Cobertura de la actualidad judicial en Entre Ríos, Corrientes y el Litoral argentino, con seguimiento de causas, fallos, investigaciones y decisiones de la Justicia. Un enfoque que busca aportar contexto, antecedentes y análisis sobre el funcionamiento del sistema judicial.
Causa Bordet: Lo que surge del escrito del fiscal José Arias no es apenas una enumeración de cifras, viajes y declaraciones juradas. Es el retrato obsceno de una dirigencia que, mientras miles de entrerrianos sobrevivían entre salarios pulverizados, pobreza creciente y hospitales colapsados, parecía vivir en una dimensión paralela de privilegios, silencios y lujos inexplicables.
En el documento presentado ante el juez de Garantías para obtener autorización de allanamientos, Arias expone con crudeza lo que considera una trama de ocultamientos patrimoniales, inconsistencias fiscales y movimientos internacionales imposibles de justificar con los ingresos declarados. Y cuanto más se avanza en la lectura, más indignación provoca.
El fiscal describe primero las presuntas falsedades en las declaraciones juradas presentadas ante el municipio, la provincia y la Cámara de Diputados de la Nación. Allí aparece el mecanismo que, según la investigación, habría permitido “dibujar” patrimonios y licuar cifras reales. El caso más escandaloso: el lote donde Bordet construyó su “casita” en el exclusivo barrio Village Termal, declarado a apenas 10 dólares el metro cuadrado cuando su valor real rondaba los 60 dólares. Una subvaluación grotesca. Burda. Insultante.
La misma maniobra habría ocurrido con el terreno adquirido en Boulevard San Lorenzo y Chajarí, donde —según Arias— quedó al desnudo otra mentira patrimonial. El fiscal sostiene que “la diferencia detectada respecto a lo declarado ante AFIP-ARCA fue de un 330 % entre lo declarado y lo oculto”. Una cifra demoledora.
Pero el escándalo no termina ahí.
El listado de viajes NO oficiales al exterior directamente estremece. Más de 202 noches en Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Sudáfrica, México, República Dominicana, Perú, Panamá, Venezuela y otros destinos. Su esposa, la diputada Mariel Ávila, acumula 193 noches en el extranjero, incluyendo Emiratos Árabes, Tailandia y Vietnam. Una de las hijas, Lara, registra 70 noches fuera del país. Delfina, 101.
Mientras tanto, en Entre Ríos, miles de familias apenas podían llenar la heladera.
Y el fiscal todavía computa aparte el caso Uruguay. Porque lo de Uruguay, según la investigación, ya no parece turismo: parece otra cosa.
SU FASCINACIÓN CON URUGUAY
Arias le dedica un apartado especial a la obsesiva frecuencia de viajes de la familia Bordet al vecino país. Solo el exgobernador Gustavo Bordet habría ingresado 56 veces a Uruguay en viajes “no oficiales”: 40 en automóvil, 14 en vuelos comerciales, 8 en vuelos privados, 2 veces en Buquebus y hasta un viaje en tren.
El informe sostiene que Bordet pasó 187 noches en Uruguay. Seis meses enteros.
Y eso no es todo: en al menos 19 ocasiones habría ido y vuelto en el mismo día, muchas veces utilizando vuelos privados especialmente contratados. ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Qué hacía? Son preguntas que sobrevuelan cada página del expediente.
Arias concluye que “la familia Bordet ha viajado sistemáticamente a Uruguay destacándose las largas estadías… lo que podría ser indicio de que tengan propiedades, automóviles o cuentas en el exterior, además de múltiples viajes relámpago que podrían relacionarse con traslados de dinero o trámites bancarios”.
La cifra total resulta obscena: más de 200 noches de Mariel Ávila en Uruguay, 215 noches de una de sus hijas y otras 200 de Delfina.
Mientras Concordia se hundía en índices históricos de pobreza, ellos parecían vivir una verdadera dolce vita rioplatense.
EL GRAN AGUJERO NEGRO: ¿QUIÉN PAGABA TODO ESO?
Y aquí la investigación entra en una zona todavía más explosiva.
El fiscal señala que, según informes de AFIP-ARCA y resúmenes bancarios del BBVA y BERSA, Bordet y Ávila prácticamente NO utilizaban sus tarjetas de crédito o débito en el exterior. Tampoco registraban operaciones de compra de divisas desde 2019.
Entonces surge la pregunta inevitable. La pregunta que atraviesa todo el expediente como un grito:
¿Quién pagaba?
¿Cómo se sostienen cientos de noches en Francia, Alemania, Sudáfrica, Emiratos Árabes o Uruguay sin movimientos bancarios compatibles, sin compras de dólares registradas y sin consumos relevantes con tarjetas argentinas?
¿Con qué dinero vivieron más de un año fuera del país?
Arias sostiene que Bordet declaró ante AFIP-ARCA “no haber tenido consumos en el exterior”, pese a la existencia de viajes plenamente documentados.
Y remata con una frase devastadora:
“Lo expuesto coloca una sospecha fundada sobre la probable existencia de tarjetas emitidas en el exterior y/o dinero en efectivo no declarado”.
El fiscal incluso aporta un ejemplo que parece sacado de una novela de corrupción: de las 241 noches registradas en Uruguay, apenas se detectó un único consumo de 90 dólares realizado por Mariel Ávila en el restaurante La Chacra.
¿Doscientas cuarenta y una noches y solo un gasto?
La lógica se derrumba sola.
Por eso Arias concluye que podrían existir bienes inmuebles, cuentas bancarias y tarjetas emitidas fuera del país.
EL FANTASMA DE LAS SOCIEDADES OCULTAS
La investigación también pone la lupa sobre quién compraba los pasajes aéreos de la familia.
Según las respuestas de aerolíneas y entidades financieras, muchos tickets habrían sido adquiridos por una persona jurídica o empresa vinculada a una tarjeta American Express emitida en el exterior.
Y allí aparece otra sospecha explosiva:
Que Bordet podría manejar estructuras societarias fuera de la Argentina pese a haber negado reiteradamente cualquier participación empresarial.
Es decir: mientras públicamente afirmaba “no tener bienes ni sociedades en el exterior”, la investigación judicial empieza a mostrar indicios exactamente en sentido contrario.
LA IMPUNIDAD COMO FORMA DE VIDA
Quizás lo más indignante de todo no sean solamente los viajes, las sospechas de ocultamiento o los movimientos oscuros. Lo más irritante es la sensación de impunidad.
La idea de que jamás iba a pasar nada.
Porque durante años muchos dirigentes actuaron convencidos de que eran intocables. De que bastaba con hablar poco, mantener modales prolijos, controlar organismos, acomodar piezas judiciales y administrar silencios mediáticos para caminar eternamente sobre la cornisa sin caer.
Y quizás Bordet también creyó eso.
Pero el escrito fiscal describe un nivel de contradicciones tan grande que la imagen pública cuidadosamente construida empieza a resquebrajarse.
Porque mientras decía estar “a disposición de la Justicia”, su abogado Jorge Romero dejaba asentado por escrito que NO prestaban conformidad para los allanamientos en sus propiedades.
¿Eso es colaborar?
¿O simplemente ganar tiempo?
También negó tener bienes en el exterior. Negó sociedades. Negó consumos. Negó prácticamente todo.
Pero ahora la documentación incorporada por organismos públicos y privados empieza a dibujar otra historia. Mucho más oscura. Mucho más incómoda.
Y si algo deja este expediente es una sensación brutal:
La de una clase política que durante años pareció vivir por encima de la ley, mientras millones de argentinos hacían esfuerzos desesperados simplemente para llegar a fin de mes.
En voto dividido la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó la queja planteadea por el exgobernador Sergio Daniel Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros en le megacausa de las Coimas. La vocal Susana Medina, que se sumó al voto de Miguel Giorgio -con la disidencia de Daniel Carubia- concluyó «que se aprecia un notorio exceso en el ejercicio de la facultad recursiva con el único propósito de originar una injustificada extensión del trámite judicial».
El inordio tiene origen en la audiencia de remisión a juicio, el 5 de junio de 2025, «oportunidad en que el Juez de Garantías (Julián Vergara) desestimó sus planteos referidos a la exclusión de evidencia; pedidos de sobreseimiento y pedidos de nulidad del requerimiento fiscal. Frente a esa decisión, adversa a sus intereses, las defensas interpusieron recursos de apelación que no fueron concedidos por improcedentes. Ante ello, se presentaron en queja ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones, las que fueron rechazadas el 5 de septiembre de 2025. Ante esa postura, los recurrentes interpusieron recursos de casación que no fueron concedidos, también por resultar improcedentes. Fueron con una queja a la Cámara de Casación, rechazada el 20 de noviembre de 2025. Y la impugnación extraordinaria, luego, que fue denegada. Así, la queja fuer resuelta por la Sala Penal del STJ.
https://drive.google.com/file/d/1cvFmpbgFyTb73tnQAyIJCmbG7NXdkmPE/preview Como había informado Entre Ríos Ahora, la Cámara de Casación Penal rechazó un recurso de queja presentado por los defensores del exgobernador Sergio Urrinarri, y del empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicados en la megacausa de las Coimas, y con pedidos de condena de 10 años de cárcel para el primero, y 9 años de prisión para el segundo.
Los defensores habían llegado en queja a Casación luego del rechazo al planteo casatorio efectuado por parte del juez de juicio Santiago Brugo y en el que, entre otros planteos, perseguían que se dictase el sobreseimiento de Urribarri en esa investigación penal. Con el votos de los vocales Marcela Davite, Marcela Badano y Gustavo Pimentel, la Cámara de Casación Penal les cerró esa vía.
“Por todo ello -dice la resolución de la Cámara-, estando suficientemente fundamentado el rechazo de los recursos casatorios oportunamente interpuestos, y no verificándose que se haya descartado erróneamente un supuesto válido para habilitar la instancia casatoria; al no verse configurado tampoco prima facie un gravamen irreparable que justifique adelantar la jurisdicción de esta Cámara; y atendiendo también al principio taxativo que rige en relación a la admisibilidad de esta instancia, siendo imprescindible la constatación del mentado gravamen irreparable, o afectación tal que permita excepcionar las reglas generales (todo lo cual no se verifica en autos), corresponde rechazar las quejas interpuestas”.
El 5 de junio último, al resolver la remisión de la megacausa a juicio, con pedido de condena a 10 años de cárcel para Urribarri y 9 años para Cardona Herreros, el juez de Garantías Julián Carlos Vergara desechó distintos planteos de las defensas, a saber: no hizo lugar a la exclusión de pruebas cuya admisibilidad fuera cuestionada por los abogados defensores; rechazó el pedido de sobreseimiento solicitado; y también denegó el pedido de nulidad del requerimiento fiscal.
El 5 de agosto el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Santiago Nicolás Brugo revisó a pedido de las defensas esa resolución de Vergara y la dejó firme. También, rechazó un recurso de queja. Ante esa resolución, lo defensores fueron con un recurso de casación, que el magistrado tampoco aceptó, y entonces le quedó la vía de la queja.
Las defensas entendieron que la resolución de Brugo, a la que consideran «arbitraria», no trató «todos los agravios sin argumentos concretos». Señalaron que «está en juego aquí la garantía del debido proceso que no es otra cosa que el cumplimiento estricto de la ley». Y señalaron que «estamos ante un gravamen irreparable de imposible reparación ulterior en razón de la violación a la garantía del debido proceso».
En su resolución, Brugo señaló que el ordenamiento legal «dispone que sólo resulta apelable por parte del `fiscal y el querellante` la resolución que dicta el sobreseimiento, en tanto el imputado podrá apelar el sobreseimiento cuando no se hubiera observado el orden que establece el art. 397 o se le hubiera impuesto al sobreseído una medida de seguridad o no se hubiere aclarado ante su pedido que el proceso no afecta su `buen nombre y honor`. No admite discusión que sólo puede apelarse por `los interesados` el dictado del sobreseimiento, no la resolución denegatoria del mismo, resultando esta última resolución inapelable».
El magistrado desestimó los recursos de queja del defensor de Urribarri, y también de los representantes legales de Carlos Haidar, otro imputado, Juan Antonio Méndez y José Candelario Pérez; del empresario Diego Armando Cardona Herreros, José Raúl Velázquez e Ignacio Díaz; y de Luis Alfonso Erbes, Andrés Bacigaluppo y Franco Azziani Cánepa.
Además, declaró abstracta la queja del exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, por cuanto el exfuncionario accedió un acuerdo de juicio abreviado y aceptó haber cobrado coimas de manos del empresario Cardona Herreros.
El caso ya fue elevado a juicio oral el 1º de agosto, aunque por vía separada las defensas recusaron a los fiscales intervinientes, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, incidente que de momento no ha sido resuelto.
La resolución
A mediados de junio último, el juez de Garantías Julián Vergara rechazó el pedido de sobreseimiento formulado por el exgobernador Sergio Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros en la causa que investiga supuesto cobro de coimas durante el urribarrismo, investigación en la que el extitular del Poder Ejecutivo tiene pedido de condena a 10 años de cárcel. Y también denegó la apelación.
En la resolución, el magistrado planteó que “no resulta procedente el recurso de apelación interpuesto por los señores defensores de los encartados Sergio D. Urribarri, Diego A. Cardona Herreros, Miguel A. Ulrich, Carlos M. Haidar, Luis A. Erbes y Guillermo Smaldone contra la resolución que le denegó el sobreseimiento puesto que esta no se encuentra incluida dentro de los supuestos expresamente previstos por el ritual para la procedencia del recurso ni se encuentra dentro decisiones que se declaran apelables”.
El juez recordó que la ley “habilita el recurso de apelación pero respecto del sobreseimiento ´concedido´ y ´no el denegado´. Dicha postura fue la adoptada por la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay en los autos ´Cuesta, Hugo Tomás s/ Abuso de Autoridad ´ (…), en donde se dijo: ´En esa faena, con la simple lectura del artículo 399 del CPP queda claro que sólo resulta apelable por parte del fiscal y el querellante la resolución que dicta el sobreseimiento, en tanto el imputado podría apelar cuando no se hubiera observado el orden que establece el artículo 397 o se le hubiere impuesto al sobreseído una medida de seguridad o no se hubiere aclarado, ante su dictado, de que el proceso no afecta el buen nombre y honor’ del sospechado”.
Vergara sostuvo que “el Código Procesal local establece de modo enfático que la denegatoria del pedido de sobreseimiento no es apelable”. Por otra parte, “tampoco resulta apelable el dictado de la resolución que deniega el sobreseimiento dado que ella no causa un gravamen irreparable puesto que la decisión de que el imputado siga sometido a la investigación forma parte de la garantía constitucional de juicio previo”.
Los defensores también apelaron la resolución dictada el 5 de junio al considerar que dicha decisión les causa un «gravamen irreparable» al no hacerse lugar a la nulidad y exclusión de la evidencia obtenida por el Ministerio Público Fiscal ya que, según su criterio, la agregación al legajo lo fue en violación a las leyes, especialmente, cuestionan la admisión de la prueba digital y/o electrónica y la incorporación de testimoniales claramente condicionadas, ambas ofrecidas por Fiscalía.
“En este sentido –dijo el juez-, adelanto que el recurso de apelación también debe rechazarse por inadmisible en atención a que lo resuelto en fecha 05/06/25 y admitir como válida la evidencia probatoria ofrecida por el Ministerio Público Fiscal y fuera cuestionada por los señores defensores no causa gravamen irreparable que habilite la admisión del recurso de apelación”.
En cambio, el juez sí hizo lugar a un recurso de apelación interpuesto por el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, que ejerce su propia defensa, que puso en crisis la resolución de Vergara que dispuso no admitir una serie de evidencias probatorias propuestas por el mencionado letrado en ejercicio de su defensa propia ya sea en el escrito de contestación ( oposición ) del requerimiento fiscal de elevación a juicio”.
La causa investiga el supuesto pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, dueño de Relevamientos Catastrales SA, a funcionarios del gobierno de Urribarri.
En un audiencia que se realizó en marzo de 2024, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano expusieron cuánto se pagó en dádivas por cada contratación entre el Estado entrerriano y las empresas que manejaba Diego Cardona Herreros.
Los cálculos son en base a un informe contable elaborado en el marco de la investigación que quieren ventilar en un juicio oral. A continuación, se transcriben parte de los «PLM» registrados en la causa, referente a cada licitación. Cabe recordar que con esa sigla quedaron asentadas las coimas en planillas, documentación y correos electrónicos, según la profusa evidencia analizada por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Licitación 1/08, la primera. Se pagó un PLM total por $3.062.000 (tres millones sesenta y dos mil pesos). En este caso, esta suma está distribuida de la siguiente manera:
36,47% para SDU (NdR: se advierte que las siglas corresponden al exgobernador Sergio Daniel Urribarri) lo que arroja una suma total de $1.000.007 (un millón siete pesos)
36,47% para equipo, que arroja la misma suma. Como equipo identificamos a quienes eran empresarios de Relevamientos Catastrales.
5,46% para JGLapo, iniciales con las cuales identificamos a José Gervasio Laporte que arroja un total de $149.713.
7,29% a una persona que no identificamos.
7% para Zurdo Ruso (NdR: en distintos pasajes de la investigación, las menciones “Ruso” hacen referencia a Luis Alfonso Erbes), que arrojó $141.940
Además del cálculo de estos pagos, había un PLM fijo de $280.000 “destinados al jefe”. “Según la evidencia que tenemos así se lo sindicaba a Urribarri y un porcentaje adicional de $40.000 otorgados por instrucciones del señor Cardona Herreros”, plasmó Yedro.
Ampliación de la Licitación 1/08: se pagó un PLM total de $1.038.000 y se distribuyó del siguiente modo:
$30.000 mensuales para Lemon que sumó $240.000.
$106.000 mensuales PLM Entre Ríos arrojando un total de $848.000
“En el marco de la contratación directa de aquella continuidad de la 1/08, el PLM ascendió a $800.000, $30.000 mensuales destinados a Entre Ríos, $50.000 mensuales para Lemon distribuidos entre tres miembros de la sociedad (Alfonso Campitelli, Diego Cardona Herreros y Jorge Zanabone) que hacen un total de $500.000 distribuidos entre los tres integrantes”, leyó la fiscal este jueves.
Y agregó: “La Licitación 48/11 arrojó un PLM total de $3.762.000 distribuidos así:
$7000 PLM uno
$7000 al Ruso que dio un total de $252.000
PLM dos $50.000 que arroja $1.800.000
PLM tres $10.000 para la Casa de Entre Ríos lo que arrojó $360.000
“En este PLM hubo una distribución interna entre los integrantes de la sociedad y cada uno cobró $180.000. Hubo otra distribución interna de $45.000 para Cardona Herreros, Campitelli y Zanabone, lo que arrojó un total de $270.000 para cada uno”, acotó la fiscal.
Licitación 84/13 del Ministerio de Trabajo tuvo un PLM total de $6.876.000. La distribución fue entre:
Guillermo Smaldone $50.000 y en total $1.800.000
MU (identificado como Mauro Urribarri) $40.000 y un total de $1.440.000
DAC $40.000 que arrojó $1.440.00
Ruso $20.000 y arrojó un total de $720.000
Turco (en referencia a Carlos Haidar) $5.000 que arrojó un total de $180.000
También hubo distribución interna.
Licitación 2/15 arrojó un PLM total de $1.836.000
Ruso $7000 arrojó un total de $126.000
Equipo $40.000. “La estimación contable va entre $540.000 y 720.000. la distribución fue reducida por lo cual los PLM dos y tres pudieron haberse visto reducidos”, dijo la fiscal.
Miguel Ulrich $5.000 mensuales que arrojaron un total de $90.000
Y una distribución entre Cardona Herreros y Campitelli de $15.000 lo cual arrojó $270.000 para cada uno.
“Estos PLM refieren concretamente a las licitaciones pero también se corroboraron otros conceptos registrados como PLM Entre Ríos”, diferenció la fiscal.
“Cada vez que se efectuaba el pago de la provincia, se ponían en marcha los PLM”
Así lo subrayó la fiscal Yedro. “Esa era la mecánica, cada vez que se efectuaba el pago de la provincia por una contratación, se ponía en marcha este sistema de distribución de PLM para funcionarios y empresarios”.
En la investigación desarrollada, los fiscales consiguieron reconstruir la ruta, los montos y los beneficiarios de los mismos, en base a las comunicaciones internas y los asientos contables. Las operatorias variaron: se libraron cheques a nombre de empresas asociadas que se registraron como “pagos de contraprestaciones ficticias o servicios simulados, facturados por terceras empresas a Relevamientos Catastrales”, también hubo dinero en efectivo, y las empresas compraron objetos y servicios para funcionarios políticos o familiares de los mismos.
“No solo tomamos en consideración mensajes de correos, anotaciones y registros hallados sino también se cotejó con asientos contables, expedientes de cada licitación, expedientes de pago. A través de la documentación que Fiscalía se ocupó de recabar, la mecánica quedó plasmada ahí”, manifestó Yedro.
La fiscal manifestó que el dinero destinado al exgobernador “era almacenado en las oficinas de Cardona”. “También se hicieron depósitos bancarios para otros funcionarios. Esto surgió de las entrevistas con las secretarias de Cardona Herreros y otros testigos”.
Pasajes, objetos y un vínculo estrecho
La fiscal mencionó la compra de pasajes aéreos para la familia Urribarri y Smaldone por parte de las empresas que conducía Cardona Herreros u otras asociadas, también la adquisición de alfombras que se entregaron en un departamento de calle Lafinur de Capital Federal (uno de los domicilios del exgobernador) y que recibió Ana Lía Aguilera, esposa de Urribarri. Las alfombras no fueron el único objeto, Relevamientos Catastrales compró una heladera y una cinta para correr que fueron entregados en el mismo domicilio de Capital Federal y que recibió la esposa del exgobernador.
Las contrataciones del Estado provincial a las empresas, la huella de los sobreprecios y las coimas, la compra de objetos costosos y pasajes aéreos desde las empresas a los funcionarios políticos y familiares. Todo queda enmarcado en el estrechísimo vínculo amistoso entre Urribarri y Cardona Herreros.
Esa relación queda expuesta a partir de cientos de mensajes telefónicos y conversaciones entre los dos principales imputados en la investigación. “Sabido es que el exgobernador usaba líneas registradas a nombres de tercero para comunicarse con algunas personas. Por ejemplo, solía usar utilizar una línea a nombre de Rubén Ángel Martínez”, apuntó la fiscal.
A continuación se publican varios de los mensajes registrados en la causa.
El Ministerio Público Fiscal, con la firma de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, remitieron a juicio la causa con un adelanto de la penas que solicitarán durante la realización de las audiencias orales y públicas.
Sergio Daniel Urribarri: la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
Diego Armando Cardona Herreros, la pena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de$540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
Al exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, la pena de 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua, multa de $90.000.
Carlos Marcelo Haidar, la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
Luis Alfonso Erbes, a la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial perpetua, multa de $360.000 comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.
Miguel Ángel Ulrich la pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $360.000, comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.
José Humberto Flores, la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $90.000.
De todos ellos, el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, zafó con juicio abreviado; esa misma beneficiará al exdirector de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Hacienda, Miguel Ulrich
El Tribunal de Cuentas realizó una presentación formal ante el Ministerio Público Fiscal para notificar la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por parte del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y de miembros de su gabinete. Es en relación a la compra de maquinaria con supuestos sobreprecios.
Las actuaciones del organismo de control se originan en la detección en 2013 de un presunto sobreprecio pagado en la compra directa de una cargadora frontal y de una retroexcavadora por parte de la Municipalidad de Santa Elena.
El organismo atribuyó la responsabilidad por este daño a la hacienda pública los entonces funcionarios Adolfo Zenón Ortiz, María Inés Martínez y Roberto Carlos Méndez y al entonces -y también actual- intendente Domingo Daniel Rossi (PJ).
En diciembre de 2022, casi 10 años después de la adquisición, el TdC remitió las actuaciones a la Municipalidad de Santa Elena para que iniciara las gestiones judiciales necesarias para recuperar el monto del perjuicio. Sin embargo, el Departamento Ejecutivo expresó formalmente que no iniciaría ninguna acción al respecto.
Según el escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal, al que accedió ANÁLISIS, ante la falta de avances en el recupero del dinero, el 5 de febrero de 2025 se iniciaron nuevas actuaciones para investigar el destino de los trámites y se libraron nuevos oficios pidiendo precisiones sobre la gestión del resarcimiento. Se vencieron los plazos y el municipio nunca contestó.
Desde la asesoría jurídica del TdC se remarcó que existe un evidente conflicto de intereses, ya que Rossi -quien por ley debería impulsar la demanda de recupero- es una de las personas señaladas como responsables del perjuicio, motivo por el cual debería haberse excusado.
Ante la situación, el lunes de esta semana el TdC notificó formalmente al Ministerio Público Fiscal “la posible comisión de un ilícito penal en los términos de los artículos 248 y 249 del Código Penal y la posible configuración de un incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Fuentes judiciales informaron que el próximo paso es analizar si se da curso a la presentación y se inicia una investigación penal preparatoria.
Otras cuentas pendientes
En al Ministerio Público Fiscal en las últimas semanas se avanzó en otro legajo que involucra al intendente de Santa Elena. Es en un expediente que se abrió tras una denuncia pública realizada el año pasado por Ariel Juárez, coordinador de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) en la localidad, quien solicitó información sobre los 170 millones de pesos que recibió de Nación el municipio en octubre de 2023 para el Parque Industrial, dinero que no se habría destinado al proyecto. Rossi ya tuvo que designar abogado
Cabe recordar que está pendiente la realización del juicio oral y público por supuesto pago de sobreprecios en una obra pública de pavimentación en el que está imputado el intendente y otros exfuncionarios. Rossi está acusado por supuesto pago de sobreprecios en una obra de pavimentación de 20 cuadras, proyecto ejecutado en 2014, y denunciado en 2016 por su concuñado y sucesor al frente de la Intendencia, Silvio Moreyra (PJ).
Por otro lado, en junio de 2006 quedó firme la condena contra Rossi, quien fue declarado como autor material y responsable del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público y, en consecuencia, se lo condenó a la pena de tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta por el término de ocho años y a abonar una multa de 90 mil pesos.
Esa causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 1° de diciembre de 2009 la dejó firme. Actualmente, en la Fiscalía de Paraná hay abierto un expediente en la que se investiga nuevamente el delito. En el legajo también se encuentra Patricia Díaz, esposa de Rossi y senadora provincial (PJ – La Paz).
El caso de Gustavo Bordet por presunto enriquecimiento ilícito vuelve a poner en discusión el rol de la Justicia en Entre Ríos, tras los recientes allanamientos en Concordia.
La transparencia que no llega a la Justicia entrerriana
En la Argentina se le exige transparencia a la política. Se la declama, se la reclama y se la utiliza como bandera electoral. Pero hay un poder que, paradójicamente, muchas veces queda fuera de ese escrutinio: la Justicia.
Si bajamos la lupa a la provincia de Entre Ríos, el problema deja de ser abstracto y se vuelve incómodamente concreto. Aquí, las causas no siempre avanzan. Muchas parecen quedar “fondeadas” en algún archivo húmedo, esperando el paso del tiempo más que la llegada de la verdad.
Los casos emblemáticos sobran. La causa de los contratos truchos, el megajuicio que terminó con condenas a figuras como Sergio Urribarri y una larga lista de expedientes que sobreviven más por inercia que por impulso judicial configuran un patrón que la sociedad ya reconoce.
Allanamientos a Gustavo Bordet: el caso que vuelve a poner el foco
Este 4 de mayo de 2026, la Justicia ordenó allanamientos en propiedades del ex gobernador en Concordia, incluyendo su residencia en calle Urquiza, una vivienda lindera y su casa en el barrio privado Village Termal.
El procedimiento, impulsado por el fiscal José Emiliano Arias, apunta a reconstruir el patrimonio del actual diputado nacional y su entorno familiar.
La hipótesis es contundente: un incremento patrimonial desproporcionado entre 2007 y 2023, período en el que Bordet fue intendente de Concordia y luego gobernador de Entre Ríos.
La investigación incluye inmuebles, transferencias bancarias, viajes al exterior y presuntas maniobras mediante personas interpuestas. También aparecen nombres del círculo cercano, como el ex funcionario Franco Ferrari y allegados a la familia.
La falta de celeridad judicial como problema estructural
Más allá del caso puntual, el problema de fondo es otro y más profundo: la falta de celeridad en los procesos judiciales.
Cuando la Justicia tarda, expone innecesariamente a los sospechados sin resolver su situación, debilita su propia credibilidad y alimenta la sospecha de que los tiempos judiciales responden más a conveniencias políticas que a criterios técnicos.
Investigar corrupción no es sencillo. Requiere peritos capacitados, recursos económicos adecuados y una independencia real. Pero también exige decisión.
Y eso es lo que hoy está en discusión en Entre Ríos.
El rol del fiscal José Emiliano Arias en una causa clave
El fiscal Arias tiene ante sí una oportunidad concreta de demostrar que la Justicia en Concordia puede estar a la altura de las circunstancias.
No se trata únicamente de avanzar en un expediente. Se trata de establecer un precedente que rompa con años de desconfianza acumulada.
La pregunta que comienza a instalarse es inevitable: ¿se avanzará hasta las últimas consecuencias o se repetirá el esquema de investigaciones que se diluyen con el tiempo?
Lo que no se dice sobre los allanamientos
Hay elementos que generan dudas y que no pueden ser ignorados. Uno de ellos es la anticipación pública de los procedimientos.
Esto abre un interrogante básico pero contundente: ¿qué puede encontrar un allanamiento que ya fue anunciado?
A esto se suma la ausencia de referencias concretas a figuras señaladas en distintas versiones como posibles operadores clave dentro de una estructura mayor, identificados en ámbitos políticos y judiciales como “HB” y “PO”.
Si esas líneas no se investigan, el riesgo es evidente: limitar la pesquisa a un recorte menor de un entramado potencialmente mucho más amplio.
Entre Ríos frente a una deuda institucional persistente
Tal vez el problema no sea un caso aislado, ni un fiscal en particular, ni siquiera un ex gobernador.
Tal vez el problema sea un sistema donde la política construye poder, la Justicia llega tarde y la sociedad termina naturalizando esa dinámica.
En ese contexto, cada nueva causa relevante deja de ser solo un expediente judicial y pasa a ser una prueba de funcionamiento institucional.
Una oportunidad para recuperar la confianza pública
Si esta vez la Justicia decidió avanzar en serio, tiene una oportunidad concreta de demostrar idoneidad, independencia y compromiso con la responsabilidad institucional que le delegan los ciudadanos.
Pero si no lo hace, la consecuencia será aún más profunda que la falta de condenas: será la consolidación de la desconfianza.
Y en una provincia atravesada por la desigualdad y la falta de respuestas estructurales, esa desconfianza no es un dato menor.
Los allanamientos a Bordet en Concordia comenzaron este lunes por la mañana en tres propiedades del ex gobernador, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
A las 8 de la mañana de este lunes se iniciaron en Concordia los allanamientos a tres propiedades del ex gobernador Gustavo Bordet (PJ), en el marco de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
Los procedimientos comenzaron en la histórica residencia del matrimonio de Bordet con la diputada provincial Mariel Ávila, en calle Urquiza 867 en el centro de la ciudad y en una casa lindera, en Salta 66. El trámite judicial alcanza también a la quinta que la pareja edificó en los últimos años, en el barrio cerrado Village Termal, en avenida Monseñor Rosch.
La casa de fin de semana de Gustavo Bordet, en el barrio cerrado Village Termal.
Las medidas fueron solicitadas por el fiscal de Concordia, José Emiliano Arias, que lleva adelante la pesquisa sobre el patrimonio del actual diputado nacional, que días atrás informó que renunciaba a la protección que le brindan los fueros parlamentarios para procedimientos de esta naturaleza.
Cabe recordar que hace dos semanas fue allanada en Paraná la casa de la hija mayor del ex gobernador, Florencia Gabriela Bordet, que no está protegida por los fueros legislativos. La vivienda está ubicada en calle Alsina en la capital provincial.
Los allanamientos tienen por objeto proceder al secuestro de documentación vinculada a cuestiones patrimoniales o comerciales, recibos de sueldo, libros contables, facturas, recibos, escrituras y boletos de compraventa, entre otros papeles. La pesquisa abarca a Bordet, a su esposa, a sus dos hijas mayores de edad, al ex secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari, y a Sonia Alejandra Romero, allegada a la familia.
Otra de las propiedades allanadas queda en calle Santa y se conecta con la de calle Urquiza.
También se procederá al secuestro de teléfonos celulares, computadoras y dispositivos informáticos y a la constatación de los inmuebles mediante fotos, videos y tareas de planimetría.
Además, se realizará una requisa personal de los individuos que se encuentren en los domicilios y también en los vehículos que estén en los lugares.
“Durante el período comprendido entre 2007 y 2023, Gustavo Eduardo Bordet, desempeñándose como intendente de Concordia y gobernador de Entre Ríos, habría incrementado desproporcionadamente su patrimonio a partir de la adquisición de bienes muebles e inmuebles”, es la hipótesis de la investigación.
La investigación pone el foco también en los viajes del matrimonio.
También se considera que “a dicho fin habrían tomado intervención como personas interpuestas Silvia Mariel Ávila, María Alejandra Lanaro (primera esposa de Bordet), y sus hijas, sin perjuicio de otras personas físicas y jurídicas a determinar”.
La calificación legal es enriquecimiento ilícito, delito establecido en el artículo 268 del Código Penal.
Los argumentos del fiscal
“Se trata de un caso de suma gravedad en tanto se investiga un delito que habría sido cometido por el ex intendente de nuestra ciudad y ex gobernador de nuestra provincia, contra el patrimonio que debía proteger”, argumentó el fiscal Arias en los pedidos correspondientes. “La información que se viene recibiendo de diversos organismos respalda la hipótesis delictiva”, agregó, según la documentación a la que accedió ANÁLISIS.
En cuanto a inversiones inmobiliarias, la investigación apunta a al menos diez inmuebles adquiridos por el matrimonio Bordet – Ávila en el período establecido y pone el foco en presuntas omisiones y subvaluaciones por parte del diputado nacional en las sucesivas declaraciones juradas que presentó.
La pesquisa también refiere a viajes no oficiales al exterior realizados por la pareja “que no serían compatibles con el nivel de ingresos familiares” y a los gastos y consumos efectuados en esos periplos.
Otro punto investigado son una serie de transferencias bancarias realizadas por el ex funcionario Ferrari y por Sonia Romero, que fue integrante de la Secretaría Privada de Bordet durante su segundo mandato para luego pasar ambos a la planta permanente de la Cámara de Senadores de la provincia.
Las propiedades allanadas
En los procedimientos en Concordia intervienen funcionarios policiales, Policía Científica y delegados juidiciales.
En 2000 Bordet compró la casa de Concordia que en la ciudad se conoce como “la residencia”, ubicada en calle Urquiza al 867. Se trata de una casona antigua de 357 metros cuadrados ubicada en pleno centro, que perteneció a los abuelos del ex gobernador.
Uno de los móviles policiales en la cuadra de la casa de Bordet (Foto: Diario Río Uruguay).
En 2007, el 10 de diciembre, mismo día de su asunción como intendente de Concordia, Bordet compró la casa en calle Salta 66. La propiedad queda a la vuelta de su casa de calle Urquiza y las viviendas se conectan por el fondo.
La de calle Salta tiene 284 metros cuadrados y fue adquirida por Bordet con un crédito del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas.
La casa de fin de semana de los Bordet está ubicada en Villa Zorraquin en el marco de un proyecto inmobiliario y turístico que comenzó a gestarse en 1996, impulsado por los hermanos Anselmi y el empresario Jorge Aguirre que fue noticia en 2018 cuando murió en un incendio de una propiedad ubicada en la zona.
En el barrio Village Termal se paga el metro cúbico de agua termal a precio del litro de nafta.
El desarrollo, denominado Village Termal, incluye la perforacion termal, tres hoteles y el exclusivo barrio privado, el primero en su tipo. Los hoteles son H20, Mayim y Amanzi, que es propiedad de la sociedad denominada Innova Turismo, que integran Horacio Bechara, Jose Ostrosky y Sofia Riquelme, esposa del exfuncionario y exdiputado provincial Pedro Báez, actualmente con prisión domiciliaria por el denominado Megajuicio, por delitos de corrupción, por el que está también condenados Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera.
Bordet compró dos lotes en el predio. Primero uno de 1.225 metros cuadrados en septiembre de 2016. Luego adquirió otro en diciembre de 2020, de 1.184 metros cuadrados. En ellos edificó una casa de dos pisos con pileta, una de las primeras que se habitaron en el complejo.
Nota de Redacción: La escena abre más interrogantes que certezas. ¿Esta vez el fiscal irá a fondo o estaremos frente a un nuevo “ensayo simulado” destinado a entretener y calmar a las fieras? Cabe una pregunta inevitable: ¿qué puede encontrar un allanamiento previamente anunciado? Llama la atención, además, la ausencia de referencias a quienes serían señalados como principales recaudadores, identificados como “HB” y “PO”, sobre quienes no solo recaen versiones insistentes, sino también la necesidad de investigar sus cuantiosas inversiones tanto en Concordia como en el exterior. En ese contexto, la eventual capitalización atribuida a Bordet podría resultar incluso insignificante frente a una estructura de acumulación mucho más amplia y difícil de dimensionar. Si la Justicia decidió actuar en serio esta vez, tiene ante sí una oportunidad concreta de demostrar idoneidad y compromiso con la responsabilidad institucional que le delegan los ciudadanos, quienes la sostienen con sus impuestos y contribuciones.
El juez de juicio Gervasio Labriola rechazó los recursos de apelación planteadas por las defensas del exgobernador Sergio Urribarri y del empresario Diego Armando Cardona Herreros, ambos imputados en una causa por enriquecimiento ilícito. Labriola confirmó lo resuelto por el juez de Garantías Mariano Budasoff, aunque de momento las audiencias de remisión a juicio seguirán suspendidas hasta tanto se resuelva ese incidente.
Los defensores de Urribarri y de Cardona Herreros acudirán ahora a la Cámara de Casación para insistir con sus planteos.
El último viernes 27 de marzo, Budasoff rechazó el planteo de sobreseimiento para el extitular del Ejecutivo entrerriano formalizado por su defensor Miguel Cullen, y también por los representantes legales del coimputado Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamientos Catastrales SA, que es defendido por José Raúl Velázquez e Ignacio Díaz.
El magistrado declaró “improcedente el recurso de apelación” contra la resolución dictada oralmente durante los días 25 y 26 de marzo de 2026 “en cuanto rechazo los pedidos de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 67 del Cód. Penal, afectación de la garantía de plazo razonable y afectación de la garantía de ´ne bis in idem´ -el principio ne bis in idem prohíbe juzgar o sancionar a una persona dos veces por el mismo hecho, NdelR)”.
En cambio, el magistrado concedió “con efecto suspensivo el recurso de apelación” interpuesto por los defensores “contra la resolución dictada oralmente durante los días 25 y 26 de marzo de 2026 en cuanto rechaza los planteos de exclusión probatoria de los informes I0376 e I0280 del Gabinete de Informática Forense y los elementos secuestrados en el allanamiento realizado en el inmueble ubicado en Av. Sesquicenteneario N° 4540, Ruta Nacional 197 Country Club San Jorge Village, manz. 21, parcela 8 de la localidad de Los Polvorines, partido Malvinas Argentinas de la Provincia de Buenos Aires”.
El efecto suspensivo implica la paralización de las audiencias de remisión a juicio hasta que el recurso sea resuelto por el Tribunal de Juicios y Apelaciones. Efectiamente, eso fue lo que ocurrió: hasta que Labriola resuelva la apelación, la remisión a juicio quedó paralizada.
Las audiencias se habían conccretado los días 25 y 26, pero este vierrnes quedaron en compás de espera.
Originalmente, la tramitación de las audiencias de remisión de la causa a juicio -pedida en 2023 por Fiscalía- se programó para los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 31 de marzo de 2026, y los días 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril, a partir de las 9, en el Salón de Audiencias Nº 1 de los Tribunales de Paraná. Ese esquema quedará modificado en virtu de la reprogramación que ordenó el magistrado.
En noviembre de 2023, el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio oral de la causa por enriquecimeinto que involucra al exgobernador Sergio Urribarri. El dos veces titular del Poder Ejecutivo ya fue condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio; y tiene pedido de remisión a juicio en una causa por coimas, con una solicitud de pena de 10 años de cárcel.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la causa por enriquecimiento con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de cárcel. En tanto, para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicado en esa investigación, los fiscales solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, para Rubén Ángel Martínez, 3 años de prisión de cumplimiento condicional.
Uno de los tres imputados en esa causa, Rubén Martínez, un jubilado de más de 70 años, quedó afuera del juicio oral en mayo de 2024.
El juez de Garantías Julián Vergara refrendó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba -probation-, por un plazo de 3 años, que benefició a Rubén Ángel Martínez, imputado en calidad de partícipe en la investigación penal que pesa sobre el exgobernador Urribarri por enriquecimiento ilícito. Al Urribarri le reprochan que no pudo justificar el aumento patrimonial de 7 millones de dólares, maniobras de las que habría participado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamiento Catastrales SA, que fue contratista del Estado entrerriano durante el urribarrismo, y también Martínez, aunque en un rol menor.
Martínez, un jubilado de 72 años a quien el Ministerio Público Fiscal le reprocha que en 2011 adquirió un vehículo a su nombre y que luego tramitó una tarjeta azul para que pueda disponer de él uno de los hijos del exgobernador, Mauro Urribarri, y la esposa del extitular del Ejecutivo, Ana Lía Aguilera. Además, le reprochan que “colaboró” con el enriquecimiento al posibilitar el ingreso al país de obras de arte traídas de Europa con destino a los Urribarri.
El acuerdo de juicio abreviado fue presentado ante el juez Vergara por el defensor de Martínez, Tomás Vírgala, con anuencia de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano.
“Soy muy buen vendedor. Empecé a trabajar para empresas americanas que vendían cable coaxil. Hasta 2001, que vinieron los radicales y pasó lo que pasó”, dijo Martínez. “Nunca me pasó algo así -aseguró, en relación a estar involucrado en una causa judicial-. A esta edad”.
A Martínez la Fiscalía le había pedido 3 años de prisión de ejecución condicional. Y le habían solicitado que se lo condene además al pago de una multa de $117 mil y 7.000 dólares.
Pero la defensa de Martínez propuso pagar la mitad de ese monto en epsos, $58.500, la mitad de la multa en dólares, 3.500 dólares. Los $58.500 los abonará en una sola cuota, por transferencia bancaria; y la cifra en dólares, 20 cuotas, en pesos, al valor oficial. Aunque con actualización según el Índice de Precios al Consumidor.
En cuanto a la reparación del daño producido al Estado, Martínez asumió el pago de 36 cuotas de $10 mil que propuso donar al Hospital San Roque, monto también que se actualizará según el Índice de Precios al Consumidor.
En reemplazo de las 96 horas de trabajo en beneficio de una institución de bien público, que no podrá hacer por razones de salud -es hipertenso, tiene 72 años- pagará una reparación económica: 12 cuotas de $30 mil a una institución que designará la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial.
El defensor de Martínez pidió además que se levanten los embargos sobre sus cuentas bancarias, medida que dispuso en el marco de la causa por enriquecimiento de Urribarri el juez de Garantías Elvio Garzón. En ese punto, la petición se tramitará por separado.
La causa coimas Urribarri avanza hacia el juicio oral en Entre Ríos con un escenario cada vez más comprometido para el exgobernador Sergio Urribarri, sobre quien pesa un pedido de diez años de prisión por delitos vinculados a corrupción en la administración pública. El expediente, iniciado en 2018, ya fue elevado a juicio y se espera en el corto plazo la fijación de una fecha para el debate.
La causa investiga presuntas maniobras de corrupción durante la gestión de Urribarri, con un pedido fiscal de hasta 10 años de prisión.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano sostienen que el exmandatario tuvo un rol central en el direccionamiento de contrataciones a favor de la empresa Relevamientos Catastrales SA, propiedad del empresario Cardona Herreros. Según la acusación, la firma fue beneficiada para desarrollar e implementar un software en distintas áreas del Estado provincial en condiciones irregulares.
En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales adelantaron que solicitarán una condena de diez años de prisión para Urribarri y nueve años para el empresario. La causa coimas Urribarri se apoya en una estructura que, según la investigación, funcionó durante varios años dentro del Estado entrerriano.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, se conformó una mesa operativa integrada por funcionarios públicos y representantes de la empresa con el objetivo de facilitar la adjudicación de contratos. El mecanismo incluía el acceso privilegiado a información clave para asegurar que la firma resultara adjudicataria en licitaciones públicas.
El punto central de la acusación es la existencia de un esquema de sobreprecios. Según los investigadores, en cada contratación se incluía un excedente del 25 por ciento que luego era distribuido entre funcionarios y empresarios. El contrato inicial superaba los 10,5 millones de pesos y habría derivado en pagos indebidos por más de 3 millones.
Siempre según la acusación, Urribarri habría recibido el 36,47 por ciento del monto correspondiente al sobreprecio, además de pagos mensuales durante más de un año. Con el paso del tiempo, las ampliaciones contractuales elevaron el total de la operación a 26,8 millones de pesos, incrementando también los montos destinados a retornos ilegales.
En paralelo, la causa coimas Urribarri sumó un elemento clave en las últimas etapas: las confesiones de exfuncionarios. Cuatro exintegrantes del gobierno provincial admitieron haber cobrado coimas en el marco de juicios abreviados, lo que les permitió acceder a penas condicionales sin cumplimiento efectivo en prisión.
Entre quienes reconocieron su participación se encuentran el exministro de Trabajo Guillermo Smaldone, el exdirector de Ajustes y Liquidaciones Miguel Ángel Ulrich, el exsecretario de Hacienda José Humberto Flores y el exsubsecretario de Presupuesto Luis Alfonso Erbes. Todos intervinieron en distintas instancias del proceso licitatorio investigado.
Desde el punto de vista jurídico, estas confesiones no implican automáticamente una responsabilidad penal para Urribarri. Sin embargo, fortalecen la acusación fiscal en torno a la existencia de un esquema sistemático de corrupción dentro de la administración pública.
La defensa del exgobernador rechaza todas las imputaciones. Sostiene que las decisiones adoptadas durante su gestión fueron auditadas y aprobadas por los organismos de control del Estado. Además, cuestiona la incorporación de pruebas provenientes de otros expedientes, al considerar que no pudieron ser debidamente controladas, lo que —afirman— afecta el derecho a una defensa eficaz.
Urribarri está imputado por negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y cohecho. En su estrategia, también remarca que las confesiones de otros imputados no generan presunción de culpabilidad en su contra ni en la del empresario Cardona Herreros.
El contexto judicial se vuelve aún más delicado para el exmandatario si se tiene en cuenta que ya cuenta con una condena previa de ocho años de prisión por delitos de corrupción. Este antecedente incrementa el peso político e institucional del proceso en curso.
Mientras se aguardan definiciones del Superior Tribunal de Justicia sobre planteos pendientes de la defensa, la causa coimas Urribarri entra en una etapa decisiva. El juicio oral será el ámbito en el que se determinará la responsabilidad penal de los acusados en uno de los expedientes más relevantes de corrupción en la historia reciente de Entre Ríos.
La Justicia detectó coimas de hasta un 15% en las SIRA, el sistema de importaciones implementado durante la gestión de Sergio Massa en el gobierno de Alberto Fernández. En la causa aparece mencionado el entrerriano Guillermo Michel, actual diputado nacional, aunque sin imputación confirmada hasta el momento.
Investigación judicial por coimas en las SIRA
Una investigación que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, con intervención del fiscal Franco Picardi, comenzó a revelar el presunto funcionamiento irregular del sistema SIRA.
El expediente, que se encuentra bajo secreto de sumario, apunta a un esquema de coimas en las SIRA para acceder a autorizaciones de importación y al dólar oficial.
Según trascendió, al menos cuatro empresarios habrían pagado sobornos de entre el 10% y el 15% para destrabar operaciones. Las maniobras investigadas superan los 3,5 millones de dólares y corresponden a importaciones reales.
El caso, que permanece bajo secreto de sumario hasta este jueves, apunta a un presunto esquema de coimas para acceder a autorizaciones de importación y al dólar oficial.
De acuerdo con lo difundido por el diario La Nación, el expediente, que lleva varios meses en curso, ya identificó al menos a cuatro empresarios que habrían pagado sobornos de entre el 10% y el 15% para obtener permisos.
Las operaciones bajo sospecha superan los 3,5 millones de dólares y, según fuentes vinculadas a la causa, se trataría de importaciones reales y no simuladas.
La investigación está a cargo del fiscal Franco Picardi, quien avanzó con una serie de medidas para reconstruir el circuito de autorizaciones y detectar responsabilidades.
Entre ellas, solicitó informes urgentes a la Aduana, la Secretaría de Comercio y el Banco Central, además de requerir el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas físicas y jurídicas.
En el marco de estas diligencias, se realizaron cerca de 30 allanamientos y se incorporaron testimonios, junto con teléfonos celulares aportados por funcionarios ya imputados en la causa.
Hasta el momento, fueron señalados cinco integrantes del área de Supervisión de Entidades No Financieras del Banco Central: Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García.
También fueron imputados empresarios vinculados a casas de cambio, entre ellos Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles, quienes habrían participado en las maniobras investigadas.
El expediente tuvo un origen distinto al actual. En una primera etapa, el fiscal Picardi investigaba a Piccirillo tras una acusación de Hauque, quien lo señaló por haberle plantado una prueba en el marco de una deuda de seis millones de dólares. A partir de ese conflicto, la pesquisa se amplió y derivó en el análisis del sistema SIRA.
Las SIRA de Massa y el kirchnerismo
Las SIRA, Sistema de Importaciones de la República Argentina, habían sido anunciadas en octubre de 2022 por el entonces ministro de Economía Sergio Massa, junto a Guillermo Michel en la Aduana y Matías Tombolini.
🧩 ¿Qué pasa con Guillermo Michel? Guillermo Michel (ex titular de Aduana y dirigente entrerriano) aparece en el debate por su rol en el sistema durante la gestión, no necesariamente como imputado en esta causa. Hasta ahora, no hay confirmación pública de que esté imputado en esta investigación específica (según la información disponible). De hecho, en causas previas vinculadas a SIRA: fue sobreseído y la Justicia descartó delitos en expedientes anteriores. Algunas notas y análisis lo mencionan como figura cercana al manejo del sistema, lo que lo coloca en el radar político y mediático, pero eso no equivale a una acusación formal.
En ese momento, el Gobierno de Alberto Fernández sostuvo que el mecanismo buscaba evitar “avivadas” de empresas que aprovechaban la brecha cambiaria cercana al 100% entre el dólar oficial y los tipos de cambio alternativos.
Sin embargo, con el paso del tiempo, el sistema comenzó a ser cuestionado por sus irregularidades y ahora enfrenta sospechas judiciales que podrían redefinir su evaluación.
La causa apunta a determinar si, detrás de un esquema que se presentó como una herramienta de control y transparencia, operó un circuito paralelo de pagos ilegales para acceder a divisas al tipo de cambio oficial.
Con el levantamiento del secreto de sumario previsto en las próximas horas, se espera que se conozcan más detalles sobre el alcance de la investigación y los posibles involucrados en una de las causas más sensibles vinculadas a la política económica del anterior gobierno kirchnerista.
El actual senador fue acusado por presunto fraude y lavado de activos; sostuvo que existe una “alquimia jurídica” y una “operación mediática”; en la causa, se investiga la cesión de inmuebles a allegados de su secretaria de Ambiente
l fiscal general Carlos Amad, de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, pidió el procesamiento del exgobernador de esa provincia Jorge Capitanich por delitos como fraude y lavado de activos, en una causa en la que se investiga la cesión de tierras en la provincia a personas cercanas a Marta Soneira, expresidenta del Instituto de Colonización provincial y exsecretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente. En un escrito en el que también pidió procesar a la exfuncionaria, el fiscal consideró que, sin la participación del actual senador nacional con su firma en los decretos adjudicatorios de las tierras, las maniobras no se podrían haber realizado.
La decisión final sobre la aceptación, o el rechazo, del procesamiento está en manos del juez Fernando Carbajal, exdiputado nacional por Formosa (UCR), que fue designado juez subrogante en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.
La causa se inició con una denuncia de Ana María Canata, la actual titular del Instituto de Tierras Fiscales (la nueva denominación que dio el gobernador Leandro Zdero al Instituto de Colonización). Canata presentó una denuncia en la que aseguró que, al asumir, encontró “una serie de irregularidades”.
El fiscal Amad pidió que Capitanich sea procesado por “fraude en perjuicio de la Administración Pública, lavado de activos de origen delictivo”, delitos que se habrían cometido “con habitualidad como parte de una banda y por ser funcionarios públicos”, además de “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.
Fernando Carbajal, exdiputado nacional por Formosa, es el juez encargado de definir sobre el procesamiento de Capitanich
Según el pedido del fiscal, se investiga a “funcionarios públicos de altos cargos, así como a familiares, socios empresariales y amigos de los mismos, quienes en forma organizada y sostenida en el tiempo y valiéndose del ejercicio del poder que en aquel momento ostentaban, dispusieron de tierras fiscales de la Provincia del Chaco” y “se auto-otorgaron distintos beneficios económicos mediante la suscripción de convenios y firma de decretos del Poder Ejecutivo provincial que los habilitaron a desmontar grandes extensiones de tierras perjudicando el medio ambiente”.
“También se suscribieron convenios donde se verificaron beneficios económicos, como reintegros de subsidios, quita en el pago de impuestos y servicios públicos como Sameep [Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial], Secheep [Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial], entre otros beneficios. Estas adjudicaciones de la tierras fiscales se realizaron a través de trámites irregulares con inspecciones fraguadas y cuyos beneficiarios terminaban siendo personas que integraban empresas donde era socio el propio marido de la Sra. Marta Soneira, Mauricio Cian, así como otras personas, socios del primero, como es el caso de [Federico] Storti, [Leandro] Bessone y [Nelson] Pochón”, planteó el fiscal Amad.
Al describir los hechos investigados, el fiscal afirmó que “el 26/02/23, la Provincia del Chaco, a través del Instituto de Colonización de la cual Soneira era presidente y con su firma como ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible y la de Jorge Milton Capitanich como gobernador de la Provincia, amparados en la legalidad del trámite de expedientes administrativos, adjudicaron cuatro inmuebles, todos del Departamento Almirante Brown, a Storti, Bessone y Pochón, todos socios de su marido Mauricio Cian con quien son socios de dos empresas, Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL”.
Amad añadió que se otorgaron “inmuebles rurales fiscales de grandes dimensiones cada uno, así como beneficios impositivos provinciales e industriales” y cuestionó que la funcionaria de Capitanich haya ejercido dos cargos en simultáneo, puestos que consideró incompatibles.
Para el fiscal, “la irregularidad en la entrega de tierras públicas a personas a las que no se les debería haber adjudicado, personas cercanas a aquellas que deciden a voluntad a quién se entregan, constituye un enorme acto de corrupción”.
La defensa del exgobernador
Al trascender el pedido de procesamiento en su contra, el exgobernador Capitanich sostuvo que existe una “alquimia judicial” y una “operación mediática” en su contra. “Este pedido de procesamiento se inscribe en un proceso cuya manifestación más evidente es la nulidad de la acusación por incongruencias manifiestas, incoherencia en el contenido e incompetencia, pues pretenden justificar un delito inexistente mediante una alquimia jurídica”, afirmó el senador nacional, que integra el bloque de Fuerza Patria.
Capitanich señaló que se instaló una “operación mediática” antes de que se conociera el pedido del fiscal Amad al juez Carbajal, porque se anunció mediáticamente “la inminencia del procesamiento”, durante la semana previa a la solicitud del fiscal.
En un comunicado que hizo llegar a distintos medios a través de su equipo de prensa, el exgobernador chaqueño remarcó que la causa involucra “cuatro títulos de cerca de 8.000 entregados” durante su gestión. En ese texto, se aclaró también que “se trata de adjudicaciones en venta -no transferencias de dominio-, algunas iniciadas desde 1997″ y se reivindicaron “las políticas de promoción industrial implementadas”.
Capitanich y Zdero, junto a la exvicegobernadora Analía Rach Quiroga; una funcionaria del gobernador actual denunció al exmandatario peronistaPrensa Chaco
Para Capitanich, las acusaciones son “calumnias e injurias inadmisibles”. Según se consideró en el comunicado, el avance de la causa se vincula “con la intención de desviar la atención de problemáticas más graves, como el narcotráfico y la inseguridad” en la provincia que gobierna Zdero, uno de los gobernadores aliados del presidente Javier Milei.
El fiscal pidió procesar, por los mismos delitos que al exgobernador y también el de enriquecimiento ilícito, a Marta Soneira. Por presunto fraude y lavado, pidió los procesamientos de Cian, Storti, Pochón. Asimismo, solicitó sobreseer a Diego Soneira y Federico G. Soneira, y dictar la falta de mérito de Sheina Waicman (que también fue titular del Instituto de Colonización) y Darío Giménez (que era encargado de la Delegación Pampa del Infierno de ese instituto).
El juicio por contrabando que deben afrontar el exsenador nacional Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, se postergará hasta el 1º de junio. Ese día, a las 8 de la mañana, la Sala 1 del Tribunal Especializado en Delitos Económicos comenzará a juzgar a los acusados. El cuerpo está compuesto por los magistrados Elsa García (presidenta), Matías Garcete Piris y Adriana Planas.
El Ministerio Público Fiscal de Paraguay indicó que la reprogramación se debió a la superposición con otro caso en curso al que se le debe dar continuidad. Se trata de un proceso por estafas contra el empresario guaraní Carlos Andrés Oleñik Memmel.
Se trata de la segunda postergación de las audiencias. La fecha original era en octubre del año pasado, pero se estaba desarrollando un juicio importante por esos días, lo cual forzó la modificación para el lunes 20 de abril de 2026.
El exsenador y su exsecretaria llegarán a esta instancia en calidad de detenidos. Ambos están en prisión preventiva domiciliaria desde el 4 de diciembre de 2024. En las primeras horas de ese día, la Prefectura paraguaya los detuvo y les secuestró el dinero que no habían declarado.
Al 1º de junio, Kueider y Guinsel habrán acumulado casi un año y seis meses de detención. Ese tiempo que llevan privados de su libertad será considerado en caso de que haya una sentencia condenatoria. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa. El delito tiene una pena máxima en expectativa de dos años y medio. En Paraguay, toda condena superior a los 24 meses es de cumplimiento efectivo.
El hecho bajo análisis es que pretendieron pasar la frontera entre Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay) sin declarar que llevaban 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos.
Kueider y Guinsel fueron acusados por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez al haber sido “hallados en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal al país”.
El delito está tipificado en el Código Aduanero -ley Nº 2422/2004- y sus modificatorias establecidas en la ley Nº 6417/19, en concordancia con los artículos 4, 26, 27 y 29 del Código Penal paraguayo.
