, cuando el simpatizante deja de participar y cuando el vecino que durante años acompañó comienza a preguntarse si vale la pena volver a hacerlo, no estamos frente a una simple derrota electoral. Estamos frente a una transformación mucho más profunda.

El peronismo entrerriano debería mirar especialmente hacia Concordia porque allí tiene un espejo incómodo. Una ciudad que durante décadas fue presentada como territorio propio demuestra que ningún voto pertenece para siempre a ningún partido. La sociedad cambió, las prioridades cambiaron y también cambió la manera en que los ciudadanos evalúan a sus dirigentes. Hoy el vecino quiere saber quién puede generar empleo, mejorar la seguridad, recuperar infraestructura, atraer inversiones, generar oportunidades para los jóvenes y sacar a la ciudad del círculo de pobreza y estancamiento. Las viejas consignas ya no alcanzan.

Mientras tanto, el contraste con Rogelio Frigerio debería funcionar como otra señal de alarma. Mientras el peronismo continúa discutiendo su conducción y multiplicando sus sectores internos, el oficialismo provincial mantiene una posición electoral favorable y cuenta con el tiempo político necesario para observar cómo su principal adversario intenta reorganizarse. La oposición, en cambio, todavía no parece haber asumido completamente que el problema no está solamente en encontrar un candidato competitivo, sino en recuperar una relación de confianza con una sociedad que ya no responde automáticamente a sus discursos.

El peronismo entrerriano todavía tiene tiempo para reconstruirse de cara a 2027. Pero para hacerlo deberá abandonar por un momento la obsesión por la lapicera, las candidaturas y las fotografías de unidad y empezar por algo bastante más difícil: escuchar. Escuchar a sus propios militantes, a sus simpatizantes, a quienes alguna vez los votaron y hoy no están convencidos, a los jóvenes que no encuentran oportunidades y, especialmente, a una Concordia que durante años fue considerada un bastión inexpugnable y que hoy demuestra que la política no funciona con votos cautivos.

La elección de 2027 todavía está lejos. Pero la discusión ya comenzó y el peronismo entrerriano corre el riesgo de cometer el mismo error que lo llevó a perder terreno: seguir mirando hacia adentro mientras la sociedad mira hacia adelante.

Porque las elecciones no se ganan solamente acumulando dirigentes, armando listas o consiguiendo fotografías multitudinarias. Se ganan cuando una parte importante de la sociedad vuelve a confiar en que existe una propuesta capaz de mejorar su vida.

Y ese es el desafío que hoy tiene por delante el peronismo entrerriano.

Antes de preguntarse quién será el candidato, debería preguntarse por qué dejó de ser creíble.

Porque perder una elección puede ser circunstancial.

Que tu propia gente deje de creerte es otra cosa.

Por Alejandro Monzon

La Justicia suspendió la apertura de los celulares de Bordet y Ávila hasta que lo autoricen las Cámaras

El vocal Aníbal Lafourcade resolvió suspender la pericia sobre los teléfonos del diputado nacional Gustavo Bordet y la diputada provincial Mariel Ávila hasta que exista autorización de los cuerpos legislativos que integran. Sin embargo, rechazó el pedido de la defensa para que los dispositivos sean restituidos.

La Justicia de Entre Ríos resolvió este martes suspender la apertura de los teléfonos  celulares del diputado nacional Gustavo Bordet y de la diputada provincial Mariel Ávila, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La medida se mantendrá vigente hasta que las respectivas cámaras legislativas autoricen la realización de la pericia.

Según informó El Entre Ríos, la decisión fue adoptada por el vocal de Apelación, Aníbal Lafourcade, durante una audiencia realizada en los tribunales de Concordia, donde también resolvió rechazar el pedido de la defensa para que los dispositivos fueran devueltos a los legisladores.

La investigación está caratulada “D’Ambros, Héctor Daniel s/ su denuncia – Enriquecimiento Ilícito” y tiene como fiscales a José Arias y Daniela Montangie, mientras que la defensa de Bordet y Ávila está a cargo del abogado Jorge Esteban Romero.

La resolución judicial

Al fundamentar su decisión, Lafourcade explicó que correspondía hacer lugar parcialmente al planteo de la defensa

“Ordeno la suspensión de la apertura de los celulares hasta que haya autorización de las Cámaras”, sostuvo el magistrado.

No obstante, aclaró que los teléfonos permanecerán bajo resguardo judicial, al rechazar el pedido para que fueran restituidos a sus propietarios.

El vocal consideró que no correspondía anular la resolución que había autorizado la pericia sobre los dispositivos, sino únicamente suspender su ejecución para evitar una eventual afectación de garantías constitucionales vinculadas a los fueros parlamentarios.

El planteo de la defensa

Durante la audiencia, el abogado Jorge Romero sostuvo que el consentimiento brindado por Bordet y Ávila durante los allanamientos no implicó autorizar el acceso al contenido de los teléfonos celulares.

Además, afirmó que la Fiscalía pretendía realizar una investigación indiscriminada sobre la información almacenada en los dispositivos, lo que calificó como una “excursión de pesca” para buscar posibles delitos ajenos a la causa principal.

Política

Romero también intentó recusar al fiscal José Arias, argumentando una supuesta pérdida de objetividad y cuestionando la difusión pública de información sobre la investigación. Sin embargo, Lafourcade declaró inadmisible ese planteo y recordó que existen vías procesales específicas para promover una recusación.

En ese contexto, el magistrado también defendió el trabajo de la prensa al señalar que las audiencias son públicas y que los ciudadanos tienen derecho a ser informados sobre los procesos judiciales.

La postura de la Fiscalía

Por su parte, el fiscal José Arias sostuvo que el cambio de postura de la defensa se produjo luego del avance de nuevas líneas investigativas derivadas de los allanamientos realizados al empresario Salvador Carubia y a la firma Gruppa 3.

Según explicó, tanto Bordet como Ávila habían prestado conformidad para los allanamientos, entregaron voluntariamente sus teléfonos y facilitaron las claves de acceso, por lo que consideró aplicable el principio de los actos propios.

Equipos de comunicación

Arias también rechazó que la pericia sobre los celulares vulnere los fueros parlamentarios, al sostener que esos privilegios constitucionales protegen el ejercicio de la función  legislativa y no impiden el desarrollo de medidas de prueba dentro de una investigación judicial.

En ese sentido, Lafourcade también descartó que el análisis de los dispositivos pueda interpretarse como una búsqueda indiscriminada de información.

“Analizar el teléfono no es pesca. No es pescar, es investigar. No podemos tener un órgano acusador sonso”, afirmó el magistrado durante la audiencia.

Fuente: El Entre Ríos

Conmoción en Concordia: detuvieron en España a «Loli» Briglia, acusado del asesinato de una mujer en Málaga

La detención de un concordiense en España, acusado de un crimen ocurrido en la provincia de Málaga, generó una profunda conmoción en Concordia. Se trata de Daniel «Loli» Briglia, de 60 años, una persona ampliamente conocida en la ciudad por haber trabajado durante años en distintos medios de comunicación locales.

De acuerdo con la información publicada por medios españoles y la agencia EFE, Brilla fue detenido este viernes por la Guardia Civil en la localidad de Istán, a unos 30 kilómetros de Benahavís, en el marco de la investigación por el homicidio de una mujer de nacionalidad húngara, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 21 de julio en una vivienda de esa localidad de la Costa del Sol.

La víctima, identificada como Melinda, fue hallada muerta el pasado martes 21 de julio en la urbanización Los Arqueros. El diario Sur de España precisó que la mujer estaba tendida sobre un charco de sangre y con un corte en el cuello. Las autoridades recibieron la alerta poco antes de las 10 de la mañana, cuando vecinos escucharon un grito y observaron al sospechoso huir apresuradamente en un vehículo.

Según trascendió, la víctima, de 45 años, presentaba una grave herida de arma blanca en el cuello. La investigación sostiene que el presunto agresor habría escapado del lugar inmediatamente después del hecho, lo que dio origen a un importante operativo de búsqueda que culminó con la captura del sospechoso.

Las primeras informaciones indican que, al momento del arresto, Briglia habría intentado quitarse la vida provocándose lesiones en el cuello. Este extremo no fue confirmado oficialmente por las autoridades españolas. No obstante, fuentes presentes durante el procedimiento señalaron que el hombre debió recibir asistencia médica antes de ser trasladado bajo custodia de la Guardia Civil.

Videos registrados por vecinos de Istán muestran el momento en que el detenido es atendido por personal sanitario y posteriormente conducido por efectivos policiales.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad del detenido. Hasta el momento, las autoridades españolas no brindaron mayores precisiones sobre el móvil del homicidio ni sobre la situación procesal del acusado, quien permanece a disposición de la Justicia española.

Profundo dolor y desconcierto en Concordia

Mientras la investigación continúa en España, la noticia provocó una fuerte conmoción y profundo dolor en Concordia, especialmente entre quienes compartieron con Daniel «Loli» Brilla muchos años de amistad y de vida cotidiana.

Personas de su círculo más cercano se encuentran todavía estupefactas ante una noticia que, por su gravedad y por las circunstancias que rodean el caso, resulta difícil de asimilar. Entre quienes lo conocieron durante años existe desconcierto y una enorme cantidad de interrogantes frente a lo ocurrido.

La sorpresa es aún mayor para aquellos que mantuvieron con Brilla una relación cercana durante mucho tiempo y que aseguran no encontrar una explicación a qué pudo haberlo llevado a tomar una determinación semejante, de confirmarse las circunstancias que trascendieron desde España.

En Concordia, donde su nombre está ligado a distintos ámbitos de la comunicación y a numerosos vínculos personales construidos a lo largo de los años, la noticia produjo un impacto que excede ampliamente la información sobre el procedimiento policial.

Amigos y conocidos permanecen conmovidos, intentando comprender una situación que hasta hace pocas horas parecía imposible de imaginar y que abrió un profundo interrogante entre quienes compartieron con él distintas etapas de su vida.

Por el momento, serán la investigación de la Guardia Civil y la Justicia española las encargadas de determinar qué ocurrió, cuáles fueron las circunstancias del crimen y qué responsabilidad le corresponde al detenido.

Fuente : Infobae / Analisis Litoral

Un viejo vuelo en helicóptero vuelve a exponer los vínculos entre Flores, Carubia y Bordet

Una publicación de Facebook realizada en 2015, pocos meses después de la llegada de Gustavo Bordet a la Gobernación, muestra a uno de sus colaboradores más cercanos sobrevolando el autódromo de Concordia a bordo de un helicóptero que sería uno de los operados por la Sección Aviación de la Policía de Entre Ríos. En los comentarios -y dando a entender que era uno más de la tripulación- aparece Salvador Carubia, el empresario investigado por la Justicia como presunto testaferro del exmandatario. Once años después, la imagen adquiere otra dimensión a la luz de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Es apenas una fotografía publicada en Facebook el 6 de julio de 2015 en la que Germán Flores posa sonriente desde el interior de un helicóptero mientras sobrevuela el autódromo de la ciudad.

Hoy, esa imagen deja de ser una simple anécdota tras la audiencia realizada el miércoles pasado en los Tribunales de Concordia, donde el fiscal José Arias explicó por qué ordenó las requisas personales y el secuestro de los teléfonos celulares de Norberto Germán Flores y de su hijo, Germán Ezequiel Flores, en el marco de la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador Gustavo Bordet.

Lo que hace once años parecía una publicación más en una red social, hoy reúne en una misma escena a dos personas que aparecen mencionadas en la investigación judicial: Germán Flores y el empresario Salvador Carubia.

La fotografía no habría sido tomada desde una aeronave privada. Por las características visibles de la cabina, la configuración de las puertas, la ventanilla lateral con panel deslizante y otros detalles técnicos, la imagen correspondería al Bell 429 matrícula LQ-CZZ, uno de los helicópteros operados por la Sección Aviación de la Policía de Entre Ríos.

En el fondo también puede identificarse con claridad el Autódromo Ciudad de Concordia.

En aquel momento Gustavo Bordet llevaba apenas unos meses como gobernador y Flores tampoco era un funcionario de primera línea. Sin embargo, ya integraba el círculo de mayor confianza desde que Bordet era intendente de Concordia. Lo había acompañado durante su gestión municipal y luego continuó trabajando junto a él en Paraná cuando asumió la Gobernación.

La publicación contiene además un detalle no menor: entre los comentarios aparece Salvador Carubia.

«Te dije ese día que de alguna forma íbamos a subir jaja», escribió el empresario.

Flores respondió:

«Jaja cómo la careteamos».

helicoptero urri el señalado
helicoptero dos bordet

Los dos helicópteros pertenecen a la Sección Aviación de la Policía de Entre Ríos. El análisis de la cabina y de la configuración de la aeronave permite identificar que la fotografía publicada por Germán Flores correspondería al Bell 429 (LQ-CZZ), visible en la imagen inferior, desde el cual desciende el exgobernador Gustavo Bordet. En la imagen superior, se observa al exgobernador Sergio Urribarri descendiendo de un Bell 427 (LQ-BII).

Once años después, tanto Flores como Carubia volvieron a aparecer juntos, esta ves en un mismo expediente judicial.

Durante la audiencia del miércoles, Jorge Romero, el abogado defensor de Bordet cuestionó las requisas personales ordenadas por la Fiscalía sobre integrantes de la familia Flores.

Fue entonces cuando el fiscal José Arias expuso públicamente los motivos que llevaron a avanzar sobre ellos.

Según explicó ante el juez Aníbal Lafourcade, Germán Ezequiel Flores se desempeña como gerente de una de las pinturerías pertenecientes al empresario Salvador Carubia.

Su padre, Norberto Germán Flores, continúa trabajando en la Cámara de Diputados de Entre Ríos bajo la órbita de la diputada provincial Mariel Ávila, esposa de Bordet.

Arias recordó además que Flores había sido incorporado a planta permanente de la Legislatura durante los últimos meses de la gestión del exgobernador, una designación que posteriormente fue dejada sin efecto por la administración actual. Sin embargo, luego volvió a ser contratado por la Cámara de Diputados, otra vez por Mariel Ávila, la esposa del ex gobernador y actual diputado nacional.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la Justicia secuestró los teléfonos celulares tanto del padre como del hijo, aunque ninguno de los dos habría facilitado las claves de acceso para permitir las pericias.

El empresario bajo sospecha

La presencia de Salvador Carubia en aquella vieja publicación de Facebook no es poco.

El empresario concordiense se convirtió en uno de los principales ejes de la investigación que lleva adelante el fiscal Arias.

Semanas atrás fueron allanados su domicilio y distintos locales comerciales vinculados a su firma Gruppa 3, las sucursales de la pinturerías Colorshop.

Flores: «Gracias Colorshop Concordia, un millón de colores…»

La Fiscalía intenta determinar si Carubia actuó como presunto testaferro de Gustavo Bordet o si existieron mecanismos destinados a ocultar patrimonio mediante terceros.

Entre las líneas investigativas aparecen facturas correspondientes a mobiliario de alta gama que habrían sido abonadas por Carubia y por la firma Gruppa 3 SRL pero instaladas posteriormente en propiedades del exgobernador; las contrataciones obtenidas por esa empresa con la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CODESAL); y la compra de un terreno perteneciente a Bordet en el cuestionado loteo Mena-Beckman, procesados en la causa «contratos truchos» en la legislatura entrerriana (La pareja está acusada del reclutamiento directo de los falsos contratistas, el cobro masivo de los dineros públicos y el manejo contable de las sumas desviadas bajo registros paralelos). 

La propia cronología de la conformación de las empresas de Carubia también llamó la atención del fiscal:

Gruppa 3 SRL fue creada apenas dos meses después de que Bordet asumiera como gobernador y, al día siguiente, Carubia constituyó otra sociedad comercial —Grupo Marcar SRL— junto al arquitecto Guillermo Daniel Marcone, dirigente del MID y aliado político del actual gobernador Rogelio Frigerio. Esta segunda sociedad por ahora parece estar fuera del radar del fiscal Arias.

Mucho antes de los allanamientos

La fotografía publicada por Flores permite retroceder varios años en la reconstrucción de esas relaciones personales.

No constituye, por sí misma, una prueba de irregularidad ni acredita el motivo del vuelo realizado en el posible helicóptero oficial.

Sin embargo, muestra que Germán Flores y Salvador Carubia compartían un vínculo de confianza desde los primeros meses de la gestión de Bordet, bastante antes de que el empresario comenzara a aparecer asociado a contrataciones estatales y mucho antes de que ambos quedaran alcanzados por medidas ordenadas en la investigación judicial.

La imagen también deja abierta otra cuestión no menor: ¿Con qué finalidad fueron trasladados Flores y Carubia en un helicóptero que sería oficial durante aquella jornada del Turismo Carretera?

Once años después, esta fotografía que parecía destinada al álbum personal de un colaborador político se convierte en otra pieza del rompecabezas de las relaciones personales, comerciales y políticas que la Fiscalía intenta reconstruir alrededor del patrimonio del exgobernador Gustavo Bordet.

Fuentes: La reconstrucción de la audiencia judicial se basa en la cobertura realizada por El Entre Ríos. El resto de la investigación fue elaborado con documentación, registros públicos y relevamientos propios de Diario Junio.

ATER intensifica los controles: qué hacer si recibís una intimación por una construcción no declarada

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) intensificó en los últimos meses los controles sobre inmuebles mediante imágenes satelitales, herramientas de detección remota y el cruce de información con los municipios, lo que permitió identificar numerosas construcciones, ampliaciones y mejoras que no habían sido declaradas.

De acuerdo con estimaciones de profesionales vinculados al sector, en la provincia podrían existir alrededor de 8 millones de metros cuadrados de construcciones o ampliaciones sin registrar. En ciudades como Concordia se estima que la superficie no declarada rondaría los 700.000 metros cuadrados, mientras que Paraná, Concepción del Uruguay y otras localidades importantes también presentarían cifras significativas.

Como consecuencia de estos controles, numerosos propietarios comenzaron a recibir intimaciones para regularizar la situación fiscal y catastral de sus inmuebles.

En ese marco, trascendió que ATER habría suscripto acuerdos de colaboración con colegios profesionales con el objetivo de facilitar el proceso de regularización y brindar mayores herramientas a los contribuyentes.

¿Qué debe hacer un propietario que recibe una intimación?

Especialistas consultados explicaron que lo primero es no ignorar la notificación.

Con la intimación en su poder, el propietario debe reunir toda la documentación disponible de su inmueble, especialmente los últimos planos aprobados, antecedentes municipales y cualquier otra presentación realizada con anterioridad. Luego deberá comparar esa documentación con la construcción existente para determinar las diferencias entre lo declarado y lo efectivamente construido.

Con esa información, corresponde consultar a un profesional matriculado para que evalúe el caso y realice el trámite de regularización correspondiente ante los organismos competentes.

Una intimación significa que el Estado detectó diferencias entre la información registrada y la realidad física del inmueble. La normativa vigente establece la obligación de declarar las nuevas construcciones, ampliaciones o mejoras dentro de los plazos previstos por la legislación una vez que la obra reúne las condiciones de habitabilidad.

La importancia de contratar un profesional matriculado

La regularización constituye un procedimiento técnico y legal que debe ser realizado por un profesional independiente debidamente matriculado, ya sea un Maestro Mayor de Obras, un arquitecto o un ingeniero, conforme a las incumbencias que establece la legislación vigente.

El propietario tiene plena libertad para elegir al profesional de su confianza, quien analizará la documentación existente, verificará el estado de la construcción y elaborará la presentación técnica necesaria para regularizar la situación.

Fuentes del ámbito profesional consultadas por este medio manifestaron su preocupación por situaciones en las que quienes cumplen funciones de control o intervienen desde la administración terminan orientando o participando en trámites cuya responsabilidad técnica corresponde exclusivamente a profesionales habilitados. De confirmarse, este tipo de prácticas podría afectar la transparencia del procedimiento, generar incompatibilidades con la función de fiscalización y trasladar al propietario riesgos administrativos o legales que podrían evitarse actuando dentro del marco normativo.

Los especialistas recomendaron que el contribuyente contrate libremente al profesional de su confianza y evite recurrir a mecanismos informales o soluciones improvisadas que, aunque puedan parecer más economicas, no ofrecen las garantías técnicas, éticas y jurídicas que exige una correcta regularización.

¿Qué ocurre si se ignora la intimación?

Los especialistas coinciden en que no responder una intimación suele ser la peor alternativa.

Si el contribuyente no regulariza voluntariamente su situación, la autoridad fiscal puede efectuar una determinación de oficio de la valuación del inmueble y aplicar las sanciones previstas por la normativa tributaria, además de los intereses y recargos que pudieran corresponder.

Actualmente, tanto ATER como numerosos municipios cuentan con tecnologías de detección remota, imágenes satelitales y sistemas de comparación territorial —entre ellos herramientas como Open Buildings— que permiten identificar construcciones no declaradas con un elevado nivel de precisión.

Por ese motivo, regularizar la situación de manera voluntaria no solo evita futuras sanciones, sino que también brinda seguridad jurídica al propietario, protege el valor de su patrimonio y mantiene la documentación del inmueble actualizada para futuras ventas, sucesiones, créditos hipotecarios o cualquier otra operación sobre el inmueble.

Concordia vuelve a inundarse: la pregunta que nadie quiere responder después de más de veinte años de sucecivos gobiernos

Otra vez el río Uruguay amenaza con desbordar, otra vez cientos de familias preparan sus pertenencias para abandonar sus hogares y otra vez Concordia se enfrenta a una tragedia que, lejos de ser imprevisible, forma parte de una historia repetida hasta el cansancio. Lo verdaderamente preocupante no es únicamente la magnitud de la creciente, sino que la ciudad parece volver a enfrentarla prácticamente en las mismas condiciones de siempre. La pregunta política es inevitable y merece una respuesta clara: ¿qué hicieron durante más de veinte años de gobierno para que esta situación dejara de repetirse?

No estamos frente a un fenómeno desconocido. Las grandes inundaciones forman parte de la historia de Concordia desde hace décadas. Justamente por eso resulta difícil comprender cómo, después de tantos años administrando la ciudad, aún existen barrios enteros expuestos, familias que vuelven a perder todo y una infraestructura que sigue demostrando enormes limitaciones para enfrentar una emergencia que ya no puede calificarse como inesperada.

La realidad adquiere una dimensión todavía más dramática si se observa el contexto social. Concordia fue ubicada en reiteradas oportunidades por el INDEC entre las ciudades con mayor pobreza de la Argentina, llegando incluso a ocupar el primer lugar del país en distintos informes. Esa realidad convierte cada inundación en un golpe mucho más duro para miles de vecinos que ya viven en condiciones de extrema vulnerabilidad. Cuando pobreza estructural e inundaciones permanentes se combinan, el resultado deja de ser solamente una emergencia climática para transformarse también en el reflejo de décadas de ausencia de políticas públicas capaces de modificar el escenario de fondo.

Mientras el agua continúa avanzando, vuelven a aparecer los mismos interrogantes de siempre. ¿Existe un plan integral de evacuación conocido por toda la comunidad? ¿Cuáles serán los centros habilitados? ¿Quién coordina cada operativo? ¿Qué recursos humanos estarán disponibles? ¿Qué dispositivos sanitarios y sociales se pondrán en marcha una vez que el agua retroceda? Hasta ahora las respuestas públicas siguen siendo insuficientes y la sensación predominante vuelve a ser la improvisación.

La situación genera aún más preocupación cuando se observa que distintas áreas operativas del municipio fueron reducidas durante los últimos meses. En una ciudad que convive históricamente con inundaciones, los equipos de limpieza, mantenimiento, higiene urbana y asistencia territorial no constituyen un gasto accesorio, sino una parte esencial del sistema de respuesta frente a una emergencia. Resulta razonable preguntarse si esas decisiones fortalecen o debilitan la capacidad de reacción del Estado municipal.

Pero el verdadero debate excede a una gestión puntual. Durante aproximadamente dos décadas Concordia estuvo gobernada por dirigentes pertenecientes al mismo espacio político. Esa continuidad también implica responsabilidades políticas acumuladas. Por eso corresponde formular preguntas que aún esperan respuestas: ¿cuántas familias fueron relocalizadas definitivamente?, ¿qué obras estructurales se ejecutaron para reducir el impacto de futuras crecientes?, ¿qué planificación urbana impidió nuevas ocupaciones en zonas inundables?, ¿qué proyecto productivo permitió disminuir la pobreza que hace todavía más vulnerables a miles de concordienses?

Nadie puede responsabilizar a un gobierno por las lluvias que caen en la cuenca del río Uruguay. Lo que sí corresponde evaluar es si, después de tantos años de administración, la ciudad está mejor preparada para enfrentar una situación que se repite periódicamente. Esa es la verdadera discusión política.

También corresponde señalar que las responsabilidades no terminan en el municipio. La Provincia debe explicar qué obras estratégicas priorizó para una de las ciudades con mayores problemas sociales de Entre Ríos, mientras que el Gobierno nacional tampoco puede permanecer ajeno cuando una emergencia hídrica afecta a miles de argentinos. Las catástrofes naturales requieren coordinación entre los distintos niveles del Estado, planificación permanente y decisiones de largo plazo, no solamente respuestas cuando el agua ya ingresó a los barrios.

Concordia necesita mucho más que operativos de emergencia. Necesita un proyecto de ciudad que piense los próximos treinta años, que combine desarrollo económico, infraestructura, planificación urbana y políticas sociales capaces de romper el círculo vicioso entre pobreza e inundaciones. Porque si después de más de veinte años las mismas familias vuelven a inundarse en los mismos barrios, la pregunta ya no apunta solamente al comportamiento del río. La pregunta apunta directamente a la política.

Y esa pregunta sigue esperando una respuesta que hasta hoy nadie ha querido dar: ¿qué hicieron durante más de veinte años para que Concordia dejara de vivir, una y otra vez, la misma tragedia?

¿Testigos o imputados? La causa que quema en las manos de la justicia y no para de escalar

El auto de apertura a juicio de la mega causa de los contratos truchos deja al descubierto la responsabilidad directa de la dirigencia política al frente de la Legislatura provincial, con figuras centrales como Adán BahlJosé Eduardo LaurittoAldo Ballestena, Sergio Urribarri y José Allende en el centro de las críticas.

El auto de apertura a juicio de la mega causa de los contratos truchos deja al descubierto la responsabilidad directa de la dirigencia política al frente de la Legislatura provincial, con figuras centrales como Adán BahlJosé Eduardo LaurittoAldo Ballestena, Sergio Urribarri y José Allende en el centro de las críticas. Resulta jurídicamente e institucionalmente insostenible argumentar que bajo sus gestiones se hayan sustraído millones de dólares sin su aval, máxime considerando que el propio José Eduardo Lauritto firmó el decreto Nº 123 H.C.S. (Honorable Cámara de Senadores) , normativa que fija de manera explícita las responsabilidades en este tipo de contrataciones políticas. Los testimonios clave expuestos en el expediente revelan que este mecanismo de sustracción estuvo lejos de ser obra de «perejiles», consolidándose en cambio como una verdadera política de estado legislativa diseñada y ejecutada por las máximas jerarquías políticas de Entre Ríos durante casi dos décadas. 

Noticiaspolíticas

El reciente auto de apertura a juicio en la mega causa de los Contratos Truchos de la Legislatura provincial, firmado por la jueza de Garantías número uno de Paraná, Marina Barbagelata, ha puesto en marcha un proceso de escala inédita, con dieciocho acusados en el banquillo, cuatrocientos cuarenta y uno testigos citados por la fiscalía y un reclamo por una sustracción que supera los 53 millones de dólares . Sin embargo, detrás del anuncio institucional, se esconde una paradoja jurídica e institucional que amenaza con empantanar el proceso y genera una encrucijada sin salida para los tribunales.

Doble rol

El tribunal de alzada que deba llevar adelante el juicio oral se enfrentará a un obstáculo estructural de proporciones. Las defensas de la causa han ofrecido, y se ha admitido, una nómina de testigos que convierte la lista en un desfile sin precedentes de la plana mayor de la política entrerriana de los últimos veinte años.

En la lista de citados a declarar como testigos figuran nombres de altísimo peso, como los exvicegobernadores Adán BahlJosé Eduardo Lauritto, Pedro Guastavino, Jose Cáceres, Aldo Ballestena Laura Stratta, los expresidentes de la Cámara de Diputados y bloques Sergio UrribarriJosé Allende, ex presidentes de los bloques legislativos y los ex legisladores Juan Carlos NavarroHugo DarrichonLeticia AngerosaDaniel Ruberto, entre otros.

El nudo crítico reside en cómo puede la justicia aceptar a estos dirigentes como testigos con obligación de decir verdad en la causa Contratos I, cuando en el desprendimiento conocido como Contratos II varios de ellos se encuentran bajo la condición de imputados y citados a indagatoria.

La Constitución y el Código Procesal son tajantes al establecer que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Si un tribunal cita como testigo a quien está siendo investigado e indagado en una causa paralela por los mismos hechos, la citación roza la nulidad procesal. Para librarse de esa encerrona, se perfila un camino casi obligado, consistente en que el tribunal deba desestimarlos como testigos.

Asimismo, en el caso de quienes ejercen cargos con fueros, como el exvicegobernador y actual senador nacional Adán Bahl o la diputada provincial Laura Stratta, es de prever que elijan refugiarse en sus fueros para declarar por escrito y evitar el cara a cara en el estrado. Los demás, como José Eduardo LaurittoJosé AllendeJosé Cáceres o Aldo Ballestena, deberán dar explicaciones en persona. 

Poderlegislativo

Descuido millonario

Para el imaginario social resulta insostenible la hipótesis del desconocimiento. A lo largo de la investigación se determinó que la firma de decretosresoluciones de asignación y autorizaciones de pago requerían la firma de las máximas autoridades de las Cámaras. Sin ir más lejos, en la causa consta la Resolución ciento veintitrés, que blindaba el control administrativo estableciendo que sin la firma del titular del cuerpo nada salía.

Al dividir la sustracción total de manera proporcional entre los distintos períodos de gestión, las cifras resultan escalofriantes para cualquier administración pública.

En el Poder Ejecutivo y Senado, durante la gestión de José Eduardo Lauritto, dividiendo proporcionalmente el desfalco, bajo su período habrían desaparecido proporcionalmente unos  diez  millones de dólaresJosé Eduardo Lauritto, abogado, exjuez federal, exministro ex diputado nacional y referente de Concepción del Uruguay, nombró en su momento a Néstor Dietz para controlar la administración. Hoy en la causa está imputado su director de administración, Juan Orabona, pero Néstor Dietz no aparece en la nómina. Resulta difícil de explicar que a un exjuez le hayan sustraído semejante fortuna de las arcas que debía administrar sin que se diera cuenta, o si acaso los directores firmaban lo que las máximas autoridades les ordenaban.

En la Cámara de Diputados, bajo la conducción de José Allende, con Sergio Cardoso a cargo del servicio administrativo, desaparecieron cifras similares estimadas en unos diez millones de dólares, argumentando que el funcionario le robaba a la Cámara sin que la presidencia lo advirtiera o también cumplía directivas de las máximas autoridades.

En el Senado, durante la gestión de Adán Bahl, contador público nacional, exministro de Gobierno y exintendente de Paraná, se plantea el interrogante de si es posible sostener ante la sociedad que a un profesional de las ciencias económicas le sustrajeron haciendo cálculos proporcionales más de diez millones de dólares de su propio presupuesto sin sospechar absolutamente nada.

La estrategia defensiva de la dirigencia ha consistido en alegar que no firmaban las nóminas finales, la pregunta es que va a pasar cuando en las audiencias les muestren los decretos que llevan su firmas, porque hasta ahora le han atribuido la responsabilidad exclusiva a los cuadros técnicos y contables, representados por Juan Domingo OrabonaSergio Cardoso, Jorge Lázaro o los indigentes Mena y Beckman. Sin embargo, la pregunta para la sociedad sigue siendo la misma, oscilando entre negligencia supinainoperancia o complicidad por omisión.

Por la complejidad de las citaciones, la enorme masa probatoria y el dilema constitucional de los testigos e imputados, los especialistas que siguen el expediente coinciden en que el debate oral no se realizará este año, existiendo además serias dudas de que pueda concretarse antes de que finalice el año próximo.

El caso genera máxima presión sobre el Poder Judicial. Mientras el Ministerio Público Fiscal evitó en una primera etapa apuntar a la cúpula política directiva, el avance del expediente y las citaciones cruzadas amenazan con resquebrajar la estructura política provincial. Ningún argumento legal podrá borrar de la opinión pública el verdadero interrogante sobre si a los máximos administradores de la provincia les robaron millones de dólares sin que se enteraran, o si la impunidad simplemente se quedó sin margen

Noticiaspolíticas

Frente a la contundencia de las pruebas acumuladas, resulta insostenible pretender que la responsabilidad política pueda diluirse tras meras excusas administrativas. ostener que referentes con la trayectoria de José Eduardo LaurittoJosé Allende y Adán Bahl desconocían el vaciamiento sistemático de las arcas legislativas constituye una burla directa a la ciudadanía. José Eduardo Lauritto, amparado en su formación jurídica y en la autoría de normativas como el Decreto número123, José Allende, con el dominio absoluto del aparato en Diputados, y Adán Bahl, valiéndose de su solvencia técnica como contador público, manejaron presupuestos multimillonarios donde los fondos públicos se evaporaban sin control.

Hoy, Adán Bahl se encuentra amparado por los fueros, más enfocado en calcular su futuro político que en rendir cuentas sobre su paso por la presidencia del Senado. Esta estrategia de especulación electoral se apoya en una dilación procesal casi eterna, donde los planteos de nulidad, las apelaciones cruzadas y la sobrecarga del tribunal amenazan con postergar el juicio de manera indefinida, haciendo jugar el tiempo a favor de la prescripción y el olvido. La justicia enfrenta ahora su encrucijada definitiva, porque si el proceso se empantana en los tiempos burocráticos y se detiene únicamente en los mandos medios e intermediarios, terminará convalidando la existencia de una matriz de impunidad blindada, donde las cúpulas políticas diseñaron, ejecutaron y se beneficiaron de un desfalco histórico sin pagar costo alguno ante la ley.

Salto Grande: el negocio de US$ 1.000 millones que ya desata una silenciosa pulseada geopolítica

La renovación de las históricas turbinas de Salto Grande movilizará una inversión cercana a los US$ 1.000 millones. Aunque la licitación aún no fue lanzada, ya comenzaron a perfilarse intereses internacionales, condicionamientos financieros, disputas empresariales y un viejo reclamo de Entre Ríos por los recursos que genera la represa. La decisión que se tome durante los próximos años no solo definirá el futuro energético del complejo binacional, sino también quién controlará uno de los negocios de infraestructura más importantes de América del Sur.

Mientras gran parte de la atención pública se concentra en la coyuntura política y económica, a pocos kilómetros de Concordia comienza a gestarse una decisión estratégica de enorme trascendencia. La modernización de la Central Hidroeléctrica de Salto Grande demandará una inversión estimada en 1.000 millones de dólares, una cifra que por sí sola convierte al proyecto en uno de los mayores contratos de infraestructura que afrontarán Argentina y Uruguay durante la próxima década.

Sin embargo, la verdadera disputa comenzó mucho antes de que exista una licitación. Detrás de los estudios técnicos y de los futuros pliegos ya se mueven intereses geopolíticos, financieros e industriales que buscarán quedarse con un negocio multimillonario cuyo impacto excede ampliamente el ámbito energético.

Desde su inauguración en 1979, Salto Grande se consolidó como la primera gran central hidroeléctrica binacional de América Latina. Sus catorce turbinas Kaplan, fabricadas por la entonces Unión Soviética en plena Guerra Fría, aportan alrededor del 4% de la energía eléctrica que consume Argentina y aproximadamente la mitad de la demanda de Uruguay. Después de casi cinco décadas de funcionamiento y de un mantenimiento considerado ejemplar por especialistas internacionales, esas máquinas llegaron al límite de su vida útil de diseño.

Contrariamente a algunas versiones difundidas en los últimos meses, el proyecto no contempla reemplazar completamente las catorce turbinas. Según explicó el presidente de la Comisión Técnica Mixta (CTM), Gonzalo Casaravilla, solamente dos serán sustituidas por equipos nuevos, mientras que las doce restantes serán sometidas a una profunda reconstrucción tecnológica que permitirá extender su funcionamiento entre treinta y cuarenta años más.

La licitación correspondiente a la denominada Etapa III aún no fue convocada y, de mantenerse el cronograma previsto, las obras comenzarían recién entre 2030 y 2040. Pero precisamente allí radica el verdadero punto de interés: cuando todavía no existe un llamado formal, ya se está definiendo quiénes podrán competir y quiénes quedarán automáticamente fuera del negocio.

El financiamiento también decide quién puede participar

La Comisión Técnica Mixta será la encargada de conducir el proceso licitatorio, aunque las decisiones políticas dependen de los gobiernos de Argentina y Uruguay. Del lado argentino, la conducción estratégica recae sobre la Secretaría de Energía y, en última instancia, sobre el presidente Javier Milei.

Aquí aparece un aspecto que suele pasar inadvertido. Buena parte del programa de modernización de Salto Grande se financia mediante créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ese detalle técnico tiene profundas consecuencias: solamente pueden participar empresas pertenecientes a países miembros del organismo.

Rusia no integra el BID.

En consecuencia, si la Etapa III mantiene el mismo esquema financiero, los fabricantes herederos de la tecnología soviética que aún equipa la represa quedarían excluidos sin necesidad de que exista una decisión política expresa. No sería una prohibición formal: simplemente el propio mecanismo de financiamiento reduciría el universo de competidores. La geopolítica comenzaría antes incluso de abrir los sobres de la licitación.

Estados Unidos, Europa, Asia… y una empresa argentina

El mercado mundial de grandes turbinas hidroeléctricas está dominado por un reducido grupo de compañías: la alemana Voith Hydro, la austríaca Andritz, la estadounidense GE Vernova, las japonesas Toshiba y Mitsubishi, además de fabricantes chinos como Harbin y Dongfang.

En ese escenario también aparece una empresa con fuerte historia en la industria nacional: IMPSA.

La firma mendocina posee experiencia en rehabilitación de grandes centrales hidroeléctricas y actualmente fabrica las nuevas turbinas Kaplan destinadas a Yacyretá, una obra técnicamente comparable con la que deberá realizarse en Salto Grande.

Pero IMPSA ya no es la misma empresa de hace algunos años. Tras su privatización durante la gestión de Javier Milei, el control accionario pasó a manos del consorcio IAF, liderado por la estadounidense ARC Energy. Es decir, una eventual participación de IMPSA significaría que una empresa que continuará produciendo en Argentina responderá, en términos societarios, a capitales estadounidenses.

No se trata únicamente de ingeniería o de capacidad industrial. También se trata de influencia internacional, financiamiento y posicionamiento estratégico.

Transparencia pendiente

Existe además otro aspecto que merece especial atención.

La Comisión Técnica Mixta administra uno de los activos energéticos más importantes del país, pero desde hace años mantiene una relación conflictiva con el acceso a la información pública. Diversos pedidos de documentación fueron rechazados bajo el argumento de que la CTM posee carácter de organismo internacional y, por lo tanto, no estaría alcanzada por la legislación argentina sobre transparencia administrativa.

Paradójicamente, el organismo que deberá conducir una licitación cercana a los US$ 1.000 millones continúa funcionando con un nivel de publicidad muy inferior al que hoy se exige a cualquier organismo nacional.

Entre Ríos vuelve a mirar desde afuera

Mientras se define el futuro de Salto Grande, Entre Ríos continúa reclamando por otra discusión histórica: el precio que la Nación reconoce por la energía generada por la represa.

Actualmente, la electricidad producida en Salto Grande recibe una remuneración inferior a la que percibe Yacyretá, situación que reduce significativamente los excedentes económicos que, por ley, corresponden a la provincia.

El gobierno de Rogelio Frigerio ya anticipó que analiza impulsar nuevas acciones judiciales para reclamar esas diferencias.

La paradoja vuelve a repetirse. La provincia que convive con la represa, que aporta buena parte de la infraestructura territorial y que depende de esos recursos para financiar obras de desarrollo, observa desde un costado una decisión estratégica que movilizará cerca de US$ 1.000 millones y redefinirá el futuro energético del complejo durante los próximos cuarenta años.

Porque detrás del reemplazo de unas turbinas no solamente está en juego una obra de ingeniería. Lo que comienza a definirse es quién controlará uno de los negocios energéticos más importantes de la región, bajo qué condiciones financieras se ejecutará, qué intereses internacionales terminarán imponiéndose y cuánto podrá realmente participar Entre Ríos en una decisión que marcará el destino de Salto Grande durante las próximas décadas.

ANALISIS LITORAL

“Me pregunto si mi relación sobrevivirá a este partido”: así vivió la semifinal Kelci-Rose Bowers, la pareja inglesa de Marcos Senesi

La futbolista británica compartió su experiencia durante el duelo entre la Albiceleste y los Tres Leones en Atlanta, mostrando emociones encontradas ante el resultado

Durante la semifinal del Mundial 2026 en Atlanta, Kelci-Rose Bowers vivió una jornada marcada por la tensión y el sentimiento dividido. En su cuenta de Instagram, la futbolista inglesa compartió en tiempo real su experiencia personal ante el duelo entre Argentina e Inglaterra, dos países que representan tanto su historia profesional como su vida sentimental. La pareja de Marcos Senesi fue narrando la jornada en sus redes, mostrando el impacto que el partido generó en su entorno y en sus emociones.

El inicio del encuentro encontró a Kelci-Rose Bowers con el rostro serio y una mirada de preocupación. Subió un video en su cuenta de la red social donde aparece enfocando la cámara hacia sí misma, para luego girar hacia el campo de juego, capturando el ambiente del estadio cuando el partido estaba igualado sin goles. Sobre la imagen escribió: “Me pregunto si mi relación sobrevivirá a este partido…”, en referencia al cruce directo entre el país donde nació y desarrolló su carrera deportiva y el seleccionado por el que compite su pareja.

Bowers, de 22 años, transitó el fútbol inglés desde la academia del Chelsea hasta su paso por el AFC Bournemouth Women, donde coincidió con Senesi durante su etapa en el equipo masculino. El primer acercamiento entre ambos se produjo durante una campaña de presentación de camisetas del club, experiencia que luego se transformó en una relación sentimental que compartieron con sus seguidores en distintas publicaciones. La futbolista acompañó a Senesi en el proceso de su convocatoria al Mundial, apoyándolo desde las tribunas en todos los partidos y mostrando la dualidad de sus sentimientos en una cita de máxima rivalidad.

Bowers, de 22 años, transitó el fútbol inglés desde la academia del Chelsea hasta su paso por el AFC Bournemouth Women, donde coincidió con Senesi durante su etapa en el equipo masculino. El primer acercamiento entre ambos se produjo durante una campaña de presentación de camisetas del club, experiencia que luego se transformó en una relación sentimental que compartieron con sus seguidores en distintas publicaciones. La futbolista acompañó a Senesi en el proceso de su convocatoria al Mundial, apoyándolo desde las tribunas en todos los partidos y mostrando la dualidad de sus sentimientos en una cita de máxima rivalidad.

Tras el pitazo final, Kelci-Rose Bowers volvió a compartir contenido en sus redes sociales, esta vez expresando el orgullo por el recorrido de la selección inglesa. En una historia, publicó una video de los jugadores de Inglaterra despidiéndose del público, acompañada de la frase “Orgulloso de mi país”, junto a un emoji de rostro triste, reflejando la mezcla de sentimientos tras la eliminación y el apoyo incondicional a sus compatriotas. El registro visual mostraba a los futbolistas ingleses en el césped del estadio Mercedes-Benz, saludando a sus hinchas luego de la derrota ante Argentina.

El registro digital de Bowers no se limitó a las historias. Posteriormente, publicó un carrusel de imágenes en su perfil, donde se la observa en la previa del partido, también junto a Marcos Senesi y una imagen de las banderas de Inglaterra en una de las cabeceras del estadio. La publicación estuvo acompañada de un mensaje en inglés donde resumió su vivencia personal: “Bueno, eso acaba de pasar… Por supuesto, una experiencia alocada llena de emociones encontradas, una que no olvidaré. Estoy orgulloso de lo lejos que ha llegado Inglaterra y, por supuesto, de mi pareja por haber llegado a la FINAL del Mundial. Nos vemos en Nueva York”.

La relación entre Kelci-Rose Bowers y Marcos Senesi se consolidó durante la última temporada en Inglaterra, donde ambos compartieron experiencias profesionales. La futbolista acompañó al defensor argentino durante el llamado de Lionel Scaloni para integrar la selección nacional tras la lesión de Leonardo Balerdi. La convocatoria sorprendió a la pareja en Ibiza, donde ambos se encontraban de vacaciones antes de iniciar la pretemporada con sus respectivos equipos.

La dupla de futbolistas ha expuesto en varias ocasiones la importancia del fútbol en su vida cotidiana y cómo el deporte ha definido tanto sus carreras como su vínculo personal. Kelci-Rose Bowers se formó en la academia femenina del Chelsea, se consagró campeona de la División Sur Sub 21 de la FA en la temporada 2021/22 y jugó en la Universidad Estatal de Luisiana y en el Portsmouth antes de recalar en el Bournemouth.

Durante el Mundial 2026, la inglesa acompañó a Marcos Senesi en cada presentación de la selección argentina, documentando la experiencia a través de fotos, videos y mensajes en sus redes sociales. La combinación de emociones quedó reflejada en la semifinal, donde el amor y la pasión por el fútbol se cruzaron en un partido de alto voltaje emocional. La futbolista británica dejó en claro su orgullo tanto por el seleccionado inglés como por el logro de su pareja, quien disputará la final del Mundial en Nueva York.

La siguiente parada de la selección argentina será este domingo en Nueva York ante España, vigente campeona de la Eurocopa que viene de dejar en el camino a Francia en semifinales.

Adrián Lampazzi: «La política convirtió a Concordia en la ciudad más pobre del país y ese título solo sirvió para traer planes de asistencialismo»

En diálogo con el programa Punto de Inflexión (sábados de 9 a 12 por FM 106.1 MHz – Radio Rivadavia Concordia), el presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) apuntó contra las sucesivas gestiones municipales por la falta de un plan estratégico a largo plazo. Advirtió el grave impacto que tiene este estigma en el turismo local y reclamó la reactivación del Observatorio Económico para conocer el verdadero Producto Bruto Interno de esta ciudad y la región.

En un análisis crudo y estructural sobre el presente socioeconómico de la ciudad, el presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC), Adrián Lampazzi, cuestionó con dureza el rol de la dirigencia política de las últimas décadas. El referente empresarial y catedrático de la UNER sentenció que la falta de planificación estratégica transformó a Concordia en una economía dependiente del Estado y advirtió las secuelas que hoy se pagan en materia de desarrollo e inversión.

«La única planificación estratégica que ha habido en las últimas décadas fue una planificación política: ver quién es concejal, quién es intendente y qué cargo sigue. La ciudad se estructuró alrededor del Estado, y en un momento donde el paradigma cambió porque el Estado ya no le da de comer a nadie, la situación se complicó», disparó Lampazzi en el inicio de la entrevista.

El licenciado lamentó que el recurrente indicador oficial de vulnerabilidad social fuera utilizado de forma oportunista por los sucesivos gobiernos: «Ese título de ser la ciudad más pobre del país solo sirvió para que los funcionarios traigan planes de asistencialismo», opinó, agregando que ese estigma destruye el posicionamiento de la marca local. «Hoy lo estamos pagando caro en materia de turismo: ¿quién va a querer venir a hacer turismo a la ciudad más pobre de la Argentina?», interpeló.

El contraste regional y la fuga de empresas

Durante la mesa de debate, se analizó la preocupante asimetría financiera entre Concordia y localidades vecinas de menor densidad demográfica pero mayor dinamismo comercial, como Chajarí. «Concordia está minusválida en cuanto a la circulación de dinero en el circuito financiero», se planteó en el programa.

Lampazzi coincidió en el diagnóstico y graficó la pérdida de terreno de las economías regionales frente a provincias vecinas como Corrientes, donde se han radicado importantes aserraderos y firmas citrícolas nacidas originalmente en Concordia debido a mejores condiciones de competitividad, costos energéticos y políticas de atracción de inversiones:

Pérdida citrícola: El dirigente recordó que el 85% de la producción citrícola de la provincia se concentraba históricamente en la región, un volumen que sufrió un fuerte retroceso.

El sector maderero: Hoy es el principal sostén productivo local, aunque actualmente se encuentra afectado por el parate y la caída de la construcción a nivel nacional.

Falta de valor agregado: El referente ejemplificó cómo en localidades vecinas o en la República Oriental del Uruguay pequeños emprendimientos logran exportar decenas de contenedores semanales de madera procesada a China o jugos a Japón, mientras que a nivel local las trabas internas desalientan la exportación.

La necesidad urgente de datos reales: El Observatorio Económico

Uno de los reclamos más enérgicos de Lampazzi fue la falta de estadísticas fiables para poder trazar un rumbo comercial e industrial a 15 o 20 años. En ese sentido, criticó que los proyectos técnicos suelan ser «espasmódicos» y queden truncos con los cambios de signo político, como ocurrió en su momento con el Polo Tecnológico regional o, más recientemente, con el Observatorio Económico local.

Sin brújula financiera

«A ciencia cierta, hoy no sabemos cuántas empresas activas hay en Concordia. Los datos municipales están desactualizados y figuran hasta cuatro o cinco firmas en un mismo domicilio que ya cerraron hace años. No sabemos cuál es el Producto Bruto Interno de Concordia, ni cuánto dinero real circula, ni qué rubro aporta más a la torta económica. Sin información científica simplificada, es imposible pararse ante un funcionario nacional a exigir lo que la ciudad necesita», explicó el presidente del CCISC.

Una «tormenta perfecta» sobre el comercio tradicional

Respecto a la situación comercial, Lampazzi describió un escenario complejo marcado por una «tormenta perfecta». Detalló que en la zona céntrica hay un 25% más de locales comerciales que hace cuatro años, pero que esta expansión no responde a un crecimiento del consumo, sino a aperturas por «corazonada» o desesperación ante el desempleo (como poner una panadería enfrente de otra), lo que genera canibalización de precios y posteriores cierres masivos. A esto se le suma el avance irreversible del comercio electrónico y el estancamiento de la agenda PYME en la macroeconomía nacional.

Finalmente, y a pesar del duro panorama, Lampazzi ratificó el compromiso del Centro de Comercio para entablar canales de diálogo con la actual gestión municipal en pos de revertir la matriz productiva: «No hay una sola cosa que nos vaya a salvar, como lo fue el arándano en su momento. Tenemos que ir trabajando pasito a pasito, escalón por escalón. Esta semana tuvimos conversaciones con el área de desarrollo productivo y vamos a aportar todo lo que podamos, como lo hicimos con todas las gestiones anteriores, por el bien de la ciudad», dijo y concluyó opinando que la revisión del costo de la energía eléctrica sigue siendo la principal tarea pendiente para volver a hacer atractiva la radicación de industrias en el Parque Industrial de Concordia.

Fuente: Programa Punto de Inflexión – FM 106.10 MHz Radio Rivadavia Concordia.

Redacción: 7Páginas.