El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos abrió formalmente la segunda etapa de investigación en la causa conocida como “contratos truchos” de la Legislatura provincial, una trama de corrupción que, según la acusación, provocó un desfalco al Estado superior a 53 millones de dólares entre 2008 y 2018.
La nueva investigación lleva la firma de los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, quienes ya participaron en la elevación a juicio de la primera etapa del expediente y cuentan con trayectoria en investigaciones por delitos contra la administración pública.
En esta segunda fase, la pesquisa promete avanzar sobre un punto que hasta ahora había quedado fuera del foco judicial: las responsabilidades políticas dentro de la estructura legislativa que permitió el funcionamiento del mecanismo fraudulento durante una década.
Los nombres bajo la lupa
Cuando en 2021 la causa fue elevada a juicio, la investigación se concentró principalmente en responsables administrativos, empleados legislativos y estudios contables que habrían montado la arquitectura de los contratos irregulares. Sin embargo, la acusación dejó fuera a quienes ocupaban la conducción política de las cámaras legislativas.
Si se toma como referencia el período en que se habría desarrollado la maniobra —entre 2008 y 2018—, la nueva investigación podría alcanzar a ex vicegobernadores de Entre Ríos como Pedro Guillermo Guastavino, José Eduardo Lauritto, José Cáceres y Adán Humberto Bahl.
También podrían quedar bajo análisis los expresidentes de la Cámara de Diputados durante ese período, José Ángel Allende y Sergio Urribarri.
La investigación contempla además la posibilidad de avanzar sobre quienes ejercían la vicepresidencia primera del Senado en caso de que se determine que algunos vicegobernadores no firmaban directamente los contratos. En ese contexto aparece mencionado el exlegislador Aldo Ballestena, representante del departamento La Paz.
La mayor investigación por corrupción en Entre Ríos
La causa de los contratos legislativos es considerada la investigación más grande por corrupción en la historia de Entre Ríos.
Su origen fue casi casual. En la primavera de 2018, un policía detectó movimientos sospechosos en un cajero automático de Paraná, donde una persona operaba múltiples tarjetas de débito retirando dinero de forma sistemática. La alerta derivó en una investigación que terminó exponiendo un esquema de contrataciones irregulares dentro de la Legislatura.
Según la hipótesis fiscal, una organización integrada por empleados legislativos, profesionales contables y particulares habría utilizado contratos ficticios para desviar fondos públicos. En muchos casos se recurrió a “prestanombres”, falsificación de firmas, endoso de cheques y extracción sistemática de dinero.
La presunción de los investigadores es que parte del dinero sustraído habría sido destinado a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
Un expediente que estuvo años paralizado
El 1º de junio de 2021 los fiscales dieron por cerrada la investigación penal preparatoria y solicitaron la elevación a juicio oral. Sin embargo, las defensas plantearon que el expediente debía tramitarse en la Justicia Electoral, argumentando que el dinero desviado habría sido utilizado para financiar campañas políticas.
El planteo fue aceptado por el juez federal Daniel Alonso, lo que derivó en un extenso conflicto de competencia que pasó por la Justicia Electoral y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, paralizando la causa durante años.
Recién en 2024 el expediente volvió a la órbita de la justicia provincial, y en 2025 comenzaron las audiencias vinculadas al proceso de elevación a juicio oral.
Lo que viene
Actualmente el caso tiene 17 imputados, luego de que varios involucrados accedieran a suspensiones de juicio a prueba o probation.
Si se cumple el calendario judicial previsto, la primera etapa de la causa (“Contratos truchos I”) debería avanzar hacia el juicio oral en mayo de este año.
En paralelo, el nuevo expediente buscará responder una pregunta que sobrevuela desde el inicio del escándalo:
quiénes fueron los responsables políticos que permitieron —o se beneficiaron— de uno de los mayores desfalcos al Estado entrerriano.
Nahuel Gallo estuvo junto la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva (RS Fotos)
