El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, participó del último día de faena de 1.180 ovejas y corderos provenientes de productores entrerrianos de los departamentos Concordia y Gualeguay, realizada en el Frigorífico Argentina Alimentos, propiedad de Maximiliano y Clemar Bellesi, en la ciudad de Gualeguay.
La operatoria se enmarca en una iniciativa que busca ampliar las oportunidades de comercialización para la producción ovina entrerriana, a partir del trabajo articulado entre productores, industria frigorífica y operadores comerciales. El proceso de exportación está a cargo de Tomás Pirán, comerciante con experiencia en el rubro cárnico, principalmente en mercados vinculados a la Patagonia argentina.
El proyecto comenzó a gestarse hace casi un año, a partir de un encuentro mantenido en la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires entre Pirán y Mouliá, donde se evaluaron las condiciones productivas, sanitarias y logísticas necesarias para avanzar en esta operatoria, que permite volver a incorporar a la provincia, después de varias décadas, a este segmento del comercio exterior.
Al respecto, Mouliá señaló: “Este tipo de iniciativas muestran el potencial que tiene Entre Ríos para integrarse a nuevos mercados. Contamos con productores, capacidad industrial y volumen de stock ovino para acompañar este proceso y seguir generando oportunidades para el sector productivo provincial”.
Entre Ríos cuenta actualmente con más de 600.000 cabezas de ovinos, con posibilidades de crecimiento, y con industrias frigoríficas dispuestas a brindar los servicios necesarios para el desarrollo de la actividad. En este sentido, se destacó la importancia de acompañar el crecimiento del sector con inversiones que permitan ampliar la capacidad operativa a medida que aumenten los volúmenes de producción y exportación.
En esta primera etapa, los acuerdos comerciales se están concretando con países árabes, bajo las normas del Rito Halal, lo que permite ampliar el acceso a mercados internacionales específicos para la producción ovina entrerriana, expresó Tomás Pirán. El primer contenedor tendrá como destino el Sultanato de Omán, con salida prevista para el 6 de enero de 2026 desde el Puerto de Buenos Aires.
Finalmente, Mouliá remarcó: “Desde el Gobierno de Entre Ríos es indispensable este tipo de articulaciones público-privadas, que permiten diversificar la matriz productiva, agregar valor y fortalecer el desarrollo económico de la provincia”.
Se trata de María Regina Escobar, esposa de Jorge Luciano Bertón, quien habría alertado a su marido por la desaparición del menor.
La nuera de María Victoria Caillava, una de las detenidas por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que permanece desaparecido desde 2024, declarará este martes ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.
Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que María Regina Escobar, la esposa de Jorge Luciano Bertón, comparecerá a partir de las 7:30 en la provincia de Corrientes.
La mujer iba a prestar testimonio el jueves 18 de diciembre pero la audiencia se suspendió porque “estaba en el campo” y “se atrasó”.
Personal de la División Unidad Operativa Federal Goya notificó a la testigo, domiciliada en la localidad de 9 de Julio, Departamento San Roque, para que concurra media hora antes del inicio de la declaración y fue “apercibida de ser conducida por la fuerza pública en caso de incomparencia injustificada (artículo 154 Código Procesal Penal de la Nación)”, sostiene el escrito al que accedió NA.
Los querellantes habían solicitado que la mujer sea citada a declarar al indicar en un documento que “Bertón”indicó que “Escobar fue quien le comentó por primera vez sobre la desaparición del damnificado (a través de un estado de WhatsApp de una vecina), y que se encontraban juntos en el campo cosechando zapallitos el día jueves 13 de junio”.
En este sentido,“también refiere que su esposa lo acompañó al campo ‘La Florida’ de 8 a 12 y luego a la tarde 16.30 hasta las 20.30/21.00 y que incluso participó con él del traslado de animales, circunstancia que ella podría confirmar o refutar”, agrega el texto.
El juicio
El próximo 27 de febrero de 2026 a las 09.30 se llevará a cabo la primera de las varias audiencias preliminares destinadas a la presentación de pedidos de las defensas, designación de la prueba presentada y de los testigos.
A su vez, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso “acumular los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2”, motivo por el cual habrá 17 acusados que llegan a juicio oral.
Siete de los procesados están acusados por la sustracción y ocultamiento del pequeño: Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.__IP__
Mientras que otros 10 están acusados de diversos delitos, entre ellos, por manipular testimoniales, entorpecer la investigación y defraudar a la administración pública.
En el intrincado paisaje de nuestra realidad, un componente fundamental que nos ayuda a moldear la percepción es charlar con personas sobre cuestiones que generan opiniones y debates interesante. La oralidad es una herramienta poderosa para construir y mantener vínculos basados en la confianza y la transparencia.
En ocasiones suelo pasar por un puesto de venta de garrapiñada de un compañero, lugar en que siempre el silencio se vuelve incomodo, donde se plantean un sinfín de temas, que van desde cuestiones cotidianas hasta dilemas éticos. En esta oportunidad, atrapo mi atención dos cuestiones que se planteaba: “pareciera que los argentinos queremos ser una colonia de los gringos” y otra más doméstica, “¿las cosas que se les escucha al intendente Azcue es verdad o es tan solo palabras?
La percepción no es una mera interpretación, es una construcción activa que permite moldear la comprensión, en este caso, estamos los argentinos en camino a un control casi colonial. Está claro que el mundo está cambiando aceleradamente bajo la doble presión: la dinámica económica y las pugnas geopolíticas. ¿Actualmente sigue siendo pertinente la categoría de imperialismo?
Es una etapa más del desarrollo capitalista. En cuanto a la forma que adopta, ya no es expansionismo militar, es económica, basado en la conquista de territorios para explotar y utilizarlo económicamente.
Una singularidad del imperialismo actual es la estrecha relación del capital financiero y la geopolítica. Milei ha dejado claro que su alineamiento geopolítico es Washington. La sintonía con Trump, tiene un costo, obliga a un sentimiento anti chino. ¿Milei intentara cortar con China, que ha operado como banquero y es nuestro principal destino de exportaciones del agro?
El embajador norteamericano Peter Lamelas anticipo que no venía a ser neutral, su prioridad es “vigilar a las provincias que no realicen acuerdos con los chinos” y así garantizar que los recursos como energía y minerales críticos beneficien a inversiones norteamericanas. Que supervise las relaciones comerciales de las provincias es una desviación de las convenciones diplomáticas y afecta a los principios de soberanía. Es claramente un acelerado deslizamiento hacia una condición neocolonial, en línea con la doctrina Monroe.
Hace un par de días, en un mitin de la Fundación Faro, usina de la ultraderecha, medio centenar de empresarios, vivaron y aplaudieron a rabiar, el presupuesto 2026, las reformas laboral, fiscal, judicial, un modelo pro-empresa. Claramente se busca integrarnos a la cadena de valor norteamericana y precarizar aun mas el trabajo nuestro.
Un dato: hasta los nuevos sellos ministeriales del gobierno mileista tienen la iconografía institucional de los Estados Unidos, lejos de la tradición argentina. Es una sumisión excesiva. Fragilidad Intrínseca diría un querido profesor.
Nada me grafica mejor de lo que compartí charlando con esta gente, es el tremendo distanciamiento de entendimiento entre nuestra dirigencia y la gente. Lamentablemente hay dirigentes que no solo desconocen el razonamiento que les brinda diariamente la realidad a miles de ciudadanos sino, que todavía no dan una explicación de su responsabilidad al abrir las puertas a un gobernador, un intendente y un presidente excéntrico que lleva a cabo con infinita crueldad y lento pero letal genocidio de vulnerables.
EL INTENDENTE AZCUEen su laberinto de la verdad devaluada
En una reciente ¿entrevista?, el intendente destacó que viene a ser “el cambio de paradigma en la forma de hacer política”. Reafirmo el compromiso de trabajar con todas las instituciones y personas porque “lo importante es lo que viene”. Resalta el desarrollo de proyectos estratégicos y de la planificación de un ecosistema productivo y comercial que va a permitir a Concordia ser un nodo regional de distribución y servicios. Según explicó, Concordia comienza a dejar atrás un modelo asistencialista que “anestesiaba” a los sectores más vulnerables para avanzar hacia un esquema que brinda herramientas, exige compromiso y promueve la cultura del trabajo, sin explicar absolutamente NADA. Incluso no se conoce del trabajo interdisciplinario que miden las metas conseguidas.
Si bien es cierto que los cambios en los desarrollos históricos es uno de los tópicos que más atracción se genera en política, una cosa es convencer que se tiene la vocación de hacer tabula rasa con el pasado y otra muy distinta es hacerlo. Es costumbre en los gobernantes distorsionar la realidad valiéndose del pasado, para construir relatos funcionales a sus propios intereses. Lo que se busca, principalmente, es crear una imagen de solidez y continuidad. Muchas veces son proclives a parecerse demasiado a los que pretende desplazar.
Si hacemos una trazabilidad del Proto acuerdo de voluntad de transformación del intendente, desde el principio mintió, nunca convoco a las fuerzas políticas y trabajadores. Es más, entre los puntos que componen su Pacto no hay referencia sobre trabajo y empleo el principal problema de Concordia. Lo que mostro respecto a esto, es despidos de decenas de trabajadores con retribuciones miserables y estigmatización.
El intendente siempre recuerda que su gestión comparte una misma hoja de ruta con el gobierno de Milei, porque entiende que esto sirve para que Concordia vuelva a ser la ciudad prospera con futuro para todos. Es interesante recordar lo que Hannah Arendt explicaba como los sistemas generan injusticias, no solo mediante el odio y la discriminación, sino a través de la obediencia ciega a decisiones técnicas deshumanizadas. A este fenómeno lo llamo “la banalidad del mal” y esto deja claro que apoyando a rajatabla al modelo mileista, el daño lo normaliza y su política se vuelve insensible. No son poco los contrastes en la planificación colectiva prometida por el intendente.
Sería muy interesante saber en rueda de prensa, con preguntas y repreguntas, que impactos tuvieron las desregulaciones que apoyó con entusiasmo a hace dos meses a Sturzenegger, explicarles a los que alquilan, por ejemplo. También que establezca como impacta en el ámbito económico, comercial y fundamentalmente en los salarios de los trabajadores las políticas que defiende.
Sino se desprendería que la unidad de los concordienses que propone, es solo apoyar al modelo que, entre otras tantas cuestiones, castiga a los propios recursos del municipio. El sentimiento del voto al intendente Azcue, no fue para respaldar propuestas tan regresivas.
Azcue no es solo un enamorado del modelo de Milei también se enamoró las mismas formas de actuar: hostigar y estigmatizar al periodismo crítico. Esto no es un fenómeno espontáneo, es una estrategia para disciplinar las criticas y reconfigurar el debate público. Lo intenta hacer con la pauta publicitaria (lo admiten). Califico públicamente de “mercenario, mentiroso y descarado”al periodista Claudio Gastaldi. Pero la realidad, la ordenanza tributaria aprobada, nos muestra que el periodista “no es ni mentiroso ni mercenario”.
Una de las bocas de expendio de la gestión Azcue, con sesgos fascista en cada una de sus intervenciones, es el concejal Felipe Sastre. El discurso fascista muchas veces queda en manos de idiotas útiles. Su función es radicalizar el mensaje.
A dos años de gestión, se percibe la misma lógica maquiavélica libertaria: faltar a lo prometido, falsear la realidad y la descalificación al que no piensa igual. Vale recordarle tanto al gobernador como al intendente aquello que “si te portas como alfombra, no te quejes si te pisan”.
Me quedo flotando la reflexión final de mi amigo el vendedor de garrapiñada: ¿Quién capitaliza esto?
Con la Navidad y el Año Nuevo a la vuelta de la esquina, muchas familias buscan mantener las tradiciones sin desbordar el presupuesto. El vitel toné, infaltable en la mesa argentina, admite versiones más económicas si se elige bien el corte: hay alternativas tiernas, rendidoras y mucho más baratas que el clásico peceto.
Llegan las Fiestas y los menús tradicionales vuelven a ocupar el centro de la escena. Pero en un contexto de precios en alza, cada decisión en la carnicería importa. No se trata solo de ahorrar, sino de encontrar cortes que funcionen bien en preparaciones frías, con salsas y pensadas para compartir.
En ese escenario, empieza a ganar protagonismo un corte que históricamente quedó relegado frente a la carne vacuna. Se cocina fácil, es más accesible y sorprende por su textura y versatilidad: una opción que cada vez más cocinas argentinas adoptan para reinventar clásicos sin resignar sabor.
El solomillo de cerdo: la alternativa más barata para el vitel toné
El solomillo de cerdo es un corte alargado y fino que se obtiene de la parte interna del lomo. Se destaca por su suavidad natural y su cocción pareja, dos cualidades clave para preparaciones como el vitel toné, donde la carne debe quedar tierna y jugosa incluso fría.
Es magro, de fibra corta y con muy poca grasa visible. Su sabor suave permite que absorba bien caldos, adobos y salsas, lo que hace un resultado delicado y equilibrado. A nivel nutricional, aporta proteínas de alto valor biológico, vitaminas del complejo B —especialmente B1— y minerales como hierro y zinc, con menor contenido graso que muchos cortes vacunos.
Vitel toné de solomillo.
Cómo conseguir solomillo de cerdo más barato en carnicerías
Además de su precio base más accesible, el solomillo de cerdo puede encontrarse aún más barato aprovechando promociones bancarias. Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, ofrece descuentos de hasta el 35% en carnicerías adheridas.
Si el kilo de solomillo ronda entre $10.000 y $12.000, con el beneficio activo el valor final puede bajar a un rango de $6.500 a $7.800. Un ahorro clave para las compras de Fiestas. Para que aplique el descuento, el pago debe realizarse exclusivamente desde la billetera digital Cuenta DNI, mediante QR y respetando los topes y días habilitados de cada promoción.
Documentación personal, exigencias para viajar en auto, recomendaciones sanitarias y el costo de renovar el DNI antes de cruzar por Paso de los Libres o Santo Tomé.
Antes de la llegada de un nuevo año, inicia la planificación de las vacaciones, Brasil vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos por los correntinos. La cercanía geográfica y los pasos fronterizos de Paso de los Libres–Uruguaiana y Santo Tomé–São Borja hacen que miles de viajeros crucen cada temporada, por lo que conocer con anticipación los requisitos vigentes para 2026 resulta clave para evitar demoras o inconvenientes.
Documentación personal: lo indispensable
Para ingresar a Brasil por turismo, los ciudadanos argentinos no necesitan visa y pueden permanecer hasta 90 días. Sin embargo, es obligatorio presentar DNI tarjeta o pasaporte vigente, siempre en formato físico y en buen estado. Las autoridades migratorias no aceptan versiones digitales desde el celular ni documentos dañados. En el caso de menores de edad, además del documento, se debe acreditar la filiación mediante partida de nacimiento o libreta de matrimonio, y si el viaje se realiza con uno solo de los progenitores o sin ellos, se exige una autorización de viaje emitida por escribano, juez de paz o autoridad migratoria.
Si el viaje es en auto desde Corrientes
Quienes opten por viajar en auto desde Corrientes deberán contar con la documentación completa del vehículo y del conductor. Es obligatorio disponer de cédula de identificación válida, licencia de conducir argentina vigente y un seguro Mercosur con cobertura internacional, además del grabado de dominio en los cristales. Para agilizar los controles, especialmente en Paso de los Libres, se recomienda completar previamente el pre-registro migratorio online de la Policía Federal de Brasil.
En materia sanitaria, Brasil no exige actualmente vacunas obligatorias para el ingreso y no solicita certificados COVID-19. No obstante, los especialistas recomiendan aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla si el viaje incluye zonas selváticas o rurales. También se aconseja contratar un seguro de salud o asistencia al viajero, ya que permite cubrir eventuales gastos médicos durante la estadía.
Otro punto a tener en cuenta es la vigencia del DNI. Para quienes necesiten renovarlo antes de viajar, hacerlo con tiempo puede significar un ahorro importante. A diciembre de 2025, el trámite regular tiene un costo de 7.500 pesos, mientras que las opciones exprés incrementan el valor según la urgencia, llegando hasta 40.500 pesos para la entrega en pocas horas. Desde los organismos oficiales insisten en no dejar este trámite para último momento, especialmente en temporada alta.
Finalmente, para los correntinos que planean cruzar la frontera en 2026, la recomendación es organizar el viaje con anticipación, revisar la documentación personal y vehicular y prever posibles demoras en los pasos internacionales. Una preparación adecuada puede marcar la diferencia entre un inicio de vacaciones sin sobresaltos y largas esperas en la frontera rumbo a Brasil.
Juicio político, segundas líneas y una vacante demasiado tentadora**
En Entre Ríos, los juicios políticos rara vez se explican por lo que figura en los expedientes. Detrás de los tecnicismos, los descargos jurídicos y las declaraciones formales, suele haber algo más: poder, vacantes, equilibrios rotos y nombres que no aparecen en los títulos pero sí en las decisiones.
El caso de Susana Medina de Rizzo parece encajar, una vez más, en esa lógica.
El expediente dice una cosa, la política otra
Formalmente, la vocal del Superior Tribunal de Justicia enfrenta dos denuncias graves: ausencias prolongadas de la jurisdicción durante años completos y un presunto conflicto de intereses por aportes del Banco de Entre Ríos a la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, organización que Medina integra y preside. A eso se suma el cuestionamiento sobre la marcha de su despacho, con cifras de morosidad que ella niega de plano.
En su descargo, Medina hace lo esperable: niega todo, denuncia persecución institucional, pide el rechazo in limine y se presenta como víctima de un mecanismo de hostigamiento que amenaza la independencia judicial. Jurídicamente, su defensa está bien armada. Políticamente, llega tarde y sin respaldo.
Porque si algo queda claro es que Medina está sola.
La soledad como síntoma
No hay pronunciamientos fuertes del Poder Judicial en su defensa. No hay operadores visibles que salgan a bancarla. No hay señales de que alguien esté dispuesto a pagar el costo político de sostenerla.
En los tribunales se comenta —en voz baja— que su salida es casi un hecho. No por la contundencia del expediente, sino porque ya nadie la necesita en ese lugar.
Y ahí empieza a aparecer la segunda línea del caso.
El verdadero botín: una silla en el STJ
El juicio político avanza con una velocidad inusual porque habilita algo mucho más valioso que una sanción ejemplar: una vacante en el Superior Tribunal de Justicia.
El oficialismo de Rogelio Frigerio tiene la mayoría en Diputados para impulsar el proceso. El peronismo, lejos de resistir, parece dispuesto a acompañar. Las diferencias internas existen, pero no alcanzan para frenar la maquinaria.
La historia se repite: Chiara Díaz, Castrillón, antes. Ahora Medina. Denuncia, presión, desgaste, jubilación anticipada. El procedimiento rara vez llega a su fin. El resultado, casi siempre, es el mismo.
¿Quién empuja desde las sombras?
En Casa de Gobierno dejaron trascender que detrás de Medina estaría Guillermo Michel. El argumento es endeble y roza lo anecdótico: un voto en el Tribunal Electoral que benefició a Mauricio Davico, intendente de Gualeguaychú. Demasiado poco para explicar una operación de esta magnitud. Más parece una cortina de humo que una hipótesis seria.
Otros apuntan hacia la ONG Entre Ríos Sin Corrupción, surgida al calor del jury contra Cecilia Goyeneche. No es un dato menor: ese espacio ya demostró capacidad de presión, instalación mediática y vocación por incidir en la conformación del poder judicial.
En los pasillos se dice algo más concreto: hay un nombre dando vueltas para ocupar la vacante. Y cuando eso ocurre, el resto es trámite.
Frigerio, Romero y el control de daños
Que el gobernador se reúna en su casa con los diputados de la Comisión de Juicio Político no es un gesto inocente. Que Rosario Romero haga lo propio con el bloque del PJ, tampoco.
Ambos saben que el problema no es solo Medina, sino el precedente. Frigerio pide “responsabilidad” mientras deja correr el proceso. Romero intenta frenar, pero llega sin fuerza. El peronismo, dividido y debilitado, parece más preocupado por no quedar expuesto que por defender una posición institucional coherente.
El discurso de la ética y la práctica del poder
Medina habla de independencia judicial. Sus denunciantes hablan de ética pública. Pero el sistema muestra otra cosa: el juicio político como herramienta de reordenamiento interno, no como mecanismo excepcional.
Las ausencias, las licencias, los viajes y los vínculos institucionales pueden ser discutibles. Lo que no se discute es que durante años fueron tolerados. El problema no es lo que hizo Medina, sino cuándo dejó de ser funcional.
La pregunta incómoda
Entonces, la pregunta no es si Susana Medina es culpable o inocente. La verdadera incógnita es otra:
👉 ¿Quién gana con su salida y quién pierde si se queda?
Cuando la respuesta aparece clara, el expediente pasa a segundo plano.
Y en Entre Ríos, como tantas veces, la justicia vuelve a ser el escenario donde se dirimen disputas que poco tienen que ver con la ley y mucho con el poder.
Redacción: Análisis Litoral con información de Entre Ríos Ahora / Pagina política /pagina Judicial
Las comunicaciones, originadas desde un mismo número, incluyeron mensajes intimidatorios que motivaron la intervención de organismos encargados de la protección institucional
Las advertencias incluyeron frases como “mañana le quemamos el país entero” y “vamos a prender fuego el país”
En la tarde de este miércoles, la rutina de los operadores de la Línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional se vio interrumpida por un par de llamadas que, lejos de la habitual consulta o denuncia ciudadana, trajeron consigo un tono de amenaza, con advertencias explícitas sobre la posible comisión de hechos violentos de alcance general dirigidas a las autoridades nacionales.
Desde el entorno de Particia Bullrich —ex ministra y actual senadora nacional—, informaron que la primera comunicación, se escuchó: “Avísale a tu Ministra que mañana le quemamos el país entero, íntegro”. Actualmente, la titular de la cartera es Alejandra Monteoliva, quien asumió su cargo hace dos semanas.
Minutos después, se realizó una segunda llamada, en la cual reiteraron la amenaza: “Mañana vamos a prender fuego el país”. La comunicación no terminó ahí. “¿Cómo podés estar trabajando para esta basura?”, continuó el interlocutor.
or que ella: estaba solaEl contenido de las amenazas generó preocupación por posibles hechos violentos de alcance general
La Coordinación de Denuncias de la Línea 134 verificó que ambos llamados, realizados a las 16:38 y 16:45, provinieron del mismo número telefónico.
El Ministerio de Seguridad judicializó el caso, al considerar que las expresiones tenían carácter intimidatorio y aludían directamente a la posibilidad de actos violentos masivos, lo que representa un hecho relevante para la seguridad institucional y pública.
Hace tan solo unos días, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo recientemente a un vecino de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza, acusado de haber amenazado de muerte al presidente Javier Milei.
La investigación comenzó en septiembre, cuando la División Seguridad Presidencial de la fuerza federal detectó un mensaje publicado por un usuario apodado “Martiancorp” en una reconocida red social.
El posteo decía: “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda”.Ante este mensaje, la División Delitos Constitucionales comenzó las tareas para identificar al responsable, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación y con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, y la Secretaría N°24 de María del Pilar Cavallero.
A partir de análisis de datos y otras medidas de investigación, se estableció que el autor de la amenaza sería un joven argentino de 21 años, residente en un domicilio sobre la calle Velazco, en González Catán. El joven quedó detenido y a disposición de la Justicia.
¿Qué es la Línea 134?
La Línea 134 es el canal telefónico institucional y gratuito del Ministerio de Seguridad para la recepción de denuncias, sugerencias y reclamos en materia de seguridad. Se trata de un servicio de alcance federal, en funcionamiento las 24 horas del día, todos los días del año, en el que las personas denunciantes pueden optar por no brindar sus datos personales. La administración de la línea es competencia de la Coordinación de Denuncias, dependiente de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial.
Los procesos de toma, registro, análisis y derivación de las denuncias recibidas se encuentran documentados, y se enmarcan en un Sistema de Gestión de Calidad, el cual obtuvo el certificado de calidad concedido por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).
La línea 134 recibe denuncias sobre delitos federales, de interés federal, irregularidades en el desempeño y la actuación del personal de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales, y todo delito o situación que afecte a la seguridad pública. Entre los diferentes llamados que se reciben se encuentran aquellos que denuncian una presunta situación de trata y explotación de personas y/o delitos conexos, ante lo cual se cuenta con un procedimiento específico para la toma y registro de estas denuncias, en pos de obtener toda la información indispensable que facilite la investigación del hecho denunciado.
Ante la recepción de la denuncia, se evalúa si requieren, por ser casos de Emergencia, la intervención inmediata de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales. Si, en cambio, se tratara de una situación de Urgencia, la misma es remitida vía correo electrónico a la PROTEX, poniendo en conocimiento mediante Expediente Electrónico a la Dirección Nacional de Investigación Criminal.
Se realiza un análisis inmediato de las denuncias recibidas, que consiste principalmente en la búsqueda de antecedentes o coincidencias en los registros disponibles en esta Coordinación de Denuncias, con el propósito de cotejar si lo denunciado ya se encuentra registrado o siendo investigado por el Poder Judicial, a fin de evitar una posible duplicación en las investigaciones. Desde la Dirección de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos contra la Integridad Sexual se realiza una búsqueda de antecedentes sobre los datos que constan en las denuncias recibidas en la línea 134 en el Sistema Federal Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (SISTRATA), siendo tal información remitida a la PROTEX
Susana Medina dio un nuevo paso en su defensa ante la Comisión de Juicio Político: presentó un descargo en el que negó las acusaciones de mal desempeño, pidió el rechazo in límine de las denuncias y dijo estar dispuesta a declarar ante los diputados, aunque pidió hacerlo por vía remota. La suprema enfrenta dos denuncias donde se le atribuyen, principalmente, haberse ausentado de la jurisdicción durante 668 días hábiles, en los períodos 2016-2019 y 2024-2025, equivalentes a tres años judiciales completos, la mayoría de ellas por “capacitación”, “actividades institucionales y académicas” o “actividades de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina”, lo que habría provocado un abandono de sus funciones y retraso en la tramitación de causas; y haber aceptado o gestionado “contribuciones” del Banco de Entre Ríos SA, o fundaciones que le pertenecen, a favor de la AMJA, lo que podría constituir un conflicto de intereses, ya que la Sala del Trabajo, que integra Medina, tiene para resolver causas contra el agente financiero.
El descargo ingresó en horas del mediodía por mesa de entradas de la Cámara de Diputados y será girado a la Comisión de Juicio Político. Tiene la firma de la propia Medina y de sus abogados, Ladislao Uzín Olleros y Andrés Bacigalupo.
En lo esencial, Medina rechazó las acusaciones: “No existe daño institucional, no existe afectación del servicio de justicia, no existe retardo, negligencia, abandono del cargo ni incumplimiento funcional alguno” e insistió en que su despacho se encuentra al día, las licencias han sido aprobadas por el alto cuerpo en aplicación del régimen orgánico que las establece y las cuentas del Poder Judicial durante el ejercicio de su presidencia han sido aprobadas sin objeciones por el Tribunal de Cuentas.
Pero también dedicó párrafos críticos a los denunciantes, al afirmar que las presentaciones en su contra “constituyen un intento manifiestamente improcedente de instrumentalizar el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional contra una magistrada”, algo que ya había planteado públicamente el constitucionalista Diego Armesto, que la asesora en la defensa.
En ese marco es que solicitó que las denuncias sean rechazadas in límine, “no solo por inexistencia de causa, sino como acto necesario de defensa del debido proceso, de la independencia judicial y del sistema republicano de gobierno”, sostuvo.
Negarlo todo
En su descargo, Medina respondió a los hechos que le atribuyen el dirigente gremial Eugenio Jacquemain y la asociación Entre Ríos Sin Corrupción, una entidad que nació al calor del jury contra Cecilia Goyeneche y que ha hecho de esa causa una bandera.
En su descargo dijo que las acusaciones constituyen “una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo”.
En ese punto, señaló que las licencias han sido autorizadas por el STJ y que mayormente se debieron a razones institucionales, al tiempo que enfatizó que los supremos tienen un régimen especial de licencia, diferente a los jueces y camaristas inferiores; del mismo modo que justificó las comisiones de los vocales a tareas inherentes al gobierno del Poder Judicial.
En cuanto a las ausencias por capacitación, aseveró que “es un deber de la magistratura”, aunque insistió en que todas fueron autorizadas por el STJ.
“Muchas de las ausencias y licencias que se me cuestionan han sido para formarme, formar y capacitar a las nuevas generaciones del Poder Judicial de Entre Ríos”, insistió la magistrada en otro tramo de su descargo.
No obstante, insistió que tiene su despacho al día, “sin morosidad”, como lo había hecho en la presentación espontánea que hizo ante la comisión; en respuesta a lo vertido por Entre Ríos Sin Corrupción en su denuncia, que le atribuye una demora en la tramitación de causas del 90 por ciento en 2024 y 88 por ciento en 2025.
Hostigamiento
Respecto del conflicto de intereses que le atribuyen por los aportes del Bersa, o fundaciones vinculadas a la AMJA, dijo: “La descomedida y embozada imputación de haber recibido directa o indirectamente ‘gratificaciones’ de un contratista del Poder Judicial, no resisten el menor análisis”.
En principio, la Comisión de Juicio Político parece haber descartado planteos por irregularidades en la designación de subrogantes ante excusaciones o recusaciones de integrantes del STJ y la prohibición de ingreso a tribunales a ciertos integrantes de Entre Ríos Sin Corrupción por haber protagonizado incidentes en una audiencia donde se debatían asuntos de corrupción contra el exgobernador Sergio Urribarri.
Sobre el primer punto dijo que el orden de subrogancia no es potestad exclusiva suya, “sino que es materia de consideración y aprobación por el pleno”. En cuanto al segundo aspecto, habló de “actos violentos” dijo que la prohibición de ingreso posterior se tomó en un contexto de “emergencia” y “en ejercicio del poder de policía de preservar la integridad y seguridad de magistrados, funcionarios del Poder Judicial y profesionales del derecho”; y enfatizó que los hechos tuvieron tal entidad que el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo una investigación sobre ello.
Por último, Medina insistió en que “las imputaciones formuladas no describen hechos concretos, no individualizan actos jurídicamente reprochables, no identifican normas vulneradas ni acreditan daño alguno al servicio de justicia. Se trata de una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo, que desnaturaliza el instituto del juicio político y lo vacía de su finalidad constitucional, transformándolo en un mecanismo de hostigamiento incompatible con el Estado de Derecho”.Fuente: Página judicial
Avanza la modernización del Centro de Frontera Concordia para agilizar el cruce con Uruguay
El Centro de Frontera Concordia, que conecta la provincia de Entre Ríos con la ciudad de Salto (Uruguay), avanza en un proceso integral de modernización de sus instalaciones con el objetivo de agilizar el tránsito y optimizar la circulación entre ambos países.
Ya se encuentra operativo el nuevo sistema de control migratorio que permite realizar los trámites sin necesidad de descender del vehículo, tanto para quienes ingresan a la Argentina como para quienes viajan hacia Uruguay. Esta innovación apunta a reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia de los usuarios, especialmente en períodos de alta demanda turística y comercial.
Las obras se desarrollan en el marco del Programa de Infraestructura para la Integración, correspondiente al Préstamo FONPLATA 35/17, e incluyen la construcción de un nuevo sector de control aduanero, la renovación integral de la infraestructura existente y una reorganización del tránsito vehicular dentro del complejo. En ese sentido, se incorporaron más cabinas de control de ingreso y egreso, además de una nueva traza vial que facilita los retornos cuando los usuarios no pueden concretar el cruce fronterizo.
Asimismo, se reemplazaron pavimentos deteriorados por nuevos pavimentos de hormigón en las áreas destinadas al control de cargas, y se ejecutan trabajos de reparación en cubiertas, fachadas, solados y cercos perimetrales de los edificios que conforman el complejo. Las tareas continúan principalmente en el sector donde funcionaban las oficinas de Migraciones.
Desde el organismo responsable destacaron que estas mejoras permitirán ordenar y agilizar el tránsito en ambos sentidos, fortaleciendo un paso estratégico para la integración regional y el vínculo cotidiano entre Argentina y Uruguay.
Para conocer el estado del paso fronterizo y los requisitos vigentes de ingreso y egreso, se puede consultar el sitio oficial: 🔗 http://argentina.gob.ar/concordia
La justicia entrerriana tiene sobre sus estrados un rosario de causas por corrupción que involucran a las máximas autoridades políticas de las últimas dos décadas. Mientras algunas condenas ya están firmes y aguardan la decisión de la Corte Suprema, otras investigaciones se encuentran en plena etapa de remisión a juicio, configurando un escenario judicial complejo que definirá el destino de exgobernadores, vicegobernadores, senadores nacionales y altos funcionarios provinciales.
Sergio Urribarri: entre prisión y múltiples causas
El exgobernador y exembajador en Israel Sergio Urribarri concentra la mayor cantidad de frentes judiciales abiertos. Con una condena a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua dictada en 2022 y confirmada por Casación en 2023, su situación procesal sigue siendo volátil. En enero de 2025, el Superior Tribunal de Justicia ordenó su libertad junto a su cuñado Juan Pablo Aguilera tras 50 días de prisión preventiva, mientras aguardan la decisión de la Corte Suprema sobre el recurso extraordinario federal.
Pero la condena por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública no es la única espada que pende sobre Urribarri. La “Causa Coimas”, que lo investiga junto al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, avanza firme hacia el juicio oral. En junio de 2025, el juez de Garantías Julián Vergara resolvió remitir la causa a juicio tras rechazar todas las nulidades presentadas por las defensas. El Ministerio Público Fiscal pide 10 años de prisión para el exgobernador.
La acusación sostiene que Urribarri favoreció ilícitamente a la empresa Relevamientos Catastrales SA, presidida por Cardona Herreros, quien habría sido su testaferro. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano documentaron el pago de sobornos a través de viajes lujosos que el empresario paraguayo financió para la familia Urribarri. La prórroga irregular de contratos y la falsificación de fechas en actos administrativos configuran el núcleo de la imputación.
Además, Urribarri enfrenta una causa por enriquecimiento ilícito que se encuentra en etapa de investigación, donde debe justificar el crecimiento patrimonial experimentado durante su gestión como gobernador entre 2007 y 2015.
Gustavo Bordet: la causa Securitas y la investigación patrimonial
El exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet, que sucedió a Urribarri entre 2015 y 2023, enfrenta dos investigaciones que podrían complicar su situación judicial.
La causa Securitas, que tramita en el Juzgado Federal de San Isidro bajo la instrucción de la jueza Sandra Arroyo Salgado, lo coloca en el centro de un presunto esquema de coimas vinculado a contratos de seguridad privada con ENERSA, la empresa eléctrica estatal entrerriana. Un peritaje de 25.557 páginas de conversaciones de WhatsApp entre los empresarios Claudio y Marcelo Tórtul —procesados por pagar sobornos— menciona a Bordet en 98 ocasiones, con referencias directas a supuestos pagos ilegales que habrían llegado hasta el exmandatario.
Los mensajes, que abarcan desde diciembre de 2016 hasta abril de 2024, incluyen cifras concretas. En uno fechado el 28 de enero de 2019, Claudio Tórtul escribió: “El jueves vamos a pagar Negro Bordet. 1,1 millón”. Otro mensaje del 24 de septiembre de 2018 describe las negociaciones: “El Negro me dijo q si no le damos el 40 saca el pago con el ajuste. Reparte con Bordet Julio y el”. Un mes después se firmó la tercera adenda al contrato con ENERSA.
Aunque Bordet no está formalmente imputado, la investigación involucró la detención en abril de 2025 de Jorge González, expresidente de ENERSA y funcionario clave durante su gestión. En el allanamiento a su domicilio se secuestraron 270.974 dólares, 12.000 euros y casi 700.000 pesos.
Paralelamente, en abril de 2024, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos dispuso la apertura de una investigación sobre el patrimonio declarado por Bordet, aunque hasta el momento no hay imputación formal.
Adán Bahl: entre la causa Securitas y los contratos truchos
El exvicegobernador, exintendente de Paraná y actual senador nacional electo Adán Bahl aparece mencionado en los mismos chats de la causa Securitas que comprometen a Bordet, según reveló el diario Clarín en noviembre de 2025. Si bien no está formalmente imputado, su nombre figura en las conversaciones de los hermanos Tórtul vinculadas a la continuidad de contratos con ENERSA y presuntas gestiones políticas.
Más grave aún es su vinculación con la causa de los contratos truchos legislativos. Aunque no está entre los imputados principales, investigaciones periodísticas lo señalan como una de las autoridades que habrían tenido responsabilidad en el sistema corrupto durante su período como vicepresidente del Senado. Sus hijos, Joaquín y Franco Bahl, fueron contratados irregularmente por la Legislatura en los últimos días de la gestión anterior, contratos que luego fueron anulados por el gobierno de Rogelio Frigerio.
Los contratos truchos: 53 millones de dólares desviados
La megacausa de los contratos truchos legislativos representa el mayor desfalco documentado en la historia reciente de Entre Ríos. Entre 2008 y septiembre de 2018 se desviaron 53 millones de dólares a través de un sistema de contrataciones fraudulentas en las cámaras de Diputados y Senadores.
Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, es señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal. Los fiscales sostienen que Aguilera era el “recaudador” que recibía el dinero extraído de cajeros automáticos por prestanombres que cobraban cheques por servicios nunca prestados. Actualmente con prisión domiciliaria tras la liberación ordenada por el STJ en enero de 2025, Aguilera enfrenta la perspectiva de un juicio oral que, según cálculos judiciales, podría iniciarse a mediados de 2026.
El mecanismo era sofisticado: se contrataban personas que firmaban acuerdos por servicios ficticios, cobraban mediante cheques o transferencias, y entregaban entre el 90% y 95% del dinero a operadores como Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo. Estos, a su vez, trasladaban los fondos a través de intermediarios como Alfredo Bilbao hasta llegar a Aguilera y, presuntamente, a las máximas autoridades legislativas.
Los principales imputados incluyen a Gustavo Pérez: exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado y hombre de confianza de Adán Bahl. Sergio Cardoso: director del Servicio Administrativo Contable de Diputados. Alejandro Almada: cuñado de Aguilera, operador clave del sistema. Roberto Ariel Faure y Alfredo Bilbao: contadores que facilitaban las operaciones
El expediente tiene 32 imputados y la remisión a juicio comenzaría a debatirse en 2025, con proyección de inicio del debate oral en 2026. La complejidad del caso y la cantidad de abogados defensores compartidos con otras causas de Urribarri ha retrasado los plazos procesales.
José Ángel Allende: el caso del juicio abreviado rechazado
El exdiputado provincial del PJ por Nogoyá y titular de UPCN Entre Ríos, José Ángel Allende, protagoniza uno de los casos judiciales más prolongados y complejos del panorama entrerriano. Con 13 años de investigación desde que ANÁLISIS publicó en marzo de 2012 la denuncia periodística que dio origen a la causa, Allende intentó en dos oportunidades cerrar el expediente mediante juicios abreviados que fueron sistemáticamente rechazados por la justicia.
Los juicios abreviados rechazados
En agosto de 2021, Allende llegó a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal en el que reconocía su enriquecimiento ilícito en más de 1.069.841 dólares, delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, y amenazas contra la ministra de Salud Sonia Velázquez y el periodista Martín Carboni. El acuerdo establecía: Pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional; Inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos; Decomiso de su mansión del Parque Urquiza (valuada en 720.922 dólares) y la casa de calle Laprida (378.289 dólares); Multa de 3 millones de pesos.
Sin embargo, el juez Elvio Garzón rechazó el acuerdo, considerando que no cumplía con los requisitos legales. Previamente, en 2020, otro intento de juicio abreviado había sido declarado nulo por la Cámara de Casación Penal.
Según revelaciones periodísticas, el exgobernador Sergio Urribarri habría presionado a Allende para que no firmara el acuerdo: “No arregles nada porque nos vas a cagar a todos. Y somos varios los que estamos en la misma situación que vos. Y yo no quiero que me saquen bienes ni que me inhabiliten de por vida para hacer política”.
Tras el fracaso de los juicios abreviados, la causa continuó su curso. En marzo de 2025, Allende y toda su familia fueron citados a declaración indagatoria. El 30 de junio de 2025, el juez de Garantías N°8 Pablo Zoff dictó el procesamiento de Allende como autor de los delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
También fueron procesados Adriana Guadalupe Satler (esposa): partícipe necesaria en ambos delitos; Diana María Cristina Traverso (exesposa): partícipe necesaria en ambos delitos; Julio Alejandro Allende (hijo): partícipe necesario en ambos delitos; Victoria Allende (hija): partícipe necesaria solo en enriquecimiento ilícito, sobreseída en negociaciones incompatibles
–Los montos del enriquecimiento. Según el procesamiento del juez Zoff, el incremento patrimonial desproporcionado de Allende entre el 1° de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2016 (período en que fue diputado provincial) asciende a 10.481.385,19 pesos y 64.000 dólares a valores históricos, además de conceptos no cuantificados como: Mantenimiento de caballos de carrera; Viajes internacionales. Varios vehículos de alta gama; Participación en sociedades: Radio La Voz de Entre Ríos SA, Haras El Machazo SA, Cardinal Grydim SA; Departamentos en el mismo edificio de lujo donde Edgardo Kueider posee propiedades (Santiago del Estero y Tejeiro Martínez);
El juez determinó que Allende utilizó a sus familiares directos como personas interpuestas para disimular su verdadero patrimonio. Victoria Allende adquirió varios vehículos siendo menor de edad, sin ingresos registrados que justificaran esas compras. Los hijos compartieron con su padre participación en las sociedades mencionadas.
-Negociaciones incompatibles: la Fundación Esperanza. Este delito se atribuye específicamente a José Ángel Allende y Adriana Guadalupe Satler en relación con la “Fundación Esperanza”. Entre el 21 de enero de 2008 y el 5 de diciembre de 2011, Allende habría gestionado subsidios no reintegrables por un total de 984.000 pesos siendo simultáneamente: Presidente y secretario de la Fundación Esperanza; Diputado provincial que avalaba y firmaba los pedidos de subsidios; Satler suscribía los pedidos como presidenta de la fundación, mientras Allende los avalaba como legislador. En dos casos, Allende personalmente solicitó y rindió los subsidios, configurando un claro conflicto de intereses incompatible con la función pública.
Confirmación del procesamiento en noviembre de 2025
Los abogados defensores Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi apelaron el procesamiento, argumentando que:
– La pericia oficial del Cuerpo Técnico del Poder Judicial arrojó resultados favorables a Allende
– Se descartaron ingresos legítimos por motivos formales (documentos ilegibles)
– Se omitieron financiamientos bancarios documentados (como el crédito del Banco BERSA)
– El procesamiento consolidó bienes de otros coimputados como patrimonio de José Allende sin análisis individual
Sin embargo, el 20 de noviembre de 2025, el Tribunal de Apelaciones de Paraná confirmó íntegramente el procesamiento, al considerar que existe el grado de probabilidad requerido para la elevación a juicio. Los fiscales Gonzalo Badano y Sofía Patat defendieron el criterio del perito Héctor Enrique y rebatieron punto por punto los agravios de la defensa.
La prescripción de la causa por amenazas
En paralelo, el 3 de diciembre de 2025, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia resolvió por mayoría declarar la prescripción de la causa por amenazas contra la ministra Sonia Velázquez, revocando la sentencia de Casación. El STJ consideró que los intentos fallidos de juicio abreviado no tenían entidad para interrumpir el curso de la prescripción.
Situación actual y proyección 2026
Allende enfrenta actualmente:
1) Causa por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles: procesamiento confirmado, encaminada a juicio oral en 2026
2) Causa por amenazas a Sonia Velázquez: prescripta por el STJ en diciembre 2025, por lo que la víctima irá a la Corte Suprema.
3) Inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos si prospera la condena
La defensa insiste en que se trata de una “utilización política” del caso, argumentando que Allende “ha enfrentado poderosos intereses corporativos” y que resulta “doloroso e injustificado involucrar a su familia sin elementos probatorios consistentes”.
El caso Allende representa una paradoja judicial: es el único imputado de alto perfil que intentó reconocer su culpabilidad mediante juicio abreviado, pero la justicia rechazó el acuerdo. Ahora, tras 13 años de investigación, enfrenta un juicio oral que podría iniciarse en 2026, convirtiéndose en uno de los procesos más extensos de la historia judicial entrerriana.
Edgardo Kueider: detenido en Paraguay con dos causas por enriquecimiento ilícito
El exsenador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider se encuentra en una situación judicial compleja que involucra dos jurisdicciones. Fue detenido el 4 de diciembre de 2024 en la frontera entre Brasil y Paraguay al intentar ingresar a Ciudad del Este con 211.102 dólares, 640 mil guaraníes y 3,9 millones de pesos sin declarar. Desde entonces permanece bajo arresto domiciliario en Asunción, cumpliendo un año de detención.
En Argentina, Kueider enfrenta dos causas por enriquecimiento ilícito:
-Causa Federal – San Isidro: La jueza Sandra Arroyo Salgado lo investiga por su vinculación con la causa Securitas y presunto lavado de dinero. Kueider fue secretario general de la Gobernación durante el gobierno de Bordet (2015-2019) y representó al Ejecutivo provincial en asambleas de ENERSA, la empresa estatal de energía entrerriana que habría sido el epicentro del esquema de coimas investigado. En marzo de 2025, la magistrada ordenó siete detenciones en el entorno del exsenador, incluyendo a: Javier Rubel (primo): maestro mayor de obras, socio de Kueider en la empresa Betail SA; Rodolfo Daniel González (socio y amigo): empleado del Congreso, dueño de la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que Kueider fue interceptado en la frontera paraguaya; José Carlos Nogueras (contador): procesado con prisión preventiva por su rol en operaciones destinadas a ocultar el origen delictivo del dinero; Adriana Cecilia Crucitta (abogada): socia de González y empleada de la Biblioteca del Congreso; Ezequiel Gustavo Bovetti (contador); Gabriela Patricia Saint Pierre (esposa de Nogueras); Rita Soledad Machuca (exsecretaria de Kueider en la Gobernación).
En abril de 2025, la jueza Arroyo Salgado procesó con prisión preventiva a González, Rubel y Nogueras por lavado de dinero y asociación ilícita. Al resto les dictó procesamiento con arresto domiciliario y tobillera electrónica.
La investigación reveló que Kueider sería propietario de la empresa Betail SA, que posee departamentos y cocheras en un edificio de lujo en Paraná (calle Santiago del Estero 511). Las expensas aparecían a nombre de Iara Guinsel Costa, su exsecretaria en el Senado y actual pareja, quien lo acompañaba cuando fue detenido en Paraguay.
-Causa Provincial – Concordia: El juez Ives Bastián y el fiscal José Arias también investigan al exsenador por enriquecimiento ilícito. Debido al conflicto de competencia entre ambas jurisdicciones, la Corte Suprema deberá dirimir qué juzgado continuará con la investigación.
En Paraguay, Kueider enfrenta un juicio oral y público que comenzará el 20 de abril de 2026 por el delito de contrabando en grado de tentativa. La Fiscalía paraguaya lo imputó junto a Iara Guinsel Costa por no haber declarado los 211.102 dólares al intentar cruzar el Puente de la Amistad desde Foz do Iguaçu.
La expectativa de pena es de hasta dos años y medio. Si la sentencia se acerca a ese techo, podría ser de cumplimiento efectivo. De lo contrario, quedaría en el margen condicional o incluso en una multa.
La jueza Arroyo Salgado sostiene que Kueider formó parte de una “asociación o banda” que perpetró maniobras “destinadas a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras” para otorgar “apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal (cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público)”.
El exsenador solicitó su extradición para ser juzgado en Argentina, pero Paraguay denegó el pedido. Kueider y Guinsel Costa continúan bajo arresto domiciliario en un dúplex del barrio San Vicente de Asunción, tras ser echados en febrero de 2025 del edificio de lujo donde inicialmente cumplían la medida.
Juan José Canosa: condena firme y causa por enriquecimiento ilícito
El expresidente del Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer) Juan José Canosa tiene una condena firme por negociaciones incompatibles con la función pública y enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito que lleva 8 años de trámite.
En septiembre de 2018, un tribunal encabezado por el juez Alejandro Grippo condenó a Canosa a 3 años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La investigación, iniciada por NOTICIAUNO en enero de 2017, reveló que Canosa contrató a empresas vinculadas a su familia mientras presidía Sidecreer entre 2007 y 2015.
Los proveedores favorecidos fueron:
-Excelcom SA: empresa santafesina que facturó insumos informáticos. Detrás estaban su cuñada Alicia Susana Cuestas (pareja de su hermano Carlos Canosa), la hermana de ésta, María José Cuestas, y Diego Aníbal Urba (esposo de María José y amigo personal de Canosa)
-Texmer: proveedora de indumentaria propiedad de Mirta Graciela Gueler, suegra de su hermano Carlos Canosa
-JDR Construcciones: empresa constructora de José Daniel Romero, casado con María del Carmen Paul, hermana de la madre de Canosa
Entre las tres empresas, cobraron de Sidecreer casi un millón de dólares durante el período investigado.
La Cámara de Casación Penal confirmó la condena en diciembre de 2019. En febrero de 2021, la Sala Penal del STJ rechazó el recurso de apelación. Y en noviembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró “inadmisible” el recurso de queja, dejando firme la condena.
Paralelamente, Canosa enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito que se inició en diciembre de 2016 tras una denuncia del entonces senador provincial Raymundo Kisser (UCR-Paraná).
En abril de 2017 se allanaron cuatro mutuales en Paraná: Mutual Modelo (Gualeguaychú 204); Mutual Urquiza (Urquiza 80); Mutual Solidaridad (Libertad 139); Mutual Amcap (Asociación Mutual del Personal del Club Atlético Pilar). El Ministerio Público Fiscal descubrió que Canosa tenía depositados, como inversión, 920 mil pesos en la Mutual 10 de Abril, operación garantizada con un cheque del Banco Santander Río.
En marzo de 2024, Canosa compareció ante el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Gervasio Pablo Labriola para solicitar su sobreseimiento. Sus abogados Miguel Ángel Cullen y Andrés Bacigalupo argumentaron “violación de los plazos razonables”, señalando que han transcurrido 8 años de investigación. “Pasaron ocho años de la investigación. ¿Cuánto más tengo que esperar? Me voy a morir. Se ven afectados mis hijas, mi familia, mis amigos. La persecución que han hecho sobre mi persona no tiene nombre”, declaró Canosa ante el magistrado.
En octubre de 2024, la Sala Penal del STJ aceptó un recurso de queja presentado por la defensa de Canosa y su esposa, la defensora oficial Paula Montefiori. Los vocales Claudia Mizawak y Daniel Carubia votaron a favor; Miguel Giorgio disintió.
En diciembre de 2024, la jueza de Garantías Marina Barbagelata rechazó el pedido de sobreseimiento, pero concluyó que se agotó el tiempo para que la Fiscalía continúe investigando. Le otorgó 40 días al MPF para que resuelva si lo sobresee o eleva la causa a juicio.
Canosa trabaja como abogado en la actividad privada y colabora con bufetes jurídicos, pero teme firmar escritos: “¿Qué pensarán mis clientes, que soy delincuente, que me enriquecí?”, se preguntó en audiencia.
Desde diciembre de 2015 es asesor legal de la Cámara de Diputados, cargo que deberá abandonar por la condena firme que lo inhabilita perpetuamente para ejercer funciones públicas.
La causa está en manos de los fiscales Juan Malvasio (hoy juez) y Santiago Brugo. La resolución sobre su situación procesal —procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento— debería conocerse en los primeros meses de 2026.
Nelio Calza: causa reactivada por enriquecimiento ilícito
El exdiputado nacional y expresidente de Sidecreer Nelio Calza, referente del Frente Grande en Entre Ríos, enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito que se reactivó en agosto de 2025 tras años de relativo estancamiento.
La investigación se inició en diciembre de 2016 a partir de la misma denuncia del senador Raymundo Kisser que apuntó inicialmente a la administración de la tarjeta estatal Sidecreer durante el gobierno de Sergio Urribarri. De esa presentación se desprendieron legajos separados que involucraron tanto a Calza (presidente de Sidecreer antes de Canosa) como a su sucesor, quien ya fue condenado por negociaciones incompatibles.
La investigación fue encabezada por el fiscal Juan Malvasio (hoy juez) y luego continuada por el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull.
El patrimonio investigado
Las pericias contables detectaron movimientos bancarios y cambiarios de relevancia entre 2009 y 2018, incluyendo: Compra de títulos públicos; Adquisición de divisas; Constitución de plazos fijos; Múltiples operaciones cambiarias.
Entre los bienes que se le adjudican a Calza figuran: una embarcación: “Rey Power”, integrada al patrimonio en 2015; Más de 15 vehículos, incluyendo: Dos Chevrolet S10 doble cabina; Una Renault Trafic; Cuatro Volkswagen Polo; Un Chrysler Cruiser; Dos Volkswagen Bora; Un Volkswagen Passat; Un Volkswagen Golf; Un Peugeot 207; Un Renault Fluence; Un Peugeot 206; Un Nissan Visia; Un Fiat Palio; Un Fiat Duna.
También comprende a Inmuebles en diversas localidades: Paraná: propiedades en calles Laprida, Pirovano, Yrigoyen, Montevideo, Vélez Sarsfield y Colón (en Concordia); Santa Fe capital; Zona rural de María Luisa (departamento Las Colonias, Santa Fe)
La indagatoria proyectada para 2026
Según pudo conocerse, la Fiscalía está terminando de recepcionar distintas pruebas y concluyendo el análisis contable correspondiente. Se espera que Calza sea citado a declaración indagatoria entre septiembre y octubre de 2026.
Actualmente es uno de los principales referentes del Frente Grande en Entre Ríos. En el proceso electoral reciente, su espacio político dejó de ser aliado del Partido Justicialista y presentó las candidaturas de Carolina Gaillard y Paola Rubattino.
La labor investigativa busca determinar si Calza puede justificar el incremento patrimonial registrado durante su desempeño en cargos públicos, particularmente durante su gestión al frente de Sidecreer, la empresa estatal que quedó en el centro de las denuncias por corrupción que involucraron también a su sucesor Juan José Canosa.
Enriquecimiento ilícito: la agenda pendiente
Además de las causas por corrupción funcional, varios exfuncionarios enfrentan investigaciones por enriquecimiento ilícito que podrían derivar en juicios durante 2026 y 2027:
-Pedro Báez: El exministro de Cultura y Comunicación del urribarrismo, ya condenado a 6 años y medio en el megajuicio de 2022, enfrenta una causa separada por enriquecimiento ilícito junto a su esposa Sofía Riquelme. El Ministerio Público Fiscal pidió su remisión a juicio con una solicitud de 5 años de cárcel para él y 3 años y medio para ella. La Fiscalía endilga un enriquecimiento injustificado de 632.053 dólares durante su desempeño como funcionario público entre 2007 y 2016. Báez fue indagado en diciembre de 2024 desde la Unidad Penal N°1, donde cumple prisión preventiva.
-Aldo Ballestena: El exsenador provincial por La Paz y actual titular del Ente Portuario enfrenta una causa por enriquecimiento ilícito que se abrió de oficio en 2018 tras una publicación de ANÁLISIS que documentó su patrimonio millonario, incluyendo un Mercedes Benz de 60.000 dólares, un complejo en construcción de 24 departamentos a nombre de su hija, campos y propiedades. Aunque la investigación quedó “llamativamente planchada” según críticos, también aparece vinculado al sistema de contratos truchos como recaudador de fondos en el Senado entre 2015 y 2018.
-Domingo Daniel Rossi: El actual intendente de Santa Elena tiene una condena firme de 2006 por enriquecimiento ilícito (3 años de prisión condicional) y enfrenta una nueva investigación junto a su esposa, la exdiputada Patricia Díaz. La Fiscalía investiga cuentas bancarias en Uruguay con un depósito inicial de 300.000 dólares que la pareja no pudo justificar. La documentación enviada por la justicia uruguaya confirma la existencia de las cuentas y movimientos desde 2008.
-Martín Fernández (Gualeguaychú) y Hernán Vittulo (Gualeguay): Ambos tienen causas por enriquecimiento ilícito en trámite en el Ministerio Público Fiscal, aunque con escaso avance público en los últimos años.
Obras públicas
Domingo Daniel Rossi también tiene pendiente la causa por delitos de corrupción en el manejo de la obra pública en su ciudad. En agosto de este año, por segunda vez se suspendió el juicio oral contra el intendente de Santa Elena. El inconveniente no es menor: hay recusaciones e inhibiciones en todo el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. El proceso contra Rossi se había fijado con un tribunal conformado por los jueces María Carolina Castagno, Alejandro Grippo y Juan Malvasio. Hay un planteo del abogado defensor de Rossi, Carlos Guillermo Reggiardo, que involucra a uno de los integrantes del tribunal, la jueza Castagno, que a raíz de un entredicho en una audiencia lo denunció por amenazas. En realidad es la especialidad del abogado Reggiardo (que este año fue suspendido por varios meses por el Colegio de la Abogacía, por diversas denuncias contra su accionar): todo el tiempo se pasa confeccionando recusaciones contra jueces y fiscales y de esa manera sigue enviando las causas para más adelante. Lo hizo siempre con Rossi, con su mano derecha, el dirigente Pichi Blázquez y también con causas contra él mismo. Reggiardo, además de su rol de abogado, se autopercibe periodista y lo ejerce a través algunas páginas webs y en canales de youtube, donde se la pasa hablando de él mismo y denuncia supuestos hechos de corrupción, pero nunca lo menciona a Rossi, que es su sostén económico, desde la comuna de Santa Elena.
Este de Rossi es el juicio por supuesto pago de sobreprecios en una obra pública de pavimentación en el que está imputado el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ). Rossi está acusado por supuesto pago de sobreprecios en una obra de pavimentación de 20 cuadras, proyecto ejecutado en 2014, y denunciado en 2016 por su concuñado y sucesor al frente de la Intendencia, Silvio Moreyra (PJ).
Entre 2015 y 2019 no gobernó Rossi Santa Elena. Lo hizo su concuñado, Silvio Moreyra, Al año de estar al frente de la Intendencia, Moreyra lo denunció a Rossi: efectuó una presentación a través del abogado Guillermo Mulet ante la sospecha que durante la gestión anterior se había incurrido en el pago de sobreprecios en una obra de pavimentación.
El Ministerio Público Fiscal pidió en 2020 la remisión de la causa a juicio oral. En su acusación, Fiscalía señaló que durante la gestión Rossi, el Municipio de Santa Elena pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de una 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado era $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.
En marzo de 2022, el juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, otorgó la probation o suspensión de juicio a prueba al empresario de la firma L&C Construcciones, Néstor Juan Szczech, y al ingeniero y apoderado de la empresa, Carlos Alberto Lescano, en el marco de la causa por sobreprecios de una obra de 20 cuadras ejecutadas en Santa Elena en 2014, durante la anterior gestión del hoy intendente Domingo Daniel Rossi.
Szczech y Lescano fueron acusados de los delitos de peculado y falsificación de documentos públicos en carácter de partícipes necesarios. Sin embargo, tras varias apelaciones, consiguieron que a principios de noviembre de 2021 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hiciera lugar al pedido de probation. El fallo lo firmaron los vocales Miguel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak. Pero Rossi y sus funcionarios siguieron ligados a la causa penal, según consignara la web entreriosahora.
María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez, falleció mientras transcurría la investigación.
Los delitos que se le endilgan a Rossi es el de peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público atribuido en carácter de autor; y los mismos delitos, pero en carácter de partícipes necesarios a Roberto Carlos Méndez, María Inés Martínez, Adolfo Zenón Ortiz, a Néstor Juan Szczech, y a Carlos Alberto Lescano. Cabe acotar que el perito que dictaminó el sobreprecio, Beltrán Uranga, ya falleció.
La convergencia de estos procesos configura un escenario judicial sin precedentes en Entre Ríos, donde la justicia deberá pronunciarse sobre más de una década de presunta corrupción sistémica que involucró el desvío de millones de dólares del erario público. Las condenas que puedan dictarse en 2026 y 2027 marcarán un antes y un después en la historia política y judicial de la provincia, con el caso de José Ángel Allende como antecedente de juicio abreviado rechazado que otros imputados evitaron replicar, temerosos de sentar precedentes que puedan afectar a la red de funcionarios involucrados en las mismas prácticas.
El contenido de las amenazas generó preocupación por posibles hechos violentos de alcance general
