La causa coimas Urribarri avanza hacia el juicio oral en Entre Ríos con un escenario cada vez más comprometido para el exgobernador Sergio Urribarri, sobre quien pesa un pedido de diez años de prisión por delitos vinculados a corrupción en la administración pública. El expediente, iniciado en 2018, ya fue elevado a juicio y se espera en el corto plazo la fijación de una fecha para el debate.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano sostienen que el exmandatario tuvo un rol central en el direccionamiento de contrataciones a favor de la empresa Relevamientos Catastrales SA, propiedad del empresario Cardona Herreros. Según la acusación, la firma fue beneficiada para desarrollar e implementar un software en distintas áreas del Estado provincial en condiciones irregulares.
En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales adelantaron que solicitarán una condena de diez años de prisión para Urribarri y nueve años para el empresario. La causa coimas Urribarri se apoya en una estructura que, según la investigación, funcionó durante varios años dentro del Estado entrerriano.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, se conformó una mesa operativa integrada por funcionarios públicos y representantes de la empresa con el objetivo de facilitar la adjudicación de contratos. El mecanismo incluía el acceso privilegiado a información clave para asegurar que la firma resultara adjudicataria en licitaciones públicas.
El punto central de la acusación es la existencia de un esquema de sobreprecios. Según los investigadores, en cada contratación se incluía un excedente del 25 por ciento que luego era distribuido entre funcionarios y empresarios. El contrato inicial superaba los 10,5 millones de pesos y habría derivado en pagos indebidos por más de 3 millones.
Siempre según la acusación, Urribarri habría recibido el 36,47 por ciento del monto correspondiente al sobreprecio, además de pagos mensuales durante más de un año. Con el paso del tiempo, las ampliaciones contractuales elevaron el total de la operación a 26,8 millones de pesos, incrementando también los montos destinados a retornos ilegales.
En paralelo, la causa coimas Urribarri sumó un elemento clave en las últimas etapas: las confesiones de exfuncionarios. Cuatro exintegrantes del gobierno provincial admitieron haber cobrado coimas en el marco de juicios abreviados, lo que les permitió acceder a penas condicionales sin cumplimiento efectivo en prisión.
Entre quienes reconocieron su participación se encuentran el exministro de Trabajo Guillermo Smaldone, el exdirector de Ajustes y Liquidaciones Miguel Ángel Ulrich, el exsecretario de Hacienda José Humberto Flores y el exsubsecretario de Presupuesto Luis Alfonso Erbes. Todos intervinieron en distintas instancias del proceso licitatorio investigado.
Desde el punto de vista jurídico, estas confesiones no implican automáticamente una responsabilidad penal para Urribarri. Sin embargo, fortalecen la acusación fiscal en torno a la existencia de un esquema sistemático de corrupción dentro de la administración pública.
La defensa del exgobernador rechaza todas las imputaciones. Sostiene que las decisiones adoptadas durante su gestión fueron auditadas y aprobadas por los organismos de control del Estado. Además, cuestiona la incorporación de pruebas provenientes de otros expedientes, al considerar que no pudieron ser debidamente controladas, lo que —afirman— afecta el derecho a una defensa eficaz.
Urribarri está imputado por negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y cohecho. En su estrategia, también remarca que las confesiones de otros imputados no generan presunción de culpabilidad en su contra ni en la del empresario Cardona Herreros.
El contexto judicial se vuelve aún más delicado para el exmandatario si se tiene en cuenta que ya cuenta con una condena previa de ocho años de prisión por delitos de corrupción. Este antecedente incrementa el peso político e institucional del proceso en curso.
Mientras se aguardan definiciones del Superior Tribunal de Justicia sobre planteos pendientes de la defensa, la causa coimas Urribarri entra en una etapa decisiva. El juicio oral será el ámbito en el que se determinará la responsabilidad penal de los acusados en uno de los expedientes más relevantes de corrupción en la historia reciente de Entre Ríos.
