La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso del exgobernador de Entre Ríos Sergio Daniel Urribarri y dos exfuncionarios, en una causa en la que se investiga la contratación irregular de software para distintas reparticiones públicas de la provincia.
En el marco de la causa (en la que se investigan negociaciones incompatibles con la función pública, presuntamente efectuadas durante el 2007), las defensas del exgobernador Sergio Daniel Urribarri y de los exfuncionarios Miguel Ángel Ulrich y Carlos Haidar, demandaron el sobreseimiento de sus asistidos por haberse cumplido el plazo ordenado por el Código de Procedimientos de la provincia para finalizar la etapa de instrucción.
Se investigan contrataciones realizadas por la administración de Urribarri con su empresario amigo y testaferro Diego Armando Cardona Herreros. El juez de primera instancia hizo lugar al planteo y sobreseyó a los imputados. Esa decisión fue apelada por el Ministerio Público y el sobreseimiento se revocó.
La defensa de los funcionarios planteó un recurso de casación, declarado inadmisible por no estar dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Frente a la desestimación de la vía extraordinaria local y de la respectiva queja, los defensores plantearon un recurso extraordinario federal.
La Corte entrerriana declaró improcedente la instancia federal, ante lo cual la defensa planteó un recurso de queja.
El caso llegó al Máximo Tribunal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó el planteo.
Es lo que estaría padeciendo la actual gestión municipal, donde no se puede observar una planificación seria de una ciudad con tantas carencias y problemas de toda índole, siempre posicionada en el peor de los ranking.
Se desconoce si por “urgencias” del comienzo de una gestión que se iniciaba, por ello se acudió a los ” compromisos” políticos de una intensa campaña , que llevaron a determinar ” designaciones inconsultas de funcionarios ” que no responderían a un proyecto consensuado e indicado para lo que esta ciudad precisaría, como siempre se habrían escuchado ” pareceres desacertados” y no los desinteresados con conocimientos fundamentados en la probada experiencia.
Es una nueva renuncia que se suma a la larga lista de funcionarios que -por diferentes motivos y en distintas circunstancias- renunciaron, fueron despedidos o modificados sus cargos iniciales en apenas 7 meses de gestión, entre los que se destacan: el Jefe de Gabinete Eduardo Caminal, la secretaria general de la Intendencia Lorena Aguilar (con destino incierto aún), la subsecretaria de Salud Florencia Prieto, el secretario de Desarrollo Urbano Osvaldo Perez Hattoum, la directora del Hogar de Tránsito Municipal Silvia Castillo, el Director de Defensa del Consumidor Diego Medicci, la directora del Centro de Políticas de Fortalecimiento Social, María Laura Beltramino; la directora de Gestión Preventiva, Yanina Techera, entre otros,
En el dia de ayer según trascendió de fuentes cercanas a la gestión municipal de Concordia, la arquitecta Alejandra Bruno, que presidía el Invytam (Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal) habría presentado su renuncia, por motivos que se desconocen aún.
La profesional, que estaba en el cargo desde el inicio de la gestión de Francisco Azcué, habría comunicado este martes, a través de WhatsApp, que no seguiría ocupando el cargo, siendo otro caso de renuncia anticipada .
Bruno había sido designada a mediados de diciembre del año pasado, mediante el decreto 1.776/2.023. Al asumir, había asegurado que el eje de su gestión sería “potenciar y valorizar los equipos de trabajo es una función principal y dar participación a la comunidad en la política pública, es decir darle más importancia al hábitat. Que los barrios sean pertenencias de las personas. Que se cree comunidad”.
Meses después presentaron el plan con la idea de trabajo, que se centraría en reurbanizar barrios populares, ordenar el acceso al suelo y lograr soluciones habitacionales.
En un giro inesperado, la Justicia ha decidido abrir una causa penal contra el exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, Juan Orabona, Hugo Mena y Flavia Beckman, luego de que un ciudadano de Paraná, Luis Ángel Zanabria, presentara una denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal. La denuncia, dirigida al Procurador General de la Provincia de Entre Ríos, Dr. Jorge Amílcar García, se basa en una investigación publicada por este portal, que destapó una presunta red de corrupción inmobiliaria en Concordia.
El artículo original, titulado «El auge y la caída de un imperio inmobiliario en Concordia: la red de corrupción que involucra a Bordet y Orabona», ha sido clave para que la Justicia tome cartas en el asunto. Zanabria no solo presentó su denuncia en base a esta publicación, sino que también aportó la nota como prueba principal, lo que ha llevado a que la Fiscalía actúe con rapidez.
Con esta decisión, el escándalo no solo amenaza con desmoronar la reputación de Bordet y su círculo cercano, sino que también podría desencadenar una serie de revelaciones que sacudan los cimientos del poder en la provincia. El siguiente capítulo de esta historia apenas comienza, y todos los ojos están puestos en Concordia.
El Apocalipsis se desató para Bordet cuando salieron a la luz los datos escandalosos de su declaración jurada presentada a la Oficina Anticorrupción de la Nación al asumir como Diputado. Toda la declaración es irrisoria en cuanto a los valores exhibidos, lo que encendió las alarmas del sistema judicial, que comenzó a investigarlo, encomendando esta misión a tres fiscales entrerrianos, quienes con el correr del tiempo han tenido que sufrir los embates invisibles para removerlos de la causa, principalmente al Fiscal Arias.
Primero fue lo del enriquecimiento ilícito, pero con el correr del tiempo se sumó la causa de los contratos truchos, donde Mena y Beckman, dos testaferros prestanombres manejados por Orabona, son «actores principales», y que también están implicados en el “cultivo” de bienes raíces de Bordet. Un entramado con protagonistas que se repiten, y que solo refuerzan las irregularidades que están intrínsecas en el accionar de Bordet, quien, habiendo ocupado cargos de funcionario público desde hace décadas, ha “cosechado” una fortuna propia de un magnate.
Bordet, que empezó siendo empleado del Casino Concordia para luego “caer” en la administración pública, es el protagonista de un milagro económico. No deja de sorprender el tendal de propiedades que cosechó en los años que fue funcionario. Increíblemente, con un sueldo de la administración pública, cuyo mayor monto fue durante su período como Gobernador, de aproximadamente 1.400.000 pesos de bolsillo, adquirió departamentos, campos, y hasta una mansión.
Es admirable cómo, habiendo empezado su carrera en 2005 como empleado de la provincia, gracias a Jorge Busti que lo puso como Ministro de Salud y Acción Social, en menos de 20 años tiene 14 propiedades inmobiliarias, que incluyen casas y departamentos en Concordia y en Paraná, y hasta una mega mansión en el barrio más exclusivo de Concordia. También varios campos. A esto hay que sumarle, siempre según la declaración jurada de Gustavo Bordet, varios depósitos bancarios en plazos fijos, que le generan más riqueza, y hasta un depósito en dólares.
Bordet comenzó su meteórico ascenso económico coincidiendo con la explosión inmobiliaria de Concordia, a partir de 2010, donde se compraron muchos terrenos que luego fueron saneados por el Municipio, convirtiendo su reventa en un gran negocio, ya que el gran gasto de revalorizar esas zonas lo hizo el Estado, siendo Bordet intendente. Llamativamente, en este boom inmobiliario estuvieron involucrados dos indigentes de Paraná, Mena y Beckman, un matrimonio, que bajo las órdenes de Juan Domingo Orabona compraron muchos de esos terrenos cuando no valían nada, y luego los cedieron a personas de nombres reconocidos de Concordia, entre ellos, a Gustavo Bordet.
Mena y Beckman, dos apellidos que se repiten en la causa de los contratos truchos. Una situación altamente irregular de la cual no solamente tendrá que dar cuenta Orabona, por quien se pide 8 años de prisión en esta causa, sino que también Bordet deberá explicar su vínculo comercial con estos dos indigentes que compraban inmuebles, que luego resultaron ser parte de la banda que cobró millones de pesos durante una década por contratos truchos, pero que evidentemente solo extraían el dinero, porque su estilo de vida jamás cambió, no se beneficiaron prácticamente en nada teniendo en cuenta los millones que pasaron por sus manos.
Bordet ahora sí está asediado por la Justicia, y deberá aclarar lo que por tanto tiempo se le reclamó, sobre todo desde este portal, empezando por la única declaración de bienes que hizo en Entre Ríos, la cual quedó guardada en un sobre lacrado, custodiado por el ex Contador General de la Provincia, “el Chivo” Aurelio Miraglio, y cuyo contenido nunca fue divulgado. Ante las reiteradas solicitudes de este portal para que esa información sea liberada, el Fiscal de nombre de emperador señaló en un comunicado oficial que solamente se brindarían esos datos si lo ordena un juez. Parece que el momento ha llegado.
Ahora, el Fiscal citará a Bordet para que concurra con sus abogados y detalle la relación comercial que tuvo con los dos indigentes de Paraná que compraron más de 100 propiedades en Concordia. Además de Bordet, también los dos testaferros, involucrados a su vez en la causa de contratos truchos, Mena y Beckman, deberán dar su versión al Fiscal. Y otro que deberá hacer lo mismo es “el hombre que no duerme”, Juan Domingo Orabona, quien, si habla, dicen, le quitará el sueño a varios, principalmente a uno.
«Yo NO tengo nada que ver», aseguró el ex gobernador Gustavo Bordet en una entrevista radial, «la causa contratos ES de estricta incumbencia del Poder Legislativo, no del Poder Ejecutivo. Nosotros no teníamos ningún tipo de injerencia», aseveró, DEJANDO EN CLARO QUE LOS QUE COMETIERON EL ACTO ILÍCITO FUERON LOS LEGISLADORES.
Bordet, con el libreto mejor preparado y la calma de haberlo ensayado bastante, se despachó en declaraciones radiales donde se desligo de TODA participación en lo que se refiere a los otorgamientos de los contratos de la Legislatura. Aseveró que la independencia de poderes evita que el haya tenido la más mínima intervención en los contratos legislativos.
Dijo Bordet: “El problema que desde hace bastante tiempo viene ocurriendo, es que hay una judicialización de la justicia y una politización de la justicia. Esta causa de contratos es algo que se origina en el poder Legislativo, el Poder Ejecutivo es completamente ajeno a eso, en lo que a mí me toca y solamente tocó dos años de mi gestión, entonces el tema que venía de larga data, y que, repito, esto era estricta incumbencia del Poder Legislativo, NO del Poder Ejecutivo. Nosotros no teníamos ningún tipo de injerencia, y la Justicia está trabajando sobre eso, creo que el expediente anda por ahí dando vueltas”
Parece que Bordet, que hasta hace pocos meses era el gobernador de Entre Ríos, y se sabía que si un legislador sea senador, diputado, intendente, funcionario o dirigente solicitaba contratos en la legislatura tenía que hablar con GUSTAVO O EDGARDO, NINGÚN CONTRATO EN LAS CAMARAS ALTA O BAJA DE ENTRE RÍOS, DURANTE LA ERA BORDET, FUE HECHO SIN EL CONSENTIMIENTO Y APOYO EXPRESO DE BORDET Y SU “COLABORADOR”, KUEIDER.
Es bien sabido que el dueto Bordet-Kueider digitaba los contratos de la Legislatura, los manejaban a su antojo, y los otorgaban según sus conveniencias para pagar favores políticos, acomodando a amigos, familiares, y otros vínculos personales. Los contratos se transformaron en una MONEDA DE PAGO casi legal, una CUASI MONEDA.
El jubilado Orabona fue el encargado de negociar con los contratos involucrados en la causa de los “Contratos Truchos”, y si bien en la causa se corta la cadena de mando en el ex funcionario del senado, ES INNEGABLE QUE NUNCA DECIDIÓ NADA SOLO, el Gobernador Gustavo Bordet, que es quién autorizaba políticamente los contratos investigados durante su primera gestión, abarcando desde 2015 hasta 2018, cuando la banda encabezada por Mena y su esposa, Beckman, fue detenida. Algo que no se interrumpió hasta el final de su segundo mandato 10/12/2023.
El ex intendente de Federal, Gerardo Chapino, es quien especifica en una entrevista radial A MEDIADOS DE ENERO, que quién lo propone para el Contrato de la Legislatura es el gobernador Gustavo Bordet, haciéndolo responsable de su designación, y de esta forma, delata como es la operatoria de los contratos, ungiendo a Bordet como la máxima y única autoridad capaz de otorgar los contratos que se disponen en la Legislatura.
AL CONTRARIO DE LO QUE BORDET POSTULA, CHAPINO AFIRMA QUE LOS SENADORES NADA TENÍAN QUE VER CON LAS DESIGNACIONES EN LA LEGISLATURA, SINO QUE ERA BORDET EL QUE PROPONÍA Y EJECUTABA LOS NOMBRAMIENTOS EN CONNIVENCIA CON LAURA STRATTA.
Durante el gobierno de Bordet se vivió una catarata de contratos en ambas Cámaras Legislativas, donde se benefició, como una compensación, a los más fieles servidores de Bordet, entre ellos, además del intendente de Federal, Gerardo Chapino, también hay otros intendentes, como quien estuvo al frente del Municipio de Ceibas, Sabrina Olano, ex intendenta de Ceibas, que también tendría un nombramiento datado en diciembre de 2022, CUANDO AUN ERA INTENDENTA EN EJERCICIO, con un cargo en Planta Permanente del Senado. Otro VERGONZOSO acto que tiene a la ex vicegobernadora como protagonista, y que refleja la negociación de la Lista de Diputados del PJ que hizo Bordet.
Sabrina Olano, además de ser la ex intendenta de Ceibas, departamento de Islas del Ibicuy, es la hija de un hombre de amplísima trayectoria política dentro del peronismo, ahora otra vez intendente de Ceibas, y ex senador, Daniel Olano, quien habría logrado un ARREGLO con Stratta para asegurarle a la hija un cargo en Planta Permanente del Senado entrerriano, a cambio de que Sabrina acepte un puesto sin expectativas en la lista de Diputados del PJ, el 17, favoreciendo a Stratta en el puesto 1, y a la esposa de Bordet en la ubicación 3.
Hasta Legisladores tuvieron contratos en la Legislatura, como Amilcar Genre Bert, EX senador departamental por La Paz, y ex vice intendente de Santa Elena. También el ex senador departamental de Paraná, oriundo y ex intendente de Hasenkamp, Juan Carlos Kloss.
Llama poderosamente la atención que muchos de los beneficiados con estas designaciones son de Victoria, la ciudad de Stratta, y que eran adscriptos con el Senador Víctor Sanzberro, quien tambien estaba nombrado en el Senado pero renunció cuando la noticia se difundió por este medio. Otros contratos benficiaron a la abogada Ana Valencia, adscripta como asesora en la Municipalidad de Victoria. Ricardo Lagares, SECRETARIO PRIVADO de STRATTA que en dos meses lo recategorizaron en tres oportunidades, Gustavo Velázquez, SECRETARIO PRIVADO de BORDET.
Y si de Victoria se trata, la reina de los contratos, Laura Stratta, apadrinada por Bordet, apenas asume como VICEGOBERNADORA,le otorgó a su pupila y amiga, LA HOY INTENDENTA ISA CASTAGNINO, un contrato del Senado en diciembre 2019, y el 1 de diciembre de 2022, otra vez Stratta le da una DESIGNACIÓN, a la que renunció por lo bajo para que no se desate el escándalo, cuando empezaron a salir a la luz otros contratos, sobre el final de la era Bordet.
El reemplazante de Kueider en la Secretaría General de la Gobernación tras su huída de Entre Ríos para refugiarse en el Senado Nacional, Franco Ferrari, es otro de los que conforman el listado de los que habían sido ingresados en el Senado. También Maricel Brusco, que fue Secretaria de Comunicación de la Gobernación.Hasta el hermano de Brenda Britos, SECRETARIA PRIVADA de STRATTA, figuraba entre los nombramientos, lo cual grafica como la mecánica de los contratos fue utilizada para favorecer a los allegados. Además, luego de ser nombrados, rápidamente eran subidos de categoría en pocos meses, para pasar a cobrar mayores sueldos.
Un caso emblemático de estas designaciones cuestionadas es la de Pedro Gebhart, uno de los denominados Urribarri’s Boys, que llegó a la administración pública traído por Mauro Urribarri cuando estaba al frente del Ministerio de Gobierno. Cuando Rosario Romero reemplazó a Mauro, Gebhart buscó refugio con Stratta, y logró recalar en el Ministerio de la Producción de Bahillo, como Secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor. Y aun ejerciendo este cargo, María Laura Stratta le aseguró el futuro a Gebhart poniéndolo en Planta Permanente del Senado.
Un reclamo por lo bajo que era permanente por parte de los senadores oficialistas, era que a los “CONTRATOS” lo manejaban solamente Laura (Stratta) y Gustavo ( Bordet), a ellos solo les daban MONEDAS. Además, culpaban a la gran suma de dinero destinada a pagar los contratos, como el motivo que impedía aumento para los Legisladores, y que SUS ASESORES COBREN LO DE SIEMPRE.
Increiblemente, Bordet sostiene que era una cuestión exclusiva de diputados y senadores la utilización de los contratos, habiendo personas ajenas al ambito Legislativo entre estos contratados, como Hugo Mena y Flavia Beckman, los testaferros de los que se valío Orabona para emprender el raid inmobiliario por orden de Bordet, una maniobra que incluye a la hermana de Orabona, que es escribana. Tal es el grado de convencimiento en Concordia acerca de la intervención de Bordet y Orabona en la explosión inmobiliaria que empezó en 2010, que hay una imagen VIRAL sobre una «supuesta» empresa de Desarrollos Inmobiliarios llamada OMB, y regenteada por Orabona, Mena y Bordet.
Hoy el ex gobernador Bordet se quita toda responsabilidad en los otorgamientos de contratos que favorecieron a funcionarios, intendentes, senadores, concejales, y hasta a los procesados Mena y Beckman, y le endilga la culpa a los Legisladores y a Orabona, dando a entender que si hubo beneficios económicos indebidos con estos contratos, son los Legisladores y Orabona quienes serían parte de estas estafas. En su desesperada defensa, Bordet no repara en perjuicios, y con estas declaraciones le suelta la mano a Juan Domingo Orabona, comprometidísimo en la causa CONTRATOS TRUCHOS, en la que se pide OCHO años de carcel para él. Y tal vez, si se ve acorralado, Bordet también se desentienda del accionar de Giano y Stratta, sus hasta hoy maximos aliados, y sobre ellos también DISPARE CULPAS.
La denuncia penal presentada al procurador general de la provincia de Entre Ríos, Dr. Jorge Luciano Amilcar García, es por los delitos de Negocioaciones incompatible, fraude a la administración pública, malversación de fondos y de enriquecimiento ilícito.
La provincia de Entre Ríos se encuentra en el ojo de la tormenta tras una denuncia penal presentada por Luis Ángel Zanabria, oriundo de la ciudad de Paraná, que podría destapar una red de corrupción que alcanza a las más altas esferas del poder. En su denuncia, Zanabria acusa al exgobernador Gustavo Bordet y a sus colaboradores cercanos de haber montado un imperio inmobiliario corrupto.
La bomba estalló a partir de un artículo publicado en nuestro portal, titulado «El auge y la caída de un imperio inmobiliario en Concordia: la red de corrupción que involucra a Bordet y Orabona». Allí, se describe cómo Juan Domingo Orabona, mientras era cajero de Bordet, habría facilitado la compra de más de 130 propiedades para Hugo Mena, propiedades que luego terminaron en manos de personas muy cercanas a Bordet, e incluso del propio Bordet. Todo esto habría sucedido mientras Bordet era intendente de Concordia, utilizando su poder para comprar terrenos a precios irrisorios, lotearlos, urbanizarlos y revenderlos a precios exorbitantes.
Zanabria no se anduvo con rodeos y en su denuncia detalló cómo Bordet, entre 2010 y 2016, urdió un plan maestro con la colaboración de Orabona, Mena y Flavia Beckman. Todo comenzó con la compra de un terreno perteneciente a la familia Socas. Tras obtener los permisos necesarios para lotearlo, Bordet dirigió obras públicas para aumentar el valor del terreno. Todo estaba calculado: los prestanombres Mena y Beckman le habrían dado el poder total a Orabona para administrar y disponer del inmueble, asegurando que los beneficios fluyeran hacia el círculo íntimo del entonces intendente.
Zanabria ha presentado la noticia original publicada en este portal como prueba, y ha solicitado que se investiguen actas, escrituras, poderes y otros documentos clave de las escribanas Luján Orabona y María Dolores Moulla. Además, exige informes de la AFIP y ATER para corroborar esta red de corrupción inmobiliaria.
Con esta denuncia, se espera que la justicia actúe con rapidez y firmeza. Las acusaciones son graves y el público espera respuestas. El escándalo no solo podría desmoronar la reputación de Bordet y sus allegados, sino también sacudir los cimientos del poder en Entre Ríos.
Este es solo el comienzo de un caso que promete revelar los entresijos de la corrupción en Concordia. Las miradas están puestas en los siguientes pasos de la justicia y en cómo responderán los acusados a estas serias imputaciones.
