El exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone declarar la emergencia financiera para las familias argentinas y suspender de manera transitoria embargos, ejecuciones y medidas cautelares vinculadas a deudas.
“La recesión, el ajuste y las altas tasas terminan generando un círculo de exclusión que golpea especialmente a los sectores medios y trabajadores, y no puede abordarse únicamente desde la lógica judicial”, afirmó Bordet al dar a conocer la propuesta.
El proyecto contempla la suspensión por 180 días de ejecuciones judiciales, extrajudiciales, administrativas y fiscales relacionadas con deudas comerciales, bancarias, crediticias, fiscales y tributarias. Además, prevé frenar medidas cautelares como embargos, inhibiciones y secuestros de bienes.
Según se indicó, el objetivo es evitar que miles de familias queden expuestas a una situación de mayor vulnerabilidad económica y social. “Cuando las familias tienen que endeudarse para comprar alimentos, pagar servicios o sostener gastos cotidianos, el problema deja de ser individual y pasa a ser una responsabilidad colectiva que requiere respuestas del Estado”, expresó el legislador.
La propuesta alcanzaría a personas físicas cuyos ingresos no superen los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, además de monotributistas hasta la categoría G.
En los fundamentos del proyecto, Bordet señaló que “la proliferación de ejecuciones y embargos profundiza la crisis económica porque deteriora aún más el consumo y debilita el mercado interno”. Y agregó: “El Estado tiene la responsabilidad de generar herramientas excepcionales para proteger a quienes atraviesan una situación de fragilidad financiera”.
El exgobernador remarcó además que la iniciativa “no busca desconocer derechos de acreedores”, sino establecer “un marco temporal de equilibrio y protección social que permita preservar la continuidad económica de las familias y evitar un agravamiento de la situación social”.
La propuesta excluye de la suspensión a las obligaciones alimentarias, créditos laborales, indemnizaciones por daños a la persona y casos de insolvencia fraudulenta, con el fin de garantizar la protección de derechos esenciales.
Entre los argumentos centrales del proyecto, también se advierte sobre el incremento de la litigiosidad vinculada al cobro de deudas y se plantea que la judicialización masiva no representa una solución eficiente ni equitativa en escenarios de crisis económica generalizada.Fuente: El Entre Ríos / Gobierno de Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la inauguración del Parque Industrial de Santa Elena, departamento La Paz, una obra estratégica para el desarrollo productivo de la región, y afirmó que se trata de “un antes y un después” para la ciudad y su zona de influencia.
La actividad se desarrolló en el predio donde se proyecta la radicación de nuevas empresas. Allí, junto al intendente Daniel Rossi, el mandatario remarcó que la generación de empleo debe ser el principal objetivo de la gestión pública. “No puede haber nada más trascendente para nuestra tarea que generar condiciones para que haya trabajo de calidad en el sector privado”, expresó.
En ese marco, sostuvo que “el parque industrial constituye una nueva oportunidad para el norte entrerriano, una región históricamente postergada”. Además, destacó el potencial turístico de Santa Elena y señaló que el desafío “es complementar ese desarrollo con nuevas fuentes de empleo vinculadas a la inversión privada”.
Frigerio también subrayó la importancia de generar condiciones para el desarrollo del sector privado y facilitar el acceso al financiamiento. “Las empresas necesitan acceder al financiamiento y por eso nos hemos preocupado en estos dos años y medio de ser la provincia con más crédito del CFI de todo el país”, indicó.
Asimismo, explicó que uno de los principales desafíos para las empresas es contar con garantías para acceder a líneas crediticias. En ese sentido, destacó el trabajo conjunto del Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer) con el fondo de garantía del CFI; y las gestiones realizadas junto al Banco de Entre Ríos y al Banco Nación para ampliar el acceso al crédito.
Finalmente, el mandatario provincial resaltó la necesidad de mejorar la infraestructura y reducir los costos energéticos para atraer inversiones. “Éramos la provincia más cara del país hace dos años y medio. Hoy estamos en el puesto 11 y tenemos que seguir bajando”, afirmó. Además, convocó a fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado para impulsar el desarrollo y la generación de empleo.
Por su parte, Rossi valoró el acompañamiento del gobernador y aseguró que el nuevo parque “marca futuro” para Santa Elena al impulsar la iniciativa privada y la generación de empleo. “Esta es la primera piedra para la llegada de nuevas empresas y oportunidades de trabajo. Quizás comiencen con dos, tres o cinco personas, pero es algo y estamos felices de este paso que damos”, afirmó.
Acompañaron la actividad el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Planeamiento, Hernán Jacob; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals ; y el diputado Bruno Sarubi.
Productores y cooperativas apícolas entrerrianas presentaron este jueves sus productos en el lanzamiento de la Semana de la Miel, en la explanada de Casa de Gobierno.
Por tercer año consecutivo, el Ministerio de Desarrollo Económico impulsó esta propuesta donde el público se acercó a conocer, degustar y adquirir mieles de diversas floras, propóleos, jalea real, galletitas; como también bebidas alcohólicas y productos medicinales a base de miel. En la ocasión, expusieron apicultores de Maciá, La Picada y Paraná. Las acciones de promoción continuarán el 19 de mayo en la Cámara de Diputados de la Nación; y el 20 en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires.
La vicegobernadora Alicia Aluani encabezó las actividades y especificó que “siempre tratamos de acompañar a expositores, productores e instituciones, porque sabemos de lo importante que es no solamente por el producto en sí, sino también por la abeja que contribuye al equilibrio ambiental (polinización). Además, detrás de cada producción, hay familias enteras, de varias generaciones, que se dedican a dedican a producir, por eso hay que apoyarlos para que esto crezca, para que la gente lleve a su mesa un producto entrerriano”.
Y sentenció que “desde el gobierno acompañamos estas iniciativas y siempre estamos para poder visibilizar este trabajo tan hermoso que se hace en toda la Argentina, especialmente en Maciá, y que también estamos en el mundo representados, muy bien representados”.
Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho, subrayó que “Entre Ríos es el segundo polo apícola a nivel nacional, que tracciona para que Argentina sea hoy el cuarto productor mundial y el tercer exportador mundial de miel, consolidando a nuestra provincia en esta importante economía regional”.
En tanto el coordinador de apicultura, Rodrigo Toledo, aportó que “el objetivo central de la Semana de la Miel es mejorar nuestro vínculo con la sociedad, que haya una interacción público-privada en la cual los propios productores o cooperativas puedan dar a conocer sus productos; buscando que la miel deje de ser un producto de consumo ocasional y se transforme en parte de la dieta diaria de los argentinos. En este contexto, deseamos también valorizar la importancia de las abejas no sólo en el ecosistema, sino también como sostén de la economía de más de mil familias entrerrianas”, añadió el funcionario.
También participaron de la apertura, entre otros; el intendente de Maciá, Ariel Müller; la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; y el director de Producción Animal, Martín Sieber.
En el marco de la política de transparencia de la actual gestión de la Empresa y a partir del trabajo en distintos barrios de la ciudad, se logró que 1.000 hogares, que hasta ahora mantenían conexiones inseguras, cuenten con un servicio eléctrico confiable y regularizado. Esta decisión empresarial viene a revertir la herencia de largos años de inacción y abandono ya que en promedio tenían 18 años de conexión irregular.
La iniciativa busca que el acceso a la energía sea equitativo. El propósito es acompañar a las familias para que puedan conectarse formalmente, ordenando así la situación del suministro en la ciudad.
Al respecto, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, explicó: “estamos ordenando la Empresa puertas adentro y, al mismo tiempo, regularizando la relación con nuestros usuarios. La transparencia también tiene que ver con la equidad, por eso buscamos que el servicio sea justo y parejo. Los vecinos que hacen el esfuerzo de tener sus facturas al día no pueden verse perjudicados por quienes no lo hacen. Queremos las mismas reglas para todos, con un servicio seguro y transparente“.
Presencia directa en los barrios
Trabajando desde la proactividad, es la propia Empresa la que acude a cada barrio y facilita las gestiones acercando su Oficina Móvil. El personal de Enersa releva la situación de cada medidor, dialoga con los residentes, los asisten en la organización de la documentación de sus viviendas y los asesoran sobre cómo solicitar la Tarifa Social. Toda esta labor se lleva adelante en articulación con la Municipalidad de Paraná y el EPRE para simplificar los trámites.
La importancia de la regularización
Las conexiones clandestinas no solo representan un grave peligro para la seguridad de las familias, sino que también provocan la pérdida de más del 12% de la energía destinada a la categoría residencial. Al normalizar los medidores, mejora automáticamente la calidad y estabilidad del servicio para toda la zona.
“Estamos solucionando un problema de fondo. Le pedimos a las familias que se conecten de forma legal, pero al mismo tiempo les facilitamos el acceso a la Tarifa Social para que puedan pagar una factura acorde a su realidad económica”, destacó Eduardo Asueta, gerente de Asuntos Estratégicos de la Empresa.
En esta primera etapa, el enfoque del programa se concentra en Paraná, pero la Distribuidora tiene previsto extenderlo próximamente a otras localidades de la Provincia para continuar acercando soluciones a los entrerrianos.
Los operativos ya se desplegaron en distintos barrios de Paraná, entre ellos Paraná I, Paraná V, Paraná XIII, Paraná XIV, Paraná XVI, Paraná XX, Los Gobernadores, Las Heras, Parque del Lago, El Morro, 1.º de Julio, Ferroviario, San Roque, López Jordán, Puerto Sánchez, 120 Viviendas, El Sol 1 y 2, Paraná 144 y 98 Viviendas, VICOER 46, Mosconi 2, 20 de Junio, Obras Sanitarias, Agmer, 44 Viviendas y VICOER 31 Viviendas. También alcanzaron a las vecinales Santa María del Rosario, Jorge Newbery Centro, Justo José de Urquiza y Los Paraísos, donde el contacto directo con la comunidad permitió avanzar en la regularización de los suministros.
Según los relevamientos, muchos de estos hogares llevaban, en promedio, 18 años con conexiones irregulares.
El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, participó de la ceremonia de inauguración de la Librería Gran Muralla de Argentina y del lanzamiento de la Exposición Interactiva del Día de la Literatura China, realizada en Casa Calise, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La jornada reunió a destacadas personalidades del ámbito diplomático, cultural y académico, entre ellas el Premio Nobel de Literatura 2012, Mo Yan; el embajador de China en Argentina, Wang Wei; Xie Gang, vicepresidente de la Administración Estatal de Publicaciones Exteriores de China; Willy Liu, presidente de la Fundación de Educación y Cultura China en Argentina; representantes del China International Communications Group (CICG), autoridades universitarias, editores, escritores chinos y argentinos y representantes de instituciones vinculadas a la cultura, la educación y la cooperación internacional.
Durante el acto, representantes de instituciones culturales de China destacaron la importancia de fortalecer los vínculos entre ambas naciones a través de la literatura y el intercambio cultural. En ese marco, señalaron que la Librería Gran Muralla busca consolidarse como un espacio de encuentro y difusión de la cultura china en Argentina, promoviendo el diálogo entre civilizaciones y el acercamiento entre los pueblos.
El embajador Wang Wei remarcó que “los libros constituyen un puente para el diálogo entre civilizaciones” y destacó el valor de la nueva librería como un nuevo espacio cultural dentro de la vida cultural porteña. Asimismo, subrayó que la iniciativa permitirá acercar al público argentino la historia, el pensamiento y la cultura contemporánea china.
La apertura de la librería fue impulsada de manera conjunta por el China International Communications Group (CICG) y la Fundación de Cultura y Educación China en Argentina, incorporando además espacios de intercambio entre autores, traductores y editoriales de ambos países.
En ese contexto, Mouliá destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas culturales e institucionales que fortalecen los lazos internacionales y generan nuevas oportunidades de intercambio. “La cultura y la literatura son herramientas fundamentales para acercar comunidades, promover el diálogo y construir vínculos duraderos entre los pueblos”, expresó.
La participación formó parte de las acciones de vinculación institucional y acompañamiento cultural que la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires desarrolla junto a embajadas, organismos e instituciones nacionales e internacionales.
Representantes de áreas sociales y de salud de distintas provincias participaron de una jornada organizada por el Incucai para abordar derechos, accesibilidad y herramientas de acompañamiento destinadas a personas trasplantadas y pacientes en lista de espera.
La actividad estuvo destinada a agentes de los servicios sociales y de salud de las Casas de Provincia en Buenos Aires, y se desarrolló en modalidad presencial y virtual. Durante el encuentro, profesionales del Incucai abordaron distintos aspectos vinculados a los derechos contemplados en la Ley 26.928 para personas trasplantadas y pacientes en lista de espera, entre ellos la gestión de credenciales, acceso a medicación, transporte, asignación mensual y vivienda.
Asimismo, se trabajó sobre distintas problemáticas relacionadas con la accesibilidad, el acompañamiento territorial y la articulación entre los equipos provinciales y el instituto nacional, con el objetivo de fortalecer las herramientas de atención y orientación destinadas a los pacientes.
En representación de la Casa de Entre Ríos participó Teresa Koffler, jefa del Área de Acción Social de la Representación, quien destacó la importancia de este tipo de espacios de intercambio y articulación. “Se acordó avanzar en una nueva reunión de trabajo junto a las distintas provincias, donde se presentarán estadísticas e información relevada por cada equipo territorial para continuar fortaleciendo la articulación y el acompañamiento a las personas trasplantadas y en lista de espera”, expresó.
En el marco de la Jornada Nacional del Agro (Jonagro) 2026, organizada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el gobernador Rogelio Frigerio reclamó de manera urgente un cambio en la matriz impositiva nacional para liberar el potencial del sector agropecuario y consideró que el Estado debe dejar de ser un obstáculo, para convertirse en un facilitador de la inversión privada.
La jornada se realizó en la sede de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde el mandatario participó del panel “Acción de las provincias en una Argentina distinta: El rol de los gobiernos provinciales en el nuevo escenario productivo”, junto a sus pares de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y de Río Negro, Alberto Weretilneck. El encuentro fue encabezado por el presidente de CRA, Carlos Castagnani; y el vicepresidente primero, el entrerriano José Colombatto; entre otras autoridades de la entidad.
“No puede haber ninguna prioridad antes que bajar las malditas retenciones”, dijo Frigerio ante los referentes institucionales, empresariales y económicos que participaron de la jornada, al tiempo que advirtió que, a pesar de que el campo está logrando una cosecha récord, la rentabilidad sigue siendo escasa, una situación que calificó como responsabilidad del Estado.
“Este debería ser el último año en la Argentina de una gran cosecha y una baja rentabilidad”, sentenció y subrayó que, mientras el productor hace todo bien “de la tranquera hacia adentro”, el sector público debe colaborar para que ese esfuerzo sea recompensado.
Un nuevo acuerdo fiscal federal
En ese marco, el gobernador entrerriano propuso al gobierno nacional y a sus pares un acuerdo fiscal federal para proyectar una política tributaria con “sentido común” a largo plazo. Según manifestó, es imperativo eliminar de forma coordinada entre Nación, provincias y municipios, aquellos impuestos que no existen en otros países y que frenan el crecimiento.
En su planteo, estableció una escala de prioridades clara: A nivel nacional, reiteró la necesidad en primer lugar de eliminar las “malditas retenciones”, además del impuesto al cheque, para favorecer el financiamiento y el capital de trabajo. A nivel provincial, propuso la baja gradual de Ingresos Brutos y Sellos; y a nivel municipal, instó a revisar las tasas que funcionan como “impuestos disfrazados”.
El modelo de gestión de Entre Ríos
Luego, Frigerio destacó las acciones implementadas en la provincia para fomentar la competitividad, entre ellas los incentivos a la inversión: “Entre Ríos cuenta con un régimen propio donde las nuevas inversiones no pagan ningún impuesto provincial por 15 años (extendible a 20), lo que ya atrajo a más de 150 empresas y compromisos por más de 300.000 millones de pesos”, dijo.
En materia de infraestructura y logística, resaltó que en la próxima licitación Entre Ríos va a formar parte por primera vez de la Hidrovía, así como la reactivación en marcha de los puertos de Concepción del Uruguay, La Paz, Diamante e Ibicuy para reducir costos logísticos.
También bregó por la apertura de mercados, y mencionó como un hito la reciente exportación de miel entrerriana a Alemania bajo el acuerdo Unión Europea-Mercosur, la primera en el país desde su firma.
Finalmente, Frigerio reafirmó que el sector agropecuario es la “locomotora de la recuperación” de la economía argentina y que el camino para salir adelante es trabajar de manera coordinada para terminar con una matriz impositiva que ha sido un impedimento para crecer durante décadas
El encuentro se desarrollará del 15 al 17 de mayo y convocará a público interesado en los fenómenos aeroespaciales no identificados. La propuesta fortalece el posicionamiento de Entre Ríos en el turismo de reuniones, el turismo científico y las experiencias temáticas.
La décima edición del Congreso Internacional de Ovnilogía se realizará este viernes, sábado y domingo en distintos espacios de Victoria, bajo el lema “Evidencia y experiencia, Sudamérica habla”. La programación incluirá exposiciones, debates, presentaciones de investigaciones y actividades abiertas al público vinculadas al análisis y divulgación de fenómenos aeroespaciales no identificados.
Desde el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos destacaron el aporte de este tipo de encuentros a la diversificación de la oferta turística provincial, incorporando propuestas vinculadas al turismo científico y al denominado turismo ufológico, una modalidad que despierta creciente interés en distintos puntos del país y del mundo.
Asimismo, el evento representa un aporte significativo para el desarrollo del turismo de reuniones o segmento MICE, considerado estratégico por su capacidad de generar movimiento económico, ocupación hotelera y circulación de visitantes durante todo el año.
El congreso se consolidó en Victoria tras diez ediciones consecutivas, posicionando a la ciudad como un punto de referencia regional para este tipo de encuentros temáticos. La propuesta se sostiene además en más de tres décadas de trabajo impulsadas desde el Museo del OVNI, uno de los espacios más reconocidos del país dedicados a esta temática.
Entre las actividades previstas habrá jornadas de observación, instancias de intercambio académico, mesas de debate y presentaciones editoriales, en una agenda pensada tanto para especialistas como para quienes se acercan desde la curiosidad, el interés cultural o la experiencia turística.
La realización de congresos y encuentros especializados forma parte de una estrategia sostenida de fortalecimiento del turismo de reuniones en Entre Ríos, promoviendo propuestas que integran conocimiento, cultura, innovación y movimiento turístico en distintos destinos de la provincia.
En voto dividido la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó la queja planteadea por el exgobernador Sergio Daniel Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros en le megacausa de las Coimas. La vocal Susana Medina, que se sumó al voto de Miguel Giorgio -con la disidencia de Daniel Carubia- concluyó «que se aprecia un notorio exceso en el ejercicio de la facultad recursiva con el único propósito de originar una injustificada extensión del trámite judicial».
El inordio tiene origen en la audiencia de remisión a juicio, el 5 de junio de 2025, «oportunidad en que el Juez de Garantías (Julián Vergara) desestimó sus planteos referidos a la exclusión de evidencia; pedidos de sobreseimiento y pedidos de nulidad del requerimiento fiscal. Frente a esa decisión, adversa a sus intereses, las defensas interpusieron recursos de apelación que no fueron concedidos por improcedentes. Ante ello, se presentaron en queja ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones, las que fueron rechazadas el 5 de septiembre de 2025. Ante esa postura, los recurrentes interpusieron recursos de casación que no fueron concedidos, también por resultar improcedentes. Fueron con una queja a la Cámara de Casación, rechazada el 20 de noviembre de 2025. Y la impugnación extraordinaria, luego, que fue denegada. Así, la queja fuer resuelta por la Sala Penal del STJ.
https://drive.google.com/file/d/1cvFmpbgFyTb73tnQAyIJCmbG7NXdkmPE/preview Como había informado Entre Ríos Ahora, la Cámara de Casación Penal rechazó un recurso de queja presentado por los defensores del exgobernador Sergio Urrinarri, y del empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicados en la megacausa de las Coimas, y con pedidos de condena de 10 años de cárcel para el primero, y 9 años de prisión para el segundo.
Los defensores habían llegado en queja a Casación luego del rechazo al planteo casatorio efectuado por parte del juez de juicio Santiago Brugo y en el que, entre otros planteos, perseguían que se dictase el sobreseimiento de Urribarri en esa investigación penal. Con el votos de los vocales Marcela Davite, Marcela Badano y Gustavo Pimentel, la Cámara de Casación Penal les cerró esa vía.
“Por todo ello -dice la resolución de la Cámara-, estando suficientemente fundamentado el rechazo de los recursos casatorios oportunamente interpuestos, y no verificándose que se haya descartado erróneamente un supuesto válido para habilitar la instancia casatoria; al no verse configurado tampoco prima facie un gravamen irreparable que justifique adelantar la jurisdicción de esta Cámara; y atendiendo también al principio taxativo que rige en relación a la admisibilidad de esta instancia, siendo imprescindible la constatación del mentado gravamen irreparable, o afectación tal que permita excepcionar las reglas generales (todo lo cual no se verifica en autos), corresponde rechazar las quejas interpuestas”.
El 5 de junio último, al resolver la remisión de la megacausa a juicio, con pedido de condena a 10 años de cárcel para Urribarri y 9 años para Cardona Herreros, el juez de Garantías Julián Carlos Vergara desechó distintos planteos de las defensas, a saber: no hizo lugar a la exclusión de pruebas cuya admisibilidad fuera cuestionada por los abogados defensores; rechazó el pedido de sobreseimiento solicitado; y también denegó el pedido de nulidad del requerimiento fiscal.
El 5 de agosto el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Santiago Nicolás Brugo revisó a pedido de las defensas esa resolución de Vergara y la dejó firme. También, rechazó un recurso de queja. Ante esa resolución, lo defensores fueron con un recurso de casación, que el magistrado tampoco aceptó, y entonces le quedó la vía de la queja.
Las defensas entendieron que la resolución de Brugo, a la que consideran «arbitraria», no trató «todos los agravios sin argumentos concretos». Señalaron que «está en juego aquí la garantía del debido proceso que no es otra cosa que el cumplimiento estricto de la ley». Y señalaron que «estamos ante un gravamen irreparable de imposible reparación ulterior en razón de la violación a la garantía del debido proceso».
En su resolución, Brugo señaló que el ordenamiento legal «dispone que sólo resulta apelable por parte del `fiscal y el querellante` la resolución que dicta el sobreseimiento, en tanto el imputado podrá apelar el sobreseimiento cuando no se hubiera observado el orden que establece el art. 397 o se le hubiera impuesto al sobreseído una medida de seguridad o no se hubiere aclarado ante su pedido que el proceso no afecta su `buen nombre y honor`. No admite discusión que sólo puede apelarse por `los interesados` el dictado del sobreseimiento, no la resolución denegatoria del mismo, resultando esta última resolución inapelable».
El magistrado desestimó los recursos de queja del defensor de Urribarri, y también de los representantes legales de Carlos Haidar, otro imputado, Juan Antonio Méndez y José Candelario Pérez; del empresario Diego Armando Cardona Herreros, José Raúl Velázquez e Ignacio Díaz; y de Luis Alfonso Erbes, Andrés Bacigaluppo y Franco Azziani Cánepa.
Además, declaró abstracta la queja del exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, por cuanto el exfuncionario accedió un acuerdo de juicio abreviado y aceptó haber cobrado coimas de manos del empresario Cardona Herreros.
El caso ya fue elevado a juicio oral el 1º de agosto, aunque por vía separada las defensas recusaron a los fiscales intervinientes, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, incidente que de momento no ha sido resuelto.
La resolución
A mediados de junio último, el juez de Garantías Julián Vergara rechazó el pedido de sobreseimiento formulado por el exgobernador Sergio Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros en la causa que investiga supuesto cobro de coimas durante el urribarrismo, investigación en la que el extitular del Poder Ejecutivo tiene pedido de condena a 10 años de cárcel. Y también denegó la apelación.
En la resolución, el magistrado planteó que “no resulta procedente el recurso de apelación interpuesto por los señores defensores de los encartados Sergio D. Urribarri, Diego A. Cardona Herreros, Miguel A. Ulrich, Carlos M. Haidar, Luis A. Erbes y Guillermo Smaldone contra la resolución que le denegó el sobreseimiento puesto que esta no se encuentra incluida dentro de los supuestos expresamente previstos por el ritual para la procedencia del recurso ni se encuentra dentro decisiones que se declaran apelables”.
El juez recordó que la ley “habilita el recurso de apelación pero respecto del sobreseimiento ´concedido´ y ´no el denegado´. Dicha postura fue la adoptada por la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay en los autos ´Cuesta, Hugo Tomás s/ Abuso de Autoridad ´ (…), en donde se dijo: ´En esa faena, con la simple lectura del artículo 399 del CPP queda claro que sólo resulta apelable por parte del fiscal y el querellante la resolución que dicta el sobreseimiento, en tanto el imputado podría apelar cuando no se hubiera observado el orden que establece el artículo 397 o se le hubiere impuesto al sobreseído una medida de seguridad o no se hubiere aclarado, ante su dictado, de que el proceso no afecta el buen nombre y honor’ del sospechado”.
Vergara sostuvo que “el Código Procesal local establece de modo enfático que la denegatoria del pedido de sobreseimiento no es apelable”. Por otra parte, “tampoco resulta apelable el dictado de la resolución que deniega el sobreseimiento dado que ella no causa un gravamen irreparable puesto que la decisión de que el imputado siga sometido a la investigación forma parte de la garantía constitucional de juicio previo”.
Los defensores también apelaron la resolución dictada el 5 de junio al considerar que dicha decisión les causa un «gravamen irreparable» al no hacerse lugar a la nulidad y exclusión de la evidencia obtenida por el Ministerio Público Fiscal ya que, según su criterio, la agregación al legajo lo fue en violación a las leyes, especialmente, cuestionan la admisión de la prueba digital y/o electrónica y la incorporación de testimoniales claramente condicionadas, ambas ofrecidas por Fiscalía.
“En este sentido –dijo el juez-, adelanto que el recurso de apelación también debe rechazarse por inadmisible en atención a que lo resuelto en fecha 05/06/25 y admitir como válida la evidencia probatoria ofrecida por el Ministerio Público Fiscal y fuera cuestionada por los señores defensores no causa gravamen irreparable que habilite la admisión del recurso de apelación”.
En cambio, el juez sí hizo lugar a un recurso de apelación interpuesto por el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, que ejerce su propia defensa, que puso en crisis la resolución de Vergara que dispuso no admitir una serie de evidencias probatorias propuestas por el mencionado letrado en ejercicio de su defensa propia ya sea en el escrito de contestación ( oposición ) del requerimiento fiscal de elevación a juicio”.
La causa investiga el supuesto pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, dueño de Relevamientos Catastrales SA, a funcionarios del gobierno de Urribarri.
En un audiencia que se realizó en marzo de 2024, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano expusieron cuánto se pagó en dádivas por cada contratación entre el Estado entrerriano y las empresas que manejaba Diego Cardona Herreros.
Los cálculos son en base a un informe contable elaborado en el marco de la investigación que quieren ventilar en un juicio oral. A continuación, se transcriben parte de los «PLM» registrados en la causa, referente a cada licitación. Cabe recordar que con esa sigla quedaron asentadas las coimas en planillas, documentación y correos electrónicos, según la profusa evidencia analizada por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Licitación 1/08, la primera. Se pagó un PLM total por $3.062.000 (tres millones sesenta y dos mil pesos). En este caso, esta suma está distribuida de la siguiente manera:
36,47% para SDU (NdR: se advierte que las siglas corresponden al exgobernador Sergio Daniel Urribarri) lo que arroja una suma total de $1.000.007 (un millón siete pesos)
36,47% para equipo, que arroja la misma suma. Como equipo identificamos a quienes eran empresarios de Relevamientos Catastrales.
5,46% para JGLapo, iniciales con las cuales identificamos a José Gervasio Laporte que arroja un total de $149.713.
7,29% a una persona que no identificamos.
7% para Zurdo Ruso (NdR: en distintos pasajes de la investigación, las menciones “Ruso” hacen referencia a Luis Alfonso Erbes), que arrojó $141.940
Además del cálculo de estos pagos, había un PLM fijo de $280.000 “destinados al jefe”. “Según la evidencia que tenemos así se lo sindicaba a Urribarri y un porcentaje adicional de $40.000 otorgados por instrucciones del señor Cardona Herreros”, plasmó Yedro.
Ampliación de la Licitación 1/08: se pagó un PLM total de $1.038.000 y se distribuyó del siguiente modo:
$30.000 mensuales para Lemon que sumó $240.000.
$106.000 mensuales PLM Entre Ríos arrojando un total de $848.000
“En el marco de la contratación directa de aquella continuidad de la 1/08, el PLM ascendió a $800.000, $30.000 mensuales destinados a Entre Ríos, $50.000 mensuales para Lemon distribuidos entre tres miembros de la sociedad (Alfonso Campitelli, Diego Cardona Herreros y Jorge Zanabone) que hacen un total de $500.000 distribuidos entre los tres integrantes”, leyó la fiscal este jueves.
Y agregó: “La Licitación 48/11 arrojó un PLM total de $3.762.000 distribuidos así:
$7000 PLM uno
$7000 al Ruso que dio un total de $252.000
PLM dos $50.000 que arroja $1.800.000
PLM tres $10.000 para la Casa de Entre Ríos lo que arrojó $360.000
“En este PLM hubo una distribución interna entre los integrantes de la sociedad y cada uno cobró $180.000. Hubo otra distribución interna de $45.000 para Cardona Herreros, Campitelli y Zanabone, lo que arrojó un total de $270.000 para cada uno”, acotó la fiscal.
Licitación 84/13 del Ministerio de Trabajo tuvo un PLM total de $6.876.000. La distribución fue entre:
Guillermo Smaldone $50.000 y en total $1.800.000
MU (identificado como Mauro Urribarri) $40.000 y un total de $1.440.000
DAC $40.000 que arrojó $1.440.00
Ruso $20.000 y arrojó un total de $720.000
Turco (en referencia a Carlos Haidar) $5.000 que arrojó un total de $180.000
También hubo distribución interna.
Licitación 2/15 arrojó un PLM total de $1.836.000
Ruso $7000 arrojó un total de $126.000
Equipo $40.000. “La estimación contable va entre $540.000 y 720.000. la distribución fue reducida por lo cual los PLM dos y tres pudieron haberse visto reducidos”, dijo la fiscal.
Miguel Ulrich $5.000 mensuales que arrojaron un total de $90.000
Y una distribución entre Cardona Herreros y Campitelli de $15.000 lo cual arrojó $270.000 para cada uno.
“Estos PLM refieren concretamente a las licitaciones pero también se corroboraron otros conceptos registrados como PLM Entre Ríos”, diferenció la fiscal.
“Cada vez que se efectuaba el pago de la provincia, se ponían en marcha los PLM”
Así lo subrayó la fiscal Yedro. “Esa era la mecánica, cada vez que se efectuaba el pago de la provincia por una contratación, se ponía en marcha este sistema de distribución de PLM para funcionarios y empresarios”.
En la investigación desarrollada, los fiscales consiguieron reconstruir la ruta, los montos y los beneficiarios de los mismos, en base a las comunicaciones internas y los asientos contables. Las operatorias variaron: se libraron cheques a nombre de empresas asociadas que se registraron como “pagos de contraprestaciones ficticias o servicios simulados, facturados por terceras empresas a Relevamientos Catastrales”, también hubo dinero en efectivo, y las empresas compraron objetos y servicios para funcionarios políticos o familiares de los mismos.
“No solo tomamos en consideración mensajes de correos, anotaciones y registros hallados sino también se cotejó con asientos contables, expedientes de cada licitación, expedientes de pago. A través de la documentación que Fiscalía se ocupó de recabar, la mecánica quedó plasmada ahí”, manifestó Yedro.
La fiscal manifestó que el dinero destinado al exgobernador “era almacenado en las oficinas de Cardona”. “También se hicieron depósitos bancarios para otros funcionarios. Esto surgió de las entrevistas con las secretarias de Cardona Herreros y otros testigos”.
Pasajes, objetos y un vínculo estrecho
La fiscal mencionó la compra de pasajes aéreos para la familia Urribarri y Smaldone por parte de las empresas que conducía Cardona Herreros u otras asociadas, también la adquisición de alfombras que se entregaron en un departamento de calle Lafinur de Capital Federal (uno de los domicilios del exgobernador) y que recibió Ana Lía Aguilera, esposa de Urribarri. Las alfombras no fueron el único objeto, Relevamientos Catastrales compró una heladera y una cinta para correr que fueron entregados en el mismo domicilio de Capital Federal y que recibió la esposa del exgobernador.
Las contrataciones del Estado provincial a las empresas, la huella de los sobreprecios y las coimas, la compra de objetos costosos y pasajes aéreos desde las empresas a los funcionarios políticos y familiares. Todo queda enmarcado en el estrechísimo vínculo amistoso entre Urribarri y Cardona Herreros.
Esa relación queda expuesta a partir de cientos de mensajes telefónicos y conversaciones entre los dos principales imputados en la investigación. “Sabido es que el exgobernador usaba líneas registradas a nombres de tercero para comunicarse con algunas personas. Por ejemplo, solía usar utilizar una línea a nombre de Rubén Ángel Martínez”, apuntó la fiscal.
A continuación se publican varios de los mensajes registrados en la causa.
El Ministerio Público Fiscal, con la firma de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, remitieron a juicio la causa con un adelanto de la penas que solicitarán durante la realización de las audiencias orales y públicas.
Sergio Daniel Urribarri: la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
Diego Armando Cardona Herreros, la pena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de$540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
Al exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, la pena de 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua, multa de $90.000.
Carlos Marcelo Haidar, la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
Luis Alfonso Erbes, a la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial perpetua, multa de $360.000 comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.
Miguel Ángel Ulrich la pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $360.000, comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.
José Humberto Flores, la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $90.000.
De todos ellos, el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, zafó con juicio abreviado; esa misma beneficiará al exdirector de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Hacienda, Miguel Ulrich
El Gobierno de Entre Ríos dispuso cambios en el sistema de multas por exceso de velocidad y estableció nuevas escalas de sanciones para infracciones de tránsito en rutas y calles de la provincia.
Según pudo saber Elonce, la medida modifica el artículo 3° del Decreto 863/24 del Ministerio de Seguridad y Justicia. La normativa lleva las firmas del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Seguridad y Justicia Néstor Roncaglia.
Cómo quedaron las nuevas multas
A partir de la modificación, las sanciones por exceso de velocidad se aplicarán según el porcentaje de infracción respecto del límite permitido.
La nueva escala quedó definida de la siguiente manera:
⭕Hasta 10% de exceso: 200 Unidades Fijas (UF)
⭕Entre 11% y 30%: 250 UF
⭕Entre 31% y 50%: 300 UF
⭕Entre 51% y 100%: 350 UF
⭕Más del 100%: 400 UF
Las Unidades Fijas se calculan en base al valor del combustible premium, por lo que el monto final de cada multa varía según el precio actualizado de la nafta.
Para dar un ejemplo y teniendo en cuenta que este miércoles Shell aumentó el precio de sus combustibles, y el V-Power Nafta alcanzó los $2.415 por litro, las multas irían desde los $480.000 hasta superar los $960.000.
Los argumentos del Gobierno
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial sostuvo que el incremento sostenido del precio de los combustibles generó un fuerte aumento en el valor de las multas, provocando un desfasaje respecto de los salarios reales.
Además, el texto señala que las sanciones deben mantener criterios de “razonabilidad y proporcionalidad”, evitando que resulten “desproporcionadas o confiscatorias”.
El Gobierno también afirmó que el nuevo esquema busca reducir la litigiosidad administrativa y judicial derivada de multas consideradas excesivas y fomentar el pago voluntario de las infracciones.
Sistema progresivo para sancionar infracciones
La normativa incorpora un sistema progresivo que diferencia los niveles de gravedad según cuánto se supere la velocidad máxima permitida.
Según el decreto, el objetivo es que no reciban la misma sanción quienes exceden levemente el límite y quienes duplican la velocidad permitida.
En el expediente también intervino BROCART S.A., firma encargada del control y gestión de infracciones de tránsito en la provincia, que propuso el esquema de graduación de sanciones adoptado finalmente por el Ejecutivo.
Consulta de infracciones
La provincia de Entre Ríos cuenta con un sitio web para consultar las infracciones de tránsito y se puede acceder ingresando el dominio del vehículo. También se pueden consultar las normativas vigentes nacionales y provinciales en materia de tránsito y seguridad vial.
