Tres particulares que fueron parte de la denuncia que presentó a inicios de 2014 el ex director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto contra 85 particulares y 55 firmas y empresas de numerosos y distintos rubros, dirimieron su situación. Se investigó la simulación de “operaciones de compensaciones tributarias para contribuyentes acreedores de deuda líquida y exigible del Estado Provincial…”, que perjudicó al erario público provincial.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Alejandro Grippo, Juan Malvasio y Mauricio Mayer, concedió un sobreseimiento y dos Suspensiones del juicio a prueba o Probation en una causa que comenzó a sustanciarse hace 11 años. Fue en la denominada causa ATER que investigó a numerosas personas, empresas y funcionarios, por la supuesta simulación de pagos por deudas impositivas en aquel organismo, perjudicando al erario público provincial. El Ministerio Público Fiscal (MPF) acompañó los pedidos.
Esta audiencia comprendió a tres imputados. Se trató de Viviana Ghiggi, asistida por Leopoldo Lambrischini; Leonardo Demaries, defendido por Roberto Lerena; y Carlos Sagasti, que fue representado por Julio Federik. Estos últimos participaron de la audiencia vía remota desde Concordia. En todos los casos los imputados saldaron sus respectivas deudas con la ATER, en relación a los períodos que se les imputaron. Los tres enfrentaron cargos como partícipes del delito de Defraudación a la Administración Pública.
Once años después reparan al erario público con módicas sumas y acceden a Probation cuatro imputados en la causa ATER
Tras las fundamentaciones correspondientes, las defensas realizaron sus pedidos y Fiscalía los consintió introduciendo, para el caso de las Probation, una elongación del plazo del beneficio de un año más, habida cuenta que en la primera presentación solicitando la concesión de la salida alternativa se había acordado que fuese de un año. A los probados también se les impuso la orden de avisar cuando vayan a salir del país. Se indicó que ese requisito se les impuso a otros probados en esta causa y por un criterio de igualdad, correspondía en estos.
Sobreseimiento
El Tribunal dispuso el sobreseimiento de Demaries tras escuchar los argumentos de la defensa, que elevó criterios de oportunidad en virtud de que se trató de un ilícito de 6.200 pesos, por debajo de los 25.000 que prescribe la norma. También se señaló que Demaries pagó la deuda actualizada en 56.000 pesos.
Probation
La defensa de Ghiggi recordó que ya se había realizado el pedido de suspensión de proceso a prueba por el plazo de un año y se saldó toda la deuda imputada con la ATER. Así, volvió a solicitar el beneficio por el mismo período y las mismas reglas de conducta. Fiscalía aceptó la reparación económica de 150.000 pesos en tres cuotas mensuales y consecutivas de 50.000 pesos. Pero adoptó distinto temperamento respecto del plazo y solicitó que fuese por dos y las reglas de conducta también, que fue lo que decidió el Tribunal.
La de Sagati, tras escuchar la posición de Fiscalía respecto del plazo y de ofrecerlo por un año, dejó planteado que no se opondría a una adición. Así, el Tribunal hizo lugar al pedido y le otorgó el beneficio por dos años en los que deberá observar normas de conducta por el mismo plazo y por 96 horas globales, al igual que Ghiggi. En cuanto a la reparación del daño, aumentó la reparación simbólica a 560.000 pesos.
La causa comenzó a sustanciarse a partir de la denuncia que presentó a principios de 2014 y cuando comenzaba su gestión como director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casarett, ampliando la denuncia que había formulado en junio del mismo año, contra funcionarios y empleados del organismo de la anterior gestión de Guillermo Linesky, ex titular de la desaparecida Dirección General de Rentas (DGR).
El hecho
Casaretto presentó la denuncia para que se investigue si “Darío Fabián Barreto, en su calidad de agente de la Administración Pública Provincial, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011, desempeñándose como Director del Interior, en la DGR -hoy ATER- actuando en connivencia y de común acuerdo con otros agentes, identificados como: María Estrella Martínez de Yankelevich -Jefa de Departamento Despacho-; Abelardo Daniel Gaggion -en su calidad de Jefe de Mesa de Entradas-; Fabrizio Abraham Carmelo Dayub -en su calidad de agente técnico administrativo del área-; con los Contadores Públicos Julio Schmukler y Luis Alfredo Speroni” beneficiaron a 85 particulares y 55 firmas y empresas de numerosos y distintos rubros, con “un beneficio patrimonial indebido, en perjuicio de los intereses que se encontraban bajo su cuidado”, simulando “operaciones de compensaciones tributarias para contribuyentes acreedores de deuda líquida y exigible del Estado Provincial, eludiendo en su totalidad el trámite administrativo previsto por la normativa vigente para este tipo de operatoria y sin contar con las Resoluciones Ministeriales respaldatorias…”.
Denuncia
La denuncia de Casaretto también pidió que se investigue si “en connivencia y de común acuerdo” los directivos y empleados de la ATER “realizaron diversas manipulaciones fraudulentas al sistema informático, simulando operaciones de compensaciones tributarias para acreedores de deuda líquida y exigible del Estado Provincial y eludiendo en su totalidad el trámite administrativo impuesto por la normativa vigente”.
La denuncia fue remitida a juicio el 21 de abril de 2021 por resolución de la entonces jueza de Transición, Marina Barbagelata, para que se juzguen presuntos hechos de defraudación a la Administración Pública mediante la manipulación del mecanismo de compensaciones impositivas, en la ATER. Los delitos que se imputaron a los acusados eran varios y se agruparon según la fecha de comisión de los hechos y según el imputado sea o no funcionario público
