Entre Ríos

Hay investigaciones judiciales que, aun en etapas preliminares, obligan a una lectura política más amplia. No porque exista una condena ni responsabilidades probadas, sino porque exponen zonas sensibles de la gestión que, de no atenderse con rapidez y claridad, pueden transformarse en focos de desgaste institucional innecesarios.

En Entre Ríos, una causa en curso vinculada al presunto desvío de alimentos pertenecientes a programas de asistencia social encendió una señal de alerta que el Gobierno provincial haría bien en no minimizar. La intervención de la Justicia, con allanamientos y secuestro de mercadería, coloca el tema en una dimensión que excede lo administrativo y exige respuestas políticas oportunas.

Más aún si se tiene en cuenta el antecedente aún irresuelto de la causa conocida como “comedores de Concordia”, donde la lentitud judicial dejó una estela de desconfianza social que todavía persiste. En ese marco, cualquier nuevo sobresalto vinculado a políticas alimentarias adquiere una sensibilidad particular.

Una investigación en marcha y hechos que deberán aclararse

La causa es impulsada por la Fiscalía a cargo de Juan Francisco Ramírez Montrul y se originó a partir de hechos ocurridos en diciembre de 2025. En los últimos días, derivó en allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Paraná, donde se secuestró mercadería que pertenecería al Ministerio de Desarrollo Humano, además de teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la investigación.

Los procedimientos se realizaron en al menos tres inmuebles, con un cuarto punto ya identificado, lo que llevó a los investigadores a analizar si se trató de una operatoria organizada y no de un hecho aislado. Esa hipótesis, por ahora, está bajo análisis judicial y será la Justicia la que determine responsabilidades individuales.

Entre los productos incautados figuran alimentos básicos de la asistencia social: leche en polvo, aceite, harina, fideos, arroz, yerba, azúcar, polenta, entre otros. Se trata de mercadería sensible, destinada a sectores vulnerables, lo que explica el impacto público del caso aun antes de definiciones judiciales.

El dato político que incomoda

La investigación incorporó además un elemento que generó especial atención: un video donde se observa la descarga de mercadería desde un camión identificado con el Ministerio de Desarrollo Humano en un local vinculado a la Fundación “Hacemos Argentina”.

La fundación es impulsada por el actual secretario de Modernización, Emanuel Gainza. Este dato, por sí solo, no implica una imputación ni responsabilidad penal, pero introduce una dimensión política que el Gobierno no puede ignorar. En estos casos, el problema no siempre es lo que se prueba en sede judicial, sino lo que queda sin explicar en el plano público.

En tiempos de alta exposición mediática y con sectores periodísticos atentos al menor error, el silencio o la demora en aclarar situaciones sensibles suele jugar en contra de la gestión, aun cuando no existan responsabilidades directas comprobadas.

Un Gobierno con aciertos que no debería cargar con “daños colaterales”

El actual gobierno provincial ha mostrado iniciativa, continuidad de gestión y varios aciertos en distintas áreas. Precisamente por eso, no debería permitirse —ni por inocencia ni por descuido— la acumulación de “daños colaterales” que pueden erosionar esa imagen.

Cuando surgen sospechas razonables, la experiencia indica que las dos herramientas más eficaces son la transparencia inmediata y las decisiones preventivas. Apartar transitoriamente a funcionarios o colaboradores bajo investigación, o bien salir rápidamente a dar explicaciones claras y documentadas, suele ser menos costoso que dejar que el tema escale sin control.

La ausencia de reacción política, en cambio, deja el campo libre para lecturas maliciosas, operaciones mediáticas y titulares con animosidad manifiesta, que colocan al oficialismo en el centro de la escena por razones que podrían haberse evitado.

Controles, trazabilidad y una advertencia necesaria

Más allá de las responsabilidades individuales que determine la Justicia, el caso vuelve a poner el foco en los mecanismos de control y trazabilidad de una de las áreas más sensibles del Estado. La política alimentaria no admite zonas grises: cada bolsa de alimentos debe tener un recorrido claro, verificable y auditable.

La pregunta que sobrevuela no es solo judicial, sino administrativa y política: ¿los sistemas actuales son suficientes para evitar desvíos?, ¿existen alertas tempranas?, ¿se revisan periódicamente los circuitos de entrega y distribución?

Responder a esas preguntas con hechos concretos puede ser tan importante como el avance de la causa judicial.

Una oportunidad para ordenar y dar señales

Lejos de ser únicamente un problema, este episodio puede convertirse en una oportunidad para que el Gobierno provincial refuerce su compromiso con la transparencia, revise procedimientos y marque límites claros.

La sociedad entrerriana, especialmente en un contexto de dificultades económicas, observa con atención cómo se administran los recursos destinados a los más vulnerables. No se trata de condenar antes de tiempo, pero tampoco de mirar para otro lado.

Cuando la Justicia investiga, la política debe acompañar con responsabilidad. Porque en estos temas, la falta de explicaciones suele pesar casi tanto como los hechos mismos.

Y en un escenario donde algunos medios están expectantes del mínimo error, anticiparse, aclarar y corregir no es una debilidad: es una forma inteligente de gobernar.

Redaccion : Análisis Litoral con info de Análisis

Mientras las escuelas entrerrianas acumulan problemas estructurales, salarios que corren detrás de la inflación, edificios deteriorados y una formación docente que muchas veces depende más del esfuerzo individual que de una política sostenida, la conducción de AGMER vuelve a elegir otro camino: el de la militancia ideológica internacional, ajena —y hasta ofensiva— a su función principal.

Este 3 de enero de 2026, la comisión directiva central del gremio docente emitió un comunicado en el que denuncia una supuesta “intromisión de Estados Unidos en América Latina”, repudia un “ataque imperialista a Caracas” y habla del “secuestro del presidente de Venezuela”, en una defensa implícita —y sin matices— del régimen de Nicolás Maduro, un gobierno señalado internacionalmente por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, persecución política, censura y represión.

La pregunta es inevitable:
¿qué tiene que ver todo esto con la educación entrerriana?

Ideología antes que escuela

AGMER no es un partido político ni una organización de geopolítica internacional. Es —o debería ser— un gremio docente, con responsabilidades concretas y urgentes:

• discutir salarios dignos,
• exigir condiciones edilicias seguras,
• promover capacitaciones reales y de calidad,
• defender a los docentes sin someter a las familias y a los alumnos a extorsiones recurrentes.

Sin embargo, una vez más, el sindicato parece cómodo en el rol de tribuna ideológica, repitiendo consignas de manual, citando la Doctrina Monroe y hablando de “patios traseros”, mientras evita cualquier autocrítica sobre su propio accionar local.

Resulta, como mínimo, vergonzoso que quienes tienen influencia directa en la formación de niños y adolescentes naturalicen —o justifiquen— regímenes autoritarios, (con mas de 900 detenidos políticos incluso niños ) cerrando los ojos frente a la realidad venezolana: éxodo masivo, presos políticos, pobreza estructural y un Estado capturado por una élite gobernante.

Febrero: la vieja historia

El contraste es aún más irritante cuando se recuerda el patrón repetido año tras año:
silencio durante meses, y cuando llega febrero, paro, presión y conflicto, con la educación como rehén y las familias atrapadas en disputas que podrían —y deberían— haberse trabajado antes.

¿Por qué no hay comunicados encendidos en octubre o noviembre reclamando presupuesto educativo?
¿Por qué no hay el mismo énfasis discursivo para exigir planes de infraestructura, conectividad, formación continua o evaluaciones serias del sistema?

La respuesta parece clara: la ideología rinde más que la gestión.

Un llamado de atención

No se trata de censurar ideas, sino de ubicar prioridades. Cuando un gremio docente se pronuncia con fervor para defender a un dictador extranjero, pero no logra resolver —ni anticipar— los problemas básicos de la educación provincial, algo está profundamente mal.

AGMER debería preguntarse si representa a los docentes entrerrianos o a una agenda política que nada tiene que ver con el aula, el pizarrón y el futuro de los chicos.

Porque educar no es adoctrinar,
defender derechos no es justificar autoritarismos,
y la escuela no puede seguir siendo rehén de quienes confunden sindicalismo con militancia partidaria.

El senador provincial Rubén Dal Molín respondió a las declaraciones de Guillermo Michel y afirmó que la subejecución en Vialidad Provincial es un problema histórico y estructural. “Los números muestran una realidad que no empezó ahora y que esta gestión decidió enfrentar con decisiones concretas”, sostuvo.

Las declaraciones de Guillermo Michel sobre una supuesta subejecución del presupuesto en Vialidad Provincial omiten un dato central: la subejecución no es un fenómeno reciente ni atribuible a la actual gestión, sino un problema estructural que se arrastra desde hace más de una década.

El cuadro que acompaña esta respuesta, elaborado a partir de datos oficiales, es claro. Desde 2009 a la fecha, la participación del gasto de Vialidad sobre los ingresos provinciales viene cayendo de manera sostenida, al igual que la distancia entre el presupuesto asignado y el efectivamente ejecutado. Los picos de subejecución se registran en distintos períodos de gobierno, muchos de ellos bajo administraciones del mismo signo político que hoy cuestiona.

“La discusión no puede darse desde consignas ni oportunismos. Los datos muestran que el problema es histórico”, señaló Dal Molín, y agregó que la causa debe buscarse en “una burocracia pesada, procedimientos obsoletos y una verdadera máquina de impedir dentro del organismo”, situación advertida en reiteradas oportunidades por ex autoridades de Vialidad, entre ellos Bell.

En ese marco, el senador remarcó una diferencia clave con gestiones anteriores: la actual administración dispuso la afectación específica de recursos para Vialidad Provincial y estableció un criterio de responsabilidad fiscal que antes no existía. “Hoy, los montos que no alcanzan a devengarse al 31 de diciembre no se pierden ni vuelven a Rentas Generales, sino que quedan como crédito para el ejercicio siguiente. Antes, la subejecución implicaba perder fondos para caminos y rutas. Hoy no”, explicó.

Dal Molín subrayó además que el gobierno provincial está avanzando en mecanismos concretos para reducir la burocracia, como convenios con municipios y comunas, consorcios camineros y esquemas de ejecución descentralizada, con el objetivo de atacar el problema de fondo que durante años nadie quiso enfrentar.

“El problema de la subejecución existe, pero no empezó ahora. La diferencia es que hoy se lo reconoce, se lo explica con datos y se lo enfrenta con decisiones. Lo demás es relato”, concluyó.

Através de la Resolución Nº 564/25, que fue publicada en el Boletín Oficial Nº28.247 y firmada por el Director Ejecutivo Rafael Jesús Korell, el organismo recaudador determinó los plazos y condiciones para que los contribuyentes den cumplimiento a sus obligaciones tributarias durante este año.

Ingresos Brutos y Profesiones Liberales

Para el Régimen General de Ingresos Brutos y el Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales, se mantiene el esquema de vencimientos mensuales basados en la terminación del CUIT. Según la norma, los pagos operarán entre los días 18 y 22 de cada mes.

Respecto a los contribuyentes de menor escala, la resolución aclara en su Artículo 2º que: “los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen Simplificado, cumplirán la obligación de pago mensual, hasta las fechas dispuestas por ARCA en su calendario de vencimientos para el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)”.

Impuestos Inmobiliario y Automotor

El cronograma para los impuestos patrimoniales contempla tanto la opción de pago anual con descuento como el fraccionamiento en cuotas. Para el Impuesto Inmobiliario Urbano, el vencimiento del “Pago Único” y de la primera cuota está fijado para los días 18 y 19 de febrero de 2026, dependiendo del dígito verificador.

En el caso del Impuesto a los Automotores, los contribuyentes deberán agendar el mes de marzo. La resolución dispone que la primera cuota o el pago total operará los días 16 y 17 de marzo de 2026. Es importante destacar que “una vez operado el vencimiento de la opción de ‘Pago Único’ para los Impuestos Inmobiliario y a los Automotores, no podrá hacerse uso de esta opción de pago, debiendo ingresarse las cuotas en los plazos previstos”.

Inmobiliario Rural y Subrural

Para el sector agropecuario, el calendario se desplaza hacia el segundo trimestre. El Artículo 13º establece que el ingreso del impuesto para las plantas rurales y subrurales se podrá efectuar en un pago único o en cuatro cuotas, fijando la primera fecha de vencimiento para los días 14 y 15 de mayo de 2026.

Agentes de Retención y Sirtac

La resolución también regula la actividad de los agentes de recaudación. Para el sistema Sirtac (Tarjetas de Crédito y Compra), la resolución ratifica que la presentación y pago “se efectuará en forma quincenal”, siguiendo las fechas establecidas por la Comisión Arbitral.

Finalmente, la norma recuerda que “cuando alguno de los vencimientos establecidos en este Artículo coincida con un día inhábil, el mismo operará el día hábil inmediato siguiente”, garantizando así la operatividad administrativa para los contribuyentes entrerrianos.