Redacción

Moulia fue recibido por el presidente de la firma, Alberto Grosso, y recorrió las instalaciones para interiorizarse sobre los avances de esta nueva etapa de desarrollo tecnológico.

Con más de 40 años de trayectoria, Grosrumer es un actor central para los citricultores y para la cadena frutihortícola regional. Su trabajo se enfoca especialmente en productos regionales como cítricos, arándanos, uvas, pimientos y kiwis, contribuyendo al fortalecimiento de las economías locales y a la competitividad del sector frutihortícola nacional.

En el marco de su crecimiento, la empresa dio un paso histórico al iniciar el primer tratamiento con frío para cítricos destinados a exportación, teniendo a Ecuador como primer mercado, con el envío de naranjas de la empresa Trevisur. Esta ampliación —que representó una inversión cercana a 3 millones de dólares en infraestructura y equipamiento especializado— incorpora una tecnología libre de productos químicos, esencial para preservar la calidad y prolongar la vida útil de la fruta.

El proceso se llevó adelante bajo los estándares establecidos por el SENASA, que otorgó las autorizaciones correspondientes. En esta instancia resultó fundamental el acompañamiento del ex presidente del organismo, Pablo Cortesse, y del director en Entre Ríos, Nestor Micheloud, quienes respaldaron y validaron los avances técnicos que habilitaron la nueva operatoria.

Por su parte, Alberto Grosso agradeció la visita de Moulia a la planta y destacó su acompañamiento sostenido en los distintos procesos de expansión que la empresa ha atravesado a lo largo de más de cuatro décadas en la provincia. “Su presencia y el respaldo han sido fundamentales en cada etapa de crecimiento. Y hoy también valoramos el acompañamiento del gobernador Rogelio Frigerio, cuyo apoyo fortalece el desarrollo de nuestra actividad y su importancia estratégica para Concordia y para toda la región”, señaló.

Al concluir la recorrida, Moulia destacó el impacto regional del desarrollo: “Grosrumer es una empresa que siempre mereció ser acompañada. Lleva décadas brindando un servicio fundamental para los citricultores de Concordia y la región. La incorporación de tecnología de frío y esta nueva etapa de expansión fortalecen toda la cadena citrícola y proyectan a la provincia hacia nuevos mercados”.

El cierre de un año de gestión suele ser el momento propicio para evaluar con seriedad qué se hizo, qué no y, sobre todo, hacia dónde se dirige una ciudad. En el caso de Concordia, ese balance deja una sensación inquietante: abundan las declaraciones y los diagnósticos discursivos, pero escasean los planes concretos, los datos verificables y los resultados medibles.

Más que un análisis de gestión, el repaso oficial expone una forma de gobernar basada en la palabra, donde el relato parece ocupar el lugar que deberían tener la planificación, la ejecución y la rendición de cuentas. En la ciudad más pobre del país, esta dinámica no es un detalle menor: es una señal de alarma.

La “in-gestión” como práctica

El intendente Francisco Azcué insiste en conceptos como orden, eficiencia, desarrollo humano y cambio cultural. Sin embargo, no presenta un plan integral de gobierno que permita comprender cómo esas consignas se traducen en políticas públicas sostenidas. La enumeración de proyectos —Centro de Convenciones, Centro Comercial a Cielo Abierto, Citrón Verde— funciona más como una lista aspiracional que como evidencia de una estrategia en ejecución.

La pregunta central sigue sin respuesta:
¿de qué manera estos proyectos impactan en la pobreza estructural, el desempleo y la informalidad que atraviesan a miles de concordienses?

Sin indicadores comparativos, sin evolución de variables sociales ni mediciones de impacto, los supuestos avances quedan reducidos a logros retóricos o, en el mejor de los casos, resultados marginales frente a un problema de escala histórica.

Seguridad: el mérito ajeno como propio

Uno de los puntos más discutibles del balance oficial es la apropiación de resultados en materia de seguridad. Las afirmaciones sobre una ciudad que “volvió a vivir en paz” omiten un dato clave: la seguridad pública es competencia primaria del gobierno provincial, ejecutada a través de la Policía de Entre Ríos y articulada con la Justicia y fuerzas federales.

Atribuirse esos avances no solo resulta impreciso, sino que revela una práctica recurrente: capitalizar políticamente acciones que no dependen del municipio, desdibujando responsabilidades y confundiendo a la ciudadanía.

Desarrollo humano sin estructura económica

El discurso sobre el abandono del asistencialismo y la promoción de la cultura del trabajo ocupa un lugar central. Programas de alfabetización, huertas familiares y centros de familia son presentados como señales de un cambio profundo. Sin embargo, vuelve a aparecer la misma falencia:
no se informan cifras claras de alcance, continuidad, inserción laboral ni evaluación de resultados.

Sin políticas activas de generación de empleo privado, sin incentivos productivos reales y sin una estrategia económica local sostenida, el discurso del mérito corre el riesgo de convertirse en una consigna vacía en una ciudad atravesada por la precariedad y la dependencia del Estado.

Comunicación deficiente y ausencia de rendición de cuentas

Otro déficit estructural es la incapacidad de comunicación institucional efectiva. En una ciudad con alta presión fiscal, servicios deficientes y caída del consumo, los contribuyentes tienen derecho a conocer con precisión cómo se administran los recursos públicos.

Las declaraciones públicas no reemplazan lo que falta: informes accesibles, datos abiertos, balances claros y explicaciones concretas. Gobernar también implica rendir cuentas, no solo enunciar intenciones.

Fragilidad política y limitaciones ejecutivas

Sin profundizar en el análisis partidario, resulta evidente la debilidad del sustento político propio del intendente, lo que se traduce en una gestión dependiente y con escaso margen de maniobra. Esa fragilidad termina condicionando decisiones y retrasando definiciones de fondo.

A esto se suma una cuestión clave: la falta de experticia ejecutiva. Administrar una ciudad con los niveles de pobreza de Concordia requiere capacidades de gestión complejas, que exceden la formación legal y tribunalicia del jefe comunal. Tal vez allí radique una de las claves de este gobierno: mucha narrativa, poca ejecución.

Esperanza sin plan: del deseo a la utopía

Cuando se habla de esperanza y de un futuro de progreso, la pregunta no es si esos objetivos son deseables, sino qué plan concreto existe para alcanzarlos. Sin un programa de gobierno, sin indicadores públicos y sin liderazgo político consolidado, la esperanza se diluye en promesas.

En Concordia, el problema ya no es solo quién gobierna, sino cómo se gobierna. Y el balance de cierre de año muestra una gestión atrapada en el relato, incapaz de demostrar con hechos, datos y políticas sostenidas que puede sacar a la ciudad del estancamiento estructural que la define desde hace décadas.

Redacción Análisis Litoral : https://www.analisislitoral.com.ar/

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Los diputados nacionales por Entre Ríos, Gustavo Bordet y Blanca Osuna cuestionaron el Presupuesto 2026. Alertan sobre los fondos que perderá Entre Ríos con la reforma laboral

Durante la sesión en la Cámara de Diputados en la que se debatió el Presupuesto Nacional, el diputado nacional y exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, expresó su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional y fundamentó la posición de su bloque, que presentó un dictamen alternativo. Por su parte Blanca Osuna advirtió que se profundiza un ajuste regresivo que avanza sobre los sectores más débiles de la sociedad: estudiantes, jubilados, mujeres, niñas y niños, y personas con discapacidad.

Bordet cuestionó la idea de una supuesta “batalla cultural” para alcanzar el equilibrio fiscal y recordó su experiencia como gobernador durante ocho años: “Quienes hemos tenido responsabilidades de gobierno sabemos que el equilibrio fiscal no es una consigna, sino una construcción. En Entre Ríos fue una de mis principales preocupaciones y, al finalizar mi gestión, dejé las cuentas de la provincia en perfecto orden fiscal y financiero”.

En ese sentido, señaló que el problema de fondo no es el equilibrio fiscal en sí, sino cómo se construye el presupuesto, y remarcó dos variables centrales: los ingresos y la asignación de los recursos.

Sobre la primera, advirtió que el Gobierno nacional ha resignado ingresos “para favorecer a los sectores más concentrados del poder económico, en detrimento de la clase media y de los sectores más vulnerables”.

Respecto de la asignación de recursos, Bordet sostuvo que el Presupuesto marca una senda regresiva y de ajuste de cara a 2026, con prioridades que no responden a las necesidades de la mayoría de los argentinos.

“Para este gobierno las prioridades son la seguridad interior y los servicios de inteligencia, mientras no lo son nuestros jubilados, las personas con discapacidad —cuya emergencia se deroga— ni la educación, que atraviesa una profunda crisis, especialmente en las escuelas técnicas y agrotécnicas”, afirmó.

También alertó sobre la paralización de la obra pública en las provincias, mencionando rutas abandonadas, viviendas discontinuadas y problemas de hacinamiento y calidad ambiental que impactan directamente en la vida cotidiana de la población.

“El debate de fondo es qué presupuesto queremos. Desde nuestro bloque queremos un presupuesto, por eso presentamos un dictamen alternativo que contempla estas variables y asigna recursos para vivir en un país con valores federales y con respeto por todas las personas, independientemente de su condición”, subrayó.

Finalmente, Bordet se refirió a la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y advirtió sobre una contradicción grave: “Entre Ríos recibirá 20.000 millones de pesos en ATN, pero al mismo tiempo en el Senado se debate una reforma laboral que modifica el impuesto a las ganancias para sociedades. Si se aprueba, nuestra provincia perderá 80.000 millones de pesos en 2026. Es incomprensible”.

Por todo ello, el diputado explicó por qué no acompañó el proyecto de Presupuesto del Gobierno nacional y reiteró el compromiso de su bloque con un modelo de país que respete el federalismo, la equidad y los derechos de quienes habitan la República Argentina.

“Los más débiles no deben ser las víctimas del ajuste de Milei y Frigerio”

En tanto la diputada Blanca Osuna cuestionó con dureza el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el gobierno nacional y advirtió que profundiza un ajuste regresivo que avanza sobre los sectores más débiles de la sociedad: estudiantes, jubilados, mujeres, niñas y niños, y personas con discapacidad.

Osuna señaló que el presupuesto recorta derechos y desfinancia políticas públicas esenciales, y convocó a los diputados entrerrianos que anticiparon su voto a favor del proyecto a “recorrer las escuelas técnicas ubicadas en distintas ciudades de Entre Ríos y dar la cara frente a estudiantes y docentes”, destacando que, pese al ajuste, existen experiencias concretas que muestran capacidad de innovación, compromiso y trabajo en instituciones educativas que resisten el abandono.

En ese sentido, puso especial énfasis en la situación de la educación técnica, al advertir que el proyecto avanza sobre los mecanismos de financiamiento que la sostienen y pone en riesgo a miles de escuelas que forman jóvenes para el trabajo y el desarrollo productivo del país.

Asimismo, la diputada sostuvo que “no se puede sostener al estado con aportes mínimos de los más poderosos y despojando a los más débiles en beneficio del sector financiero y de la especulación”, y cuestionó el rumbo económico y social del gobierno nacional.

Finalmente, Osuna planteó la necesidad de avanzar en una modificación del Código Penal a fin de incorporar un agravante en la configuración del delito previsto en el Título XI, “Delitos contra la Administración Pública”, Capítulo IV, vinculado al incumplimiento del funcionamiento de la administración pública. En ese marco, recordó que agravar las penas que establecen los artículos 248 y 249 ya servirá para quienes incumplen sus deberes y “quienes hoy votan en contra de la salud, la educación, los trabajadores y las necesidades del pueblo respondan ante la ley”. Y afirmó que la historia demuestra que “los pueblos no se suicidan” y se movilizan en defensa propia. Más temprano que tarde, la justicia debe cumplir el rol que le corresponde.