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La Justicia Federal de Corrientes dictó prisión preventiva por 45 días para un venezolano detenido en Ituzaingó.
Empezó como un control rutinario en la Costa del Paraná. Terminó en una causa federal sensible, con protocolos especiales de custodia y una investigación por presuntos vínculos con una organización criminal transnacional.
El detenido es un ciudadano venezolano identificado por sus iniciales como JFPV, de 35 años. Fue demorado el 20 de diciembre en el puerto de Ituzaingó por personal de Prefectura Naval, luego de presentarse sin documentación y con un “certificado de extravío” emitido por la Policía de Corrientes. Según su propio relato, había ingresado al país por un paso no habilitado en Salta y pretendía cruzar hacia Paraguay por vía fluvial.
Días después, el 23 de diciembre, la situación se agravó: se formalizó la detención en el marco de la investigación y el caso pasó a manos de la Justicia Federal.
Detuvieron a un venezolano relacionado al Tren de Aragua | La Derecha Diario
Prisión preventiva y custodia especial
La Unidad Fiscal Federal de Corrientes lo imputó y pidió prisión preventiva. La fiscal del caso, Tamara Pourcel, argumentó riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. También se evaluó su presunta formación militar y antecedentes de ingresos irregulares en distintos países.
El Juez Federal de Garantías, Gustavo Fresneda, avaló el pedido y dispuso prisión preventiva por 45 días, con vencimiento el 26 de febrero.
Por la peligrosidad atribuida al perfil del detenido, se definió que permanezca alojado en la Delegación Ituzaingó de Prefectura Naval. Además, cuenta con custodia reforzada y protocolos especiales para detenidos de alto riesgo.
Junto a Gualeguay son las cuatro ciudades de la Costa del Río Uruguay con presencia de restos de arsénico, barros contaminados en desagües y efluentes sin tratar.
Un dato inquietante: miles de entrerrianos consumen agua contaminada con arsénico, agrotóxicos y desechos cloacales sin tratamiento.
La evidencia científica acumulada desde 2008, los fallos judiciales recientes y las denuncias vecinales dibujan un mapa de la emergencia hídrica que las autoridades provinciales se niegan a reconocer.
Recientemente, en Gualeguaychú, se habría detectado Sulfato de Aluminio concentrado en los barros del canal Clavarino y del Arroyo Gaitán, que desembocan al río. Esa sustancia sería usada como precipitador en la Planta de Potabilización de agua potable de avenida 2 de Abril, a pocas cuadras del canal Clavarino.
Por otra parte, un relevamiento del Instituto Tecnológico de Buenos Aires que analizó más de 350 muestras en todo el país, puso el foco sobre Entre Ríos. El estudio detectó agua con concentración de arsénico en cuatro localidades: Gualeguaychú, Urdinarrain, Gualeguay, -sobre la costa del río Uruguay- y Cuatro Bocas, en Victoria.
Pero, el problema es mucho más grave de lo que admiten las autoridades. En el Departamento Paraná, localidades como María Grande, Colonia Avigdor y Hasenkamp —que se abastecen de agua de pozo— registraron niveles entre 0,05 y 0,08 miligramos por litro de arsénico. Estos valores rozan o superan el límite provincial de 0,05 mg/L, que está desactualizado respecto a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud: 0,01 mg/L, cinco veces menos.
“Preocupa la calidad del agua, sobre todo por arsénico y plaguicidas”, advirtió la presidenta del Foro Ecologista de Paraná, Lucía Ibarra Bouzada. “Los niveles están al límite y, en algunos casos, excedidos de lo permitido por la provincia, que tiene una escala desactualizada”.
El arsénico es uno de los elementos químicos más tóxicos que existen. La exposición crónica —a lo largo de meses y años— puede causar irritación del estómago e intestinos, disminución de la producción de glóbulos rojos y blancos, cambios en la piel y, en los casos más graves, cáncer de piel, pulmón, hígado y sistema linfático.
“En Argentina hay muchos lugares donde el arsénico se considera un contaminante natural”, explicó Ibarra Bouzada. “Pero hace muchos años los plaguicidas tenían arsénico, por lo que una de las hipótesis es que en Entre Ríos, por tener una gran actividad agroindustrial, ese arsénico pudo haber filtrado a las napas”.
Pueblo General Belgrano y sus carencias
En Pueblo General Belgrano la contaminación lleva una década sin resolverse. La Cooperativa de Provisión de Agua Potable tiene denuncias por contaminación desde 2015. Diez años tirando efluentes cloacales sin tratamiento al río Gualeguaychú y al río Uruguay.
La Unidad de Información Financiera (UIF) fue aceptada como querellante en la causa que investiga a la Cooperativa. La pesquisa, iniciada por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Materia Ambiental (UFIMA), indaga sobre la provocación intencional del vuelco de efluentes sin tratamiento.
Desde la UIF sostienen que la investigación patrimonial centrada en los flujos económicos que genera la actividad de la Cooperativa resultará clave para establecer no solo la magnitud del daño ambiental y su costo de reparación, sino también la eventual responsabilidad penal de sus directivos.
La causa tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay N° 1 bajo el expediente FPA 016213/2017. Ocho años de trámite judicial. Diez años de contaminación. Y los efluentes siguen cayendo a los ríos de manera irregular, contaminando un recurso que no es renovable como es el agua dulce.
Las advertencias ignoradas
Los científicos ya advirtieron sobre el grado de contaminación en los cursos de agua de Entre Ríos y Santa Fe años atrás. Existen antecedentes de estudios que datan desde 2008. Diecisiete años de evidencia científica y de silencio oficial.
El investigador Rafael Lajmanovich explicó que la acumulación de sustancias se da principalmente en los sedimentos. “Existe acumulación de sustancias en los sedimentos, sobre todo glifosato, que es el marcador. Eso hallamos en el arroyo Las Conchas, el agua no está tan contaminada, se acumula en los sedimentos”.
El costo humano
Beber agua contaminada con desechos fecales, agrotóxicos o arsénico no es una cuestión menor. Los riesgos para la salud son gravísimos:
-Por bacterias y parásitos: enfermedades gastrointestinales, infecciones intestinales agudas, hepatitis, cólera. La exposición afecta con mayor fuerza a niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Las consecuencias van desde diarreas persistentes hasta desnutrición, deshidratación severa y, en casos extremos, la muerte.
-Por arsénico: Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), irritación gástrica e intestinal, alteraciones en la producción de glóbulos, lesiones en la piel y, tras exposición prolongada, cáncer de pulmón, laringe, piel, hígado y sistema linfático.
-Por agrotóxicos: alteraciones neurológicas, endócrinas y reproductivas. Estudios recientes demuestran que la combinación de arsénico y glifosato potencia los efectos tóxicos de ambas sustancias.
No son riesgos hipotéticos. Son consecuencias documentadas por la ciencia. Y están ocurriendo ahora mismo en Entre Ríos.
Según anunció el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el nivel de alerta por tormentas se redujo al nivel amarillo y a solamente cinco departamentos de Entre Ríos. A continuación, conocé el detalle del pronóstico para la provincia.
Se realizó una nueva actualización del tiempo en Entre Ríos, donde se mantiene vigente la alerta por tormentas para una zona y solo a nivel amarillo, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En base al informe publicado pasadas las 17 horas de este sábado, ya no rige alerta para lo que resta de este sábado, pero sí se manifestó que podría haber probabilidad de “tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes” para los departamentos de Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Concordia este domingo.
La zona afectada. Foto: SMN.
“Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, señaló el organismo. Regiría hasta el mediodía.
¿Qué pasará en el resto de la provincia de Entre Ríos este domingo?
Se anticipa que en los departamentos La Paz, Nogoyá, Paraná, Diamante y Villaguay habrá probabilidad de algunas tormentas aisladas, que podrían extenderse hasta la tarde.
La temperatura mínima será de 21 grados y la máxima llegará a 30ºC. A su vez, se ratifican fuertes vientos del sector norte a 22 kilómetros por hora.
La alerta por calor extremo. Foto: SMN.
En el caso del sur entrerriano, las tormentas no se harían presentes para los departamentos Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Islas y Colón. Sin embargo, se anticipa una máxima de 34 grados y un cielo mayormente nublado. En ese sentido, tienen efectos moderado en la salud de las personas. Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Tres particulares que fueron parte de la denuncia que presentó a inicios de 2014 el ex director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto contra 85 particulares y 55 firmas y empresas de numerosos y distintos rubros, dirimieron su situación. Se investigó la simulación de “operaciones de compensaciones tributarias para contribuyentes acreedores de deuda líquida y exigible del Estado Provincial…”, que perjudicó al erario público provincial.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Alejandro Grippo, Juan Malvasio y Mauricio Mayer, concedió un sobreseimiento y dos Suspensiones del juicio a prueba o Probation en una causa que comenzó a sustanciarse hace 11 años. Fue en la denominada causa ATER que investigó a numerosas personas, empresas y funcionarios, por la supuesta simulación de pagos por deudas impositivas en aquel organismo, perjudicando al erario público provincial. El Ministerio Público Fiscal (MPF) acompañó los pedidos.
Esta audiencia comprendió a tres imputados. Se trató de Viviana Ghiggi, asistida por Leopoldo Lambrischini; Leonardo Demaries, defendido por Roberto Lerena; y Carlos Sagasti, que fue representado por Julio Federik. Estos últimos participaron de la audiencia vía remota desde Concordia. En todos los casos los imputados saldaron sus respectivas deudas con la ATER, en relación a los períodos que se les imputaron. Los tres enfrentaron cargos como partícipes del delito de Defraudación a la Administración Pública.
Once años después reparan al erario público con módicas sumas y acceden a Probation cuatro imputados en la causa ATER
Tras las fundamentaciones correspondientes, las defensas realizaron sus pedidos y Fiscalía los consintió introduciendo, para el caso de las Probation, una elongación del plazo del beneficio de un año más, habida cuenta que en la primera presentación solicitando la concesión de la salida alternativa se había acordado que fuese de un año. A los probados también se les impuso la orden de avisar cuando vayan a salir del país. Se indicó que ese requisito se les impuso a otros probados en esta causa y por un criterio de igualdad, correspondía en estos.
Sobreseimiento
El Tribunal dispuso el sobreseimiento de Demaries tras escuchar los argumentos de la defensa, que elevó criterios de oportunidad en virtud de que se trató de un ilícito de 6.200 pesos, por debajo de los 25.000 que prescribe la norma. También se señaló que Demaries pagó la deuda actualizada en 56.000 pesos.
Probation
La defensa de Ghiggi recordó que ya se había realizado el pedido de suspensión de proceso a prueba por el plazo de un año y se saldó toda la deuda imputada con la ATER. Así, volvió a solicitar el beneficio por el mismo período y las mismas reglas de conducta. Fiscalía aceptó la reparación económica de 150.000 pesos en tres cuotas mensuales y consecutivas de 50.000 pesos. Pero adoptó distinto temperamento respecto del plazo y solicitó que fuese por dos y las reglas de conducta también, que fue lo que decidió el Tribunal.
La de Sagati, tras escuchar la posición de Fiscalía respecto del plazo y de ofrecerlo por un año, dejó planteado que no se opondría a una adición. Así, el Tribunal hizo lugar al pedido y le otorgó el beneficio por dos años en los que deberá observar normas de conducta por el mismo plazo y por 96 horas globales, al igual que Ghiggi. En cuanto a la reparación del daño, aumentó la reparación simbólica a 560.000 pesos.
La causa comenzó a sustanciarse a partir de la denuncia que presentó a principios de 2014 y cuando comenzaba su gestión como director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casarett, ampliando la denuncia que había formulado en junio del mismo año, contra funcionarios y empleados del organismo de la anterior gestión de Guillermo Linesky, ex titular de la desaparecida Dirección General de Rentas (DGR).
El hecho
Casaretto presentó la denuncia para que se investigue si “Darío Fabián Barreto, en su calidad de agente de la Administración Pública Provincial, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011, desempeñándose como Director del Interior, en la DGR -hoy ATER- actuando en connivencia y de común acuerdo con otros agentes, identificados como: María Estrella Martínez de Yankelevich -Jefa de Departamento Despacho-; Abelardo Daniel Gaggion -en su calidad de Jefe de Mesa de Entradas-; Fabrizio Abraham Carmelo Dayub -en su calidad de agente técnico administrativo del área-; con los Contadores Públicos Julio Schmukler y Luis Alfredo Speroni” beneficiaron a 85 particulares y 55 firmas y empresas de numerosos y distintos rubros, con “un beneficio patrimonial indebido, en perjuicio de los intereses que se encontraban bajo su cuidado”, simulando “operaciones de compensaciones tributarias para contribuyentes acreedores de deuda líquida y exigible del Estado Provincial, eludiendo en su totalidad el trámite administrativo previsto por la normativa vigente para este tipo de operatoria y sin contar con las Resoluciones Ministeriales respaldatorias…”.
Denuncia
La denuncia de Casaretto también pidió que se investigue si “en connivencia y de común acuerdo” los directivos y empleados de la ATER “realizaron diversas manipulaciones fraudulentas al sistema informático, simulando operaciones de compensaciones tributarias para acreedores de deuda líquida y exigible del Estado Provincial y eludiendo en su totalidad el trámite administrativo impuesto por la normativa vigente”.
La denuncia fue remitida a juicio el 21 de abril de 2021 por resolución de la entonces jueza de Transición, Marina Barbagelata, para que se juzguen presuntos hechos de defraudación a la Administración Pública mediante la manipulación del mecanismo de compensaciones impositivas, en la ATER. Los delitos que se imputaron a los acusados eran varios y se agruparon según la fecha de comisión de los hechos y según el imputado sea o no funcionario público
La reunión de la Comisión Asuntos Municipales y Comunales será el lunes 22. El proyecto de ley ingresó a la Cámara de Senadores el martes 16, obtuvo media sanción y se remitió a Diputados. Insta a la declaración de Comunas de Primera y Segunda Categoría a localidades de diez Departamentos. Se destacó que podrán contar con recursos e instrumentos para brindar soluciones a las necesidades de sus habitantes, dictar sus propias ordenanzas y aplicar tasas y ejercer el poder de policía.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos comenzará a tratar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca crear nuevas comunas en diez Departamentos de la provincia. Será en la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales que se realizará el lunes 22 a partir de las 13:30. El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, que lo trató y lo aprobó sobre tablas, en general y en particular, con dos tercios de votos y pasó en revisión a la Cámara Baja.
El proyecto contempla localidades de los Departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante, Nogoyá, Gualeguay, Federación, Feliciano, colón y Federal. En el mensaje a la Legislatura, el Gobierno destacó las significaciones de los pedidos de declaración.
Así, se resaltó que “esta declaración importará una mejora sustancial en la calidad de vida de habitantes de los Centros Rurales de Población, toda vez que, la administración comunal, su sistema de gobierno, competencias, funciones y estructura les permitirá a los gobiernos locales contar con recursos e instrumentos para brindar soluciones a las necesidades de sus habitantes”.
También se destacó que podrán “valerse de herramientas institucionales tales como la constitución de un órgano deliberativo que le permita dictar sus propias ordenanzas, el ejercicio de facultades para aplicar tasas y de potestades para ejercer el poder de policía dentro del ámbito de sus competencias, el derecho a la percepción de recursos coparticipables, entre tantos otros, que facilitarán la viabilidad y efectiva realización de las políticas de gobierno que le son propias y a la realización de obras, prestación de servicios públicos y la adquisición de bienes con autonomía”.
El proyecto que revisará la Cámara Baja sostuvo que “en pos del cumplimiento de la manda constitucional y la organización política del territorio provincial y teniendo en consideración que hay centros rurales de población que de manera individual no alcanzan los requisitos mínimos para el cambio de estatus pero que, comparten distrito, sus poblaciones se encuentran unidas o muy próximas entre sí, y comparten un estilo de vida en común, se dispuso la unificación territorial en una única comuna”.
También recordó que “el Artículo 232° de la Carta Magna Provincial establece que las comunidades cuya población estable legalmente determinada no alcancen el mínimo previsto para ser municipios constituyen comunas, teniendo las atribuciones que se establezcan; y el Artículo 253°: ‘La Ley reglamentará el régimen de las comunas y determinará su circunscripción territorial y categorías, asegurando su organización bajo los principios del sistema democrático, con elección directa de sus autoridades, competencias y asignación de recursos…’”.
En un acto realizado en la Escuela de Oficiales de Policía Dr. Salvador Maciá, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, junto al Jefe de la fuerza, oficializó los cambios en Direcciones y Jefaturas Departamentales dispuestos por el gobierno provincial para optimizar la seguridad.
El Gobierno de Entre Ríos concretó este miércoles una importante reorganización en la estructura de mando de la fuerza de seguridad provincial. El titular de la cartera de Seguridad y Justicia, acompañado por el jefe de Policía, Claudio González y el subjefe, Marcelo Clausich, tomó juramento a los flamantes directores, subdirectores y jefes departamentales designados.
“Es un día importante para la Policía, como todos los años se producen cambios en base a una evaluación permanente de la gestión de la Institución. Esta decisión no es en contra de nadie, es un reconocimiento a los funcionarios que acompañaron la gestión hasta ahora y , generar cambios para mejorar el servicio de seguridad. Hay funcionarios que estuvieron más de 32 años en servicio y eso se agradece mucho”, explicó el ministro Roncaglia.
Los cambios fueron oficializados a través del Decreto Nº 3641/2025. Esta reestructuración responde a estrictas razones de servicio y forma parte de una estrategia de renovación funcional propuesta por la Jefatura de Policía. El objetivo central es fortalecer la gestión operativa, administrativa y el despliegue territorial en toda la provincia.
La medida abarca áreas sensibles y estratégicas como la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, Drogas Peligrosas, Operaciones y Seguridad Pública, así como las jefaturas de departamentos clave como Paraná, Gualeguaychú y Uruguay, entre otras.
A continuación, el detalle de los oficiales jefes superiores que asumieron sus nuevos cargos:
Direcciones Generales Prevención de Delitos Rurales: Crio. Mayor Cristian Andrés Allegrini. Departamentales del Uruguay: Crio. Mayor Jorge Alberto Moreyra. Asuntos Internos: Crio. Mayor Pedro Alfredo Silva. Operaciones y Seguridad Pública: Crio. Mayor Diego Martín Cabello del Campo. Drogas Peligrosas: Crio. Mayor Claudio Benito Passadore. Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico: Crio. Mayor Fabiola Andrea Butala Farber.
Subdirecciones Generales Ayudantía y Planeamiento: Crio. Inspector Mariano Andrés Vecchio. Departamentales del Paraná: Crio. Mayor José María Pérez. Drogas Peligrosas: Crio. Inspector Pablo Gastón Preisz Casas. Operaciones y Seguridad Pública: Crio. Mayor Martín Ramón Tello. Asuntos Internos: Crio. Inspector Sonia Mariela Capellino. Administración y Logística: Crio. Inspector Miguel Eduardo Retegui. Departamentales del Uruguay: Crio. Mayor Luis Alberto Báez. Institutos Policiales: Crio. Inspector María del Rosario Cornejo. Policía Científica: Crio. Inspector Alberto Martín Grinovero. Prevención de Delitos Rurales: Crio. Inspector Horacio Raúl Ludi.
Jefaturas Departamentales Paraná: Crio. Inspector Hernán Walter Góngora. Gualeguaychú: Crio. Inspector Ramiro Urroz Denaday. La Paz: Crio. Mayor Carlos Ariel Schmunk. Colón: Crio. Inspector Héctor Leonardo Martínez. Federación: Crio. Inspector Luis Cristian Valdez Puente. Feliciano: Crio. Mayor Romualdo Javier Ramírez. Victoria: Crio. Inspector Roberto Carlos Jesús Donda. Federal: Crio. Inspector Daniel Marcelo Della Giustina. Tala: Crio. Inspector Lucio Martín Cepeda. Islas del Ibicuy: Crio. Inspector Héctor Esteban Riquelme.
Subjefaturas Departamentales Paraná: Crio. Inspector Juan Pablo Claucich. Gualeguaychú: Crio. Inspector Mauricio Oscar Asler. Federación: Crio. Inspector Marcos Misael Pereyra. Federal: Crio. Inspector José Luis Luna. Feliciano: Crio. Inspector Diego Gustavo Wasinger. Victoria: Crio. Inspector Ricardo Daniel Ríos. Gualeguay: Crio. Inspector Mauricio Ariel Ferreyra. Colón: Crio. Inspector Juan Martín Furlong. San Salvador: Crio. Inspector Darío Martín Schwindt.
Hubo una vez, en Concordia, un sonido que volvía a latir después de años de silencio. Era el rumor metálico de los rieles, el soplido cansado pero digno de una locomotora que regresaba, y la emoción contenida de quienes nunca dejaron de creer que el tren podía volver. No era una fantasía romántica ni un capricho nostálgico: era trabajo, era identidad, era futuro.
El sábado 26 de marzo de 2005, después de una década de abandono, el tren volvió a salir desde Concordia hacia la estación del parador Ayuí, en el área de la represa binacional Salto Grande. Más de 170 turistas provenientes de Buenos Aires, La Rioja, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y distintos puntos de Entre Ríos eligieron ese fin de semana largo para ser parte de una experiencia que combinaba turismo, integración regional y reparación histórica.
Detrás de esa postal había algo mucho más profundo: el esfuerzo silencioso y persistente de los ex trabajadores ferroviarios, organizados en la Cooperativa de Trabajo Ferrotur Mesopotámica, nacida en 1997, cuando el ferrocarril entrerriano había quedado herido de muerte tras el cierre del ramal Urquiza en 1992, durante la década menemista. Aquellos hombres habían visto desaparecer su fuente de trabajo, pero no resignaron ni el oficio ni la memoria ferroviaria.
Ferrotur consiguió unidades en desuso en Paraná y las trasladó a Concordia para recuperarlas. Eran coches primera, pullman y un coche turístico que, tras meses de trabajo artesanal, volvieron a rodar. Con ese material, en 2004 pusieron en marcha el tren turístico que partía desde Concordia Central, recorría 17 kilómetros y finalizaba a metros de la represa. Hasta fines de 2008, transportaron cerca de 8.000 personas, desde jardines de infantes hasta escuelas de adultos.
El recorrido no era solo un traslado: era un viaje por la geografía social y urbana de la ciudad. El tren pasaba por el hipermercado, el polideportivo, el kilómetro 6, la Pampa Soler, el Golf Club, barrios de autoconstrucción, el cementerio del Pinar del Campanario, la cantera de Scebola, la villa termal, el autódromo, el puerto y el Campo El Alambrado, hasta llegar a Ayuí. Desde allí, colectivos llevaban a los pasajeros a recorrer la represa y una lancha los paseaba por el lago. Para muchos chicos y chicas fue la primera vez que vieron su ciudad desde los rieles.
Aquel día inaugural de 2005, el entonces gobernador Jorge Busti recorrió parte del trayecto junto a los visitantes y habló de “un puntapié inicial para la reactivación ferroviaria en toda la provincia”. Se anunciaron gestiones ante la Nación, pedidos de máquinas, autorizaciones para cruzar a Salto, ampliaciones de recorridos. Se habló de unir Concordia con Concepción del Uruguay, de Basavilbaso a Paraná, de atraer turismo desde Buenos Aires e incluso de un servicio desde Federico Lacroze hasta el litoral. Algunas promesas se cumplieron por un tiempo. Otras nunca pasaron del anuncio.
La idea original de Ferrotur siempre fue unir Concordia con la ciudad de Salto, pero nunca obtuvieron autorización para cruzar al vecino país. Las gestiones eran complejas: Cancillería, Aduana, Migraciones. Paradójicamente, no había entonces ningún tren de pasajeros argentino que cruzara una frontera internacional. Aun así, la cooperativa formaba parte activa de cada intento de reactivación y asesoraba a la Provincia en los emprendimientos ferroviarios.
En 2008 llegó otro golpe silencioso. En el convenio de comodato se establecía que los coches seguían siendo propiedad de la Provincia y que, si se decidía reactivar el servicio regular de pasajeros, podían ser reclamados. Así ocurrió. Las unidades en mejor estado fueron llevadas a Paraná y utilizadas en los servicios Paraná–Basavilbaso y Paraná–Concepción del Uruguay. Ferrotur quedó sin material rodante y, con ello, sin actividad directa, aunque nunca dejó de ser parte del proyecto ferroviario entrerriano.
Pero lo que sí fue real —y profundamente humano— fue la escena dentro de los vagones mientras el tren existió: el maquinista, el guarda, el encargado de controles, todos ex ferroviarios, atendiendo a pasajeros y periodistas con una mezcla de profesionalismo y emoción difícil de disimular. En sus rostros se veía algo más que satisfacción laboral: era la alegría de volver a escuchar el tren andar. De volver a ser.
Esa reconstrucción paciente y colectiva fue finalmente brutalmente interrumpida cuando el entonces gobernador Sergio Urribarri ordenó el retiro de toda la formación ferroviaria que los trabajadores habían recuperado con años de esfuerzo. No hubo explicaciones claras. No hubo debate público. No hubo respeto por el trabajo realizado ni por los fondos nacionales que habían respaldado el proyecto, cuyo destino aún hoy permanece envuelto en dudas, especialmente frente a las cifras millonarias que posteriormente se anunciaron para la supuesta reparación integral de las vías ferroviarias entrerrianas, jamás investigadas por la Justicia.
Lo que siguió fue devastación. Las formaciones retiradas quedaron abandonadas, desmanteladas y canibalizadas en galpones y playas de maniobras de la ciudad de Paraná. Donde hubo motores en marcha, quedaron hierros oxidados. Donde hubo planificación y esperanza, se impuso la soberbia, el egoísmo y la desidia de un poder político que no toleró una experiencia exitosa nacida desde abajo, desde los trabajadores.
Hoy, ese daño es irreparable. Pero la memoria no.
Este relato no es solo un recuerdo: es un homenaje. A los ferroviarios de Concordia que demostraron que el tren podía volver. Que el Estado podía articular con cooperativas. Que el desarrollo regional no era una utopía. Y también es una denuncia histórica: porque lo que se destruyó no fue solo una formación ferroviaria, sino una oportunidad concreta de integración, trabajo y futuro.
Concordia tuvo un tren. Y quienes lo hicieron posible merecen algo más que el olvido.
La justicia entrerriana tiene sobre sus estrados un rosario de causas por corrupción que involucran a las máximas autoridades políticas de las últimas dos décadas. Mientras algunas condenas ya están firmes y aguardan la decisión de la Corte Suprema, otras investigaciones se encuentran en plena etapa de remisión a juicio, configurando un escenario judicial complejo que definirá el destino de exgobernadores, vicegobernadores, senadores nacionales y altos funcionarios provinciales.
Sergio Urribarri: entre prisión y múltiples causas
El exgobernador y exembajador en Israel Sergio Urribarri concentra la mayor cantidad de frentes judiciales abiertos. Con una condena a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua dictada en 2022 y confirmada por Casación en 2023, su situación procesal sigue siendo volátil. En enero de 2025, el Superior Tribunal de Justicia ordenó su libertad junto a su cuñado Juan Pablo Aguilera tras 50 días de prisión preventiva, mientras aguardan la decisión de la Corte Suprema sobre el recurso extraordinario federal.
Pero la condena por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública no es la única espada que pende sobre Urribarri. La “Causa Coimas”, que lo investiga junto al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, avanza firme hacia el juicio oral. En junio de 2025, el juez de Garantías Julián Vergara resolvió remitir la causa a juicio tras rechazar todas las nulidades presentadas por las defensas. El Ministerio Público Fiscal pide 10 años de prisión para el exgobernador.
La acusación sostiene que Urribarri favoreció ilícitamente a la empresa Relevamientos Catastrales SA, presidida por Cardona Herreros, quien habría sido su testaferro. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano documentaron el pago de sobornos a través de viajes lujosos que el empresario paraguayo financió para la familia Urribarri. La prórroga irregular de contratos y la falsificación de fechas en actos administrativos configuran el núcleo de la imputación.
Además, Urribarri enfrenta una causa por enriquecimiento ilícito que se encuentra en etapa de investigación, donde debe justificar el crecimiento patrimonial experimentado durante su gestión como gobernador entre 2007 y 2015.
Gustavo Bordet: la causa Securitas y la investigación patrimonial
El exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet, que sucedió a Urribarri entre 2015 y 2023, enfrenta dos investigaciones que podrían complicar su situación judicial.
La causa Securitas, que tramita en el Juzgado Federal de San Isidro bajo la instrucción de la jueza Sandra Arroyo Salgado, lo coloca en el centro de un presunto esquema de coimas vinculado a contratos de seguridad privada con ENERSA, la empresa eléctrica estatal entrerriana. Un peritaje de 25.557 páginas de conversaciones de WhatsApp entre los empresarios Claudio y Marcelo Tórtul —procesados por pagar sobornos— menciona a Bordet en 98 ocasiones, con referencias directas a supuestos pagos ilegales que habrían llegado hasta el exmandatario.
Los mensajes, que abarcan desde diciembre de 2016 hasta abril de 2024, incluyen cifras concretas. En uno fechado el 28 de enero de 2019, Claudio Tórtul escribió: “El jueves vamos a pagar Negro Bordet. 1,1 millón”. Otro mensaje del 24 de septiembre de 2018 describe las negociaciones: “El Negro me dijo q si no le damos el 40 saca el pago con el ajuste. Reparte con Bordet Julio y el”. Un mes después se firmó la tercera adenda al contrato con ENERSA.
Aunque Bordet no está formalmente imputado, la investigación involucró la detención en abril de 2025 de Jorge González, expresidente de ENERSA y funcionario clave durante su gestión. En el allanamiento a su domicilio se secuestraron 270.974 dólares, 12.000 euros y casi 700.000 pesos.
Paralelamente, en abril de 2024, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos dispuso la apertura de una investigación sobre el patrimonio declarado por Bordet, aunque hasta el momento no hay imputación formal.
Adán Bahl: entre la causa Securitas y los contratos truchos
El exvicegobernador, exintendente de Paraná y actual senador nacional electo Adán Bahl aparece mencionado en los mismos chats de la causa Securitas que comprometen a Bordet, según reveló el diario Clarín en noviembre de 2025. Si bien no está formalmente imputado, su nombre figura en las conversaciones de los hermanos Tórtul vinculadas a la continuidad de contratos con ENERSA y presuntas gestiones políticas.
Más grave aún es su vinculación con la causa de los contratos truchos legislativos. Aunque no está entre los imputados principales, investigaciones periodísticas lo señalan como una de las autoridades que habrían tenido responsabilidad en el sistema corrupto durante su período como vicepresidente del Senado. Sus hijos, Joaquín y Franco Bahl, fueron contratados irregularmente por la Legislatura en los últimos días de la gestión anterior, contratos que luego fueron anulados por el gobierno de Rogelio Frigerio.
Los contratos truchos: 53 millones de dólares desviados
La megacausa de los contratos truchos legislativos representa el mayor desfalco documentado en la historia reciente de Entre Ríos. Entre 2008 y septiembre de 2018 se desviaron 53 millones de dólares a través de un sistema de contrataciones fraudulentas en las cámaras de Diputados y Senadores.
Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, es señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal. Los fiscales sostienen que Aguilera era el “recaudador” que recibía el dinero extraído de cajeros automáticos por prestanombres que cobraban cheques por servicios nunca prestados. Actualmente con prisión domiciliaria tras la liberación ordenada por el STJ en enero de 2025, Aguilera enfrenta la perspectiva de un juicio oral que, según cálculos judiciales, podría iniciarse a mediados de 2026.
El mecanismo era sofisticado: se contrataban personas que firmaban acuerdos por servicios ficticios, cobraban mediante cheques o transferencias, y entregaban entre el 90% y 95% del dinero a operadores como Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo. Estos, a su vez, trasladaban los fondos a través de intermediarios como Alfredo Bilbao hasta llegar a Aguilera y, presuntamente, a las máximas autoridades legislativas.
Los principales imputados incluyen a Gustavo Pérez: exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado y hombre de confianza de Adán Bahl. Sergio Cardoso: director del Servicio Administrativo Contable de Diputados. Alejandro Almada: cuñado de Aguilera, operador clave del sistema. Roberto Ariel Faure y Alfredo Bilbao: contadores que facilitaban las operaciones
El expediente tiene 32 imputados y la remisión a juicio comenzaría a debatirse en 2025, con proyección de inicio del debate oral en 2026. La complejidad del caso y la cantidad de abogados defensores compartidos con otras causas de Urribarri ha retrasado los plazos procesales.
José Ángel Allende: el caso del juicio abreviado rechazado
El exdiputado provincial del PJ por Nogoyá y titular de UPCN Entre Ríos, José Ángel Allende, protagoniza uno de los casos judiciales más prolongados y complejos del panorama entrerriano. Con 13 años de investigación desde que ANÁLISIS publicó en marzo de 2012 la denuncia periodística que dio origen a la causa, Allende intentó en dos oportunidades cerrar el expediente mediante juicios abreviados que fueron sistemáticamente rechazados por la justicia.
Los juicios abreviados rechazados
En agosto de 2021, Allende llegó a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal en el que reconocía su enriquecimiento ilícito en más de 1.069.841 dólares, delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, y amenazas contra la ministra de Salud Sonia Velázquez y el periodista Martín Carboni. El acuerdo establecía: Pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional; Inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos; Decomiso de su mansión del Parque Urquiza (valuada en 720.922 dólares) y la casa de calle Laprida (378.289 dólares); Multa de 3 millones de pesos.
Sin embargo, el juez Elvio Garzón rechazó el acuerdo, considerando que no cumplía con los requisitos legales. Previamente, en 2020, otro intento de juicio abreviado había sido declarado nulo por la Cámara de Casación Penal.
Según revelaciones periodísticas, el exgobernador Sergio Urribarri habría presionado a Allende para que no firmara el acuerdo: “No arregles nada porque nos vas a cagar a todos. Y somos varios los que estamos en la misma situación que vos. Y yo no quiero que me saquen bienes ni que me inhabiliten de por vida para hacer política”.
Tras el fracaso de los juicios abreviados, la causa continuó su curso. En marzo de 2025, Allende y toda su familia fueron citados a declaración indagatoria. El 30 de junio de 2025, el juez de Garantías N°8 Pablo Zoff dictó el procesamiento de Allende como autor de los delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
También fueron procesados Adriana Guadalupe Satler (esposa): partícipe necesaria en ambos delitos; Diana María Cristina Traverso (exesposa): partícipe necesaria en ambos delitos; Julio Alejandro Allende (hijo): partícipe necesario en ambos delitos; Victoria Allende (hija): partícipe necesaria solo en enriquecimiento ilícito, sobreseída en negociaciones incompatibles
–Los montos del enriquecimiento. Según el procesamiento del juez Zoff, el incremento patrimonial desproporcionado de Allende entre el 1° de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2016 (período en que fue diputado provincial) asciende a 10.481.385,19 pesos y 64.000 dólares a valores históricos, además de conceptos no cuantificados como: Mantenimiento de caballos de carrera; Viajes internacionales. Varios vehículos de alta gama; Participación en sociedades: Radio La Voz de Entre Ríos SA, Haras El Machazo SA, Cardinal Grydim SA; Departamentos en el mismo edificio de lujo donde Edgardo Kueider posee propiedades (Santiago del Estero y Tejeiro Martínez);
El juez determinó que Allende utilizó a sus familiares directos como personas interpuestas para disimular su verdadero patrimonio. Victoria Allende adquirió varios vehículos siendo menor de edad, sin ingresos registrados que justificaran esas compras. Los hijos compartieron con su padre participación en las sociedades mencionadas.
-Negociaciones incompatibles: la Fundación Esperanza. Este delito se atribuye específicamente a José Ángel Allende y Adriana Guadalupe Satler en relación con la “Fundación Esperanza”. Entre el 21 de enero de 2008 y el 5 de diciembre de 2011, Allende habría gestionado subsidios no reintegrables por un total de 984.000 pesos siendo simultáneamente: Presidente y secretario de la Fundación Esperanza; Diputado provincial que avalaba y firmaba los pedidos de subsidios; Satler suscribía los pedidos como presidenta de la fundación, mientras Allende los avalaba como legislador. En dos casos, Allende personalmente solicitó y rindió los subsidios, configurando un claro conflicto de intereses incompatible con la función pública.
Confirmación del procesamiento en noviembre de 2025
Los abogados defensores Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi apelaron el procesamiento, argumentando que:
– La pericia oficial del Cuerpo Técnico del Poder Judicial arrojó resultados favorables a Allende
– Se descartaron ingresos legítimos por motivos formales (documentos ilegibles)
– Se omitieron financiamientos bancarios documentados (como el crédito del Banco BERSA)
– El procesamiento consolidó bienes de otros coimputados como patrimonio de José Allende sin análisis individual
Sin embargo, el 20 de noviembre de 2025, el Tribunal de Apelaciones de Paraná confirmó íntegramente el procesamiento, al considerar que existe el grado de probabilidad requerido para la elevación a juicio. Los fiscales Gonzalo Badano y Sofía Patat defendieron el criterio del perito Héctor Enrique y rebatieron punto por punto los agravios de la defensa.
La prescripción de la causa por amenazas
En paralelo, el 3 de diciembre de 2025, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia resolvió por mayoría declarar la prescripción de la causa por amenazas contra la ministra Sonia Velázquez, revocando la sentencia de Casación. El STJ consideró que los intentos fallidos de juicio abreviado no tenían entidad para interrumpir el curso de la prescripción.
Situación actual y proyección 2026
Allende enfrenta actualmente:
1) Causa por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles: procesamiento confirmado, encaminada a juicio oral en 2026
2) Causa por amenazas a Sonia Velázquez: prescripta por el STJ en diciembre 2025, por lo que la víctima irá a la Corte Suprema.
3) Inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos si prospera la condena
La defensa insiste en que se trata de una “utilización política” del caso, argumentando que Allende “ha enfrentado poderosos intereses corporativos” y que resulta “doloroso e injustificado involucrar a su familia sin elementos probatorios consistentes”.
El caso Allende representa una paradoja judicial: es el único imputado de alto perfil que intentó reconocer su culpabilidad mediante juicio abreviado, pero la justicia rechazó el acuerdo. Ahora, tras 13 años de investigación, enfrenta un juicio oral que podría iniciarse en 2026, convirtiéndose en uno de los procesos más extensos de la historia judicial entrerriana.
Edgardo Kueider: detenido en Paraguay con dos causas por enriquecimiento ilícito
El exsenador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider se encuentra en una situación judicial compleja que involucra dos jurisdicciones. Fue detenido el 4 de diciembre de 2024 en la frontera entre Brasil y Paraguay al intentar ingresar a Ciudad del Este con 211.102 dólares, 640 mil guaraníes y 3,9 millones de pesos sin declarar. Desde entonces permanece bajo arresto domiciliario en Asunción, cumpliendo un año de detención.
En Argentina, Kueider enfrenta dos causas por enriquecimiento ilícito:
-Causa Federal – San Isidro: La jueza Sandra Arroyo Salgado lo investiga por su vinculación con la causa Securitas y presunto lavado de dinero. Kueider fue secretario general de la Gobernación durante el gobierno de Bordet (2015-2019) y representó al Ejecutivo provincial en asambleas de ENERSA, la empresa estatal de energía entrerriana que habría sido el epicentro del esquema de coimas investigado. En marzo de 2025, la magistrada ordenó siete detenciones en el entorno del exsenador, incluyendo a: Javier Rubel (primo): maestro mayor de obras, socio de Kueider en la empresa Betail SA; Rodolfo Daniel González (socio y amigo): empleado del Congreso, dueño de la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que Kueider fue interceptado en la frontera paraguaya; José Carlos Nogueras (contador): procesado con prisión preventiva por su rol en operaciones destinadas a ocultar el origen delictivo del dinero; Adriana Cecilia Crucitta (abogada): socia de González y empleada de la Biblioteca del Congreso; Ezequiel Gustavo Bovetti (contador); Gabriela Patricia Saint Pierre (esposa de Nogueras); Rita Soledad Machuca (exsecretaria de Kueider en la Gobernación).
En abril de 2025, la jueza Arroyo Salgado procesó con prisión preventiva a González, Rubel y Nogueras por lavado de dinero y asociación ilícita. Al resto les dictó procesamiento con arresto domiciliario y tobillera electrónica.
La investigación reveló que Kueider sería propietario de la empresa Betail SA, que posee departamentos y cocheras en un edificio de lujo en Paraná (calle Santiago del Estero 511). Las expensas aparecían a nombre de Iara Guinsel Costa, su exsecretaria en el Senado y actual pareja, quien lo acompañaba cuando fue detenido en Paraguay.
-Causa Provincial – Concordia: El juez Ives Bastián y el fiscal José Arias también investigan al exsenador por enriquecimiento ilícito. Debido al conflicto de competencia entre ambas jurisdicciones, la Corte Suprema deberá dirimir qué juzgado continuará con la investigación.
En Paraguay, Kueider enfrenta un juicio oral y público que comenzará el 20 de abril de 2026 por el delito de contrabando en grado de tentativa. La Fiscalía paraguaya lo imputó junto a Iara Guinsel Costa por no haber declarado los 211.102 dólares al intentar cruzar el Puente de la Amistad desde Foz do Iguaçu.
La expectativa de pena es de hasta dos años y medio. Si la sentencia se acerca a ese techo, podría ser de cumplimiento efectivo. De lo contrario, quedaría en el margen condicional o incluso en una multa.
La jueza Arroyo Salgado sostiene que Kueider formó parte de una “asociación o banda” que perpetró maniobras “destinadas a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras” para otorgar “apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal (cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público)”.
El exsenador solicitó su extradición para ser juzgado en Argentina, pero Paraguay denegó el pedido. Kueider y Guinsel Costa continúan bajo arresto domiciliario en un dúplex del barrio San Vicente de Asunción, tras ser echados en febrero de 2025 del edificio de lujo donde inicialmente cumplían la medida.
Juan José Canosa: condena firme y causa por enriquecimiento ilícito
El expresidente del Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer) Juan José Canosa tiene una condena firme por negociaciones incompatibles con la función pública y enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito que lleva 8 años de trámite.
En septiembre de 2018, un tribunal encabezado por el juez Alejandro Grippo condenó a Canosa a 3 años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La investigación, iniciada por NOTICIAUNO en enero de 2017, reveló que Canosa contrató a empresas vinculadas a su familia mientras presidía Sidecreer entre 2007 y 2015.
Los proveedores favorecidos fueron:
-Excelcom SA: empresa santafesina que facturó insumos informáticos. Detrás estaban su cuñada Alicia Susana Cuestas (pareja de su hermano Carlos Canosa), la hermana de ésta, María José Cuestas, y Diego Aníbal Urba (esposo de María José y amigo personal de Canosa)
-Texmer: proveedora de indumentaria propiedad de Mirta Graciela Gueler, suegra de su hermano Carlos Canosa
-JDR Construcciones: empresa constructora de José Daniel Romero, casado con María del Carmen Paul, hermana de la madre de Canosa
Entre las tres empresas, cobraron de Sidecreer casi un millón de dólares durante el período investigado.
La Cámara de Casación Penal confirmó la condena en diciembre de 2019. En febrero de 2021, la Sala Penal del STJ rechazó el recurso de apelación. Y en noviembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró “inadmisible” el recurso de queja, dejando firme la condena.
Paralelamente, Canosa enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito que se inició en diciembre de 2016 tras una denuncia del entonces senador provincial Raymundo Kisser (UCR-Paraná).
En abril de 2017 se allanaron cuatro mutuales en Paraná: Mutual Modelo (Gualeguaychú 204); Mutual Urquiza (Urquiza 80); Mutual Solidaridad (Libertad 139); Mutual Amcap (Asociación Mutual del Personal del Club Atlético Pilar). El Ministerio Público Fiscal descubrió que Canosa tenía depositados, como inversión, 920 mil pesos en la Mutual 10 de Abril, operación garantizada con un cheque del Banco Santander Río.
En marzo de 2024, Canosa compareció ante el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Gervasio Pablo Labriola para solicitar su sobreseimiento. Sus abogados Miguel Ángel Cullen y Andrés Bacigalupo argumentaron “violación de los plazos razonables”, señalando que han transcurrido 8 años de investigación. “Pasaron ocho años de la investigación. ¿Cuánto más tengo que esperar? Me voy a morir. Se ven afectados mis hijas, mi familia, mis amigos. La persecución que han hecho sobre mi persona no tiene nombre”, declaró Canosa ante el magistrado.
En octubre de 2024, la Sala Penal del STJ aceptó un recurso de queja presentado por la defensa de Canosa y su esposa, la defensora oficial Paula Montefiori. Los vocales Claudia Mizawak y Daniel Carubia votaron a favor; Miguel Giorgio disintió.
En diciembre de 2024, la jueza de Garantías Marina Barbagelata rechazó el pedido de sobreseimiento, pero concluyó que se agotó el tiempo para que la Fiscalía continúe investigando. Le otorgó 40 días al MPF para que resuelva si lo sobresee o eleva la causa a juicio.
Canosa trabaja como abogado en la actividad privada y colabora con bufetes jurídicos, pero teme firmar escritos: “¿Qué pensarán mis clientes, que soy delincuente, que me enriquecí?”, se preguntó en audiencia.
Desde diciembre de 2015 es asesor legal de la Cámara de Diputados, cargo que deberá abandonar por la condena firme que lo inhabilita perpetuamente para ejercer funciones públicas.
La causa está en manos de los fiscales Juan Malvasio (hoy juez) y Santiago Brugo. La resolución sobre su situación procesal —procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento— debería conocerse en los primeros meses de 2026.
Nelio Calza: causa reactivada por enriquecimiento ilícito
El exdiputado nacional y expresidente de Sidecreer Nelio Calza, referente del Frente Grande en Entre Ríos, enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito que se reactivó en agosto de 2025 tras años de relativo estancamiento.
La investigación se inició en diciembre de 2016 a partir de la misma denuncia del senador Raymundo Kisser que apuntó inicialmente a la administración de la tarjeta estatal Sidecreer durante el gobierno de Sergio Urribarri. De esa presentación se desprendieron legajos separados que involucraron tanto a Calza (presidente de Sidecreer antes de Canosa) como a su sucesor, quien ya fue condenado por negociaciones incompatibles.
La investigación fue encabezada por el fiscal Juan Malvasio (hoy juez) y luego continuada por el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull.
El patrimonio investigado
Las pericias contables detectaron movimientos bancarios y cambiarios de relevancia entre 2009 y 2018, incluyendo: Compra de títulos públicos; Adquisición de divisas; Constitución de plazos fijos; Múltiples operaciones cambiarias.
Entre los bienes que se le adjudican a Calza figuran: una embarcación: “Rey Power”, integrada al patrimonio en 2015; Más de 15 vehículos, incluyendo: Dos Chevrolet S10 doble cabina; Una Renault Trafic; Cuatro Volkswagen Polo; Un Chrysler Cruiser; Dos Volkswagen Bora; Un Volkswagen Passat; Un Volkswagen Golf; Un Peugeot 207; Un Renault Fluence; Un Peugeot 206; Un Nissan Visia; Un Fiat Palio; Un Fiat Duna.
También comprende a Inmuebles en diversas localidades: Paraná: propiedades en calles Laprida, Pirovano, Yrigoyen, Montevideo, Vélez Sarsfield y Colón (en Concordia); Santa Fe capital; Zona rural de María Luisa (departamento Las Colonias, Santa Fe)
La indagatoria proyectada para 2026
Según pudo conocerse, la Fiscalía está terminando de recepcionar distintas pruebas y concluyendo el análisis contable correspondiente. Se espera que Calza sea citado a declaración indagatoria entre septiembre y octubre de 2026.
Actualmente es uno de los principales referentes del Frente Grande en Entre Ríos. En el proceso electoral reciente, su espacio político dejó de ser aliado del Partido Justicialista y presentó las candidaturas de Carolina Gaillard y Paola Rubattino.
La labor investigativa busca determinar si Calza puede justificar el incremento patrimonial registrado durante su desempeño en cargos públicos, particularmente durante su gestión al frente de Sidecreer, la empresa estatal que quedó en el centro de las denuncias por corrupción que involucraron también a su sucesor Juan José Canosa.
Enriquecimiento ilícito: la agenda pendiente
Además de las causas por corrupción funcional, varios exfuncionarios enfrentan investigaciones por enriquecimiento ilícito que podrían derivar en juicios durante 2026 y 2027:
-Pedro Báez: El exministro de Cultura y Comunicación del urribarrismo, ya condenado a 6 años y medio en el megajuicio de 2022, enfrenta una causa separada por enriquecimiento ilícito junto a su esposa Sofía Riquelme. El Ministerio Público Fiscal pidió su remisión a juicio con una solicitud de 5 años de cárcel para él y 3 años y medio para ella. La Fiscalía endilga un enriquecimiento injustificado de 632.053 dólares durante su desempeño como funcionario público entre 2007 y 2016. Báez fue indagado en diciembre de 2024 desde la Unidad Penal N°1, donde cumple prisión preventiva.
-Aldo Ballestena: El exsenador provincial por La Paz y actual titular del Ente Portuario enfrenta una causa por enriquecimiento ilícito que se abrió de oficio en 2018 tras una publicación de ANÁLISIS que documentó su patrimonio millonario, incluyendo un Mercedes Benz de 60.000 dólares, un complejo en construcción de 24 departamentos a nombre de su hija, campos y propiedades. Aunque la investigación quedó “llamativamente planchada” según críticos, también aparece vinculado al sistema de contratos truchos como recaudador de fondos en el Senado entre 2015 y 2018.
-Domingo Daniel Rossi: El actual intendente de Santa Elena tiene una condena firme de 2006 por enriquecimiento ilícito (3 años de prisión condicional) y enfrenta una nueva investigación junto a su esposa, la exdiputada Patricia Díaz. La Fiscalía investiga cuentas bancarias en Uruguay con un depósito inicial de 300.000 dólares que la pareja no pudo justificar. La documentación enviada por la justicia uruguaya confirma la existencia de las cuentas y movimientos desde 2008.
-Martín Fernández (Gualeguaychú) y Hernán Vittulo (Gualeguay): Ambos tienen causas por enriquecimiento ilícito en trámite en el Ministerio Público Fiscal, aunque con escaso avance público en los últimos años.
Obras públicas
Domingo Daniel Rossi también tiene pendiente la causa por delitos de corrupción en el manejo de la obra pública en su ciudad. En agosto de este año, por segunda vez se suspendió el juicio oral contra el intendente de Santa Elena. El inconveniente no es menor: hay recusaciones e inhibiciones en todo el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. El proceso contra Rossi se había fijado con un tribunal conformado por los jueces María Carolina Castagno, Alejandro Grippo y Juan Malvasio. Hay un planteo del abogado defensor de Rossi, Carlos Guillermo Reggiardo, que involucra a uno de los integrantes del tribunal, la jueza Castagno, que a raíz de un entredicho en una audiencia lo denunció por amenazas. En realidad es la especialidad del abogado Reggiardo (que este año fue suspendido por varios meses por el Colegio de la Abogacía, por diversas denuncias contra su accionar): todo el tiempo se pasa confeccionando recusaciones contra jueces y fiscales y de esa manera sigue enviando las causas para más adelante. Lo hizo siempre con Rossi, con su mano derecha, el dirigente Pichi Blázquez y también con causas contra él mismo. Reggiardo, además de su rol de abogado, se autopercibe periodista y lo ejerce a través algunas páginas webs y en canales de youtube, donde se la pasa hablando de él mismo y denuncia supuestos hechos de corrupción, pero nunca lo menciona a Rossi, que es su sostén económico, desde la comuna de Santa Elena.
Este de Rossi es el juicio por supuesto pago de sobreprecios en una obra pública de pavimentación en el que está imputado el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ). Rossi está acusado por supuesto pago de sobreprecios en una obra de pavimentación de 20 cuadras, proyecto ejecutado en 2014, y denunciado en 2016 por su concuñado y sucesor al frente de la Intendencia, Silvio Moreyra (PJ).
Entre 2015 y 2019 no gobernó Rossi Santa Elena. Lo hizo su concuñado, Silvio Moreyra, Al año de estar al frente de la Intendencia, Moreyra lo denunció a Rossi: efectuó una presentación a través del abogado Guillermo Mulet ante la sospecha que durante la gestión anterior se había incurrido en el pago de sobreprecios en una obra de pavimentación.
El Ministerio Público Fiscal pidió en 2020 la remisión de la causa a juicio oral. En su acusación, Fiscalía señaló que durante la gestión Rossi, el Municipio de Santa Elena pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de una 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado era $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.
En marzo de 2022, el juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, otorgó la probation o suspensión de juicio a prueba al empresario de la firma L&C Construcciones, Néstor Juan Szczech, y al ingeniero y apoderado de la empresa, Carlos Alberto Lescano, en el marco de la causa por sobreprecios de una obra de 20 cuadras ejecutadas en Santa Elena en 2014, durante la anterior gestión del hoy intendente Domingo Daniel Rossi.
Szczech y Lescano fueron acusados de los delitos de peculado y falsificación de documentos públicos en carácter de partícipes necesarios. Sin embargo, tras varias apelaciones, consiguieron que a principios de noviembre de 2021 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hiciera lugar al pedido de probation. El fallo lo firmaron los vocales Miguel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak. Pero Rossi y sus funcionarios siguieron ligados a la causa penal, según consignara la web entreriosahora.
María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez, falleció mientras transcurría la investigación.
Los delitos que se le endilgan a Rossi es el de peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público atribuido en carácter de autor; y los mismos delitos, pero en carácter de partícipes necesarios a Roberto Carlos Méndez, María Inés Martínez, Adolfo Zenón Ortiz, a Néstor Juan Szczech, y a Carlos Alberto Lescano. Cabe acotar que el perito que dictaminó el sobreprecio, Beltrán Uranga, ya falleció.
La convergencia de estos procesos configura un escenario judicial sin precedentes en Entre Ríos, donde la justicia deberá pronunciarse sobre más de una década de presunta corrupción sistémica que involucró el desvío de millones de dólares del erario público. Las condenas que puedan dictarse en 2026 y 2027 marcarán un antes y un después en la historia política y judicial de la provincia, con el caso de José Ángel Allende como antecedente de juicio abreviado rechazado que otros imputados evitaron replicar, temerosos de sentar precedentes que puedan afectar a la red de funcionarios involucrados en las mismas prácticas.
La Justicia fijó para el 4 de febrero de 2026, al reinicio de la actividad en Tribunales luego de la feria de enero, la audiencia para tratar el acuerdo de juicio abreviado al que llegaron el Ministerio Público Fiscal y la defensa de quien fuera director general de Ajustes y Liquidaciones de Haberes del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas durante del gobierno de Sergio Daniel Urribarri, Miguel Ángel Ulrich, imputado en la megacausa de las Coimas, va camino a cerrar un acuerdo de juicio abreviado, el segundo en esta investigación penal luego de la salida del extitular de Trabajo, Guillermo Smaldone.
Será ante el juez de juicio Juan Francisco Malvasio.
El acuerdo entre los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, que requiere ser refrendado por el juez de juicio Juan Francisco Malvasio, y los defensores de Ulrich, Gaspar Reca y Sebastián Ludi, ambos integrantes del Ministerio Público de la Defensa, contempla el reconocimiento de los delitos cometidos y la aplicación
“Que, conforme lo exige la ley ritual, el imputado Ulrich presta expresa conformidad con los términos del presente; esto es, con el hecho descrito en la acusación, la calificación legal dispuesta y la imposición de la pena admitiendo mediante el presente, lisa y llanamente su autoría material y responsabilidad penal en el hecho ilícito que se le imputa”, dice.
En el marco de la maegacausa de Coimas, en agosto último, el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná Juan Francisco Malvasio homologó el acuerdo de juicio abreviado al que habían llegado el Ministerio Público Fiscal y la defensa del exministro de Trabajo del urribarrismo Guillermo Smaldone en el marco de la mecausa de las Coimas, que tiene pedido de condena a 10 años para el exgobernador Sergio Urribarri.
El Ministerio Público Fiscal acordó con Smaldone, que como abogado ejerció su propia defensa, la aplicación de una pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua, y como norma de conducta, y por el plazo de tres años, las siguientes: se le imponen al imputado las siguientes:
a) Fijar y mantener domicilio en calle Libertad Nº 59 de la ciudad de Paraná el que no podrá variar sin previo aviso a la autoridad judicial.
b) Prohibición de realizar actos molestos, violentos y perturbadores, por sí o por interpósita persona hacia los testigos del hecho.
c) Realizar trabajos no remunerados en una institución de bien público que designe la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial por plazo 96 horas anuales. Además, al estar plenamente acreditado que los hechos atribuidos fueron cometidos con ánimo de lucro se solicitara la imposición de pena de multa para el imputado por la suma de $90.000.
El punto 9) del acuerdo de juicio abreviado tiene el siguiente título: “Confesión del imputado”, la aceptación por parte del exministro de Trabajo de haber cobrado coimas de parte Cardona Herreros y esa peculiaridad sella la suerte del resto de los imputados en la megacausa de las Coimas.
“Que, conforme lo exige la ley ritual, el imputado Smaldone presta expresa conformidad con los términos del presente; esto es, con el hecho descrito en la acusación, la calificación legal dispuesta y la imposición de la pena admitiendo mediante el presente, lisa y llanamente su autoría material y responsabilidad penal en el hecho ilícito que se le imputa”, aclara.
En el desarrollo de la imputación hecho por los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano se menciona que “existe una correspondencia absoluta entre las intervenciones de Luis Alfonso Erbes para gestionar el pago de facturas, el cobro de ellas por parte de la firma Relevamientos Catastrales SA –propiedad de Cardona Herreros- durante cada uno de los 36 meses que duró la contratación realizada mediante Licitación Nº 84/13 del Ministerio de Trabajo de Entre Ríos y el pago de las dádivas prometidas a los funcionarios de la provincia de Entre Ríos, Guillermo Smaldone, Luis Alfonso Erbes y Marcelo Haidar, todos involucrados directamente en la contratación”.
“Esto lo podemos afirmar no sólo a partir del contenido de los mensajes y correos intercambiados y que hemos consignado sino que también surge claro de confrontar éstos con las notas realizadas por Cardona Herreros en su teléfono celular, donde consigna los montos destinados a cada uno de los funcionarios y las registraciones que llevaban las secretarias de la empresa Laura Suarez y Emilce Naranjo. Como es habitual que ocurra, en la evidencia que se vincula a la investigación de hechos de corrupción, hemos encontrado anotaciones y registros de las entregas de dinero, que indudablemente los involucrados realizaban a fin de llevar cuentas claras y efectuar las rendiciones pertinentes”, puntea el abreviado.
La coima, su pago a funcionarios, así, quedó acreditado según la tesis de Fiscalía. Al respecto, señala que “los correos y mensajes analizados acreditan el circuito que realizaba el dinero una vez que ingresaba a la empresa hasta salir y ser entregados a los funcionarios, siendo Linares y Campitelli responsables de coordinar las maniobras para hacerse de dinero en efectivo, el que luego era entregado a las secretarias. Luego de ello era el propio empresario, Cardona Herreros el encargado de comunicar personalmente a los funcionarios la disponibilidad de la dádiva”.
Ese circuito de la coima, agrega “es explicado en forma circunstanciada por la contadora Romina Stepanic Pouey en su informe de fecha 30/06/21”.
Y agrega: “Si bien el presente acuerdo se ha realizado en relación a Guillermo Smaldone, es dable destacar los estrechos vínculos que existieron entre todos los imputados en la misma causa, los que quedan debidamente acreditados con la evidencia recolectada. Éstos vínculos excedieron lo meramente laboral tornándose, con el paso del tiempo y a partir de las distintas intervenciones que tuvieron en las contrataciones adjudicadas a la firma de Cardona Herreros, en relaciones personales, íntimas incluso de amistad. El trato cercano que se dispensan, los encuentros que mantenían, las comidas que compartían, así lo acreditan.
Cardona Herreros, además de ser el titular de la empresa adjudicataria de todas las licitaciones analizadas, resultó ser quien administraba el dinero de los funcionarios, y ponía a disposición la estructura de la empresa a efectos de gestionar asuntos vinculados directamente a aspectos personales de cada uno de ellos”.
“En tal sentido resulta llamativa la adquisición de pasajes aéreos para el Ministro de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos, Guillermo Smaldone, como así también para Mauro Urribarri, Franco Urribarri, Damián Urribarri y el cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera”, apunta el abreviado. Y suma: “La asistencia asidua de los funcionarios mencionados a las oficinas del empresario contratista, fue confirmada por el relato coincidente de las dos secretarias de la empresa Emilce Naranjo y Laura Suarez y con la evidencia obtenida de la computadora de Cardona Herreros, identificada como efecto I0280_07, donde se hallaron fotografías de Luis Erbes en las oficinas de Cardona Herreros”.
La calificación legal de los hechos reprochados a Smaldone y al resto de los exfuncionarios fue de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; también “fraude a la Administración Pública”; y “cohecho pasivo”.
“Los funcionarios públicos provinciales involucrados, entre quienes se encontraba Guillermo Smaldone, desde el primer momento en el trámite, interesaban las contrataciones, direccionándolas a favor de la empresa de Cardona Herreros, Relevamientos Catastrales S.A., conforme las directivas impartidas por Sergio Daniel Uribarri. De hecho, esto fue reconocido por el propio empresario contratista quien a uno de sus empleados, Zanabone, le comunicó cómo estaba integrada la `mesa de negocios de la provincia de E.R.`, por orden del `amigo` (Urribarri) a fin de `manejar todos los ámbitos`; y fue en definitiva con estos funcionarios con quienes Cardona Herreros se contactó a lo largo de todo el período investigado para gestionar las millonarias contrataciones con las cuales resultó favorecida su empresa”, apunta.
Y destaca que los funcionarios provinciales “brindaban información anticipada para que desde la misma empresa se elaboraran los pliegos `a medida`, se les anticipaban fechas, se informaba a la contratista sobre la existencia de eventuales competidores, montos de dinero hasta donde podían extenderse las ofertas siempre claro está, previendo los porcentajes de ganancias extraordinarias para la contratista y aquellos montos destinados al pago de las dádivas prometidas a los funcionarios, cuyas intervenciones eran determinantes para destrabar los trámites, agilizar pagos e incluso mantener al tanto a la contratista del desarrollo de los expedientes, colaborando muchos de los funcionarios en darle a los trámites apariencia de regularidad para así sortear cualquier objeción u observación que pudieran merecer”.
“Todas estas intervenciones clave para el avance de las contrataciones estaban motivadas nada más y nada menos que en las importantes sumas de dinero con las que eran recompensados los funcionarios públicos provinciales entre los que se encuentra Smaldone”, añade el abreviado.
Más adelante señala: “Hemos corroborado que Guillermo Smaldone, en su calidad de ministro de Trabajo de la Provincia, tenía a su cargo la administración de fondos públicos, en este caso aquellos dedicados a abonar las contrataciones investigadas, los cuales fueron gestionados en miras a la obtención de beneficio personal de este alto funcionario, así como también del resto de los funcionarios provinciales involucrados y de los integrantes de la empresa contratista. Claramente estas acciones significaron una grave violación a los deberes y obligaciones que como funcionario público le incumbía, lo que derivó en que obligaran abusivamente al Estado Provincial a través del pago de sobreprecios en cada una de las contrataciones, que fueron destinados a generar ganancias extraordinarias para el empresario Cardona Herreros e integrantes de su firma, y al pago de dádivas a los funcionarios intervinientes”.
En función de las evidencias colectadas, los fiscales consideraron que “se encuentra sobradamente acreditada la comisión del delito de cohecho tanto en su modalidad pasiva como activa” y consideraron “que a Guillermo Smaldone cabe considerarlo autor de las de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude en perjuicio de la Administración Pública y cohecho pasivo pues al momento de los hechos era funcionario público, y en tal carácter acordaba y percibía las dádivas a efectos de llevar adelante actos relativos a sus funciones como Ministro de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos y en relación a la Licitación Pública Nº 84/13”.
El Servicio Meteorológico Nacional elevó el nivel de advertencia y mantiene activas alertas amarillas y naranjas por tormentas en Entre Ríos y otras provincias.
Entre Ríos permanece bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, con lluvias intensas, ráfagas de hasta 80 km/h y ocasional granizo. Se prevé un descenso de temperatura para el domingo, con máximas de 25°C y mínimas de 17°C.
Este sábado, la provincia de Entre Ríos estará bajo alerta por tormentas, con un clima inestable en gran parte de la provincia. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que a partir de la tarde se desarrollen lluvias, con probabilidades que van del 40% al 70% de que se produzcan tormentas significativas. La combinación de altas temperaturas, elevada humedad favorecen la formación de fenómenos meteorológicos de magnitud considerable.
En cuanto al termómetro, no se esperan grandes variaciones, con una máxima que rondará los 30°C y una mínima que podría descender hasta los 20°C.
Sábado
El SMN emitió una alerta amarilla para los departamentos de Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay y Victoria. Se espera que estas áreas sean afectadas por tormentas localmente fuertes, con lluvias intensas en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, y ocasional caída de granizo. Además, las ráfagas de viento podrían superar los 80 km/h en forma localizada. Se prevé que la precipitación acumulada oscile entre 30 y 65 mm, con la posibilidad de superarse en algunas zonas.
Alerta domingo
Domingo: lluvias y descenso de temperaturas
Para el domingo, la situación meteorológica seguirá siendo inestable en las mismas zonas afectadas, especialmente en Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, y los departamentos mencionados el día anterior. Las tormentas seguirán con características similares: lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h en áreas puntuales. Las precipitaciones acumuladas también oscilarán entre los 30 y 65 mm, con chances de superar estos valores en puntos aislados.
El termómetro marcará un ligero descenso, con una máxima estimada de 25°C y una mínima de 17°C.
