Opinión

Por: Luis Edgardo Jakimchuk

“Ahora soy un muerto social”, fue la conmovedora frase que le escuché a un trabajador de la empresa FATE que anunció su cierre definitivo. La dignidad de ese trabajador, que deriva su expresión, es un concepto fundamental en el ámbito laboral que garantiza el respeto y la protección de su derecho humano. La dignidad es la cualidad de una persona responsable que tiene respeto a sí misma ante la degradación de una ley que no salvaguarda su valor como trabajador. Me pregunto: ¿de qué trabajará este trabajador despedido? ¿Será de la misma calidad del trabajo perdido y salario? ¿Esta persona puede creer en una reconversión como dice el Gobierno? En términos prácticos, esto implicaría que el trabajador queda bajo la amenaza constante de avasallamiento, lo que debilita su dignidad.

Esto me lleva a recordar a Juan Perón. La dignidad otorgada por Perón a los trabajadores fue un acto de justicia social que buscaba dignificar el trabajo y humanizar el capital. Tenía el anhelo de proteger los derechos naturales e imprescriptibles de la persona humana. Perón fue el hombre que creyó en la suficiencia y dignidad de los trabajadores, y esto es graficado con claridad por Robustiano Patrón Costas, un empresario ultraconservador que gobernó la provincia de Salta: “Lo que yo nunca le voy a perdonar a Perón es que durante su gobierno, y luego también, el negrito que venía a pelear por su salario se atrevía a mirarnos a los ojos. ¡Ya no pedía! ¡Discutía!”.

El economista Eduardo Basualdo también lo grafica en su libro: “Lo que molestaba era el modelo de país, la dignificación del trabajador, las relaciones sociales que traía aparejado el modelo de industrialización; por eso la redefinición de la relación, de por sí desigual, entre capital y el trabajo tuvo tal magnitud que sólo puede entenderse como una revancha oligárquica sin precedentes históricos en el país, acorde al profundo resentimiento que guardaba la oligarquía nativa hacia la clase trabajadora argentina”.

El escritor Ezequiel Martínez Estrada, en un libelo furioso antiperonista, decía: «Una característica sobresaliente de Perón, tanto en su campaña proselitista como en su programa doctrinario, es que recogió con minuciosidad de hurgador de los tachos de basura los residuos de todas las actividades nacionales, en los órdenes espiritual y material».

Juan Perón, durante su presidencia, implementó leyes laborales —algunas inspiradas en proyectos de Roca, Sáenz Peña, Yrigoyen, Alvear— que sentaron las bases para un Estado de bienestar en nuestro país. Algunas de las leyes más destacadas: ley del descanso dominical, ley de ocho horas de trabajo, ley de accidentes de trabajo y el aguinaldo. Derechos a una retribución justa, a condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, a la seguridad social, a la protección de la familia y a la defensa de los intereses profesionales.

Juan Perón siempre pensó y llevó a cabo su accionar político en términos de la Patria Grande. También la cuestión sindical la pensó en esos términos; de ahí que en 1952 puso en marcha el proyecto de la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas (ATLAS). Estas leyes fueron parte de la promoción de la industria, la sindicalización y la protección de los derechos laborales en Argentina. Se puede decir que con Perón se inicia la era de la política social argentina. También los tribunales del trabajo tienen en la Argentina fecha de nacimiento precisa durante la gestión de Juan Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Esta reforma aprobada transfiere competencias judiciales laborales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la gran mayoría de las empresas tienen sus sedes, con jueces y fiscales puestos por el gobierno libertario.

Solo un ejemplo de la perversidad de Milei y el PRO: si un trabajador con años de antigüedad es despedido con posterioridad a la promulgación de la reforma, el cálculo de su liquidación quedaría sujeto a las condiciones establecidas en el nuevo marco legal. Expertos en derecho previsional y laboral señalan que el margen para litigar contra esta aplicación inmediata es estrecho. Si bien la relación laboral comenzó bajo una ley anterior, el hecho del despido ocurre bajo la vigencia de la nueva normativa. Esto es algo que la gran mayoría de la gente que aprueba la sanción de la ley NO TIENE EN CUENTA: que no está garantizado el derecho adquirido. Es una legislación que apuesta al depravado juego financiero, realizada por estudios jurídicos privados; borraron del mapa leyes que fueron ejemplo de legislación en América Latina y hasta en América del Norte.

Ese profundo resentimiento hacia la clase trabajadora argentina, que Eduardo Basualdo remarca, llegó con un gobierno ultraderechista que representa a los dueños de la Argentina, vergonzosamente acompañado por algunos gobernadores peronistas que fueron a vigilar a sus diputados para que voten positivamente la ley y por la UCR. Esta ley, lejos de proponer una modernización laboral para los trabajadores, se centra no solo en aniquilar los logros obtenidos, sino que redefine las relaciones jurídicas y modifica los incentivos económicos.

Desde esta perspectiva, el nuevo esquema choca con el artículo 14 bis de la Constitución y será la Justicia la que lo definirá; una Justicia que solo existe para meter presos a los pobres ladrones de gallinas y no para los ladrones de dignidad. También irán a parar allí las presentaciones contra la derogación del Estatuto del Periodista Profesional. Esto hace pensar que vamos a un modelo de conflictividad permanente que terminará generando más precarización laboral y más caos.

La lógica es económica hacia donde apunta la ley aprobada. El ministro Caputo cree que, con estabilidad, baja inflación y apertura económica, se incentiva la inversión y la toma de trabajadores porque despedir deja de ser riesgoso. Ahora bien, el empresario, ¿no contrata personal por miedo a la indemnización o porque no vende un carajo? El FMI está contento con la aprobación de la ley, pero dice que el Gobierno debe buscar la forma de “mitigar adecuadamente los costos de transición asociados a estas reformas”. Esto, en criollo, quiere decir aplicar más violencia estatal.

Frente a este escenario, el peronismo sucumbe en medio de una crisis de representatividad, sin una narrativa clara que genere esperanza. Una CGT que supo ser columna vertebral del movimiento solo muestra que le interesa su caja, y traiciones de peronistas elegidos para defender la dignidad del trabajador terminan vendiéndose por unas chirolas de Milei. Respecto al desempeño de varios sindicalistas, recuerdo una frase de Perón cuando regresó al país para ser por tercera vez presidente: “Yo les di poder; ricos los hicieron otros”. Es el mejor indicador de la profunda decadencia de una dirigencia que ocupa cargos y NO DICE NI HACE NADA, que no se moviliza a acompañar las protestas de compañeros trabajadores y solo busca aferrarse a cobrar a fin de mes y obstaculizar cualquier tentativa de renovación. VERGÜENZA DAN ALGUNOS.

Muchos compañeros desocupados y precarizados te dicen: “Si no hay fábricas no tendremos trabajo y esta ley no va a servir para nada, solo para hacernos más pobres”. Tal vez si dirigentes de mi ciudad y de la provincia, que todavía no se hicieron cargo de nada, salen a la calle a escuchar y acompañar para construir la esperanza de que hay otra realidad posible para aquellos peronistas que votaron a Milei, Frigerio y Azcué, otra sería la historia. No vaya a ser que sea demasiado tarde para la aparición de algunos que sueñan con representar al peronismo.

Termino con una cita de José Saramago: “La dignidad no tiene precio. Cuando alguien comienza a dar pequeñas concesiones, al final, la vida pierde su sentido”.