Entre la oportunidad perdida y los deberes no hechos, el debate vuelve a mostrar una falla estructural que atraviesa gobiernos y generaciones dirigenciales.
El planteo que responsabiliza exclusivamente a Javier Milei por la no inclusión de los cítricos dulces en el acuerdo con Estados Unidos omite algo central: este protocolo está técnicamente aprobado desde 2019. No nació ayer, ni depende de una sola firma reciente. Lleva años en el cajón, atravesó distintos gobiernos, cambios de administración en ambos países y negociaciones inconclusas.
Entonces, antes de hablar de traición, conviene hablar de contexto.
Primero: competir no es traicionar. Competir es la regla del comercio internacional. Las empresas que hoy sostienen cupos exportables constantes lo hacen porque durante años aprendieron a jugar en mercados exigentes, incluso en condiciones desfavorables. Invirtieron en calidad, trazabilidad, tecnología, logística y, sobre todo, en fidelización de clientes. No improvisaron cuando el escenario cambió.
Segundo: el argumento de la oportunidad histórica perdida parte de una verdad incompleta. Es cierto que el mercado norteamericano es atractivo y que 20.000 toneladas adicionales podrían haber significado oxígeno para el sector. Pero ningún mercado externo es garantía automática de rentabilidad si la estructura productiva arrastra problemas de competitividad, costos internos elevados, baja escala o dependencia permanente de decisiones estatales.
Tercero: se menciona la falta de lobby sectorial y la amnesia negociadora. Allí aparece el verdadero punto. Si durante años el expediente no avanzó, si no se logró sostener presión institucional y si el sector quedó debilitado en representación nacional, eso no puede explicarse sólo por el actual presidente. Es una falla estructural público-privada acumulada.
Cuarto: el mundo cambió. Las políticas comerciales de Donald Trump endurecieron el escenario global. La defensa de productores locales en Estados Unidos, las tensiones comerciales y la volatilidad macroeconómica argentina no ayudaron. Pretender que un acuerdo bilateral complejo se resuelve con voluntad declamativa es desconocer cómo funciona la diplomacia comercial.
Ahora bien, el punto más incómodo es este: durante años muchos productores apostaron al mercado interno saturado, a la inercia productiva y a un esquema donde el Estado funcionaba como amortiguador permanente. Algunos hicieron los deberes. Otros no. Algunos integraron cadena, innovaron y diversificaron. Otros dejaron la quinta a la buena de Dios.
Competir no es un castigo ideológico. Es una condición del mercado global. Y en ese mundo sobreviven quienes invierten, se adaptan y gestionan con previsión.
Lo que no se dice
El proceso de apertura comenzó durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se destrabó el conflicto del limón argentino con Estados Unidos y se avanzó en auditorías para los cítricos dulces.
En 2019, tras inspecciones sanitarias y certificaciones de empaques, el protocolo quedó técnicamente aprobado.
Durante la presidencia de Alberto Fernández tampoco se concretó la habilitación efectiva, pese a que el comercio bilateral continuó en otros sectores.
El expediente atravesó tres administraciones argentinas y distintos contextos en Washington. Cinco años de letargo no pueden resumirse en una sola firma.
Y otro dato incómodo: el propio sector reconoce que no mueve el amperímetro país. Esa admisión describe una pérdida de peso estratégico que antecede largamente a la actual administración.
Los números que ordenan la discusión
En los últimos 15 años, las exportaciones argentinas de cítricos dulces cayeron entre un 40 y un 50 por ciento. De más de 200.000 toneladas anuales en sus mejores campañas, el volumen se redujo prácticamente a la mitad.
Estados Unidos importa cerca de 500 millones de dólares anuales en frutas frescas. La apertura hubiera representado unas 20.000 toneladas adicionales para Argentina, con un impacto estimado de alrededor de 10 millones de dólares extra.
Para el mercado norteamericano, el ingreso argentino sería marginal. Para el citrus entrerriano, sería relevante.
Pero el problema estructural persiste: altos costos laborales y logísticos, competencia creciente de países como Egipto y Marruecos, concentración empresarial en la cadena y mercado interno saturado.
Las empresas que integraron producción, empaque, comercialización e industria son las que hoy resisten. Eso no es ideología. Es estructura.
Decir que Milei obliga a competir como si eso fuera una anomalía es, en el fondo, reconocer que durante demasiado tiempo no se compitió en serio.
La realidad es más compleja: el protocolo existe desde 2019, hubo años para empujarlo, la representación sectorial reconoce debilidad propia y el problema de competitividad es estructural.
La discusión no debería ser quién traicionó, sino por qué durante tantos años no se consolidó una estrategia exportadora sólida que no dependiera de una sola ventana diplomática.
Porque cuando la competitividad es real, los mercados se abren o se buscan otros.
Por Alejandro Monzon
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