Judiciales de Entre Ríos adhieren al paro nacional este viernes en reclamo de mejoras salariales

bibiana starck secretaria general la uejn rios

La seccional Entre Ríos de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación confirmó su adhesión a la medida. Denuncian deterioro del poder adquisitivo

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Seccional Entre Ríos, anunció que este viernes 26 de junio llevará adelante un paro de actividades en consonancia con la jornada de protesta nacional. La medida, que contempla el mantenimiento de guardias mínimas, surge como respuesta a la falta de soluciones ante el retraso salarial y las precarias condiciones laborales que afectan al sector.

Desde la organización gremial señalaron que el reclamo se centra en la defensa de los haberes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la exigencia de un recupero real del salario. Según advirtieron, la inflación ha erosionado de tal manera los ingresos que, en la actualidad, existen trabajadores judiciales cuyos sueldos se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

“Atravesamos un contexto económico y social crítico que exige firmeza en la defensa de nuestros ingresos”, manifestó Bibiana Starck, secretaria General de la UEJN Entre Ríos. La dirigente reconoció que, si bien la medida puede derivar en descuentos salariales, la gravedad de la situación actual hace que la protesta sea esencial para buscar una mejora digna para todo el personal.

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Problemáticas locales y nacionales

El conflicto no se limita únicamente a la cuestión salarial inmediata. El gremio también denuncia un deterioro en el funcionamiento del servicio de justicia y deficiencias en las condiciones edilicias.

A nivel provincial, la agenda de reclamos incluye la crisis en el funcionamiento de la obra social OSER. El firme rechazo al proyecto de reforma jubilatoria, ratificando la defensa del 82% móvil. La vigencia de la ley de enganche para evitar el achatamiento de las escalas salariales.

Cabe destacar que este malestar ya se había manifestado en mayo, durante una asamblea multitudinaria encabezada por el referente nacional Julio Piumato en el Palacio de Tribunales de Paraná. En aquel encuentro se analizó el atraso en los pagos de retroactivos y se sentaron las bases para la movilización que se concretará este viernes.

Finalmente, la conducción de la UEJN instó a los trabajadores de la provincia a sumarse activamente a la medida, resaltando que son el único gremio del sector con línea directa de gestión ante la Corte Suprema, lo que les permite negociar con “firmeza técnica” en el ámbito donde se definen las políticas salariales del Poder Judicial

Causa Seguros: Cresto en el centro de la escena y denunciando «trasfondo político»

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El juez de Garantías de Concordia, Mauricio Guerrero, desestimó los planteos de nulidad y sobreseimiento presentados por la defensa del exintendente Enrique Cresto. Se trata de una causa por “presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante la administración municipal anterior”. La abogada María de los Angeles Petit, que defiende a Cresto salió a cuestionar duramente la decisión judicial. En tanto, el juez Guerrero concluyó que la imputación formulada por la fiscal Daniela Montangie “se encontraba correctamente realizada, con una descripción precisa de los hechos investigados, incluyendo tiempo, lugar, conducta y calificación legal”. Los dichos de la defensa.

Vale destacar que durante el año 2025 se formalizaron las imputaciones en los tribunales de la ciudad de Concordia. Los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning imputaron formalmente a Enrique Cresto; al exsecretario de Gobierno, Aldo Álvarez; y a Fernando Barboza, actual Director General de Fomento de Empleo del Ministerio de Gobierno y Trabajo. La investigación también alcanza a las autoridades de la aseguradora estatal entrerriana y a los intermediarios.

LAS CRITICAS A DICHA CAUSA Y EL COSTADO POLÍTICO

Ante las publicaciones que informaron el rechazo al planteo de nulidad de la imputación formulado respecto del exintendente Enrique Cresto, corresponde explicar los fundamentos de la defensa.

Luego de más de dos años de mantener a Cresto en estado de sospecha, la Fiscalía formuló una imputación cuya falta de precisión temporal y de datos concretos fue advertida, primero, ante la propia Fiscalía y luego ante el Juez de Garantías.

No se precisó con claridad la fecha del delito que se le atribuye. Ese es un punto central: Cresto no ejerció como intendente entre enero de 2020 y septiembre de 2022, porque presidió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Durante buena parte del período en que la Fiscalía ubica los hechos, no cumplía funciones municipales. Esa circunstancia fue acreditada con la ordenanza de licencia y el decreto de reingreso.

Toda imputación debe responder con claridad: ¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿por qué? Debe precisar el hecho, su calificación legal y los elementos probatorios que lo sostienen.

Por eso, el pedido de nulidad resulta lógico: si Cresto no estaba a cargo de la Intendencia durante ese lapso, ¿cómo puede imputársele responsabilidad por hechos que se ubican dentro de ese período?

La Fiscalía sostiene —y aplica ese criterio en otros casos— que la sola firma de un acto administrativo, en este caso la designación de un asesor de seguros, configura un delito. Para esta defensa, ello no es suficiente: de aceptarse ese criterio en forma general, todos los gobernantes podrían ser imputados por los actos administrativos que suscriben.

La propia hipótesis fiscal indica que la presunta irregularidad no estaría en la designación, sino en que el asesor no habría cumplido el objetivo para el cual fue nombrado. La pregunta entonces es evidente: si Cresto no se encontraba en la Intendencia, ¿cómo puede ser responsable del seguimiento de esas funciones?

Por tratarse de una etapa inicial de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), y dado que la imputación puede variar según las pruebas que se produzcan, el Juez entendió que correspondía rechazar el planteo y continuar la investigación. Esa decisión fue apelada por esta defensa.

Durante la audiencia de lectura de la resolución, el Juzgado señaló a la Fiscalía que debía resguardar el buen nombre de las personas imputadas y evitar que la investigación permaneciera sin avances durante un plazo irrazonable, ya que una dilación innecesaria afecta la presunción de inocencia.

También remarcó la necesidad de analizar otras líneas de investigación y la eventual intervención de personas señaladas por esta defensa. Ello adquiere especial relevancia porque, en esta causa, el fiscal José Arias fue recusado y apartado a partir de planteos vinculados al direccionamiento político de la investigación.

Jurídica y procesalmente, la causa está en sus comienzos.

Sin embargo, su exposición mediática ocurre en un escenario político que no puede ignorarse: Enrique Cresto conserva vigencia como referente de eventuales proyectos electorales capaces de disputar la Gobernación de Entre Ríos o la Intendencia de Concordia en 2027.

En ese contexto, esta defensa advierte que se intenta afectar mediáticamente su figura a partir de una causa cuya acusación carece de precisión y sustento suficiente.

Como defensora técnica, sostengo que la investigación estuvo direccionada desde el inicio —y así lo demostramos ante la Cámara de Casación— y que no existen pruebas que sostengan la acusación.

Es interés de esta defensa y de Enrique Cresto que la IPP concluya con celeridad, para demostrar definitivamente la inexistencia de delito. La fragilidad de la hipótesis fiscal y la prolongación injustificada del proceso afectan el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Por ello, corresponde que la investigación avance con objetividad y sin demoras, hasta arribar a una definición que ponga fin a una acusación inconsistente y a cualquier intento de utilizar una causa judicial en trámite como herramienta de desgaste político y mediático.

Imputaron a Mireya López Bernis y a otros ex funcionarios por la abultada compra de GNC para vehículos que no existían en la Municipalidad de Concordia

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La Justicia investiga una serie de adquisiciones de gas natural comprimido realizadas entre 2020 y 2021 durante la gestión municipal anterior. Según la acusación fiscal, el combustible habría sido comprado para abastecer un parque automotor que no contaba con vehículos impulsados por GNC. Las imputaciones incluyen peculado, falsedad ideológica y abuso de autoridad.

La Justicia de Concordia avanzó en una de las causas más resonantes vinculadas a presuntas irregularidades cometidas durante la gestión del ex intendente Enrique Cresto. Según pudo saber 7Paginas, fueron formalmente imputados la ex secretaria de Desarrollo Urbano Mireya López Bernis y otros ex funcionarios municipales en una investigación que analiza una serie de compras de Gas Natural Comprimido (GNC) realizadas entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, las adquisiciones fueron justificadas para abastecer vehículos del parque automotor municipal que, según surge de la investigación, no existían o no funcionaban con ese tipo de combustible.

La causa contempla al menos ocho hechos incorporados a la imputación y el monto total de las operaciones bajo sospecha supera los 2,6 millones de pesos de aquella época, cifra que actualizada representa varios millones de pesos.

La acusación fiscal

Según la imputación, el entonces director de Talleres y Depósitos de la Municipalidad, Jorge Raúl Pérez, habría impulsado reiteradamente compras directas de miles de metros cúbicos de GNC alegando necesidades operativas del parque automotor comunal.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que en el ámbito municipal no existían vehículos impulsados por gas natural comprimido, por lo que las adquisiciones carecerían de justificación real.

La acusación agrega que el combustible habría sido utilizado posteriormente “en provecho propio y/o de terceros”, extremo que forma parte de la investigación judicial en curso.

El rol de los ex funcionarios

La ex secretaria de Desarrollo Urbano, Mireya López Bernis, aparece mencionada en la mayoría de los hechos investigados debido a que, según la acusación, visó y aprobó los expedientes que permitieron concretar las compras.

También fueron imputados la ex directora de Compras y Suministros, Liliana M. Freytas; el ex coordinador Legal, y Claudio D’Antonio.

La Fiscalía les atribuye distintos grados de participación en los procedimientos administrativos cuestionados.

Entre las irregularidades señaladas se encuentran la presunta omisión de solicitar presupuestos comparativos, la falta de cotejo de precios exigidos por la normativa municipal y la ausencia de controles administrativos que debían intervenir en cada contratación.

Facturas y compras bajo sospecha

Los hechos investigados comprenden adquisiciones realizadas a las empresas Chiqui García S.R.L. y Portal del Lago S.R.L.

Las operaciones cuestionadas incluyen compras por:

$229.950 entre septiembre y octubre de 2020.

$278.800 entre diciembre de 2020 y enero de 2021.

$294.800 entre enero y febrero de 2021.

$310.800 entre febrero y marzo de 2021.

$310.800 entre marzo y abril de 2021.

$398.800 entre mayo y junio de 2021.

$370.300 entre julio y agosto de 2021.

$438.800 entre agosto y septiembre de 2021.

Todas las operaciones habrían tenido como destino declarado el abastecimiento de vehículos municipales que, según sostiene la investigación, no funcionaban con GNC.

Los delitos atribuidos

En cada uno de los hechos, la Fiscalía encuadró las conductas investigadas, de manera preliminar, en el delito de peculado, previsto en el artículo 261 del Código Penal.

Además, las imputaciones incluyen los delitos de falsedad ideológica de instrumento público y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De acuerdo con la acusación, Jorge Raúl Pérez fue señalado como presunto autor material de las maniobras investigadas, mientras que López Bernis, Freytas, D’Antonio y otros funcionarios fueron imputados como presuntos partícipes necesarios o coautores, según el expediente correspondiente.

Una investigación que sigue avanzando

Fuentes judiciales indicaron que la causa continúa en etapa investigativa y que aún restan medidas probatorias para determinar el destino final del combustible adquirido y establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los involucrados.

La hipótesis de la acusación sostiene que existió una estructura administrativa destinada a justificar compras públicas sin una necesidad real, utilizando expedientes oficiales para dar apariencia de legalidad a operaciones que hoy son objeto de investigación penal.

Lo interesante de este caso sera saber si estos funcionarios obedecian a ordenes de otros cargos superiorios, como asi tambien los operarios de la empresa privada de Chiqui Garcia, que extendieron la facturacion.

Redacción de 7Paginas

Comenzó el juicio a Kueider en Paraguay y la Fiscalía informó que le devolvió casi 10 mil dólares

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El juicio oral contra Edgardo Kueider, exsenador nacional por Entre Ríos, y su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel, comenzó este martes por la mañana en Asunción, Paraguay, con la presentación de los alegatos de apertura de las partes. Ambos están acusados por el delito de contrabando de divisas en grado de tentativa, a raíz de un procedimiento realizado el 4 de diciembre de 2024 en el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Brasil con Paraguay.

Según la acusación inicial, Kueider y Guinsel intentaron ingresar a Paraguay transportando en una mochila más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de cuatro millones de pesos argentinos sin realizar la correspondiente declaración ante las autoridades aduaneras. Sin embargo, hoy se informó un cambio respecto de los montos, ya que la Fiscalía devolvió algunos dólares y pesos a los acusados.

La audiencia se desarrolló ante un Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Adriana Planas y Elsa García, y el juez Matías Garcete. El inicio del debate sufrió una demora de alrededor de una hora y media debido a un inconveniente en la notificación a la Policía encargada del traslado de los imputados. Aunque la audiencia estaba prevista para las 8 de la mañana, los efectivos pasaron a buscarlos recién a esa hora, por lo que el juicio comenzó cerca de las 9.30.

El fiscal Ysrael Villalba presentó sus alegatos y ratificó que el Ministerio Público cuenta con los elementos suficientes para demostrar la culpabilidad de los acusados. Además, pidió que el Tribunal considere la posibilidad de que los hechos acusados también se encuadren en otra modalidad de contrabando establecida en el Código Aduanero.

Además, explicó que fue devuelto una parte del dinero, quedando incautado la suma de USD 201.202, 640 mil guaraníes y 3.900.000 pesos. Es decir, devolvieron unos 9.798 dólares y 100 mil pesos. El agente informó que en sede administrativa ya se dispuso el decomiso del dinero y el remate del vehículo incautado.

Por su parte, los abogados defensores Marcelo Bogado y Carlos Arévalos sostuvieron que la Fiscalía no podrá demostrar los hechos atribuidos a su defendido. “El Ministerio Público debe acreditar cada punto con pruebas. Nosotros vamos a estar muy atentos y tenemos la firme convicción de que la teoría del caso no podrá ser acreditada”, señalaron al término de la audiencia en declaraciones al medio judicial paraguayo PDS Radio y TV Digital.

En relación con la acusación fiscal, los letrados indicaron que la hipótesis planteada por el Ministerio Público constituye una proposición que deberá ser demostrada durante el debate oral. “Es a través de la producción probatoria donde tendrá que acreditarse la configuración de ese tipo legal”, remarcaron. 

Tras los alegatos iniciales, el proceso avanzó hacia la etapa de producción de pruebas. Durante la primera jornada incluso se registraron modificaciones en el orden previsto para la incorporación de los elementos probatorios. La próxima audiencia fue fijada para el martes de la semana próxima a las 10.30.

De acuerdo con las estimaciones de las partes, el juicio podría extenderse entre cuatro o cinco audiencias y demandar cerca de un mes para su conclusión, aunque los plazos dependerán del avance que logre el tribunal en las próximas jornadas. La Fiscalía prevé presentar la semana próxima a los agentes aduaneros que participaron del procedimiento, testimonios que serán rebatidos por la defensa.

El desenlace del proceso podría tener además consecuencias políticas para Kueider. En caso de resultar absuelto, el exsenador podría reclamar ante el Senado argentino la revisión de la decisión que derivó en su expulsión de la Cámara alta el 12 de diciembre de 2024, pocos días después de haber sido detenido en territorio paraguayo.

Las causas en Argentina y el pedido de extradición 

Mientras la Justicia de Paraguay avanzaba en la causa contra Kueider, el exsenador protagoniza otros dos procesos judiciales en la Argentina por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos. Uno tramita en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos, y otro en los Tribunales Federales de San Isidro, por lo que la Corte Suprema debe definir cuál se quedará con la investigación. En ese contexto, la titular del Juzgado Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y elevó a juicio la causa contra los presuntos miembros de una asociación ilícita encabezada por el exsenador. 

En ese proceso, Kueider está imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos. 

De acuerdo a la investigación de Arroyo Salgado, el exlegislador utilizó estructuras societarias para adquirir bienes de lujo que no coincidirían con sus ingresos declarados. En ese contexto, la magistrada solicitó al Senado el desafuero de Kueider, una medida que fue aprobada con 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención.

Contratos: ofrecieron evidencia sobre negocios inmobiliarios en Concordia y propusieron citar a Gustavo Bordet

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Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro ofrecieron la incorporación de un legajo investigado en Concordia, que contiene información sobre numerosos negocios inmobiliarios en esa localidad y propusieron citar, entre otros testigos, al exgobernador Gustavo Bordet. Este viernes pidieron la incorporación de esa documental y testimonios, como prueba de las “relaciones” entre imputados de la causa “contratos trucos” de la Legislatura. Citaron casi una treintena de escrituras realizadas ante dos escribanas que probarían la compraventa de inmuebles por parte de Hugo Mena y Flavia Beckman, ambos imputados en el legajo actual. Entre los compradores figura Bordet.

“La Fiscalía ofrece un expediente iniciado el 2 de julio de 2024, en Concordia. El legajo cuenta de dos cuerpos. Se inició a partir de una denuncia de Luis Ángel Sanabria, que aportó un correo electrónico entre el imputado Gustavo Hernán Pérez y la escribana Luján Orabona”, adelantó Aramberry. “El inicio del legajo lo dice todo. Nos parece sustancial en cuanto vuelve a acreditar relaciones entre los imputados, y da cuenta de operaciones inmobiliarias a través de personas que no son los verdaderos titulares de los inmuebles. El dinero sustraído era invertido en operaciones inmobiliarias. Operaciones de venta de un loteo, situado entre las calles Chajarí, San Lorenzo, Victorino Simón y Espejo. Cobra importancia a partir de una prueba agregada a la causa, y muestra un plan de cobertura. Este correo electrónico fue enviado el 5 de agosto de 2009”, agregó Yedro y leyó:

“Asunto: Datos del otro firmante por el tema lotes.-

Luján, buenos días:

Palito me pidió que te pase los datos de otra persona para que también aparezca como firmante en la operación por la compra del loteo, él me dijo que ya te llama para avisarte:

Nombre y apellido: Beckman, Flavia Marcela

Domicilio: Almeida N°— Paraná

DNI: ———

CUIT: —————–

Fecha de nacimiento: 07/12/1968

Estado civil. Divorciada.-

Saludos.

Gustavo Pérez”

Palito es Juan Domingo Orbona, jefe del Servicio Administrativo Contable del Senado y amigo del exgobernador Gustavo Bordet.

Los fiscales señalaron que la compraventa de loteos en Concordia, ocurre desde 2009 a 2015. “La gestión de documentación de esos lotes y terrenos se realizaba en la Escribanía de Luján Orabona. Son negociaciones que se llevaron en la Escribanía, los lotes se registraron con precios de 15 mil a 20 mil dólares. Las inversiones se realizaron en efectivo, en su mayoría, figuran como vendedores Hugo Mena y Flavia Beckman. Esto está cotejado con información de AFIP de Mena y Beckman, donde aparecen en su totalidad las compras. Aparecen también los nombres de las escribanas Lujan Orabona y María Dolores Mouliá”.

Los representantes del MPF aseguraron que la escribana Mouliá actuó en representación de Mena y Beckman, y que le entregaban dinero a la escribana Orabona. “Estas personas que ofrecemos como testigos vendrán a contar como eran las operaciones. Claramente, para la hipótesis de Fiscalía esto es importante, atento a lo que manifiesta Pérez sobre ‘Palito’. Es un legajo que inició con esa denuncia y, desde entonces, el fiscal recopiló información con testimonios y registros notariales, de la Propiedad Inmueble e información fiscal”, aseguraron.

Y posteriormente nombraron a los compradores de terrenos que comparecieron a la Fiscalía de Concordia. “Circunscribimos el número de ellos, a aquellos que surgen de la información oficial y acreditan lo reflejado en el legajo oficial”, acotaron y enumeraron:

“Pascucchielo, Marcelo Fernando

Benchoa Pablo Adrián

Matés Guillermo Alejandro

Barrios Enrique Horacio

Andrea Francolini

Silvio Palmerola

José Alberto Fornasari

María Ana Galli

María Josefina Paredes

Pedro Arturo Berbauwede

Carlos Raponi

Gustavo Bordet

Cristina Alfredo Lasco

Del Río Guillermo

Andrich Joaquín

Lafourcade María Paz

Lafourcade Celia Olga

Juan Bautista Pedroni

Luis Gini”.

Yedro y Aramberry dijeron también que pretenden incorporar planos, escrituras y otros documentos que constituyen el legajo realizado en Concordia por el fiscal José Arias. Y enumeraron 29 escrituras de compraventa:

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (2010). Transacción entre Mena y Benchoa.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (2010). Transacción entre Mena y Pasccuhielo.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (2010). Transacción entre Mena y Benchoa.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-6-2010). Transacción entre Mena y Matés.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-6-2010). Compraventa entre Mena y Ferreyra.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-6-2010). Transacción entre Mena a María Delfina

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (17-6-2010). Transacción entre Mena y Roque Ramos.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (17-6-2010). Transacción entre Mena y Guillermo Liberatori.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (17-6-2010). Transacción entre Mena y Silvio Palmerola.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (18-6-2010). Transacción entre Mena y Rogero.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (23-6-2010). Compraventa entre Mena y Fornasari.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (12-7-2010). Compraventa entre Mena y Ana Galli.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-7-2010). Compraventa entre Mena y Josefina Paredes.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (3-8-2010). Transacción entre Mena y Ramos María Laura.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (4-8-2010). Transacción entre Mena y Pedro Suare.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (13-8-2010). Transacción entre Mena y Bervaweder.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (23-8-2010). Transacción entre Mena y Paredes.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (16-9-2010). Transacción entre Mena y Raúl Horacio Devoto.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (28-10-2010). Transacción entre Mena a Gustavo Leonardeli.

Escritura de compraventa entre Mena y Mouliá (8-6-2011)

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (25-10-2010). Transacción entre Mena y Bordet.

Escritura de compraventa de la escribana Orabona (3-5-2013). Transacción entre Mena y Zulma Patricia Torres.

Escritura de compraventa entre Beckman y Guillermo del Río (12-8-2010).

Escritura de compraventa entre Beckman y Raponi (23-8-10).

Escritura de compraventa entre Beckman y Andrich (15-10-10).

Escritura de compraventa entre Beckman y Paz Laforucade (6-1-12).

Escritura de compraventa entre Beckman y Laforucade (6-1-12).

Escritura de compraventa entre Beckman y Lafourcade (4-1-15).

Escritura de compraventa entre Beckman y Franton (12-6-17).

Los fiscales sugirieron también que se incorporen recibos de dinero ante escribanas, y las testimoniales de Evelin Dalinger de Catastro de Municipalidad de Concordia; Ignacio del Valle, subsecretario Legal y Técnico de Municipalidad para que informe sobre obras de pavimentación, cordón-cuneta y otras mejoras en loteo de calles Espejo, Chajarí, Av. San Lorenzo y Victorino Simón. Se ofrecieron, además, folios reales del Registro de la Propiedad.

Oposición

A la incorporación de la prueba se opuso el defensor Leopoldo Lambruschini con tres argumentos: la prueba (legajo de Concordia) no guarda relación con el objeto procesal de la causa contratos que está en etapa de remisión a juicio; lo que pretende probar el MPF es “irrelevante” porque el delito de peculado no requiere la acreditación de uso del dinero sustraído; y por último dijo que hay un problema procesal de non bis in ídem porque “esta causa inicia con el doctor Arias. Pero la Justicia competente es la Federal bajo la calificación de lavado de activos. Si incorporamos esta prueba a este proceso, estamos asignando esa relevancia jurídica a estos hechos en este proceso. Eso implica avanzar sobre una materia sometida en otra jurisdicción, e impide en cuanto recepta doble condena y doble persecución”.

A su oposición adhirió el abogado José Velázquez y agregó que “la causa que se investigó en Concordia fue archivada”. Y adhirió Miguel Cullen.
Fiscalía de Estado desistió de un ofrecimiento.

Por último, el actor civil Tulio Kamlofsky ofreció realizar una pericia por parte del Tribunal de Cuentas (TdC). La idea era aportar un nuevo análisis que “determine los montos individuales de los contratos, el monto global, el origen y proveniencia de los montos para atender las contrataciones, que actualice sumas, que conecte información y establezca si existió perjuicio derivado de las contrataciones. Y de ser posible identifique a los responsables”.

Todos los defensores rechazaron el ofrecimiento, incluso la Fiscalía. Finalmente, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes que se presentó en la audiencia, desistió del ofrecimiento.

El ofrecimiento de prueba de la acusación pública se agotó este viernes. La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, tomará una decisión al final de la etapa sobre la propuesta de los fiscales, las oposiciones y las reservas de los defensores.

Desde el martes que viene, según lo previsto, será el momento de los abogados para pedir la incorporación de evidencia que sirve al ejercicio de las defensas.

Causa

En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.

La instancia de elevación a juicio comenzó en abril de 2025 y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Hugo González Elías, ambos representan a Jorge De Breuil. Miguel Cullen, por su parte, defiende a los imputados Gustavo Hernán Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.

De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.

A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.Fuente: Análisis Digital

ENTRE RÍOS Y EL PELIGROSO MENSAJE DE LOS JUICIOS ABREVIADOS EN CAUSAS DE CORRUPCIÓN

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En Entre Ríos, la llamada “Causa Contratos” dejó de ser solamente un expediente judicial. Hace tiempo se transformó en un símbolo. Un símbolo de cómo durante años el Estado pudo haber sido utilizado como una estructura de extracción de dinero público mientras la política miraba hacia otro lado, la Justicia avanzaba lentamente y gran parte de la sociedad asistía resignada a un espectáculo repetido: el de la impunidad administrada.

Lo más preocupante ya no es únicamente la magnitud del presunto desfalco. Lo verdaderamente alarmante es el mensaje institucional que podría quedar instalado si la mayor causa de corrupción de la provincia termina resolviéndose, en gran parte, mediante juicios abreviados y acuerdos que dejan afuera a actores clave del entramado político y económico.

El juicio abreviado, técnicamente, es una herramienta legal válida. Existe en el sistema penal argentino para acelerar procesos y evitar juicios extensos. Pero cuando se aplica de manera masiva en delitos de corrupción estructural, aparece inevitablemente una pregunta incómoda: ¿la Justicia busca llegar a la verdad completa o simplemente cerrar expedientes?

Porque el sentido común indica algo elemental: quien acepta un juicio abreviado reconoce responsabilidad penal. Entonces, si hubo reconocimiento del delito, ¿por qué la sensación social es que muchos “la sacan barata”?

En delitos comunes, el peso de la ley suele caer con rapidez sobre el ciudadano común. Pero cuando se trata de corrupción política, aparecen negociaciones, reducciones de pena, demoras interminables y estrategias defensivas destinadas no tanto a esclarecer los hechos sino a limitar daños patrimoniales y políticos.

Y allí emerge otro punto sensible de la causa: el intento de excluir del proceso a esposas o cónyuges de varios imputados. Una discusión que, más allá de los tecnicismos jurídicos, genera un enorme ruido social. Resulta difícil para gran parte de la ciudadanía creer que durante años circularan sumas millonarias, propiedades, movimientos económicos y estructuras de enriquecimiento sin que los entornos familiares conocieran absolutamente nada.

La sociedad entrerriana observa cómo se discute quién queda adentro y quién queda afuera del juicio mientras todavía persiste una pregunta central: ¿quiénes fueron realmente los beneficiarios finales del sistema?

Porque si la “Causa Contratos” fue —como sostienen investigadores y fiscales— una de las maniobras más grandes contra el erario público provincial, cuesta creer que semejante estructura pudiera funcionar sin cobertura política, administrativa y legislativa de alto nivel.

Y allí aparecen inevitablemente nombres pesados de la política entrerriana. Durante años gobernaron la provincia dirigentes con enorme concentración de poder político y control del aparato estatal. Resulta, cuanto menos, difícil imaginar que figuras de enorme centralidad institucional desconocieran completamente lo que ocurría en distintas áreas del Estado.

La discusión pública no pasa únicamente por determinar responsabilidades penales individuales. También gira alrededor de las responsabilidades políticas y morales de quienes condujeron la provincia mientras se desarrollaban estas maniobras.

El problema de fondo es que Entre Ríos parece atrapada en un modelo donde las causas de corrupción nunca terminan de llegar al corazón del poder. Siempre aparecen “fusibles”, intermediarios, operadores administrativos o figuras secundarias. Pero rara vez se avanza con la misma intensidad sobre quienes diseñaron, permitieron o protegieron los mecanismos estructurales de saqueo.

Y mientras tanto, el tiempo judicial corre a favor de los acusados.

La lentitud de la Justicia termina funcionando como otra forma de desgaste social. Los años pasan, los expedientes envejecen, la indignación pública se diluye y la sensación de impunidad crece. El ciudadano común termina convencido de que existen dos sistemas: uno duro y veloz para el vecino común y otro lento, negociable y flexible para la dirigencia política.

El caso del ex diputado provincial José Allende también dejó interrogantes abiertos. Primero aceptó un juicio abreviado y luego esa posibilidad retrocedió en medio de versiones, especulaciones y sospechas políticas jamás aclaradas del todo. Como suele ocurrir en Entre Ríos, abundan las versiones, los rumores y los comentarios de pasillo, pero escasean las explicaciones contundentes que devuelvan credibilidad institucional.

Lo más peligroso de todo esto no es solamente el daño económico provocado al Estado. Lo verdaderamente grave es el precedente cultural que queda instalado.

Si un funcionario observa que, después de años de investigación, demoras judiciales y negociaciones, las consecuencias reales terminan siendo relativamente leves, el mensaje implícito es devastador: la corrupción puede valer la pena.

Ese es el verdadero riesgo institucional que enfrenta Entre Ríos.

Porque cuando la sociedad deja de creer en la Justicia, cuando percibe que el poder político siempre encuentra mecanismos para protegerse, aparece el descreimiento democrático, la apatía social y el enojo ciudadano que luego termina canalizándose en extremos políticos o discursos antisistema.

La “Causa Contratos” todavía puede transformarse en un punto de inflexión histórico para la provincia. Pero para eso no alcanza con condenas parciales ni acuerdos procesales rápidos. La sociedad necesita saber quiénes fueron los responsables reales, cómo operó el sistema, quiénes se beneficiaron y hasta dónde llegaba la red de protección política.

De lo contrario, Entre Ríos corre el riesgo de confirmar una vez más la peor de las sospechas populares: que en la Argentina el poder nunca cae completo, apenas sacrifica algunas piezas para garantizar la supervivencia del sistema.

El fiscal que batalló por la Anticorrupción ahora no concursa

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El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos reactivó el concurso para cubrir los cargos en la Fiscalía Anticorrupción, paralizado en 2023 por una acción judicial que entabló el fiscal de Concordia José Arias que, llamativamente, en esta segunda convocatoria no concursa y será jurado.

El 19 de diciembre último, el Consejo de la Magistratura había reactivado de todos los concursos que se encontraban suspendidos, tras la reglamentación de la Ley Nº 11.227 por parte del Poder Ejecutivo mediante el decreto Nº 3.814, lo que permitió superar la paralización generada por la normativa anterior. Esa norma reformó el Consejo de la Magistratura.

En aquella reunión del Consejo de la Magistratura se aprobó el temario para iniciar los concursos de Defensores Penales con competencia especial en Niños, Niñas y Adolescentes, y también un nuevo temario para los concursos de la Fiscalía Anticorrupción, luego de que los anteriores fueran anulados por irregularidades denunciadas hace dos años.

Estas decisiones habilitaon el inicio de los sorteos públicos, la convocatoria de jurados y poder avanzar en la regularización de la cobertura de vacantes pendientes.

Entre los concursos se encuentran las convocatorias para cubrir un cargo de fiscal anticorrupción y dos cargos de fiscal anticorrupción adjunto, así como un cargo de fiscal auxiliar, con asiento en las ciudades de Paraná y Concordia.

Concurso Nº 292: un (1) cargo de fiscal anticorrupción con asiento en Paraná.

Concurso Nº 293: un (1) cargo de fiscal anticorrupción adjunto con asiento en Paraná.

Concurso N° 294: un (1) cargo de fiscal anticorrupción adjunto con asiento en Concordia.

Concurso N° 295: un (1) cargo de fiscal auxiliar con asiento en Paraná.

Concurso N° 296: un (1) cargo de defensor público con competencia Multifuero de la ciudad de Chajarí.

Concurso N° 297: un (1) cargo de defensor público con competencia Multifuero de la ciudad de Victoria.

Concurso N° 298: un (1) cargo de defensor público con competencia Multifuero de la ciudad de Nogoyá.

Concurso N° 299: un (1) cargo de defensor público con competencia Multifuero de la ciudad de Federal.

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Segunda vuelta

En septiembre de 2023, y en virtud de la acción de amparo que había presentado en la Justicia uno de los postulantes a cubrir el cargo en la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal de Concordia José Arias -que en primera instancia tuvo acogida favorable por parte del juez civil Ángel Moia- el Consejo de la Magistratura oficializó la suspensión de los concursos convocados para cubrir cargos en la Fiscalía Anticorrupción.

Ahora, reactivados esos concursos, la novedad que se conoció este jueves 29 es que el próximo viernes 6 de brero, a las 9,30, en el Museo de Casa de Gobierno, se realizará en acto público el sorteo de los Jurados Técnicos que intervendrán en los Concursos tendientes a cubrir un cargo de Fiscal Anticorrupción con asiento en la ciudad de Paraná, un cargo de Fiscal Anticorrupción Adjunto con asiento en la ciudad de Paraná, un cargo de Fiscal Anticorrupción Adjunto con asiento en la ciudad de Concordia y un cargo de Fiscal Auxiliar con asiento en la ciudad de Paraná.

Como había informado Entre Ríos Ahora, en marzo de 2025 el Gobierno declaró la «nulidad absoluta» de los concursos realizados para cubrir los cargos de Fiscal Anticorrupción y sus adjuntos, debido a «graves irregularidades en el proceso», por lo cual el trámite deberá reiniciarse.

La decisión fue formalizada a través del Decreto N° 349/2025, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, que determinó que los concursos, que tramitaban en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, presentaron «serias violaciones a la normativa vigente», poniendo en riesgo la «transparencia» del procedimiento.

Entre las principales irregularidades que motivaron la anulación del proceso se encuentran sorteos de jurados irregulares, realizados en ámbitos cerrados del Consejo de la Magistratura, sin público presente ni notificación a los demás integrantes del organismo, violando la normativa que exige que estos actos sean públicos.  Además, la modificación indebida de requisitos, se cambió la especialidad que debían tener los jurados, incorporando el Derecho Administrativo, cuando el reglamento establecía que debían ser exclusivamente especialistas en Derecho Penal.  Por otro lado, falta de tratamiento de reclamos, donde el Consejo de la Magistratura desestimó planteos realizados por concursantes, argumentando que algunas denuncias se habían presentado por correo electrónico.

La pelea por esos concursos la encabezó el fiscal José Arias, de la Unidad Fiscal de Concordia, que fue uno de los postulantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción, que llevó el caso a la Justicia, con un primer dictamen favorable y luego un revés.

En noviembre de 2023, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), con el voto de los vocales Daniel Carubia, Gisela Schumacher y Leonardo Portela, volteó la resolución judicial que había hecho lugar, en septiembre de ese año, a un amparo presentado por el fiscal José Emiliano Arias, de la Unidad Fiscal de Concordia y uno de los postulantes a cubrir la Fiscalía Anticorrupción. La decisión del juez civil y comercial Nº 9 Ángel Moia, que frenó el concurso para Fiscalía Anticorrupción, fue revocada por el máximo tribunal al hacer lugar el STJ a la apelación presentada por la Fiscalía de Estado.

En su escrito, Fiscalía de Estado señaló que la decisión del juez Moia al declarar la invalidez de las resoluciones 1311 y 1312 del Consejo de la Magistratura «no tuvo correlato con la pretensión del actor, quien solicitó se dejen sin efecto las resoluciones atacadas, se ordene la renovación de tales actos administrativos y la suspensión del proceso del concurso hasta que se regularicen los mismos». Cuestionó también «la ausencia de fundamentación respecto a los elementos viciados del acto administrativo para declarar su invalidez y la alusión genérica realizada a la ´lucha contra la corrupción´ y la `transparencia`, sin explicar cuáles serían en concreto los actos sospechosos de vulnerar esos bienes jurídicos, volviendo arbitraria la decisión».

La Fiscalía agregó que el juez tampoco trató la cuestión vinculada a la improponibilidad subjetiva de la acción, porque ignoró que la pretensión actoral afectaba los derechos de los demás postulantes inscriptos en los Concursos Públicos N.º 285, 286, 287 y 288. Adujo que se comprometieron los derechos de terceros no demandados en la causa sin que se les diera algún tipo de intervención en el proceso.

En cambio, el Procurador General de la Provincia Jorge Amílcar Luciano García dictaminó en contrario y opinó que la sentencia de Moia debía ser confirmada.

En su voto, el vocal Leonardo Portela, que postuló revocar la sentencia de Moia, sostuvo que «es importante señalar que el doctor Arias ha cuestionado el sistema en sí mismo, ya que esgrime como argumento que se trata de un procedimiento que no asegura en su evaluación la comprobación de idoneidad requerida para el acceso a la función pública y establece un sistema de examen mediante un banco de casos que no alcanza el estándar mínimo de exigencia. De tal modo, es evidente que la disputa no puede zanjarse mediante la vía del amparo, ya que la crítica se dirige al mecanismo implementado por el legislador en la Ley 11.003, cuestión de gravedad institucional cuyo análisis no puede llevarse a cabo seriamente en un proceso de este tipo».

Portela entendió que «no considero que sea necesario detenerse en el análisis de los supuestos de procedencia, ya que la acción no logra sortear el mencionado de admisibilidad. Corresponde entonces hacer lugar al recurso interpuesto por la demandada, revocar el fallo atacado y rechazar la acción de amparo».

Los pasos para retomar el proceso de concurso para cubrir el Consejo de la Magistratura quedan, aún con el fallo del STJ, en un cono de sombras. «No creo que pueda darse en esta gestión el nombramiento de un Fiscal Anticorrupción -expresó una fuente del Ejecutivo-. No dan los tiempso».

La pelea de fondo

En septiembre último, la Justicia le había dado una buena al fiscal José Emiliano Arias: hizo lugar al recurso de amparo presentado por uno de los postulantes para ocupar cargo en la Fiscalía Anticorrupción. La resolución favorable fue firmada por el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 9, Ángel Moia, que desarmó la estrategia del Gobierno y del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos que había buscado apurar la designación de esos cargos en el actual período de gobierno. Arias declaró «la invalidez» de dos resoluciones del Consejo de la Magistratura que dieron vía libre al concurso para la Fiscalía Anticorrupción al aprobar las modificaciones al banco de casos.

Conocida la resolución judicial, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes anunció que el Gobierno apelaría la medida ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). En el máximo tribunal no prosperó una acción de Arias que pretendió recusar a todos los supremos.

El juez Arias entendió que no se respetó la reglamentación del Consejo en la aprobación de las actas que derivaron en la ampliación del banco de casos con los cuales concursarán los postulantes al momento que se concrete el concurso. «La reglamentación vigente es clara en cuanto a la exclusividad del tratamiento de temas incluidos en el orden del día previamente publicitado. Así, el art. 4 del Reglamento General del Consejo establece que `las reuniones del Consejo serán públicas, salvo que su Presidente o la mayoría absoluta del cuerpo resuelva lo contrario respecto de todos o algunos puntos de los temas a tratar. Deberán respetar el orden del día, que será confeccionado por el Secretario General y aprobado por el Presidente. El temario se hará conocer a los integrantes del organismo con una antelación de, por lo menos, 48 horas a la fijada como fecha de reunión. Cualquier integrante del Consejo podrá solicitar la inclusión de puntos en el orden del día o la alteración del temario fijado, pero su tratamiento requerirá del voto de la mayoría absoluta de los presentes`. De las actas acompañadas surge que el tema fue propuesto sobre el final de la reunión, debatiéndose sobre la existencia de un acto aprobatorio. Mientras el Presidente del organismo suponía que se había aprobado por imperio del silencio traducido en la falta de impugnaciones y su publicación, otros consejeros consideraron que esto no resultaba suficiente».

El fiscal José Emiliano Arias, de la Unidad Fiscal de Concordia, uno de los postulantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción, acudió con un recurso de amparo ante el juez Civil y Comercial Nº 9, de Paraná, Ángel Moia, con el agregado de una medida cautelar que busca frenar el proceso del concurso de la Fiscalía Anticorrupción.

Arias acudió a la vía judicial cuando no encontró respuesta a su pedido de suspensión del proceso del concurso por parte del Consejo de la Magistratura, organismo al que requirió que se aplace el trámite «en virtud de la irregular conformación y ausencia de aprobación del banco de casos (Res. 1311) y aprueba el mismo banco de casos (Res. 1312), dejándola sin efecto por su manifiesta ilegalidad, ordenando la renovación de tales actos administrativos y la suspensión del proceso de concurso hasta que se regularicen los mismos». Así, le pidió al juez que ordene la suspensión de la instancia de oposición de los días 18, 19 y 20, a través de una medida cautelar.

En ese marco, este miércoles el juez dispuso que el Poder Ejecutivo «en el término de 7 días informe sobre la exactitud de los hechos que motivaron la pretensión y en caso afirmativo la razón en que fundan dicha actitud -haciéndole saber que es la oportunidad para contestar la demanda y para ser oído».

Respecto de la medida cautelar, el magistrado otorgó un plazo de 24 horas al Consejo de la Magistratura para que «informe integración consignando los miembros titulares y suplentes» del organismo, «y al momento de celebrarse las sesiones de fecha 04.09.23 y 08.09.23), consignando las resoluciones que habilitaron su participación en cada caso; y que remita la siguiente documentación: 1.- Acta de Sesión del Pleno del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos del 04/09/23; 2.- Acta de Sesión del Pleno del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos del 08/09/23; 3.- Constancia de convocatoria (con orden del día) a Sesión Extraordinaria para el día 08/09/23; 4. Nota presentada por el Consejero Juan Pablo Filipuzzi el día 12/9/23 a las 8,30 hs. en relación con las resoluciones 1311 y 1312 del Consejo de la Magistratura, y las medidas consecuentes que se hubieran tomado, librándose por Secretaría el oficio de rigor y diligenciándose en los correos electrónicos denunciados».

EN MEDIOS NACIONALES: El lujoso imperio oculto en Entre Ríos que acorrala a Gustavo Bordet en la Justicia

Casas en countries termales declaradas a precio de ganga, sospechosos fideicomisos “de pozo”, misteriosas sociedades offshore y una frenética agenda de vuelos chárter privados al exterior configuran la investigación por enriquecimiento ilícito que desarma el relato del dos veces gobernador de Entre Ríos.

El patrimonio del actual diputado nacional por Entre Ríos y dos veces gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, se encuentra bajo una severa y detallada lupa judicial.

Lo que comenzó como una denuncia impulsada por un particular en el inicio de 2024, tras la publicación de sus bienes al asumir su banca legislativa en diciembre de 2023, ha escalado hasta convertirse en una investigación penal formal por presunto enriquecimiento ilícito.

El proceso, capitaneado por el fiscal de Concordia, José Arias, desnuda una profunda brecha entre los valores fiscales que el exmandatario consignó en sus declaraciones juradas y los costos reales de mercado del sector inmobiliario, de la construcción y de un nivel de vida de alta gama que no condice con sus ingresos declarados.

La tensión institucional alcanzó su punto más álgido recientemente, a inicios de mayo de 2026, cuando la Justicia y la Policía de Entre Ríos ejecutaron una serie de procedimientos de constatación en las propiedades del exgobernador en la ciudad de Concordia (incluyendo su residencia habitual de la calle Urquiza y una lujosa casa de campo en un country termal), sumado a un operativo previo en el domicilio de su hija en Paraná.

Aunque Bordet y su esposa, la diputada provincial Mariel Ávila, optaron por no refugiarse en sus fueros legislativos y entregaron sus teléfonos celulares de forma voluntaria, los datos que sustentan las sospechas de la fiscalía exigen un minucioso análisis crítico sobre la transparencia de la máxima autoridad entrerriana durante la última década.

Las inconsistencias en el valor de la tierra

El corazón de la acusación judicial radica en la presunta subvaluación sistemática de bienes raíces. La fiscalía ha contrastado los documentos presentados ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción con testimonios de corredores inmobiliarios y compradores de la zona, detectando desfasajes económicos difíciles de justificar mediante la simple devaluación monetaria.

Uno de los puntos más cuestionados se remonta a julio de 2011, cuando Bordet, desempeñándose como intendente de Concordia, adquirió un terreno de 500 metros cuadrados en el Loteo Mena y Beckman.

En su presentación formal, el exgobernador declaró haber abonado un valor equivalente a 12,40 dólares por metro cuadrado (unos 25 mil pesos de la época por un total de 483 metros cuadrados).

Sin embargo, la investigación judicial corroboró que el precio mínimo de base en dicho loteo promediaba los 48 dólares por metro cuadrado, llegando a superar los 65 dólares en parcelas idénticas.

Para la fiscalía, la declaración de Bordet colisiona de frente con la realidad del mercado: un testigo civil que adquirió un lote lindero de las mismas características declaró ante la justicia haber pagado 32 mil dólares, exponiendo una maniobra para ocultar el verdadero flujo de divisas.

Esta metodología de tasación sospechosamente baja se habría repetido años más tarde en complejos de alta gama. En el exclusivo barrio cerrado Village Termal, un loteo residencial con acceso directo a aguas termales en Concordia, los terrenos de entre 850 y 1300 metros cuadrados se comercializaban a un valor de mercado de entre 60 y 80 dólares el metro cuadrado.

Bordet declaró que por el Lote 2 de ese predio, adquirido en el año 2021 y con una extensión de 1.183 metros cuadrados, pagó la suma de 7500 dólares (un promedio de 6,35 dólares por metro cuadrado).

El Ministerio Público Fiscal calificó esta cifra en sus dictámenes de mayo de 2026 como “francamente irreal”, señalando que el valor real de mercado de los dos lotes acumulados por el legislador en ese country termal se aproxima en la actualidad a los 200 mil dólares.

El costo oculto del metro cuadrado construido

La sospecha de enriquecimiento ilícito no se detiene en la adquisición del suelo, sino que se agrava de forma exponencial al auditar las mejoras y las construcciones edilicias.

El caso paradigmático dentro del expediente judicial es la edificación de la finca de campo o “quinta” de la familia Bordet en el Village Termal, una estructura que cuenta con una superficie cubierta de 409,18 metros cuadrados.

Al sumar el valor de los terrenos y las obras efectuadas en el lugar, el diputado nacional declaró una inversión total consolidada de poco más de 4 millones de pesos.

Sin embargo, los peritajes y las consultas técnicas arrojaron un escenario completamente distinto. De acuerdo con los índices oficiales provistos por el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, el costo mínimo de construcción para una vivienda de categoría tipo “country” a enero de 2019 se ubicaba en 38.844 pesos por metro cuadrado.

Al multiplicar este parámetro básico por las dimensiones reales de la propiedad, la fiscalía determinó una brecha del 330 por ciento entre el monto blanqueado ante el fisco y el costo oculto de la edificación, configurando lo que el fiscal Arias define como una maniobra patente de subvaluación para encubrir la inyección de fondos de origen desconocido.

El mismo patrón de desvíos porcentuales se observa en las inversiones inmobiliarias denominadas “de pozo” en la localidad de Concordia. Respecto al Edificio San Juan, Bordet declaró un desembolso inicial de 22.688 dólares; no obstante, la justicia citó a declarar al arquitecto responsable de la obra, quien ratificó que el costo real final por las dimensiones adquiridas fue de 29.511 dólares (lo que representa un 30 por ciento de valor no declarado).

En tanto, en el Edificio Catamarca, el exgobernador notificó ante la AFIP una inversión de 83.051 pesos (equivalentes a 26.373 dólares de ese momento), pero el cruzamiento de datos bancarios permitió el secuestro de los recibos reales de sus aportes al fideicomiso, los cuales sumaban 105.624 pesos (33.542 dólares), dejando al descubierto otra diferencia neta del 35 por ciento que omitió informar a los organismos de control.

Destinos VIP: vuelos chárter, destinos de lujo y gastos millonarios

Más allá de los ladrillos y la tierra, la justicia entrerriana avanza con paso firme sobre un flanco que expone de forma brutal las contradicciones de la retórica oficial: la frenética agenda de viajes al exterior realizados por Gustavo Bordet y su entorno íntimo.

La fiscalía ha logrado consolidar un pormenorizado registro migratorio que expone decenas de salidas del país orientadas hacia destinos paradisíacos de Europa, el Caribe, Estados Unidos y cruces recurrentes a la República Oriental del Uruguay, acumulando estadías que superan de forma holgada los seis meses fuera de la Argentina.

Lo que verdaderamente encendió las alarmas de los investigadores es la modalidad de contratación de estos traslados y el origen de los fondos para costearlos. El expediente penal bajo la lupa del fiscal José Arias detalla la utilización sistemática de vuelos privados y servicios de chárter VIP para los traslados de la familia del exmandatario.

Estos vuelos especiales, cuyos costos operativos se tasan en miles de dólares por hora de vuelo y exigen pagos al contado o transferencias desde cuentas de alta gama, contrastan de forma flagrante con los ingresos consolidados que un funcionario público percibe en la administración del Estado.

Para la justicia, el flujo de dinero invertido en estas travesías aéreas exclusivas delinea la existencia de un patrimonio en las sombras que nunca pasó por los registros de los organismos de control.

La opulencia de estos periplos internacionales no solo se limitó al transporte, sino al astronómico nivel de vida desplegado en destino. Hospedajes en cadenas hoteleras de cinco estrellas, consumos suntuosos y compras de bienes de lujo configuran un cuadro de gastos millonarios en moneda extranjera.

Al intentar justificar estos movimientos bajo el amparo de servicios financieros, la defensa técnica del exgobernador sufrió un duro revés.

La firma American Express remitió un informe oficial a la causa penal negando de forma tajante la existencia de tarjetas de crédito emitidas a nivel local a nombre de Gustavo Bordet.

El dictamen fiscal de mayo de 2026 infiere textualmente que semejante nivel de gasto solo pudo sostenerse mediante el uso de cuentas y plásticos emitidos por personas jurídicas en el extranjero, robusteciendo la hipótesis penal de que el diputado opera como beneficiario final de sociedades comerciales “offshore” radicadas fuera del país para canalizar fondos de origen ilícito.

La defensa oficial y el contraataque político

Frente al avance de las pericias de la fiscalía y el impacto público de los operativos policiales en sus propiedades de Concordia, Gustavo Bordet ha ensayado una estrategia defensiva bifronte, combinando argumentos técnicos de ajuste contable con denuncias de persecución política.

El ex gobernador insiste en que no posee bienes en el exterior, que carece de vinculación con sociedades irregulares y que toda la evolución de su patrimonio fue debidamente reportada a través de las declaraciones juradas resguardadas en la Contaduría General de la Provincia, cuya apertura solicitó de manera espontánea.

La narrativa de Bordet y su entorno técnico argumenta que las diferencias detectadas por el fiscal José Arias obedecen a distorsiones propias de los procesos inflacionarios del país y a los criterios técnicos de valuación fiscal versus valores de mercado.

Asimismo, como justificación de parte de sus ingresos, el legislador presentó documentación referida a una operación comercial efectuada por su hija, Florencia Bordet, quien el 31 de octubre de 2019 vendió un departamento de 33 metros cuadrados ubicado en la calle España al 1700, en la ciudad de Rosario, por un monto de 65 mil dólares; fondos que, según la defensa, sirvieron para apalancar inversiones familiares.

En el plano institucional, la estrategia de Bordet se ha centrado en desacreditar la imparcialidad del fiscal de la causa. El ex mandatario apuntó con duras críticas hacia Arias, señalando que el funcionario judicial arrastra antecedentes de apartamiento por falta de objetividad en causas de corrupción que involucran a otros dirigentes de la provincia de Entre Ríos.

Según el descargo público del diputado, la causa penal (que ya lleva más de dos años de tramitación) carece de elementos probatorios reales y busca estirar los tiempos procesales con el único fin de infligir un castigo mediático y erosionar su capital político en el armado opositor nacional.

Las explicaciones de Bordet: el vínculo Arias-Azcué, el lote “Beckman-Mena”, los viajes, Village Termal y la omisión en una DDJJ

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Las explicaciones de Bordet : El diputado nacional y exgobernador Gustavo Bordet ejerció este martes su derecho a réplica en el programa Despertá Con Nosotros, por Oíd Mortales Radio (fm de Concordia), luego de que un informe especial en El Entre Ríos revelara detalles de los avances en la investigación del Ministerio Público Fiscal en la causa judicial que tramita en los tribunales de Concordia por presunto enriquecimiento ilícito.

Bordet, en línea con declaraciones previas, calificó la causa como un relato mediático y político carente de pruebas sustanciales, defendiendo la licitud de su patrimonio y el de su familia.

El exmandatario detalló que sus bienes y viajes han sido debidamente declarados ante la AFIP y que muchas de las inconsistencias señaladas son simples errores administrativos o interpretaciones malintencionadas.

Sostuvo que la investigación es una persecución sistemática motivada por su posible relevancia electoral en Concordia.

Aunque negó que vaya a presentarse para disputar la intendencia, Bordet interpretó que la versión de que podía llegar a ser candidato disparó una operación para afectarlo, a la que atribuyó al vínculo de amistad entre el actual intendente Francisco Azcué y el Fiscal que lo investiga, José Emiliano Arias.

Según Bordet, el objetivo de Arias sería favorecer a Azcué al intentar remover a un competidor político de peso mediante el “desprestigio” y el “escarnio público”.

En otro tramo del diálogo por Oíd Mortales Radio, el exgobernador consideró que la postura crítica de Arias no es nueva, ya que el fiscal se habría opuesto sistemáticamente a su gestión cuando era gobernador, supuestamente porque no pudo concursar para la Fiscalía Anticorrupción.

En resumen, Bordet interpretó que el accionar del fiscal no es estrictamente judicial, sino que forma parte de una maniobra política para proteger y beneficiar a su excolega y amigo, el actual intendente Azcué.

No obstante, al ser consultado si está en sus planes recusar al fiscal, no ofreció una respuesta categórica. Dijo confiar en la Justicia y no descartó –aunque tampoco lo dio por hecho- recusar al fiscal por su falta de objetividad y animosidad personal.

¿Cómo explica la subvaluación de sus propiedades en Concordia?

El diputado nacional Gustavo Bordet ofreció varias explicaciones para defenderse de las acusaciones de subvaluación de sus inmuebles en Concordia, argumentando que las cifras del fiscal son especulaciones que no reflejan la realidad del mercado ni el contexto de las operaciones.

Sostuvo que sus propiedades están declaradas según los valores que establece la AFIP y no por montos que él decide arbitrariamente.

Qué dijo sobre los terrenos de Mena y Beckman

Bordet fue consultado expresamente por el terreno en Boulevard San Lorenzo, atribuido en principio a Mena y Beckman, ambos imputados en la Causa Contratos.

Contó que compró el terreno en 2011 por 6000 dólares cuando el barrio aún no estaba desarrollado y fue uno de primeros adquirentes. Y agregó que lo vendió cuatro años después (en 2015) por 9000 dólares, lo cual demuestra, según él, una relación lógica entre el precio de compra y de venta, sin haber obtenido un enriquecimiento ilícito.

Bordet rechazó las comparaciones con vecinos que pagaron valores mucho más altos (entre 48 y 65 dólares por metro cuadrado), argumentando que esos precios corresponden a épocas posteriores, cuando el barrio ya estaba consolidado.

Fue visible su preocupación por tomar distancia de los dos imputados en la Causa Contratos, Flavia Beckman y Hugo Mena.

Dijo que no sabía quién era el titular de la propiedad al momento de realizar la compra. Según su explicación, la operación se concretó a través de la escribana Mulia, quien firmó la escritura junto a él porque ella contaba con un poder general para vender.

Además, el exgobernador se preocupó por puntualizar que ya existió una investigación judicial relacionada con el tema de la operación de compra del lote de Mena y Beckman, pero la causa fue archivada por el propio fiscal Arias al no encontrarse ningún elemento incriminatorio.
En resumen, aseguró que no tuvo trato directo con los vendedores que están imputados en la Causa Contratos, sino que toda la gestión fue realizada a través de la escribana autorizada para tal fin.

Según Bordet, el Village Termal no es un barrio cerrado

Sobre la compra de lotes y la construcción de una casa en el Village Termal de Villa Zorraquín, Bordet comenzó por aclarar que, según él, no es un barrio cerrado.

Procuró visiblemente bajarle “el precio” al lugar, al asegurar que después de muchos años solo hay cuatro construcciones en un loteo de más de 60 lotes, debido a que el terreno es arenoso y presenta dificultades de construcción, describió.

Bordet precisó que el 90% de los otros propietarios del Village Termal declararon los mismos montos de compra que él, dato que, según el exgobernador, el fiscal omite en su investigación.

Cuestión con severidad que el fiscal se base –dijo- en la opinión de una inmobiliaria que nunca vendió terrenos en ese barrio para tasar el metro cuadrado en 60 dólares, calificándolo como un “disparate”.

Estimó que el valor total actual de la propiedad, incluyendo las mejoras terminadas en 2024 (como la piscina e instalaciones interiores), ronda los 180,000 dólares, lo cual considera acorde a la zona.

Finalmente, en relación a las subvaluaciones de propiedades, Bordet insistió en que las diferencias de valores son “opinables” y por ello ha solicitado una pericia técnica para comparar las tasaciones de la fiscalía con las de parte y así aclarar la situación patrimonial.

Los viajes, según Bordet

Gustavo Bordet dedicó varios minutos a explicar sus viajes al exterior. Comenzó por desacreditar el informe del fiscal José Arias, a quien le atribuyó haber considerado viajes familiares o personales a los que fueron en realidad oficiales.

Por caso, puntualizó que a México y Sudáfrica fue en misiones oficiales debidamente documentadas, y no de manera particular con asegura la investigación fiscal.

En el caso de Sudáfrica, lo definió como una misión técnica, de la –dijo- participaron otras figuras públicas y representantes institucionales que pueden dar fe, incluyendo al entonces intendente de Chajarí, el senador por el departamento de Concordia, personal del INTA y miembros de la Cámara de Exportadores de Citrus.

Respecto del viaje a México, explicó que ocurrió en 2013, durante su gestión como intendente, para participar de un encuentro interamericano de ciudades. Como prueba del carácter oficial dijo poseer fotografías y una distinción como “huésped distinguido” otorgada por el alcalde de la Ciudad de México.

Más allá de esos dos viajes puntuales, Bordet argumentó que la gran mayoría de los periplos por el exterior cuestionados por el fiscal fueron de carácter oficial y que los gastos se cubrían con viáticos en dólares regulados por instituciones como el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el gobierno provincial o la municipalidad de Concordia, lo que justifica que no hubiera registros de gastos con tarjetas de crédito personales.

Además, explicó que cuando realiza viajes particulares, prefiere utilizar dinero en efectivo para evitar el recargo del 35% de los impuestos argentinos, una práctica que consideró común entre los viajeros.

Cómo justificó el uso de dinero en efectivo en viajes

Gustavo Bordet dijo que el uso de dinero en efectivo en sus viajes personales obedeció principalmente a una estrategia de ahorro para evitar cargos impositivos adicionales.

Detalló que de esa manera evitó el recargo del 35%. O sea, no acostumbra usar tarjetas de crédito en el exterior porque estas conllevan un recargo del 35% por impuestos argentinos y al pagar en efectivo, evita este costo adicional.

En cuanto al origen de las divisas que usa para pagar en efectivo fuera del país, dijo que las obtuvo realizando operaciones de cambio de moneda que consideró completamente normales y habituales, similares a las que realiza cualquier persona que sale de vacaciones al extranjero, sin detallar si fueron operaciones en el mercado oficial o en el informal.

No obstante, más adelante aludió al “uso de ahorros declarados” para otros gastos vinculados a viajes, apelando a dólares billete que dijo tener ahorrados y debidamente declarados.
Por último, Bordet calificó como un “disparate” la conjetura del fiscal de que la falta de uso de tarjetas de crédito en sus estadías fuera del país implique la existencia de cuentas o sociedades no declaradas en el exterior, argumentando que simplemente prefiere el efectivo por una cuestión de costos.

Los viáticos de su esposa

Gustavo Bordet definió como falsa la acusación de que su esposa, Mariel Ávila, percibió viáticos indebidos, fundamentando su defensa en que ella desempeñaba un rol oficial dentro del gobierno provincial.

Explicó que su cónyuge fue funcionaria del gobierno de Entre Ríos desde el 15 de diciembre de 2015. Para ocupar ese rol, solicitó una adscripción desde el Consejo General de Educación hacia la secretaría privada de la Gobernación, donde trabajó en carácter de secretaria privada.

Señaló que ella lo acompañaba frecuentemente en los viajes debido a su función oficial y aseguró que los viáticos que ella percibía eran pagados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Al haber –según Bordet- un marco legal para la función de su esposa y los pagos, sostuvo que no existe ninguna hipótesis de peculado ni cobro de viáticos indebidos, argumentando que el fiscal utiliza este tema solo para confundir y desprestigiar su imagen.

El viaje a Estados Unidos cuando Entre Ríos emitió el bono en dólares

Otra aclaración de Gustavo Bordet se centró en los pasajes a Estados Unidos a los que hace referencia la fiscalía como abonados desde una no identificada corporación.

El exgobernador dijo que aquella visita al país del norte fue abonada por los bancos emisores encargados de la colocación del bono de deuda de la provincia.

Identificó a las entidades financieras como el Banco Francés, el Banco City y el Santander Río. Puntualizó que los viajes se realizaron entre finales de 2016 y principios de 2017 con el fin de realizar los llamados road shows en ciudades como norteamericanas para convencer a los inversores de prestar dinero a la provincia.

Según Bordet, el contrato firmado con dichos bancos especificaba que todos los gastos de traslado y alojamiento corrían por cuenta de las entidades emisoras, una práctica que calificó como habitual en este tipo de operaciones financieras.

Dicho esto, rechazó de plano la acusación del fiscal de que tenga sociedades ocultas (basada en el uso de la agencia Amex GBT), calificándola de “disparate” y asegurando que cuenta con el contrato y la documentación para demostrar el origen de los pagos.

Bordet enfatizó que este proceso de colocación de deuda es información pública y que incluso otros funcionarios participaron en reuniones en otras ciudades como Londres, Boston y Los Ángeles bajo las mismas condiciones.

Cómo justificó las transferencias de Franco Ferrari a su hija

Gustavo Bordet sostuvo que las transferencias de Franco Ferrari (quien fuera Secretario General de la Gobernación) hacia su hija no constituyen ningún delito, sino que fueron favores personales para cubrir gastos cotidianos ante su imposibilidad de hacerlo personalmente por su agenda de trabajo.

Desmintió que se tratase de algo “sistemático”, precisando que fueron 15 transferencias en un período de cuatro años y consideró que los montos fueron “irrisorios” para una causa de enriquecimiento ilícito, estimando que hoy representarían un promedio de 100,000 pesos cada una, sumando un total aproximado de 1.300.000 pesos.

Explicó que su hija necesitaba dinero para cubrir gastos comunes (como la cuenta del teléfono) porque a veces no le alcanzaba el sueldo. Y debido a que él se encontraba recorriendo la provincia o realizando gestiones en Buenos Aires, le pedía a Ferrari que le adelantara el dinero a su hija.

Respecto a un pasaje para su hija en 2023, aclaró que Ferrari lo compró con su tarjeta de crédito personal porque quedaba un solo lugar disponible en clase turista y Bordet no estaba en su despacho. El exgobernador dijo haberle devuelto el dinero en dólares billete que tenía ahorrados y declarados, lo cual dejó asentado en su declaración jurada de ese año.

Bordet defendió que este tipo de transferencias son normales entre conocidos —comparándolo con amigos que se reparten el costo de una cena— y que no existe nada que ocultar, ya que se realizaron a través del sistema bancario.

En resumen, considera que la fiscalía utiliza estos datos de manera malintencionada para “ensuciar” su imagen, ya que los movimientos no guardan relación con un incremento patrimonial injustificado.

Los bienes que fueron omitidos en una declaración jurada

Gustavo Bordet no especificó los nombres o direcciones exactas de los bienes que faltaron en su declaración jurada de 2012, pero aclaró que se trató de “algunas propiedades” que ya habían sido incluidas en su presentación de 2007.

Explicó que esa falta de información u omisión no fue intencional, sino que se debió a que faltaban dos hojas en el sobre de la declaración de ese año por un error de quien armó el legajo.

Argumentó que no hubo intención de ocultar patrimonio, ya que esos mismos bienes figuraron en su declaración de 2007 y volvieron a aparecer en las de 2015, 2019 y 2023, además de estar informados anualmente ante la AFIP.

Por último, una vez más Bordet acusó al fiscal de actuar de manera parcial al enfocarse únicamente en esa declaración incompleta de 2012 para construir un relato de “omisiones”, ignorando que los bienes siempre estuvieron registrados en los periodos anteriores y posteriores.

Fuente:  El Entre Ríos

Denuncia contra Bordet :Trascienden detalles de la investigacion

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La denuncia de un ciudadano hizo mella en el Talón de Aquiles de la corrupción política. Apuntó al fabuloso patrimonio, imposible de explicar legalmente.

# EL CÚMULO DE PRUEBAS MUESTRAS UN INCREMENTO PATRIMONIAL DESPROPORCIONADO, GOZADO POR EL EXGOBERNADOR (ACTUAL LEGISLADOR NACIONAL), SU ESPOSA, ACTUAL DIPUTADA PROVINCIAL y SUS HIJAS (ALGUNA, EMPLEADA PROVINCIAL NOMBRADA POR SU PADRE HASTA 2040) #

𝗨𝗡𝗔 𝗗𝗘𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗜𝗭𝗔𝗗𝗔 𝗛𝗔𝗖𝗘 𝗗𝗢𝗦 𝗔Ñ𝗢𝗦 𝗔𝗧𝗥𝗔́𝗦 𝗩𝗜𝗘𝗡𝗘 𝗗𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗙𝗥𝗨𝗧𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗨́𝗟𝗧𝗜𝗠𝗢𝗦 𝗗𝗜́𝗔𝗦

El Ministerio Público Fiscal de Concordia inició dos años atrás una investigación formal iniciada por la denuncia del ciudadano Héctor D. D´ambrós contra el actual Diputado Nacional, exgobernador de Entre Ríos y exintendente de dicha ciudad, Gustavo Bordet, bajo la carátula de “ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO”.

La causa, identificada como Legajo N° 2240/24, surge a raíz de una denuncia que señala un incremento patrimonial presuntamente desproporcionado durante su ejercicio en la función pública entre los años 2007 y 2023.

𝗛𝗜𝗣𝗢́𝗧𝗘𝗦𝗜𝗦 𝗗𝗘𝗟𝗜𝗖𝗧𝗜𝗩𝗔

La hipótesis delictiva, contenida en un escrito del fiscal José Emiliano Arias que fue adjuntado a la documentación elevada en su momento a la legislatura entrerriana para que autorizaran allanamientos a diversas propiedades del exgobernador, sostiene que Bordet “habría incrementado desproporcionadamente su patrimonio a partir de la adquisición de bienes inmuebles y muebles”. Para estas maniobras, la fiscalía sospecha la intervención de “personas interpuestas”, mencionando específicamente a su cónyuge, Silvia Mariel Ávila, a sus hijas y a otras personas de su entorno cercano.

𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗜𝗡𝗢𝗖𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔

Gustavo Bordet ha insistido en defender su inocencia toda vez que han trascendido datos de la investigación y especialmente cuando la Justicia irrumpió en sus propiedades, a la par que ha denunciado ser víctima de operaciones mediáticas de las que responsabiliza especialmente al Ministerio Público Fiscal y que violarían el principio constitucional de la presunción de inocencia.

Sin embargo, aunque se trate de realidades diferentes, son escasas las publicaciones periodísticas sobre la investigación al patrimonio de Bordet si se las compara con el modo en que la prensa nacional ha ventilado cada detalle de la causa contra el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, también por presunto enriquecimiento ilícito.

En cuando a la presunción de inocencia, nuestro Estado de Derecho asegura que sólo puede caer si hay sentencia condenatoria firme.

En el caso de Bordet, ni siquiera ha sido juzgado en primera instancia ni tampoco se ha requerido la instancia de juicio. Es obvio entonces que se trata de un ciudadano a quien se presume inocente, que ha sido denunciado y, por consiguiente, está siendo investigado. Y, tratándose de un hombre público, también va de suyo que los avances de las labores investigativas sean reflejados por los medios, sin que ello signifique prejuzgamiento alguno.

“En el marco de las constataciones realizadas en mi domicilio, a las que accedí voluntariamente, sin ampararme en fueros legislativos, quiero reiterar que he cumplido, una vez más, con cada uno de los requerimientos judiciales que me han sido formulados”, dijo Gustavo Bordet el mismo día en que se llevaban a cabo procedimientos en sus casas de Concordia. E insistió: “no poseo propiedades no declaradas, no tengo bienes en el exterior, ni participo en sociedades irregulares. Mi patrimonio, al igual que su evolución, es el que ha sido informado por las vías legales correspondientes, y así seguirá siendo”.

𝗣𝗥𝗨𝗘𝗕𝗔𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗨𝗡𝗗𝗘𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗗𝗔𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗘𝗟 𝗙𝗜𝗦𝗖𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗨𝗦𝗔, 𝗣𝗘𝗥𝗢 𝗧𝗢𝗗𝗔𝗩𝗜́𝗔 𝗡𝗢 𝗩𝗔 𝗔 𝗝𝗨𝗜𝗖𝗜𝗢

Pero el escrito de Arias dice otra cosa muy distinta. Incluye algunas aseveraciones tajantes (omisiones de bienes, subvaluaciones de propiedades, numerosos viajes sin gastos registrados en el exterior y transferencias bancarias desde funcionarios a familiares) y no pocas suposiciones, que por el momento el Fiscal José Arias no ha podido probar, por lo que no pasan de la categoría de conjeturas. Por caso, que Bordet posea tarjetas de crédito/débito emitidas en el exterior, dinero en efectivo no declarado y hasta alguna sociedad no registrada fuera del país.

𝗔𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗦𝗧𝗔𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗜𝗡𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗚𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡

Entre los datos más relevantes que aparecen en el documento -al que accedió El Entre Ríos- y que fundamentan la sospecha de la Fiscalía se encuentran:

▪️ Omisión de bienes en declaraciones juradas: El Ministerio Público Fiscal considera acreditado que Bordet no habría incorporado diversos inmuebles en sus presentaciones ante la Municipalidad de Concordia y la Cámara de Diputados de la Nación, incluyendo propiedades adquiridas en los años 2000, 2009, 2011 y 2016.

▪️Subvaluación de inmuebles: La investigación detectó inmuebles que habrían sido registrados por valores muy inferiores a los del mercado. Un ejemplo citado es un terreno en el loteo Mena-Beckman, escriturado por un valor de USD 12,40 por m2, cuando otros compradores de lotes linderos declararon haber pagado sumas que superaban los USD 65 por m2.

▪️ Inconsistencias en “departamentos de pozo”: La fiscalía señala una “flagrante disminución” del 35% entre los montos realmente aportados para la construcción de departamentos en Concordia y lo declarado ante la AFIP (hoy ARCA). El fiscal Arias afirma que esta diferencia detectada “no está justificada y bien podría tratarse del fruto de dinero ilícito”.

𝗜𝗡𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝟯𝟯𝟬% 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗩𝗔𝗟𝗢𝗥 𝗗𝗘𝗖𝗟𝗔𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗨𝗡𝗔 𝗗𝗘 𝗦𝗨𝗦 𝗧𝗔𝗡𝗧𝗔𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗜𝗘𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗜𝗡𝗠𝗨𝗘𝗕𝗟𝗘𝗦

Uno de los puntos centrales del escrito en el que se fundó el pedido de allanamiento es la vivienda que Bordet construyó en el barrio privado “Village Termal” de Concordia. Según un informe del Colegio de Arquitectos citado por Arias, el costo de construcción de una vivienda de ese tipo supera ampliamente lo declarado por el exmandatario. La fiscalía advierte sobre una presunta maniobra de “subvaluación” tanto en la compra de los terrenos como en los costos de la edificación, detectando una diferencia del 330% entre lo declarado y lo que se estima como costo real de mercado.

𝗩𝗜𝗗𝗔 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗚𝗡𝗔𝗧𝗘𝗦: 𝗢𝗦𝗧𝗘𝗡𝗧𝗢𝗦𝗢𝗦 𝗩𝗜𝗔𝗝𝗘𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢, 𝗧𝗔𝗡𝗧𝗢 𝗘́𝗟 𝗖𝗢𝗠𝗢 𝗦𝗨 𝗘𝗦𝗣𝗢𝗦𝗔 𝘆 𝗦𝗨𝗦 𝗛𝗜𝗝𝗔𝗦

La investigación también pone el foco en la vida social y los viajes de la familia Bordet. Según informes de Migraciones, entre 2007 y 2023, Gustavo Bordet registró 202 noches de pernoctación en el exterior en viajes no oficiales, visitando destinos como Estados Unidos, Francia, Alemania, España y Sudáfrica, entre otros.

Asimismo, se destaca una “especial relación” con la República Oriental del Uruguay, donde el exgobernador habría ingresado en 65 oportunidades, la gran mayoría por razones personales. La fiscalía investiga si estas constantes visitas, que suman más de seis meses de permanencia en el vecino país, podrían estar vinculadas al “traslado de dinero o bien realización de trámites bancarios”.

Préstamo y compra de una casa el mismo día en que asumió como intendente

El informe fiscal comienza haciendo mención a algo que habría ocurrido el 10 de diciembre de 2007, el mismo día en que Gustavo Bordet asumió por primera vez la intendencia de Concordia.

Se trata de la operación de compra de un inmueble mediante un préstamo hipotecario del Consejo de Ciencias Económicas por $140.000 (USD 44.000 aproximados). Arias sumó el sueldo de Bordet como intendente y el de su esposa como docente y llegó a la conclusión de que el monto del préstamo “equivalía a 29,65 sueldos” del matrimonio.

Fiscalía interpreta como algo relevante que el crecimiento patrimonial que de allí en más se produciría, con la compra de departamentos, terrenos y construcción de una casa, se llevó a cabo no solo con ingresos no significativos de Bordet y su esposa sino que además mientras tanto debía afrontar el pago de aquél crédito de 2007.

𝗩𝗢𝗟𝗨𝗠𝗘𝗡 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗔𝗝𝗘𝗦 𝘆 𝗙𝗔𝗟𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗡𝗖𝗜𝗔𝗘𝗥𝗔

El Ministerio Público Fiscal asegura haber documentado una cantidad significativa de días de permanencia en el exterior que no corresponden a viajes oficiales:

▪️Gustavo Bordet: Registra 202 noches de carácter no oficial en destinos como Estados Unidos, Francia, Alemania, España y Sudáfrica, entre otros.

▪️Silvia Mariel Ávila (esposa): Registra 193 noches, incluyendo destinos exóticos como Emiratos Árabes, Tailandia y Vietnam.

▪️Hijas (Lara y Delfina): Registran 70 y 101 noches respectivamente.

La sospecha surge porque, según los informes bancarios y de la AFIP-ARCA, Bordet y su esposa utilizaron mínimamente sus tarjetas de débito y crédito emitidas en Argentina durante estos viajes.

Además, no se han detectado operaciones significativas de cambio de divisas desde 2019, lo que plantea la duda de cómo solventaban sus gastos en moneda extranjera.

𝗨𝗦𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗧𝗔𝗦 𝗧𝗔𝗥𝗝𝗘𝗧𝗔𝗦 𝘆 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗘𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗘𝗫𝗧𝗘𝗥𝗜𝗢𝗥

Para el fiscal, existe una sospecha fundada de que la familia podría estar utilizando tarjetas de crédito/débito emitidas en el exterior o dinero en efectivo no declarado.

Pasajes comprados en EE.UU.: Un informe de American Airlines reveló que Bordet compró pasajes a través de una agencia (AMEXGBT) registrada en Estados Unidos, que solo opera con clientes corporativos.

Sospecha sobre sociedades no declaradas: Debido a que American Express negó la existencia de tarjetas locales a nombre de Bordet, la fiscalía deduce que una persona jurídica o empresa en el extranjero podría haber pagado esos viajes, sugiriendo que el exgobernador manejaría una sociedad no declarada fuera del país.

LA RELACIÓN PARTICULAR CON URUGUAY -R.O.U.-

Bordet registra 65 ingresos a la República Oriental del Uruguay, de los cuales 56 fueron por razones personales, sumando un total de 187 noches.

Indicios de bienes no declarados: La familia ha tenido largas estadías veraniegas en Uruguay (por ejemplo, 38 noches en 2023), pero no se registran gastos de alojamiento o alquiler de autos, lo que sugiere a la Fiscalía que podrían poseer propiedades o vehículos no declarados en dicho país.

Viajes “relámpago”: Se detectaron múltiples viajes de ida y vuelta el mismo día, incluso en vuelos privados, lo que la fiscalía interpreta como un posible indicio de traslado de dinero o trámites bancario.

Financiamiento indebido con fondos públicos

La investigación también señala que organismos públicos habrían cubierto gastos que debían ser privados:

▪️Consejo Federal de Inversiones (CFI): Se detectó que este organismo pagó pasajes para la esposa e hija de Bordet en viajes “oficiales” a EE.UU. (2016 y 2018), antes de que Silvia Mariel Ávila tuviera un cargo público que justificara la cobertura de gastos.

▪️Viáticos irregulares: Silvia Mariel Ávila habría recibido transferencias por viáticos del CFI y de la Provincia de Entre Ríos antes de ser funcionaria, bajo el concepto de “cumplir funciones junto al Gobernador”.

En resumen, la fiscalía sostiene que el ocultamiento de estos consumos y el uso de terceros o fondos públicos para financiarlos evidencian una falta de transparencia y la posible existencia de dinero ilícito.

𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗕𝗔𝗡𝗖𝗔𝗥𝗜𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗔 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗚𝗥𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗙𝗔𝗠𝗜𝗟𝗜𝗔 𝗕𝗢𝗥𝗗𝗘𝗧

Según la investigación de Fiscalía, los allegados de Gustavo Bordet se vinculan con transferencias bancarias mediante el envío recurrente de dinero a su esposa, Silvia Mariel Ávila, y a sus hijas, Florencia y Delfina Bordet.

La fiscalía considera estas operaciones como “llamativas” debido a que los originantes son personas que se desempeñaron en la órbita pública cercana al exgobernador.

𝗩𝗜́𝗡𝗖𝗨𝗟𝗢𝗦 𝘆 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔𝗦

Transferencias de Sonia Alejandra Romero: Tuvo una evolución profesional ligada a Bordet, pasando de ser su empleada de “casas particulares” (2009-2016) a ser designada Coordinadora en la Secretaría Privada de la Gobernación (2019) y luego personal de planta del Senado (2023).

▪️A Silvia Mariel Ávila: Envió múltiples montos de $50,000 y 200,000 pesos entre2021 y 2022,sumando un total de 600,000 pesos.

▪️ A Delfina Bordet: Realizó diversos envíos en 2022 y 2023 que totalizaron $391,700.

Transferencias de Franco Germán Ferrari: Se desempeñaba como Secretario General de la Gobernación.

▪️A Florencia Bordet: Registra una gran cantidad de transferencias periódicas durante 2021, 2022 y 2023, alcanzando un total de $1,340,000.

▪️Pago de viajes: Además de las transferencias, Ferrari pagó con su tarjeta de crédito personal un pasaje de avión a Nueva York para Delfina Bordet en marzo de 2023, por un valor de USD 1,740.15

Transferencias de María Florencia Coelho: Dependiente de la Honorable Cámara de Senadores.

▪️A Florencia Bordet: Realizó envíos menores entre 2021 y 2022, totalizando $23,700.

La fiscalía sostiene que estas transferencias carecen de explicación y son indiciarias de que estos funcionarios podrían estar manejando veladamente dinero de Gustavo Bordet. Esta sospecha se refuerza al no existir documentación que acredite la devolución del dinero por parte de la familia Bordet a los funcionarios, como en el caso del pasaje pagado por Ferrari.

𝗟𝗔𝗦 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗧𝗔𝗦 𝗦𝗨𝗕𝗩𝗔𝗟𝗨𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦

En su escrito, Arias dice haber detectado marcadas diferencias entre los montos declarados por la familia Bordet y los valores reales de mercado o costos de construcción. Las subvaluaciones más relevantes que menciona son las siguientes:

1. Terrenos en Loteos

▪️Loteo Mena y Beckman (Concordia): Bordet declaró haber pagado USD 12,40 por m2 ($25.000 por 483,94 m2) en 2011. Sin embargo, la investigación determinó que en ese loteo el precio mínimo era de USD 48 por m2, y para lotes similares al suyo, superaba los USD 65. Un testigo que compró un terreno lindante de idénticas medidas declaró haber pagado USD 32.000 (aprox. USD 66 por m2).

▪️Barrio Village Termal (Lote 1 – 2016): Declaró un pago de USD 10,50 por m2. La corredora inmobiliaria a cargo de la venta informó que esos lotes exclusivos con acceso a aguas termales se comercializan a USD 60 por m2.

▪️Barrio Village Termal (Lote 2 – 2021): Declaró un valor de USD 6,35 por m2 (USD 7.500 por 1.183,81 m2), cifra que la fiscalía califica como “francamente irreal”.

2. Departamentos “de Pozo”

▪️ Edificio San Juan (Concordia): Bordet declaró una inversión de USD 22.688. No obstante, según el arquitecto de la obra, el costo final fue de USD 450 por m2, lo que arroja un valor real de USD 29.511. Se detectó una subvaluación del 30%.

▪️ Edificio Catamarca (Concordia): Declaró ante la AFIP la suma de $83.051 (USD 26.373). La justicia obtuvo los recibos reales de sus aportes al fideicomiso, que sumaban $105.624 (USD 33.542). Aquí la diferencia detectada fue del 35%.

3. Costos de Construcción (Vivienda en Village Termal)

La fiscalía señala una maniobra de subvaluación masiva en la casa de 409,18 m2 construida por Bordet:

▪️ Monto declarado: Sumando terrenos y mejoras, Bordet declaró un total de $4.023.383.

▪️ Costo real estimado: Según el Colegio de Arquitectos, el costo mínimo para una vivienda tipo “country” a enero de 2019 era de $ 38.844 por m2. Esto implica un costo de construcción mínimo de $ 13.847.930, sin contar el valor de la tierra ni extras como la piscina.

▪️ Brecha: Se detectó una diferencia del 330% entre lo declarado y el costo oculto.

Arias considera que lo ocurrido en la finca de Village Termal es una maniobra “patente” de “subvaluación”, sea en relación a la compra de los terrenos así como en los costos de construcción de la casa.

4. Desproporción en Operaciones Inmobiliarias (Florencia Bordet)

Fiscalía apunta a una inconsistencia en las transacciones de su hija.

Florencia Gabriela Bordet justificó la compra de su casa en Paraná, ubicada en la calle Adolfo Alsina N° 841, manifestando en la escritura pública que los fondos utilizados provenían de la venta previa de un departamento de su propiedad en Rosario.

De acuerdo con los documentos de la investigación, los detalles de esta justificación son los siguientes:

▪️ La venta en Rosario: El 31 de octubre de 2019, Florencia vendió un departamento de 33,47 m² ubicado en la calle España 1790 por un valor de USD 65.000.

▪️ La compra en Paraná: El 24 de junio de 2020 (menos de ocho meses después), adquirió la casa en Paraná, de 219,50 m², por un monto de USD 70.000.

Para el Ministerio Público Fiscal, esta justificación resulta cuestionable debido a la “desproporción evidente” entre ambas operaciones. Resalta que no resulta verosímil que un departamento de apenas 33 metros cuadrados en Rosario tenga un valor de mercado casi idéntico (apenas USD 5.000 de diferencia) al de una casa de 219 metros cuadrados en Paraná, especialmente considerando el corto tiempo transcurrido entre la venta y la compra. -Fuente: El Entre Rios –