Vergara: “No se puede advertir durante 20 años que el sistema es inviable y actuar como si el problema hubiera empezado ahora”

29 mayo, 202629 mayo, 2026 por Redacción

El senador provincial Gustavo Vergara sostuvo que el debate previsional que hoy atraviesa Entre Ríos “no apareció de un día para el otro” y recordó que durante más de dos décadas distintos gobiernos peronistas reconocieron públicamente los problemas estructurales de la Caja de Jubilaciones sin avanzar en una reforma de fondo.

“El sistema previsional provincial viene siendo diagnosticado desde hace años por los propios dirigentes del peronismo. Hubo advertencias, informes, discursos y hasta borradores de reforma. Lo que nunca hubo fue la decisión política de avanzar en una transformación estructural”, señaló.

Vergara recordó que parte de la problemática actual se remonta a los años noventa, cuando se sancionó la Ley 8.732, base del régimen previsional vigente, que fijó edades jubilatorias que prácticamente no se modificaron hasta la actualidad, en un contexto demográfico y económico muy diferente al actual.

“Con el paso de los años las advertencias fueron cada vez más explícitas. Durante la gestión de Sergio Urribarri, el entonces presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías, ya alertaba sobre la sustentabilidad del sistema. Y durante el gobierno de Gustavo Bordet esas advertencias llegaron al máximo nivel”, afirmó.

En ese sentido, recordó que el propio Bordet sostuvo en la Asamblea Legislativa de 2020 que si no se abordaba el problema el sistema “iba a volar por los aires”.

“Lo llamativo es que quienes reconocían el problema nunca avanzaron en una solución. El diagnóstico estuvo durante años. Lo que faltó fue la decisión de actuar”, remarcó.

El legislador también señaló que la actual gestión recibió una situación financiera crítica.

“El último tramo del gobierno anterior transcurrió sin reformas de fondo, pese al creciente déficit de la Caja y a las reiteradas advertencias sobre su sustentabilidad. En algunos ejercicios, el rojo previsional llegó a equivaler a cerca de cuatro veces la inversión provincial en obra pública e infraestructura”, indicó.

Vergara agregó que la situación heredada también incluía importantes falencias administrativas vinculadas al financiamiento nacional del sistema.

“Entre 2017 y 2023 no se realizó un solo reclamo formal por las transferencias adeudadas por ANSES ni se solicitaron las auditorías previstas por ley para determinar los saldos definitivos. Había balances sin firma, ejercicios sin elaborar y un vínculo institucional con Nación prácticamente interrumpido desde hacía más de seis años”, afirmó.

Asimismo, destacó que la falta de gestión también tuvo consecuencias económicas concretas para la provincia.

“Sólo la diferencia determinada a favor de Entre Ríos por la auditoría correspondiente al año 2020 —que nunca había sido reclamada— ascendía a 2.500 millones de pesos de entonces. Actualizada a valores actuales, representa alrededor de 68.000 millones de pesos que la provincia dejó de reclamar oportunamente”, señaló.

Finalmente, el senador recordó declaraciones recientes del ex candidato a gobernador del peronismo, Adán Bahl, quien reconoció que el déficit de la Caja constituye un problema real que hoy se financia con recursos de todos los contribuyentes entrerrianos.

“La discusión previsional debe ser seria y responsable. Podemos debatir herramientas, mecanismos y alternativas. Lo que no podemos hacer es ignorar la historia. No se puede advertir durante 20 años que el sistema es inviable y actuar como si el problema hubiera empezado recién ahora”, concluyó.

Causa Contratos: avanzan las definiciones sobre las pruebas y la situación de los auditores de Entre Ríos

28 mayo, 2026 por Redacción

708866774 4610064409317225 3725000887279418554 n

La megacausa por los “Contratos truchos” de la Legislatura entrerriana transita semanas decisivas en Paraná. Las audiencias de remisión a juicio continuarán sin interrupciones hasta el próximo 3 de julio. En este marco, el Ministerio Público Fiscal (MPF) exhibió un listado de 770 contratos bajo sospecha y detalló un extenso catálogo de pruebas que incluye pericias informáticas, registros telefónicos, análisis de redes sociales y actas de allanamientos .

El caso investiga un presunto desfalco de 53 millones de dólares a las arcas públicas provinciales entre 2008 y 2018 mediante un sistema de recaudación ilegal basado en contratos de obra con “prestanombres” . Tras el reinicio de las audiencias, la jueza de Garantías Marina Barbagelata validó las correcciones técnicas que los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry realizaron sobre los hechos atribuidos, unificando el número de contrataciones y ajustando las fechas del delito .

Actualmente quedan 18 imputados en el banquillo de los 32 originales . El resto de los involucrados modificó su situación procesal: 12 de ellos accedieron a suspensiones de juicio a prueba (probation), Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado y el contador Gustavo Falco fue sobreseído . Ante la falta de objeciones a las pruebas de la Fiscalía por parte de los abogados defensores Leopoldo Lambruschini y José Velázquez, la magistrada los dispensó de asistir a las extensas jornadas de debate .

El debate central giró en torno a los pedidos de sobreseimiento para Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni y Hernán Javier Díaz, quienes se desempeñaban como auditores del Tribunal de Cuentas . Sus abogados argumentaron que las pruebas recolectadas son insuficientes para elevarlos a juicio, alegando que los mensajes de texto analizados corresponden al rol habitual de la administración pública o que los imputados ya no cumplían funciones de control en los períodos señalados .

Por el contrario, los fiscales rechazaron de plano las desvinculaciones y denunciaron un “control laxo” e intencional debido a vínculos de cercanía o amistad entre los encargados de auditar y los sospechosos . El MPF sostiene que sólo se revisaban muestras insignificantes de contratos por año y expuso que durante la investigación penal sufrieron la negativa de informes por parte de la Legislatura y la sustracción de un expediente judicial .

La jueza Barbagelata comunicó que resolverá estos pedidos de sobreseimiento recién al finalizar las audiencias generales de remisión .

Para el futuro juicio oral y público, la Fiscalía presentó una lista de testigos clave de alto perfil institucional y contable :

Adán Bahl (exvicegobernador) .
Sigrid Kunath y Pedro Guastavino (exsenadores nacionales) .
Federico Tomas (expresidente interino del Tribunal de Cuentas) .
Aurelio Miraglio (excontador General de la provincia) .
Claudia Kelly (contadora adjunta) y Rodrigo Andrés Zabala (actual titular del área) .
Natalio Gerdau y Nicolás Piernini (exsecretarios de las Cámaras de Senadores y Diputados) .
Directivos y apoderados de Banco de Entre Ríos, Enersa, Pilay y personal de ARCA (ex-AFIP)
El cronograma de las audiencias generales quedó fijado para los días martes, miércoles, jueves y viernes, aplicando para los días centrales una doble jornada obligatoria que va de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 horas

Localidades del oeste entrerriano fortalecen la Microrregión Lomadas y Humedales

27 mayo, 2026 por Redacción

Representantes de municipios y comunas del oeste entrerriano mantuvieron un encuentro de trabajo con el objetivo de avanzar en acciones de integración, organización y promoción conjunta de la Microrregión Lomadas y Humedales.

La reunión se desarrolló en el marco de la política provincial de fortalecimiento de las microrregiones turísticas y contó con la participación del coordinador de Microrregiones del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Martín Di Mario, junto a referentes de las áreas de turismo y autoridades locales de Diamante, Rincón del Doll, Rincón del Nogoyá, Victoria, Libertador General San Martín, Antelo y Laguna del Pescado.

Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos vinculados al funcionamiento y la representación institucional de la microrregión, además de coordinar criterios comunes para la participación en ferias, eventos y acciones promocionales orientadas a posicionar de manera conjunta la propuesta turística del oeste provincial.

En ese marco, se definió que la ciudad de Diamante tendrá a su cargo la coordinación de la Microrregión Lomadas y Humedales, con el propósito de continuar fortaleciendo la articulación entre localidades que comparten características naturales, culturales y productivas.

Asimismo, los participantes acordaron avanzar en la elaboración del estatuto constitutivo bajo los lineamientos de la Ley de Mancomunidades, como herramienta para consolidar institucionalmente el espacio y proyectar iniciativas comunes de desarrollo.

“El crecimiento de las microrregiones se da cuando las localidades entienden que trabajar en conjunto fortalece la propuesta de cada destino”, expresó Martín Di Mario al referirse al proceso de integración turística que impulsa el Emturer en distintos puntos de la provincia.

La conformación de microrregiones forma parte de una estrategia de articulación territorial orientada a diversificar la oferta turística entrerriana, promover circuitos complementarios y potenciar el desarrollo de cada comunidad a partir del trabajo colaborativo.

MID Concordia: comienza a mirar el 2027

27 mayo, 2026 por Redacción

El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) de Concordia abrió sus puertas este jueves para activar “el trabajo
político de cara a 2027

La sede partidaria fue el escenario del primer gran encuentro de militantes y afines que marcó el comienzo de una nueva etapa para el espacio que acompaña al gobernador Rogelio Frigerio en Concordia.

Los convocantes fueron los dos hombres fuertes del MID local: Manuel Troncoso, actual ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, y Guillermo Marcone, referente del partido en la ciudad.

Durante el encuentro, los dirigentes analizaron el contexto político nacional y provincial, identificaron desafíos y pusieron el foco en sostener el rumbo de gestión trazado por Frigerio. El trasfondo electoral estuvo muy presente: acompañar la reelección del gobernador y consolidar la gestión de Francisco Azcué en Concordia, ciudad que en 2023 le arrebató al peronismo después de cuarenta años.

Troncoso expresó que “cuando el gobernador recorre la provincia siento que estamos bien. Hay mucha confianza en lo que venimos haciendo, intentando con una fuerza titánica reorientar Entre Ríos hacia una provincia productiva que genere empleo genuino”. Sobre Frigerio no dejó margen: “Es un convencido de que estamos transformando la provincia, y cuatro años no son suficientes para eso”.

Por su parte, Marcone resaltó que “en tiempos de transformaciones y tensiones, siempre hay que apostar a la política como herramienta de acuerdos” y destacó que “este tipo de espacios de debate político son necesarios para construir acuerdos y fortalecer gestiones”.

Pullaro respaldó la reforma previsional en Entre Ríos y destacó los resultados de su aplicación en Santa Fe

27 mayo, 2026 por Redacción

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro respaldó la reforma previsional que impulsa el Ejecutivo de Entre Ríos y defendió la necesidad de avanzar con medidas “que generan resistencias de algunos sectores”, pero que resultan claves para el ordenamiento de las cuentas públicas y el desarrollo a mediano y largo plazo.

Pullaro sostuvo que este tipo de decisiones implican costos políticos, pero remarcó que son necesarias cuando se busca “un gobierno que se ocupe de los temas importantes”. En ese sentido, planteó que el objetivo final es generar condiciones para que la provincia pueda beneficiarse en el tiempo, a partir de un uso más eficiente de los recursos del Estado.

El mandatario santafesino puso como ejemplo la experiencia de Santa Fe, donde su gestión avanzó en una reforma del sistema previsional para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones de los empleados públicos. Según explicó, al inicio de su gobierno el desequilibrio era “sumamente alto y sentíamos que no era justo que un kiosquero, que un productor agropecuario, que un industrial, con sus impuestos tengan que cubrir a través del Tesoro el déficit que tenía la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe”.

Y agregó: “Llevamos adelante una ley que nos permitió equilibrar la caja. No eliminamos completamente el déficit, pero logramos reducirlo a un tercio de lo que era”. Además, precisó que en un año se recortaron alrededor de 500.000 millones de pesos, lo que permitió liberar recursos para inversión en infraestructura y servicios esenciales.

En ese marco, Pullaro destacó el impacto concreto de ese ordenamiento: “Estamos hablando de recursos que pueden destinarse a rutas, hospitales o escuelas, y a promover el desarrollo”. A modo de ejemplo, señaló que el monto ahorrado equivale a cientos de kilómetros de obra vial.

Finalmente, consideró que la iniciativa entrerriana va en la misma dirección y la calificó como “una decisión muy valiente”. Reconoció que este tipo de reformas generan resistencias, especialmente de sectores gremiales, pero insistió en que son necesarias para transformar estructuras que arrastran problemas históricos.

“Dos años después, en Santa Fe podemos mostrar una caja mucho más equilibrada y, fundamentalmente, que el sector privado ya no tiene que financiar el déficit del sistema previsional público”, concluyó.

Golpe millonario al narcotráfico en Paraná: detienen a un presunto líder de la red

24 mayo, 2026 por Redacción

La Policía de Entre Ríos desarticuló en Paraná puntos de venta de droga y detuvo al principal sospechoso de liderar la organización

Tras una investigación por la presunta venta de drogas al menudeo en distintos sectores de Paraná, la Dirección General de Drogas Peligrosas llevó a cabo una serie de procedimientos que culminaron con la detención de un hombre señalado como líder narco y el secuestro de una importante suma de dinero en efectivo.

El operativo

El despliegue policial consistió en tres allanamientos simultáneos y la requisa de una camioneta Ford Ranger, en la cual se trasladaba el principal sospechoso al momento de ser interceptado y detenido. Además del arresto del presunto líder, otras diez personas fueron identificadas y quedaron supeditadas a la causa.

Elementos secuestrados

Durante las requisas, los efectivos policiales lograron incautar elementos de suma relevancia para la investigación, entre los que destacan: más de seis millones de pesos en efectivo, envoltorios de marihuana y cocaína listos para su comercialización; teléfonos celulares, una notebook, un DVR y documentación con anotaciones varias.

Foco en Lomas del Mirador II

Uno de los puntos clave del operativo fue una vivienda ubicada en el barrio Lomas del Mirador II. Según informaron las autoridades, en ese mismo lugar había funcionado anteriormente un búnker narco que ya había sido allanado y demolido meses atrás. Sin embargo, la detección de nuevos movimientos compatibles con el tráfico de estupefacientes motivó esta nueva intervención judicial.

En el procedimiento participó un amplio número de efectivos pertenecientes a las divisiones de Operaciones, Antidrogas y Narcocriminalidad, contando con el apoyo de grupos especiales de la Jefatura Departamental Paraná y personal de la Guardia de Infantería.

Desde la policía indicaron que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas para determinar el alcance total de la red criminal investigada

Denuncian Accionar de involucrados en la causa ” Contratos Truchos”

5 junio, 202621 mayo, 2026 por Redacción

703811977 1406701564827217 4494299664268221255 n

Fuertes denuncias sobre pagos de favores en designaciones de directores políticos, coordinadores de inteligencia y escandalosos sobreprecios en la obra pública han llegado de manera detallada a nuestra redacción, aportando documentación y testimonios que exponen la verdadera magnitud de manejos administrativos fraudulentos en el ámbito local.

Los sobreprecios en la obra pública, como ciclovía y puentes, y el sostenimiento de puestos de favor político para nombres conocidos, amparados por las decisiones de Adán Bahl y de quien fuera su Secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento, forman parte de las graves irregularidades que los trabajadores de carrera de la comuna han decidido sacar a la luz ante este medio.

La reciente decisión de dar de baja una licitación abusiva de 80 millones de pesos para modificar la ciclovía de la Costanera, que ahora se realizará con personal municipal por una fracción de ese costo, desnudó una matriz de desidia institucional intencional que conecta de forma directa con las denuncias sobre el accionar de diversos involucrados en la causa CONTRATOS II. Esta farsa queda al descubierto al contrastar la actual lupa administrativa con el historial de la gestión anterior de Adán Bahl y su secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento, período caracterizado por convalidar demarcaciones viales a costos que duplicaban los parámetros de mercado en dólares, otorgar contrataciones directas cuestionables a empresas constructoras con graves antecedentes y sostener designaciones políticas de alto rango económico en dependencias difusas para amparar a operadores, como Joel Kohan, que no prestan servicios reales.

El detonante de este debate fue la decisión de Romero de frenar de manera tajante el proceso licitatorio impulsado por la Subsecretaria de Planificación, arquitecta Alejandra Flores, el cual preveía una inversión cercana a los 80 millones de pesos para cambiar de margen la traza de bicicletas en la Costanera Baja. La jefa comunal consideró abusivo y escandaloso abonar semejante cifra a una empresa privada.

En su lugar, desautorizó el anuncio oficial de Flores y determinó que las tareas , que demandarán entre 30 y 40 días, incluyendo bacheo, remoción de maceteros e instalación de separadores viales de caucho, se ejecuten íntegramente con mano de obra del personal municipal y materiales comprados de forma directa. La intendenta estimó que este cambio de estrategia administrativa representará un ahorro sustancial para las arcas de la comuna, estimando el costo real en apenas una fracción de lo presupuestado originalmente, es decir, entre un 70% y un 80% menos de lo que pretendía gastar la gestión técnica de Flores.

Aún no se sabe si la subsecretaria Alejandra Flores presentó la renuncia ante semejante y humillante desautorización pública de la intendenta Rosario Romero, o si pretende seguir atornillada a su sillón como si nada hubiera pasado. Una permanencia en el puesto que, a esta altura, resulta éticamente insostenible y un insulto a los contribuyentes.

¿Con qué autoridad moral puede continuar al frente de la planificación urbana una funcionaria que pretendía imponer un gasto descomunal de ochenta millones de pesos por un simple trabajo de pintura y remoción de maceteros?

Semejante brecha con el costo real, que la propia intendencia demostró que se puede resolver con mano de obra municipal por apenas una fracción de lo presupuestado, enciende de inmediato las alarmas más oscuras. Ante un sobreprecio tan burdo y escandaloso, es inevitable que en el ciudadano común surja la sospecha legítima y la pregunta obligada de si detrás de esa insistencia por contratar a una empresa privada no se escondía el beneficio personal, el histórico y nefasto retorno que tanto asfixia a las arcas públicas. Sostener en sus funciones a quien validó semejante despropósito no solo dinamita la credibilidad de la gestión, sino que hace pensar que el vaciamiento y la complicidad siguen siendo opciones válidas en los despachos oficiales.

La firmeza de la actual gestión contrasta nítidamente con la laxitud financiera que caracterizó al período 2019-2023. En marzo de 2021, bajo la intendencia de Bahl y con Maximiliano Argento como ejecutor de la infraestructura, el municipio adjudicó a la firma privada Becha S.A. el primer tramo del «Programa Bicivía» por un monto exacto de $9.723.596,48. Pocos meses después, en junio de ese mismo año, se le otorgaron a la misma empresa otros 9 millones de pesos para una extensión hacia el Thompson, totalizando casi 20 millones de pesos por apenas 10 kilómetros de pintura y señalización horizontal.

La conversión de estos valores a la realidad cambiaria desuda un desfasaje monumental. En marzo de 2021, con un dólar oficial cotizando a 89 pesos, aquel primer contrato de casi 10 millones de pesos equivalía a 109.000 dólares. Si esa misma cotización en moneda extranjera se traslada al valor del mercado cambiario actual, que promedia los 1.400 pesos, la obra ejecutada por Argento costó el equivalente a más de 152 millones de pesos de hoy. Es decir, mientras que a la actual intendencia pagar 80 millones de pesos le pareció un exceso intolerable para la comunidad, en la gestión anterior se convalidó un gasto que duplicaba los parámetros actuales de mercado para un trabajo idéntico de demarcación vial, descartando sistemáticamente la utilización de las cuadrillas municipales.

Las polémicas ligadas a la gestión de Maximiliano Argento en Obras Públicas no se limitaron a la pintura de senderos. Uno de los episodios más críticos de su administración fue la firma del contrato para la reparación del puente sobre la calle Moreno. Dicha estructura había demandado a los contribuyentes paranaenses un desembolso superior a los 121 millones de pesos a valores de la época y sufrió un desmoronamiento estructural en una de sus cabeceras a escasos cuatro años de su inauguración. El desastre vial no solo bloqueó el tránsito de una arteria clave, sino que forzó un polémico cambio en el sentido de circulación del Parque Urquiza que despertó el rechazo generalizado de la ciudadanía.

Lejos de iniciar acciones legales contra la constructora Norvial por las evidentes fallas de edificación o de exigir la ejecución de las garantías de obra, la Secretaría de Obras Públicas a cargo de Argento optó por un camino sumamente cuestionable: premiar a la misma empresa con un nuevo contrato directo de $9.428.219,92 para enmendar sus propios errores. Para mayor ironía de la época, la firma ya arrastraba severos cuestionamientos por las deficiencias técnicas en el puente de la calle Gálvez, cuya infraestructura defectuosa provocó el trágico desborde pluvial que terminó con la vida de la joven Fiorella Furlán. Los paranaenses terminaron pagando dos veces por una misma obra, en un marco de profunda crisis donde el esfuerzo fiscal de los contribuyentes era administrado con una alarmante desidia.

Vale recordar que Maximiliano Argento arribó a la Municipalidad de Paraná por gentileza de Adán Bahl, habiendo adquirido previamente un lujoso departamento ubicado en la estratégica esquina de calle Tucumán y Alameda de la Federación, en plena zona del Parque Urquiza. La propiedad, valuada por agentes inmobiliarios en unos 400 mil dólares, fue comprada mientras Argento se desempeñaba simplemente como un empleado del Senado provincial, entonces manejado por el propio Bahl, coincidiendo temporalmente con el momento en que estalló el multimillonario escándalo de los «Contratos (truchos) de la Legislatura». Esta impactante adquisición representa un patrimonio sumamente difícil de justificar con el sueldo de un agente legislativo; un dato clave y una inconsistencia financiera brutal que los fiscales de la causa «Contratos II» no deberían pasar por alto bajo ninguna circunstancia.

La trama que rodea a la vieja estructura de Obras Públicas de Paraná posee derivaciones que exceden los presupuestos y rozan el armado de esquemas de inteligencia interna y cobros indebidos. De acuerdo con los registros del personal de la comuna, durante la intendencia de Adán Bahl este y Maximiliano Argento el 02/01/2020 designaron con el cargo de Director Político a Joel Kohan en el área de obras públicas. Los trascendidos de los pasillos gubernamentales coinciden en que no existía una necesidad real de contratar personal, sobre todo en un momento en que se estaban dando de baja cientos de contratos de personas que llevaban años prestando servicios, dejándolas en la calle bajo la excusa de buscar el equilibrio fiscal del municipio.

Según fuentes municipales fidedignas, el nombrado no cumplía ninguna función específica y el cargo de director político le fue otorgado únicamente como pago por favores recibidos, como haber hecho tareas ajenas a la función pública, coordinando presuntas operaciones y maniobras complejas mediante una abogada de un reconocido estudio jurídico ubicado sobre la calle 25 de Junio de la capital entrerriana. Kohan estuvo de Director Político categoría 34 hasta el 04/10/2024, para ser designado a partir de esa fecha por pedido de Bahl y Argento en pago de favores como COORDINADOR de INTELIGENCIA CON LA CATEGORÍA 43 y un sueldo de 1.949.154 pesos con un adicional por función de 816.000 pesos amparándose en la ordenanza 9014.

Antes de abandonar el Ejecutivo Municipal, Adan Bahl se encargó de blindar el futuro de su equipo de confianza. El segundo de la cartera de Obras Públicas, Gerardo Pastor, un técnico de extracción radical cuyo padre fuera el secretario del histórico caudillo previsional Arturo Vera, logró su estabilidad en la planta permanente del Estado, habiendo desempeñado previamente funciones administrativas clave en el Senado provincial cuando Bahl ejercía la vicegobernación. Al concluir el mandato, tanto Argento como Pastor y otros asesores directos se replegaron en la Cámara Alta entrerriana, garantizando la continuidad del cobro de haberes de altísimo rango legislativo.

El caso de Joel Kohan expone un escenario de marcada irregularidad administrativa que genera un profundo malestar entre los empleados de carrera de la Municipalidad de Paraná. El funcionario fue reubicado estratégicamente en una estructura creada bajo el rótulo de la Coordinación de Inteligencia, una dependencia difusa que opera formalmente bajo la órbita de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, con asiento en las oficinas de Avenida Ramírez 2821. Quienes cumplen funciones de manera diaria en dicha repartición denuncian de manera categórica que el coordinador no se presenta a cumplir sus tareas habituales, registrando inasistencias prolongadas que se extienden por meses enteros sin justificación alguna. El cobro regular de un sueldo de jerarquía de director, categoría 43, por parte de un agente que reviste la condición de «ñoqui» institucional, constituye una afrenta directa hacia los trabajadores que sostienen los servicios públicos en la ciudad.

Este escándalo de personal, sumado a las irregularidades en la obra pública, deja al desnudo una matriz de desidia institucional evidentemente intencional y planificada. Un sistema que, mientras convalidaba escandalosos sobreprecios medidos en dólares y premiaba sistemáticamente a constructoras penalmente cuestionadas por la sociedad, sostenía en paralelo estructuras burocráticas oscuras para amparar a operadores y «ñoquis» de la política.

Denuncia contra Bordet :Trascienden detalles de la investigacion

5 junio, 202620 mayo, 2026 por Redacción

702590577 1405113241652716 4677685523138895934 n 1

La denuncia de un ciudadano hizo mella en el Talón de Aquiles de la corrupción política. Apuntó al fabuloso patrimonio, imposible de explicar legalmente.

# EL CÚMULO DE PRUEBAS MUESTRAS UN INCREMENTO PATRIMONIAL DESPROPORCIONADO, GOZADO POR EL EXGOBERNADOR (ACTUAL LEGISLADOR NACIONAL), SU ESPOSA, ACTUAL DIPUTADA PROVINCIAL y SUS HIJAS (ALGUNA, EMPLEADA PROVINCIAL NOMBRADA POR SU PADRE HASTA 2040) #

𝗨𝗡𝗔 𝗗𝗘𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗜𝗭𝗔𝗗𝗔 𝗛𝗔𝗖𝗘 𝗗𝗢𝗦 𝗔Ñ𝗢𝗦 𝗔𝗧𝗥𝗔́𝗦 𝗩𝗜𝗘𝗡𝗘 𝗗𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗙𝗥𝗨𝗧𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗨́𝗟𝗧𝗜𝗠𝗢𝗦 𝗗𝗜́𝗔𝗦

El Ministerio Público Fiscal de Concordia inició dos años atrás una investigación formal iniciada por la denuncia del ciudadano Héctor D. D´ambrós contra el actual Diputado Nacional, exgobernador de Entre Ríos y exintendente de dicha ciudad, Gustavo Bordet, bajo la carátula de “ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO”.

La causa, identificada como Legajo N° 2240/24, surge a raíz de una denuncia que señala un incremento patrimonial presuntamente desproporcionado durante su ejercicio en la función pública entre los años 2007 y 2023.

𝗛𝗜𝗣𝗢́𝗧𝗘𝗦𝗜𝗦 𝗗𝗘𝗟𝗜𝗖𝗧𝗜𝗩𝗔

La hipótesis delictiva, contenida en un escrito del fiscal José Emiliano Arias que fue adjuntado a la documentación elevada en su momento a la legislatura entrerriana para que autorizaran allanamientos a diversas propiedades del exgobernador, sostiene que Bordet “habría incrementado desproporcionadamente su patrimonio a partir de la adquisición de bienes inmuebles y muebles”. Para estas maniobras, la fiscalía sospecha la intervención de “personas interpuestas”, mencionando específicamente a su cónyuge, Silvia Mariel Ávila, a sus hijas y a otras personas de su entorno cercano.

𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗜𝗡𝗢𝗖𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔

Gustavo Bordet ha insistido en defender su inocencia toda vez que han trascendido datos de la investigación y especialmente cuando la Justicia irrumpió en sus propiedades, a la par que ha denunciado ser víctima de operaciones mediáticas de las que responsabiliza especialmente al Ministerio Público Fiscal y que violarían el principio constitucional de la presunción de inocencia.

Sin embargo, aunque se trate de realidades diferentes, son escasas las publicaciones periodísticas sobre la investigación al patrimonio de Bordet si se las compara con el modo en que la prensa nacional ha ventilado cada detalle de la causa contra el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, también por presunto enriquecimiento ilícito.

En cuando a la presunción de inocencia, nuestro Estado de Derecho asegura que sólo puede caer si hay sentencia condenatoria firme.

En el caso de Bordet, ni siquiera ha sido juzgado en primera instancia ni tampoco se ha requerido la instancia de juicio. Es obvio entonces que se trata de un ciudadano a quien se presume inocente, que ha sido denunciado y, por consiguiente, está siendo investigado. Y, tratándose de un hombre público, también va de suyo que los avances de las labores investigativas sean reflejados por los medios, sin que ello signifique prejuzgamiento alguno.

“En el marco de las constataciones realizadas en mi domicilio, a las que accedí voluntariamente, sin ampararme en fueros legislativos, quiero reiterar que he cumplido, una vez más, con cada uno de los requerimientos judiciales que me han sido formulados”, dijo Gustavo Bordet el mismo día en que se llevaban a cabo procedimientos en sus casas de Concordia. E insistió: “no poseo propiedades no declaradas, no tengo bienes en el exterior, ni participo en sociedades irregulares. Mi patrimonio, al igual que su evolución, es el que ha sido informado por las vías legales correspondientes, y así seguirá siendo”.

𝗣𝗥𝗨𝗘𝗕𝗔𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗨𝗡𝗗𝗘𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗗𝗔𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗘𝗟 𝗙𝗜𝗦𝗖𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗨𝗦𝗔, 𝗣𝗘𝗥𝗢 𝗧𝗢𝗗𝗔𝗩𝗜́𝗔 𝗡𝗢 𝗩𝗔 𝗔 𝗝𝗨𝗜𝗖𝗜𝗢

Pero el escrito de Arias dice otra cosa muy distinta. Incluye algunas aseveraciones tajantes (omisiones de bienes, subvaluaciones de propiedades, numerosos viajes sin gastos registrados en el exterior y transferencias bancarias desde funcionarios a familiares) y no pocas suposiciones, que por el momento el Fiscal José Arias no ha podido probar, por lo que no pasan de la categoría de conjeturas. Por caso, que Bordet posea tarjetas de crédito/débito emitidas en el exterior, dinero en efectivo no declarado y hasta alguna sociedad no registrada fuera del país.

𝗔𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗦𝗧𝗔𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗜𝗡𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗚𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡

Entre los datos más relevantes que aparecen en el documento -al que accedió El Entre Ríos- y que fundamentan la sospecha de la Fiscalía se encuentran:

Omisión de bienes en declaraciones juradas: El Ministerio Público Fiscal considera acreditado que Bordet no habría incorporado diversos inmuebles en sus presentaciones ante la Municipalidad de Concordia y la Cámara de Diputados de la Nación, incluyendo propiedades adquiridas en los años 2000, 2009, 2011 y 2016.

Subvaluación de inmuebles: La investigación detectó inmuebles que habrían sido registrados por valores muy inferiores a los del mercado. Un ejemplo citado es un terreno en el loteo Mena-Beckman, escriturado por un valor de USD 12,40 por m2, cuando otros compradores de lotes linderos declararon haber pagado sumas que superaban los USD 65 por m2.

Inconsistencias en “departamentos de pozo”: La fiscalía señala una “flagrante disminución” del 35% entre los montos realmente aportados para la construcción de departamentos en Concordia y lo declarado ante la AFIP (hoy ARCA). El fiscal Arias afirma que esta diferencia detectada “no está justificada y bien podría tratarse del fruto de dinero ilícito”.

𝗜𝗡𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝟯𝟯𝟬% 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗩𝗔𝗟𝗢𝗥 𝗗𝗘𝗖𝗟𝗔𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗨𝗡𝗔 𝗗𝗘 𝗦𝗨𝗦 𝗧𝗔𝗡𝗧𝗔𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗜𝗘𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗜𝗡𝗠𝗨𝗘𝗕𝗟𝗘𝗦

Uno de los puntos centrales del escrito en el que se fundó el pedido de allanamiento es la vivienda que Bordet construyó en el barrio privado “Village Termal” de Concordia. Según un informe del Colegio de Arquitectos citado por Arias, el costo de construcción de una vivienda de ese tipo supera ampliamente lo declarado por el exmandatario. La fiscalía advierte sobre una presunta maniobra de “subvaluación” tanto en la compra de los terrenos como en los costos de la edificación, detectando una diferencia del 330% entre lo declarado y lo que se estima como costo real de mercado.

𝗩𝗜𝗗𝗔 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗚𝗡𝗔𝗧𝗘𝗦: 𝗢𝗦𝗧𝗘𝗡𝗧𝗢𝗦𝗢𝗦 𝗩𝗜𝗔𝗝𝗘𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢, 𝗧𝗔𝗡𝗧𝗢 𝗘́𝗟 𝗖𝗢𝗠𝗢 𝗦𝗨 𝗘𝗦𝗣𝗢𝗦𝗔 𝘆 𝗦𝗨𝗦 𝗛𝗜𝗝𝗔𝗦

La investigación también pone el foco en la vida social y los viajes de la familia Bordet. Según informes de Migraciones, entre 2007 y 2023, Gustavo Bordet registró 202 noches de pernoctación en el exterior en viajes no oficiales, visitando destinos como Estados Unidos, Francia, Alemania, España y Sudáfrica, entre otros.

Asimismo, se destaca una “especial relación” con la República Oriental del Uruguay, donde el exgobernador habría ingresado en 65 oportunidades, la gran mayoría por razones personales. La fiscalía investiga si estas constantes visitas, que suman más de seis meses de permanencia en el vecino país, podrían estar vinculadas al “traslado de dinero o bien realización de trámites bancarios”.

Préstamo y compra de una casa el mismo día en que asumió como intendente

El informe fiscal comienza haciendo mención a algo que habría ocurrido el 10 de diciembre de 2007, el mismo día en que Gustavo Bordet asumió por primera vez la intendencia de Concordia.

Se trata de la operación de compra de un inmueble mediante un préstamo hipotecario del Consejo de Ciencias Económicas por $140.000 (USD 44.000 aproximados). Arias sumó el sueldo de Bordet como intendente y el de su esposa como docente y llegó a la conclusión de que el monto del préstamo “equivalía a 29,65 sueldos” del matrimonio.

Fiscalía interpreta como algo relevante que el crecimiento patrimonial que de allí en más se produciría, con la compra de departamentos, terrenos y construcción de una casa, se llevó a cabo no solo con ingresos no significativos de Bordet y su esposa sino que además mientras tanto debía afrontar el pago de aquél crédito de 2007.

𝗩𝗢𝗟𝗨𝗠𝗘𝗡 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗔𝗝𝗘𝗦 𝘆 𝗙𝗔𝗟𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗡𝗖𝗜𝗔𝗘𝗥𝗔

El Ministerio Público Fiscal asegura haber documentado una cantidad significativa de días de permanencia en el exterior que no corresponden a viajes oficiales:

Gustavo Bordet: Registra 202 noches de carácter no oficial en destinos como Estados Unidos, Francia, Alemania, España y Sudáfrica, entre otros.

Silvia Mariel Ávila (esposa): Registra 193 noches, incluyendo destinos exóticos como Emiratos Árabes, Tailandia y Vietnam.

Hijas (Lara y Delfina): Registran 70 y 101 noches respectivamente.

La sospecha surge porque, según los informes bancarios y de la AFIP-ARCA, Bordet y su esposa utilizaron mínimamente sus tarjetas de débito y crédito emitidas en Argentina durante estos viajes.

Además, no se han detectado operaciones significativas de cambio de divisas desde 2019, lo que plantea la duda de cómo solventaban sus gastos en moneda extranjera.

𝗨𝗦𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗧𝗔𝗦 𝗧𝗔𝗥𝗝𝗘𝗧𝗔𝗦 𝘆 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗘𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗘𝗫𝗧𝗘𝗥𝗜𝗢𝗥

Para el fiscal, existe una sospecha fundada de que la familia podría estar utilizando tarjetas de crédito/débito emitidas en el exterior o dinero en efectivo no declarado.

Pasajes comprados en EE.UU.: Un informe de American Airlines reveló que Bordet compró pasajes a través de una agencia (AMEXGBT) registrada en Estados Unidos, que solo opera con clientes corporativos.

Sospecha sobre sociedades no declaradas: Debido a que American Express negó la existencia de tarjetas locales a nombre de Bordet, la fiscalía deduce que una persona jurídica o empresa en el extranjero podría haber pagado esos viajes, sugiriendo que el exgobernador manejaría una sociedad no declarada fuera del país.

LA RELACIÓN PARTICULAR CON URUGUAY -R.O.U.-

Bordet registra 65 ingresos a la República Oriental del Uruguay, de los cuales 56 fueron por razones personales, sumando un total de 187 noches.

Indicios de bienes no declarados: La familia ha tenido largas estadías veraniegas en Uruguay (por ejemplo, 38 noches en 2023), pero no se registran gastos de alojamiento o alquiler de autos, lo que sugiere a la Fiscalía que podrían poseer propiedades o vehículos no declarados en dicho país.

Viajes “relámpago”: Se detectaron múltiples viajes de ida y vuelta el mismo día, incluso en vuelos privados, lo que la fiscalía interpreta como un posible indicio de traslado de dinero o trámites bancario.

Financiamiento indebido con fondos públicos

La investigación también señala que organismos públicos habrían cubierto gastos que debían ser privados:

Consejo Federal de Inversiones (CFI): Se detectó que este organismo pagó pasajes para la esposa e hija de Bordet en viajes “oficiales” a EE.UU. (2016 y 2018), antes de que Silvia Mariel Ávila tuviera un cargo público que justificara la cobertura de gastos.

Viáticos irregulares: Silvia Mariel Ávila habría recibido transferencias por viáticos del CFI y de la Provincia de Entre Ríos antes de ser funcionaria, bajo el concepto de “cumplir funciones junto al Gobernador”.

En resumen, la fiscalía sostiene que el ocultamiento de estos consumos y el uso de terceros o fondos públicos para financiarlos evidencian una falta de transparencia y la posible existencia de dinero ilícito.

𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗕𝗔𝗡𝗖𝗔𝗥𝗜𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗔 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗚𝗥𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗙𝗔𝗠𝗜𝗟𝗜𝗔 𝗕𝗢𝗥𝗗𝗘𝗧

Según la investigación de Fiscalía, los allegados de Gustavo Bordet se vinculan con transferencias bancarias mediante el envío recurrente de dinero a su esposa, Silvia Mariel Ávila, y a sus hijas, Florencia y Delfina Bordet.

La fiscalía considera estas operaciones como “llamativas” debido a que los originantes son personas que se desempeñaron en la órbita pública cercana al exgobernador.

𝗩𝗜́𝗡𝗖𝗨𝗟𝗢𝗦 𝘆 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔𝗦

Transferencias de Sonia Alejandra Romero: Tuvo una evolución profesional ligada a Bordet, pasando de ser su empleada de “casas particulares” (2009-2016) a ser designada Coordinadora en la Secretaría Privada de la Gobernación (2019) y luego personal de planta del Senado (2023).

A Silvia Mariel Ávila: Envió múltiples montos de $50,000 y 200,000 pesos entre2021 y 2022,sumando un total de 600,000 pesos.

A Delfina Bordet: Realizó diversos envíos en 2022 y 2023 que totalizaron $391,700.

Transferencias de Franco Germán Ferrari: Se desempeñaba como Secretario General de la Gobernación.

A Florencia Bordet: Registra una gran cantidad de transferencias periódicas durante 2021, 2022 y 2023, alcanzando un total de $1,340,000.

Pago de viajes: Además de las transferencias, Ferrari pagó con su tarjeta de crédito personal un pasaje de avión a Nueva York para Delfina Bordet en marzo de 2023, por un valor de USD 1,740.15

Transferencias de María Florencia Coelho: Dependiente de la Honorable Cámara de Senadores.

A Florencia Bordet: Realizó envíos menores entre 2021 y 2022, totalizando $23,700.

La fiscalía sostiene que estas transferencias carecen de explicación y son indiciarias de que estos funcionarios podrían estar manejando veladamente dinero de Gustavo Bordet. Esta sospecha se refuerza al no existir documentación que acredite la devolución del dinero por parte de la familia Bordet a los funcionarios, como en el caso del pasaje pagado por Ferrari.

𝗟𝗔𝗦 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗧𝗔𝗦 𝗦𝗨𝗕𝗩𝗔𝗟𝗨𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦

En su escrito, Arias dice haber detectado marcadas diferencias entre los montos declarados por la familia Bordet y los valores reales de mercado o costos de construcción. Las subvaluaciones más relevantes que menciona son las siguientes:

1. Terrenos en Loteos

Loteo Mena y Beckman (Concordia): Bordet declaró haber pagado USD 12,40 por m2 ($25.000 por 483,94 m2) en 2011. Sin embargo, la investigación determinó que en ese loteo el precio mínimo era de USD 48 por m2, y para lotes similares al suyo, superaba los USD 65. Un testigo que compró un terreno lindante de idénticas medidas declaró haber pagado USD 32.000 (aprox. USD 66 por m2).

Barrio Village Termal (Lote 1 – 2016): Declaró un pago de USD 10,50 por m2. La corredora inmobiliaria a cargo de la venta informó que esos lotes exclusivos con acceso a aguas termales se comercializan a USD 60 por m2.

Barrio Village Termal (Lote 2 – 2021): Declaró un valor de USD 6,35 por m2 (USD 7.500 por 1.183,81 m2), cifra que la fiscalía califica como “francamente irreal”.

2. Departamentos “de Pozo”

Edificio San Juan (Concordia): Bordet declaró una inversión de USD 22.688. No obstante, según el arquitecto de la obra, el costo final fue de USD 450 por m2, lo que arroja un valor real de USD 29.511. Se detectó una subvaluación del 30%.

Edificio Catamarca (Concordia): Declaró ante la AFIP la suma de $83.051 (USD 26.373). La justicia obtuvo los recibos reales de sus aportes al fideicomiso, que sumaban $105.624 (USD 33.542). Aquí la diferencia detectada fue del 35%.

3. Costos de Construcción (Vivienda en Village Termal)

La fiscalía señala una maniobra de subvaluación masiva en la casa de 409,18 m2 construida por Bordet:

Monto declarado: Sumando terrenos y mejoras, Bordet declaró un total de $4.023.383.

Costo real estimado: Según el Colegio de Arquitectos, el costo mínimo para una vivienda tipo “country” a enero de 2019 era de $ 38.844 por m2. Esto implica un costo de construcción mínimo de $ 13.847.930, sin contar el valor de la tierra ni extras como la piscina.

Brecha: Se detectó una diferencia del 330% entre lo declarado y el costo oculto.

Arias considera que lo ocurrido en la finca de Village Termal es una maniobra “patente” de “subvaluación”, sea en relación a la compra de los terrenos así como en los costos de construcción de la casa.

4. Desproporción en Operaciones Inmobiliarias (Florencia Bordet)

Fiscalía apunta a una inconsistencia en las transacciones de su hija.

Florencia Gabriela Bordet justificó la compra de su casa en Paraná, ubicada en la calle Adolfo Alsina N° 841, manifestando en la escritura pública que los fondos utilizados provenían de la venta previa de un departamento de su propiedad en Rosario.

De acuerdo con los documentos de la investigación, los detalles de esta justificación son los siguientes:

La venta en Rosario: El 31 de octubre de 2019, Florencia vendió un departamento de 33,47 m² ubicado en la calle España 1790 por un valor de USD 65.000.

La compra en Paraná: El 24 de junio de 2020 (menos de ocho meses después), adquirió la casa en Paraná, de 219,50 m², por un monto de USD 70.000.

Para el Ministerio Público Fiscal, esta justificación resulta cuestionable debido a la “desproporción evidente” entre ambas operaciones. Resalta que no resulta verosímil que un departamento de apenas 33 metros cuadrados en Rosario tenga un valor de mercado casi idéntico (apenas USD 5.000 de diferencia) al de una casa de 219 metros cuadrados en Paraná, especialmente considerando el corto tiempo transcurrido entre la venta y la compra. -Fuente: El Entre Rios –

Se realiza la primera actividad dentro del Programa Camino al Ficer

20 mayo, 2026 por Redacción

En el marco del Programa Camino al Ficer, se puso en marcha una experiencia artística y colectiva junto a estudiantes de segundo año de la escuela Secundaria N°35 Cesáreo Bernaldo de Quirós, de Paraná. La iniciativa se realiza en articulación con sus docentes y un equipo del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), dependiente de la Secretaría de Cultura.

Los adolescentes trabajaron la observación de la fauna silvestre de la provincia, como punto de partida creativo para pensar el universo visual de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, que se realizará del 24 al 29 de noviembre de 2026.

Con una mirada federal y participativa, Camino al Ficer es el programa de actividades previas al 8°encuentro, con el objetivo de extender la experiencia del festival más allá de sus fechas centrales y acercar el cine a distintos públicos y territorios de la provincia. Continuará a través de un cronograma de encuentros, talleres, proyecciones y espacios de formación; la propuesta busca generar nuevas instancias de participación e intercambio antes del comienzo oficial del festival.

Primer paso

Las producciones realizadas por los estudiantes serán la inspiración para la imagen oficial de la 8° edición del Ficer, en una propuesta que busca vincular el cine con la identidad natural y cultural del territorio entrerriano. La actividad está coordinada por los integrantes del Iaaer, María Emilia Chiapesoni y Juan Vidal, junto a la docente de plástica Marisol Basavilbaso, integrante del cuerpo docente de la escuela Secundaria N°35 Cesáreo Bernaldo de Quirós, acompañados por el resto del equipo de docentes y directivos.

Cabe resaltar que Camino al Ficer propone experiencias con una mirada creativa destinadas a infancias, adolescentes y jóvenes entrerrianos, promoviendo una participación activa en torno al cine y las prácticas audiovisuales. La programación incluye funciones especiales, talleres, actividades de análisis cinematográfico y escritura crítica, pensadas como espacios de encuentro donde el público pueda acercarse al cine desde distintos lugares: viendo, pensando, creando y compartiendo. El objetivo es incentivar nuevas formas de vincularse con el cine argentino y entrerriano, construyendo experiencias colectivas en las que el público no sea solamente espectador, sino también parte activa del festival.

AGOTADA LA ÚLTIMA VÍA RECURSIVA, SERGIO URRIBARRI ESTÁ A UN PASO DEL JUICIO ORAL

18 mayo, 2026 por Redacción

699010965 1429391442537392 4006115656255594634 n

La Sala Penal Nº 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó por mayoría los recursos de queja presentados por las defensas del ex gobernador Sergio Urribarri, del empresario Diego Cardona Herreros y del ex funcionario Carlos Marcelo Haidar, y dejó así expedito el camino hacia el juicio oral en una de las investigaciones por corrupción más relevantes de la historia institucional de la provincia, que se generó tras una denuncia de la revista ANALISIS en 2017.

La resolución, firmada el 8 de mayo de 2026, confirmó que no habrá una nueva revisión extraordinaria sobre los planteos defensivos vinculados a nulidades, exclusiones probatorias y pedidos de sobreseimiento formulados durante la etapa intermedia del proceso.

La decisión fue adoptada por mayoría de dos votos contra uno. Los jueces Miguel Ángel Giorgio y Susana Medina rechazaron las quejas, mientras que Daniel Omar Carubia votó en disidencia y sostuvo que las impugnaciones debían ser admitidas.

Un fallo clave antes del juicio

La resolución del máximo tribunal provincial no ingresa en el fondo de las acusaciones de corrupción, pero sí tiene un efecto procesal decisivo: clausura la discusión sobre la admisibilidad de los recursos extraordinarios planteados por las defensas y habilita la continuidad del expediente hacia el debate oral.

El eje de la disputa jurídica giró en torno a si las defensas podían seguir cuestionando, antes del juicio, la validez de determinadas pruebas, nulidades del requerimiento fiscal y rechazos de sobreseimiento dictados durante la audiencia de remisión a juicio celebrada en junio de 2025.

Los abogados de los imputados sostuvieron que la evidencia incorporada en la investigación era ilegal y que permitir su utilización en el debate oral implicaría un “vicio de origen” capaz de anular eventualmente todo el juicio.

También denunciaron que los distintos tribunales inferiores habían rechazado sistemáticamente sus recursos utilizando argumentos formales para evitar revisar el contenido de sus planteos.

El voto de Giorgio: “La centralidad del juicio oral”

El voto rector fue redactado por Giorgio, quien construyó una defensa cerrada del modelo acusatorio y de las limitaciones recursivas en la etapa preparatoria del proceso penal.

El magistrado consideró que las defensas intentaron abrir “un iter recursivo excesivo y dispendioso” mediante una cadena sucesiva de apelaciones, casaciones y quejas destinadas a revisar decisiones que no constituyen “sentencia definitiva”.

Para Giorgio, el principal obstáculo jurídico era precisamente la ausencia de definitividad, requisito indispensable para habilitar la impugnación extraordinaria local y federal.

“El ámbito idóneo de discusión y alegación de las tesis en pugna” —sostuvo— es el juicio oral, público y contradictorio, y no la etapa preparatoria.

El juez desarrolló además una fuerte defensa conceptual del sistema acusatorio. Señaló que, a diferencia del viejo esquema mixto, el nuevo modelo busca restringir los recursos durante la investigación para evitar dilaciones y asegurar que los conflictos se resuelvan en el debate oral.

En uno de los tramos más relevantes del fallo, advirtió que una apertura excesiva de instancias recursivas “frustra la centralidad del debate” y afecta la celeridad del proceso penal.

También citó doctrina procesal para sostener que, cuando una queja es rechazada, queda cerrada la posibilidad de seguir intentando reabrir la discusión sobre el mismo recurso denegado.

El magistrado incluso reforzó la postura de la Cámara de Casación respecto de que las cuestiones vinculadas a admisibilidad de recursos son, por regla general, ajenas al control extraordinario.

En definitiva, Giorgio concluyó que las defensas pretendían revisar cuestiones procesales no equiparables a sentencia definitiva y que no existía un gravamen irreparable que justificara la apertura excepcional de la instancia.

La disidencia de Carubia: crítica al “exceso ritual”

La posición minoritaria de Carubia fue la más favorable a las defensas y representó una fuerte crítica al modo en que los tribunales inferiores habían cerrado sucesivamente los recursos.

El vocal entendió que las presentaciones defensivas no constituían una simple discrepancia formal, sino que involucraban “concretas afectaciones” al derecho de defensa y al debido proceso.

Carubia advirtió que los planteos sobre nulidades y exclusiones probatorias difícilmente podrían reeditarse después del cierre de la investigación penal preparatoria.

Por eso consideró “quimérico e inconcebible” sostener que existiría otra oportunidad procesal adecuada para discutir esos agravios.

A diferencia de Giorgio, el juez entendió que los recurrentes sí habían logrado demostrar un posible perjuicio irreparable.

Incluso subrayó la “innegable trascendencia social, política y mediática” de la causa y afirmó que, precisamente por esa relevancia institucional, correspondía una revisión “escrupulosa” de la evidencia que llegaría eventualmente al juicio oral.

En otro tramo central de su voto, cuestionó el uso de argumentos meramente formales para rechazar recursos sin ingresar al análisis profundo de los agravios.

Carubia sostuvo que debía evitarse “un ilegítimo exceso de rigor ritual” y concluyó que las impugnaciones extraordinarias habían sido mal denegadas.

Por eso propuso admitir las quejas y habilitar la revisión extraordinaria ante la propia Sala Penal del STJ.

Medina acompañó el rechazo y habló de “recurso ad infinitum”

La jueza Susana Medina acompañó el criterio de Giorgio y profundizó la crítica hacia la estrategia recursiva desplegada por las defensas.

En su voto sostuvo que los planteos ya habían sido rechazados reiteradamente en las instancias anteriores y remarcó que el ámbito adecuado para discutir esas cuestiones era el juicio oral.

Pero además avanzó sobre un concepto particularmente severo: definió el recorrido procesal impulsado por los imputados como un caso de “recurso ad infinitum”.

Citando doctrina, Medina describió esa figura como la utilización sucesiva de recursos “notoriamente improcedentes” con el objetivo de dilatar indefinidamente el trámite principal.

La magistrada incluso vinculó esa conducta con la noción de abuso del derecho procesal y sostuvo que existía “un notorio exceso en el ejercicio de la facultad recursiva”.

En esa línea, afirmó que las presentaciones defensivas perseguían “una injustificada extensión del trámite judicial”.

Medina también reivindicó la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la imposibilidad de revisar cuestiones procesales locales vinculadas a admisibilidad de recursos.

Qué implica la decisión

La sentencia no define culpabilidades ni resuelve todavía las acusaciones de corrupción, pero sí consolida procesalmente el expediente y deja prácticamente agotadas las vías provinciales para cuestionar la remisión a juicio.

Las defensas habían denunciado que la negativa a revisar nulidades y exclusiones probatorias convertía las garantías constitucionales en “meros enunciados teóricos”.

También argumentaban que permitir que el juicio avance con prueba supuestamente ilegal podía afectar de manera irreversible el derecho de defensa.

Sin embargo, la mayoría del STJ entendió que esos cuestionamientos no habilitan una revisión extraordinaria en esta etapa y que deberán ser eventualmente discutidos durante el debate oral.

El fallo exhibe además una tensión jurídica de fondo sobre el alcance del sistema acusatorio: mientras la mayoría privilegió la celeridad y la centralidad del juicio oral, la minoría sostuvo que no puede sacrificarse el control judicial de garantías en nombre de la simplificación procesal.

Con esta resolución, la causa queda más cerca de ingresar en la etapa de juicio oral y público, en un expediente que concentra una enorme expectativa política e institucional en Entre Ríos y que involucra a uno de los dirigentes más poderosos que tuvo la provincia en las últimas décadas.