Desregular y unificar aportes: un alivio para los profesionales y un paso hacia la modernización.
En Argentina, ejercer una profesión no solo implica obtener un título y mantener la capacitación actualizada. También significa enfrentar una serie de cargas económicas y administrativas que, lejos de mejorar la calidad de los servicios, muchas veces funcionan como verdaderos peajes institucionales.
Matriculación obligatoria en cada jurisdicción, cuotas colegiales, tasas regulatorias y aportes previsionales duplicados son parte de una estructura de costos que todo profesional debe absorber para poder trabajar. Un sistema que, en tiempos de inflación, presión impositiva y competencia creciente, se vuelve cada vez más difícil de sostener.
La diputada nacional Marcela Pagano (La Libertad Avanza) presentó un proyecto de ley que busca desregular el ejercicio profesional y unificar los aportes jubilatorios, permitiendo que los trabajadores independientes concentren sus contribuciones en un solo régimen y elijan voluntariamente su adhesión a colegios o consejos. La iniciativa también propone la creación de un Registro Nacional gratuito, habilitante para ejercer en todo el país sin la necesidad de matricularse en cada provincia.
Un gasto que podría ser inversión
Hoy, miles de profesionales —abogados, contadores, psicólogos, arquitectos, médicos— se ven obligados a aportar simultáneamente al sistema previsional nacional (a través del monotributo o autónomos) y a cajas previsionales provinciales administradas por los colegios. Este doble aporte no siempre se traduce en mejores jubilaciones y, en muchos casos, se convierte en un lastre económico que desalienta el inicio o la continuidad de actividades independientes.
El dinero que hoy se destina a esas contribuciones forzosas podría tener otro destino: invertir en equipos, tecnología, infraestructura o, incluso, en perfeccionamiento profesional. Un médico podría financiar una capacitación en el exterior; un ingeniero, actualizar su software de diseño; un abogado, especializarse en nuevas ramas del derecho. Es decir, recursos que hoy se diluyen en estructuras corporativas podrían potenciar el desarrollo y la competitividad del propio profesional.
El rechazo de las corporaciones
La Confederación General de Profesionales (CGP) y la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales emitieron un comunicado conjunto rechazando la propuesta de Pagano, calificándola de inconstitucional y de amenaza al federalismo. Argumentan que las provincias tienen, por mandato constitucional, la potestad de regular el ejercicio profesional y que los colegios garantizan la ética, la formación continua y el control disciplinario.
También advierten que la reforma podría poner en riesgo el financiamiento de las cajas previsionales provinciales y aumentar el intrusismo y la mala praxis. Sin embargo, desde la perspectiva de los defensores de la iniciativa, estos argumentos omiten un punto central: el control y la fiscalización seguirían en manos del Estado, pero sin la intermediación obligatoria de entidades que hoy funcionan como monopolios habilitantes.
Un cambio de paradigma
La propuesta no elimina a los colegios ni sus funciones voluntarias, sino que termina con su poder de coerción. Quien quiera afiliarse y aprovechar sus servicios podrá hacerlo, pero no será un requisito para ejercer. En paralelo, unificar los aportes jubilatorios en un único sistema nacional evitaría la doble imposición y permitiría diseñar un monotributo profesional diferenciado, más justo y previsible.
En lugar de estructuras burocráticas que consumen recursos, el nuevo esquema apuesta a que el mérito, la reputación y la trayectoria sean los verdaderos validadores de un profesional. La capacitación, la calidad del servicio y la satisfacción del cliente reemplazarían al sello obligatorio como principal carta de presentación.
Modernizar para crecer
Desregular y unificar aportes no es desproteger. Es devolverle al profesional la libertad de decidir cómo invertir su dinero y su tiempo. Es reconocer que cada peso que hoy se destina a cuotas y tasas forzosas forma parte de un costo de producción, y que liberar esos recursos puede traducirse en más y mejores servicios, mayor innovación y una economía más dinámica.
La discusión recién empieza, pero el objetivo es claro: modernizar un sistema anacrónico y liberar el potencial de quienes sostienen con su trabajo gran parte de la actividad económica y social del país.
Redaccion: https://www.analisislitoral.com.ar/
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