Redacción

Con ausencias del peronismo y de representantes de Santa Cruz, el oficialismo consiguió 38 senadores para el quórum. Se esperan más de 12 horas de tratamiento en el recinto

El Gobierno enfrenta este miércoles su primera gran batalla legislativa del año con el debate de la reforma laboral. Para llegar a la sesión tuvo que aceptar más de 20 cambios al proyecto original con el que pretende dinamizar el mercado de trabajo y dejar atrás la industria del juicio.

Los ganadores de las últimas negociaciones fueron los gobernadores, a quienes se les aseguró que no habrá recortes en Ganancias, impuesto coparticipable que representa billones de pesos para las cajas provinciales.

Los gremios también se anotaron una victoria al asegurarse los aportes patronales a las obras sociales y la continuidad del aporte solidario, aunque continúa la resistencia a otros puntos de la iniciativa y por eso este sábado habrá movilizaciones al Congreso y protestas en distintos sectores.

En esta nota, se actualizarán a lo largo de la jornada todas las novedades vinculadas al debate de la reforma laboral en el Congreso Nacional.

Recalde denunció que la reforma laboral es “un plan de despidos” y la comparó con las AFJP

Reforma Laboral – Senado – Recinto (RS Fotos)

El senador peronista Mariano Recalde cuestionó duramente el proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado y sostuvo que se trata de una ley “absolutamente desequilibrada”, orientada a beneficiar a las empresas en detrimento de los trabajadores. En una extensa intervención, afirmó que a lo largo de todo el debate el oficialismo no pudo señalar “un solo artículo” que mejore la situación de los trabajadores y advirtió que la iniciativa avanza sobre derechos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales, en particular el artículo 14 bis.

Recalde puso el foco en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que calificó como “el punto más escandaloso” del proyecto, y lo comparó con el sistema de las AFJP. Sostuvo que el fondo desprotege frente al despido arbitrario, subsidia los despidos y desfinancia a la Anses, mientras beneficia a administradoras privadas y a grandes empresas. Según explicó, el esquema perjudica especialmente a las pymes, que necesitarían años de aportes para cubrir una indemnización, mientras que las grandes compañías podrían hacerlo en pocos meses.

El senador rechazó el argumento oficial de que la reforma generará empleo y recordó que durante anteriores procesos de flexibilización laboral —como en los años noventa, durante el gobierno de la Alianza o con la reciente Ley Bases— no se crearon puestos de trabajo registrados. Por el contrario, citó cifras que dan cuenta de la pérdida de empleo formal y el cierre de empresas en el último año y medio. En contraste, reivindicó el período 2003-2015, cuando, según señaló, se crearon millones de puestos de trabajo y más de 230 mil empresas, aun con mayores derechos laborales y doble indemnización.

También cuestionó los cambios en materia de litigiosidad laboral y denunció que la reforma endurece las sanciones para los trabajadores que reclaman derechos mientras elimina penalidades para los empresarios con conductas temerarias o evasivas. Advirtió que se limita el principio del in dubio pro operario, se altera la norma más favorable y se priorizan convenios por empresa aun cuando resulten menos beneficiosos que los sectoriales, afectando pilares centrales del derecho laboral.

Recalde sostuvo además que el proyecto amplía los períodos de prueba, facilita los despidos sin preaviso, debilita la protección de trabajadoras de casas particulares y excluye a sectores como los trabajadores de plataformas y quienes firman contratos de locación de servicios del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo. En ese marco, alertó que se refuerza la idea de que “vale más lo que se firma en un papel que lo que ocurre en la realidad”, en contradicción con la doctrina constitucional.

En el tramo final de su exposición, el senador negó que la iniciativa tenga algo de “moderna” y afirmó que retoma contenidos de la Ley Banelco y de reformas laborales del pasado. También advirtió que el problema central de los trabajadores no es la falta de flexibilización, sino la caída del poder adquisitivo, con salarios pisados, paritarias limitadas y aumentos por debajo de la inflación. “Esta ley busca equiparar para abajo y legalizar incumplimientos”, sostuvo, y adelantó que Unión por la Patria votará en contra, con la expectativa de que en la discusión en particular algunos artículos puedan ser rechazados.

Quiénes dieron el quórum para tratar la reforma laboralReforma Laboral – Senado – Recinto (RS Fotos)

El quórum para iniciar la sesión en el Senado se construyó con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR y un conjunto de bloques provinciales y aliados. Además del oficialismo, aportaron senadores el Frente Cívico de Córdoba, Provincias Unidas, Independencia, La Neuquinidad, Primero los Salteños, Despierta Chubut y el Frente Renovador de la Concordia, además del Frente PRO, que sumó varias bancas clave para alcanzar el número reglamentario.

La Unión Cívica Radical también fue determinante para habilitar el debate, con la presencia de sus senadores, mientras que el oficialismo aportó la totalidad de su bloque. El quórum se alcanzó sin la participación del interbloque peronista y con una mayoría armada sobre la base de acuerdos con gobernadores y fuerzas provinciales, que se convirtieron en un actor central para que el Gobierno pudiera abrir la sesión y avanzar con el tratamiento de la reforma laboral.

El Ministerio de Justicia ordenó la centralización de legajos sin movimiento de los últimos 15 años, una medida que profundiza la digitalización del sistema registral y reduce tareas en las dependencias, en el marco de la reforma que impulsa el oficialismo

La mayor complejidad que debe enfrentar la reforma del sistema Registral del automotor para poder lograr la transformación prometida por el Gobierno que le permita eliminar los Registros de la Propiedad Automotor está en la digitalización de miles de legajos que todavía están en poder de las diferentes dependencias distribuidas en todo el país.

Este lunes, a través de la disposición 58/2026 del Ministerio de Justicia publicada en el Boletín Oficial, se estableció que todos los Registros del Automotor deben separar y enviar los Legajos B de dominio de automotores que no hayan tenido ningún movimiento en los últimos quince años a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor. Esto contempla a los dominios que no hayan solicitado una reimpresión de patentes, informe de dominios, cédulas de conductores autorizados (ex cédula azul), y que, por supuesto, tampoco hayan registrado la venta y transferencia de los vehículos entre otros trámites registrales.

El procedimiento dispuesto implica varias etapas. En primer lugar, el Departamento Registros Seccionales de la Dirección Nacional comunicará a cada Registro Seccional, mediante correo electrónico oficial, la nómina de Legajos B alcanzados por la medida. A partir de esa notificación, cada Registro Seccional contará con un plazo de quince días hábiles para apartar, ordenar y embalar adecuadamente estos legajos, con el objetivo de su posterior traslado y guarda centralizada por parte de la Dirección Nacional.

Una vez que los Legajos B sean retirados de los Registros Seccionales, se procederá a su migración en el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA), incorporándolos al inventario del Registro centralizado. De esta manera, la trazabilidad y el acceso a la información se mantendrán vigentes a través de los sistemas digitales, aun cuando la documentación física se encuentre bajo custodia central.La medida establece un procedimiento para migrar documentación al sistema digital

En caso de que se solicite un trámite sobre un dominio cuyo Legajo B haya sido archivado centralmente, el Registro Seccional deberá requerir, a través del Sistema de Asignación Electrónica (ACE), la remisión de un “Certificado Dominial” conforme lo prevé la normativa vigente.

Aunque se haya intentado hacer en menor tiempo, la transformación del sistema registral automotor argentino está articulado en un esquema de funcionamiento histórico que incluye una interacción con el ente cooperador ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), cuestionado por administrar recursos y recaudar por la venta de formularios y distribución de material registral que debería corresponder al Ministerio de Justicia.

Paso a paso

Parte del trabajo para desmantelar el viejo sistema, que generó durante décadas grandes cajas utilizadas con fines políticos a partir de la asignación de titulares de Registros del Automotor, comenzó en 2024 con el cierre e intervención de dependencias, y con la eliminación de trámites y formularios que permitieron reducir el costo para los usuarios y limitar las ganancias extraordinarias de los Registros.

El proceso incluyó la creación del RUNA (Registro Único Nacional Automotor), primero para motos y después para automóviles, por medio del cual se permite (no es obligatorio sino optativo para los compradores) centralizar el trámite en las concesionarias mismas, sin tener que recurrir a un Registro del Automotor para tramitar el alta de un vehículo 0km y retirar la documentación registral como el título de propiedad y las chapas patente.

Este sistema todavía no está funcionando totalmente y tiene ajustes para hacer, especialmente en muchas localidades del interior donde en los concesionarios toman el trámite pero no lo completan, generando que los usuarios tengan que recurrir igualmente al Registro Automotor. Probablemente sea parte del proceso de instaurar un mecanismo digital, pero en la actualidad incluso genera una sobrecarga de trabajo es las dependencias, que deben tomar el alta de las unidades que siguen tramitándose por el canal convencional pero rastrear cada inquietud de usuarios que requieren completar los trámites iniciados en una concesionaria.

El desafío, sin embargo, no radica únicamente en generar el ecosistema totalmente digital, sino también establecerlo como modo de funcionamiento para usuarios, concesionarios y Registros. La migración a la digitalización ya comenzó con la Licencia Nacional de Conducir, con la autorización de manejo a terceros y con la cédula de identificación del automotor digital en la app MiArgentina, que ya funcionan sin inconvenientes después de un período de tiempo que implicó la migración de un modo analógico a uno digital.

Comenzar con la guarda y centralización de los legajos de dominios sin actividad en los últimos 15 años es un paso mucho más importante de lo que parece. Significa empezar a tener el control de toda la documentación que está en poder de los Registros del Automotor y que impide dar el primer paso para su transformación.