**¿Quién quiere realmente la cabeza de Susana Medina?

Medina

Juicio político, segundas líneas y una vacante demasiado tentadora**

En Entre Ríos, los juicios políticos rara vez se explican por lo que figura en los expedientes. Detrás de los tecnicismos, los descargos jurídicos y las declaraciones formales, suele haber algo más: poder, vacantes, equilibrios rotos y nombres que no aparecen en los títulos pero sí en las decisiones.

El caso de Susana Medina de Rizzo parece encajar, una vez más, en esa lógica.

El expediente dice una cosa, la política otra

Formalmente, la vocal del Superior Tribunal de Justicia enfrenta dos denuncias graves: ausencias prolongadas de la jurisdicción durante años completos y un presunto conflicto de intereses por aportes del Banco de Entre Ríos a la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, organización que Medina integra y preside. A eso se suma el cuestionamiento sobre la marcha de su despacho, con cifras de morosidad que ella niega de plano.

En su descargo, Medina hace lo esperable: niega todo, denuncia persecución institucional, pide el rechazo in limine y se presenta como víctima de un mecanismo de hostigamiento que amenaza la independencia judicial. Jurídicamente, su defensa está bien armada. Políticamente, llega tarde y sin respaldo.

Porque si algo queda claro es que Medina está sola.

La soledad como síntoma

No hay pronunciamientos fuertes del Poder Judicial en su defensa. No hay operadores visibles que salgan a bancarla. No hay señales de que alguien esté dispuesto a pagar el costo político de sostenerla.

En los tribunales se comenta —en voz baja— que su salida es casi un hecho. No por la contundencia del expediente, sino porque ya nadie la necesita en ese lugar.

Y ahí empieza a aparecer la segunda línea del caso.

El verdadero botín: una silla en el STJ

El juicio político avanza con una velocidad inusual porque habilita algo mucho más valioso que una sanción ejemplar: una vacante en el Superior Tribunal de Justicia.

El oficialismo de Rogelio Frigerio tiene la mayoría en Diputados para impulsar el proceso. El peronismo, lejos de resistir, parece dispuesto a acompañar. Las diferencias internas existen, pero no alcanzan para frenar la maquinaria.

La historia se repite: Chiara Díaz, Castrillón, antes. Ahora Medina. Denuncia, presión, desgaste, jubilación anticipada. El procedimiento rara vez llega a su fin. El resultado, casi siempre, es el mismo.

¿Quién empuja desde las sombras?

En Casa de Gobierno dejaron trascender que detrás de Medina estaría Guillermo Michel. El argumento es endeble y roza lo anecdótico: un voto en el Tribunal Electoral que benefició a Mauricio Davico, intendente de Gualeguaychú. Demasiado poco para explicar una operación de esta magnitud. Más parece una cortina de humo que una hipótesis seria.

Otros apuntan hacia la ONG Entre Ríos Sin Corrupción, surgida al calor del jury contra Cecilia Goyeneche. No es un dato menor: ese espacio ya demostró capacidad de presión, instalación mediática y vocación por incidir en la conformación del poder judicial.

En los pasillos se dice algo más concreto: hay un nombre dando vueltas para ocupar la vacante. Y cuando eso ocurre, el resto es trámite.

Frigerio, Romero y el control de daños

Que el gobernador se reúna en su casa con los diputados de la Comisión de Juicio Político no es un gesto inocente. Que Rosario Romero haga lo propio con el bloque del PJ, tampoco.

Ambos saben que el problema no es solo Medina, sino el precedente. Frigerio pide “responsabilidad” mientras deja correr el proceso. Romero intenta frenar, pero llega sin fuerza. El peronismo, dividido y debilitado, parece más preocupado por no quedar expuesto que por defender una posición institucional coherente.

El discurso de la ética y la práctica del poder

Medina habla de independencia judicial. Sus denunciantes hablan de ética pública. Pero el sistema muestra otra cosa: el juicio político como herramienta de reordenamiento interno, no como mecanismo excepcional.

Las ausencias, las licencias, los viajes y los vínculos institucionales pueden ser discutibles. Lo que no se discute es que durante años fueron tolerados. El problema no es lo que hizo Medina, sino cuándo dejó de ser funcional.

La pregunta incómoda

Entonces, la pregunta no es si Susana Medina es culpable o inocente.
La verdadera incógnita es otra:

👉 ¿Quién gana con su salida y quién pierde si se queda?

Cuando la respuesta aparece clara, el expediente pasa a segundo plano.

Y en Entre Ríos, como tantas veces, la justicia vuelve a ser el escenario donde se dirimen disputas que poco tienen que ver con la ley y mucho con el poder.

Redacción: Análisis Litoral con información de Entre Ríos Ahora / Pagina política /pagina Judicial

Condenaron a una Diputada Provincial por desalojo y deuda millonaria: un fallo judicial que expone a Liliana Salinas

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 No se trata de una vecina más ni de un conflicto entre particulares sin relevancia pública. La Justicia condenó a Liliana Salinas, Diputada Provincial en funciones, a devolver el inmueble que ocupaba irregularmente y a pagar casi tres millones de pesos en concepto de alquileres adeudados, en una sentencia que vuelve a poner bajo la lupa la conducta de quienes ocupan cargos públicos.

La notificación judicial llegó antes de Navidad, casi como una ironía del calendario. Con Cédula Judicial en mano, el fallo del juez Ponce en la causa “Iriarte Francisco Ramón c/ Salinas Gladys Liliana y otros s/ Desalojo y cobro de alquileres” dejó al descubierto una situación que dista mucho del discurso de austeridad y ejemplaridad que suele exigirse —y proclamarse— desde la política.

La sentencia es clara: la diputada provincial oriunda de Concordia tiene un plazo de 10 días para abandonar la vivienda ubicada en calle Laprida Nº 1747, inmueble que habría ocupado sin cumplir con sus obligaciones contractuales, y abonar más de 35 meses de alquileres impagos.

No es un dato menor que en diciembre del año pasado este medio ya había informado sobre el embargo al sueldo legislativo de Salinas, medida judicial que se le impuso en su carácter de diputada. Salinas, además, es presidenta del Partido Conservador, sello que fue utilizado por Javier Milei en Entre Ríos para competir en las elecciones presidenciales de 2023. Un dato político que vuelve inevitable la pregunta sobre la coherencia entre los discursos de orden, legalidad y respeto a la propiedad privada, y los hechos concretos.

Un año después de aquel embargo, llegó el fallo definitivo. En su primer dictamen, el juez resolvió:

“Condenar a Gladys Liliana Salinas a desalojar el inmueble sito en calle Laprida Nº 1747 de esta ciudad, la que se hace extensiva a cualquier otro ocupante, restituyéndolo a Francisco Ramón Iriarte”.

El segundo punto del fallo agrava aún más la situación:

“Condenar a Gladys Liliana Salinas, Sebastián Aníbal Iglesias y Elbio Aníbal Rodríguez a pagar al actor Francisco Ramón Iriarte, en forma solidaria y en el término de diez días, la suma de $2.182.500, en concepto de alquileres adeudados”.

Condenaron a la Diputada Provincial Liliana Salinas a devolver el inmueble que usurpaba y a pagar casi $3 millones de pesos

Iglesias y Rodríguez, cabe aclarar, son los garantes que respaldaron a la diputada al momento de alquilar el inmueble. Por la morosidad de la legisladora, serán ellos quienes deban responder en primera instancia ante el propietario, quedando luego habilitados a reclamar judicialmente a Salinas lo que eventualmente deban pagar.

Según pudo confirmar este medio, los garantes ya iniciaron acciones legales para resguardarse económicamente y han expresado su solidaridad con el propietario, manifestando sentirse —junto a él— perjudicados por el accionar de quien ostenta una banca en la Legislatura provincial.

El monto fijado por la Justicia corresponde a los alquileres impagos desde mayo de 2022 hasta febrero de 2024, pero el fallo agrega que deberán sumarse los meses posteriores hasta la efectiva restitución del inmueble, más intereses y costas judiciales, que fueron impuestas a los demandados bajo el principio objetivo de la derrota.

El caso vuelve a instalar una discusión incómoda pero necesaria: ¿qué estándar ético se les exige a los representantes públicos? Porque cuando una diputada provincial es condenada por no pagar alquileres durante casi tres años y por retener un inmueble contra fallo judicial, ya no se trata solo de un problema habitacional.

Se trata de credibilidad, responsabilidad institucional y del ejemplo que se da desde el poder.

Efectivamente, alquilar está cada vez más duro.
Pero cumplir la ley debería ser obligatorio, sobre todo para quienes la votan.

Ubajay presentó en Buenos Aires la 28.ª Fiesta Provincial del Yatay y los Carnavales Ubajayenses

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La localidad de Ubajay presentó en la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires la 28.ª edición de la Fiesta Provincial del Yatay y una nueva edición de los Carnavales Ubajayenses, dos celebraciones emblemáticas que forman parte de la identidad cultural, turística y comunitaria de la región.

El encuentro permitió dar a conocer en la Ciudad de Buenos Aires estas festividades que, año tras año, convocan a vecinos y visitantes de toda la provincia y del país, poniendo en valor las tradiciones, la producción local y las expresiones artísticas de Ubajay.

Participaron de la presentación Verónica Luxen, presidenta municipal de Ubajay, y Lisandro Giménez, director de Cultura y Turismo, quienes brindaron detalles sobre la grilla de actividades, las propuestas artísticas y las distintas acciones previstas para ambas celebraciones, que conjugan tradición, música, danza y participación popular.

En relación a la Fiesta Provincial del Yatay, se informó que la jornada se realizará el sábado 21 de febrero, de 10 a 16 horas, con acceso gratuito al predio, donde el público podrá recorrer stands gastronómicos y de artesanos. A partir de las 18 horas comenzarán los espectáculos de destreza criolla y las presentaciones artísticas en el escenario principal, junto con clases de gastronomía en vivo basadas en el fruto de la palmera Butiá Yatay. La entrada general tendrá un valor de $15.000.

Durante la jornada se realizarán montas en distintas categorías y se presentarán artistas como Sentimiento Campero (Santa Fe), El Patrón del Chamamé (Entre Ríos) y el cierre musical estará a cargo de Mario Pereira.

Por su parte, los Carnavales Ubajayenses se llevarán a cabo el 13 de febrero sobre una de las principales avenidas de la localidad, con la participación de la Comparsa Butiá Yatay y comparsas invitadas de distintas ciudades de la provincia, como Concordia y Concepción del Uruguay, en una celebración que rinde homenaje permanente a la identidad local y a la palmera yatay.

Durante la presentación, José Mouliá, representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, expresó:  “Quiero agradecer a todas las personas que formaron parte del calendario de actividades de la Representación durante el año, a las localidades entrerrianas, a los productores, a los artistas y a los periodistas, cuyo acompañamiento y difusión permiten ampliar el alcance de nuestras acciones y visibilizar el trabajo que se realiza desde la Casa de Entre Ríos.”

“Quiero agradecer al gobernador Rogelio Frigerio por la confianza y la libertad de trabajo, y destacar el trabajo articulado con las áreas de Turismo, Cultura y la Secretaría General de la Gobernación, que nos permitió avanzar de manera conjunta en los objetivos planteados para el año.”

“Y, especialmente, un reconocimiento al equipo de la Representación, cuyo compromiso y trabajo cotidiano hacen posible la realización de cada uno de estos encuentros.”

Renovación en la cúpula policial: Roncaglia tomó juramento a las nuevas autoridades de la Policía

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En un acto realizado en la Escuela de Oficiales de Policía Dr. Salvador Maciá, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, junto al Jefe de la fuerza, oficializó los cambios en Direcciones y Jefaturas Departamentales dispuestos por el gobierno provincial para optimizar la seguridad.

El Gobierno de Entre Ríos concretó este miércoles una importante reorganización en la estructura de mando de la fuerza de seguridad provincial. El titular de la cartera de  Seguridad y Justicia, acompañado por el jefe de Policía, Claudio González y el subjefe, Marcelo Clausich, tomó juramento a los flamantes directores, subdirectores y jefes departamentales designados.

“Es un día importante para la Policía, como todos los años se producen cambios en base a una evaluación permanente de la gestión de la Institución. Esta decisión no es en contra de nadie, es un reconocimiento a los funcionarios que acompañaron la gestión hasta ahora y , generar cambios para mejorar el servicio de seguridad. Hay funcionarios que estuvieron más de 32 años en servicio y eso se agradece mucho”, explicó el ministro Roncaglia.

Los cambios fueron oficializados a través del Decreto Nº 3641/2025. Esta reestructuración responde a estrictas razones de servicio y forma parte de una estrategia de renovación funcional propuesta por la Jefatura de Policía. El objetivo central es fortalecer la gestión operativa, administrativa y el despliegue territorial en toda la provincia.

La medida abarca áreas sensibles y estratégicas como la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, Drogas Peligrosas, Operaciones y Seguridad Pública, así como las jefaturas de departamentos clave como Paraná, Gualeguaychú y Uruguay, entre otras.

A continuación, el detalle de los oficiales jefes superiores que asumieron sus nuevos cargos:

Direcciones Generales
Prevención de Delitos Rurales: Crio. Mayor Cristian Andrés Allegrini.
Departamentales del Uruguay: Crio. Mayor Jorge Alberto Moreyra.
Asuntos Internos: Crio. Mayor Pedro Alfredo Silva.
Operaciones y Seguridad Pública: Crio. Mayor Diego Martín Cabello del Campo.
Drogas Peligrosas: Crio. Mayor Claudio Benito Passadore.
Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico: Crio. Mayor Fabiola Andrea Butala Farber.

Subdirecciones Generales
Ayudantía y Planeamiento: Crio. Inspector Mariano Andrés Vecchio.
Departamentales del Paraná: Crio. Mayor José María Pérez.
Drogas Peligrosas: Crio. Inspector Pablo Gastón Preisz Casas.
Operaciones y Seguridad Pública: Crio. Mayor Martín Ramón Tello.
Asuntos Internos: Crio. Inspector Sonia Mariela Capellino.
Administración y Logística: Crio. Inspector Miguel Eduardo Retegui.
Departamentales del Uruguay: Crio. Mayor Luis Alberto Báez.
Institutos Policiales: Crio. Inspector María del Rosario Cornejo.
Policía Científica: Crio. Inspector Alberto Martín Grinovero.
Prevención de Delitos Rurales: Crio. Inspector Horacio Raúl Ludi.

Jefaturas Departamentales
Paraná: Crio. Inspector Hernán Walter Góngora.
Gualeguaychú: Crio. Inspector Ramiro Urroz Denaday.
La Paz: Crio. Mayor Carlos Ariel Schmunk.
Colón: Crio. Inspector Héctor Leonardo Martínez.
Federación: Crio. Inspector Luis Cristian Valdez Puente.
Feliciano: Crio. Mayor Romualdo Javier Ramírez.
Victoria: Crio. Inspector Roberto Carlos Jesús Donda.
Federal: Crio. Inspector Daniel Marcelo Della Giustina.
Tala: Crio. Inspector Lucio Martín Cepeda.
Islas del Ibicuy: Crio. Inspector Héctor Esteban Riquelme.

Subjefaturas Departamentales
Paraná: Crio. Inspector Juan Pablo Claucich.
Gualeguaychú: Crio. Inspector Mauricio Oscar Asler.
Federación: Crio. Inspector Marcos Misael Pereyra.
Federal: Crio. Inspector José Luis Luna.
Feliciano: Crio. Inspector Diego Gustavo Wasinger.
Victoria: Crio. Inspector Ricardo Daniel Ríos.
Gualeguay: Crio. Inspector Mauricio Ariel Ferreyra.
Colón: Crio. Inspector Juan Martín Furlong.
San Salvador: Crio. Inspector Darío Martín Schwindt.

En medio de la tensión en el Congreso, el Gobierno apeló el fallo que le ordenó ejecutar la Ley de Emergencia en Discapacidad

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El recurso fue concedido por el juez federal de Campana Adrián González Charvay y ahora deberá resolver la Cámara Federal de San Martín. Ayer, la oposición le dio un golpe al intento del oficialismo de derogar la ley definitivamente en el Presupuesto 2026

El Gobierno nacional apeló la decisión del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien declaró inválido el artículo del decreto presidencial que suspendió la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad y ordenó que sea ejecutada de inmediato en todo el país.

La decisión judicial del 12 de diciembre pasado fue apelada por la Procuración del Tesoro de la Nación por “causar agravio al Estado Nacional”. El escrito lleva la firma del procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla con el patrocinio letrado del subprocurador, Julio Comadira.

El juez concedió la apelación “con efecto devolutivo”, lo que implica que el fallo apelado seguirá vigente mientras la causa es revisada por la Cámara Federal de San Martín. Además dio un plazo de cinco días al Estado para fundar el recurso.

La presentación ratifica una decisión política del Gobierno que ayer generó tensión en el Congreso: la oposición logró rechazar el capítulo del Presupuesto que incluía la derogación definitiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada el año pasado por la oposición.

Ahora la Casa Rosada aspira a revertir esa votación en el Senado y volver a insistir en Diputados con la redacción general del Presupuesto, algo que quedó demostrado ayer que no será sencillo.

El fallo cuestionado

González Charvay declaró la invalidez del artículo 2 del decreto presidencial 681/2025, que suspendió la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad con el argumento de falta de partidas presupuestarias asignadas a ese financiamiento.juez federal de Campana Adriánjuez federal de Campana Adrián González Charvay (Nicolás Stulberg)

El juez ordenó su “inmediata aplicación”, advirtió por una violación del sistema republicano. El conflicto se desató cuando el Ejecutivo, tras ver rechazado su veto por el Congreso, promulgó la norma pero suspendió su aplicación invocando la Ley de Ejecución Presupuestaria, que establece que cualquier legislación que autorice gastos debe prever su financiamiento.

El juez sostuvo que la cláusula suspensiva “resulta ser inválida a todos sus efectos, ya que violenta de manera objetiva y directa el mandato constitucional”, al subordinar una decisión de los representantes del pueblo a una reglamentación de jerarquía inferior (el artículo 2 del decreto 681/2025).

El juez de Campana también objetó el argumento presupuestario y calificó esta justificación como engañosa, dado que la propia Ley de Emergencia faculta al Jefe de Gabinete a reasignar partidas.

El fallo advirtió que se trataba de un “argumento falaz cuya falsía queda evidenciada en la simple lectura” del texto, que otorgaba las herramientas necesarias para cubrir los gastos.

Los fundamentos

Al evaluar los fundamentos del decreto impugnado y sus consecuencias en los hechos, el juez federal de Campana concluyó que la medida y sus resultados “no son otra cosa que un caso de clara discriminación a personas con discapacidad”, afectando también a niños y adultos mayores que sufren una doble vulnerabilidad.

González Charvay agregó que el Gobierno usó decretos para modificar el presupuesto en otras áreas, pero se negó a hacerlo en este caso. Según sentenció, aceptar la postura oficial implicaría validar un “uso parcializado y discriminado de recursos por parte del PEN”, lo cual contradice las obligaciones asumidas por el Estado argentino.

La resolución judicial ahora apelada también ponderó la gravedad de la crisis que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones prestadoras. El magistrado describió la situación actual como una “alarmante pérdida de poder adquisitivo” que “redunda en una merma en la calidad y la continuidad de todas las acciones destinadas a proteger, promover y restaurar la salud”.

Este panorama, según se desprende del fallo, mantiene en una situación de vulnerabilidad extrema a quienes el Estado “está obligado a proteger” con mayor celo.

La sentencia también invocó el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, que prohíbe tomar medidas que disminuyan los niveles de protección ya alcanzados. El juez consideró que la suspensión de la norma provocaba, como resultado directo, un “deterioro progresivo de servicios y prestaciones a la salud”, afectando a un grupo social que requiere una tutela especial.

Finalmente, la Justicia desestimó el intento del Estado de presentar como solución la posible inclusión de fondos en el presupuesto del año 2026.

González Charvay determinó que esa promesa futura no resolvía la emergencia actual y reafirmó que “se impone una protección reforzada y la adopción de acciones positivas” de manera inmediata para garantizar una respuesta a la emergencia del sector.

El Ministerio de Seguridad recibió dos graves amenazas a través de la Línea 134: “Vamos a quemar el país entero”

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Las comunicaciones, originadas desde un mismo número, incluyeron mensajes intimidatorios que motivaron la intervención de organismos encargados de la protección institucional

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Las advertencias incluyeron frases como “mañana le quemamos el país entero” y “vamos a prender fuego el país”

En la tarde de este miércoles, la rutina de los operadores de la Línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional se vio interrumpida por un par de llamadas que, lejos de la habitual consulta o denuncia ciudadana, trajeron consigo un tono de amenaza, con advertencias explícitas sobre la posible comisión de hechos violentos de alcance general dirigidas a las autoridades nacionales.

Desde el entorno de Particia Bullrich —ex ministra y actual senadora nacional—, informaron  que la primera comunicación, se escuchó: “Avísale a tu Ministra que mañana le quemamos el país entero, íntegro”. Actualmente, la titular de la cartera es Alejandra Monteoliva, quien asumió su cargo hace dos semanas.

Minutos después, se realizó una segunda llamada, en la cual reiteraron la amenaza: “Mañana vamos a prender fuego el país”. La comunicación no terminó ahí. “¿Cómo podés estar trabajando para esta basura?”, continuó el interlocutor.

or que ella: estaba solaEl contenido de las amenazasEl contenido de las amenazas generó preocupación por posibles hechos violentos de alcance general

La Coordinación de Denuncias de la Línea 134 verificó que ambos llamados, realizados a las 16:38 y 16:45, provinieron del mismo número telefónico.

El Ministerio de Seguridad judicializó el caso, al considerar que las expresiones tenían carácter intimidatorio y aludían directamente a la posibilidad de actos violentos masivos, lo que representa un hecho relevante para la seguridad institucional y pública.

Hace tan solo unos días, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo recientemente a un vecino de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza, acusado de haber amenazado de muerte al presidente Javier Milei.

La investigación comenzó en septiembre, cuando la División Seguridad Presidencial de la fuerza federal detectó un mensaje publicado por un usuario apodado “Martiancorp” en una reconocida red social.

El posteo decía: “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda”.Ante este mensaje, la División Delitos Constitucionales comenzó las tareas para identificar al responsable, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación y con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, y la Secretaría N°24 de María del Pilar Cavallero.

A partir de análisis de datos y otras medidas de investigación, se estableció que el autor de la amenaza sería un joven argentino de 21 años, residente en un domicilio sobre la calle Velazco, en González Catán. El joven quedó detenido y a disposición de la Justicia.

¿Qué es la Línea 134?

La Línea 134 es el canal telefónico institucional y gratuito del Ministerio de Seguridad para la recepción de denuncias, sugerencias y reclamos en materia de seguridad. Se trata de un servicio de alcance federal, en funcionamiento las 24 horas del día, todos los días del año, en el que las personas denunciantes pueden optar por no brindar sus datos personales. La administración de la línea es competencia de la Coordinación de Denuncias, dependiente de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial.

Los procesos de toma, registro, análisis y derivación de las denuncias recibidas se encuentran documentados, y se enmarcan en un Sistema de Gestión de Calidad, el cual obtuvo el certificado de calidad concedido por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).

La línea 134 recibe denuncias sobre delitos federales, de interés federal, irregularidades en el desempeño y la actuación del personal de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales, y todo delito o situación que afecte a la seguridad pública. Entre los diferentes llamados que se reciben se encuentran aquellos que denuncian una presunta situación de trata y explotación de personas y/o delitos conexos, ante lo cual se cuenta con un procedimiento específico para la toma y registro de estas denuncias, en pos de obtener toda la información indispensable que facilite la investigación del hecho denunciado.

Ante la recepción de la denuncia, se evalúa si requieren, por ser casos de Emergencia, la intervención inmediata de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales. Si, en cambio, se tratara de una situación de Urgencia, la misma es remitida vía correo electrónico a la PROTEX, poniendo en conocimiento mediante Expediente Electrónico a la Dirección Nacional de Investigación Criminal.

Se realiza un análisis inmediato de las denuncias recibidas, que consiste principalmente en la búsqueda de antecedentes o coincidencias en los registros disponibles en esta Coordinación de Denuncias, con el propósito de cotejar si lo denunciado ya se encuentra registrado o siendo investigado por el Poder Judicial, a fin de evitar una posible duplicación en las investigaciones. Desde la Dirección de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos contra la Integridad Sexual se realiza una búsqueda de antecedentes sobre los datos que constan en las denuncias recibidas en la línea 134 en el Sistema Federal Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (SISTRATA), siendo tal información remitida a la PROTEX

Un estudio descubrió que la metformina actúa sobre otra complicada enfermedad, además de la diabetes

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Un reciente estudio señala que este fármaco para la diabetes reduciría el riesgo de covid larga.

Un análisis con miles de casos

De acuerdo con la publicación en la revista científica Clinical Infectious Diseases, se realizó un trabajo con más de 600 mil registros de individuos adultos que fueron diagnosticados con coronavirus. Se excluyó a quienes habían utilizado metformina durante el año previo y a otros que presentaban contraindicaciones o tomaban fármacos que también influyeran en los niveles de azúcar en sangre.

Los resultados indican que quienes iniciaron metformina dentro de los 90 días siguientes al diagnóstico mostraron una reducción notable en la probabilidad de padecer manifestaciones prolongadas. Esto representa un hallazgo prometedor para un medicamento que, además, es asequible y cuenta con un largo historial de uso clínico.

Próximos pasos en la investigación

Las y los especialistas insisten en que las evidencias sobre el rol de la metformina deben refrendarse en ensayos clínicos aleatorizados, a fin de confirmar estos hallazgos y establecer pautas sólidas que complementen el arsenal terapéutico actual. En caso de contar con más estudios que ratifiquen su eficacia, la metformina podría incorporarse con mayor firmeza entre las herramientas diseñadas para anticiparse a la covid persistente.

Por el momento, la cautela es esencial: la comunidad científica subraya la necesidad de profundizar en las investigaciones, contemplando factores como el estado de salud previo y la diversidad de síntomas reportados. Aun así, la posibilidad de lograr resultados clínicos favorables a través de un fármaco de bajo costo y sencillo acceso ofrece un horizonte alentador para mitigar los efectos a largo plazo de la covid-19.

Medina negó las acusaciones y pidió el rechazo de las denuncias

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Susana Medina dio un nuevo paso en su defensa ante la Comisión de Juicio Político: presentó un descargo en el que negó las acusaciones de mal desempeño, pidió el rechazo in límine de las denuncias y dijo estar dispuesta a declarar ante los diputados, aunque pidió hacerlo por vía remota.
La suprema enfrenta dos denuncias donde se le atribuyen, principalmente, haberse ausentado de la jurisdicción durante 668 días hábiles, en los períodos 2016-2019 y 2024-2025, equivalentes a tres años judiciales completos, la mayoría de ellas por “capacitación”, “actividades institucionales y académicas” o “actividades de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina”, lo que habría provocado un abandono de sus funciones y retraso en la tramitación de causas; y haber aceptado o gestionado “contribuciones” del Banco de Entre Ríos SA, o fundaciones que le pertenecen, a favor de la AMJA, lo que podría constituir un conflicto de intereses, ya que la Sala del Trabajo, que integra Medina, tiene para resolver causas contra el agente financiero.

El descargo ingresó en horas del mediodía por mesa de entradas de la Cámara de Diputados y será girado a la Comisión de Juicio Político. Tiene la firma de la propia Medina y de sus abogados, Ladislao Uzín Olleros y Andrés Bacigalupo.

En lo esencial, Medina rechazó las acusaciones: “No existe daño institucional, no existe afectación del servicio de justicia, no existe retardo, negligencia, abandono del cargo ni incumplimiento funcional alguno” e insistió en que su despacho se encuentra al día, las licencias han sido aprobadas por el alto cuerpo en aplicación del régimen orgánico que las establece y las cuentas del Poder Judicial durante el ejercicio de su presidencia han sido aprobadas sin objeciones por el Tribunal de Cuentas.

Pero también dedicó párrafos críticos a los denunciantes, al afirmar que las presentaciones en su contra “constituyen un intento manifiestamente improcedente de instrumentalizar el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional contra una magistrada”, algo que ya había planteado públicamente el constitucionalista Diego Armesto, que la asesora en la defensa.

En ese marco es que solicitó que las denuncias sean rechazadas in límine, “no solo por inexistencia de causa, sino como acto necesario de defensa del debido proceso, de la independencia judicial y del sistema republicano de gobierno”, sostuvo.

Negarlo todo

En su descargo, Medina respondió a los hechos que le atribuyen el dirigente gremial Eugenio Jacquemain y la asociación Entre Ríos Sin Corrupción, una entidad que nació al calor del jury contra Cecilia Goyeneche y que ha hecho de esa causa una bandera.

En su descargo dijo que las acusaciones constituyen “una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo”.

En ese punto, señaló que las licencias han sido autorizadas por el STJ y que mayormente se debieron a razones institucionales, al tiempo que enfatizó que los supremos tienen un régimen especial de licencia, diferente a los jueces y camaristas inferiores; del mismo modo que justificó las comisiones de los vocales a tareas inherentes al gobierno del Poder Judicial.

En cuanto a las ausencias por capacitación, aseveró que “es un deber de la magistratura”, aunque insistió en que todas fueron autorizadas por el STJ.

“Muchas de las ausencias y licencias que se me cuestionan han sido para formarme, formar y capacitar a las nuevas generaciones del Poder Judicial de Entre Ríos”, insistió la magistrada en otro tramo de su descargo.

No obstante, insistió que tiene su despacho al día, “sin morosidad”, como lo había hecho en la presentación espontánea que hizo ante la comisión; en respuesta a lo vertido por Entre Ríos Sin Corrupción en su denuncia, que le atribuye una demora en la tramitación de causas del 90 por ciento en 2024 y 88 por ciento en 2025.

Hostigamiento

Respecto del conflicto de intereses que le atribuyen por los aportes del Bersa, o fundaciones vinculadas a la AMJA, dijo: “La descomedida y embozada imputación de haber recibido directa o indirectamente ‘gratificaciones’ de un contratista del Poder Judicial, no resisten el menor análisis”.

En principio, la Comisión de Juicio Político parece haber descartado planteos por irregularidades en la designación de subrogantes ante excusaciones o recusaciones de integrantes del STJ y la prohibición de ingreso a tribunales a ciertos integrantes de Entre Ríos Sin Corrupción por haber protagonizado incidentes en una audiencia donde se debatían asuntos de corrupción contra el exgobernador Sergio Urribarri.

Sobre el primer punto dijo que el orden de subrogancia no es potestad exclusiva suya, “sino que es materia de consideración y aprobación por el pleno”. En cuanto al segundo aspecto, habló de “actos violentos” dijo que la prohibición de ingreso posterior se tomó en un contexto de “emergencia” y “en ejercicio del poder de policía de preservar la integridad y seguridad de magistrados, funcionarios del Poder Judicial y profesionales del derecho”; y enfatizó que los hechos tuvieron tal entidad que el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo una investigación sobre ello.

Por último, Medina insistió en que “las imputaciones formuladas no describen hechos concretos, no individualizan actos jurídicamente reprochables, no identifican normas vulneradas ni acreditan daño alguno al servicio de justicia. Se trata de una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo, que desnaturaliza el instituto del juicio político y lo vacía de su finalidad constitucional, transformándolo en un mecanismo de hostigamiento incompatible con el Estado de Derecho”.Fuente: Página judicial

Concordia: hubo una vez un tren…

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Hubo una vez, en Concordia, un sonido que volvía a latir después de años de silencio. Era el rumor metálico de los rieles, el soplido cansado pero digno de una locomotora que regresaba, y la emoción contenida de quienes nunca dejaron de creer que el tren podía volver. No era una fantasía romántica ni un capricho nostálgico: era trabajo, era identidad, era futuro.

El sábado 26 de marzo de 2005, después de una década de abandono, el tren volvió a salir desde Concordia hacia la estación del parador Ayuí, en el área de la represa binacional Salto Grande. Más de 170 turistas provenientes de Buenos Aires, La Rioja, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y distintos puntos de Entre Ríos eligieron ese fin de semana largo para ser parte de una experiencia que combinaba turismo, integración regional y reparación histórica.

Detrás de esa postal había algo mucho más profundo: el esfuerzo silencioso y persistente de los ex trabajadores ferroviarios, organizados en la Cooperativa de Trabajo Ferrotur Mesopotámica, nacida en 1997, cuando el ferrocarril entrerriano había quedado herido de muerte tras el cierre del ramal Urquiza en 1992, durante la década menemista. Aquellos hombres habían visto desaparecer su fuente de trabajo, pero no resignaron ni el oficio ni la memoria ferroviaria.

Ferrotur consiguió unidades en desuso en Paraná y las trasladó a Concordia para recuperarlas. Eran coches primera, pullman y un coche turístico que, tras meses de trabajo artesanal, volvieron a rodar. Con ese material, en 2004 pusieron en marcha el tren turístico que partía desde Concordia Central, recorría 17 kilómetros y finalizaba a metros de la represa. Hasta fines de 2008, transportaron cerca de 8.000 personas, desde jardines de infantes hasta escuelas de adultos.

El recorrido no era solo un traslado: era un viaje por la geografía social y urbana de la ciudad. El tren pasaba por el hipermercado, el polideportivo, el kilómetro 6, la Pampa Soler, el Golf Club, barrios de autoconstrucción, el cementerio del Pinar del Campanario, la cantera de Scebola, la villa termal, el autódromo, el puerto y el Campo El Alambrado, hasta llegar a Ayuí. Desde allí, colectivos llevaban a los pasajeros a recorrer la represa y una lancha los paseaba por el lago. Para muchos chicos y chicas fue la primera vez que vieron su ciudad desde los rieles.

Aquel día inaugural de 2005, el entonces gobernador Jorge Busti recorrió parte del trayecto junto a los visitantes y habló de “un puntapié inicial para la reactivación ferroviaria en toda la provincia”. Se anunciaron gestiones ante la Nación, pedidos de máquinas, autorizaciones para cruzar a Salto, ampliaciones de recorridos. Se habló de unir Concordia con Concepción del Uruguay, de Basavilbaso a Paraná, de atraer turismo desde Buenos Aires e incluso de un servicio desde Federico Lacroze hasta el litoral. Algunas promesas se cumplieron por un tiempo. Otras nunca pasaron del anuncio.

La idea original de Ferrotur siempre fue unir Concordia con la ciudad de Salto, pero nunca obtuvieron autorización para cruzar al vecino país. Las gestiones eran complejas: Cancillería, Aduana, Migraciones. Paradójicamente, no había entonces ningún tren de pasajeros argentino que cruzara una frontera internacional. Aun así, la cooperativa formaba parte activa de cada intento de reactivación y asesoraba a la Provincia en los emprendimientos ferroviarios.

En 2008 llegó otro golpe silencioso. En el convenio de comodato se establecía que los coches seguían siendo propiedad de la Provincia y que, si se decidía reactivar el servicio regular de pasajeros, podían ser reclamados. Así ocurrió. Las unidades en mejor estado fueron llevadas a Paraná y utilizadas en los servicios Paraná–Basavilbaso y Paraná–Concepción del Uruguay. Ferrotur quedó sin material rodante y, con ello, sin actividad directa, aunque nunca dejó de ser parte del proyecto ferroviario entrerriano.

Pero lo que sí fue real —y profundamente humano— fue la escena dentro de los vagones mientras el tren existió: el maquinista, el guarda, el encargado de controles, todos ex ferroviarios, atendiendo a pasajeros y periodistas con una mezcla de profesionalismo y emoción difícil de disimular. En sus rostros se veía algo más que satisfacción laboral: era la alegría de volver a escuchar el tren andar. De volver a ser.

Esa reconstrucción paciente y colectiva fue finalmente brutalmente interrumpida cuando el entonces gobernador Sergio Urribarri ordenó el retiro de toda la formación ferroviaria que los trabajadores habían recuperado con años de esfuerzo. No hubo explicaciones claras. No hubo debate público. No hubo respeto por el trabajo realizado ni por los fondos nacionales que habían respaldado el proyecto, cuyo destino aún hoy permanece envuelto en dudas, especialmente frente a las cifras millonarias que posteriormente se anunciaron para la supuesta reparación integral de las vías ferroviarias entrerrianas, jamás investigadas por la Justicia.

Lo que siguió fue devastación. Las formaciones retiradas quedaron abandonadas, desmanteladas y canibalizadas en galpones y playas de maniobras de la ciudad de Paraná. Donde hubo motores en marcha, quedaron hierros oxidados. Donde hubo planificación y esperanza, se impuso la soberbia, el egoísmo y la desidia de un poder político que no toleró una experiencia exitosa nacida desde abajo, desde los trabajadores.

Hoy, ese daño es irreparable. Pero la memoria no.

Este relato no es solo un recuerdo: es un homenaje. A los ferroviarios de Concordia que demostraron que el tren podía volver. Que el Estado podía articular con cooperativas. Que el desarrollo regional no era una utopía. Y también es una denuncia histórica: porque lo que se destruyó no fue solo una formación ferroviaria, sino una oportunidad concreta de integración, trabajo y futuro.

Concordia tuvo un tren.
Y quienes lo hicieron posible merecen algo más que el olvido.

Alejandro Monzón – Análisis Litoral
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En Uruguay buscan reactivar el proyecto ferroviario hasta la represa de Salto Grande

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Dirigentes de la Unión Ferroviaria del Uruguay (UFU) mantuvieron un encuentro con el intendente de Salto, Carlos Albisu, con el objetivo de reimpulsar el histórico proyecto de conexión ferroviaria hasta la represa de Salto Grande. La reunión contó con la presencia del presidente del gremio, Washington Sánchez; el secretario general, Georgy Martínez; y el delegado local, Daniel Godoy.

El encuentro se dio en el marco del plan de modernización ferroviaria presentado recientemente en el Parlamento por la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, lo que motivó al sindicato a solicitar audiencias con distintos intendentes del país para analizar el impacto territorial del nuevo esquema ferroviario.

Durante la reunión, los representantes sindicales entregaron al jefe comunal un documento en el que detallan las deficiencias actuales de la red ferroviaria y las obras que consideran indispensables para reactivar el servicio en el norte del país.

Uno de los puntos centrales fue la recuperación del tramo Queguay–Salto, de unos 90 kilómetros, una obra que quedó inconclusa y que formaba parte de los proyectos financiados por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), creado en 2004 con el objetivo de fortalecer la integración regional, la competitividad y la cohesión social. La iniciativa apuntaba, entre otros objetivos, a consolidar la conexión ferroviaria entre Uruguay y Argentina.

Según explicó Sánchez, si bien la obra fue ejecutada en gran parte, surgieron problemas técnicos en su diseño: la vía fue proyectada para soportar 18 toneladas por eje, mientras que los puentes construidos solo admiten 14 toneladas. Ante esta incompatibilidad, se optó por reforzar algunas estructuras y avanzar hasta donde lo permitieron los recursos disponibles, lo que dejó inconcluso el tramo entre Queguay y la ciudad de Salto.

En ese contexto, el dirigente gremial señaló que el intendente Albisu manifestó haber abordado el tema tanto con la ministra Etcheverry como con el presidente Yamandú Orsi, remarcando la necesidad estratégica de recuperar esa conexión ferroviaria. Albisu también destacó el crecimiento sostenido de la actividad citrícola en la región y advirtió que, sin el ferrocarril como alternativa logística, las rutas podrían verse seriamente saturadas.

La reciente llegada de las primeras locomotoras al puerto de Montevideo reavivó las expectativas. La empresa logística involucrada ratificó su intención de conectar el litoral uruguayo con Paraguay y Bolivia, aunque aclaró que el proyecto depende de la rehabilitación de un corto pero clave tramo de vía férrea.

Para el departamento de Salto, esta posibilidad representa mucho más que un anuncio distante: significa la confirmación de que la región forma parte de la hoja de ruta inmediata de una inversión privada capaz de modificar la matriz productiva local.

Sánchez también cuestionó que el nuevo sistema ferroviario se esté desarrollando de manera insuficiente en algunas zonas del país y sostuvo que debería pensarse en un crecimiento real y sostenido. Recordó además que, durante la gestión de Albisu al frente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, se impulsó el servicio de pasajeros entre Salto y la represa, y que el actual intendente ha manifestado reiteradamente su interés en el desarrollo ferroviario.

Finalmente, explicó que el objetivo del encuentro fue conocer de primera mano la visión del intendente sobre las posibilidades concretas de expansión del sistema ferroviario en el departamento.

Fuente: Diario Cambio.

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