La Justicia entrerriana vuelve a moverse, una vez más, con paso cansino, tiempos elásticos y reflejos tardíos, en una de las causas de corrupción más graves y documentadas que haya sufrido la provincia. Recién ahora, tras años de dilaciones, recursos, vericuetos procesales y silencios incómodos, se fijó para este miércoles 4, a las 10 de la mañana, una audiencia para tratar dos nuevos acuerdos de juicio abreviado en el marco de la megacausa de las Coimas, el entramado sistemático de retornos ilegales que tuvo como figura central al exgobernador Sergio Daniel Urribarri.
Urribarri, vale recordarlo, ya fue condenado a 8 años de prisión en el megajuicio por corrupción, sentencia que hoy duerme en los despachos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la espera de un recurso extraordinario federal. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal mantiene vigente un pedido de 10 años de cárcel, reflejo de la magnitud del daño institucional, económico y moral provocado. Sin embargo, la sensación social persiste: la Justicia llega tarde, actúa con cautela excesiva y carece de la firmeza que la gravedad de los hechos exige.
Luego de que en 2025 el exministro de Trabajo de Urribarri, Guillermo Smaldone, reconociera haber cobrado coimas mediante un juicio abreviado —admisión que confirmó lo que durante años se denunció y se negó—, ahora es el turno de otros dos engranajes de ese esquema aceitado de saqueo estatal: Miguel Ángel Ulrich, exdirector de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía, y Humberto Flores, exsecretario de Hacienda de la Provincia.
Según el requerimiento fiscal original, para Ulrich se solicitó una pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y multa, mientras que para Flores se pidió 3 años de prisión condicional, también con inhabilitación perpetua. Montos y condenas que, para buena parte de la sociedad entrerriana, lucen exiguos frente a la magnitud del perjuicio y al descaro con el que se operó durante años.
La audiencia será presidida por el juez Juan Francisco Malvasio. Otro capítulo más de un proceso judicial extenso, fragmentado y agotador, que avanza a una velocidad incomprensible para quienes cumplieron religiosamente con sus impuestos y hoy observan cómo los responsables de haberlos robado negocian penas mientras el tiempo diluye responsabilidades.
El abecé del saqueo
La causa investiga el pago sistemático de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamientos Catastrales SA, a funcionarios del gobierno de Urribarri. No se trata de sospechas vagas ni conjeturas políticas: la investigación reconstruyó montos, rutas del dinero, beneficiarios, porcentajes y mecanismos, con una precisión quirúrgica basada en correos electrónicos, planillas contables, mensajes y expedientes oficiales.
En marzo de 2024, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano detallaron cómo, licitación tras licitación, cada pago del Estado activaba automáticamente el circuito de retornos ilegales, identificados bajo la sigla “PLM”, una suerte de contabilidad paralela del delito.
Las cifras son obscenas, los porcentajes reveladores y los destinatarios conocidos. Desde millones distribuidos entre funcionarios, empresarios y “equipos”, hasta pagos fijos “destinados al jefe”, en alusión directa al entonces gobernador. Todo ello mientras la provincia acumulaba déficits, postergaciones y carencias estructurales.
La investigación también acreditó compras de pasajes aéreos, electrodomésticos, alfombras, objetos costosos y servicios personales, entregados en domicilios particulares, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, a familiares directos del exmandatario. Un nivel de impunidad que solo puede explicarse por la certeza de que nadie los tocaría durante años.
Justicia lenta, daño permanente
El Ministerio Público Fiscal dejó plasmado, con abundante prueba, que cada pago provincial disparaba el reparto de coimas. Cheques, efectivo, facturación falsa, servicios simulados, empresas pantalla. Todo documentado. Todo probado. Todo esperando sentencia firme.
Y es ahí donde aparece la pregunta incómoda: ¿por qué, con semejante volumen probatorio, la Justicia sigue administrando los tiempos como si se tratara de un expediente menor? ¿Por qué los entrerrianos deben asistir a acuerdos abreviados, penas negociadas y condenas que parecen más preocupadas por cerrar expedientes que por restituir confianza pública?
Las penas solicitadas —que incluyen hasta 10 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua— contrastan con una realidad judicial que avanza con cautela extrema frente a delitos que vaciaron al Estado y quebraron la credibilidad institucional.
Mientras tanto, los ciudadanos que pagaron impuestos, tarifas y contribuciones siguen siendo los grandes ausentes en el proceso, los verdaderos damnificados de un saqueo vil y organizado, que no solo se llevó dinero, sino también oportunidades, desarrollo y futuro para Entre Ríos.
La megacausa de las Coimas no es solo un expediente judicial: es un espejo incómodo de lo que ocurre cuando la corrupción se naturaliza y la Justicia tarda en reaccionar. Y cada día que pasa sin resoluciones firmes, sin condenas efectivas y sin un mensaje claro, el daño se profundiza.
