Neutralizaron una amenaza de atentado contra una escuela de Paraná tras una alerta internacional

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El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos neutralizó una posible amenaza contra una escuela de Paraná tras recibir información sensible procedente del FBI, canalizada a través de la Agencia Nacional de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia.

La información suministrada a las autoridades daba cuenta de mensajes emitidos por un menor de edad de Paraná, quien manifestaba su intención de realizar un ataque con armas de fuego contra alumnos de su escuela y posteriormente quitarse la vida.

Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía de Entre Ríos, el Ministerio Público Fiscal y las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) conformaron de inmediato una Mesa de Situación Interagencial para coordinar las tareas preventivas y de investigación. La contingencia se originó a partir de una alerta internacional recibida el jueves 28 de mayo, transmitida por representantes del FBI de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

Según se informó, la amenaza había sido publicada originalmente en la plataforma digital Discord y hacía referencia explícita a la intención de perpetrar un ataque masivo dentro de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 General Francisco Ramírez de Paraná. A partir de ello, las autoridades activaron un operativo de máxima urgencia para evaluar el escenario y prevenir cualquier situación de riesgo.

Como primera medida, y en el marco de la intervención judicial, se logró identificar al menor involucrado, el establecimiento educativo señalado y el domicilio donde residía. Mediante el cruce de información tecnológica y tareas de campo desarrolladas con carácter urgente, los investigadores individualizaron al presunto autor de las amenazas virtuales, tratándose de un alumno menor de edad domiciliado en Paraná.

Frente a la extrema gravedad institucional del hecho, la Jefatura de Policía dispuso la inmediata articulación entre las áreas operativas e investigativas de la fuerza, representantes del Ministerio Público Fiscal y autoridades del CGE. El objetivo fue centralizar la información disponible, coordinar las actuaciones y planificar las medidas de prevención necesarias. En ese marco, las autoridades educativas dispusieron la suspensión preventiva de las clases durante la jornada del viernes 29 de mayo.

La medida permitió resguardar la integridad de la comunidad educativa y facilitar el despliegue de vigilancia policial permanente en las inmediaciones del establecimiento ubicado sobre calle Martín Zapata. Asimismo, con intervención de la magistratura competente y del Juzgado de Garantías en turno, durante la madrugada de este viernes se llevó adelante un allanamiento en la vivienda del menor.

El procedimiento arrojó resultado negativo respecto de la existencia de armas de fuego, lo que permitió descartar de inmediato la presencia de elementos de riesgo físico vinculados al hecho. No obstante, se secuestraron dispositivos informáticos, teléfonos celulares y soportes digitales para su correspondiente análisis forense. Desde los organismos intervinientes destacaron que la rapidez de la respuesta y la articulación entre las áreas de seguridad, justicia y educación fueron determinantes para neutralizar la contingencia y garantizar la protección integral de alumnos, docentes y ciudadanía en general.

Premio Federal de Pintura “Fundación María Calderón de la Barca” 2026

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CONVOCATORIA ABIERTA DESDE EL MARTES 28 DE ABRIL HASTA EL JUEVES 11 DE JUNIO DE 2026

La Secretaría de Cultura de la Nación -a través del Fondo Nacional de las Artes -y la Fundación María Calderón de la Barca, lanzan en conjunto una nueva edición de este histórico premio bienal que busca reconocer y potenciar la producción pictórica argentina contemporánea.

Creada en 1962 por el Dr. Carlos Alberto Saráchaga, la Fundación María Calderón de la Barca es una institución privada sin fines de lucro que, desde hace más de 60 años, promueve el arte, la cultura, la educación y la acción solidaria en la Argentina.

En 1964 creó el Premio Pintura María Calderón de la Barca, una de las distinciones económicas más importantes del país, que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo del arte a nivel federal, promover la circulación de obras y generar vínculos entre artistas, instituciones y el mercado cultural.

Destinatarios:

Podrán participar artistas visuales argentinos (nativos o naturalizados) mayores de 18 años, con al menos 2 años de residencia en la provincia por la que se postulan.

Deberán poseer un título de grado en artes visuales, carreras afines (como arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial, fotografía o artes audiovisuales), o formación idónea.

Requisitos:

Cada participante podrá postular una única obra pictórica, realizada con posterioridad a 2022, que sea original, inédita y no haya sido premiada anteriormente.

La obra deberá tener un tamaño mínimo de 1,20 m de alto por 0,80 m de ancho, sin superar los 2 x 2 m, y no exceder los 20 kg de peso total, incluyendo marco y soporte.

La presentación se realizará desde el usuario del autor, mediante el envío de una fotografía de la obra, acompañada de su título, técnica y dimensiones, junto con una memoria descriptiva, copia del DNI y currículum vitae.

Premios adquisición:

  • Primer Premio Fundación: USD 30.000
  • Segundo Premio Fundación: USD 15.000
  • Tercer Premio Revelación Federal: USD 5.000

Podrán otorgarse también menciones honoríficas.

Un Jurado de Preselección elegirá entre 5 y 10 obras por cada provincia y CABA (según la cantidad de postulantes por jurisdicción), garantizando la inclusión de al menos 3 artistas emergentes por distrito. Posteriormente, un Jurado de Selección elegirá 24 obras finalistas (una por cada provincia y CABA), que serán exhibidas en una muestra en el Palacio Libertad en agosto de 2026. Durante el acto de inauguración, se anunciarán las tres obras ganadoras del concurso, que pasarán además a formar parte del patrimonio de la Fundación María Calderón de la Barca.

Plazos:

  • Cierre de la convocatoria: jueves 11 de junio
  • Anuncio de seleccionados para la exhibición: a partir del 20 de julio.
  • Recepción de obras en el Palacio Libertad: entre el lunes 3 y miércoles 5 de agosto.
  • Inauguración de la muestra: 13 de agosto. Finalización: 13 de septiembre.

Jurado:

Por la Fundación
– Alberto Robredo (h), miembro del Consejo de la Fundación María Calderón de la Barca – Presidente del Jurado.
– Inés Etchebarne, gerente de Gestión Cultural del Fondo Nacional de las Artes.
– Victoria Giraudo, curadora ejecutiva, ex jefa de Curaduría del MALBA.

Por la Secretaría de Cultura
– Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes.
– Paula Zingoni, directora nacional de Museos y Gestión Patrimonial.
– Andrés Duprat, director ejecutivo del Museo Nacional de Bellas Artes.

Ver reglamento:


Descargas

Reglamento Premio Federal de Pintura Fundación “María Calderón de la Barca” (pdf,1.4 Mb)

El tren del progreso pasó por Salto Grande… pero nunca se detuvo en Concordia

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La región que produce energía para dos países convive con pobreza estructural, tarifas elevadas y décadas de promesas incumplidas

Mientras las turbinas siguen alimentando grandes ciudades, Concordia y Salto continúan esperando el progreso prometido hace más de cuatro décadas.

Por Alejandro Monzón para Análisis Litoral

La represa de Salto Grande fue presentada como una de las mayores epopeyas de integración y desarrollo de América Latina. Energía limpia, crecimiento económico, industrias, empleo, navegación, progreso social y una nueva era para el litoral argentino y uruguayo. Esa fue la promesa original.

Hoy, más de cuatro décadas después de la inauguración definitiva del complejo hidroeléctrico binacional, una pregunta incómoda sigue flotando sobre las aguas del río Uruguay:

¿Dónde quedaron los beneficios para Concordia y Salto?

Porque mientras la energía generada en Salto Grande continúa abasteciendo grandes centros urbanos, industrias y millones de usuarios en Argentina y Uruguay, las ciudades que convivieron con el impacto directo de la obra jamás lograron transformar aquel sacrificio histórico en bienestar permanente para su población.

Y el contraste duele.

La región que genera energía convive con algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país, mientras Concordia permanece atrapada en índices alarmantes de pobreza estructural y exclusión social.

La paradoja es brutal: las turbinas nunca dejaron de girar, pero el desarrollo regional sí.

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EL SUEÑO DEL PROGRESO

Todo comenzó oficialmente en 1946, cuando los gobiernos de Juan Domingo Perón y Tomás Berreta firmaron el acuerdo binacional que dio origen a la futura represa de Salto Grande.

La iniciativa prometía aprovechar el río Uruguay “para el desarrollo económico, industrial y social de ambos países”. No se trataba solamente de producir electricidad. El proyecto hablaba de integración regional, desarrollo humano y crecimiento sostenido.

Con el correr de los años, aquella visión se transformó en una megaobra sin precedentes para la región.

La construcción comenzó formalmente en 1974 y movilizó a miles de trabajadores argentinos y uruguayos. Concordia y Salto vivieron entonces una verdadera explosión económica. Hoteles repletos, alquileres imposibles de conseguir, comercios trabajando día y noche, consumo récord y salarios que movían toda la economía local.

Durante años, la ciudad respiró prosperidad.

Muchos todavía recuerdan aquella etapa como una especie de “edad dorada” para esta región del litoral.

Pero había un problema: esa prosperidad dependía exclusivamente de la obra.

Y cuando la obra terminó, también terminó el derrame económico.

CUANDO EL PROGRESO SIGUIÓ DE LARGO

La represa quedó. Las turbinas siguieron funcionando. La energía continuó viajando hacia las grandes capitales.

Pero Concordia quedó sola.

El final de la construcción dejó una región sin planificación productiva, sin reconversión económica y sin una estrategia de desarrollo capaz de reemplazar el gigantesco movimiento que había generado Salto Grande.

La gran pregunta aparece inevitablemente:

¿Cómo puede ser que las ciudades que producen energía para dos países jamás hayan recibido una tarifa diferencial real?

¿Cómo puede ser que el corazón energético del litoral argentino siga conviviendo con pobreza estructural?

¿Cómo puede ser que la riqueza del río Uruguay termine beneficiando principalmente a sistemas centrales alejados de la realidad regional?

Las respuestas nunca llegaron del todo.

Con el paso de los distintos gobiernos democráticos, el discurso sobre la “reparación histórica” se transformó muchas veces en una bandera política utilizada ocasionalmente, pero sin modificaciones estructurales profundas.

La región siguió esperando.

LO QUE NO SE DICE

Hay una discusión que durante años la política evitó abordar de frente.

Salto Grande terminó consolidando un modelo donde la región aporta recursos estratégicos mientras otros centros urbanos concentran gran parte de los beneficios económicos.

Porque la energía producida en el río Uruguay alimenta industrias, sistemas urbanos y economías alejadas del litoral, mientras Concordia y Salto nunca lograron consolidar un verdadero polo industrial energético propio.

La pregunta entonces se vuelve todavía más incómoda:

¿Quién se quedó realmente con la riqueza generada por Salto Grande?

Porque no alcanza con inaugurar plazas, cordones cuneta, edificios públicos o programas temporales financiados por excedentes.

La discusión de fondo es otra: energía accesible, radicación industrial, incentivos fiscales regionales, empleo genuino y un esquema permanente de desarrollo económico.

Todo lo demás termina siendo apenas administración de consecuencias.

FEDERACIÓN: EL PRECIO MÁS ALTO

La historia de Salto Grande también tiene un símbolo imposible de ignorar: Federación.

Para que la represa pudiera funcionar, una ciudad prácticamente desapareció bajo el agua.

Miles de familias fueron desplazadas. Se rompieron barrios enteros. Se perdió identidad social, cultural y afectiva.

Federación pagó el costo más visible de aquella promesa de progreso.

Y aun así, generaciones enteras aceptaron ese sacrificio bajo una convicción: que el futuro valdría la pena.

Décadas después, todavía persiste la sensación de que gran parte de aquella deuda histórica continúa abierta.

DICTADURAS, SILENCIOS Y HERIDAS

La megaobra avanzó bajo gobiernos militares en Argentina y Uruguay.

Las dictaduras impulsaron y aceleraron la construcción mientras la región convivía con persecuciones, listas negras, desapariciones y controles sobre trabajadores.

Con el tiempo también aparecieron otras sombras: las denuncias por enfermedades vinculadas al asbesto utilizado en instalaciones de la represa y las causas judiciales impulsadas por trabajadores afectados.

La historia de Salto Grande no solamente habla de ingeniería.

También habla de costos humanos.

EL PRESENTE: UNA REGIÓN QUE SIGUE ESPERANDO

En 2026, Concordia continúa encabezando rankings de pobreza e informalidad laboral.

Y mientras tanto, las boletas de electricidad siguen golpeando a miles de familias y comerciantes locales.

La sensación social se parece cada vez más a una certeza: el famoso “tren del progreso” pasó por la región… pero nunca se detuvo definitivamente.

La obra que prometía transformar el litoral terminó dejando una dependencia económica que jamás fue reemplazada por un verdadero proyecto de desarrollo sustentable.

Y allí aparece la deuda más profunda de todas: la incapacidad de la dirigencia política de pensar un modelo regional para el después.

EL MUNDO SÍ LO HIZO

Distintas regiones del mundo que convivieron con grandes represas lograron construir sistemas de compensación y beneficios permanentes para sus comunidades.

En Brasil y Paraguay, Itaipú permitió desarrollar infraestructura estratégica, regalías y crecimiento urbano regional.

En Canadá y Noruega, la renta hidroeléctrica se transformó en inversión local, desarrollo productivo y tarifas competitivas para las comunidades afectadas.

Aquí, en cambio, la discusión sigue atrapada entre anuncios, proyectos aislados y promesas que reaparecen en épocas electorales.

LA PREGUNTA FINAL

Tal vez haya llegado el momento de discutir algo más profundo.

Si la región entregó territorio, recursos naturales, identidad y generaciones enteras al desarrollo energético nacional, entonces el país también tiene una deuda histórica con el litoral.

Una deuda que ya no puede pagarse con discursos.

Porque las preguntas siguen ahí:

¿Puede existir justicia energética si quienes producen la energía no pueden pagarla?

¿Puede hablarse de desarrollo cuando las ciudades que sostienen el sistema siguen atrapadas en la pobreza?

¿Puede una región vivir eternamente del recuerdo de una obra gigantesca mientras las oportunidades siguen emigrando?

Quizás el mayor drama de Salto Grande no sea solamente lo que el agua tapó.

Sino todo lo que nunca llegó después.

LO QUE NO SE DICE

La energía barata terminó favoreciendo principalmente a grandes centros urbanos alejados del litoral.
Concordia nunca consolidó un verdadero polo industrial energético.
CAFESG terminó muchas veces absorbida por la lógica política y no por un proyecto estratégico regional.
La reparación histórica sigue siendo más discursiva que real.
El litoral continúa esperando un beneficio proporcional al sacrificio realizado.

¿QUÉ DEBERÍA RECLAMAR HOY LA REGIÓN?

Tarifa eléctrica diferencial permanente.
Fondo regional de desarrollo productivo.
Incentivos industriales para empresas electrointensivas.
Coparticipación energética real.
Plan binacional de desarrollo Concordia–Salto.
Transparencia total sobre excedentes y regalías.
Reconversión económica regional sustentable.

¿QUERES INTEGRAR UNA ORQUESTA DE CUERDAS?

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Biblioteca Serebrinsky

El miércoles 3 de junio a partir de las 15:00 en la biblioteca Julio Serebrinsky (Urquiza 721), se realizará una reunión previa a la conformación de una Orquesta de Cuerdas de esta institución.

Los interesados, (jóvenes y adultos) en formar parte de esta iniciativa que busca democratizar el acceso a la formación musical de calidad, deben concurrir el día y hora mencionados, a la reunión que tiene el por objeto organizar la conformación de esta propuesta.

El único requisito para formar parte de la orquesta es contar con instrumento propio.

Consultas:  3455 087487

La ruta del dinero en Concordia: allanamientos, empresarios y una trama que amenaza con salpicar a más nombres del poder entrerriano

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La ruta del dinero en Concordia comenzó a exponer una trama de relaciones políticas, contrataciones, obras públicas y movimientos económicos que hoy están bajo la lupa judicial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exgobernador Gustavo Bordet.

La causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, sumó este jueves un nuevo capítulo cargado de tensión política, sospechas empresariales y preguntas que empiezan a incomodar a sectores históricamente ligados al poder provincial.

Efectivos de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia realizaron cuatro allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia de Garantías y solicitados por el fiscal de la causa, el Dr. José Arias. Los procedimientos alcanzaron dos sucursales de la pinturería “Colorshop”, el local “Súper Color” y una vivienda del barrio privado Altos del Zorraquín, propiedad del empresario Salvador Carubia.

Pero detrás de los operativos no aparece solamente la búsqueda de documentación comercial o dispositivos electrónicos. Lo que empieza a emerger es algo mucho más profundo: una posible red de relaciones económicas, favores cruzados y movimientos patrimoniales que Fiscalía intenta reconstruir pieza por pieza.

Los muebles, las facturas y la pregunta que nadie logra responder

El dato que detonó los allanamientos surgió durante los procedimientos realizados semanas atrás en propiedades vinculadas a Bordet, tanto en calle Urquiza como en el Village Termal. Allí, los investigadores detectaron mobiliario de alta gama fabricado por Johnson, empresa especializada en cocinas, vestidores y amoblamientos premium.

Cuando Fiscalía rastreó la compra de esos productos, apareció un elemento inesperado: las facturas no estaban emitidas a nombre de Bordet, sino del empresario Salvador Carubia y de la firma GRUPPA 3 SRL. Sin embargo, las entregas fueron realizadas directamente en los domicilios del exgobernador.

La situación abrió una batería de interrogantes que hoy atraviesan toda la investigación:

  • ¿Por qué un empresario pagaría mobiliario millonario para las viviendas particulares de un gobernador en funciones?
  • ¿Existieron contraprestaciones estatales?
  • ¿Se trató de una dádiva encubierta?
  • ¿Hubo triangulación patrimonial?
  • ¿Puede sostenerse la teoría de simples “favores entre amigos” cuando aparecen contratos estatales y relaciones comerciales de por medio?

Las sospechas no son menores. Mucho menos en una provincia donde la obra pública, los vínculos empresariales y determinados círculos políticos han convivido históricamente bajo un sistema de relaciones cerradas.

El teléfono que podría contener más de lo que se conoce

Fuentes extraoficiales indicaron que, durante el allanamiento en Altos del Zorraquín, Carubia se encontraba presente cuando irrumpió la policía. Los investigadores secuestraron un Iphone y una notebook que ahora podrían transformarse en piezas clave de la causa.

En ámbitos judiciales existe expectativa sobre el contenido de esos dispositivos: transferencias, conversaciones, archivos contables, presupuestos, vínculos comerciales o posibles intermediaciones que podrían ayudar a reconstruir el flujo económico detrás de determinadas operaciones.

Y es justamente ahí donde la investigación podría comenzar a escalar hacia otros nombres.

La sombra de nuevos “actores” en la película de corrupción entrerriana

Aunque oficialmente no existe información confirmada, en ámbitos políticos y judiciales de Concordia comenzaron a circular versiones sobre nuevas líneas investigativas que el fiscal tendría bajo análisis.

Una de ellas apuntaría a movimientos patrimoniales e inversiones que desde hace años llaman la atención entre empresarios, profesionales y dirigentes locales. En particular, algunas miradas empiezan a dirigirse hacia un conocido contador concordiense, vinculado políticamente a etapas de la gestión provincial, cuyo crecimiento económico y expansión empresarial habría despertado sospechas dentro del expediente.

Según trascendió, Fiscalía tendría interés en analizar operaciones realizadas mediante terceros, posibles estructuras societarias, inversiones inmobiliarias y movimientos comerciales que serían “visibles para cualquier concordiense”, según describen voces cercanas a la causa.

La hipótesis que comenzaría a explorarse es si existieron presuntos mecanismos de cobertura patrimonial mediante allegados, empresarios amigos o figuras utilizadas como eventuales testaferros para disimular activos, inversiones o incrementos patrimoniales difíciles de justificar.

Por ahora, todo se mueve en el terreno de las sospechas y líneas de análisis preliminares. Pero el clima en ciertos sectores políticos y empresariales de Concordia ya no es el mismo.

Porque en esta historia, los investigadores parecen convencidos de que todavía faltan aparecer varios nombres en escena.

El antecedente que vuelve a quedar bajo la lupa

Dentro de la causa volvió a tomar relevancia otra operación que en su momento generó cuestionamientos: la compra del terreno ubicado en avenida Chajarí y San Lorenzo, conocido como el loteo Mena/Beckman.

Los compradores fueron Salvador Carubia y su esposa.

El dato adquiere peso adicional porque Hugo Mena y Flavia Beckman aparecen imputados en la denominada Causa Contratos, una de las investigaciones más resonantes sobre presuntos desvíos de dinero en la provincia.

La conexión entre empresarios, operadores, contrataciones y funcionarios vuelve así a formar un entramado que la Justicia intenta descifrar.

La cifra que no cierra

Hay además un detalle que dentro de la investigación generó especial atención.

Según trascendió, el valor de los muebles pagados por Carubia y sus empresas para las viviendas de Bordet equivaldría a más del 20% del costo total de construcción declarado por el exgobernador para ambas propiedades.

El dato refuerza las sospechas sobre una posible subvaluación patrimonial.

Porque si solamente el mobiliario premium representa semejante porcentaje, entonces la pregunta empieza a ser inevitable:

¿Cuánto costaron realmente las propiedades?

Y sobre todo:

¿Quién terminó pagando verdaderamente la cuenta?

En Concordia, muchos observan esta causa como una película de corrupción entrerriana protagonizada por actores demasiado conocidos. La diferencia es que esta vez, detrás del telón político, parece haber fiscales dispuestos a seguir tirando del hilo hasta descubrir quiénes participaron realmente de la trama.

Los nombres que empiezan a sonar en voz baja en los pasillos del poder

Mientras la investigación judicial avanza sobre empresarios, facturación cruzada y posibles testaferros, en Concordia y Paraná hace tiempo que comenzaron a circular nombres que, hasta ahora, parecían intocables dentro de la estructura política y administrativa entrerriana.

Porque la pregunta que muchos empiezan a hacerse es si esta causa terminará únicamente en muebles, facturas y propiedades, o si detrás de todo esto existe una matriz mucho más profunda de negocios, retornos, contratos y enriquecimientos inexplicables sostenidos durante años.

En los pasillos judiciales y políticos algunos recuerdan que determinadas empresas no solamente aparecían vinculadas a obras y “obritas” del Estado, sino también a tareas tercerizadas en organismos estratégicos como Salto Grande o San Carlos, en épocas donde todavía resonaban nombres pesados del viejo esquema de poder concordiense. Y allí vuelve a aparecer una incógnita incómoda: ¿hubo internas, ajustes de cuentas o viejos socios que hoy decidieron soltar información para salvarse?

“Que destruyan pruebas”, ironizan algunos por lo bajo en ámbitos políticos, mientras otros se preguntan si parte de los movimientos financieros no habrían terminado fuera del país, particularmente en Uruguay, una plaza históricamente utilizada por empresarios y dirigentes argentinos para resguardar activos o triangular operaciones.

En paralelo, empiezan a crecer rumores —que por ahora permanecen en el terreno de las versiones políticas y comentarios de pasillo— sobre propiedades, inversiones y niveles de vida difíciles de explicar para algunos exfuncionarios, familiares y empresarios vinculados a distintos sectores del poder provincial.

Las conversaciones incluyen desde presuntas operaciones inmobiliarias realizadas a través de terceros hasta viviendas de altísimo valor ocupadas por familiares de exdirigentes que, en teoría, jamás podrían justificar semejante patrimonio con ingresos formales conocidos.

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También reaparecen viejos nombres ligados al IAPV, al manejo de áreas sensibles del Estado y a hospitales públicos, mientras algunos memoriosos vuelven a preguntar qué ocurrió realmente con determinadas auditorías que jamás avanzaron, como las vinculadas al Hospital Masvernat y antiguas administraciones bajo sospecha.

En ese contexto, la sensación que empieza a instalarse en sectores políticos y judiciales es que el expediente podría transformarse en algo mucho más grande que una investigación patrimonial contra un exgobernador.

Porque si los investigadores logran reconstruir la ruta completa del dinero, las sociedades, las facturas y los vínculos empresariales, la causa podría terminar exponiendo una red política, administrativa y comercial mucho más amplia de lo que inicialmente se imaginaba.

Y allí aparecen nombres que todavía conservan lugares clave dentro del Estado provincial, organismos de control y estructuras administrativas que, paradójicamente, debían controlar justamente aquello que hoy la Justicia intenta desentrañar.

Por eso, más allá del impacto judicial, en Entre Ríos empieza a crecer otra discusión: cómo fue posible que durante años nadie viera —o nadie quisiera ver— patrimonios que crecían, inversiones llamativas, propiedades millonarias y empresarios que pasaban de un día para otro a manejar niveles económicos imposibles de explicar para la realidad promedio de la provincia.

La película recién empieza. Y en Concordia muchos creen que todavía faltan aparecer varios actores en escena.

Las explicaciones de Bordet: el vínculo Arias-Azcué, el lote “Beckman-Mena”, los viajes, Village Termal y la omisión en una DDJJ

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Las explicaciones de Bordet : El diputado nacional y exgobernador Gustavo Bordet ejerció este martes su derecho a réplica en el programa Despertá Con Nosotros, por Oíd Mortales Radio (fm de Concordia), luego de que un informe especial en El Entre Ríos revelara detalles de los avances en la investigación del Ministerio Público Fiscal en la causa judicial que tramita en los tribunales de Concordia por presunto enriquecimiento ilícito.

Bordet, en línea con declaraciones previas, calificó la causa como un relato mediático y político carente de pruebas sustanciales, defendiendo la licitud de su patrimonio y el de su familia.

El exmandatario detalló que sus bienes y viajes han sido debidamente declarados ante la AFIP y que muchas de las inconsistencias señaladas son simples errores administrativos o interpretaciones malintencionadas.

Sostuvo que la investigación es una persecución sistemática motivada por su posible relevancia electoral en Concordia.

Aunque negó que vaya a presentarse para disputar la intendencia, Bordet interpretó que la versión de que podía llegar a ser candidato disparó una operación para afectarlo, a la que atribuyó al vínculo de amistad entre el actual intendente Francisco Azcué y el Fiscal que lo investiga, José Emiliano Arias.

Según Bordet, el objetivo de Arias sería favorecer a Azcué al intentar remover a un competidor político de peso mediante el “desprestigio” y el “escarnio público”.

En otro tramo del diálogo por Oíd Mortales Radio, el exgobernador consideró que la postura crítica de Arias no es nueva, ya que el fiscal se habría opuesto sistemáticamente a su gestión cuando era gobernador, supuestamente porque no pudo concursar para la Fiscalía Anticorrupción.

En resumen, Bordet interpretó que el accionar del fiscal no es estrictamente judicial, sino que forma parte de una maniobra política para proteger y beneficiar a su excolega y amigo, el actual intendente Azcué.

No obstante, al ser consultado si está en sus planes recusar al fiscal, no ofreció una respuesta categórica. Dijo confiar en la Justicia y no descartó –aunque tampoco lo dio por hecho- recusar al fiscal por su falta de objetividad y animosidad personal.

¿Cómo explica la subvaluación de sus propiedades en Concordia?

El diputado nacional Gustavo Bordet ofreció varias explicaciones para defenderse de las acusaciones de subvaluación de sus inmuebles en Concordia, argumentando que las cifras del fiscal son especulaciones que no reflejan la realidad del mercado ni el contexto de las operaciones.

Sostuvo que sus propiedades están declaradas según los valores que establece la AFIP y no por montos que él decide arbitrariamente.

Qué dijo sobre los terrenos de Mena y Beckman

Bordet fue consultado expresamente por el terreno en Boulevard San Lorenzo, atribuido en principio a Mena y Beckman, ambos imputados en la Causa Contratos.

Contó que compró el terreno en 2011 por 6000 dólares cuando el barrio aún no estaba desarrollado y fue uno de primeros adquirentes. Y agregó que lo vendió cuatro años después (en 2015) por 9000 dólares, lo cual demuestra, según él, una relación lógica entre el precio de compra y de venta, sin haber obtenido un enriquecimiento ilícito.

Bordet rechazó las comparaciones con vecinos que pagaron valores mucho más altos (entre 48 y 65 dólares por metro cuadrado), argumentando que esos precios corresponden a épocas posteriores, cuando el barrio ya estaba consolidado.

Fue visible su preocupación por tomar distancia de los dos imputados en la Causa Contratos, Flavia Beckman y Hugo Mena.

Dijo que no sabía quién era el titular de la propiedad al momento de realizar la compra. Según su explicación, la operación se concretó a través de la escribana Mulia, quien firmó la escritura junto a él porque ella contaba con un poder general para vender.

Además, el exgobernador se preocupó por puntualizar que ya existió una investigación judicial relacionada con el tema de la operación de compra del lote de Mena y Beckman, pero la causa fue archivada por el propio fiscal Arias al no encontrarse ningún elemento incriminatorio.
En resumen, aseguró que no tuvo trato directo con los vendedores que están imputados en la Causa Contratos, sino que toda la gestión fue realizada a través de la escribana autorizada para tal fin.

Según Bordet, el Village Termal no es un barrio cerrado

Sobre la compra de lotes y la construcción de una casa en el Village Termal de Villa Zorraquín, Bordet comenzó por aclarar que, según él, no es un barrio cerrado.

Procuró visiblemente bajarle “el precio” al lugar, al asegurar que después de muchos años solo hay cuatro construcciones en un loteo de más de 60 lotes, debido a que el terreno es arenoso y presenta dificultades de construcción, describió.

Bordet precisó que el 90% de los otros propietarios del Village Termal declararon los mismos montos de compra que él, dato que, según el exgobernador, el fiscal omite en su investigación.

Cuestión con severidad que el fiscal se base –dijo- en la opinión de una inmobiliaria que nunca vendió terrenos en ese barrio para tasar el metro cuadrado en 60 dólares, calificándolo como un “disparate”.

Estimó que el valor total actual de la propiedad, incluyendo las mejoras terminadas en 2024 (como la piscina e instalaciones interiores), ronda los 180,000 dólares, lo cual considera acorde a la zona.

Finalmente, en relación a las subvaluaciones de propiedades, Bordet insistió en que las diferencias de valores son “opinables” y por ello ha solicitado una pericia técnica para comparar las tasaciones de la fiscalía con las de parte y así aclarar la situación patrimonial.

Los viajes, según Bordet

Gustavo Bordet dedicó varios minutos a explicar sus viajes al exterior. Comenzó por desacreditar el informe del fiscal José Arias, a quien le atribuyó haber considerado viajes familiares o personales a los que fueron en realidad oficiales.

Por caso, puntualizó que a México y Sudáfrica fue en misiones oficiales debidamente documentadas, y no de manera particular con asegura la investigación fiscal.

En el caso de Sudáfrica, lo definió como una misión técnica, de la –dijo- participaron otras figuras públicas y representantes institucionales que pueden dar fe, incluyendo al entonces intendente de Chajarí, el senador por el departamento de Concordia, personal del INTA y miembros de la Cámara de Exportadores de Citrus.

Respecto del viaje a México, explicó que ocurrió en 2013, durante su gestión como intendente, para participar de un encuentro interamericano de ciudades. Como prueba del carácter oficial dijo poseer fotografías y una distinción como “huésped distinguido” otorgada por el alcalde de la Ciudad de México.

Más allá de esos dos viajes puntuales, Bordet argumentó que la gran mayoría de los periplos por el exterior cuestionados por el fiscal fueron de carácter oficial y que los gastos se cubrían con viáticos en dólares regulados por instituciones como el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el gobierno provincial o la municipalidad de Concordia, lo que justifica que no hubiera registros de gastos con tarjetas de crédito personales.

Además, explicó que cuando realiza viajes particulares, prefiere utilizar dinero en efectivo para evitar el recargo del 35% de los impuestos argentinos, una práctica que consideró común entre los viajeros.

Cómo justificó el uso de dinero en efectivo en viajes

Gustavo Bordet dijo que el uso de dinero en efectivo en sus viajes personales obedeció principalmente a una estrategia de ahorro para evitar cargos impositivos adicionales.

Detalló que de esa manera evitó el recargo del 35%. O sea, no acostumbra usar tarjetas de crédito en el exterior porque estas conllevan un recargo del 35% por impuestos argentinos y al pagar en efectivo, evita este costo adicional.

En cuanto al origen de las divisas que usa para pagar en efectivo fuera del país, dijo que las obtuvo realizando operaciones de cambio de moneda que consideró completamente normales y habituales, similares a las que realiza cualquier persona que sale de vacaciones al extranjero, sin detallar si fueron operaciones en el mercado oficial o en el informal.

No obstante, más adelante aludió al “uso de ahorros declarados” para otros gastos vinculados a viajes, apelando a dólares billete que dijo tener ahorrados y debidamente declarados.
Por último, Bordet calificó como un “disparate” la conjetura del fiscal de que la falta de uso de tarjetas de crédito en sus estadías fuera del país implique la existencia de cuentas o sociedades no declaradas en el exterior, argumentando que simplemente prefiere el efectivo por una cuestión de costos.

Los viáticos de su esposa

Gustavo Bordet definió como falsa la acusación de que su esposa, Mariel Ávila, percibió viáticos indebidos, fundamentando su defensa en que ella desempeñaba un rol oficial dentro del gobierno provincial.

Explicó que su cónyuge fue funcionaria del gobierno de Entre Ríos desde el 15 de diciembre de 2015. Para ocupar ese rol, solicitó una adscripción desde el Consejo General de Educación hacia la secretaría privada de la Gobernación, donde trabajó en carácter de secretaria privada.

Señaló que ella lo acompañaba frecuentemente en los viajes debido a su función oficial y aseguró que los viáticos que ella percibía eran pagados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Al haber –según Bordet- un marco legal para la función de su esposa y los pagos, sostuvo que no existe ninguna hipótesis de peculado ni cobro de viáticos indebidos, argumentando que el fiscal utiliza este tema solo para confundir y desprestigiar su imagen.

El viaje a Estados Unidos cuando Entre Ríos emitió el bono en dólares

Otra aclaración de Gustavo Bordet se centró en los pasajes a Estados Unidos a los que hace referencia la fiscalía como abonados desde una no identificada corporación.

El exgobernador dijo que aquella visita al país del norte fue abonada por los bancos emisores encargados de la colocación del bono de deuda de la provincia.

Identificó a las entidades financieras como el Banco Francés, el Banco City y el Santander Río. Puntualizó que los viajes se realizaron entre finales de 2016 y principios de 2017 con el fin de realizar los llamados road shows en ciudades como norteamericanas para convencer a los inversores de prestar dinero a la provincia.

Según Bordet, el contrato firmado con dichos bancos especificaba que todos los gastos de traslado y alojamiento corrían por cuenta de las entidades emisoras, una práctica que calificó como habitual en este tipo de operaciones financieras.

Dicho esto, rechazó de plano la acusación del fiscal de que tenga sociedades ocultas (basada en el uso de la agencia Amex GBT), calificándola de “disparate” y asegurando que cuenta con el contrato y la documentación para demostrar el origen de los pagos.

Bordet enfatizó que este proceso de colocación de deuda es información pública y que incluso otros funcionarios participaron en reuniones en otras ciudades como Londres, Boston y Los Ángeles bajo las mismas condiciones.

Cómo justificó las transferencias de Franco Ferrari a su hija

Gustavo Bordet sostuvo que las transferencias de Franco Ferrari (quien fuera Secretario General de la Gobernación) hacia su hija no constituyen ningún delito, sino que fueron favores personales para cubrir gastos cotidianos ante su imposibilidad de hacerlo personalmente por su agenda de trabajo.

Desmintió que se tratase de algo “sistemático”, precisando que fueron 15 transferencias en un período de cuatro años y consideró que los montos fueron “irrisorios” para una causa de enriquecimiento ilícito, estimando que hoy representarían un promedio de 100,000 pesos cada una, sumando un total aproximado de 1.300.000 pesos.

Explicó que su hija necesitaba dinero para cubrir gastos comunes (como la cuenta del teléfono) porque a veces no le alcanzaba el sueldo. Y debido a que él se encontraba recorriendo la provincia o realizando gestiones en Buenos Aires, le pedía a Ferrari que le adelantara el dinero a su hija.

Respecto a un pasaje para su hija en 2023, aclaró que Ferrari lo compró con su tarjeta de crédito personal porque quedaba un solo lugar disponible en clase turista y Bordet no estaba en su despacho. El exgobernador dijo haberle devuelto el dinero en dólares billete que tenía ahorrados y declarados, lo cual dejó asentado en su declaración jurada de ese año.

Bordet defendió que este tipo de transferencias son normales entre conocidos —comparándolo con amigos que se reparten el costo de una cena— y que no existe nada que ocultar, ya que se realizaron a través del sistema bancario.

En resumen, considera que la fiscalía utiliza estos datos de manera malintencionada para “ensuciar” su imagen, ya que los movimientos no guardan relación con un incremento patrimonial injustificado.

Los bienes que fueron omitidos en una declaración jurada

Gustavo Bordet no especificó los nombres o direcciones exactas de los bienes que faltaron en su declaración jurada de 2012, pero aclaró que se trató de “algunas propiedades” que ya habían sido incluidas en su presentación de 2007.

Explicó que esa falta de información u omisión no fue intencional, sino que se debió a que faltaban dos hojas en el sobre de la declaración de ese año por un error de quien armó el legajo.

Argumentó que no hubo intención de ocultar patrimonio, ya que esos mismos bienes figuraron en su declaración de 2007 y volvieron a aparecer en las de 2015, 2019 y 2023, además de estar informados anualmente ante la AFIP.

Por último, una vez más Bordet acusó al fiscal de actuar de manera parcial al enfocarse únicamente en esa declaración incompleta de 2012 para construir un relato de “omisiones”, ignorando que los bienes siempre estuvieron registrados en los periodos anteriores y posteriores.

Fuente:  El Entre Ríos

Salvador Carubia recibió otros dos pagos por tareas en el Perilago

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Uno fue en mayo de 2016 pero no hay detalles del monto. El otro, por 544.000 pesos, se registró en octubre. Esos importes se suman al millón de pesos de agosto último.

La limpieza del predio que administra la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), sigue siendo noticia. Y la novedad está dada por otros dos nuevos decretos que le permitieron a la Gobernación reconocer el pago de servicios al empresario concordiense Salvador Carubia.

El contratista ya había percibido 1.088.000 pesos a fines del año anterior por la limpieza de 400 hectáreas y el mantenimiento de su infraestructura de servicios. El libramiento fue dispuesto a través del decreto 2.448/16 GOB, fechado el 23 de octubre de 2016 y publicado el 21 de febrero pasado en el Boletín Oficial.

La norma, con las firmas del gobernador Gustavo Bordet y del ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, sirvió para reconocer la tarea encomendada por la Codesal. Y también convalidó las facturas tipo “B” 003-00000013 y 003-00000014 extendidas por Carubia.

Sin embargo, el 26 de mayo de 2016, el Poder Ejecutivo autorizó otro pago al prestador. Fue a través del decreto 1.347/16 GOB, que firmado también por Bordet y Urribarri, recién fue publicado el 23 de septiembre pasado en el Boletín Oficial.

Pero lo curioso del caso fue que se omitió mencionar el monto abonado a Carubia. La norma no está disponible en el buscador de decretos que posee la web oficial de la provincia y el importe tampoco figura en el ejemplar 26.021 del Boletín Oficial.

La publicación, en su página inicial, indicó que se reconocía “el gasto efectuado por la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande bajo modalidad de contratación directa, conforme se detalla en el anexo que forma parte integrante de este (decreto)” y que se autorizaba “el pago a la firma Carubia Salvador de la factura por igual concepto correspondiente al mes de mayo de 2016”

Otro dato llamativo fue que el anexo aludido tampoco se publicó en el Boletín Oficial. Sin embargo el gobierno volvió a aludir a ese texto complementario en el siguiente párrafo del decreto 1.347/16 GOB, mediante el cual autorizó a la Codesal a emitir “la orden de pago correspondiente a fin de que la Tesorería General de la provincia haga efectiva a la firma Carubia Salvador las sumas pertinentes, según el detalle del anexo mencionado, conforme las facturas obrantes en autos, como así la pertinente al mes de mayo del presente año”.

En tanto, en octubre último, el gobierno provincial autorizó la liquidación de otros 544.000 pesos a Carubia. Lo hizo a través del decreto 3.047/16 GOB, que con las rúbricas de Bordet y Urribarri, recién se difundió a través del Boletín Oficial el 23 de marzo de este año.

El importe se corresponde con el señalado por la factura tipo “B” 003-00000020 confeccionada por Carubia. De acuerdo a lo señalado en el decreto, el monto fue asignado “en concepto de mantenimiento, desmalezado y limpieza de toda la zona del perilago, (400 Ha.) incluyendo playas y banquinas de calles, pintado de rotondas y parquización de las mismas, mantenimiento de 3 cantinas, pintura e instalación eléctrica exterior, arreglo de juegos existentes para niños, pintado de mesas y bancos existentes, retiro de ramas, escombros y sedimentos por creciente, reparación y mantenimiento de luminarias de las calles en zonas de playas”.

FUENTE: EL ENTRE RIOS

Vergara: “No se puede advertir durante 20 años que el sistema es inviable y actuar como si el problema hubiera empezado ahora”

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El senador provincial Gustavo Vergara sostuvo que el debate previsional que hoy atraviesa Entre Ríos “no apareció de un día para el otro” y recordó que durante más de dos décadas distintos gobiernos peronistas reconocieron públicamente los problemas estructurales de la Caja de Jubilaciones sin avanzar en una reforma de fondo.

“El sistema previsional provincial viene siendo diagnosticado desde hace años por los propios dirigentes del peronismo. Hubo advertencias, informes, discursos y hasta borradores de reforma. Lo que nunca hubo fue la decisión política de avanzar en una transformación estructural”, señaló.

Vergara recordó que parte de la problemática actual se remonta a los años noventa, cuando se sancionó la Ley 8.732, base del régimen previsional vigente, que fijó edades jubilatorias que prácticamente no se modificaron hasta la actualidad, en un contexto demográfico y económico muy diferente al actual.

“Con el paso de los años las advertencias fueron cada vez más explícitas. Durante la gestión de Sergio Urribarri, el entonces presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías, ya alertaba sobre la sustentabilidad del sistema. Y durante el gobierno de Gustavo Bordet esas advertencias llegaron al máximo nivel”, afirmó.

En ese sentido, recordó que el propio Bordet sostuvo en la Asamblea Legislativa de 2020 que si no se abordaba el problema el sistema “iba a volar por los aires”.

“Lo llamativo es que quienes reconocían el problema nunca avanzaron en una solución. El diagnóstico estuvo durante años. Lo que faltó fue la decisión de actuar”, remarcó.

El legislador también señaló que la actual gestión recibió una situación financiera crítica.

“El último tramo del gobierno anterior transcurrió sin reformas de fondo, pese al creciente déficit de la Caja y a las reiteradas advertencias sobre su sustentabilidad. En algunos ejercicios, el rojo previsional llegó a equivaler a cerca de cuatro veces la inversión provincial en obra pública e infraestructura”, indicó.

Vergara agregó que la situación heredada también incluía importantes falencias administrativas vinculadas al financiamiento nacional del sistema.

“Entre 2017 y 2023 no se realizó un solo reclamo formal por las transferencias adeudadas por ANSES ni se solicitaron las auditorías previstas por ley para determinar los saldos definitivos. Había balances sin firma, ejercicios sin elaborar y un vínculo institucional con Nación prácticamente interrumpido desde hacía más de seis años”, afirmó.

Asimismo, destacó que la falta de gestión también tuvo consecuencias económicas concretas para la provincia.

“Sólo la diferencia determinada a favor de Entre Ríos por la auditoría correspondiente al año 2020 —que nunca había sido reclamada— ascendía a 2.500 millones de pesos de entonces. Actualizada a valores actuales, representa alrededor de 68.000 millones de pesos que la provincia dejó de reclamar oportunamente”, señaló.

Finalmente, el senador recordó declaraciones recientes del ex candidato a gobernador del peronismo, Adán Bahl, quien reconoció que el déficit de la Caja constituye un problema real que hoy se financia con recursos de todos los contribuyentes entrerrianos.

“La discusión previsional debe ser seria y responsable. Podemos debatir herramientas, mecanismos y alternativas. Lo que no podemos hacer es ignorar la historia. No se puede advertir durante 20 años que el sistema es inviable y actuar como si el problema hubiera empezado recién ahora”, concluyó.

Allanaron pinturerías y la vivienda de un empresario en un barrio privado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Bordet

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El personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia concretó durante la tarde de este jueves 28 de mayo un total de cuatro allanamientos, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exgobernador Gustavo Bordet y que es investigada por el fiscal José Arias.

Los procedimientos, ordenados por el Juzgado de Garantías, se realizaron en dos sucursales de la pinturería “Colorshop” de Concordia, una ubicada sobre avenida San Lorenzo Este al 21 y otra sobre Urquiza y Salta.

Además, otro de los operativos tuvo lugar en el local “Super Color”, ubicado sobre  la avenida Independencia al 350 en inmediaciones al barrio La Bianca, mientras que el restante allanamiento se concretó en una vivienda del barrio privado Altos de Zorraquín, en la zona norte de Concordia.

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Esta última propiedad pertenece al empresario Salvador Carubia, señalado en la investigación como uno de los presuntos testaferros del exgobernador Gustavo Bordet.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este medio, en la vivienda ubicada en el barrio privado la policía secuestró el teléfono celular de Caruba, dos notebooks y un pendrive, elementos que serán sometidos a pericias en el marco de la investigación judicial.

En tanto, en los demás procedimientos los investigadores buscaban documentación y distintos elementos que podrían tener relación con la causa que lleva adelante el fiscal Arias.

Vale recordar que a comienzos del mes de mayo ya se habían realizado allanamientos vinculados a esta misma investigación, incluyendo procedimientos en la vivienda del exgobernador Bordet, ubicada sobre calle Urquiza al 867, además de una propiedad lindera y otra vivienda situada en el barrio Villa Zorraquín.

Causa Contratos: avanzan las definiciones sobre las pruebas y la situación de los auditores de Entre Ríos

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La megacausa por los “Contratos truchos” de la Legislatura entrerriana transita semanas decisivas en Paraná. Las audiencias de remisión a juicio continuarán sin interrupciones hasta el próximo 3 de julio. En este marco, el Ministerio Público Fiscal (MPF) exhibió un listado de 770 contratos bajo sospecha y detalló un extenso catálogo de pruebas que incluye pericias informáticas, registros telefónicos, análisis de redes sociales y actas de allanamientos .

El caso investiga un presunto desfalco de 53 millones de dólares a las arcas públicas provinciales entre 2008 y 2018 mediante un sistema de recaudación ilegal basado en contratos de obra con “prestanombres” . Tras el reinicio de las audiencias, la jueza de Garantías Marina Barbagelata validó las correcciones técnicas que los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry realizaron sobre los hechos atribuidos, unificando el número de contrataciones y ajustando las fechas del delito .

Actualmente quedan 18 imputados en el banquillo de los 32 originales . El resto de los involucrados modificó su situación procesal: 12 de ellos accedieron a suspensiones de juicio a prueba (probation), Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado y el contador Gustavo Falco fue sobreseído . Ante la falta de objeciones a las pruebas de la Fiscalía por parte de los abogados defensores Leopoldo Lambruschini y José Velázquez, la magistrada los dispensó de asistir a las extensas jornadas de debate .

El debate central giró en torno a los pedidos de sobreseimiento para Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni y Hernán Javier Díaz, quienes se desempeñaban como auditores del Tribunal de Cuentas . Sus abogados argumentaron que las pruebas recolectadas son insuficientes para elevarlos a juicio, alegando que los mensajes de texto analizados corresponden al rol habitual de la administración pública o que los imputados ya no cumplían funciones de control en los períodos señalados .

Por el contrario, los fiscales rechazaron de plano las desvinculaciones y denunciaron un “control laxo” e intencional debido a vínculos de cercanía o amistad entre los encargados de auditar y los sospechosos . El MPF sostiene que sólo se revisaban muestras insignificantes de contratos por año y expuso que durante la investigación penal sufrieron la negativa de informes por parte de la Legislatura y la sustracción de un expediente judicial .

La jueza Barbagelata comunicó que resolverá estos pedidos de sobreseimiento recién al finalizar las audiencias generales de remisión .

Para el futuro juicio oral y público, la Fiscalía presentó una lista de testigos clave de alto perfil institucional y contable :

  • Adán Bahl (exvicegobernador) .
  • Sigrid Kunath y Pedro Guastavino (exsenadores nacionales) .
  • Federico Tomas (expresidente interino del Tribunal de Cuentas) .
  • Aurelio Miraglio (excontador General de la provincia) .
  • Claudia Kelly (contadora adjunta) y Rodrigo Andrés Zabala (actual titular del área) .
  • Natalio Gerdau y Nicolás Piernini (exsecretarios de las Cámaras de Senadores y Diputados) .
  • Directivos y apoderados de Banco de Entre Ríos, Enersa, Pilay y personal de ARCA (ex-AFIP)
  • El cronograma de las audiencias generales quedó fijado para los días martes, miércoles, jueves y viernes, aplicando para los días centrales una doble jornada obligatoria que va de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 horas

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