Otra vez Concordia. Otra vez el dato que duele. Otra vez la ciudad encabezando una estadística que nadie debería querer liderar. Y otra vez la pregunta que, después de tantos años, resulta inevitable: ¿cuándo vamos a dejar de administrar la pobreza para empezar a construir una economía capaz de generar trabajo, inversión y oportunidades?
Los datos difundidos este jueves 24 de septiembre por el INDEC son oficiales y no necesitan maquillaje: durante el primer semestre de 2026, el 56,2% de las personas del aglomerado Concordia quedó por debajo de la línea de pobreza. Son aproximadamente 94.000 personas. En hogares, el indicador alcanzó al 43,6%. La indigencia llegó al 12,7% de las personas y al 9,7% de los hogares. Concordia volvió a registrar el índice de pobreza más alto entre los 31 aglomerados urbanos relevados por el organismo.
El contraste con el promedio nacional es enorme. En el conjunto de los 31 aglomerados, la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas y al 24,4% de los hogares. La indigencia fue del 7,5% de las personas y del 5,6% de los hogares. En Concordia, por lo tanto, la pobreza de personas está casi 24 puntos por encima del promedio de los aglomerados relevados.
Y hay otro dato que debería obligarnos a mirar más allá de la fotografía: respecto del primer semestre de 2025, la pobreza en Concordia aumentó alrededor de 7 puntos porcentuales. No estamos hablando solamente de una ciudad que continúa teniendo problemas históricos. Estamos hablando de una situación que volvió a empeorar.
Aquí aparece una discusión que ya no debería reducirse a quién tiene la culpa.
Porque durante años, distintas administraciones municipales, provinciales y nacionales pasaron por Concordia. Cambiaron los intendentes, los gobernadores, los presidentes, los ministros, los funcionarios y las consignas políticas. Sin embargo, la ciudad continúa apareciendo periódicamente entre los aglomerados con mayores niveles de pobreza del país.
Podríamos decir, como una metáfora dolorosa, que Concordia lleva alrededor de 300 meses dando vueltas sobre el mismo problema. Pero conviene hacer una precisión: el INDEC no publica una medición mensual de pobreza ni corresponde afirmar literalmente que durante 300 meses consecutivos Concordia haya sido la ciudad más pobre. La frase sirve para expresar la persistencia histórica del problema, no como una estadística oficial.
Y quizás sea precisamente allí donde esté el verdadero fracaso: hemos aprendido a medir la pobreza, pero todavía no hemos conseguido construir un acuerdo suficientemente sólido para modificar las condiciones que la producen.
No alcanza con discutir si el origen está en el peronismo, en el radicalismo, en el kirchnerismo, en el macrismo, en el libertarismo o en cualquier otra identidad política. Tampoco alcanza con atribuirlo exclusivamente a las políticas nacionales de turno.
Una ciudad no puede depender eternamente de quién ocupa la Casa Rosada para decidir qué hará con su propio futuro.
Concordia necesita discutir una estrategia de desarrollo que sobreviva a los gobiernos.
Y existen antecedentes que muestran que esa discusión no es una fantasía.
Rafaela es probablemente uno de los ejemplos argentinos más interesantes. Desde 1996 construyó sucesivos procesos de planificación estratégica, con participación del municipio, empresas, universidades, instituciones intermedias y organizaciones productivas. Actualmente impulsa Rafaela Productiva 2031, con diagnósticos sectoriales, mesas de trabajo, indicadores, infraestructura, formación profesional, innovación y proyección internacional.
No significa que Rafaela haya eliminado la pobreza ni que su modelo pueda copiarse mecánicamente. Significa algo más sencillo y, al mismo tiempo, más importante: una ciudad puede construir una agenda de desarrollo que no empiece de cero cada vez que cambia una gestión.
En América Latina también existen experiencias que permiten extraer lecciones. Medellín, por ejemplo, desarrolló programas de mejoramiento urbano que combinaron infraestructura, integración de barrios y procesos de desarrollo económico. El BID ha destacado esa articulación como una experiencia de la que otras ciudades pueden extraer aprendizajes.
La lección común no parece ser una receta ideológica determinada. Es otra: información, planificación, infraestructura, educación, inversión, articulación institucional y continuidad.
Concordia tiene, además, algo que muchas ciudades quisieran tener: una ubicación estratégica.
Está frente a Salto, conectada con Uruguay, cerca de Brasil, sobre el corredor del río Uruguay, vinculada con una de las principales regiones citrícolas del país y con una represa hidroeléctrica binacional que constituye uno de los grandes activos energéticos de la región.
Entonces aparece una pregunta incómoda: ¿por qué una ciudad ubicada en semejante posición geográfica continúa teniendo semejantes dificultades para transformar sus ventajas potenciales en empleo privado y oportunidades?
No se trata de decir que Concordia no tiene recursos. Los tiene.
El problema parece ser cuánto valor agregado somos capaces de generar alrededor de esos recursos.
El citrus es un ejemplo evidente. Durante décadas Concordia fue identificada con la citricultura. Pero producir fruta no debería ser el final de la cadena. El desafío está también en industrializar, procesar, conservar, empacar, transportar, desarrollar marcas, certificar calidad, abrir mercados y generar servicios alrededor de esa producción.
Lo mismo ocurre con el arándano. La producción entrerriana continúa llegando a mercados internacionales y durante la temporada 2025/2026 se certificaron más de 4.200 toneladas para exportación. Concordia aparece como uno de los principales puntos de salida de esos productos hacia Estados Unidos, Europa, Brasil y otros destinos.
Entonces la pregunta no debería ser solamente cuánto arándano producimos.
La pregunta debería ser cuánto empleo local genera toda esa cadena, cuánto valor agregado queda en Concordia, cuánto se procesa aquí, cuánto se exporta desde aquí y cuántas empresas nuevas pueden surgir alrededor de ella.
Porque allí aparece una diferencia fundamental entre una economía que produce y una economía que se desarrolla.
Concordia necesita pensar en cadenas de valor completas.
Frutas y alimentos procesados. Frío y almacenamiento. Envases. Transporte. Logística. Tecnología aplicada al agro. Maquinaria. Servicios profesionales. Energía. Economía del conocimiento. Turismo. Construcción. Metalurgia. Mantenimiento industrial. Servicios para el comercio exterior.
Y para eso hace falta información.
Paradójicamente, la propia Municipalidad cuenta desde hace años con una estructura denominada Subsecretaría de Observatorio Productivo. La normativa municipal establece que debe disponer de un sistema de información sobre producción agropecuaria e industrial, comercios y PyMEs, con el objetivo de favorecer nuevas inversiones, generar empleo y mejorar la calidad de vida.
Entonces hay una pregunta concreta para las autoridades actuales: ¿dónde está ese tablero económico de Concordia y qué información está produciendo? ¿Cuántas empresas abren y cuántas cierran? ¿Cuántos empleos privados se crean y cuántos se pierden? ¿Qué sectores crecen y cuáles desaparecen? ¿Cuánto exporta Concordia y qué productos tienen verdadero potencial exportador? ¿Cuánto cuesta instalar una empresa, cuánto demora habilitarla, cuánto cuesta la energía y cuánto cuesta transportar una tonelada de producción hasta Buenos Aires, Brasil o Uruguay? ¿Cuánto suelo industrial disponible existe? ¿Cuántas personas reciben capacitación y luego consiguen empleo? ¿Cuántos jóvenes se van de la ciudad porque no encuentran oportunidades? Sin esas respuestas, cualquier plan corre el riesgo de convertirse nuevamente en una colección de buenas intenciones.
Y aquí aparece una propuesta que Concordia debería discutir seriamente: crear un Consejo Económico y Social para el Desarrollo de Concordia, con un programa quinquenal y una visión a quince años.
No otro organismo para repartir cargos.
No otra mesa protocolar.
No otro documento que termine archivado.
Un verdadero laboratorio económico de la ciudad.
Municipio, Provincia, Nación, Salto Grande, universidades, UTN, UNER, INTA, INTI, cámaras empresariales, productores, sindicatos, colegios profesionales, bancos, cooperativas, organizaciones sociales y representantes del sector tecnológico deberían sentarse alrededor de una misma mesa.
Pero con una condición: cada objetivo tendría que tener un responsable, un plazo y un indicador.
Por ejemplo: aumentar el empleo privado registrado; incrementar exportaciones; reducir tiempos de habilitación; aumentar empresas industriales; ampliar superficie de producción; incorporar hectáreas de citrus renovadas; aumentar capacidad de frío; incrementar turistas; generar nuevas empresas tecnológicas; mejorar la formación laboral; atraer inversiones.
Y medirlos todos los años.
Porque una ciudad no puede administrar su futuro mirando solamente el porcentaje de pobreza publicado cada seis meses.
Necesita saber por qué aumenta o disminuye ese porcentaje y qué variables económicas están detrás.
También habría que discutir seriamente la infraestructura logística.
La ampliación del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui no debería pensarse solamente como una obra para recuperar vuelos de pasajeros. Ya existe un antecedente concreto: el programa de integración binacional Concordia-Salto impulsado con apoyo del BID contempló la ampliación de la pista a 2.100 metros, una nueva terminal y mejoras para atender vuelos comerciales y carga liviana. El mismo programa planteó integración productiva en sectores como turismo, arándanos, cítricos y nuez pecán, además de una agencia de promoción de inversiones y exportaciones.
Por eso la discusión podría ser todavía más ambiciosa: ¿puede Concordia convertirse en un nodo logístico y agroexportador del corredor Argentina-Uruguay-Brasil? La respuesta no debería surgir de una declaración política, sino de un estudio de factibilidad serio que determine cuánto costaría extender la pista, qué tipo de aeronaves permitiría operar, cuánta carga podría movilizar, qué cámaras frigoríficas serían necesarias, qué volumen de frutas y hortalizas podría concentrarse, si podría utilizarse producción uruguaya y entrerriana, qué industrias podrían instalarse alrededor y cuánto empleo e inversión podría generar.
Durante años Concordia y la región reclamaron una tarifa eléctrica diferenciada argumentando que se encuentran en el área de influencia de Salto Grande. Ese debate tiene antecedentes y forma parte de una discusión mucho más amplia sobre cómo transformar una ventaja energética regional en competitividad productiva.
Pero tampoco alcanza con reclamar energía barata.
Una política de desarrollo debería preguntar qué se hará con esa ventaja si finalmente se consigue.
La respuesta debería ser: atraer inversiones que produzcan bienes y servicios, generen empleo, exporten y paguen salarios privados competitivos.
El Estado puede generar condiciones.
Pero la economía real necesita empresas.
Y las empresas necesitan previsibilidad.
Necesitan suelo, energía, rutas, logística, crédito, capacitación, seguridad jurídica, trámites razonables, conectividad y mercados.
Necesitan también una ciudad que quiera producir.
Por eso quizás haya llegado el momento de cambiar la pregunta.
Durante años preguntamos: ¿por qué Concordia es pobre?
Tal vez ahora debamos preguntar: ¿qué vamos a hacer, concretamente, para que dentro de cinco años Concordia sea menos pobre que hoy? ¿Qué objetivos vamos a medir? ¿Cuántas empresas nuevas queremos crear? ¿Cuántos empleos privados registrados pretendemos generar? ¿Cuánto queremos aumentar las exportaciones? ¿Cuántas hectáreas de citrus necesitamos renovar? ¿Qué nuevas cadenas productivas podemos desarrollar? ¿Cuánto queremos reducir los tiempos y costos para instalar una empresa? ¿Qué infraestructura debemos construir? ¿Qué capacitación necesitan nuestros trabajadores? ¿Qué inversiones queremos atraer? Y, sobre todo, ¿quién será responsable de cumplir cada objetivo y cómo se informará anualmente a la sociedad si se avanzó o no?
Eso permitiría también terminar con una costumbre política bastante conocida: gobiernos que llegan, denuncian la herencia recibida, anuncian sus propias prioridades y, cuando terminan, se convierten en críticos de quienes los sucedieron.
Mientras tanto, la pobreza permanece.
Las estadísticas permanecen.
Las familias permanecen.
Y los jóvenes siguen esperando una oportunidad.
Nadie puede atribuirse en soledad la responsabilidad por una problemática que atraviesa décadas. Pero tampoco nadie que haya tenido responsabilidades de gobierno puede mirar hacia otro lado como si el problema hubiera comenzado ayer.
Concordia no necesita otra pelea retrospectiva. Necesita un acuerdo de futuro.
Un programa quinquenal. Un observatorio económico que funcione y publique datos. Una agenda de inversiones. Una estrategia exportadora. Un plan de infraestructura logística. Una política industrial. Una renovación productiva del citrus. Una estrategia para recuperar y ampliar cadenas como el arándano. Un aeropuerto pensado también para la carga. Un sistema de cámaras frigoríficas y centros de distribución. Un régimen serio de promoción de inversiones. Formación profesional vinculada a la demanda empresarial. Articulación con Salto, Paysandú, Fray Bentos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Buenos Aires y el sur de Brasil.
Y, sobre todo, continuidad.
Porque si cada cuatro años se vuelve a empezar, nunca habrá desarrollo.
Rafaela demuestra que una ciudad puede sostener durante décadas una cultura de planificación y articulación público-privada. Medellín ofrece otro ejemplo de cómo infraestructura, integración urbana y desarrollo económico pueden combinarse. Y los organismos internacionales vienen señalando que la reducción sostenible de la pobreza requiere aumentar productividad, mejorar infraestructura, fortalecer capacidades, atraer inversión y coordinar gobiernos, empresas y comunidades.
Concordia no tiene por qué copiar ninguna de esas experiencias.
Tiene que construir la propia.
Pero para eso hace falta algo que hasta ahora parece haber faltado demasiado: un proyecto de ciudad que sea más importante que el próximo gobierno. El 56,2% no debería servir únicamente para hacer un título cada seis meses. Debería ser una alarma.
Y quizás también una oportunidad.
La oportunidad de que esta vez la discusión no termine preguntando quién tiene la culpa, sino quién está dispuesto a sentarse, poner los números sobre la mesa y trabajar durante los próximos cinco, diez y quince años para que Concordia deje de ser noticia por su pobreza y empiece a ser noticia por su capacidad de generar trabajo, producción, inversión y oportunidades.
La pregunta final debería involucrar a toda la comunidad: ¿qué debería hacer Concordia durante los próximos cinco años para comenzar a cambiar esta historia? ¿Qué deberían aportar el Municipio, la Provincia, la Nación, Salto Grande, las universidades, los empresarios, los productores, los trabajadores, las instituciones intermedias y la sociedad civil? ¿Podemos construir un programa de desarrollo que sobreviva a los cambios de gobierno? ¿Podemos dejar de discutir solamente quién tuvo la culpa y comenzar a establecer qué debe hacerse, quién debe hacerlo, cuánto costará y cuándo debería estar terminado?
Porque seguir explicando por qué somos pobres ya no alcanza.
Por Alejandro Monzón
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