El superávit fiscal financiero se mantuvo en abril, pero los ingresos públicos mostraron una baja respecto a la inflación.
El Sector Público Nacional (SPN) volvió a registrar superávit fiscal financiero en abril y sostuvo el resultado positivo acumulado en el primer cuatrimestre del año. Según informó el Ministerio de Economía, el resultado financiero del mes alcanzó los $268.103 millones, mientras que el superávit primario fue de $632.844 millones.
El desempeño fiscal se explicó luego de afrontar pagos de intereses de deuda pública netos de operaciones intra-sector público por $364.741 millones. Con este resultado, el SPN acumuló entre enero y abril un superávit financiero equivalente a aproximadamente 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el superávit primario se ubicó en torno al 0,5% del PBI.
Desde el Palacio de Hacienda remarcaron que estos números “reafirman el ancla fiscal del programa de gobierno”.
Para todo ahorrista e inversor es importante destacar que toda inversión conlleva un riesgo.
Recaudación con números en rojo
No obstante, los números de recaudación muestran que los ingresos totales del SPN crecieron por debajo de la inflación. Mientras que alcanzaron los $13,4 billones, con un incremento interanual de 29,6%, el IPC fue del 32,4%, lo que implica una caída de 2,8 puntos.
Dentro de los recursos tributarios se destacó el crecimiento de la recaudación del impuesto a los Débitos y Créditos, que avanzó 35,1% interanual -por arriba de la inflación- y los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social crecieron 28,4% -claramente por debajo-. También mostró una caída la recaudación del IVA neto de reintegros, que con la suba nominal de 28,1% interanual perdió contra los precios.
El caso de los Derechos de Exportación (retenciones) registraron una caída nominal de 17,4%, reflejando un menor aporte de las retenciones al comercio exterior.
Por el lado del gasto público, las erogaciones primarias totalizaron $12,8 billones, con una suba interanual de 34,5% (por encima de la inflación). Las prestaciones sociales representaron la mayor parte del gasto, al alcanzar $8,09 billones, con un incremento de 32,2% respecto de abril del año pasado. Las remuneraciones del sector público ascendieron a $1,62 billones, con una variación de 28,1% interanual.
En tanto, las transferencias corrientes llegaron a $4,39 billones, lo que implicó un aumento de 29,1%. Dentro de este rubro, las destinadas al sector privado crecieron 46,8%, mientras que las dirigidas al sector público mostraron una caída de 18,6%, al ubicarse en $731.118 millones.
Uno de los rubros con mayor incremento fue el de subsidios económicos, que aumentó en $701.872 millones. Economía explicó que este comportamiento estuvo vinculado principalmente al pago realizado en la primera semana de abril correspondiente a transacciones energéticas de marzo.
Por otra parte, el gasto de capital alcanzó los $420.661 millones, con un salto interanual de 123,2%. Descontando los aportes de capital a organismos internacionales, la inversión real directa y las transferencias de capital crecieron $130.990 millones, equivalente a una suba de 69,5% interanual.
José Mouliá, representante del Gobierno de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participó del concierto “Soñando lo europeo: Un puente musical entre Chipre y Argentina”, realizado en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad — Sala La Ballena, en el marco de una propuesta impulsada por la Embajada de la República de Chipre en Argentina.
La iniciativa reunió a representantes diplomáticos, funcionarios nacionales, referentes culturales e invitados especiales, entre ellos el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Hoeg, además de embajadores de distintos países y representantes institucionales, en una velada orientada a promover el diálogo intercultural y fortalecer los vínculos entre Europa y Argentina a través de la música.
La destacada compositora e intérprete chipriota Vákia Stavrou encabezó el concierto junto a Manólis Neofitou en piano y Stélios Píttas en violonchelo. El repertorio integró composiciones propias, obras de autores chipriotas y canciones en distintos idiomas europeos, incorporando además tangos argentinos como símbolo de encuentro e intercambio cultural.
En el marco de los saludos protocolares realizados durante la jornada, Mouliá dialogó con el embajador de Chipre en Argentina, Stelios Georgiades, con quien acordó avanzar próximamente en una reunión de trabajo orientada a fortalecer vínculos de cooperación cultural y económica entre Chipre y la provincia de Entre Ríos.
La participación de la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires permitió continuar fortaleciendo vínculos institucionales y culturales con representantes diplomáticos y organismos internacionales.
Tras nuevos hallazgos y detenciones, la investigación revela operaciones clandestinas y compra de divisas con maniobras de alto riesgo
La causa conocida como “Los Reyes del Blue”, que involucra a los empresarios Elías Piccirillo, Fernando Auque y Ariel Vallejo, podría dar un giro inesperado en los próximos días a partir de dos hechos que se sumarían a la investigación que lleva adelante la Justicia desde 2024.
El primero está relacionado con el pedido de un ex policía de la Ciudad de Buenos Aires para ampliar su declaración en el caso de la introducción de un paquete de droga en el auto de Auque, maniobra que habría sido ideada por su ex socio, Elías Piccirillo. El segundo, con la aparición de un video casero en el que una conocida modelo y conductora —quien habría registrado las imágenes— se arrojaría sobre una montaña de dólares frente a uno de los involucrados en la causa.
Inéditos detalles de la mega estafa al BCRA
Las investigaciones se aceleraron desde el 29 de diciembre de 2025, cuando el juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de allanamientos a funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el marco de una causa que investiga maniobras con la venta de dólares oficiales en distintas financieras del microcentro porteño y de la provincia de Buenos Aires. Además, en ese momento se realizó un operativo en la entidad en un expediente que se abrió como desprendimiento de la causa contra Piccirillo, ex esposo de Jésica Cirio, investigado por extorsión y estafas.
Luego, Casanello ordenó cinco allanamientos a funcionarios del BCRA con el objetivo de investigar un entramado de maniobras destinadas a simular importaciones a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), con el fin de acceder a dólares oficiales durante el cepo cambiario. Esas divisas, obtenidas a un tipo de cambio oficial, eran luego vendidas en el mercado blue a un valor muy superior, generando ganancias mediante lo que en la jerga financiera se conoce como “el rulo”.
El entonces director general de Aduanas, Guillermo Michel
La investigación apunta a las maniobras vinculadas con autorizaciones de importación en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
El cambio de SIMI a SIRA y la brecha del 200% que permitió el negocio
También se analiza el cambio del sistema SIMI al esquema SIRA, implementado en octubre de 2022.
En ese período, la brecha cambiaria llegó al 200%, con un dólar oficial en torno a $350 y un blue cercano a los $1.000. En 2023, las importaciones de bienes alcanzaron unos u$s75.000 millones y, según estimaciones, para autorizar operaciones se exigían pagos ilegales de entre 10% y 15% del valor.
De acuerdo con una investigación de los periodistas Carlos Pagni y Francisco Olivera, ya habría cuatro empresarios arrepentidos dispuestos a declarar que depositaban los dólares de las coimas en un hotel de Puerto Madero. Desde la Justicia comparan el caso con la causa de “Los Cuadernos”.
Uno de los arrepentidos habría relatado una mecánica ya mencionada por Pagni: el empresario retiraba una llave digital en recepción, ingresaba a una habitación y dejaba una valija con dinero.
En ese contexto, y bajo el cepo cambiario —que limitaba la compra de divisas a u$s200 mensuales para personas físicas—, se investiga que miles de monotributistas habrían accedido a dólares oficiales por montos que en algunos casos llegaban a u$s2 millones mensuales para operaciones de importación que no se concretaban.
Todo se inició el 1 de abril del año pasado, cuando un ex policía se presentó ante la Justicia y declaró que Piccirillo habría organizado plantar droga y un arma en el vehículo de su socio Francisco Hauque.
El arrepentido también aportó audios en los que se menciona a una funcionaria del BCRA y a otros empresarios vinculados al esquema.
De esos registros surge que las maniobras habrían contado con la complicidad de funcionarios.
Casas de cambio, u$s3.000 millones en el MULC y conexiones con el fútbol
En paralelo, la Justicia investiga operaciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por unos u$s3.000 millones, junto con presuntas maniobras de lavado por unos $819.000 millones.
Los sumarios del BCRA incluyen a casas de cambio como:
Mega Latina
Gallo Cambios
Arg Exchange
Concordia Inversiones
En estas entidades se analizan distintas etapas de la operatoria.
La hipótesis es que parte de las divisas obtenidas en el mercado oficial fueron luego canalizadas hacia el circuito informal a través de una red de intermediarios, incluyendo financieras y cuevas.
También se investiga la participación de bancos y proveedores de servicios de pago (PSP), en un esquema que habría buscado perder la trazabilidad del dinero.
En este contexto, aparecen vinculaciones con la empresa Sur Finanzas, su titular Ariel Vallejo y operaciones relacionadas con el financiamiento de clubes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Además, se mencionan posibles conexiones con otras estructuras empresarias y con la industria del juego en distintas provincias.
Parte del expediente ya fue elevada a juicio oral, en el tramo vinculado a la falsificación de documentos societarios.
Mientras gran parte del aparato mediático y político intenta instalar diariamente el “affaire Adorni” como el gran escándalo nacional, detrás del ruido y las operaciones aparece una causa mucho más pesada, mucho más profunda y potencialmente devastadora para la historia económica argentina: la investigación judicial sobre un presunto saqueo multimillonario al Banco Central durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
La Justicia federal ya habla de maniobras que habrían permitido obtener dólares oficiales para luego revenderlos en el mercado blue, generando ganancias extraordinarias que podrían superar los US$ 3.000 millones. Un número obsceno incluso para la Argentina acostumbrada a los escándalos de corrupción.
Pero el dato más inquietante no es únicamente el monto.
Lo verdaderamente explosivo es el entramado que empieza a aparecer: financistas, cuevas, bancos, agencias de cambio, operadores políticos y conexiones con el mundo del fútbol y la AFA. Un sistema paralelo que, según sospechan los investigadores, habría funcionado mientras millones de argentinos no podían acceder a un solo dólar legal, mientras empresas productivas se quedaban sin importar insumos y mientras el país se hundía en inflación, pobreza y emisión descontrolada.
EL MECANISMO: COMPRAR BARATO DEL ESTADO Y REVENDER CARO EN EL BLUE
La mecánica bajo investigación es tan simple como brutal.
Empresas y operadores conseguían acceder a dólares oficiales mediante supuestas importaciones o autorizaciones irregulares del sistema SIRA. Luego esos dólares terminaban revendidos en el circuito paralelo, aprovechando la gigantesca brecha cambiaria del cepo kirchnerista.
En la jerga financiera argentina esto se conoce como “el rulo”: comprar barato gracias al Estado y vender caro en el mercado negro.
Según las investigaciones judiciales, parte de esas maniobras habrían contado con estructuras aceitadísimas dentro del sistema financiero y conexiones de alto nivel. La Justicia ya avanzó con allanamientos, análisis de chats, audios y movimientos bancarios.
La causa menciona operaciones por miles de millones de dólares y apunta a reconstruir cómo salían las divisas del Banco Central mientras oficialmente se repetía que “no había reservas”.
Durante el cepo, miles de pequeñas y medianas empresas quedaron paralizadas esperando autorizaciones para importar.
Hubo fábricas sin insumos. Medicamentos demorados. Industria frenada. Comercios quebrados.
Pero mientras el ciudadano común sufría restricciones, impuestos confiscatorios y controles permanentes, un grupo reducido habría accedido privilegiadamente a dólares subsidiados por el propio Estado argentino.
Es decir: el Banco Central vendía barato un activo escaso financiado por todos los argentinos… para que luego privados hicieran fortunas revendiendo esos mismos dólares.
Una transferencia monumental de riqueza desde el Estado hacia circuitos financieros opacos.
EL SILENCIO POLÍTICO Y MEDIÁTICO
La magnitud de la causa explica por qué muchos sectores prefieren correr el foco hacia otras polémicas de menor escala.
Porque si la investigación avanza hasta el fondo, podría terminar revelando uno de los mecanismos de saqueo financiero más grandes de la era kirchnerista.
No se trata solamente de corrupción clásica. No es únicamente sobre sobreprecios o contratos públicos.
Aquí se investiga algo todavía más sensible: el uso político y discrecional del mercado cambiario argentino.
Un sistema donde el acceso al dólar dependía del poder, de los contactos y de las estructuras financieras amigas.
AFA, “CHIQUI” TAPIA Y EL FÚTBOL COMO CORTINA PERFECTA
En paralelo, vuelve a quedar bajo la lupa el vínculo entre sectores financieros investigados y el universo del fútbol argentino alrededor de Claudio ‘Chiqui’ Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino.
Algunas investigaciones periodísticas y publicaciones judiciales mencionan conexiones entre financistas involucrados y estructuras vinculadas al negocio futbolístico.
Y aquí aparece otro elemento incómodo para el poder.
Con el Mundial acercándose y el fútbol funcionando como anestesia social permanente, pocos quieren hablar del flujo de dinero, las financieras, las cuevas y los operadores que crecieron alrededor del negocio deportivo durante los últimos años.
Porque el fútbol argentino dejó hace tiempo de ser solamente fútbol.
Es política. Es financiamiento. Es poder territorial. Es manejo de cajas millonarias. Es protección mediática.
Y en ese ecosistema, nombres vinculados al circuito financiero bajo investigación empiezan a repetirse cada vez más seguido.
EL COSTO REAL DEL “MODELO”
Mientras el relato político hablaba de “cuidar las reservas”, la economía argentina se desangraba.
La emisión monetaria explotó. La inflación pulverizó salarios. La pobreza avanzó. Las reservas desaparecieron.
Y ahora la Justicia intenta determinar si parte de esos dólares terminaron alimentando uno de los negocios clandestinos más rentables de la historia reciente.
La pregunta es inevitable:
¿Cuántos hospitales, rutas, escuelas o créditos productivos equivalen a US$ 3.000 millones?
¿Cuánto empleo genuino podría haberse generado con ese dinero?
¿Cuántos argentinos cayeron en la pobreza mientras otros hacían fortunas gracias al cepo?
LO QUE NO SE DICE
La causa amenaza con abrir una caja negra extremadamente peligrosa para buena parte de la dirigencia política, financiera y empresarial argentina.
Porque si se demuestra que existió un circuito sistemático de acceso privilegiado al dólar oficial, ya no se hablará solamente de corrupción aislada.
Se hablará de un modelo estructural de extracción.
Un esquema donde el Estado creaba la distorsión cambiaria y determinados actores cercanos al poder aprovechaban esa distorsión para enriquecerse de manera extraordinaria.
Y allí es donde el caso deja de ser económico para convertirse en histórico.
ANTECEDENTES: CUANDO EL CEP0 SE TRANSFORMÓ EN UNA MÁQUINA DE NEGOCIOS
La Argentina ya había vivido experiencias similares en otras etapas de controles cambiarios extremos.
Cada vez que el dólar oficial quedó artificialmente atrasado respecto del paralelo, aparecieron mecanismos de arbitraje, sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones y triangulaciones financieras.
La diferencia ahora es la escala.
La Justicia sospecha que las maniobras alcanzaron niveles gigantescos y que incluso pudieron involucrar estructuras bancarias completas.
DOBLE LECTURA
Versión oficial
“El cepo era necesario para cuidar las reservas y proteger la economía”.
Lectura real
Las restricciones crearon un mercado privilegiado donde unos pocos podían comprar dólares baratos gracias al Estado y multiplicar ganancias revendiendo en negro.
EL DESAFÍO JUDICIAL
La gran incógnita es hasta dónde llegará realmente la investigación.
Porque históricamente, en Argentina, muchas causas económicas terminan diluyéndose entre presiones políticas, operaciones mediáticas y negociaciones de poder.
Sin embargo, esta vez el volumen investigado es tan grande que resulta difícil esconderlo completamente.
Los allanamientos, las escuchas, los cruces bancarios y las rutas financieras podrían terminar exponiendo mucho más de lo que algunos imaginan.
CONCLUSIÓN: EL ROBO INVISIBLE
Quizás el mayor problema de estos escándalos financieros es que no dejan imágenes inmediatas.
No hay bolsos. No hay bóvedas televisadas. No hay escenas cinematográficas.
Pero el daño es muchísimo más profundo.
Porque cada dólar fugado del Banco Central fue inflación futura. Fue pobreza. Fue emisión. Fue deuda. Fue destrucción del salario argentino.
Y mientras algunos intentan instalar escándalos menores o distraer con el show permanente del fútbol y el Mundial, la verdadera pregunta sigue flotando sobre la Argentina:
¿Quiénes se enriquecieron realmente durante el cepo… mientras el país entero se hundía?
El Congreso provincial de la UCR de Entre Ríos sesionará el sábado 6 de junio. Debe aprobar el acortamiento de los actuales mandatos partidarios. Se prevén elecciones internas para el 2 de agosto. Un punto de fricción: la suspensión de las PASO.
El Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos ha propuesto al domingo 2 de agosto como fecha de elecciones para la renovación de autoridades partidarias.
De este modo ratificó la decisión de que la UCR vuelva a votar cargos partidarios los años pares, a fin de separar la interna de los procesos electorales que tienen lugar los años impares. Es una tradición que se interrumpió en 2020, cuando las restricciones por la pandemia aplazaron la interna de 2020 para 2021.
Esto implica la reducción del mandato de la actual conducción, que preside la intendenta de Federal, Alicia Oviedo, asumida en mayo de 2025 y, por lo tanto, con mandato hasta mayo de 2027.
Si las elecciones son efectivamente en agosto, el recambio de autoridades se producirá a más tardar en septiembre, con lo cual el mandato de Oviedo habrá durado 16 meses.
Pero este acortamiento de mandato debe ser aprobado por el Congreso provincial de la UCR. Con ese propósito se reunirá el sábado 6 de junio, probablemente en Paraná (el lugar no está aún definido).
La propuesta de votar el 2 de agosto cuentan “con el aval unánime de la totalidad de los integrantes del Comité Provincial”, según afirmó el senador Rubén Dal Molín en la nota que elevó al Congreso partidario en su carácter de vicepresidente de la UCR.
En marzo, la UCR Activa –el sector que el año pasado perdió la interna- emitió un documento en el que sostiene que un acortamiento en los mandatos de las autoridades partidarias podría derivar en una judicialización.
¿Sin PASO?
Aunque todavía no está en el orden del día, el Congreso radical podría meterse en otra discusión tal vez más caliente: emitir un mandato a los legisladores radicales para que, llegado el caso, no voten la suspensión de la Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Entre Ríos.
Aunque el grueso de la dirigencia radical quiere mantener las primarias –porque entienden que le daría más lugar en las listas de la alianza con LLA- por estos días nadie pone las manos en fuego por el voto de los senadores y diputados del radicalismo ante un eventual proyecto del Ejecutivo que disponga la suspensión en Entre Ríos de las PASO, que fueron mantenidas en la reforma electoral de 2024.
Los propios legisladores que votaron hace dos años esa reforma podrían ahora dar marcha atrás con las PASO para acompañar una posible estrategia electoral del Gobernador, o en función de los acuerdos que cierre cada diputado y senador del heterogéneo Juntos por Entre Ríos.
Lo que está claro es que para una suspensión de las PASO (para una reforma de la reforma política aún sin estrenar) Frigerio necesita del voto de los legisladores radicales, ya que el peronismo es el más interesado en mantenerlas a fin de ordenar su interna.
A la UCR pertenecen ocho de los 18 diputados y siete de los ocho senadores de Juntos por Entre Ríos. Muchos de ellos se enfrentaron en las internas de 2021 y 2023, a favor y en contra de Frigerio.
Dentro de la dirigencia de la UCR que acompaña a Frigerio predomina la idea de mantener las primarias, como una herramienta necesaria para cumplir una doble función: contener el frente interno de Juntos por Entre Ríos y ordenar la alianza con La Libertad Avanza, que muchos ven como inevitable para 2027.
Los radicales pretenden una lógica de armado distinta a la de 2025, cuando todo lo que había para ocupar era, como máximo, tres bancas en Diputados y dos en el Senado de la Nación. En 2027, en cambio, se votará el próximo gobernador, los próximos intendentes, senadores, diputados provinciales y concejales. Es decir, será una elección infinitamente más territorial que la intermedia de 2025. Y, con toda lógica, la UCR pretende hacer pesar su condición de único partido con capilaridad política dentro del oficialismo.
Para el grueso de los radicales el escenario ideal para la definición de la oferta electoral sería en elecciones provinciales separadas de las nacionales y con PASO.
Lo ven como el mejor antídoto para no volver a quedar a la cola en las listas de la esperada reedición de la alianza con LLA.
No van a competir por la gobernación, pero pretenden que ahora la oferta electoral que acompañe a la reelección de Frigerio (intendentes y senadores) no se defina por acuerdo de cúpulas, sino con el voto popular que permiten elecciones como las primarias: de carácter obligatorio, a padrón abierto y financiadas por el Estado.
Causa Bordet: Lo que surge del escrito del fiscal José Arias no es apenas una enumeración de cifras, viajes y declaraciones juradas. Es el retrato obsceno de una dirigencia que, mientras miles de entrerrianos sobrevivían entre salarios pulverizados, pobreza creciente y hospitales colapsados, parecía vivir en una dimensión paralela de privilegios, silencios y lujos inexplicables.
En el documento presentado ante el juez de Garantías para obtener autorización de allanamientos, Arias expone con crudeza lo que considera una trama de ocultamientos patrimoniales, inconsistencias fiscales y movimientos internacionales imposibles de justificar con los ingresos declarados. Y cuanto más se avanza en la lectura, más indignación provoca.
El fiscal describe primero las presuntas falsedades en las declaraciones juradas presentadas ante el municipio, la provincia y la Cámara de Diputados de la Nación. Allí aparece el mecanismo que, según la investigación, habría permitido “dibujar” patrimonios y licuar cifras reales. El caso más escandaloso: el lote donde Bordet construyó su “casita” en el exclusivo barrio Village Termal, declarado a apenas 10 dólares el metro cuadrado cuando su valor real rondaba los 60 dólares. Una subvaluación grotesca. Burda. Insultante.
La misma maniobra habría ocurrido con el terreno adquirido en Boulevard San Lorenzo y Chajarí, donde —según Arias— quedó al desnudo otra mentira patrimonial. El fiscal sostiene que “la diferencia detectada respecto a lo declarado ante AFIP-ARCA fue de un 330 % entre lo declarado y lo oculto”. Una cifra demoledora.
Pero el escándalo no termina ahí.
El listado de viajes NO oficiales al exterior directamente estremece. Más de 202 noches en Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Sudáfrica, México, República Dominicana, Perú, Panamá, Venezuela y otros destinos. Su esposa, la diputada Mariel Ávila, acumula 193 noches en el extranjero, incluyendo Emiratos Árabes, Tailandia y Vietnam. Una de las hijas, Lara, registra 70 noches fuera del país. Delfina, 101.
Mientras tanto, en Entre Ríos, miles de familias apenas podían llenar la heladera.
Y el fiscal todavía computa aparte el caso Uruguay. Porque lo de Uruguay, según la investigación, ya no parece turismo: parece otra cosa.
SU FASCINACIÓN CON URUGUAY
Arias le dedica un apartado especial a la obsesiva frecuencia de viajes de la familia Bordet al vecino país. Solo el exgobernador Gustavo Bordet habría ingresado 56 veces a Uruguay en viajes “no oficiales”: 40 en automóvil, 14 en vuelos comerciales, 8 en vuelos privados, 2 veces en Buquebus y hasta un viaje en tren.
El informe sostiene que Bordet pasó 187 noches en Uruguay. Seis meses enteros.
Y eso no es todo: en al menos 19 ocasiones habría ido y vuelto en el mismo día, muchas veces utilizando vuelos privados especialmente contratados. ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Qué hacía? Son preguntas que sobrevuelan cada página del expediente.
Arias concluye que “la familia Bordet ha viajado sistemáticamente a Uruguay destacándose las largas estadías… lo que podría ser indicio de que tengan propiedades, automóviles o cuentas en el exterior, además de múltiples viajes relámpago que podrían relacionarse con traslados de dinero o trámites bancarios”.
La cifra total resulta obscena: más de 200 noches de Mariel Ávila en Uruguay, 215 noches de una de sus hijas y otras 200 de Delfina.
Mientras Concordia se hundía en índices históricos de pobreza, ellos parecían vivir una verdadera dolce vita rioplatense.
EL GRAN AGUJERO NEGRO: ¿QUIÉN PAGABA TODO ESO?
Y aquí la investigación entra en una zona todavía más explosiva.
El fiscal señala que, según informes de AFIP-ARCA y resúmenes bancarios del BBVA y BERSA, Bordet y Ávila prácticamente NO utilizaban sus tarjetas de crédito o débito en el exterior. Tampoco registraban operaciones de compra de divisas desde 2019.
Entonces surge la pregunta inevitable. La pregunta que atraviesa todo el expediente como un grito:
¿Quién pagaba?
¿Cómo se sostienen cientos de noches en Francia, Alemania, Sudáfrica, Emiratos Árabes o Uruguay sin movimientos bancarios compatibles, sin compras de dólares registradas y sin consumos relevantes con tarjetas argentinas?
¿Con qué dinero vivieron más de un año fuera del país?
Arias sostiene que Bordet declaró ante AFIP-ARCA “no haber tenido consumos en el exterior”, pese a la existencia de viajes plenamente documentados.
Y remata con una frase devastadora:
“Lo expuesto coloca una sospecha fundada sobre la probable existencia de tarjetas emitidas en el exterior y/o dinero en efectivo no declarado”.
El fiscal incluso aporta un ejemplo que parece sacado de una novela de corrupción: de las 241 noches registradas en Uruguay, apenas se detectó un único consumo de 90 dólares realizado por Mariel Ávila en el restaurante La Chacra.
¿Doscientas cuarenta y una noches y solo un gasto?
La lógica se derrumba sola.
Por eso Arias concluye que podrían existir bienes inmuebles, cuentas bancarias y tarjetas emitidas fuera del país.
EL FANTASMA DE LAS SOCIEDADES OCULTAS
La investigación también pone la lupa sobre quién compraba los pasajes aéreos de la familia.
Según las respuestas de aerolíneas y entidades financieras, muchos tickets habrían sido adquiridos por una persona jurídica o empresa vinculada a una tarjeta American Express emitida en el exterior.
Y allí aparece otra sospecha explosiva:
Que Bordet podría manejar estructuras societarias fuera de la Argentina pese a haber negado reiteradamente cualquier participación empresarial.
Es decir: mientras públicamente afirmaba “no tener bienes ni sociedades en el exterior”, la investigación judicial empieza a mostrar indicios exactamente en sentido contrario.
LA IMPUNIDAD COMO FORMA DE VIDA
Quizás lo más indignante de todo no sean solamente los viajes, las sospechas de ocultamiento o los movimientos oscuros. Lo más irritante es la sensación de impunidad.
La idea de que jamás iba a pasar nada.
Porque durante años muchos dirigentes actuaron convencidos de que eran intocables. De que bastaba con hablar poco, mantener modales prolijos, controlar organismos, acomodar piezas judiciales y administrar silencios mediáticos para caminar eternamente sobre la cornisa sin caer.
Y quizás Bordet también creyó eso.
Pero el escrito fiscal describe un nivel de contradicciones tan grande que la imagen pública cuidadosamente construida empieza a resquebrajarse.
Porque mientras decía estar “a disposición de la Justicia”, su abogado Jorge Romero dejaba asentado por escrito que NO prestaban conformidad para los allanamientos en sus propiedades.
¿Eso es colaborar?
¿O simplemente ganar tiempo?
También negó tener bienes en el exterior. Negó sociedades. Negó consumos. Negó prácticamente todo.
Pero ahora la documentación incorporada por organismos públicos y privados empieza a dibujar otra historia. Mucho más oscura. Mucho más incómoda.
Y si algo deja este expediente es una sensación brutal:
La de una clase política que durante años pareció vivir por encima de la ley, mientras millones de argentinos hacían esfuerzos desesperados simplemente para llegar a fin de mes.
El avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Gustavo Bordet volvió a sacudir el tablero político y judicial entrerriano. Y ya no por especulaciones mediáticas o versiones cruzadas, sino por el contenido del escrito que el fiscal José Arias presentó ante el juez de Garantías para solicitar allanamientos y medidas de prueba.
En ese documento, al que accedió Diario Junio y cuya existencia fue reconocida por el propio fiscal en diálogo privado con este medio, Arias sostiene que existen elementos que “prueban la hipótesis delictiva” y deja planteadas sospechas de bienes y movimientos económicos en el exterior. El eje de la investigación apunta a inconsistencias patrimoniales, viajes reiterados fuera del país y consumos que, según la fiscalía, no encuentran correlato en las declaraciones oficiales ni en registros de compra de divisas.
El propio Arias confirmó el contexto del documento judicial y marcó distancia respecto del enfoque editorial de la publicación original. En una conversación mantenida con este medio, el fiscal señaló que “evidentemente accedieron a mi escrito” y aclaró que “hay consideraciones y adjetivaciones que son del editor”, dejando en claro que el contenido base surge de una presentación judicial existente, aunque no necesariamente comparte el tono utilizado por Diario Junio.
También explicó que no fue él quien difundió el escrito públicamente: “No por mi parte… es un escrito que llegó a la Cámara de Diputados de la provincia cuando el juez le pidió autorización para hacer los allanamientos”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de acceder al documento.
Viajes, Uruguay y la sospecha sobre fondos en el exterior
Uno de los puntos más sensibles del escrito fiscal es el análisis de los viajes al exterior realizados por Bordet y su familia durante el período investigado. Según detalla Arias, existen centenares de noches registradas fuera del país, especialmente en Uruguay, Estados Unidos y Europa, lo que para la fiscalía podría ser indicio de movimientos patrimoniales no declarados.
El escrito incluso plantea dudas sobre cómo se financiaban esos viajes y estadías, ya que —según la información incorporada a la causa— no existirían operaciones cambiarias suficientes ni consumos bancarios compatibles con ese nivel de gastos en el exterior.
Arias sostiene además que algunas compras de pasajes habrían sido realizadas por personas jurídicas o empresas, situación que incrementa la sospecha sobre una eventual estructura societaria no declarada.
El silencio político y el impacto institucional
Mientras la investigación avanza, en el peronismo entrerriano crece la incomodidad. La figura de Bordet fue durante años uno de los principales factores de orden interno dentro del PJ provincial, pero la acumulación de elementos judiciales y el tono cada vez más duro del expediente empiezan a generar ruido incluso en sectores que históricamente lo respaldaron.
El dato político más delicado no es solamente la investigación en sí, sino la sensación de desgaste institucional que deja la causa: un exgobernador, exintendente y exdiputado nacional investigado por presunto enriquecimiento ilícito, con sospechas sobre bienes en el exterior y medidas judiciales que incluyeron pedidos de allanamiento.
A eso se suma otro elemento que empieza a tomar fuerza en la discusión pública: la diferencia entre el discurso político y la postura judicial. Mientras Bordet sostuvo públicamente que estaba “a disposición de la Justicia”, el fiscal remarcó en su escrito que la defensa dejó expresa oposición a determinadas medidas probatorias, entre ellas los allanamientos solicitados.
Una causa que recién empieza
Más allá del impacto político y mediático, la causa todavía se encuentra en etapa de investigación y no existe condena alguna contra Bordet. Sin embargo, el contenido del escrito fiscal marca un punto de inflexión: por primera vez aparecen sistematizadas sospechas concretas sobre patrimonio, viajes, consumos y posibles activos fuera del país.
Y en ese contexto, las propias palabras del fiscal Arias terminan siendo relevantes. No sólo porque reconoció la autenticidad del escrito que circuló en la web de Diario Junio, sino porque dejó entrever que la documentación judicial efectivamente contiene elementos sensibles que hoy ya forman parte del expediente.
Las dos transportistas que prestan el servicio eléctrico de competencia federal en territorio entrerriano —TRANSENER y TRANSNEA— acumularon sanciones aplicadas por 8.801 millones de pesos entre 2018 y abril de 2025. Las cuatro empresas –se suman LITSA y LIMSA- con incidencia tarifaria federal en la provincia de Entre Ríos registran aumentos de entre el 501 y el 671 por ciento desde la asunción del actual gobierno nacional. Y la red de transporte del Noreste Argentino, que cubre el norte y centro de Entre Ríos, falla persistentemente entre diez y veinte veces más por kilómetro de tendido que la red troncal nacional. Son datos oficiales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, organismo que se encuentra en estos días en pleno proceso de fusión con el ENARGAS bajo el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.
Los datos oficiales sobre el desempeño económico y tarifario del servicio eléctrico de competencia federal con incidencia en Entre Ríos durante los últimos siete años configuran un cuadro que merece, por sí mismo, atención pública. Las dos empresas transportistas que tienen jurisdicción federal sobre la red eléctrica entrerriana —Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión TRANSENER S.A. y Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino TRANSNEA S.A.— acumularon sanciones aplicadas por 8.801.323.330,77 pesos entre enero de 2018 y abril de 2025.
Las cuatro empresas con incidencia tarifaria federal en territorio entrerriano —TRANSENER, TRANSNEA, LITSA (Líneas de Transmisión del Litoral) y LIMSA (Líneas Mesopotámicas)— vieron multiplicado el valor agregado de transporte que cobran al usuario residencial entrerriano entre cinco y siete veces desde el 10 de diciembre de 2023, día de la asunción del actual gobierno nacional. Y la red de transporte del Noreste Argentino, que cubre porciones del norte y centro de Entre Ríos junto con Corrientes, Chaco y Formosa, falla persistentemente entre diez y veinte veces más por kilómetro de tendido que la red troncal nacional, sin que esa asimetría —documentada mes a mes durante ocho años— haya sido revertida por ninguna de las administraciones del organismo regulador.
La información a partir de la cual se reconstruye este cuadro de situación proviene de la respuesta producida por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a una solicitud formal de acceso a la información pública presentada por Análisis el 28 de abril de 2026, en los términos de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. El pedido constaba de diez puntos concretos referidos a calidad del servicio, esquema tarifario, multas, obras de ampliación, reclamos, audiencias públicas, auditorías, convenios con la autoridad provincial y personal de control, todo ello respecto del servicio eléctrico de competencia federal con incidencia en la Provincia de Entre Ríos.
La solicitud fue identificada como expediente C-077 y respondida el 13 de mayo de 2026 mediante la Nota NO-2026-47984998-APN-DRIYP#ENRE, suscripta por la Responsable de Acceso a la Información Pública del organismo, Viviana Sarmentero. La respuesta llegó con la firma electrónica del Sistema de Gestión Documental del Estado nacional e incluye un cuadro con indicadores mes a mes desde enero de 2018 hasta abril de 2025 y cinco memorandos producidos por distintas áreas internas del ENRE: el Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales, el Departamento Técnico de Energía Eléctrica, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Relaciones Institucionales y Prensa, y la Asesoría Jurídica. Análisis Digital realizó el cruce y la sistematización de todo el material recibido. Los datos que se exponen a continuación son, en consecuencia, oficiales y reproducen lo que el propio ente regulador remitió por escrito en cumplimiento del régimen legal de acceso a la información pública.
Tarifas que subieron entre 501 y 671 por ciento desde diciembre de 2023
El dato más contundente de la respuesta oficial está contenido en el Memorándum ME-2026-45257750, producido por el Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales del ENRE y firmado por el subjefe del área, Marcelo Ángel Biach. El documento detalla, para las cuatro transportistas que el propio organismo reconoce como prestadoras de competencia federal con incidencia en territorio entrerriano, el cuadro tarifario al 10 de diciembre de 2023 y lo compara con el cuadro tarifario actualmente vigente.
Los porcentajes hablan por sí solos. TRANSENER pasó de la Resolución 781/2023 a la Resolución 225/2026 con una suba uniforme del 671 por ciento en todos sus conceptos: salidas de 500, 220 y 132/66 kilovoltios, cargos por transformación, energía reactiva y kilómetros de líneas. TRANSNEA se ajustó en idéntica proporción del 640 por ciento, también en todos sus rubros (Resoluciones 779/2023 y 228/2026). LIMSA, la transportista mesopotámica, registró un 529 por ciento (Resoluciones 781/2023 y 234/2026). Y LITSA, las Líneas de Transmisión del Litoral, un 501 por ciento (Resoluciones 781/2023 y 235/2026). Los cuatro porcentajes corresponden, según expresamente lo enuncia el propio Memorándum, a segmentos del transporte de competencia federal con incidencia en la Provincia de Entre Ríos. Es decir, son aumentos que el usuario entrerriano paga en el valor agregado de transporte que se traslada a su factura final.
El detalle es relevante por una razón adicional. El mismo Memorándum aclara que el ENRE solo tiene competencia federal en territorio entrerriano sobre los sistemas de transporte de Alta Tensión superiores a 400 kilovoltios. Las líneas de entre 132 y 400 kilovoltios son de jurisdicción provincial, no del ente nacional. Lo cual significa que el grueso del entramado de distribución troncal de la provincia queda fuera del control federal y depende de la regulación que ejerza —o no ejerza— el Estado entrerriano a través de su propio Ente Provincial Regulador.
Sanciones por más de 8.800 millones de pesos
La segunda pieza sustantiva de la respuesta oficial es un cuadro mes a mes con la tasa de falla, el índice DIMA (Disponibilidad Media Anual Móvil de la Concesionaria) y las sanciones aplicadas a TRANSENER y TRANSNEA entre enero de 2018 y abril de 2025. Es información que el ENRE produce en el marco de su régimen de afectación de sanciones para empresas transportistas, regido por la Resolución ENRE 552/2016 y sus modificatorias.
Del cuadro surge que las dos transportistas acumularon sanciones aplicadas por 8.801.323.330,77 pesos durante el período. De ese monto, 8.115.972.826,52 pesos corresponden a TRANSENER, la concesionaria del sistema troncal de 500 kilovoltios, y 685.350.504,25 pesos a TRANSNEA. El propio Departamento Técnico de Energía Eléctrica del ENRE, en su Memorándum ME-2026-44986275, aclara que los datos remitidos corresponden a las penalidades aplicadas a cada empresa respecto del servicio dentro de toda el área de su concesión, no exclusivamente al tramo entrerriano: TRANSENER cubre toda la red troncal del país y TRANSNEA cuatro provincias del Noreste. Aun así, son las dos únicas empresas con jurisdicción federal sobre infraestructura eléctrica de Entre Ríos, y las sanciones se aplicaron por incumplimientos de los estándares de calidad del servicio que el ENRE establece y que también rigen para el tramo entrerriano de sus redes.
Las cifras son nominales y, por lo tanto, deben leerse con la cautela que impone la inflación de los últimos años. Aun así, la dinámica del régimen sancionatorio es elocuente. Las sanciones aplicadas a TRANSENER se multiplicaron por 2,1 entre 2023 y 2024, pasando de 1.866 millones a 3.951 millones de pesos en el año. Las aplicadas a TRANSNEA crecieron todavía más rápido: se multiplicaron por 3,9 en el mismo lapso, al saltar de 87 millones a 340 millones. El pico mensual absoluto se registró en junio de 2024, cuando TRANSENER fue sancionada con 773.867.377,29 pesos en un solo mes y TRANSNEA con 92.620.411,13 pesos. Para tener una referencia, esa cifra mensual de TRANSENER equivale, ella sola, a más de cuatro veces el total anual sancionado a la misma empresa durante todo 2018. El quiebre es contemporáneo a la asunción de Javier Milei. En los primeros doce meses de la nueva gestión, el ENRE incrementó las sanciones aplicadas a las dos transportistas a un ritmo que excede largamente cualquier ajuste por inflación y modifica de manera sustantiva el peso económico real del régimen de multas.
La respuesta del ENRE, sin embargo, no informa el estado de cumplimiento de esas sanciones —dato que esta parte solicitó expresamente en el pedido—. No se sabe, por ahora, cuántas fueron efectivamente pagadas por las empresas, cuántas fueron recurridas en sede administrativa o judicial, cuántas se encuentran firmes y cuántas suspendidas en sus efectos. La información sobre ese punto está pendiente de respuesta por parte de la Asesoría Jurídica del organismo, y será materia de la segunda entrega de esta cobertura.
Calidad del servicio: la red del Noreste falla entre diez y veinte veces más que la troncal nacional
El cuadro de indicadores anexo a la respuesta permite cotejar mes a mes la calidad de la prestación con un indicador estandarizado, la tasa de falla, que mide la cantidad de fallas registradas cada cien kilómetros de línea por año. El contraste entre las dos empresas con incidencia en Entre Ríos es marcado y persistente. TRANSENER, sobre una red de 15.361 kilómetros, registró durante el período tasas de falla que oscilaron entre 0,17 y 0,41 fallas cada 100 kilómetros por año. TRANSNEA, sobre una red sensiblemente menor de 2.032 kilómetros, opera con tasas de falla que van de 2,4 a 4,9 fallas en la misma unidad de medida.
En términos comparativos, la red del Noreste Argentino —que cubre el norte y centro de Entre Ríos junto con porciones de Corrientes, Chaco y Formosa— falla entre diez y veinte veces más que la red troncal nacional por cada kilómetro de tendido. La diferencia se sostiene durante los ocho años cubiertos por la información oficial y no admite atenuantes circunstanciales: no se trata de un episodio puntual sino de un patrón estructural que las sucesivas administraciones del ENRE registraron pero no consiguieron revertir. El otro indicador relevante, el índice DIMA, confirma la asimetría: TRANSENER se mantuvo casi siempre por encima del 99,97 por ciento, mientras que TRANSNEA opera en torno al 99,78-99,81 por ciento, varios escalones por debajo del valor promedio móvil establecido por la propia regulación. La diferencia parece menor en términos porcentuales —apenas dos décimas— pero, traducida a tiempo real, equivale a varias horas anuales adicionales de indisponibilidad del servicio para los usuarios atendidos por la red del Noreste.
Una respuesta en los últimos días institucionales del ENRE
La respuesta al pedido C-077 llegó el 13 de mayo de 2026. Ocho días antes, el 5 de mayo, había sido publicado en el Boletín Oficial el Decreto 318/2026, que designa el directorio completo del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), organismo que absorbe al ENRE y al ENARGAS bajo una conducción única por mandato de la Ley de Bases 27.742 (artículo 161) y del Decreto 452/2025. La presidencia del nuevo ente, por cinco años, quedó para Néstor Marcelo Lamboglia, hasta entonces interventor del propio ENRE. La fusión venía dispuesta hacía más de un año pero se aceleró tras la crisis energética del invierno pasado, particularmente los cortes que dejaron sin gas a Mar del Plata.
La transición administrativa, que implica el cambio de dominios institucionales y de siglas en el Sistema de Gestión Documental Electrónica del Estado, fue consignada por la propia Responsable de Acceso a la Información Pública en uno de los correos posteriores remitidos a este medio para completar la respuesta. La normativa sobre acceso a la información pública sigue aplicando al nuevo ente y la sucesión administrativa es plena, pero el cuadro al que estos datos corresponden es, técnicamente, el cierre de una etapa. Los 8.800 millones de pesos en sanciones acumuladas, los aumentos tarifarios de entre el 501 y el 671 por ciento y el patrón de fallas de la red del Noreste son la herencia operativa que el ENRGE recibe sobre el servicio eléctrico federal con incidencia en Entre Ríos. La gestión que viene se hace cargo, sin solución de continuidad, de un cuadro tarifario cuyos cuadros vigentes acaban de ser convalidados, en febrero de 2025, por las audiencias públicas virtuales que el propio ente convocó.Fuente: Análisis
El monto requerido por quienes postulan a nuevos puestos de trabajo retrocedió otra vez en abril, al quedar por debajo de la inflación. En qué sectores están las mejores remuneraciones y cómo varían las expectativas salariales según cargo y género
Los salarios pretendidos por los argentinos mostraron en abril una nueva señal de desaceleración. Según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, la remuneración promedio solicitada por quienes buscan empleo fue de $1.784.840 brutos por mes, una cifra que implicó una baja de 0,09% respecto de marzo y que volvió a ubicarse por debajo de la inflación proyectada para el período.
El dato confirma una tendencia que comenzó a observarse hacia fines de 2025: las pretensiones salariales crecieron cada vez menos e incluso alternaron meses de retrocesos nominales. En otras palabras, el mercado laboral empieza a reflejar una moderación en las expectativas de ingresos de los postulantes.
Los números muestran un fenómeno llamativo. Los salarios crecen un ritmo muy inferior al de la inflación acumulada. Según el informe, las remuneraciones pretendidas avanzaron 13,44% en los últimos doce meses, mientras que la inflación interanual se ubicó en 32,4 por ciento.
El informe también refleja fuertes diferencias salariales según el nivel de experiencia. Mientras un postulante junior pretende en promedio $1.354.695 brutos por mes, el monto sube a $1.814.084 para posiciones semi senior y senior, y alcanza $2.407.033 en los cargos de jefe o supervisor.
La diferencia entre el promedio junior y el de posiciones jerárquicas supera así el millón de pesos mensuales, lo que evidencia la distancia salarial que todavía existe dentro del mercado laboral formal.
La diferencia salarial entre puestos junior y cargos jerárquicos supera el millón de pesos mensuales. (Freepik)
Sin embargo, la evolución reciente no fue igual para todos los segmentos. Los puestos junior mostraron una suba mensual de 1,87% y las posiciones senior/semi senior aumentaron 1,42%, mientras que los cargos de jefe y supervisor registraron una caída de 7,30 por ciento.
Sin embargo, la evolución reciente no fue igual para todos los segmentos. Los puestos junior mostraron una suba mensual de 1,87% y las posiciones senior/semi senior aumentaron 1,42%, mientras que los cargos de jefe y supervisor registraron una caída de 7,30 por ciento.
Según los especialistas, ese comportamiento puede interpretarse como una señal de mayor cautela en los segmentos jerárquicos, donde las empresas suelen tener procesos de contratación más lentos y salarios más elevados, mientras que los niveles iniciales y medios todavía muestran algo más de dinamismo.
Qué sector lidera los salarios en los puestos junior y senior
Al analizar las pretensiones salariales por áreas, Recursos Humanos aparece como uno de los sectores con mejores remuneraciones promedio tanto en posiciones junior como en los niveles semi senior y senior.
En el segmento junior, Recursos Humanos encabezó el ranking con un salario pretendido promedio de $1.528.125 mensuales. Detrás quedaron Administración y Finanzas, con $1.449.028, y Producción, Abastecimiento y Logística, con 1.440.179 pesos.
En cambio, el sector Comercial fue el que tuvo menor remuneración pretendida para puestos junior, con un promedio de 1.154.688 pesos.
El área de Recursos Humanos encabezó los salarios pretendidos tanto en posiciones junior como en los niveles semi senior y senior. (Getty Images)
En los puestos semi senior y senior volvió a destacarse Recursos Humanos, con una pretensión salarial promedio de $2.152.500 brutos. Luego aparecieron Administración y Finanzas, con $1.945.463, y Tecnología y Sistemas, con 1.935.000 pesos.
Por el contrario, Marketing y Comunicación registró el salario promedio más bajo para ese nivel de experiencia, con $1.520.000 mensuales.
Los puestos mejor pagos
El informe también identifica cuáles son los cargos específicos con mayores pretensiones salariales dentro de cada segmento.
En las posiciones de jefe y supervisor, el puesto con el salario requerido más alto fue Auditoría, con una pretensión promedio de $4.125.000 mensuales.
Los puestos mejor pagos
El informe también identifica cuáles son los cargos específicos con mayores pretensiones salariales dentro de cada segmento.
En las posiciones de jefe y supervisor, el puesto con el salario requerido más alto fue Auditoría, con una pretensión promedio de $4.125.000 mensuales.
Del otro lado aparecen sectores con salarios considerablemente menores. Entre los puestos junior, Camareros tuvo la pretensión salarial más baja, con $850.000 mensuales. Para los niveles semi senior y senior, Gastronomía se ubicó en el piso del ranking con $1.000.000, mientras que en cargos de jefe o supervisor el salario más bajo correspondió a Áreas Técnicas en Salud, con 1.137.500 pesos.
La amplitud entre los extremos vuelve a mostrar un mercado laboral muy heterogéneo, donde conviven sectores con fuerte capacidad de pago y otros en los que las remuneraciones siguen rezagadas.
Qué puestos concentran más búsquedas y postulaciones
El informe también analizó cuáles son los puestos más demandados por las empresas y cuáles reciben más postulaciones.
Entre los avisos de empleo publicados, Ventas lideró con el 11,98% del total, seguido por Comercial con 8,72% y Administración con 5,84%.
En cuanto a las postulaciones, el mayor volumen se concentró en Almacén, Depósito y Expedición, que reunió 12,12% del total. Luego aparecieron Producción, con 10,64%, y Administración, con 9,69 por ciento.
El senador provincial Rubén Dal Molín cuestionó duramente las declaraciones de Victoria Tolosa Paz durante su visita a Federación y sostuvo que “resulta llamativo que una exministra del peor gobierno de la historia argentina venga ahora a dar lecciones sobre desarrollo, producción y turismo”.
“Hablan de federalismo y de oportunidades después de haber dejado un país con inflación récord, pobreza creciente, destrucción del salario y miles de jóvenes obligados a irse de sus pueblos porque ya no encontraban trabajo ni futuro”, expresó.
Dal Molín afirmó además que “el kirchnerismo pretende apropiarse políticamente de una historia de desarrollo que nació mucho antes y gracias a la visión de dirigentes locales de Federación”.
“Federación no nació turísticamente de un relato nacional ni de una ley anunciada en campaña. Federación se reinventó después de una tragedia histórica gracias al esfuerzo de su gente y a dirigentes radicales como Carlos Cecco, que tuvieron la visión y la valentía de apostar al termalismo cuando nadie creía en ese proyecto”, remarcó.
En ese sentido, consideró que “el peronismo debería tener un poco más de humildad y reconocer quiénes fueron realmente los protagonistas de la transformación de Federación”.
Pero además, el legislador apuntó contra la situación actual del turismo en la ciudad y responsabilizó a la gestión municipal del intendente Ricardo Bravo por “años de estancamiento, improvisación y pérdida de competitividad”.
“Resulta llamativo escuchar grandes discursos sobre turismo de parte de quienes gobiernan Federación hace años y no han podido resolver problemas básicos de infraestructura, planificación y promoción. El turismo termal no vive solamente del pasado ni de las fotos políticas. Necesita gestión todos los días”, señaló.
Dal Molín también recordó que la administración municipal de Bravo ha estado atravesada por cuestionamientos y denuncias públicas vinculadas al manejo de recursos y decisiones administrativas, “mientras la ciudad pierde dinamismo frente a otros destinos turísticos que sí entienden cómo evolucionar y modernizar la oferta”.
“Federación merece nuevos dirigentes que defiendan su historia con honestidad y que trabajen pensando en el futuro, no dirigentes nacionales que vienen a usar políticamente a la ciudad mientras representan el mismo modelo que empobreció a millones de argentinos”, concluyó.
La diferencia salarial entre puestos junior y cargos jerárquicos supera el millón de pesos mensuales. (Freepik)
El área de Recursos Humanos encabezó los salarios pretendidos tanto en posiciones junior como en los niveles semi senior y senior. (Getty Images)