Enrique Cresto denunció un «vaciamiento del Estado» y advirtió sobre el impacto social en Entre Ríos

26 abril, 2026 por Redacción

En una reciente sesión en la Cámara de Diputados, el legislador concordiense Dr. Enrique Cresto (Unión por la Patria) lanzó un duro descargo contra las políticas actuales, denunciando un intento de silenciar a la oposición y alertando sobre la crítica situación social que atraviesa la provincia y el país. Cresto inició su intervención señalando una persecución política y mediática contra el peronismo. “Esto es lo que intentan frenar demonizando a los dirigentes y al Partido Justicialista; intentan sacar de la cancha a quienes alzan la voz por los sectores postergados”, afirmó, subrayando que incluso dentro del Poder Legislativo se busca impedir los reclamos de los representantes del pueblo.

Alerta por la economía y el empleo

El diputado fue tajante al describir la situación económica, calificándola como la «transferencia más grande de la historia» desde los sectores más vulnerables y medios hacia la cima de la pirámide.

Cresto aportó cifras alarmantes sobre el panorama nacional y provincial:

300.000 puestos de trabajo perdidos en Argentina.
24.000 PyMEs que han cerrado sus puertas.
Desmentida sobre la absorción de empleo público por el sector privado: «No ocurrió en una economía floreciente como prometieron».

Crisis social e «implosión» intrafamiliar

Uno de los puntos más sensibles de su discurso fue la advertencia sobre los efectos sociales del retiro del Estado. Cresto mencionó que se está produciendo una «implosión social intrafamiliar», evidenciada en el aumento de casos de:

Violencia de género.
Suicidios.
Proliferación de adicciones.

«El Estado se está retirando cuando más se lo necesita. Cuando la clase media no puede pagar la prepaga y recurre al sector público, este está siendo desfinanciado», sentenció.

Salud Pública: El Plan Sumar y la situación de los centros de salud

El legislador apuntó directamente contra la gestión de salud en Entre Ríos, acusando al oficialismo de haber mentido sobre la continuidad de programas nacionales. «Le mintieron a todos los centros de salud de la provincia cuando dijeron que el Plan Sumar iba a continuar. Eso fue mentira y hoy los centros de salud se caen a pedazos», denunció.

El llamado al Gobernador y la defensa del proyecto

Finalmente, Cresto defendió la presentación de proyectos de resolución como una herramienta vital para visibilizar las asimetrías regionales. Instó al Gobernador a ser «inteligente» y aprovechar estas voces parlamentarias para gestionar ante Buenos Aires.

«Este bloque ha sido una oposición constructiva, pero si piensan que van a mandar a comisión cada proyecto de resolución para estudiarlo cuando ya hemos recorrido el territorio y nos hemos comprometido con la gente, se equivocan. Hoy no hay gestión que valga, nadie escucha y nadie resuelve nada», concluyó el diputado.

6 detenidos. Desarticulan punto de venta de droga y recuperan vehículo robado

26 abril, 2026 por Redacción

Funcionarios de la Comisaría Tercera de Concordia llevaron a cabo dos allanamientos que culminaron con la desarticulación de un presunto centro de comercialización de estupefacientes. Los procedimientos, autorizados por el Juzgado de Garantías local, se dieron en el marco de una investigación en curso que buscaba esclarecer actividades ilícitas en la zona.

Tras el despliegue policial, las autoridades confirmaron que los operativos arrojaron resultados positivos. Entre los elementos incautados destaca una motocicleta Gilera Smash, la cual, al ser verificada por los sistemas informáticos, presentaba un pedido de secuestro vigente desde el año 2023.

Además del vehículo recuperado, los efectivos policiales procedieron al secuestro de:

• La suma de $99.400 en efectivo.
• Dos envoltorios con cocaína.
• Un arma de aire comprimido.
• Diversos elementos considerados de interés para la causa.

Como consecuencia directa de las requisas, la policía procedió a la aprehensión de seis personas. Según el reporte oficial, los involucrados quedaron a disposición de la justicia bajo los cargos de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y resistencia a la autoridad”.

Fuente: Policía de Concordia

ROSSI: “EL PJ SE PARECE A UNA ORGANIZACIÓN MAFIOSA”

25 abril, 2026 por Redacción

El Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista recomendó la expulsión del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, por inconducta partidaria. También se adoptaron otras medidas para el caso de Ana Carolina Gaillard, Luna Valentina González, Héctor María Maya, Gustavo Raúl Guzmán, María Rosa Vergara, Graciela Beatriz Trinidad y Claudia Daniela Quiróz y Verónica Paola Rubattino: en esos casos, el Tribunal de Disciplina del PJ analizó la denuncia por “inconducta partidaria, la comisión de actos de deslealtad manifiesta, conductas incompatibles con los deberes de lealtad partidaria y quebrantamiento de la unidad orgánica, vulnerando con ello, en forma directa, los deberes establecidos en el artículo 10° y concordantes de la Carta Orgánica partidaria” y para todos resolvió lo siguiente. Y aconsejó la aplicación de la sanción de suspensión temporaria de la afiliación y su inhibición temporaria para ser postulada a cubrir cargos partidarios y/o candidaturas para cargos electivos.

Enterado de esa determinación, Rossi se expresó públicamente. Dijo: “El PJ entrerriano se parece más a una organización mafiosa que a un partido político”.

“Fui intendente de Santa Elena con todos los gobernadores de la democracia, fui vicegobernador de Entre Ríos y siempre actué con respeto por la vida institucional del peronismo, aun cuando tuve diferencias profundas con muchas de sus conducciones. Por eso resulta llamativo que hoy se pretenda instalar que la mayor deslealtad partidaria es denunciar hechos de corrupción ante la Justicia”, aseveró.

“Urribarri: cómo avanza la causa coimas y el juicio por corrupción en Entre Ríos”

25 abril, 202624 abril, 2026 por Redacción

sergio urribarri exgobernador de entre rios

La causa coimas Urribarri avanza hacia el juicio oral en Entre Ríos con un escenario cada vez más comprometido para el exgobernador Sergio Urribarri, sobre quien pesa un pedido de diez años de prisión por delitos vinculados a corrupción en la administración pública. El expediente, iniciado en 2018, ya fue elevado a juicio y se espera en el corto plazo la fijación de una fecha para el debate.

La causa investiga presuntas maniobras de corrupción durante la gestión de Urribarri, con un pedido fiscal de hasta 10 años de prisión.

Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano sostienen que el exmandatario tuvo un rol central en el direccionamiento de contrataciones a favor de la empresa Relevamientos Catastrales SA, propiedad del empresario Cardona Herreros. Según la acusación, la firma fue beneficiada para desarrollar e implementar un software en distintas áreas del Estado provincial en condiciones irregulares.

En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales adelantaron que solicitarán una condena de diez años de prisión para Urribarri y nueve años para el empresario. La causa coimas Urribarri se apoya en una estructura que, según la investigación, funcionó durante varios años dentro del Estado entrerriano.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, se conformó una mesa operativa integrada por funcionarios públicos y representantes de la empresa con el objetivo de facilitar la adjudicación de contratos. El mecanismo incluía el acceso privilegiado a información clave para asegurar que la firma resultara adjudicataria en licitaciones públicas.

El punto central de la acusación es la existencia de un esquema de sobreprecios. Según los investigadores, en cada contratación se incluía un excedente del 25 por ciento que luego era distribuido entre funcionarios y empresarios. El contrato inicial superaba los 10,5 millones de pesos y habría derivado en pagos indebidos por más de 3 millones.

Siempre según la acusación, Urribarri habría recibido el 36,47 por ciento del monto correspondiente al sobreprecio, además de pagos mensuales durante más de un año. Con el paso del tiempo, las ampliaciones contractuales elevaron el total de la operación a 26,8 millones de pesos, incrementando también los montos destinados a retornos ilegales.

En paralelo, la causa coimas Urribarri sumó un elemento clave en las últimas etapas: las confesiones de exfuncionarios. Cuatro exintegrantes del gobierno provincial admitieron haber cobrado coimas en el marco de juicios abreviados, lo que les permitió acceder a penas condicionales sin cumplimiento efectivo en prisión.

Entre quienes reconocieron su participación se encuentran el exministro de Trabajo Guillermo Smaldone, el exdirector de Ajustes y Liquidaciones Miguel Ángel Ulrich, el exsecretario de Hacienda José Humberto Flores y el exsubsecretario de Presupuesto Luis Alfonso Erbes. Todos intervinieron en distintas instancias del proceso licitatorio investigado.

Desde el punto de vista jurídico, estas confesiones no implican automáticamente una responsabilidad penal para Urribarri. Sin embargo, fortalecen la acusación fiscal en torno a la existencia de un esquema sistemático de corrupción dentro de la administración pública.

La defensa del exgobernador rechaza todas las imputaciones. Sostiene que las decisiones adoptadas durante su gestión fueron auditadas y aprobadas por los organismos de control del Estado. Además, cuestiona la incorporación de pruebas provenientes de otros expedientes, al considerar que no pudieron ser debidamente controladas, lo que —afirman— afecta el derecho a una defensa eficaz.

Urribarri está imputado por negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y cohecho. En su estrategia, también remarca que las confesiones de otros imputados no generan presunción de culpabilidad en su contra ni en la del empresario Cardona Herreros.

El contexto judicial se vuelve aún más delicado para el exmandatario si se tiene en cuenta que ya cuenta con una condena previa de ocho años de prisión por delitos de corrupción. Este antecedente incrementa el peso político e institucional del proceso en curso.

Mientras se aguardan definiciones del Superior Tribunal de Justicia sobre planteos pendientes de la defensa, la causa coimas Urribarri entra en una etapa decisiva. El juicio oral será el ámbito en el que se determinará la responsabilidad penal de los acusados en uno de los expedientes más relevantes de corrupción en la historia reciente de Entre Ríos.

NADIE QUIERE QUE EXTRADITEN A EDGARDO KUEIDER: Tiemblan muchos políticos, empresarios y amigos que lo traicionaron y lo usaron

23 abril, 2026 por Redacción

En voz baja, pero cada vez con más intensidad, crece una certeza incómoda en los pasillos del poder: la eventual extradición de Edgardo Kueider no sería solo un trámite judicial, sino un sismo político de consecuencias imprevisibles. Porque Kueider no es un nombre aislado; es una pieza que conoce engranajes, acuerdos y silencios que muchos preferirían mantener enterrados.

Durante años, fue funcional a estructuras que hoy miran para otro lado. Lo impulsaron, lo necesitaron y, llegado el momento, lo soltaron. La política argentina tiene esa lógica: el que deja de servir, estorba. Pero cuando ese mismo actor conserva información sensible, deja de ser un problema menor para transformarse en una amenaza real.

El temor no radica únicamente en lo que hizo, sino en lo que podría decir. La extradición abriría la puerta a declaraciones, documentos y vínculos que podrían salpicar a dirigentes de distintos espacios. Nadie quiere ese efecto dominó. Nadie quiere que se corra el velo.

Por eso, más allá de los discursos públicos sobre transparencia y justicia, en privado muchos rezan para que Kueider nunca tenga que hablar ante un tribunal con todo sobre la mesa. Porque si eso ocurre, no solo se pondrá en juego su destino judicial, sino también la credibilidad —ya golpeada— de una dirigencia que hace tiempo convive con sus propias sombras.

SE TERMINA TODO: eliminan las PASO, prohibirían a políticos condenados y cambia para siempre el sistema electoral

22 abril, 2026 por Redacción

Reforma electoral , la política argentina podría estar a punto de vivir uno de sus cambios más profundos en décadas. El Gobierno envió al Senado una reforma electoral que promete terminar con privilegios históricos, reducir el gasto público y exigir estándares más altos a quienes buscan cargos de poder.

El dato que más sacude el tablero: se eliminan las PASO. Sí, las elecciones primarias dejarían de existir tal como se conocen, poniendo fin a un sistema que durante años obligó a millones de argentinos a financiar internas partidarias con sus impuestos. A partir de ahora, cada partido deberá arreglar sus propias diferencias puertas adentro.

TYMCRTNPQVEWVJNXOBW7GQQ3CE — El documento que se pondrá a debate en los próximos meses también modificará la Ley de Financiamiento sobre los Partidos Políticos

Pero eso no es todo.

El proyecto incorpora la llamada “Ficha Limpia”, una medida que podría marcar un antes y un después: cualquier dirigente con condena en segunda instancia por delitos graves quedará automáticamente fuera de las elecciones. La política, bajo esta propuesta, ya no sería refugio para quienes tienen cuentas pendientes con la Justicia.

Otro cambio fuerte apunta al corazón del sistema: el dinero. La reforma busca cortar con los fondos en negro que históricamente rodearon las campañas. Se prohíben los aportes anónimos y se exige que cada peso tenga origen claro y verificable. Más control, más transparencia, menos oscuridad.

Además, se implementaría la boleta única en papel, un sistema más simple y económico que promete agilizar la votación y reducir irregularidades. Menos boletas, menos costos, más claridad para el votante.

La iniciativa también sube la vara para los partidos políticos: ya no será tan fácil crearlos ni sostenerlos sin respaldo real. Se exigirán más afiliados, más actividad y resultados concretos para seguir vigentes. El objetivo es claro: terminar con los llamados “sellos de goma”.

En paralelo, se endurecen las reglas de campaña. Habrá sanciones para quienes se adelanten a los tiempos establecidos y se limitará el uso del Estado en períodos electorales, buscando evitar ventajas indebidas.

El mensaje detrás de la reforma es contundente: una política más austera, más transparente y con menos margen para prácticas cuestionadas.

Ahora, el debate se traslada al Congreso, donde comenzará una negociación clave que definirá si este proyecto se convierte en ley y cambia definitivamente la forma en que se elige el poder en Argentina.

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Durante los 25 días anteriores a la elección, quedarán prohibidos los actos inaugurales de obra pública, lanzamientos de planes estatales y cualquier actividad oficial que pueda influir en la voluntad del electorado. La publicidad gubernamental no podrá favorecer ni desalentar el voto por ninguna agrupación o candidato.

En el capítulo de financiamiento partidario, la reforma establece que los aportes estatales solo serán destinados a partidos reconocidos y prohíbe donaciones anónimas, de empresas concesionarias, sindicatos, personas extranjeras o individuos procesados o condenados por delitos graves. Al menos 10 % de los fondos públicos deberán destinarse obligatoriamente a capacitación e investigación. Todos los movimientos financieros deberán realizarse a través de una única cuenta bancaria por distrito, bajo la supervisión de la Justicia Electoral y la Cámara Nacional Electoral.

El total de aportes permitidos por persona física o jurídica no podrá superar el 35 % del límite fijado por el módulo electoral y la cantidad de electores. Además, la normativa exige la presentación detallada de gastos de campaña, incluyendo el material difundido en internet y redes sociales, con la obligación de discriminar por rubros como administración, publicidad, alquiler de sedes, encuestas, transporte y otros conceptos estrictamente vinculados a la elección.

La reforma establece que el financiamiento público se dividirá en dos partes: el 20 % se asignará en forma igualitaria entre todos los partidos reconocidos, mientras que el 80 % restante será distribuido de manera proporcional a la cantidad de votos obtenidos por cada partido en la última elección de Diputados Nacionales, siempre que hayan alcanzado al menos el 1 % del padrón electoral. Este esquema busca combinar criterios de igualdad y representatividad en la asignación de fondos estatales para el funcionamiento partidario.

Además, incorpora una disposición que impide a las agrupaciones políticas la contratación de servicios prestados por personas extranjeras. Esta restricción abarca cualquier tipo de servicios requeridos por los partidos en el desarrollo de sus actividades, con el objetivo de limitar la injerencia o influencia externa en el funcionamiento y financiamiento de la vida partidaria nacional.

Una novedad que se incorpora es que tampoco será obligatorio el debate presidencial.

En el plano internacional, la reforma suspende la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta que exista una fecha electoral simultánea en todo el bloque, denominada “Día del Mercosur Ciudadano”. Mientras tanto, los representantes argentinos serán designados por la Cámara de Diputados, respetando la proporcionalidad política y percibiendo únicamente viáticos por asistencia.

Los partidos políticos ya existentes contarán con plazo hasta el 30 de junio de 2027 para adecuar su funcionamiento a las nuevas disposiciones. También se prevén restricciones para la designación de personas inhabilitadas en altos cargos ejecutivos, cuerpos colegiados y empresas estatales.

Coimas en las SIRA: investigan pagos de hasta el 15% y mencionan a Guillermo Michel

22 abril, 2026 por Redacción

La Justicia detectó coimas de hasta un 15% en las SIRA, el sistema de importaciones implementado durante la gestión de Sergio Massa en el gobierno de Alberto Fernández. En la causa aparece mencionado el entrerriano Guillermo Michel, actual diputado nacional, aunque sin imputación confirmada hasta el momento.

Investigación judicial por coimas en las SIRA

Una investigación que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, con intervención del fiscal Franco Picardi, comenzó a revelar el presunto funcionamiento irregular del sistema SIRA.

El expediente, que se encuentra bajo secreto de sumario, apunta a un esquema de coimas en las SIRA para acceder a autorizaciones de importación y al dólar oficial.

Según trascendió, al menos cuatro empresarios habrían pagado sobornos de entre el 10% y el 15% para destrabar operaciones. Las maniobras investigadas superan los 3,5 millones de dólares y corresponden a importaciones reales.

El caso, que permanece bajo secreto de sumario hasta este jueves, apunta a un presunto esquema de coimas para acceder a autorizaciones de importación y al dólar oficial.

De acuerdo con lo difundido por el diario La Nación, el expediente, que lleva varios meses en curso, ya identificó al menos a cuatro empresarios que habrían pagado sobornos de entre el 10% y el 15% para obtener permisos.

Las operaciones bajo sospecha superan los 3,5 millones de dólares y, según fuentes vinculadas a la causa, se trataría de importaciones reales y no simuladas.

La investigación está a cargo del fiscal Franco Picardi, quien avanzó con una serie de medidas para reconstruir el circuito de autorizaciones y detectar responsabilidades.

Entre ellas, solicitó informes urgentes a la Aduana, la Secretaría de Comercio y el Banco Central, además de requerir el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas físicas y jurídicas.

En el marco de estas diligencias, se realizaron cerca de 30 allanamientos y se incorporaron testimonios, junto con teléfonos celulares aportados por funcionarios ya imputados en la causa.

Coimas en las SIRA: investigan pagos de hasta el 15% y mencionan a Guillermo Michel 11

Hasta el momento, fueron señalados cinco integrantes del área de Supervisión de Entidades No Financieras del Banco Central: Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García.

También fueron imputados empresarios vinculados a casas de cambio, entre ellos Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles, quienes habrían participado en las maniobras investigadas.

El expediente tuvo un origen distinto al actual. En una primera etapa, el fiscal Picardi investigaba a Piccirillo tras una acusación de Hauque, quien lo señaló por haberle plantado una prueba en el marco de una deuda de seis millones de dólares. A partir de ese conflicto, la pesquisa se amplió y derivó en el análisis del sistema SIRA.

Las SIRA de Massa y el kirchnerismo

Las SIRA, Sistema de Importaciones de la República Argentina, habían sido anunciadas en octubre de 2022 por el entonces ministro de Economía Sergio Massa, junto a Guillermo Michel en la Aduana y Matías Tombolini.

690f851a497aedf5b73a53778e014be6 — (El entrerriano Guillermo Michel) La sospecha detrás de la mano derecha de Sergio Massa

🧩 ¿Qué pasa con Guillermo Michel?
Guillermo Michel (ex titular de Aduana y dirigente entrerriano) aparece en el debate por su rol en el sistema durante la gestión, no necesariamente como imputado en esta causa.
Hasta ahora, no hay confirmación pública de que esté imputado en esta investigación específica (según la información disponible).
De hecho, en causas previas vinculadas a SIRA: fue sobreseído y la Justicia descartó delitos en expedientes anteriores.
Algunas notas y análisis lo mencionan como figura cercana al manejo del sistema, lo que lo coloca en el radar político y mediático, pero eso no equivale a una acusación formal.

En ese momento, el Gobierno de Alberto Fernández sostuvo que el mecanismo buscaba evitar “avivadas” de empresas que aprovechaban la brecha cambiaria cercana al 100% entre el dólar oficial y los tipos de cambio alternativos.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el sistema comenzó a ser cuestionado por sus irregularidades y ahora enfrenta sospechas judiciales que podrían redefinir su evaluación.

La causa apunta a determinar si, detrás de un esquema que se presentó como una herramienta de control y transparencia, operó un circuito paralelo de pagos ilegales para acceder a divisas al tipo de cambio oficial.

Con el levantamiento del secreto de sumario previsto en las próximas horas, se espera que se conozcan más detalles sobre el alcance de la investigación y los posibles involucrados en una de las causas más sensibles vinculadas a la política económica del anterior gobierno kirchnerista.

La justicia a dos velocidades en Argentina: causas que vuelan y causas que se arrastran”

20 abril, 2026 por Redacción

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Cuando uno observa la realidad argentina con cierta distancia, aparece una sensación persistente: la justicia no parece avanzar al mismo ritmo para todos los casos.

Durante los últimos años, distintas causas de corrupción que involucraron a figuras de alto perfil —como Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Amado Boudou y Lázaro Báez— transitaron extensos recorridos judiciales. Expedientes complejos, múltiples instancias, apelaciones constantes y tiempos prolongados marcaron el pulso de estos procesos. Algunos derivaron en condenas, otros continúan abiertos y varios permanecen atravesados por disputas políticas sobre su legitimidad.

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Sin embargo, en paralelo, emergen situaciones más recientes que parecen desarrollarse a una velocidad completamente distinta.

El caso de Martín Insaurralde es un ejemplo claro del impacto inmediato que pueden tener ciertos episodios: exposición pública, repercusiones políticas y reacciones judiciales en cuestión de días. A su alrededor, también se instalaron cuestionamientos vinculados a su entorno, incluyendo a Jésica Cirio, especialmente en relación con el análisis de patrimonio y evolución de bienes, temas que continúan bajo observación.

En la misma línea, investigaciones como la denominada causa de los seguros, que involucra al entorno del expresidente Alberto Fernández, reavivan interrogantes sobre la consistencia en los tiempos y profundidad de las investigaciones.

A esto se suman figuras como Sergio Massa, presentes en el debate público con distintos niveles de exposición y tratamiento frente a cuestionamientos e investigaciones.

En este contexto, se instala con fuerza una percepción social difícil de desestimar: la coexistencia de dos velocidades judiciales.
Una, rápida, visible y de alto impacto mediático.
Otra, lenta, compleja y muchas veces inconclusa.

Las explicaciones pueden ser múltiples —desde la complejidad técnica de las causas hasta las estrategias procesales o los cambios en la estructura judicial—. Sin embargo, el efecto final trasciende lo jurídico.

Lo que se erosiona es la confianza.

Porque cuando la ciudadanía percibe que los tiempos y la intensidad de la justicia varían según el caso o sus protagonistas, la discusión deja de centrarse en culpabilidades individuales para enfocarse en algo más profundo: la equidad del sistema.

Así, la pregunta que sobrevuela ya no es coyuntural, sino estructural:
¿ante qué tipo de justicia están expuestos hoy los argentinos?

Una justicia previsible, con criterios uniformes, o una cuya dinámica —al menos en la percepción pública— parece adaptarse al contexto político.

Cuando esa duda se instala, no solo se ponen en cuestión los fallos.
Se pone en discusión el sistema en su conjunto.

Se le rompió la correa de distribución del auto, demandó a la agencia y a la fábrica, pero la Justicia rechazó el reclamo

19 abril, 2026 por Redacción

Un hombre demandó a ambas empresas tras una avería que dejó su vehículo fuera de servicio. Alegó una falla de fabricación, pero la sentencia descartó responsabilidad y desestimó la indemnización. ¿Qué descubrieron los peritos que terminó sellando la suerte del demandante?

En un fallo dictado en la ciudad de La Plata, el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 11 desestimó una demanda por daños y perjuicios derivados del supuesto incumplimiento contractual en el mantenimiento de un automóvil. La causa enfrentó a un consumidor con la concesionaria y el fabricante de un vehículo, tras la rotura de la correa de distribución poco después de cumplirse el plazo de garantía.

Todo comenzó cuando el reclamante adquirió un automóvil 0 km en enero de 2015. A partir de esa fecha, el usuario realizó los servicios de mantenimiento programados en la concesionaria, cumpliendo con los controles a los 10.000, 20.000, 30.000 y 40.000 kilómetros, tal como lo exige el fabricante.

El conflicto surgió cuando, en abril de 2017 y con 47.000 kilómetros recorridos, el vehículo sufrió una rotura grave en el sistema mecánico tras el corte de la correa de distribución. La reparación fue rechazada tanto por la concesionaria como por el fabricante, quienes argumentaron que la garantía ya no se encontraba vigente y que el cambio de la correa era una tarea de mantenimiento ordinario, asignada al usuario.

En la demanda, el consumidor sostuvo que el vehículo presentaba un defecto de fábrica conocido por la marca y que el servicio técnico no había realizado el recambio preventivo cuando correspondía. Además, argumentó que la información brindada por la concesionaria resultó ambigua y que el costo de la reparación debía estar cubierto por la garantía. El reclamo incluyó indemnizaciones por reparación, privación de uso y desvalorización del automóvil, además de daños punitivos.

La defensa de las firmas involucradas negó haber incurrido en incumplimientos y sostuvo que la correa de distribución constituye una pieza de desgaste cuyo recambio depende del uso y el tiempo, por lo que su reemplazo corresponde al propietario. De acuerdo con la contestación, el usuario fue notificado en mayo de 2016 de la conveniencia de cambiar la correa antes de noviembre de ese año, coincidiendo con el plazo de dos años de uso indicado en el manual oficial del vehículo.

El fallo, expone que la relación entre el consumidor y las empresas se encuentra regulada por la ley 24.240, de Defensa del Consumidor, y que, en este contexto, las obligaciones de información y servicio deben analizarse considerando la asimetría entre las partes. La sentencia consideró probado que el reclamante realizó todos los servicios programados, pero también que recibió la advertencia sobre la necesidad de efectuar el recambio de la correa por tiempo y no solo por kilometraje.

La rotura de la correa de distribución ocurrió tres meses después de superado el plazo recomendado de dos años por el manual de mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el dictamen del perito ingeniero mecánico, el manual de mantenimiento del fabricante señala que el reemplazo de la correa debe realizarse a los 80.000 kilómetros o dos años, lo que ocurra primero. El análisis técnico detalló que la rotura se produjo tres meses después de cumplidos los dos años, superando el lapso recomendado para el recambio.

Además, la resolución judicial destacó que el manual entregado al propietario especifica que la correa de distribución está excluida de la garantía en tanto se trata de una pieza de desgaste natural por uso. En este sentido, la jueza a cargo del tribunal entendió que los responsables del servicio informaron debidamente al usuario sobre los plazos y condiciones de mantenimiento, y que la negativa a efectuar el recambio dentro del periodo sugerido desplazó la responsabilidad a la esfera del consumidor.

Otro de los puntos abordados en la sentencia fue la ampliación de la demanda, en la que el reclamante alegó la existencia de campañas de recall por defectos en la cadena de distribución de modelos similares. El juzgado evaluó que no existían pruebas suficientes en el expediente que confirmaran el llamado a revisión para el vehículo en cuestión.La sentencia concluyó que la correa de distribución es una pieza de desgaste excluida de la garantía, según las cláusulas del fabricante. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el análisis de la prueba, el tribunal valoró que el consumidor no aportó elementos que acreditaran una falla de fábrica o un defecto oculto en la correa, sino que el desgaste correspondió al uso y al transcurso del tiempo, de acuerdo con lo previsto por el fabricante. Tampoco se acreditó que la concesionaria hubiera omitido el deber de información o que hubiera existido mala fe en el asesoramiento brindado.

De acuerdo con la resolución, la jueza consideró que el usuario fue debidamente advertido sobre la necesidad del recambio y que la omisión de realizarlo dentro del plazo recomendado exime de responsabilidad tanto a la concesionaria como a la fabricante.

El fallo puntualizó que la garantía cubre defectos de fabricación, pero no aquellas piezas sometidas a desgaste regular, como la correa de distribución, cuyo reemplazo depende del uso y del tiempo transcurrido. En este caso, la recomendación técnica y la documentación aportada resultaron suficientes para acreditar que la obligación de cambio recaía sobre el titular del vehículo.

https://d3b21ca2c465ca37b0965a5101a2670e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.htmlEl fallo judicial determinó que la concesionaria informó debidamente al consumidor sobre el plazo límite para el recambio de la correa. (Imagen Ilustrativa )

En relación a los daños reclamados, el tribunal rechazó la procedencia de los rubros indemnizatorios, al no haberse verificado incumplimiento contractual por parte de las empresas demandadas. La sentencia también descartó la aplicación de daño punitivo, al no configurarse una conducta temeraria o de especial reproche por parte de las firmas involucradas.

La magistrada resolvió imponer las costas del proceso al demandante, en su carácter de vencido, y postergó la regulación de los honorarios profesionales para una etapa posterior, conforme la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires.

Concejales justicialistas avanzan en la agenda política centrada en la gestión en contexto de crisis

18 abril, 2026 por Redacción

La Liga de Concejales Justicialistas de Entre Ríos realizó su segundo encuentro en Concordia. El evento contó con la participación de más de 50 ediles de distintos puntos de la provincia, con el objetivo de construir una agenda política común centrada en la gestión municipal en contexto de crisis.

La jornada se desarrolló en el salón de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) de Concordia, donde los ediles debatieron una agenda centrada en los desafíos que enfrentan los gobiernos locales ante el recorte de recursos nacionales y provinciales.

La presidenta del bloque justicialista de Concordia, Carolina Amiano, y anfitriona del encuentro, señaló que “primero fue el encuentro provincial en Paraná, para construir una agenda común y, ahora, Concordia fue sede de una nueva convocatoria con un eje claro: cómo gestionar en tiempos de crisis. Porque mientras caen los recursos y aumentan las demandas, los municipios siguen dando respuestas todos los días”. Al respecto, precisó que “frente a eso, elegimos hacer lo que siempre hizo el peronismo: organizarnos, escuchar, compartir experiencias y transformar los problemas en soluciones concretas. No alcanza con discursos ni con excusas. Hace falta gestión, planificación y compromiso real con nuestra gente”.

En ese marco, la presidenta del bloque Más para Entre Ríos del Concejo Deliberante de Paraná, Luisina Minni, contó que “este segundo encuentro fue muy productivo, porque comenzamos a construir en contenido lo que queremos demostrar con esta Liga, es decir, la importancia de los gobiernos locales y su contracara cuando gestiona un gobierno peronista”. En ese sentido, destacó que “ante un Estado nacional que se retira y un Estado provincial que también desaparece, los gobiernos locales tienen más importancia y relevancia, por lo que es relevante la escucha activa y tender la mano, que es lo que hacen los gobiernos peronistas cuando gestionan”.

En tanto, el presidente del bloque de concejales peronistas en Concepción del Uruguay, Juan Martín Garay, celebró “esta posibilidad del segundo encuentro” y apuntó que “estamos pensando el tercero, así que implica una necesidad de crecimiento, movilización y fortalecimiento de un ámbito de diálogo tan necesario para el peronismo”. También destacó el rol estratégico de los Concejos Deliberantes: “En todas las provincias no tenemos legisladores provinciales, pero en cada una de las ciudades tenemos concejales, así que es el trabajo”.

La jornada se desarrolló en el salón de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra)

Intendentes obsecuentes ante el repliegue del Estado
Por otro lado, el presidente del bloque Más por Entre Ríos de Gualeguaychú, Emiliano Zapata, apuntó contra la narrativa de los intendentes afines al gobierno nacional y provincial, como Francisco Azcué y Mauricio Davico. En ese sentido, advirtió que “la inacción de los intendentes alineados con Javier Milei y Rogelio Frigerio le quita posibilidad de acción a los municipios y capacidad de respuestas hacia los vecinos”, y cuestionó que esos intendentes “destacan las obras con recursos propios sin advertir el impacto real del desfinanciamiento”. Para Zapata, “la transferencia de responsabilidades y el repliegue del Estado nacional y provincial obliga a las comunas a hacerse cargo de servicios y funciones que Nación y provincia ya no garantizan”.

El secretario de Hacienda y Producción de la Municipalidad de Paraná, Alexis Bilbao.

Coparticipación y experiencia de gestión
En la oportunidad, también el secretario de Hacienda y Producción de la Municipalidad de Paraná, Alexis Bilbao, expuso sobre las finanzas de los municipios y cómo se organizó la capital provincial ante los recortes ejecutados desde Nación y provincia y la discrecionalidad en la distribución de Aportes No Reintegrables por parte del gobierno de Rogelio Frigerio.

En ese marco, los ediles compartieron experiencias de gestión, analizaron el impacto de la reducción de la coparticipación en los municipios y discutieron estrategias para sostener las respuestas que las comunidades demandan día a día.